Documento regulatorio
Acuerdo de Sala Plena N.° 005-2026/TCP
- Tipo
- No clasificado
- Fecha
- 30/10/2026
- Fuente
- gob.pe/oece/normas-legales
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Año XXXV / Nº 1318
“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”
ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS
CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES - OECE
LUNES 30
DE DICIEMBRE DE 2024
Gerente de Publicaciones Oficiales: Ricardo Montero Reyes El Peruano
DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO
FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR
201 años
TRIBUNAL DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS
En la Sesión Nº 006-2026/TCP del 30 de octubre de 2026, los Vocales del Tribunal de Contrataciones Públicas aprobaron, conforme se detalla en el numeral III del Acuerdo, lo siguiente:
ACUERDO DE SALA PLENA
Nº 005-2026/TCP
ACUERDO DE SALA PLENA SOBRE LA
ACREDITACIÓN DEL FACTOR DE EVALUACIÓN
“INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA”
- ANTECEDENTES
El principio de integridad exige a quienes participan en el proceso de contratación una conducta guiada por la honestidad, la veracidad y la apertura a la rendición de cuentas, así como el deber de evitar y denunciar las prácticas indebidas o corruptas ante las autoridades competentes. Así lo establece el literal d) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley Nº 32069. Por tanto, la integridad constituye una exigencia para todos los actores que intervienen en el proceso de contratación. Asimismo, el literal a) del artículo 6 de la Ley Nº 32069 reconoce la integridad como un enfoque para su aplicación. Esta dimensión enfatiza la promoción de una conducta funcional y una actividad comercial responsable, así como el diseño e implementación de instrumentos, mecanismos y acciones destinados a prevenir prácticas indebidas o corruptas. Mientras que el principio establece el deber de conducta de los actores del proceso de contratación, el enfoque exige traducir ese deber en medidas preventivas y en mecanismos de gestión. En el marco de la Ley Nº 32069, la obtención de resultados y el uso eficiente de los recursos requieren decisiones de contratación sustentadas en reglas objetivas y una actuación responsable de los actores públicos y privados. En ese contexto, el factor de evaluación “Integridad en la contratación pública”, cuya acreditación se vincula con la certificación de un sistema de gestión antisoborno, debe entenderse como un instrumento que incentiva la adopción de mecanismos preventivos por parte de los proveedores, en concordancia con el principio y el enfoque antes descritos. Su finalidad no se agota en la presentación de un documento para obtener puntaje, pues busca que la evaluación reconozca, conforme a las condiciones aplicables, la implementación de un sistema de gestión antisoborno certificado. En el marco de los recursos de apelación tramitados ante el Tribunal de Contrataciones Públicas (en adelante el Tribunal), se han identificado criterios discrepantes respecto de algunos aspectos vinculados con la acreditación del factor de evaluación “Integridad en la contratación pública”. El primero se refiere a la presentación de un certificado ISO 37001:2016, pese a que las bases estándar aluden a la ISO 37001:2025. El segundo concierne a si resulta suficiente que el certificado acredite la implementación de un sistema de gestión antisoborno en la organización, o no resulta suficiente cuando el certificado limita su alcance a rubros o actividades distintas a las que se refiere el objeto de la contratación. Las discrepancias inciden directamente en el puntaje técnico que obtiene un postor en el procedimiento de selección y, por ello, en el otorgamiento de la buena pro. Por tanto, no se trata solo de cuestiones formales, sino de discrepancias que afectan la predictibilidad, la igualdad de trato y la competencia efectiva en los procedimientos de selección. Además, la aplicación de criterios divergentes respecto de un mismo factor puede debilitar su función de incentivo a la adopción de sistemas de gestión antisoborno, al generar incertidumbre sobre las condiciones en que estos serán reconocidos. La necesidad de uniformidad adquiere así una relevancia que trasciende la asignación de puntaje en un caso concreto y se proyecta sobre la aplicación coherente de la integridad como principio y enfoque de la contratación pública. En adición a ello, el Tribunal advierte que, de forma recurrente, se presentan impugnaciones referidas a la falta de coincidencia entre el domicilio de la sede, filial u oficina comprendida en el certificado ISO 37001 y el domicilio legal o fiscal declarado por el postor ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o en algún anexo de su oferta. Por ello, para asegurar la predictibilidad y la uniformidad de los pronunciamientos del Tribunal, resulta necesario establecer un criterio de observancia obligatoria. El Acuerdo de Sala Plena permitirá precisar las condiciones de acreditación del factor y dotar a las entidades contratantes y a los postores de un marco interpretativo común, que preserve su finalidad preventiva y su aplicación objetiva, en armonía con las reglas del procedimiento, la igualdad de trato y la competencia. Esta atribución se sustenta en el literal d) del numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 32069 (en adelante la Ley General), que faculta al Tribunal a emitir, de manera expresa y con carácter general, precedentes de observancia obligatoria mediante acuerdos adoptados en Sala Plena sobre las materias de su competencia.
2 El Peruano En consecuencia, el presente Acuerdo se emite para resolver las discrepancias existentes entre las Salas y asegurar decisiones coherentes y previsibles. Su aprobación no impide ni sustituye la competencia de la Dirección General de Abastecimiento (DGA) para modificar, aclarar o actualizar oportunamente las bases estándar, de considerarse pertinente.
II. ANÁLISIS
Sobre la versión del certifi cado Primera posición De la revisión de la jurisprudencia expedida por el Tribunal, se han advertido casos en los que se privilegia el carácter vinculante de las bases integradas y se exige que el certificado presentado por el postor se adecúe a la versión expresamente requerida en las bases. Bajo esta perspectiva, por ejemplo, la validez general de un certificado emitido conforme a la versión 2016 no basta para obtener puntaje si las bases exigen la versión 2025. Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento y obligan por igual a la entidad, a los evaluadores, a los postores y al Tribunal. Por tanto, cuando en observancia de las bases estándar, el factor previsto en las bases integradas exige ISO 37001:2025 u otra versión en específico, no corresponde otorgar puntaje a un certificado expedido bajo una edición distinta a la indicada en dichas bases, aun cuando mantenga validez dentro del sistema de certificación. Admitir una versión distinta equivaldría a flexibilizar o modificar las bases después de la presentación de ofertas, incorporando, vía interpretación, una regla que las propias bases integradas no contemplan, lo cual vulnera el estricto cumplimiento de los principios de competencia, transparencia y la igualdad de trato, además de afectar la objetividad con la que se debe evaluar todo procedimiento competitivo. La evaluación debe ceñirse a la documentación incorporada en la oferta y a la exigencia expresamente prevista en las bases, sin completar ni sustituir sus términos mediante verificaciones externas. Segunda posición En otros casos conocidos por el Tribunal, se ha puesto de relieve la necesidad de examinar conjuntamente la literalidad de las bases, la vigencia del certificado, su alcance y el régimen técnico de transición aplicable. El factor de evaluación bajo análisis busca acreditar la implementación de un sistema de gestión antisoborno vigente y verificable. Por ello, la referencia a la versión 2025 debe interpretarse de manera armónica con el régimen técnico de transición, durante el cual los certificados emitidos bajo el ISO 37001:2016 conservan eficacia hasta la fecha establecida por el organismo competente. Esta lectura evita que una exigencia formal produzca una restricción desproporcionada cuando el propio sistema de acreditación mantiene vigente el certificado. Lo relevante no es únicamente el número de edición, sino que la certificación: i) esté vigente a la fecha de presentación de ofertas; ii) haya sido emitida por un organismo acreditado; y iii) comprenda la sede, filial, oficina, proceso o unidad a cargo de la prestación. Por tanto, la interpretación más compatible con la finalidad del factor, la razonabilidad, la competencia y la seguridad jurídica es reconocer, durante el periodo de transición, la aptitud de los certificados expedidos conforme a las versiones 2016 y 2025, siempre que cumplan con las condiciones previstas en las bases. Esta posición no desconoce el carácter vinculante de las bases integradas. Por el contrario, integra su finalidad con una circunstancia objetiva que explica la coexistencia temporal de ambas ediciones. Sobre el alcance del certifi cado Primera posición En algunos casos examinados por el Tribunal, se ha cuestionado que las actividades descritas y limitadas en el alcance del certificado no comprenden el objeto de la convocatoria. Ante dichos cuestionamientos, es importante resaltar que la evaluación a realizar debe aplicar estrictamente las reglas previstas en las bases integradas, las cuales, además, deben observar las disposiciones establecidas en las bases estándar del procedimiento de selección respectivo. En ese sentido, debe precisarse que las bases estándar no requieren que el alcance del certificado ISO 37001 se corresponda con el objeto de la convocatoria, conforme lo desarrolla la segunda posición. Sin embargo, no resulta suficiente que el postor presente un certificado ISO 37001 vigente y referido a su organización cuando el propio certificado circunscribe y limita las actividades comprendidas en el sistema de gestión, excluyendo expresamente aquellas que forman parte del objeto que es materia de contratación; situación que no permite acreditar la cobertura de la prestación contractual. Esta posición se apoya principalmente en dos argumentos:
- La certificación ISO 37001, por razones que
corresponden a la gestión del propio proveedor y/o valoración del organismo certificador, podría establecer expresamente que su alcance comprende solo una particular actividad o actividades, excluyendo con ello otras; lo cual hace que, por dicha particularidad, el alcance de la certificación no permita tener por acreditado el factor de evaluación cuando el alcance del mismo resulte distinto a las prestaciones que son objeto de la contratación.
- La evaluación debe respetar las limitaciones del propio
certificado. Si este restringe la certificación a determinadas actividades, debe tomarse en cuenta esa delimitación. De lo contrario, se estaría atribuyendo a la certificación un alcance mayor que el gestionado por el propio proveedor y declarado por el organismo certificador. Segunda posición En otros casos analizados por el Tribunal, se estableció que no corresponde exigir que el alcance material del certificado ISO 37001 se encuentre directamente vinculado con el objeto de la contratación cuando tal exigencia no aparece establecida en las bases estándar. No corresponde exigir que las actividades descritas en el certificado coincidan con el objeto contractual, pues las bases estándar no establecen dicho requisito. Lo relevante es acreditar el sistema de gestión antisoborno en la sede responsable de la prestación. La exigencia de una vinculación directa entre el alcance certificado y el objeto contractual supondría incorporar una condición adicional a las reglas de evaluación. Esta posición se apoya principalmente en tres argumentos:
- El numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento de la
Ley Nº 32069 establece el carácter obligatorio de las bases estándar aprobadas mediante directiva de la Dirección General de Abastecimiento (DGA). Por consiguiente, las entidades no pueden modificar discrecionalmente las condiciones de acreditación del factor de integridad.
- El principio de transparencia y facilidad de uso,
previsto en el literal i) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley Nº 32069, exige reglas claras y comprensibles para los participantes. La incorporación de condiciones no contempladas en las bases estándar puede generar interpretaciones divergentes y afectar la evaluación.
- La entidad no puede convertir el factor de integridad
en una evaluación de la correspondencia técnica entre el objeto contractual y las actividades consignadas en la certificación cuando esa exigencia no está autorizada. Sobre la sede certifi cada Posición única En los procedimientos de selección se presentan cuestionamientos referidos a la falta de coincidencia entre el domicilio del postor (fiscal, legal, declarado ante el RNP o consignado en algún anexo de la oferta) y la dirección de la sede, filial u oficina que ha sido certificada y se encuentra a cargo de la prestación. Sin embargo, el domicilio legal o fiscal declarado por el postor ante el RNP cumple una función de identificación y localización del proveedor, mientras que la dirección El Peruano Viernes 6 de noviembre de 2026 3PRECEDENTES VINCULANTES consignada en el certificado ISO 37001 identifica la sede, filial u oficina comprendida en el sistema de gestión antisoborno certificado. Las bases estándar no establecen que la dirección de la sede certificada deba coincidir con el domicilio legal o fiscal registrado por el postor. Exigir esa coincidencia supondría incorporar una condición adicional no prevista en las reglas del procedimiento. Una empresa puede desarrollar sus actividades mediante distintas sedes, filiales u oficinas, sin que necesariamente estas coincidan con su domicilio legal o fiscal. Por ello, la certificación puede corresponder válidamente a un establecimiento diferente al domicilio legal o fiscal, y no por ello sería afectada su idoneidad para acreditar el factor de evaluación. Si bien esta problemática surge, principalmente, cuando los evaluadores asumen que el domicilio legal o fiscal del postor corresponde al de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, dicha interpretación supone atribuir al postor información que no ha declarado ni proporcionado. Por tanto, mientras que las bases estándar no establezcan alguna regla en específico, la dirección de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación se entenderá que es aquella indicada en el certificado, salvo información contenida expresamente en la oferta que señale lo contrario. Rechazar un certificado exclusivamente por la diferencia de domicilios implicaría imponer una exigencia no contemplada en las bases, lo que afectaría la transparencia y la objetividad de la evaluación.
III. VOTACIÓN
Luego del debate correspondiente, se obtuvo la siguiente votación: Sobre la versión del certifi cado Por la primera posición, votaron los vocales Sonia Tatiana Angulo Reátegui, Juan Carlos Cortez Tataje, Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez y Erick Joel Mendoza Merino. Por la segunda posición, votaron los vocales Victor Manuel Villanueva Sandoval, Danny William Ramos Cabezudo, Christian César Chocano Davis, Marlon Luis Arana Orellana, Lupe Mariella Merino De La Torre, Jefferson Augusto Bocanegra Díaz, César Alejandro Llanos Torres, Jorge Alfredo Quispe Crovetto, Héctor Ricardo Morales González, Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez y Jimy Robert Ureta Aquino. Sobre el alcance del certifi cado Por la primera posición, votaron los vocales Juan Carlos Cortez Tataje, Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez y Erick Joel Mendoza Merino. Por la segunda posición, votaron los vocales Victor Manuel Villanueva Sandoval, Danny William Ramos Cabezudo, Christian César Chocano Davis, Marlon Luis Arana Orellana, Lupe Mariella Merino De La Torre, Jefferson Augusto Bocanegra Díaz, César Alejandro Llanos Torres, Jorge Alfredo Quispe Crovetto, Sonia Tatiana Angulo Reátegui, Héctor Ricardo Morales González, Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez y Jimy Robert Ureta Aquino. Sobre la sede certificada Posición única Votaron a favor, los vocales Victor Manuel Villanueva Sandoval, Danny William Ramos Cabezudo, Juan Carlos Cortez Tataje, Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, Christian César Chocano Davis, Marlon Luis Arana Orellana, Lupe Mariella Merino De La Torre, Erick Joel Mendoza Merino, Jefferson Augusto Bocanegra Díaz, César Alejandro Llanos Torres, Jorge Alfredo Quispe Crovetto, Sonia Tatiana Angulo Reátegui, Héctor Ricardo Morales González, Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez y Jimy Robert Ureta Aquino.
IV. ACUERDO
Por las consideraciones expuestas, los Vocales del Tribunal de Contrataciones Públicas, acordaron aplicar el siguiente criterio:
POR MAYORÍA:
- Durante el periodo de transición de la ISO 37001:2016
a la ISO 37001:2025, corresponde otorgar el puntaje del factor “Integridad en la contratación pública” a los certificados ISO 37001:2016 e ISO 37001:2025, siempre que se encuentren vigentes a la fecha de presentación de ofertas y cumplan con las demás condiciones establecidas en las bases.
POR MAYORÍA:
- No corresponde exigir que las actividades descritas en
los certificados ISO 37001:2016 e ISO 37001:2025 coincidan con el objeto del procedimiento de contratación, pues lo relevante es que se acredite el sistema de gestión antisoborno en la sede, filial u oficina responsable de la prestación.
POR UNANIMIDAD:
- La dirección de la sede, filial u oficina comprendida
en los certificados ISO 37001:2016 e ISO 37001:2025 no necesariamente debe coincidir con el domicilio legal o fiscal declarado por el postor ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o en algún anexo de su oferta. Por tanto, mientras que las bases estándar no establezcan alguna regla en específico, la dirección de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación se entenderá que es aquella indicada en el certificado, salvo información contenida expresamente en la oferta que señale lo contrario.
- El presente Acuerdo constituye precedente de
observancia obligatoria, conforme a lo establecido en el literal d) del numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- El presente Acuerdo entra en vigencia al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
VICTOR MANUEL VILLANUEVA SANDOVAL
JORGE ALFREDO QUISPE CROVETTO
JEFFERSON AUGUSTO BOCANEGRA DÍAZ
MARLON LUIS ARANA ORELLANA
ERICK JOEL MENDOZA MERINO
DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ
LUPE MARIELLA MERINO DE LA TORRE
CÉSAR ALEJANDRO LLANOS TORRES
HÉCTOR RICARDO MORALES GONZÁLEZ
CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS
ANNIE ELIZABETH PÉREZ GUTIÉRREZ
JIMY ROBERT URETA AQUINO
JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE
DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO
SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI
CAROLA PATRICIA CUCAT VILCHEZ
Secretaría Técnica 1 del Tribunal V-2571430-1 4 El Peruano
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