Resolución N.° 9736-2026-TCP-S3

Sumilla: “(…) la subsanación de la omisión advertida (la consignación de un correo electrónico correcto) no supone una variación de los aspectos sustanciales de la oferta presentada por el postor, pues la información omitida se encuentra vinculada únicamente a la determinación de un canal de comunicación entre la Entidad contratante y el consorcio, aspecto de naturaleza formal y operativa que, contrariamente a lo alegado por la Entidad y el Adjudicatario, no incide sobre las condiciones técnicas, económicas o contractuales ofertadas (…)”. Lima, 10 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 10 de noviembre de 2026 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N.º 7648/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO CHACLACAYO VERDE, integrado por las empresas KPL SERVICE E.I.R.L. y CHAREDW SERVICE S.A.C., en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 003-2026-MDCH-1, convocado por la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, para la “Contratación del servicio de alquiler de unidades vehiculares de una empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS) para el transporte de residuos sólidos municipales generados en el distrito de Chaclacayo, hasta una infraestructura de disposición final”; atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el 23

de setiembre de 2026, la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público Abreviado de Servicios N° 003-2026-MDCH- 1, para la “Contratación del servicio de alquiler de unidades vehiculares de una empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS) para el transporte de residuos sólidos municipales generados en el distrito de Chaclacayo, hasta una infraestructura de disposición final”; con una cuantía ascendente a S/ 478,500.00 (cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 001-2026-EF, en lo sucesivo el Reglamento.

El 6 de octubre de 2026 se llevó a cabo la presentación de ofertas de manera electrónica y el 12 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, la buena pro a la empresa CORPORACION FORJADORA ANDINA S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 475,600.00 (cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos con 00/100 soles), conforme a los siguientes resultados:

POSTOR

ETAPAS

ADMISIÓN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN

TÉCNICA

EVALUACIÓN

ECONÓMICA

MYPES

5%

PUNTAJE

TOTAL RESULTADO

CONSORCIO

CHACLACAYO

VERDE

Admitido Calificado 100 S/ 764,500.001 4.59 105.00 -

CORPORACION

FORJADORA

ANDINA S.A.C.

Admitido Calificado 90 S/ 797,500.002 5.00 96.35 Adjudicatario

INVERSIONES

ARGUELLAS S.A. Admitido Descalificado

• Mediante Escrito s/n, presentado el 15 de octubre de 2026, ante la Mesa de Partes

del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, CONSORCIO CHACLACAYO VERDE, integrado por las empresas KPL SERVICE E.I.R.L. y CHAREDW SERVICE S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la negociación de su oferta económica, la calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoque el acto que contiene dichas decisiones; en base a los siguientes argumentos:

• Precisa que su oferta económica fue de S/ 764,500.00 y que la cuantía de la

contratación era de S/ 478,500.00. Sostiene que, al no haber disponibilidad presupuestal, correspondía aplicar la negociación del artículo 132. En ese marco, afirma que la Entidad envió las comunicaciones al correo del Anexo N.° 1, pero que las capturas del acta muestran que el sistema devolvió el mensaje con la leyenda «No se ha encontrado la dirección». 1 Monto superior a la cuantía de la contratación y que no se redujo en un proceso de negociación. 2 En mérito al requerimiento de la Entidad, el postor redujo su oferta por el monto total ascendente a S/ 475,600.00.

Añade que, pese a ello, la Entidad consideró agotada la negociación y procedió a negociar con el Adjudicatario una reducción de prestaciones y plazo, hasta S/ 475,600.00, monto con el que otorgó la buena pro. Ahora bien, indica que el numeral 132.1 del artículo 132 del Reglamento ordena negociar primero la reducción de la oferta económica y luego de determinadas prestaciones, previa no objeción del área usuaria, y que el numeral 132.2 permite pasar al siguiente postor recién cuando el primero no acepta. Afirma que en el expediente no consta una declaración suya que rechace la negociación ni que no aceptaría reducir el precio o las prestaciones. Sostiene que lo que consta es que el servidor informó a la propia Entidad que la dirección no fue encontrada, por lo que el expediente acreditaría una comunicación que no llegó, y no una negativa. Agrega que la finalidad del mecanismo es agotar los medios para conservar la oferta más ventajosa (Opinión N.° D000041-2026-OECE-DTN), y que su oferta tenía el mayor puntaje total. ii. En relación a lo precedente, sostiene que el error consistió solo en la incorporación equivocada de dos caracteres en la dirección electrónica del Anexo N.° 1, y que su corrección no alteraba precio, plazo, prestaciones, equipamiento, experiencia, integrantes ni ningún elemento sujeto a competencia. Invoca el numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento, que permite corregir errores materiales o formales sin alterar el contenido esencial, y las Resoluciones N.° 07328-2026-TCP-S1 y N.° 4035-2026-TCP-S6. Añade que el principio de eficacia y eficiencia (artículo 5 de la Ley N.° 32069) prioriza la finalidad pública sobre las formalidades no esenciales, y pide al Tribunal valorar si es compatible con ellos que un error de digitación haya desplazado al postor que obtuvo el primer lugar. Seguidamente, reconoce que el Anexo N.° 1 de las bases contempla una regla especial de notificación al correo consignado por el postor. Precisa que su argumento no consiste en afirmar que toda comunicación devuelta sea inexistente, sino que la Entidad tuvo conocimiento directo e inmediato de que el mensaje no encontró destinatario y, aun así, lo equiparó a una negativa. Solicita que el Tribunal determine si esa actuación es compatible con la finalidad del artículo 132 del Reglamento, el principio de eficacia y eficiencia, el principio de igualdad de trato y el valor por dinero. iii. Por otro lado, alega que la oferta del Adjudicatario contiene inconsistencias formales que no motivaron su exclusión. Indica que, en el Anexo N.° 1, el representante Edward Edmundo Valencia Nieva declaró bajo juramento que su poder consta en la Partida N.° 13531151, Asiento B00001, pero que la vigencia de poder adjunta ubica las facultades en el Asiento B00002, rectificado por el D00002. Seguidamente, aclara que no pretende que esa diferencia invalide por sí sola la representación, sino que se evidencie que la Entidad la aceptó sin excluir al postor, mientras que el error de digitación de la oferta de su representada tuvo una consecuencia más grave, esto es, impedirle participar en la negociación pese a su primer lugar. iv. Señala que el Adjudicatario ofertó inicialmente S/ 797,500.00, es decir, S/ 33,000.00 más que el Consorcio Impugnante, que además tenía mejor puntaje técnico. Indica que la negociación concluyó con la reducción de cinco a cuatro rutas, de 110 a 82 días calendario, un precio diario de S/ 5,800.00 y un monto total de S/ 475,600.00. Precisa que el plazo se redujo en 25.45 %, las rutas en 20 % y el monto total en aproximadamente 40.36 %. Ahora bien, calcula que la oferta inicial del Adjudicatario equivalía a S/ 1,450.00 por ruta/día (S/ 797,500.00 ÷ 110 ÷ 5) y que el resultado final mantiene exactamente ese valor (S/ 5,800.00 ÷ 4), mientras que su propia oferta equivalía a S/ 1,390.00 por ruta/día (S/ 764,500.00 ÷ 110 ÷ 5).

Sostiene que su oferta ya tenía un menor costo unitario implícito y que la reducción final no provino de una disminución real del precio unitario, sino de la reducción de días y prestaciones. Pide verificar si la alternativa adoptada fue realmente la mejor en relación al valor por dinero.

• Afirma que el artículo 132 del Reglamento no autoriza una modificación

ilimitada del requerimiento, pues el numeral 132.4 exige que las decisiones consten en actas y se sustenten en el valor por dinero, y que el artículo 27 de la Ley exige rigor técnico. Cita la Opinión N.° D000041-2026-OECE-DTN, según la cual el área usuaria debe evaluar previamente la viabilidad de la reducción, el carácter divisible de las prestaciones, la posibilidad de individualizarlas y valorizarlas, y que no afecte la satisfacción de la necesidad pública. Seguidamente, señala que las bases establecían 110 días calendario, todos los días, y que luego se consideró suficiente un plazo de 82 días. Sostiene que el expediente debe explicar qué ocurrió con los 28 días eliminados, cómo se atenderá la necesidad en ese período, por qué una ruta dejó de ser necesaria, cómo se valorizó la prestación eliminada y qué análisis acreditó que no se afectaba la continuidad de la limpieza pública y el transporte de residuos. Agrega que la mera «no objeción» del área usuaria no reemplaza ese rigor técnico. vi. Expone que la cuantía fue de S/ 478,500.00, que las dos mejores ofertas la excedieron ampliamente y que, tras reducir plazo y prestaciones, el monto negociado quedó en S/ 475,600.00, apenas S/ 2,900.00 por debajo. Sostiene que, como elemento contextual, debe contrastarse la interacción con el mercado, las cotizaciones, la estrategia de contratación, la determinación de la cuantía, las cantidades y el plazo usado, y la certificación presupuestaria, para esclarecer si la cuantía correspondía al requerimiento original de 110 días o a un alcance menor. Además, precisa que no afirma como hecho acreditado la existencia de direccionamiento o favorecimiento, ni pretende impugnar autónomamente actuaciones preparatorias. Afirma que lo que cuestiona es una incongruencia objetiva y material que debe valorarse al examinar la validez de la buena pro. Respecto a la oferta del Adjudicatario. vii. Señala que las bases exigían acreditar la disponibilidad de los camiones compactadores mediante documentos de propiedad, posesión, compromiso de compraventa, alquiler u otro equivalente. Sin embargo, el Adjudicatario habría presentado un Contrato de Arrendamiento de Vehículos (págs. 44 a 52 de su oferta) que:

• Consigna inicialmente 25 unidades y luego 26.
• Fija S/ 10,000.00 por unidad y un total numérico de S/ 260,000.00,

mientras que en letras dice «doscientos cincuenta mil y 00/100 soles», equivalente a S/ 250,000.00.

• No muestra, en sus páginas, la firma del arrendador (Corporación

Central Lima Perú S.A.C.), sino solo la del Adjudicatario como arrendatario. Seguidamente, sostiene que el contrato evidencia la voluntad del postor de tomar los vehículos en arrendamiento, pero que no se aprecia la manifestación de voluntad del arrendador, relevante para acreditar que las unidades fueron efectivamente comprometidas a favor del postor. viii. Adicionalmente, afirma que los términos de referencia exigen que las unidades de reemplazo ante una falla mecánica tengan «las mismas o superiores características a la ofertada», y que las bases fijan una penalidad por no enviar el «camión compactador de retén» en las dos horas siguientes a la notificación del supervisor. Indica que el Adjudicatario declaró estas unidades:

• Titular AYK-702 (2019, 13.32 TN).
• Titular CBJ-938 (2025, 16.00 TN).
• Titular CBJ-703 (2025, 16.00 TN).
• Retén AYJ-931 (2019, 13.32 TN).

Ahora bien, sostiene que el retén podría ser equivalente al titular AYK-702, pero no tiene características iguales o superiores a CBJ-938 ni a CBJ-703 en año modelo y carga útil. Agrega que esas dos unidades modelo 2025 se usaron para obtener puntaje adicional. Además, señala que el acta consigna que el Adjudicatario «presenta 02 unidades año modelo 2025» y «cumple Mejora 1 y Mejora 2», con 30 puntos (15 por unidad). Precisa que no cuestiona que se acreditaron esas mejoras, ni sostiene que el retén 2019 incumpla por sí solo los mínimos, ni que haya recibido más de 30 puntos (no obtuvo los 10 de una tercera mejora). Afirma que la contradicción radica en que se otorgó puntaje por unidades modelo 2025, pero el retén individualizado es modelo 2019 y de menor carga útil, por lo que no podría sustituirlas manteniendo las características que generaron puntaje. Pide al Tribunal determinar si esa configuración es compatible con las condiciones de reemplazo y garantiza la continuidad del nivel técnico ofertado. ix. Finalmente indica que, para acreditar la disponibilidad de su planta de operaciones (folios 56 al 58 de la oferta del Adjudicatario), este presentó un contrato de arrendamiento con vigencia del 20 de setiembre de 2026 al 20 de setiembre de 2028, que deja sin efecto un contrato celebrado el 31 diciembre de 2025, pero que concluye indicando que habría sido suscrito el 19 de setiembre de 2025. Seguidamente, sostiene que la secuencia es objetivamente contradictoria, pues un documento celebrado el 19 de setiembre de 2025 no podría, sin explicación adicional, extinguir un contrato celebrado recién el 31 de diciembre de 2025. Afirma que ello plantea dudas sobre la fecha real de suscripción, la vigencia, la eficacia jurídica y la disponibilidad efectiva de la infraestructura a la fecha de presentación de ofertas, y solicita que el Tribunal determine si el requisito de Infraestructura Estratégica B.2 podía considerarse válidamente acreditado.

• Con Decreto del 16 de octubre de 2026, notificado a través del Toma Razón

Electrónico del SEACE, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos del Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles absuelvan el mismo. Del mismo modo, se programó audiencia pública para el 22 de octubre de 2026, precisándose que la misma se realizaría de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. Finalmente, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información y resuelva el caso dentro del plazo legal, siendo recibido por el vocal ponente el mismo 16 de octubre de 2026.

• Mediante Escrito N° 2, presentado el 20 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Consorcio Impugnante acreditó a sus representantes para el uso de la palabra en la Audiencia Pública programada para el 22 de octubre de 2026.

• El 21 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE el Informe Técnico N.° 03-

2026-SGACP-GAF/MDCH y el Informe Legal N.° 185-2026-GAJ/MDCH, en los cuales se expuso lo que se resume a continuación:

• Señala que el Consorcio Impugnante obtuvo el primer lugar con 105 puntos;

sin embargo, su oferta económica, ascendente a S/ 764 500,00, superó la cuantía inicialmente prevista de S/ 478 500,00, por lo que, ante la falta de disponibilidad presupuestal suficiente, correspondía gestionar la ampliación presupuestal o negociar la reducción de la oferta económica o de determinadas prestaciones, conforme al numeral 132.1 del artículo 132 del Reglamento de la Ley. ii. En relación con el cuestionamiento referido a la notificación de la solicitud de negociación, la Entidad sostiene que actuó conforme a derecho al remitir la Carta N.° 033-2026-SGACP-GAF/MDCH, del 7 de octubre de 2026, al correo electrónico consignado por el propio Consorcio Impugnante en el Anexo N.° 1 de su oferta, mediante el cual autorizó expresamente la recepción de notificaciones. No obstante, señala que la comunicación no pudo ser entregada debido a que el dominio del correo electrónico consignado era inexistente, circunstancia que se encuentra respaldada por las constancias del servidor de correo electrónico. En tal sentido, considera que la falta de recepción de la comunicación es atribuible al propio Consorcio Impugnante, quien tenía el deber de verificar la exactitud y operatividad de los datos declarados, por lo que no corresponde trasladar a la Entidad las consecuencias de dicho error. Añade que, conforme a la Decimotercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, las notificaciones efectuadas al correo electrónico consignado por el postor en el Anexo N.° 1 se entienden válidamente realizadas al día hábil siguiente de su envío, sin que se exija la confirmación de recepción ni se imponga a la Entidad la obligación de verificar la existencia o funcionamiento del buzón electrónico. iii. Asimismo, la Entidad rechaza que el error en la consignación del correo electrónico debiera ser objeto de subsanación al amparo del artículo 78 del Reglamento, pues considera que dicha disposición regula la corrección de errores en los documentos que integran la oferta durante la etapa de evaluación, mientras que el correo electrónico constituye un dato de contacto destinado a las notificaciones y se encuentra sujeto a una regla especial. Agrega que la etapa de negociación regulada en el artículo 132 del Reglamento no constituye una etapa de subsanación de la oferta y que el Impugnante no ha acreditado la existencia de pronunciamientos del Tribunal que permitan aplicar el artículo 78 a un supuesto de correo electrónico inexistente o de notificación no entregada por un error atribuible al postor. En esa línea, considera que la falta de respuesta del Consorcio Chaclacayo Verde dentro del plazo otorgado habilitó a la Entidad a continuar con el procedimiento de negociación con el postor ubicado en el segundo lugar del orden de prelación, conforme al numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento. iv. En cuanto a la negociación realizada con el Adjudicatario, la Entidad señala que, mediante Carta N.° 034-2026-SGACP-GAF/MDCH, del 9 de octubre de 2026, convocó a dicho postor para negociar la reducción de su oferta económica, inicialmente ascendente a S/ 797 500,00. Refiere que, como resultado de dicha negociación, se acordó reducir las prestaciones del servicio de cinco a cuatro rutas y el plazo de ejecución de 110 a 82 días calendario, alcanzándose un monto contractual de S/ 475 600,00. Al respecto, sostiene que el literal b) del numeral 132.1 del artículo 132 del Reglamento autoriza expresamente la reducción de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, siempre que se cuente con la no objeción del área usuaria. En el presente caso, refiere que dicha conformidad fue emitida por la Subgerencia de Gestión Ambiental y Ornato mediante el Informe N.° 144- 2026-SGGAO-GSC/MDCH, en el que se otorgó la no objeción técnica a la reducción de las rutas y del plazo de ejecución, considerando la viabilidad del servicio, la finalidad pública de la contratación y la disponibilidad presupuestal. Añade que la reducción efectuada no comprendió las condiciones que determinaron el otorgamiento del puntaje adicional al Adjudicatario, referido a las mejoras ofrecidas respecto de las unidades vehiculares, por lo que no se habría vulnerado la prohibición de negociar las condiciones que dieron lugar al puntaje obtenido.

• Respecto de la alegada incongruencia presupuestal, la Entidad manifiesta

que la diferencia entre la cuantía del procedimiento de selección, ascendente a S/ 478 500,00, y los montos de las ofertas presentadas no constituye, por sí misma, un vicio que invalide el procedimiento, toda vez que la presentación de ofertas económicas superiores a la cuantía es precisamente uno de los supuestos que habilita la negociación prevista en el

artículo 132 del Reglamento.

En ese sentido, considera que el resultado de la negociación con el Adjudicatario, cuyo monto final fue de S/ 475 600,00, es decir, S/ 2,900,00 por debajo de la cuantía inicialmente prevista, evidencia que dicho mecanismo permitió adecuar la contratación a la disponibilidad presupuestal de la Entidad. Por consiguiente, sostiene que el Impugnante únicamente plantea una diferencia aritmética y formula conjeturas sobre sus causas, sin aportar elementos que acrediten la existencia de una irregularidad trascendente. vi. De otro lado, en relación con la presunta vulneración del principio de igualdad de trato, la Entidad señala que el Impugnante cuestiona que se haya permitido la participación de la oferta del Adjudicatario, pese a las supuestas inconsistencias advertidas en su Anexo N.° 1, referidas a la información registral, así como en el contrato de arrendamiento vehicular, mientras que al Consorcio Impugnante no se le habría permitido continuar con la negociación debido al error en su correo electrónico. Sobre el particular, sostiene que las situaciones alegadas no son equivalentes, puesto que las inconsistencias atribuidas al Consorcio Adjudicatario constituirían errores materiales susceptibles de subsanación, que no alteran el contenido esencial de su oferta ni determinan, por sí mismos, la invalidez de su representación o de la documentación presentada. En cambio, la imposibilidad de notificar al Impugnante derivó de la consignación de un dato de contacto incorrecto por parte de este último. Por ello, considera que la igualdad de trato no supone otorgar idénticas consecuencias a situaciones fácticas diferentes ni genera un derecho a cuestionar la buena pro por los errores propios de otro postor, máxime si no se ha acreditado que la actuación de la Entidad haya sido arbitraria o discriminatoria. vii. En cuanto a los cuestionamientos formulados contra el contrato de arrendamiento vehicular presentado por el Adjudicatario, relacionados con la consignación de cantidades distintas de unidades vehiculares —veinticinco y veintiséis—, la supuesta falta de concordancia entre el monto expresado en números y letras, así como la ausencia de firma del arrendador, la Entidad señala que tales observaciones no fueron advertidas durante la etapa de calificación y que el Consorcio Impugnante tampoco ha demostrado que hayan impedido acreditar la disponibilidad del equipamiento requerido. En tal sentido, considera que se trataría de errores materiales subsanables conforme al artículo 78 del Reglamento, que no modifican el contenido esencial de la oferta ni justifican la invalidez del otorgamiento de la buena pro. Añade que el recurso de apelación no debe convertirse en una nueva evaluación integral de la oferta del Adjudicatario, salvo que se acredite la existencia de un vicio trascendente que afecte la validez del procedimiento, supuesto que, a su juicio, no se presenta en el caso concreto. viii. Respecto del cuestionamiento referido al vehículo de retén de placa AYJ-931, modelo 2019, sostiene que el Consorcio Impugnante desnaturaliza la finalidad de dicha unidad al pretender que deba reunir necesariamente las mismas características que las unidades titulares ofrecidas como mejora. Al respecto, precisa que el retén constituye una unidad de contingencia destinada a atender situaciones de fallas mecánicas temporales, mientras que el puntaje adicional fue otorgado por las unidades titulares de placas CBJ-938 y CBJ-703, correspondientes al modelo 2025. En ese sentido, señala que la evaluación de las unidades titulares y del vehículo de retén se efectuó de manera diferenciada y que el Consorcio Impugnante no ha identificado una disposición de las bases integradas que exija una identidad absoluta entre ambas categorías de vehículos.

ix. Asimismo, frente al cuestionamiento referido a la supuesta incongruencia cronológica del contrato de infraestructura correspondiente a la planta de operaciones, debido a que habría sido suscrito el 19 de setiembre de 2025 y dejado sin efecto un contrato de fecha 31 de diciembre de 2025, la Entidad sostiene que dicha discrepancia constituye un error material en la fecha consignada o transcrita. Señala que el contrato establece un periodo de vigencia comprendido entre el 20 de setiembre de 2026 y el 20 de setiembre de 2028, por lo que la fecha de suscripción resulta anterior al inicio de su vigencia. En consecuencia, considera que el Consorcio Impugnante únicamente ha advertido una contradicción textual, sin demostrar que la infraestructura no estuviera disponible al momento de la presentación de ofertas ni que dicha circunstancia afectara el cumplimiento de los requisitos exigidos, por lo que estima que la observación no constituye un motivo suficiente para invalidar la oferta del Adjudicatario.

• Mediante Escrito s/n presentado el 22 de octubre de 2026, ante la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento; solicitando que se declare infundado el recurso de apelación y, en consecuencia, se confirme la buena pro a favor de su representada, en base a los siguientes argumentos:

• Sostiene que el petitorio del recurso de apelación es impreciso y

contradictorio, porque pide la revocatoria de la buena pro y, a la vez, la retrotracción del procedimiento o la nulidad de actos, lo que vulneraría el principio de congruencia. ii. Afirma que la negociación y la notificación fueron válidas, pues la Entidad escribió a la dirección electrónica que el propio consorcio declaró bajo juramento en el Anexo N° 1. iii. Añade que la falta de respuesta fue una negligencia imputable al Consorcio Impugnante, que la regla de notificación de las bases y de la Decimotercera

numeral 78.1 del artículo 78 no es aplicable a la fase de negociación, por lo que la Entidad actuó conforme al numeral 132.2 al negociar con el segundo postor. iv. Rechaza los cuestionamientos del Consorcio Impugnante sobre su representación legal, sobre la reducción a 4 rutas, 82 días y S/ 475,600.00 (con no objeción del área usuaria mediante Informe N° 144-2026-SGGAO- GSC/MDCH), sobre el contrato de arrendamiento vehicular, sobre la unidad de retén AYJ-931 y los 30 puntos de mejoras, y sobre el contrato de la planta de operaciones.

• Además cuestiona la oferta del Consorcio Impugnante por cinco motivos: la

experiencia acreditada con el Contrato N° 002-2023-MDCH, cuya ejecución material correspondió a Transportes Pillaca E.I.R.L., ajena al consorcio actual; los errores de representación y de cantidad de unidades en la promesa de consorcio y en el compromiso de alquiler; la discrepancia entre el DNI del cuerpo del contrato de la planta (09071684) y el de la certificación notarial (09071584); inconsistencias en la oferta económica; y la discordancia entre los domicilios del RNP, de la oferta y del registro del MINAM, así como el perfil del responsable técnico.

• El 22 de octubre de 2026 se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación

de los representantes del Consorcio Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad.

• Con Decreto del 22 de octubre de 2026, se dispuso requerir a la Entidad que remita

un Informe Técnico Legal Complementario en el que se pronuncie respecto a los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario, contra la oferta del Consorcio Impugnante, al absolver el traslado del recurso de apelación.

• Con Decreto del 23 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al presente

procedimiento al Adjudicatario en calidad de tercero administrado, y se tuvo por absuelto el traslado del recurso impugnativo; asimismo, se tuvo por acreditados a sus representantes designados.

• Mediante Escrito N° 3, presentado el 23 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Consorcio Impugnante expuso lo siguiente:

• Solicita dejar sin efecto el requerimiento de informe técnico-legal

complementario dispuesto por el Decreto N° 770711, en el extremo referido a los cuestionamientos del Adjudicatario contra su oferta. ii. Alega que el plazo de tres días hábiles fijado por el Decreto N° 769748 venció el 21 de octubre de 2026 y que, según el cargo de Mesa de Partes N° 40043- 2026-MP15, el escrito del Adjudicatario fue recibido el 22 de octubre de 2026 a las 08:36 horas, es decir, fuera de plazo. iii. En consecuencia, sostiene que esos cuestionamientos no deben integrar los puntos controvertidos, invocando las Resoluciones N° 4136-2026-TCP-S5 y N° 4146-2026-TCP-S2 y el Acuerdo de Sala Plena N° 002/2012/TCE, y que el informe de la Entidad no puede servir para incorporarlos de manera indirecta. iv. Pone además en conocimiento del Tribunal que la acreditación del representante del Adjudicatario para el informe oral se presentó el mismo día de la audiencia, sin respetar la anticipación de cuarenta y ocho horas.

• Mediante Carta N° 042-2026-SGACP-GAF/MDCH, presentada el 29 de octubre de

2026 ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico N° 05-2026-SGACP-GAF/MDCH y el Informe Legal N° 194-2026- GAJ/MDCH, en los cuáles se expone lo que se resume a continuación:

• La Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial concluye que no

corresponde contabilizar la experiencia del Consorcio Impugnante, porque según la Cláusula Décima del contrato de consorcio de 2023 KPL Service E.I.R.L. solo asumió actividades administrativas, de facturación y de aporte de carta fianza, conforme al numeral 7.5.2 de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD. Reconoce que no advirtió la discrepancia de DNI de la locadora, pero considera que la certificación notarial da fe de la identidad de quien suscribió y que el error es subsanable conforme al artículo 78, sin perjuicio de lo que determine el Tribunal. Afirma que la oferta económica de S/ 764,500.00 no mereció observaciones y que cualquier error aritmético habría debido advertirse en la evaluación.

Considera comunes y no invalidantes las variaciones de domicilio entre RNP, oferta y MINAM, y válido el perfil del personal clave, pues se acreditó a un ingeniero sanitario. En cuanto a la promesa de consorcio, verificó que cumplía el numeral 2.2.1.1 de las bases y deja a la apreciación del Tribunal los vicios que el Adjudicatario alega. Reafirma que la buena pro se sustentó en la evaluación oportuna de los documentos y en una negociación conforme al artículo 132 del Reglamento, y señala que la negociación con el Consorcio Impugnante no pudo concretarse por causas imputables a este último. ii. El Informe Legal emite opinión favorable sobre ese informe técnico, sin desarrollar un análisis propio.

• Mediante Escrito s/n, presentado el 2 de noviembre de 2026 ante la Mesa de

Partes Digital del Tribunal, el Adjudicatario expuso lo siguiente:

• Ratifica su absolución y sostiene que la Entidad, con sus informes, habría

confirmado que la oferta del Consorcio Impugnante debió ser descalificada. ii. Pide que se tenga por confirmada la invalidez de la experiencia del impugnante, que se declare infundado o improcedente el recurso y que se ejecute la garantía.

• Con Decreto del 2 de noviembre de 2026, se dispuso declarar el expediente listo

para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, en el marco del procedimiento de selección, convocado por la Entidad, estando en vigencia la Ley y el Reglamento; por tanto, tales normas son aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia

para resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT3 y cuando se trate de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 3 Unidad Impositiva Tributaria.

Por su parte, en el numeral 302.2 del artículo 302 del Reglamento, se dispone que, en los procedimientos de selección competitivos según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, la cuantía total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público abreviado de servicios, cuya cuantía total asciende al monto de S/ 478,500.00 (cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: a) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, b) Los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, c) Las bases y/o su integración, d) Las actuaciones referidas al registro de participantes, e) Los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y dialogo competitivo, f) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y g) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la negociación de su oferta y la buena pro del procedimiento de selección. Por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación.

En el caso de la subasta inversa electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la decisión del comité de otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario se notificó el 12 de octubre de 2026; por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, considerando que el procedimiento de selección se efectuó mediante una concurso público abreviado de servicios, el Consorcio Impugnante contaba con el plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, esto es, hasta el 19 de octubre de 2026. Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito s/n, presentado el 15 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro de los plazos -referidos a la presentación y subsanación, respectivamente- descritos en los artículos 304 y 307 del Reglamento.

• El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante común, Edwin Gregorio Herhuay Pozo, cuya promesa de consorcio obra en el expediente.

• El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento.

• El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte algún elemento a partir del cual pueda concluirse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro sin cuestionar la no admisión

o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. De la revisión del escrito del recurso de apelación, se advierte que se ha cuestionado la negociación de su oferta.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

En el caso concreto, el recurso de apelación no ha sido interpuesto por el ganador de la buena pro, toda vez que la oferta del Consorcio Adjudicatario fue desestimada luego de la negociación.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y su petitorio.

El Consorcio Impugnante ha solicitado, expresamente, que se revoque el acto que contiene la negociación de su oferta y buena pro del procedimiento de selección; en ese sentido, de la revisión a los fundamentos del recurso de apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de improcedencia.

• El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Consorcio Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la negociación de su oferta habría sido realizada transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, por lo que corresponde realizar el análisis sobre los puntos controvertidos planteados.

• PRETENSIONES:
• El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente:
• Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

ii. Se declare la descalificación de la oferta del Adjudicatario. Por su parte, el Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente:

• Se confirme la negociación de la oferta del Consorcio Impugnante y, en

consecuencia, se confirme el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a su favor. ii. Se declare la descalificación de la oferta del Impugnante.

• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles.

• Teniendo en cuenta que el recurso de apelación se notificó el 16 de octubre de

2026, a través del Pladicop, se aprecia que el Adjudicatario no lo absolvió dentro del plazo legal de tres (3) días hábiles (21 de octubre de 2026), toda vez que, recién el 22 del mismo mes y año se apersonó al presente procedimiento.

• En ese sentido, a efectos de fijar los puntos controvertidos debe tomarse en

consideración únicamente los cuestionamientos formulados en el escrito del recurso de apelación.

• Cabe precisar que tampoco serán considerados para la fijación de puntos

controvertidos, los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Impugnante planteados por la Entidad, dado que no fueron realizadas por el oficial de compra en su debida oportunidad, esto es, en la etapa de calificación.

• En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos

a dilucidar son los siguientes:

• Determinar si corresponde revocar la negociación de la oferta del Consorcio

Impugnante y si, como consecuencia de ello, debe revocarse el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Adjudicatario.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el

artículo 5 de la Ley.

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la negociación de la oferta del Consorcio Impugnante y si, como consecuencia de ello, debe revocarse el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• De la revisión del “Acta de admisión, calificación, evaluación y otorgamiento de la

buena pro”, publicado en el SEACE, se aprecia que el oficial de compra dejó constancia de que el Consorcio Impugnante obtuvo el mejor puntaje total (105 puntos, incluida la bonificación del 5 % por MYPE), con una oferta económica de S/ 764,500.00 que superaba la cuantía de S/ 478,500.00. Por ello solicitó a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la ampliación de la certificación presupuestal (CPP 430), que informó no contar con disponibilidad. Con fechas 7 y 9 de octubre de 2026 remitió la Carta N° 033-2026-SGACP- GAF/MDCH al correo electrónico consignado por el consorcio en el Anexo N° 1, solicitando la reducción de su oferta económica. Al no obtener respuesta, y habiéndose recibido en ambas ocasiones el mensaje de rebote “no se ha encontrado la dirección”, entendió que la negociación no podía concretarse y, en aplicación del numeral 132.2, cursó la Carta N° 034-2026-SGACP-GAF/MDCH al segundo postor, el Adjudicatario, según se muestra a continuación:

• Respecto a la referida motivación, mediante el recurso de apelación el Consorcio

Impugnante alegó que el mensaje no llegó por un error en la escritura de la dirección de correo, y que la Entidad, al advertir el rebote, debió reiterar la comunicación o permitirle subsanar el dato antes de pasar al siguiente postor. Agregó que ese error es subsanable conforme al numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento y pide la revocatoria de la negociación y de la buena pro, o la nulidad con retroacción del procedimiento.

• Por su parte, el Adjudicatario señaló que la notificación fue válida porque se dirigió

a la dirección que el propio consorcio Impugnante declaró bajo juramento en el Anexo N° 1, que el error es atribuible a su negligencia, que las bases y el Reglamento le atribuyen efectos a esa notificación y que el numeral 78.1 solo opera durante la admisión y la calificación. Añadió que, por ello, la Entidad podía negociar con el segundo lugar conforme al numeral 132.2, sin estar obligada a reiterar la comunicación, y que subsanar el correo vulneraría la igualdad de trato y la celeridad.

• A su turno, la Entidad expuso que el oficial de compra actuó conforme a las bases

integradas y al artículo 132 del Reglamento. Afirmó que la negociación con el Consorcio Impugnante no pudo concretarse por causas imputables a este, y que la buena pro se sustentó en la evaluación oportuna de las ofertas y en una negociación válida con el siguiente postor, sin desconocer la función revisora de este Tribunal.

• Precisado lo anterior, y a fin de esclarecer la controversia planteada por el

Impugnante, cabe traer a colación la regulación del artículo 132 del Reglamento, cuyo texto es el siguiente: “(…)

Artículo 132. Evaluación de ofertas en bienes y servicios

132.1. Si la oferta económica del postor que obtiene el mejor puntaje supera la cuantía del procedimiento de selección, la DEC gestiona la solicitud de la ampliación de la certificación o previsión presupuestal correspondiente. En caso la oficina de planeamiento y presupuesto, o la que haga sus veces, indique que no se cuenta con los recursos necesarios, previamente a la adjudicación de la buena pro los evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total lo siguiente, en este orden:

• La reducción de su oferta económica.
• La reducción de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa

no objeción del área usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluación. 132.2. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reducción del monto o la reducción de las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes postores en el orden de prelación que obtuvieron. 132.3. Si producto de la negociación el postor reduce la oferta económica a un monto superior al de la cuantía del procedimiento de selección, se vuelve a solicitar a la oficina de planeamiento y presupuesto o quien haga sus veces la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestaria correspondiente. En caso no se cuente con los recursos necesarios, se puede optar por negociar con los siguientes postores en el orden de prelación o declarar desierto el procedimiento de selección. 132.4. La negociación se realiza preferentemente mediante medios digitales. En esta negociación participa el área usuaria. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociación constan en actas que se publican en la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero, priorizando el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, de conformidad con el artículo 27 de la Ley. (…)”

• De la citada disposición se desprende que, cuando la oferta económica del postor

que obtiene el mejor puntaje total supera la cuantía del procedimiento de selección y no existe disponibilidad presupuestal para ampliarla, los evaluadores no pueden adjudicar de inmediato ni descartar a dicho postor, sino que deben negociar con él, antes del otorgamiento de la buena pro y en un orden determinado: primero, la reducción de su oferta económica y, luego, la reducción de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, con la no objeción del área usuaria y sin tocar las condiciones que dieron lugar a puntaje. Solo después de ese paso, y únicamente en el supuesto del numeral 132.2, se habilita a negociar con los siguientes postores en el orden de prelación, supuesto que se configura cuando el postor con el mejor puntaje “no acepte” la reducción del monto o de las prestaciones. Ello implica que la negociación con el postor de mejor puntaje es una actuación bilateral que requiere su manifestación de voluntad, esto es, una aceptación o una no aceptación expresa. El Reglamento no equipara la falta de respuesta, y menos aún la imposibilidad de comunicación, con la negativa del postor. Asimismo, dado que la negociación se realiza preferentemente por medios digitales, con participación del área usuaria y constancia en actas sustentadas en el principio de valor por dinero, la comunicación efectiva con el postor es el presupuesto material para que la negociación exista como tal.

• Ahora, del análisis del caso concreto mediante la documentación obrante en el

presente expediente administrativo y especialmente la citada acta del oficial de compra, se advierte que la oferta del Consorcio Impugnante obtuvo el mejor puntaje total, pero con una oferta económica de S/ 764,500.00, superior a la cuantía de S/ 478,500.00, y que, habiéndose informado la falta de disponibilidad presupuestal, el oficial de compra intentó comunicarse con dicho postor para realizar la negociación correspondiente. Sin embargo, no lo logró, debido a que el mensaje enviado por correo electrónico no pudo ser entregado anotándose que “no se ha encontrado la dirección”, conforme a las capturas de pantalla del 7 y del 9 de octubre de 2026 que obran en el acta citada.

• Esa situación permite apreciar que la dirección de correo electrónico a la que se

envió la propuesta de negociación con el Consorcio Impugnante es incorrecta. Así, cabe precisar que dicha dirección de correo electrónico es la que fue declarada en el Anexo N° 1 presentado con su oferta, según se muestra a continuación:

Imagen del Anexo N° 1 — Declaración jurada de datos del postor en consorcio, obrante a folio 6, con el correo administrador@charedwservicesac.com]

• En ese contexto, se aprecia que la ausencia de manifestación expresa del

Consorcio Impugnante en el marco de la negociación tiene su origen en la incorrecta consignación de la dirección de correo electrónico en el Anexo N° 1 de su propia oferta, y no en una decisión de no aceptar la reducción solicitada.

• Por tanto, para este Colegiado, no se configuró el supuesto del numeral 132.2,

pues no hubo una no aceptación del postor, sino la imposibilidad de que la comunicación llegara a su destinatario.

• Sin embargo, cabe considerar que tal situación puede enmarcarse en alguno de

los supuestos de subsanación de ofertas contemplados en el artículo 78 del Reglamento, razón por la cual corresponde a este Tribunal verificar si se cumplen los supuestos previstos en la normativa: “Artículo 78. Subsanación de las ofertas 78.1. Durante el desarrollo de la fase de selección, los evaluadores pueden solicitar a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados en la precalificación y/o presentación de ofertas, siempre que no alteren su contenido esencial, respetando el principio de igualdad de trato. Esta subsanación es preclusiva a cada etapa y se realiza a través de la Pladicop. 78.2. Son subsanables los documentos emitidos por entidades públicas o privadas ejerciendo función pública, o la omisión de su presentación, siempre que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. 78.3. En las modalidades de pago a precios unitarios, esquema mixto, pago por consumo y tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección a los evaluadores, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados. 78.4. Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro el plazo de dos días hábiles contabilizados desde el día siguiente de la notificación al postor, pudiendo la entidad contratante otorgar al postor un plazo adicional de dos días hábiles para la subsanación pertinente a solicitud del postor. La solicitud de ampliación de plazo se otorga en un plazo no mayor de dos días hábiles de recibida, caso contrario se considera autorizada.”

• De la citada normativa, queda claro que, si bien se permite a los postores subsanar

omisiones o corregir errores materiales o formales en la documentación presentada como parte de su oferta, esta posibilidad está condicionada a que dichas correcciones no alteren el contenido esencial de la oferta, conforme al principio de igualdad de trato entre postores. Además, permite colegir que el citado artículo regula, en primer lugar, la posibilidad de subsanar cualquier omisión o cualquier error material o formal (siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta, conforme al principio de igualdad de trato entre postores) y, luego, contempla unos supuestos específicos en los que se permite la subsanación de la oferta (con sus requisitos). De acuerdo con ello, la subsanación de la oferta no se restringe a los supuestos contemplados en los numerales 78.2 y 78.3 del artículo 78, sino que alcanza a cualquier omisión y/o error material o formal en la documentación presentada como parte de la oferta, siempre que no altere el contenido esencial de esta, conforme al principio de igualdad de trato entre postores.

• En el presente caso, la deficiencia advertida se encuentra referida al error formal

de consignar un incorrecto correo electrónico en el Anexo N° 1. Debe precisarse que dicho anexo es la declaración jurada de datos del postor, documento de presentación obligatoria para la admisión de ofertas según el numeral 2.2.1.1 de las bases, por lo que forma parte de la documentación presentada con la oferta y está comprendido en el ámbito del numeral 78.1. Además, contrariamente a lo sostenido por el Adjudicatario, dicho numeral no limita la subsanación a la admisión o a la calificación, sino que opera durante toda la fase de selección y es preclusiva a cada etapa; y en el presente caso el error solo se hizo evidente al iniciarse la negociación, que es una actuación del propio procedimiento de selección.

• Al respecto, este Colegiado considera que la subsanación de la omisión advertida

(la consignación de un correo electrónico correcto) no supone una variación de los aspectos sustanciales de la oferta presentada por el postor, pues la información omitida se encuentra vinculada únicamente a la determinación de un canal de comunicación entre la Entidad contratante y el consorcio, aspecto de naturaleza formal y operativa que, contrariamente a lo alegado por la Entidad y el Adjudicatario, no incide sobre las condiciones técnicas, económicas o contractuales ofertadas, y que inclusive puede ser objeto de modificación en cualquier momento durante la ejecución contractual.

• Así, la incorporación del correo electrónico correcto en el Anexo N° 1 no modifica

el precio ofertado, las condiciones técnicas, la experiencia, el puntaje obtenido ni ningún otro elemento esencial de la oferta.

• En relación con lo anterior, es oportuno señalar que, si bien todo proveedor, al

momento de presentar su oferta, debe conducirse de forma diligente y presentarla en los términos establecidos en las bases, también es cierto que el Reglamento permite que aquellas puedan ser objeto de subsanación, ante falencias que no alteren el contenido esencial de la oferta.

• Del mismo modo, la regla de las bases y del propio Anexo N° 1, según la cual se

tiene por válidamente efectuada la notificación dirigida al correo declarado, regula los efectos de las comunicaciones, pero no impide que un error formal en la consignación de ese dato sea corregido conforme al artículo 78, máxime cuando de aplicarse de forma estricta se privaría al postor con el mejor puntaje de la posibilidad de negociar, que es un derecho derivado del numeral 132.1, y se afectaría el principio de valor por dinero.

• En consecuencia, al tratarse de un error formal cuya corrección no altera el

contenido esencial de la oferta, corresponde considerar que la misma resulta susceptible de subsanación al amparo de lo dispuesto en el numeral 78.1 del

artículo 78 del Reglamento.

• En este punto, corresponde precisar que el texto del citado artículo 78 el

reglamento no contiene la restricción alegada por la Entidad, siendo que se dispone que la subsanación procede “durante el desarrollo de la fase de selección”, sin circunscribirla a determinadas etapas ni excluir expresamente la negociación. De esa manera, donde el Reglamento no distingue ni establece una exclusión, no corresponde a este Tribunal introducir una limitación que restrinja el alcance de la figura.

• Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa citada, en el

presente caso corresponde revocar la negociación realizada por el oficial de compra y, como consecuencia de ello, el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario.

• Adicionalmente, corresponde disponer que el oficial de compra otorgue al

Consorcio Impugnante un plazo de dos (2) días hábiles para que subsane su oferta y registre en el SEACE el Anexo N° 1 con la dirección de correo electrónico correcta, manteniéndose en su integridad los demás extremos.

• En el supuesto de que el Consorcio Impugnante cumpla con subsanar su oferta

dentro del plazo otorgado para tal efecto, deberá realizarse el trámite correspondiente a fin de llevar a cabo la negociación de la oferta.

• Cabe precisar que, en el supuesto de que el Consorcio Impugnante no cumpla con

subsanar su oferta dentro del plazo otorgado, se deberá seguir con el trámite correspondiente.

• Estando a lo expuesto, este Colegiado encuentra que existe mérito para revocar la

decisión del oficial de compra plasmada en la citada acta respecto a la negociación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro; no obstante, en esta instancia no puede declararse la continuación de la negociación, debido a que antes el Consorcio Impugnante debe subsanar su oferta ante el oficial de compra.

• En consecuencia, las pretensiones del Consorcio Impugnante referidas a que se

revoque la negociación de su oferta y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, deben declararse fundadas. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Adjudicatario.

• Mediante el recurso de apelación, el Consorcio Impugnante cuestionó que en la

oferta del Adjudicatario no se cuestionaron los requisitos de calificación “equipamiento estratégico” e “infraestructura estratégica”. Respecto al “equipamiento estratégico”

• Señala que las bases exigían acreditar la disponibilidad de los camiones

compactadores mediante documentos de propiedad, posesión, compromiso de compraventa, alquiler u otro equivalente; sin embargo, el Adjudicatario habría presentado un Contrato de Arrendamiento de Vehículos (págs. 44 a 52 de su oferta) que contiene las siguientes falcencias:

• Consigna inicialmente 25 unidades y luego 26.
• Fija S/ 10,000.00 por unidad y un total numérico de S/ 260,000.00, mientras

que en letras dice «doscientos cincuenta mil y 00/100 soles», equivalente a S/ 250,000.00.

• No muestra, en sus páginas, la firma del arrendador (Corporación Central

Lima Perú S.A.C.), sino solo la firma del representante del Adjudicatario como arrendatario. Seguidamente, sostuvo que el contrato evidencia la voluntad del postor de tomar los vehículos en arrendamiento, pero que no se aprecia la manifestación de voluntad del arrendador, relevante para acreditar que las unidades fueron efectivamente comprometidas a favor del postor.

• Frente a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario indicó que el Contrato de

Arrendamiento con la empresa Corporación Central Lima Perú S.A.C cumple con todos los requisitos exigidos en las bases integradas. Agregó que las omisiones formales en las hojas secundarias no restan eficacia al contrato principal que otorga el derecho de uso y posesión de los camiones compactadores exigidos. Adicionalmente, señaló que en su oferta obra la autorización expresa de la entidad financiera (Scania Services del Perú S.A.) autorizando el subarrendamiento, lo que otorga absoluta certeza jurídica sobre la disponibilidad del equipamiento estratégico.

• Por su parte, la Entidad expuso que tales observaciones no fueron advertidas

durante la etapa de calificación y que el Consorcio Impugnante tampoco ha demostrado que hayan impedido acreditar la disponibilidad del equipamiento requerido. Adicionalmente, propuso que se trataría de errores materiales subsanables conforme al artículo 78 del Reglamento, ya que no modifican el contenido esencial de la oferta ni justifican la invalidez del otorgamiento de la buena pro.

• Precisado lo anterior, y a fin de esclarecer la controversia planteada por el

Impugnante, cabe traer a colación lo señalado en las bases del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se deben someter los participantes y/o postores, así como el comité al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. En el literal B.1) del Capítulo III, Sección Específica de las bases integradas, se establece como requisito de calificación de la oferta, el equipamiento estratégico, según el siguiente detalle:

• De la revisión del requisito de calificación referido al equipamiento estratégico, se

aprecia que se estableció la obligación de acreditar la disponibilidad de determinados vehículos necesarios para la ejecución contractual. En específico, las bases integradas exigieron la disponibilidad de tres (3) camiones compactadores de 19 m³ como mínimo y 13 TN de carga útil como mínimo y fórmula rodante 6x4 y/o 6x2, con año de fabricación 2019 y/o año modelo 2019. Asimismo, las bases integradas establecieron que la acreditación de dicho requisito debía realizarse mediante la presentación de copia simple de documentos que sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compraventa, alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido para la ejecución del contrato. Por consiguiente, para el cumplimiento válido de este requisito de calificación, correspondía que el postor acreditara la disponibilidad de tres (3) camiones compactadores, mediante documentación idónea que permitiera verificar objetivamente dicha disponibilidad para la ejecución contractual.

• Teniendo claro lo establecido en las bases integradas, resta revisar la oferta del

Adjudicatario. Así, se verificó que del folio 27 al folio 54 se presentó la siguiente documentación para acreditar el requisito de calificación "equipamiento estratégico":

• Folio 27: Documento denominado "Relación de unidades vehiculares", en

papel membretado del Adjudicatario, que consigna cuatro unidades: AYK-702 (año modelo 2019, 13.32 TN, condición titular), CBJ-938 (año modelo 2025, 16.00 TN, titular), CBJ-703 (año modelo 2025, 16.00 TN, titular) y AYJ-931 (año modelo 2019, 13.32 TN, retén), según se muestra:

• Folio 28: Consulta vehicular de SUNARP del vehículo de placa AYK-702, marca

Volkswagen, modelo 17.230 DC MAN E5, año de modelo 2019, cuyo propietario es la empresa Corporación Central Lima Perú S.A.C. (en adelante, Corcelip).

• Folio 32: Consulta vehicular de SUNARP del vehículo de placa CBJ-938, marca

Volkswagen, modelo 26.280 LR MAN E5, año de modelo 2025, cuyo propietario es la empresa Scania Services del Perú S.A. (en adelante, Scania).

• Folio 36: Consulta vehicular de SUNARP del vehículo de placa CBJ-703, marca

Volkswagen, modelo 26.280 LR MAN E5, año de modelo 2025, cuyo propietario es Scania.

• Folio 40: Consulta vehicular de SUNARP del vehículo de placa AYJ-931 (unidad

de retén), marca Volkswagen, modelo 17.230 DC MAN E5, año de modelo 2019, cuyo propietario es la empresa Corcelip.

• Folios 44 al 51: "Contrato de Arrendamiento de Vehículos", en el que figuran

el Adjudicatario como arrendatario y Corcelip como arrendador. Su objeto es el alquiler de veinticinco (25) unidades vehiculares, entre ellas las de placas AYK-702, AYJ-931, CBJ-703 y CBJ-938, por un plazo de tres (3) años, del 1 de octubre de 2025 al 1 de octubre de 2028. La cláusula quinta declara que determinadas unidades están sujetas a contratos de arrendamiento financiero con Scania (ocho unidades) y Scotiabank Perú S.A.A. (tres unidades), entidades que habrían autorizado el subarrendamiento.

• Folio 52: "Anexo N.º 1" del contrato, que relaciona ocho (8) unidades sujetas

a arrendamiento financiero con Scania, entre ellas las de placas CBJ-703 y CBJ- 938.

• Folios 53 y 54: Carta de 3 de noviembre de 2025, suscrita por un apoderado

de la empresa Scania y dirigida a la empresa Corcelip, con la referencia "Autorización para Subarriendo".

Se emite en relación con el Contrato de Arrendamiento Financiero N.° LF-038, suscrito entre las empresas Scania y Corcelip el 29 de agosto de 2024. Mediante ella, la empresa Scania, como propietaria, autoriza a la empresa Corcelip a subarrendar al Adjudicatario los vehículos allí detallados, entre los que se identifican, por número de serie y motor, las unidades de placas CBJ- 703 y CBJ-938.

• Efectuada la reseña anterior, corresponde determinar si los documentos citados

permiten acreditar la disponibilidad de, al menos, tres (3) camiones compactadores que cumplan las características exigidas en las bases integradas, conforme a lo señalado en el fundamento 41.

• Al respecto, este Colegiado advierte que ninguno de los documentos presentados

en la oferta del Adjudicatario acredita que este tenga la propiedad, la posesión, un compromiso de compraventa o la disponibilidad de los tres (3) camiones compactadores, por las siguientes razones:

• Sobre las consultas vehiculares (folios 28, 32, 36 y 40). Estos documentos

solo informan sobre los datos registrales de los vehículos y sobre su titularidad.

• De ellos se desprende que los vehículos propuestos son de propiedad de

empresas distintas al Adjudicatario: las unidades de placas AYK-702 y AYJ-931 pertenecen a la empresa Corcelip, y las de placas CBJ-938 y CBJ-703 pertenecen a la empresa Scania. En consecuencia, no acreditan propiedad a favor del Adjudicatario, ni tampoco su posesión o el derecho de usar las unidades, pues para ello se requería un acto jurídico válido que le transfiera dichos derechos.

• Sobre el Contrato de Arrendamiento de Vehículos (folios 44 al 52). Este

documento fue presentado como el título que otorgaría al Adjudicatario el derecho de uso sobre los vehículos. Sin embargo, aunque identifica como arrendador a la empresa Corcelip, representada por su gerente general, en ninguna de sus páginas (incluido el Anexo N.° 1) obra la firma de dicho representante. Todas las páginas están suscritas únicamente por el representante del Adjudicatario, en su calidad de arrendatario.

Siendo así, el documento no contiene la manifestación de voluntad del arrendador, quien es el sujeto que se obligaría a ceder el uso de las unidades. Sin esa manifestación no puede tenerse por acreditado que el contrato fue efectivamente celebrado ni que la empresa Corcelip haya comprometido los vehículos a favor del Adjudicatario. Lo único que consta es la voluntad de este de tomar los vehículos en arrendamiento, lo cual no genera por sí solo disponibilidad alguna.

• A ello se suma que el contrato presenta inconsistencias internas: consigna

veinticinco (25) unidades en la cláusula primera y veintiséis (26) en la cláusula tercera, y señala un monto total mensual de S/ 260,000.00 en números, mientras que en letras indica "doscientos cincuenta mil y 00/100 soles". Estas inconsistencias confirman que el documento no ofrece certeza suficiente sobre sus términos.

• Sobre la carta de 3 de noviembre de 2025 (folios 53 y 54). Esta carta da

cuenta de que la empresa Scania, propietaria de dos de los tres vehículos propuestos (CBJ-703 y CBJ-938), autorizó a la empresa Corcelip a subarrendarlos al Adjudicatario. Sin embargo, se trata de una autorización otorgada a la empresa Corcelip en el marco del contrato de arrendamiento financiero que esta mantiene con la empresa Scania; por lo que no acredita que el subarrendamiento se haya perfeccionado, es decir, que la empresa Corcelip y el Adjudicatario hayan celebrado un contrato de subarrendamiento válido. Por el contrario, la propia carta condiciona su alcance a actos posteriores, pues exige a la empresa Corcelip incluir en el contrato de subarrendamiento una cláusula específica y remitir a Scania una copia de dicho contrato dentro de los cinco (5) días de su suscripción. Es decir, constituye un antecedente que habilita jurídicamente el subarrendamiento, pero no demuestra que este se haya realizado ni, por ende, que el Adjudicatario haya adquirido la disponibilidad de las unidades. Además, la carta no se refiere al tercer vehículo (AYK-702), de propiedad de la empresa Corcelip, respecto del cual el único sustento es el contrato de arrendamiento que carece de la firma del arrendador.

• En consecuencia, los documentos antes citados, analizados individual y

conjuntamente, no permiten verificar objetivamente que el Adjudicatario cuente con la disponibilidad de los tres (3) camiones compactadores requeridos para la ejecución contractual. Por tanto, no se acreditó debidamente el requisito de calificación "equipamiento estratégico".

• Ahora bien, sobre el argumento de la Entidad respecto de la subsanación, cabe

tener en cuenta que aquella ha sostenido que las deficiencias del Contrato de Arrendamiento de Vehículos serían errores materiales subsanables conforme al

artículo 78 del Reglamento, pues no modificarían el contenido esencial de la

oferta. Asimismo, el Adjudicatario ha alegado que se trataría de omisiones formales en hojas secundarias que no restan eficacia al contrato principal.

• Atendiendo a lo expuesto, cabe recordar que el numeral 78.1 del artículo 78 del

Reglamento faculta a los evaluadores a solicitar a un postor que subsane una omisión o corrija un error material o formal de los documentos presentados. Conforme a la normativa, dicha subsanación procede únicamente respecto de errores que no varíen el contenido esencial ni el sentido de la oferta. Por tanto, la subsanación tiene un límite: puede corregir defectos accesorios del documento, pero no puede suplir lo que la oferta debió contener ni permitir que el postor complete, con posterioridad, aquello que no acreditó oportunamente. En esa línea, este Tribunal ha señalado que, cuando se encuentra comprometido un elemento que integra el contenido esencial de la oferta, la situación no es susceptible de subsanación bajo el artículo 78 del Reglamento.

• Bajo ese marco, la ausencia de la firma del arrendador no constituye un error

material ni formal. Los errores materiales o formales son aquellos defectos que, sin afectar la sustancia del acto o del documento, pueden corregirse sin que cambie su contenido (por ejemplo, una discrepancia de transcripción o la falta de legalización notarial de una firma que sí consta en el documento). En este último supuesto, la condición para la subsanación es que el contenido del documento con la firma legalizada sea el mismo que el presentado en la oferta.

• En consecuencia, el documento, tal como fue presentado, contiene únicamente la

declaración unilateral del Adjudicatario. La falta de firma del arrendador no es, entonces, una omisión accesoria de hojas secundarias, como alega el Adjudicatario, sino la falta de la manifestación de voluntad que da existencia al acto jurídico que el documento pretende acreditar.

• Esta circunstancia incide directamente en el requisito de calificación, pues

conforme a las bases integradas, el "equipamiento estratégico" debía acreditarse con documentos que sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compraventa, alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de los camiones compactadores, y en la oferta del Adjudicatario, el único documento que habría de otorgarle un título de uso sobre las unidades es el contrato de arrendamiento. Por ello, la ausencia de la manifestación de voluntad de la empresa Corcelip no es un defecto marginal, sino que afecta el elemento que sustenta la disponibilidad de los vehículos: sin ella no se acredita que el Adjudicatario haya obtenido el derecho de usarlos. Esto alcanza a las tres unidades que debían acreditar el requisito. Respecto de la unidad AYK-702, de propiedad de la empresa Corcelip, el contrato es el único sustento. Respecto de las unidades CBJ-703 y CBJ-938, de propiedad de la empresa Scania, la autorización de subarriendo (folios 53 y 54) presupone la existencia del subarriendo entre la empresa Corcelip y el Adjudicatario.

• Por lo expuesto, la subsanación propuesta por la Entidad alteraría el contenido

esencial de la oferta, siendo que, para "subsanar" la omisión, la empresa Corcelip tendría que manifestar su voluntad con posterioridad a la presentación de ofertas, lo que supondría completar o perfeccionar el título de disponibilidad que la oferta no contenía. Ello implicaría, además, otorgar al Adjudicatario una oportunidad de la que no dispusieron los demás postores, en contravención del principio de igualdad de trato, y vulneraría la regla según la cual los postores deben acreditar el cumplimiento de los requisitos con los documentos presentados en su oferta.

• En consecuencia, corresponde desestimar el argumento de la Entidad y del

Adjudicatario según el cual la ausencia de firma del arrendador sería un error material o formal subsanable al amparo del artículo 78 del Reglamento.

• Por lo tanto, corresponde acoger el cuestionamiento planteado por el Consorcio

Impugnante en el recurso de apelación y declarar la descalificación de la oferta presentada por el Adjudicatario, debiéndose declarar fundado este extremo del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante.

• Considerando la decisión expuesta precedentemente, carece de objeto analizar

los demás cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario, materia del presente punto controvertido, toda vez que el resultado de dicho análisis no variará la condición de la oferta, esto es, la descalificación.

• En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en aplicación del literal b) del

numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación presentado por el Consorcio Impugnante, al resultar fundadas sus pretensiones.

• Atendiendo a ello, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada

por el Consorcio Impugnante por la interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Steven Aníbal Flores Olivera y con la intervención del Vocal César Alejandro Llanos Torres, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE- PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO

CHACLACAYO VERDE, integrado por las empresas KPL SERVICE E.I.R.L. y CHAREDW SERVICE S.A.C., en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 003- 2026-MDCH-1, convocado por la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, para la “Contratación del servicio de alquiler de unidades vehiculares de una empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS) para el transporte de residuos sólidos municipales generados en el distrito de Chaclacayo, hasta una infraestructura de

1.1. Revocar la negociación sobre la oferta del CONSORCIO CHACLACAYO VERDE en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 003-2026- MDCH-1 y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a la empresa CORPORACION

FORJADORA ANDINA S.A.C.

1.2. Disponer que el comité otorgue al CONSORCIO CHACLACAYO VERDE, un plazo de dos (2) días hábiles para que subsane su oferta, conforme a los parámetros expuestos en la presente Resolución. 1.3. Disponer que, en el supuesto que el CONSORCIO CHACLACAYO VERDE, cumpla con la subsanación de su oferta, el comité deberá realizar el trámite correspondiente a fin de llevar a cabo la negociación de la oferta, en los términos expuestos en la presente resolución. 1.4. Disponer que, en el supuesto que el CONSORCIO CHACLACAYO VERDE no cumpla con la subsanación de su oferta, el comité debe seguir con el trámite correspondiente. 1.5. Declarar la oferta del postor CORPORACION FORJADORA ANDINA S.A.C. como descalificada.

• Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO CHACLACAYO VERDE, para la

interposición de su recurso de apelación.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR ALEJANDRO LLANOS TORRES

VOCAL

STEVEN ANIBAL FLORES OLIVERA

PRESIDENTE

ss. Flores Olivera, Llanos Torres.

VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

La vocal que suscribe el presente voto discrepa, respetuosamente, del análisis del voto en mayoría respecto del primer punto controvertido, referido a la negociación de la oferta del Consorcio Impugnante y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario, a partir del fundamento 18, así como de lo resuelto; razón por la cual, procede a emitir el presente voto, bajo los siguientes fundamentos: PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la negociación de la oferta del Consorcio Impugnante y si, como consecuencia de ello, debe revocarse el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. (…)

• Al respecto, si bien la negociación prevista en el numeral 132.1 del artículo 132 del

Reglamento supone la posibilidad de que el postor que obtuvo el mejor puntaje manifieste su conformidad o disconformidad con la reducción de su oferta económica, ello no implica que la Entidad deba asumir las consecuencias de la imposibilidad de establecer comunicación cuando esta tiene origen en una deficiencia atribuible al propio postor. En efecto, corresponde a los participantes del procedimiento de selección actuar con la debida diligencia en la formulación de sus ofertas, lo que comprende consignar correctamente los datos de contacto que proporcionan a la Entidad para el desarrollo de las actuaciones del procedimiento. En ese sentido, cuando la imposibilidad de concretar la negociación deriva de la consignación incorrecta de la dirección electrónica declarada por el propio postor, dicha circunstancia no puede constituir, por sí sola, un impedimento para que la Entidad continúe con el procedimiento, máxime si esta ha utilizado el canal de comunicación proporcionado por aquel y ha realizado los intentos correspondientes para establecer contacto.

• Ahora, del análisis del caso concreto mediante la documentación obrante en el

presente expediente administrativo y especialmente la citada acta del oficial de compra, se advierte que la oferta del Consorcio Impugnante obtuvo el mejor puntaje total, pero con una oferta económica de S/ 764,500.00, superior a la cuantía de S/ 478,500.00, y que, habiéndose informado la falta de disponibilidad presupuestal, el oficial de compra intentó comunicarse con dicho postor para realizar la negociación correspondiente. Sin embargo, no lo logró, debido a que el mensaje enviado por correo electrónico no pudo ser entregado anotándose que “no se ha encontrado la dirección”, conforme a las capturas de pantalla del 7 y del 9 de octubre de 2026 que obran en el acta citada.

• Esa situación permite apreciar que la dirección de correo electrónico a la que se

envió la propuesta de negociación al Consorcio Impugnante es incorrecta. Cabe precisar que dicha dirección de correo electrónico es la que fue declarada en el Anexo N° 1 presentado con su oferta, según se muestra a continuación: Imagen del Anexo N° 1 — Declaración jurada de datos del postor en consorcio, obrante a folio 6, con el correo administrador@charedwservicesac.com]

• En ese contexto, se aprecia que la imposibilidad de concretar la negociación tiene

su origen en la incorrecta consignación de la dirección de correo electrónico en el Anexo N° 1 de su propia oferta, y no en una actuación atribuible a la Entidad, quien utilizó el canal de comunicación declarado por aquel.

• Por tanto, la imposibilidad de concretar la negociación no puede ser atribuida a la

Entidad ni generar a favor del Consorcio Impugnante una nueva oportunidad para corregir la información consignada en su oferta, correspondiendo analizar si dicha circunstancia justificaba que el oficial de compra continuara con la negociación del siguiente postor en el orden de prelación, conforme al numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento.

• Sin embargo, cabe mencionar que el Consorcio Impugnante pretende que la

deficiencia advertida sea subsanada al amparo de alguno de los supuestos de subsanación de ofertas contemplados en el artículo 78 del Reglamento, razón por la cual corresponde verificar si resulta procedente dicha posibilidad, teniendo en cuenta las disposiciones que regulan la subsanación de ofertas: “Artículo 78. Subsanación de las ofertas 78.1. Durante el desarrollo de la fase de selección, los evaluadores pueden solicitar a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados en la precalificación y/o presentación de ofertas, siempre que no alteren su contenido esencial, respetando el principio de igualdad de trato. Esta subsanación es preclusiva a cada etapa y se realiza a través de la Pladicop. 78.2. Son subsanables los documentos emitidos por entidades públicas o privadas ejerciendo función pública, o la omisión de su presentación, siempre que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. 78.3. En las modalidades de pago a precios unitarios, esquema mixto, pago por consumo y tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección a los evaluadores, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados. 78.4. Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro el plazo de dos días hábiles contabilizados desde el día siguiente de la notificación al postor, pudiendo la entidad contratante otorgar al postor un plazo adicional de dos días hábiles para la subsanación pertinente a solicitud del postor. La solicitud de ampliación de plazo se otorga en un plazo no mayor de dos días hábiles de recibida, caso contrario se considera autorizada.”

• De la citada normativa, se aprecia que la subsanación constituye una facultad

excepcional de los evaluadores, cuyo ejercicio está sujeto al cumplimiento de determinados límites: (i) que la omisión o el error material o formal no altere el contenido esencial de la oferta, (ii) que se respete el principio de igualdad de trato y (iii) que la subsanación se efectúe dentro de la etapa correspondiente, atendiendo a su carácter preclusivo. Este último aspecto resulta particularmente determinante en el presente caso, pues la pues la posibilidad de subsanar no puede entenderse como una facultad irrestricta que permita corregir, en cualquier momento del procedimiento de selección, documentos cuyo contenido ya fue objeto de revisión en una etapa anterior. Por el contrario, la regla de preclusión delimita temporalmente el ejercicio de dicha facultad e impide reabrir etapas que ya han concluido.

• En el presente caso, la deficiencia advertida consiste en la consignación de un

correo electrónico incorrecto en el Anexo N° 1, correspondiente a la Declaración jurada de datos del postor. Al respecto, cabe señalar que dicho anexo es un documento de presentación obligatoria para la admisión de ofertas, conforme al numeral 2.2.1.1 de las bases integradas. En tal sentido, su presentación y contenido fueron objeto de revisión por parte del oficial de compra durante la etapa de admisión, en la cual se verificó el cumplimiento de los requisitos correspondientes y se declaró admitida la oferta del Consorcio Impugnante, tal como consta en el “Acta de admisión, calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro”. Asimismo, debe precisarse que la consignación de una dirección electrónica incorrecta no constituía, por sí misma, un error material advertible a partir de la revisión formal del documento, toda vez que no se trataba de un dato cuya equivocación pudiera determinarse objetivamente con la información contenida en la oferta. Por el contrario, su incorrección quedó evidenciada posteriormente, cuando la Entidad intentó utilizar dicha dirección para establecer comunicación con el postor en el marco de la negociación. En ese sentido, no podía exigirse al oficial de compra que, durante la etapa de admisión, requiriera la subsanación de un dato cuya incorrección no resultaba objetivamente identificable en ese momento.

• En ese contexto, al haberse revisado el revisado y confirmado el Anexo N° 1 y

declarado admitida la oferta del Consorcio Impugnante, así como al haberse continuado el procedimiento con las etapas de calificación y evaluación, la etapa de admisión de ofertas quedó concluida. Por consiguiente, la posibilidad de subsanar algún error u omisión correspondiente a la documentación presentada en dicha etapa se encontraba precluida, conforme a lo dispuesto en el numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento. Admitir que el Consorcio Impugnante pueda corregir, durante la negociación, un dato consignado en un documento que debió ser presentado correctamente en la etapa de admisión supondría desconocer el carácter preclusivo de la subsanación y permitir la reapertura de una etapa ya concluida, con el consecuente menoscabo de la seguridad jurídica, la celeridad y la igualdad de trato que deben regir el procedimiento de selección.

• No modifica esta conclusión el hecho que el error se haya hecho recién evidente

al iniciarse la negociación, pues el numeral 78.1 del citado artículo 78 del Reglamento vincula la subsanación a la etapa en que corresponde revisar el documento, y no al momento en que el error resulta perceptible o genera consecuencias. En consecuencia, el hecho de que la consignación incorrecta del correo electrónico haya impedido concretar la comunicación durante la negociación no habilita a reabrir la etapa de admisión ni a otorgar al postor una nueva oportunidad para corregir un dato que se encontraba bajo su responsabilidad desde la presentación de su oferta.

• Asimismo, debe tenerse presente que es responsabilidad de los postores la

correcta formulación de su oferta y la veracidad y exactitud de la información contenida en ella. Los postores participan en el procedimiento de selección conforme a las reglas establecidas en las bases, y deben conducirse con la debida diligencia al elaborar y presentar sus ofertas, así como al consignar los datos de contacto que servirán de canal de comunicación con la Entidad.

• En esa línea, las bases integradas y el propio Anexo N° 1 establecen que as

comunicaciones dirigidas al correo electrónico declarado por el postor se tienen por válidamente efectuadas. Dicha regla responde a la necesidad de establecer un canal de comunicación cierto entre la Entidad y los participantes del procedimiento, cuya correcta consignación corresponde a estos últimos. De esta manera, se distribuye los riesgos de la comunicación, pues corresponde al postor consignar correctamente su dirección y mantenerla operativa, y no a la Entidad averiguar o corregir datos erróneos. En consecuencia, el hecho de que los mensajes remitidos por el oficial de compra los días 7 y 9 de octubre de 2026 no hayan sido entregados, por el mensaje de rebote “no se ha encontrado la dirección”, es consecuencia de un error imputable exclusivamente al Consorcio Impugnante.

• Tampoco resulta atendible el argumento de que la Entidad debió reiterar la

comunicación o permitir la corrección del dato antes de pasar al siguiente postor, toda vez que el numeral 132.4 del Reglamento dispone que la negociación se realiza preferentemente por medios digitales, y la Entidad cumplió con dirigir la comunicación al correo declarado por el propio postor, en dos oportunidades.

• En este punto corresponde también precisar que si bien el numeral 132.2 del

artículo 132 del Reglamento regula que se negocie con los siguientes postores

cuando el de mejor puntaje no acepte la reducción de su oferta económica o de las prestaciones o condiciones del requerimiento, la imposibilidad de concretar la negociación por causa imputable al propio postor, quien no puso a disposición de la Entidad un canal de comunicación válido, no puede dejar indefinidamente paralizado el procedimiento ni otorgar al postor de mejor puntaje una ventaja frente a los demás. En tales circunstancias, no resulta razonable exigir a la Entidad que, ante la imposibilidad de concretar la comunicación por una deficiencia imputable al propio postor, paralice el procedimiento o le conceda una nueva oportunidad para corregir la información que debió consignar correctamente desde la presentación de su oferta. Una interpretación en ese sentido trasladaría a la Entidad las consecuencias de la falta de diligencia del postor y podría afectar la continuidad del procedimiento de selección y la igualdad de trato respecto de los demás participantes. Por consiguiente, la imposibilidad de concretar la negociación, originada en una circunstancia atribuible al Consorcio Impugnante, no puede constituir un impedimento para que la Entidad continúe con las actuaciones correspondientes respecto del siguiente postor en el orden de prelación.

• En consecuencia, dado que el error en el Anexo N° 1 corresponde a un documento

revisado y confirmado en la etapa de admisión de ofertas, que ya precluyó, y que la correcta formulación de la oferta es de exclusiva responsabilidad del postor, no corresponde la subsanación de la oferta del Consorcio Impugnante.

• Por tanto, no existe mérito para revocar la negociación efectuada por el oficial de

compra ni, como consecuencia de ello, el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Impugnante, quedando firmes dichos actos.

• Asimismo, habiéndose determinado que la actuación del oficial de compra se

ajustó a lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento y a las bases integradas, y que la imposibilidad de negociar con el Consorcio Impugnante obedeció a causas que le son exclusivamente imputables, carece de objeto disponer el otorgamiento de un plazo para subsanar el Anexo N° 1 y el reinicio de la negociación con dicho postor.

• Estando a lo expuesto, este Colegiado concluye que las pretensiones del Consorcio

Impugnante, referidas a que se revoque la negociación de su oferta y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, deben declararse infundadas. (…) Por estos fundamentos, con la intervención de la Vocal Sonia Tatiana Angulo Reátegui en reemplazo del Vocal Héctor Ricardo Morales González, según el Rol de Turnos de Vocales de Sala vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por minoría;

SE RESUELVE:

• Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el

CONSORCIO CHACLACAYO VERDE, integrado por las empresas KPL SERVICE E.I.R.L. y CHAREDW SERVICE S.A.C., en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 003-2026-MDCH-1, convocado por la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, para la “Contratación del servicio de alquiler de unidades vehiculares de una empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS) para el transporte de residuos sólidos municipales generados en el distrito de Chaclacayo, hasta una infraestructura de disposición final”, por los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 1.6. Confirmar la negociación sobre la oferta del CONSORCIO CHACLACAYO VERDE en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 003- 2026-MDCH-1, por los fundamentos expuestos. 1.7. Declarar la oferta del postor CORPORACION FORJADORA ANDINA S.A.C. como descalificada y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a la empresa CORPORACION

FORJADORA ANDINA S.A.C.

1.8. Declarar en desierto el Concurso Público Abreviado de Servicios N° 003-

2026-MDCH-1.

• Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO CHACLACAYO VERDE, para la

interposición de su recurso de apelación.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

ss. Angulo Reátegui