Resolución N.° 9760-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) la exigencia cuesonada excede los alcances de la documentación adicional permida por las bases estándar, al incorporar un requisito de admisión que no se encuentra orientado a verificar las caracteríscas del bien objeto de contratación” Lima, 12 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 12 de noviembre de 2026 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Exp. N° 7717/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor GATT PERÚ S.R.L., en el marco de la Licitación Pública para Bienes Nº 001-2026-CS-EPS TACNA S.A. convocada por la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Tacna S.A., y; atendiendo a lo siguiente;

• ANTECEDENTES:
• El 12 de marzo de 2026, la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de

Tacna S.A, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Licitación Pública para Bienes N° 001-2026-CS-EPS TACNA S.A, para la “Adquisición de camión cisterna para la División de Mantenimiento de la EPS Tacna S.A. – Programa MIO», con una cuantía de S/ 699,500.00 (seiscientos noventa y nueve mil con quinientos con 00/100 soles); en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF y modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento.

• El 21 de se<embre de 2026 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas.

Posteriormente, el 22 del mismo mes y año, se efectuó la evaluación y calificación de las ofertas y el 6 de octubre del 2026 se no<ficó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Luen Company integrado por la empresa Luen Machinery E.I.R.L. (con R.U.C. Nº 20613179136), Leimar Company S.A.C. (con RUC Nº 20610286632) y Mc Motor Trading S.A.C (con RUC Nº 20602491634) en adelante el Consorcio Adjudicatario, conforme a los siguientes resultados: Postor Etapas Buena Pro Admisión Calificación Oferta Económica S/ Puntaje Total Orden de Prelación Consorcio Luen Company Admitida Calificada 696,900.00 75.00 1 sí GATT Perú S.R.L No Admitida

• - - - NO
• Mediante Escrito N° 1, presentado el 19 de octubre de 2026 y subsanado el 21 del

mismo mes y año, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa GATT Perú S.R.L. (con R.U.C. Nº 20518498682), en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor del Consorcio Adjudicatario, solicitando que: i) se revoque la decisión del comité que declaró no admi<da su oferta y, en consecuencia, se la tenga por admi<da; ii) se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario; y iii) se tenga por calificada su oferta y se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección o, subordinadamente, se disponga que el comité efectúe su calificación y evaluación; conforme a los siguientes fundamentos: Respecto de la no admisión de su oferta

• El comité declaró no admitida su oferta por considerar que la declaración

jurada presentada en los folios 32 y 33 no constituía documentación técnica emitida por el fabricante o distribuidor acreditado y que el instructivo técnico del folio 34 no se encontraba acompañado de una carta, certificado u otro documento que acreditara su condición de representante o distribuidor autorizado de la marca SINOTRUK.

• Sostiene que el literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección

Específica de las bases integradas exigía la presentación de fichas, autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos, manuales o documentos similares emitidos por el fabricante o distribuidor autorizado, a efectos de acreditar las características técnicas requeridas.

• Manifiesta que su oferta contiene la ficha técnica de la cisterna, emitida por

el fabricante, así como el instructivo técnico del chasis, en el cual se identifican la marca SINOTRUK, el modelo ZZ1257N464GE1, el motor MC07.34-50 de 6,870 cc y las demás características técnicas exigidas. Precisa que las declaraciones juradas presentadas constituyen documentación complementaria destinada a respaldar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

• Sostiene que su condición de representante y distribuidor oficial de la marca

SINOTRUK en el Perú se encuentra declarada en el instructivo técnico y en otros documentos de su oferta, cuya información se encuentra amparada por el principio de presunción de veracidad. En ese sentido, considera que no correspondía exigir una carta adicional que acreditara dicha condición, pudiendo la Entidad verificarla mediante fiscalización posterior.

• Con ocasión de la absolución de la consulta Nº 20, el comité precisó que las

bases integradas no exigían que el postor ostentara la condición de representante, distribuidor o concesionario autorizado de la marca para participar en el procedimiento de selección. Por tanto, sostiene que la ausencia de una carta que acredite dicha condición no podía sustentar la no admisión de su oferta.

• Finalmente, señala que, ante cualquier discrepancia entre lo establecido en las

bases integradas y la absolución de consultas y observaciones, corresponde aplicar lo dispuesto en el numeral 66.6 del artículo 66 del Reglamento, referido a la prevalencia de lo absuelto en el pliego, por lo que solicita revocar la decisión que declaró no admitida su oferta. Respecto de la calificación y evaluación de su oferta

• Cumple con el requisito de calificación de experiencia del postor en la

especialidad, para el cual las bases integradas exigían acreditar un monto facturado acumulado de S/ 1,800,000.00 por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria.

• Señala que acreditó un monto acumulado de S/ 2,452,390.00, correspondiente

a dos contrataciones de suministro de camiones cisterna celebradas con la Gerencia Territorial Bajo Mayo – Tarapoto del Gobierno Regional de San Martín y la Municipalidad de San Isidro, adjuntando los respectivos contratos y constancias de prestación o cumplimiento.

• Manifiesta que, de admitirse y calificarse su oferta, le correspondería obtener

100 puntos en la evaluación, considerando los factores de precio, plazo de entrega, integridad en la contratación pública, garantía comercial y mejoras a las especificaciones técnicas. Precisa que ofertó un monto de S/ 674,900.00, inferior en S/ 22,000.00 al ofertado por el Consorcio Adjudicatario.

• Sostiene que su oferta obtendría un puntaje superior al asignado al Consorcio

Adjudicatario, por lo que solicita que se le otorgue la buena pro o, subordinadamente, que el comité proceda con su calificación y evaluación. Respecto de la oferta del Consorcio Adjudicatario

• Advierte presuntas irregularidades en la subsanación de la oferta del Consorcio

Adjudicatario, señalando que, durante la sesión del 22 de setiembre de 2026, el comité observó su Anexo Nº 1 y la promesa de consorcio, disponiendo la suspensión de la sesión para solicitar la subsanación correspondiente.

• Refiere que, en la sesión del 6 de octubre de 2026, el comité señaló que el

Consorcio Adjudicatario había cumplido con subsanar las observaciones formuladas. Sin embargo, advierte que, en el cuadro de admisión, el Anexo Nº 1 continuaba figurando como observado, mientras que únicamente la promesa de consorcio aparecía como subsanada.

• Sostiene que la solicitud de subsanación y los documentos presentados por el

Consorcio Adjudicatario no fueron publicados en el SEACE, lo que le habría impedido verificar su contenido y oportunidad de presentación, situación que, a su criterio, vulneraría los principios de publicidad y transparencia previstos en la Ley.

• En ese sentido, solicita que se verifique la documentación presentada por el

Consorcio Adjudicatario para subsanar las observaciones formuladas por el comité, reservándose el derecho de pronunciarse sobre su contenido una vez que tenga acceso a dicha documentación.

• Con decreto del 22 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante y se convocó a audiencia pública para el 28 de octubre de 2026 a las 15:00 horas. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos al Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, en el plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlo. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Quinta Sala del Tribunal, siendo recibido en la misma fecha por el vocal ponente.

• Mediante escrito correlativo presentado el 26 de octubre de 2026 en la Mesa de

Partes del Tribunal, el Impugnante apersonó a su representaste para hacer uso de la palabra en audiencia pública.

• A través de Carta Nº 208-2026-530-LAUB-EPS-TACNA S.A presentada el 26 de

octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad apersonó a su representaste para hacer uso de la palabra en audiencia pública.

• Con Informe Nº 151-2026-530-LAUB-EPS TACNA S.A., presentado el 28 de octubre

de 2026 a través de la ficha del procedimiento de selección del SEACE, la Entidad se pronunció sobre el recurso de apelación, manifestando principalmente lo siguiente:

Respecto de la no admisión de la oferta del Impugnante

• La absolución de la consulta Nº 20 estuvo referida exclusivamente a la condición

comercial del postor, precisándose que no era obligatorio ostentar la calidad de representante, distribuidor o concesionario autorizado de la marca para participar en el procedimiento de selección. Sin embargo, dicha absolución no modificó las exigencias documentales previstas en las bases integradas para acreditar las características técnicas del bien ofertado.

• Sostiene que el literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección

Específica de las bases integradas exigía presentar fichas, autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos, manuales o documentos similares emitidos por el fabricante o distribuidor autorizado en el país, debiendo adjuntarse, en este último supuesto, una carta del fabricante o de la marca que acreditara dicha condición.

• La documentación técnica podía ser emitida directamente por el fabricante o

por un distribuidor autorizado en el país. En este último caso, resultaba indispensable acreditar documentalmente dicha condición, a efectos de otorgar validez a la información técnica presentada para sustentar el cumplimiento de las especificaciones exigidas.

• El Impugnante presentó un instructivo técnico de elaboración propia, en el cual

declaró ostentar la condición de representante oficial de la marca SINOTRUK en el Perú, sin adjuntar documentación emitida por el fabricante o titular de la marca que acreditara dicha representación.

• Sostiene que la declaración unilateral del Impugnante no resulta suficiente para

acreditar las características técnicas exigidas, pues las bases integradas establecieron expresamente la presentación de documentación emitida por el fabricante o distribuidor autorizado. Por tanto, considera que no corresponde aplicar el principio de presunción de veracidad para sustituir una exigencia documental expresamente prevista en las bases.

• Asimismo, señala que las declaraciones juradas presentadas en los folios 32 y

33 de la oferta no constituyen manuales, catálogos, folletos o fichas técnicas emitidas por el fabricante o distribuidor acreditado, mientras que el instructivo técnico presentado en el folio 34 carece de documentación que acredite la condición de representante o distribuidor autorizado invocada por el Impugnante.

• Añade que la omisión advertida constituye un incumplimiento sustancial de los

requisitos de admisión, que no resulta susceptible de subsanación conforme al

artículo 78 del Reglamento, toda vez que permitir la presentación posterior de

documentación técnica implicaría integrar o modificar el contenido esencial de la oferta.

• En consecuencia, sostiene que la decisión del comité de declarar no admitida

la oferta del Impugnante se encuentra conforme a las bases integradas y a la normativa de contratación pública. Respecto de la subsanación de la oferta del Consorcio Adjudicatario

• En relación con las observaciones formuladas por el Impugnante sobre la

subsanación de la oferta del Consorcio Adjudicatario, señala que las actuaciones correspondientes se realizaron conforme a la Directiva Nº 007- 2025-OECE-CD, aprobada mediante Resolución Nº 055-2025-OSCE-PRE, que regula el registro de las solicitudes y documentos de subsanación a través del

SEACE.

• Al respecto, manifiesta que, de la verificación efectuada en dicha plataforma,

se constató la existencia de una solicitud de subsanación dirigida al Consorcio Adjudicatario, así como el registro de su atención dentro del plazo otorgado.

• Precisa que, de la revisión de los documentos presentados por el Consorcio

Adjudicatario, se verificó la subsanación del Anexo Nº 1 y la legalización de las firmas de la promesa de consorcio, por lo que considera correcta la decisión del comité de tener por subsanadas las observaciones formuladas.

• En cuanto a la aparente inconsistencia del acta de admisión, reconoce que el

Anexo Nº 1 continuaba figurando como observado, pese a haberse admitido la oferta del Consorcio Adjudicatario. No obstante, atribuye dicha situación a un error de digitación en la elaboración del acta, precisando que la documentación presentada permite verificar que la observación fue subsanada.

• Por tanto, concluye que la subsanación de la oferta del Consorcio Adjudicatario

se realizó válidamente y que corresponde mantener la decisión del comité de admitir su oferta y otorgarle la buena pro del procedimiento de selección.

• El 28 de octubre de 2026 se llevó a cabo la audiencia pública con la par<cipación

del impugnante y la En<dad.

• Con decreto del 28 de octubre de 2026 este Colegiado requirió lo siguiente:

“A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE Y AL TERCERO ADMINISTRADO:

Cabe mencionar que, en virtud del recurso de apelación interpuesto en el marco del procedimiento de selección y, de la revisión de los antecedentes del expediente, se aprecia un posible vicio de nulidad, el cual se menciona a connuación:

• De la revisión de las bases integradas del procedimiento de selección, se advierte

que, en el literal g) del numeral 2.2.1.1 correspondiente a los documentos requeridos para la admisión de las ofertas, la Entidad estableció lo siguiente:

“Fichas, autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos, manuales o similares emitidos por el fabricante o distribuidor autorizado en el país (adjuntar carta del fabricante y/o marca donde autoriza como distribuidor autorizado de la marca), para acreditar las características mencionadas en el numeral 3.2 [...]”. Cabe señalar que las bases estándar aplicables al procedimiento de selección permiten que las entidades requieran documentación adicional a la Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, con la finalidad de acreditar determinadas características técnicas y/o requisitos funcionales del bien ofertado, debiendo precisar expresamente cuáles serán acreditados mediante dicha documentación. Sin embargo, se advierte que la Entidad habría incorporado una exigencia documental adicional, consistente en presentar una carta del fabricante y/o de la marca que acredite la condición de distribuidor autorizado de quien emite la documentación técnica. En ese sentido, si bien las bases estándar permiten requerir documentación destinada a acreditar las características técnicas del bien ofertado, no contemplan, en dicho apartado, la exigencia de documentos destinados a acreditar la condición del emisor de la documentación técnica, como ocurre con la referida carta del fabricante.

• En tal sentido, dicha exigencia documental podría exceder los alcances previstos en

las bases estándar, lo que supondría una trasgresión del numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, conforme al cual, las bases estándar aprobadas mediante Directiva por la Dirección General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas son de uso obligatorio por parte de los evaluadores. Asimismo, dicha disposición podría contravenir los principios de legalidad y libertad de concurrencia, previstos en los literales a) y h) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. En virtud del primero, las partes involucradas en el proceso de contratación deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la Ley y el derecho, dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo con los fines conferidos; mientras que, conforme al segundo, las entidades contratantes deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procedimientos de contratación, evitando exigencias y formalidades innecesarias

• Teniendo en cuenta lo señalado y en atención a lo dispuesto en el numeral 313.2 del

artículo 313 de dicho Reglamento, se corre traslado a las partes para que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, se pronuncien respecto si lo descrito configura vicios que justifiquen declarar la nulidad del procedimiento de selección, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos”.

• Mediante decreto del 5 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver, de conformidad con lo establecido en el literal g) del numeral 311.1 del arMculo 311 y en el numeral 313.2 del arMculo 313 del Reglamento.

• A través de escrito presentado el 6 de noviembre de 2026, el Impugnante absolvió

traslado sobre el posible vicio de nulidad, señalando principalmente lo siguiente:

• Manifiesta su conformidad con el posible vicio de nulidad adver<do por el

Tribunal, referido a la exigencia de presentar una carta del fabricante o de la marca que acredite la condición de distribuidor autorizado, prevista en el literal g) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas. Sos<ene que dicha exigencia no acredita ninguna caracterís<ca técnica del bien ofertado, sino una condición comercial del postor, por lo que contravendría el numeral 55.3 del arMculo 55 del Reglamento y los principios de legalidad y libertad de concurrencia.

• Dicha exigencia mo<vó la no admisión de su oferta, pues el comité cues<onó

la falta de un documento que acreditara su relación comercial con la marca SINOTRUK, pese a que había presentado documentación técnica del bien ofertado. Al respecto, invoca la Resolución Nº 07241-2026-TCP-S2, en la cual, según refiere, el Tribunal declaró la nulidad de un procedimiento de selección por la exigencia de una carta de representación de la marca.

• Reitera que, mediante la absolución de la consulta Nº 20, el comité precisó

que las bases no exigían que los postores ostentaran la condición de representantes, distribuidores o concesionarios autorizados de la marca. En ese sen<do, sos<ene que debía prevalecer lo establecido en el pliego de absolución de consultas y observaciones, conforme al numeral 66.6 del arMculo 66 del Reglamento.

• Asimismo, advierte que el literal g) del numeral 2.2.1.1 de las bases

integradas exige acreditar, mediante documentación técnica, las caracterís<cas previstas en el numeral 3.2 del requerimiento, sin iden<ficar cuáles de ellas deben sustentarse documentalmente. Considera que dicha remisión general contraviene las bases estándar, al generar incer<dumbre respecto de la documentación exigible para la admisión de las ofertas. En sustento de su posición, cita la Resolución Nº 01120-2026-TCP-S2.

• Señala que, al absolver diversas consultas y observaciones, el comité dispuso

trasladar la presentación del cer<ficado de ensayo por líquidos penetrantes, el cer<ficado de medición por ultrasonido y los planos de fabricación a las etapas de suscripción del contrato y/o entrega y recepción del bien. Sin embargo, dichos documentos permanecieron como requisitos de admisión en los literales h), i) y k) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas, lo que evidenciaría una falta de concordancia entre estas y el pliego de absolución.

• Añade que el factor de evaluación «Mejoras a las especificaciones técnicas»,

previsto en el Capítulo IV de las bases integradas, también exige la presentación de la carta del fabricante o de la marca para acreditar la mejora ofertada. A su criterio, dicha exigencia reproduce el vicio adver<do en los requisitos de admisión, al condicionar la asignación del puntaje a la acreditación de una relación comercial con el fabricante.

• Asimismo, sos<ene que existe contradicción entre la absolución de la

consulta Nº 20, mediante la cual se indicó que no resultaba exigible ostentar la condición de representante o distribuidor autorizado, y la absolución de la observación Nº 59, en la que se señaló que la acreditación de la relación comercial con la marca se encontraba prevista entre los requisitos de admisión. Considera que dicha contradicción afecta la claridad de las reglas del procedimiento de selección.

• Respecto de la oferta del Consorcio Adjudicatario, reitera que la solicitud de

subsanación y los documentos presentados para atenderla no fueron publicados oportunamente en el SEACE. Precisa que la En<dad reconoció la existencia de un error en el acta de admisión y que recién con su informe puso a disposición la documentación correspondiente, por lo que solicita que dicha actuación sea puesta en conocimiento del Titular de la En<dad.

• En atención a lo expuesto, sos<ene que los vicios adver<dos no serían

suscep<bles de conservación, al afectar las reglas de admisión y evaluación de las ofertas. Por ello, si bien reitera que su oferta debió ser admi<da y que le correspondería obtener la buena pro, manifiesta que, de considerarse inviable un pronunciamiento sobre el fondo, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, a fin de corregir las deficiencias iden<ficadas.

• Finalmente, solicita que, de declararse la nulidad del procedimiento de

selección sin pronunciamiento sobre el fondo del recurso de apelación, se disponga la devolución de la garanMa presentada para su interposición, conforme al literal b) del numeral 315.3 del arMculo 315 del Reglamento.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el

Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El numeral 72.1 del arMculo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la En<dad contratante y los par<cipantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administra<va se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respec<vamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legi<midad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la norma<va para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sen<do, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es per<nente remi<rnos a las causales de improcedencia previstas en el arMculo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple

(SÍ/NO)

Competencia por cuan=a (Art. 308. a) El Tribunal es competente (Valor superior a 50 UIT)1. Licitación pública para bienes, con una cuanMa de S/ 699,500.00 Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2. Contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro. Sí 3 Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3. La no<ficación del acto impugnado fue el 6.10.2026, venciendo el plazo de 8 días hábiles el 19.10.2026. El recurso de apelación se presentó el 19.10.2026 Sí Iden@ficación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente. El recurso es suscrito por el señor Jorge Antonio Dueñas Santana, en calidad de gerente general del Impugnante. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cues<onar su propia no admisión/descalificación. El impugnante cues<ona su no admisión. Si Legi@midad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro. buena pro; su oferta fue no admi<da. Sí Conexión lógica y pe@torio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el pe<torio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legi<midad procesal. Sí <ene interés y legi<midad para cues<onar la no admisión de su oferta. Los cues<onamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario dependen que revierta su condición de no admi<do. Sí

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el arMculo 308 del Reglamento, sin que se hubiera 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

adver<do la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:
• El impugnante ha solicitado a este Tribunal que:
• Se revoque la decisión del comité de no admi<r su oferta y, en consecuencia, se

la tenga por admi<da.

• Se declare no admi<da la oferta del Consorcio Adjudicatario y se revoque el

otorgamiento de la buena pro a su favor.

• Se declare calificada su oferta y, en consecuencia, se le otorgue la buena pro del

procedimiento de selección.

• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

pe<torio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controver<dos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del arMculo 311 y en el literal c) del arMculo 312 del Reglamento, que indica que la determinación de los puntos controver<dos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que con<ene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 311.1 del arMculo 311 del Reglamento, los postores dis<ntos al impugnante que pudieran verse afectados deben absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a par<r del día hábil siguiente de haber sido no<ficados con el respec<vo recurso a través del SEACE. Por su parte, el literal g) del arMculo del numeral 311.1 del arMculo 311 del Reglamento establece que al día siguiente de recibida la información adicional, de realizada la audiencia pública o de vencido el plazo otorgado para remi<r la información solicitada, se declara el expediente listo para resolver. Al respecto, se dispone que los escritos recibidos con posterioridad a la declaración del expedito no se consideran para fundamentar la resolución que expida el TCP, salvo decisión debidamente mo<vada de la sala.

Cabe señalar que lo antes citado <ene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garan<ce el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cues<onamientos dis<ntos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En ese contexto, según los antecedentes se observa lo siguiente: Publicación de la admisión del recurso y plazo para absolverlo. ¿El Adjudicatario absolvió el recurso dentro del plazo? ¿Otros postores absolvieron el recurso dentro del plazo? Decreto de listo para resolver plazo de 3 días hábiles venció el 27 de octubre del mismo año No No El 5 de noviembre de 2026. En consecuencia, considerando que el Consorcio Adjudicatario y los demás postores no presentaron escritos de absolución del traslado del recurso de apelación dentro del plazo legal establecido, la fijación de los puntos controver<dos se efectuará únicamente sobre la base de los cues<onamientos formulados por el Impugnante en su recurso de apelación; además, solo se consideran los escritos presentados hasta antes del decreto de listo para resolver, conforme a las disposiciones norma<vas previamente citadas. En el marco de lo indicado, los puntos controver<dos a esclarecer consisten en determinar:

• Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del

Impugnante y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro.

• Determinar si corresponde no admitir la oferta del Consorcio

Adjudicatario.

• Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de

selección al Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento; por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso e igualdad de trato, recogidos en el

artículo 5 de la Ley.

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Cuestión previa: sobre el posible vicio de nulidad identificado en las bases del procedimiento vinculados con el primer punto controvertido.

• Previamente al análisis de los puntos controver<dos, este Tribunal es<ma

necesario pronunciarse sobre el posible vicio de nulidad adver<do en las bases integradas del procedimiento de selección, relacionados con el primer punto controver<do, referido a la no admisión del Impugnante por no adjuntar carta de fabricante o marca que lo acredite como distribuidor autorizado, tal como se advierte a con<nuación:

• Al respecto, de la revisión del literal g) del numeral 2.2.1.1 de los documentos de

presentación obligatoria de la sección especifica de las bases integradas del procedimiento de selección, se solicita lo siguiente: (…)

• Ahora bien, de la revisión del «Acta de apertura de ofertas electrónicas, admisión,

calificación, evaluación y otorgamiento de buena pro», se verifica que el comité declaró no admi<da la oferta del Impugnante por considerar que la documentación presentada a folios 32 y 33 consisMa en declaraciones juradas emi<das por el propio postor, mientras que el instruc<vo técnico obrante a folio 34 no se encontraba acompañado de la carta del fabricante o de la marca que acreditara su condición de representante o distribuidor autorizado de SINOTRUK, conforme a la exigencia prevista en el literal g) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas.

• En ese contexto, este Colegiado advir<ó que el literal g) del numeral 2.2.1.1 de las

bases integradas incorporó, como requisito de admisión, la presentación de una carta del fabricante o de la marca des<nada a acreditar la condición de distribuidor autorizado de quien emite la documentación técnica. Dicha exigencia no se encuentra orientada a acreditar una caracterís<ca técnica o requisito funcional del bien ofertado, sino la condición comercial del emisor de la documentación, supuesto que no se encuentra contemplado entre las exigencias documentales adicionales permi<das por las bases estándar.

• En atención a ello, se corrió traslado a la En<dad y a las partes del procedimiento

para que emi<eran pronunciamiento sobre el posible vicio de nulidad adver<do, relacionado con la contravención del numeral 55.3 del arMculo 55 del Reglamento y de los principios de legalidad y libertad de concurrencia, previstos en los literales

• y h) del numeral 5.1 del arMculo 5 de la Ley N° 32069, conforme a lo establecido

en el numeral 313.2 del arMculo 313 del Reglamento.

• Mediante escrito presentado el 6 de noviembre de 2026, de manera

extemporánea el Impugnante absolvió el traslado, manifestando su conformidad con el vicio adver<do por el Tribunal, alegando asimismo la existencia de otros posibles vicios en las bases integradas. Por otro lado, la En<dad no absolvió el traslado del posible vicio de nulidad.

• En este estado, cabe precisar que las bases estándar aplicables al procedimiento

de selección permiten que las en<dades contratantes requieran documentación adicional a la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas, con la finalidad de acreditar determinadas caracterís<cas técnicas y/o requisitos funcionales del bien ofertado, debiendo iden<ficar expresamente cuáles serán acreditados mediante dicha documentación. Por tanto, dicha facultad se encuentra circunscrita a la verificación de las condiciones técnicas de los bienes objeto de contratación, sin que ello habilite a incorporar exigencias documentales adicionales a dicha finalidad.

Conforme se advierte a con<nuación: (…) Sin embargo, de la revisión del literal g) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas, se advierte que la En<dad exigió, además de la documentación técnica correspondiente, la presentación de una carta del fabricante o de la marca que acreditara la condición de distribuidor autorizado de quien la emite. Al respecto, dicho documento no <ene por objeto demostrar una caracterís<ca técnica o requisito funcional del vehículo ofertado, sino acreditar la existencia de una relación comercial o autorización otorgada por el fabricante. En consecuencia, la exigencia cues@onada excede los alcances de la documentación adicional permi@da por las bases estándar, al incorporar un requisito de admisión que no se encuentra orientado a verificar las caracterís<cas del bien objeto de contratación. Esta situación adquiere especial relevancia en el presente caso, toda vez que, conforme se desprende del acta de admisión de ofertas, la falta de presentación de la referida carta cons@tuyó uno de los fundamentos determinantes para declarar no admi@da la oferta del Impugnante. En ese sen<do, el comité consideró que las declaraciones juradas y el instruc<vo técnico presentados no resultaban suficientes para acreditar las especificaciones técnicas requeridas, debido a que el Impugnante no había adjuntado un documento emi<do por el fabricante o <tular de la marca SINOTRUK que acreditara su condición de representante o distribuidor autorizado. De este modo, se advierte que la exigencia documental cues<onada no permaneció únicamente como una disposición de las bases integradas, sino que fue aplicada efec<vamente por el comité, incidiendo directamente en la decisión de no admi<r la oferta del Impugnante. En ese sen<do, la incorporación de dicha exigencia contraviene el numeral 55.3 del arMculo 55 del Reglamento, que establece la obligatoriedad de u<lizar las bases estándar aprobadas por la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, vulnera los principios de legalidad y libertad de concurrencia, previstos en los literales a) y h) del numeral 5.1 del arMculo 5 de la Ley, al introducir una exigencia documental que excede las reglas aplicables a la acreditación de las caracterís<cas técnicas de los bienes ofertados y condiciona su admisión al cumplimiento de una formalidad no contemplada para dicho propósito. En consecuencia, la incorporación de dicha exigencia documental evidencia una deficiencia en la elaboración de las bases integradas que, además de contravenir las disposiciones de las bases estándar, tuvo incidencia efec<va en la admisión de la oferta del Impugnante.

• La irregularidad adver<da reviste carácter trascendente, toda vez que la exigencia

cues<onada formó parte de las reglas de admisión bajo las cuales los postores elaboraron sus ofertas y fue aplicada por el comité para declarar no admi<da la oferta del Impugnante. Por tanto, no se trata de una deficiencia meramente formal, sino de un vicio que incidió directamente en el desarrollo del procedimiento de selección y en la par<cipación de los postores. Nótese que la deficiencia se encuentra en la propia redacción de las bases, las cuales incluyen una exigencia proscrita por las bases estándar y la norma<va de contratación pública.

• Sobre el par<cular, el numeral 70.1 del arMculo 70 de la Ley establece los supuestos

en los cuales procede declarar la nulidad de los actos expedidos dentro del procedimiento de selección, entre ellos, cuando contravengan las normas legales o prescindan de las normas esenciales del procedimiento.

• Asimismo, en el presente caso, el vicio iden<ficado no resulta suscep<ble de

conservación, dado que se encuentra incorporado en las propias reglas del procedimiento de selección y ha producido efectos en la etapa de admisión de ofertas. En consecuencia, su corrección no puede limitarse a dejar sin efecto la decisión de no admi<r la oferta del Impugnante, pues lo cierto es que, efec<vamente, las bases contemplan la exigencia de presentar carta del fabricante o de la marca que acreditara la condición de representante o distribuidor autorizado cuando los documentos técnicos sean emi<dos por el distribuidor autorizado.

• Por consiguiente, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de

selección y retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, a fin de que la En<dad adecúe los requisitos de admisión a las disposiciones de las bases estándar y a la norma<va de contratación pública aplicable.

• En ese sentido, el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento

establece que, cuando el Tribunal verifique alguno de los supuestos previstos en el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, en virtud del recurso interpuesto o de oficio, y no sea posible la conservación del acto, declara la nulidad de los actos que correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la cual se retrotrae la fase de selección.

• Por lo expuesto, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido

en el arMculo 70 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del arMculo 313 del Reglamento, así como con la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del arMculo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administra<vo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección. En consecuencia, corresponde retrotraer el procedimiento de selección a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, a fin de que la En<dad adecúe los requisitos de admisión a las disposiciones de las bases estándar aplicables, suprimiendo la exigencia de presentar una carta del fabricante o de la marca des<nada a acreditar la condición de distribuidor autorizado de quien emite la documentación técnica, por tratarse de un requisito que excede los alcances permi<dos para acreditar las caracterís<cas técnicas de los bienes ofertados. Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que el Impugnante, al absolver el traslado del posible vicio de nulidad, ha señalado la existencia de otras presuntas irregularidades, por lo que corresponde disponer que, con ocasión de la reformulación de las bases, la En<dad revise integralmente las exigencias documentales y los factores de evaluación cues<onados, verificando su concordancia con las bases estándar, el pliego de absolución de consultas y observaciones y la norma<va aplicable, a fin de corregir, de corresponder, las deficiencias adver<das y garan<zar que las reglas del procedimiento de selección sean claras, obje<vas y no establezcan restricciones injus<ficadas a la par<cipación de proveedores.

• Asimismo, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los puntos

controvertidos, en la medida que se procederá con la declaratoria de la nulidad del procedimiento de selección.

• De otro lado, en atención a lo dispuesto en el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO

de la LPAG, corresponde comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad, a fin de que conozca de los vicios advertidos y realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones.

• Finalmente, atendiendo a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto

declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución total de la garantía otorgada por el Impugnante por la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Christian César Chocano Davis, y la intervención de los vocales Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez y César Arturo Sánchez Caminiti, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026- OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF publicado el 12 de abril de 20225 en el Diario Oficial “El Peruano”, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la nulidad de oficio de la Licitación Pública para Bienes Nº 001-2026-CS-

EPS TACNA S.A, para la “Adquisición de camión cisterna para la División de Mantenimiento de la EPS Tacna S.A. – Programa MIO»; debiendo retrotraerse a la etapa de convocatoria, para lo cual se deberán aplicar los lineamientos establecidos en la normativa de contratación pública y en la presente resolución; por los fundamentos expuestos.

• Devolver la garantía presentada por el GATT Perú S.R.L para la interposición de su

recurso de apelación.

• Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad para la

adopción de las acciones que resulten pertinentes.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE4.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ

CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ANNIE ELIZABETH PÉREZ

GUTIÉRREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Chocano Davis. Pérez Gutiérrez. Sánchez Caminiti. 4 “n) Registro de la resolución que resolvió el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección”.