Resolución N.° 9759-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) este Colegiado advierte que el referido Registro Sanitario, no constituye una autorización que habilite al postor para desarrollar la actividad económica objeto de la convocatoria, consistente en la adquisición de lácteos, embutidos, abarrotes y afines; pues, según se desprende de la normativa glosada, dicho documento se encuentra vinculado con la autorización para fabricar o importar y comercializar determinados productos alimenticios en el país, mas no con la habilitación del proveedor para efectuar el suministro de dichos bienes. (...)” Lima, 12 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 12 de noviembre de 2026 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 7781/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor COMERCIAL VELA CATALÁN E.I.R.L., en el marco de los ítems N° 1 y N° 2 de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 17 2026-JUS/PRONACEJ-1 – Primera Convocatoria, convocada por el Programa Nacional de Centros Juveniles; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, el 18

de setiembre de 2026, el Programa Nacional de Centros Juveniles, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 17 2026- JUS/PRONACEJ-1 – Primera Convocatoria, por relación de ítems, para la “Adquisición para el suministro de lácteos, embutidos, abarrotes y afines sin ficha técnica por el plazo de 730 días calendario para el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Pucallpa”, con una cuantía de contratación ascendente a S/ 284,030.40 (doscientos ochenta y cuatro mil treinta con 40/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. Entre los ítems convocados, se encuentran los siguientes: Ítem N° 1 “Lácteos y embutidos”, cuya cuantía de contratación ascendió a S/ 194,980.80 (ciento noventa y cuatro mil novecientos ochenta con 80/100 soles).

Ítem N° 2 “Abarrotes y afines”, cuya cuantía de contratación ascendió a S/ 89,049.60 (ochenta y nueve mil cuarenta y nueve con 60/100 soles). El referido procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento. De acuerdo con el respectivo cronograma, el 1 de octubre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas (por vía electrónica); y, el 16 del mismo mes y año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro de los ítems N° 1 y N° 2 del procedimiento de selección a favor del postor INVERSIONES GENERALES MASEBMA E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: Según el “Acta de otorgamiento de la buena pro”, registrada en el SEACE el 16 de octubre de 2026, el comité declaró no admitida la oferta del postor COMERCIAL VELA CATALÁN E.I.R.L., conforme a los argumentos que se exponen:

ÍTEMS POSTOR

ETAPAS RESULTADO

ADMISIÓN CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

BUENA PRO

TÉCNICA OFERTA ECONÓMICA S/ PUNTAJE

TOTAL OP.

INVERSIONES

GENERALES MASEBMA

E.I.R.L.

ADMITIDO CALIFICADO 55 202,080.00 40 99.75 1 SÍ

COMERCIAL VELA

CATALÁN E.I.R.L.

NO

INVERSIONES

GENERALES MASEBMA

E.I.R.L.

ADMITIDO CALIFICADO 55 78,668.00 40 99.75 1 SÍ

COMERCIAL VELA

CATALÁN E.I.R.L.

NO

• Mediante el Escrito N° 1-2026 presentado el 21 de octubre de 2026 ante la Mesa

de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el postor COMERCIAL VELA CATALÁN E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación, respecto de los ítems N° 1 y N° 2 del procedimiento de selección, solicitando se revoque la no admisión de su oferta, se revoque la calificación de la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma a su favor, conforme a los argumentos que se exponen: Respecto de la no admisión de su oferta

• Señala que, mediante las Cartas N° 000001 y N° 000002-2026-

PRONACEJ/COM-LPA-17, ambas del 6 de octubre de 2026, el comité le requirió subsanar la omisión del monto de la oferta expresado en letras en los Anexos N° 6 – “Precio de la Oferta”, correspondientes a los ítems N° 1 y N° 2; requerimiento que, según refiere, fue atendido el 7 de octubre de 2026 mediante la presentación de la documentación respectiva, sin modificar los de su oferta económica ya presentada.

• Sin embargo, sostiene que el comité dispuso la no admisión de sus ofertas en

ambos ítems, al considerar que los Anexos N° 6 presentados durante la etapa de subsanación contenían firmas pegadas o escaneadas; decisión que, a su criterio, carece de sustento, toda vez que se basó únicamente en una apreciación visual, sin contar con elementos periciales o grafotécnicos que permitieran corroborar dicha conclusión.

• A efectos de sustentar su posición, invoca las Resoluciones N° 6848-2025-

TCP-S5 y N° 5536-2025-TCP-S1, señalando que, conforme a dichos pronunciamientos, la sola apreciación visual de una presunta firma pegada no constituye un elemento suficiente para desestimar una oferta válida. Cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario Respecto del ítem N° 1

• Señala que, conforme al numeral 4 de las especificaciones técnicas (folio 32)

y al numeral 3.5.1.A referido a la capacidad legal (folio 43) de las bases integradas, se exigió que la mermelada cumpliera con la siguiente característica: “Sabores: piña, naranja y/o fresa. Calidad: según Registro Sanitario”.

• Al respecto, sostiene que dicha disposición exige obligatoriamente acreditar

el sabor piña, mientras que permite optar entre los sabores naranja y/o fresa, por lo que considera que los postores debían presentar, como mínimo, el Registro Sanitario correspondiente al sabor piña y a uno de los otros dos sabores.

• En el presente caso, sostiene que en los folios 77 y 78 de su oferta el

Adjudicatario presentó únicamente el Registro Sanitario correspondiente a la mermelada de fresa, omitiendo los registros sanitarios correspondientes a los sabores piña (obligatorio) y naranja, por lo que considera que dicho postor incumplió las exigencias establecidas en las bases integradas. Respecto del ítem N° 2

• Señala que el numeral 4 de las especificaciones técnicas (folio 36) y el

numeral 3.5.1.A referida a la capacidad legal (43) de las bases integradas exigían que el sazonador de guiso cumpliera con las siguientes características: “Tipo: sazonador sabor a carne y a pollo. calidad: registro sanitario y fecha vencim. (…) presentación: envase sellado de cartón x 24 a 25 cubitos”.

• Al respecto, sostiene que la conjunción “y” utilizada en las bases integradas

determina que los postores debían acreditar Registros Sanitarios vigentes tanto para el sabor carne como para el sabor pollo, sin que resultara suficiente presentar únicamente una de dichas variedades.

• Sin embargo, señala que en los folios 117 y 118 de su oferta, el Adjudicatario

presentó el Registro Sanitario DIGESA N° D2006824N, correspondiente a Nestlé Perú S.A., marca Maggi, en el cual se autoriza únicamente el producto denominado “Mezcla deshidratada sabor gallina”, cuya denominación comercial es “Cubo sabor gallina”, sin acreditar los registros sanitarios correspondientes a los sabores carne y pollo exigidos en las bases integradas.

• Asimismo, sostiene que, conforme al Reglamento sobre Vigilancia y Control

Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA, los productos con sabor a gallina y a pollo presentan diferencias en su denominación comercial, composición e inscripción sanitaria ante la DIGESA, por lo que considera que el registro sanitario correspondiente al sabor gallina no permite acreditar el sabor pollo requerido.

• En atención a los argumentos expuestos, solicita se revoque la admisión de

la oferta del Adjudicatario en los ítems N° 1 y N° 2 del procedimiento de selección.

• Por medio del Decreto del 22 de octubre de 2026, notificado a través del Toma

Razón Electrónico del SEACE en la misma fecha, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles absuelvan el mismo. Del mismo modo, se programó audiencia pública para el 28 de octubre de 2026, precisándose que la misma se realizaría a través de la plataforma Google Meet.

Finalmente, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la información y resuelva el caso dentro del plazo legal, siendo recibido por el vocal ponente el 22 de octubre de 2026.

• El 27 de octubre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Informe Legal N°

000316-2026-PRONACEJ/UAJ y el Informe N° 002996-2026-PRONACEJ/UA03-SA; a través de los cuales absolvió el traslado de los fundamentos del recurso de apelación, conforme al siguiente detalle: Respecto de la no admisión de las ofertas del Impugnante

• Señala que, en atención a los requerimientos de subsanación formulados

mediante las Cartas N° 000001-2026-PRONACEJ/COM-LPA-17 (ítem N° 1) y N° 000002-2026-PRONACEJ/COM-LPA-17 (ítem N° 2), el Impugnante presentó los documentos correspondientes, consignando los montos de sus ofertas en números y letras; no obstante, refiere que el comité advirtió que las firmas contenidas en dichos documentos eran imágenes pegadas, por lo que, considerando el carácter preclusivo de la subsanación de ofertas, concluyó que no correspondía otorgar una nueva oportunidad para subsanar dicha observación y, en consecuencia, dispuso la no admisión de las ofertas del Impugnante. Respecto de los cuestionamientos efectuados a la oferta del Adjudicatario Respecto del ítem N° 1

• Señala que el Registro Sanitario N° 04350-2026 correspondiente a

mermelada sabor fresa presentado por el Adjudicatario, no resultaría suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las bases integradas, por lo que concluye que corresponde revocar la calificación de la oferta del mencionado postor en ítem N° 1. Respecto del ítem N° 2

• Asimismo, señala que el Registro Sanitario N° D2006824N correspondiente al

producto “Mezcla deshidratada sabor gallina”, cuya denominación comercial es “Cubo sabor gallina”, tampoco cumple con las exigencias establecidas en las bases integradas, toda vez que estas requerían un sazonador sabor a pollo; por lo que concluye que corresponde revocar la calificación de la oferta del Adjudicatario en el ítem N° 2.

• Mediante la Carta N° 035-2026-IGM-MRR presentada el 28 de octubre de 2026 en

la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y acreditó a su representante para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Por medio del Decreto del 28 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al

presente procedimiento al Adjudicatario en calidad de tercero administrado y acreditado a su representante designado.

• El 28 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación del representante designado por el Adjudicatario, dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad.

• Con Decreto del 28 de octubre de 2026, se solicitó al Impugnante, al Adjudicatario

y a la Entidad pronunciarse respecto a posibles vicios de nulidad en los ítems N° 1 y N° 2 del procedimiento de selección, en los siguientes términos: “(…) De la revisión a los documentos que obran en el SEACE, se advierte que existirían posibles vicios de nulidad conforme al siguiente detalle:

• Al respecto, en el literal A “Capacidad Legal” del numeral 3.5.1 “Requisitos de calificación

obligatorios” del Capítulo III de la sección específica de las bases estándar aplicables a la licitación pública abreviada para bienes, respectos de los ítems N° 1 y N° 2, se dispone lo siguiente:

De lo anterior, se desprende que la habilitación de un postor está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad económica materia de contratación.

• De otro lado, de la revisión del literal A “Capacidad Legal” del numeral 3.5.1 “Requisitos de

calificación obligatorios” del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se advierte que la Entidad, respecto de los ítems N° 1 y N° 2, solicitó la siguiente documentación:

• Como se aprecia, respecto del requisito de calificación referido a la “Capacidad legal”, la

Entidad exigió —para los ítems N° 1 y N° 2—, la presentación de una copia simple del Registro Sanitario vigente expedido por la DIGESA, precisándose que, para el ítem N° 2, podía presentarse alternativamente el Certificado de Autorización Sanitaria de Establecimiento vigente otorgado por el SENASA. Asimismo, para ambos ítems, se exigió la presentación de una copia simple del Certificado de Saneamiento Ambiental, emitido por una empresa registrada ante el Ministerio de Salud o la Dirección Regional de Salud de la jurisdicción del postor. Sin embargo, se advierte que dichos documentos que no constituirían requisitos de habilitación, conforme a lo establecido en las bases estándar aplicables y en el literal a) del numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas; por cuanto no permitirían acreditar que el postor se encuentre habilitado para comercializar la actividad económica objeto del procedimiento de selección, sino que, estarían orientados principalmente a acreditar las condiciones sanitarias de los bienes y establecimientos.

• En tal sentido, los hechos expuestos, revelarían que las bases integradas contravendrían las

bases estándar aplicables; lo cual, vulneraría lo establecido en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento de la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en virtud del cual las bases estándar son de uso obligatorio por los evaluadores al elaborar las bases del procedimiento de selección. Asimismo, se habría vulnerado el literal a) del numeral 72.3 del artículo 72 del citado Reglamento, así como los principios de transparencia y facilidad de uso y el de competencia previstos en los literales i) y j) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley 32069. Cabe precisar que, lo expuesto de manera precedente tendría incidencia en la controversia que es materia del presente recurso de apelación (…)”.

• Con Escrito N° 2 presentado el 29 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes Digital

del Tribunal, el Impugnante absolvió el traslado de presuntos vicios de nulidad, señalando, principalmente, que el supuesto vicio advertido por el Tribunal no resulta trascedente, toda vez que se encontraría referida únicamente a una exigencia formal incorporada como requisito de calificación, sin afectar la legalidad del procedimiento de selección. Asimismo, sostuvo que dicha exigencia no habría generado ambigüedad ni restringido la libertad de concurrencia de los postores, pues su representada presentó los registros sanitarios requeridos. Sin perjuicio de lo anterior, solicita que se aplique el principio de conservación del acto administrativo.

• Mediante el Oficio N° 000208-2026-PRONACEJ/UA presentado el 4 de noviembre

de 2026 en la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico N° 28-2026-PRONACEJ-SA-EMVR y el Informe N° 003086-2026- PRONACEJ/UA03-SA; a través de los cuales absolvió el traslado de los fundamentos del recurso de apelación, señalando, principalmente, que se habría incurrido en un error material al exigir, como parte del requisito de calificación referido a la capacidad legal, la presentación del Certificado de Autorización Sanitaria de Establecimiento vigente, el Registro Sanitario y el Certificado de Saneamiento Ambiental.

• Por medio del Decreto del 5 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo

para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, en el marco de los ítems N° 1 y N° 2 del procedimiento de selección convocado estando en vigencia la Ley y el Reglamento; por tanto, tales normas son aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple

(SÍ/NO)

1 Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (Valor superior a 50 UIT)1. Licitación pública abreviada para bienes con una cuantía total de S/ 284,030.40 (doscientos ochenta y cuatro mil treinta con 40/100 soles). Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2. El recurso de apelación se dirige contra la no admisión de la oferta Sí 1 Este requisito se aplica en observancia de lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento.

del Impugnante y la calificación de la oferta del Adjudicatario, así como el otorgamiento de la buena pro a favor de este último. Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3. La notificación del acto impugnado fue el 16.10.2026, venciendo el plazo de 5 días hábiles el 23.10.2026. El recurso de apelación fue interpuesto el 21.10.2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente. El recurso fue suscrito por la titular gerente del Impugnante, la señora Vilma Quiñones Huerta, conforme al certificado de vigencia de poder anexo al recurso. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e) y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Impugnante cuestionó la no admisión de su oferta y la calificación de la oferta del Adjudicatario; por consiguiente, el otorgamiento de la buena pro. Sí Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro. El Impugnante no fue ganador de la buena pro, toda vez que su oferta fue declarada no admitida. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. El Impugnante cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar para cuestionar la no admisión de su oferta. Sí 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

No obstante, su legitimidad para cuestionar la oferta del Adjudicatario queda supeditada a que revierta la no admisión de su oferta.

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES
• El Impugnante ha solicitado a este Tribunal, respecto de los ítems N° 1 y N° 2, lo

siguiente:

• Se revoque la no admisión de su oferta.
• Se revoque la calificación de la oferta del Adjudicatario.
• Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.
• Se otorgue la buena pro del procedimiento de selección a su favor.
• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos a los impugnantes que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles.

• Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente

procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 22 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE4, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 27 del mismo mes y año. En el presente caso, no ha ocurrido dicha situación; por lo que, a efectos de establecer los puntos controvertidos, únicamente se tomará en cuenta lo manifestado por el Impugnante en su recurso de apelación.

• En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos

a dilucidar, respecto de los ítems N° 1 y N° 2, son los siguientes: ➢ Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del Impugnante; y si, como consecuencia de ello, debe tenerse por admitida la misma y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. ➢ Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Adjudicatario; y si, como consecuencia de ello, debe tenerse por descalificada la misma. 4 De acuerdo al literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento.

➢ Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante.

• ANÁLISIS DE PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Cuestión previa vinculada con el segundo punto controvertido: Sobre el presunto vicio de nulidad advertido en el procedimiento de selección.

• De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que el Impugnante, entre otros

aspectos, cuestionó la oferta del Adjudicatario, al considerar que los Registros Sanitarios presentados para los ítems N° 1 y N° 2 del procedimiento de selección no cumplirían con las exigencias establecidas en las bases integradas, respecto del requisito de calificación referido a la capacidad legal. Dichos argumentos se encuentran desarrollados en el numeral 2 de los antecedentes.

Por su parte, la Entidad expuso sus argumentos por escrito en el numeral 4 de los

• Precisado lo anterior, cabe traer a colación lo señalado en las bases integradas del

procedimiento de selección, pues estas constituyen las reglas definitivas a las cuales se sometieron los participantes y/o postores, así como el órgano evaluador (en este caso el comité) al momento de revisar las ofertas. Así, en el literal A) del numeral 3.5.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, para efectos de acreditar el requisito de calificación referido a la capacidad legal, se solicitó lo siguiente:

Según se desprende, el postor debía presentar para los ítems N° 1 y N° 2 copia de Registros Sanitarios emitidos por la DIGESA. Asimismo, para el ítem N° 2, se estableció la posibilidad de presentarse alternativamente el Certificado de Autorización Sanitaria de Establecimiento vigente otorgado por el SENASA, conforme al artículo 33 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentarios, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2011-AG. Asimismo, se observa que, para ambos ítems, se exigió la presentación de una copia simple del Certificado de Saneamiento Ambiental, emitido por una empresa registrada ante el Ministerio de Salud o la Dirección Regional de Salud de la jurisdicción del postor.

• Llegado a este punto, cabe precisar que, para el adecuado desarrollo del

procedimiento de selección, resulta relevante que las disposiciones de las bases integradas guarden coherencia con las bases estándar aplicables al procedimiento de selección, de modo que las reglas que regulan la admisión, evaluación y calificación de las ofertas (en este caso capacidad legal), sean claras, objetivas y se encuentren debidamente vinculadas con el objeto de la contratación.

• Al respecto, resulta pertinente señalar que, conforme a lo dispuesto en el numeral

55.3 del artículo 55 del Reglamento, las bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la Dirección General de Abastecimiento (DGA), las cuales son de uso obligatorio por los evaluadores.

• Atendiendo a dicha disposición, cabe precisar que las bases estándar aplicables al

presente procedimiento de selección, respecto del requisito de calificación referido a la capacidad legal, establece lo siguiente: De lo anterior, se desprende que la habilitación de un postor está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad económica materia de contratación.

• Bajo dicho contexto, y atendiendo al cuestionamiento formulado por el

Impugnante, este Tribunal estima conveniente traer a colación el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA, el cual respecto del registro sanitario, establece lo siguiente:

“Artículo 101.- Autoridad encargada del Registro Sanitario La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud es el órgano encargado a nivel nacional de inscribir, reinscribir, modificar, suspender y cancelar el Registro Sanitario de los alimentos y bebidas y de realizar la vigilancia sanitaria de los productos sujetos a registro.

Artículo 102.- Obligatoriedad del Registro Sanitario

Sólo están sujetos a Registro Sanitario los alimentos y bebidas industrializados que se comercializan en el país. Para efectos del Registro Sanitario, se considera alimento o bebida industrializado al producto final destinado al consumo humano, obtenido por transformación física, química o biológica de insumos de origen vegetal, animal o mineral y que contiene aditivos alimentarios.

Artículo 104.- Facultades y obligaciones derivadas del Registro Sanitario

La obtención del Registro Sanitario de un producto faculta su fabricación o importación y comercialización por el titular del Registro, en las condiciones que establece el presente reglamento. El titular del Registro Sanitario es responsable por la calidad sanitaria e inocuidad del alimento o bebida que libera para su comercialización. El Registro Sanitario se otorga por producto o grupo de productos y fabricante. Se considera grupo de productos aquellos elaborados por un mismo fabricante, que tienen la misma composición cualitativa de ingredientes básicos que identifica al grupo y que comparten los mismos aditivos alimentarios”. Conforme a las disposiciones citadas, se advierte que los alimentos y bebidas industrializados que se comercializan en el país se encuentran sujetos a Registro Sanitario, el cual se otorga por producto o grupo de productos y fabricante, facultando a su titular para fabricar o importar y comercializar los productos registrados, conforme a las condiciones establecidas en la normativa sanitaria aplicable.

• A partir de lo expuesto, este Colegiado advierte que el referido Registro Sanitario,

no constituye una autorización que habilite al postor para desarrollar la actividad económica objeto de la convocatoria, consistente en la adquisición de lácteos, embutidos, abarrotes y afines; pues, según se desprende de la normativa glosada, dicho documento se encuentra vinculado con la autorización para fabricar o importar y comercializar determinados productos alimenticios en el país, mas no con la habilitación del proveedor para efectuar el suministro de dichos bienes, cuya comercialización incluso puede estar a cargo de una persona natural o jurídica distinta del titular del registro.

• Asimismo, respecto de la exigencia de presentar, para el ítem N° 2, el Certificado

de Autorización Sanitaria de Establecimiento vigente otorgado por el SENASA — alternativamente al Registro Sanitario expedido por la DIGESA señalado anteriormente—, corresponde precisar que, conforme al artículo 33 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2011-AG, dicha autorización se encuentra dirigida a los establecimientos dedicados al procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos, cuyo destino sea el consumo nacional, la exportación e importación. Sobre el particular, de la revisión del requerimiento contenido en las bases integradas no se advierte que la Entidad haya establecido que los postores deban desarrollar actividades de procesamiento primario de alimentos agropecuarios, para efectuar el suministro de los bienes objeto de la convocatoria. En tal sentido, este Colegiado advierte que, en el caso particular, la exigencia de dicho certificado como requisito de calificación referido a la capacidad legal no constituye una condición que habilite al postor para desarrollar la actividad económica objeto de la contratación, referida a la adquisición de lácteos, embutidos, abarrotes y afines; máxime si del requerimiento no se desprende una justificación que sustente su incorporación como requisito de calificación referido a la capacidad legal, conforme a la finalidad prevista para dicho requisito en las bases estándar aplicables.

• Por otro lado, aunado a lo expuesto, este Colegiado advierte que la Entidad

también exigió, para los ítems N° 1 y N° 2, como parte del requisito de calificación referido a la capacidad legal, la presentación de una copia simple del Certificado de Saneamiento Ambiental, emitido por una empresa registrada ante el Ministerio de Salud o la Dirección Regional de Salud de la jurisdicción del postor. Sin embargo, este Tribunal considera que tal exigencia tampoco constituye una autorización que habilite al postor para desarrollar la actividad económica objeto de la contratación, referida al suministro de lácteos, embutidos, abarrotes y afines, pues únicamente tiene por finalidad acreditar la realización de actividades de saneamiento ambiental, tales como desinfección, desinsectación y desratización, orientadas a garantizar las condiciones sanitarias del establecimiento correspondiente.

• Por lo tanto, a criterio de este Tribunal, lo solicitado por la Entidad para acreditar

la capacidad legal, tales como el Registro Sanitario emitidos por DIGESA, el Certificado de Autorización Sanitaria de Establecimiento vigente otorgado por el SENASA y el Certificado de Saneamiento Ambiental—, no constituyen documentos a través de los cuales se acredite que el postor se encuentre autorizado a ejercer la actividad económica del objeto de la contratación; en consecuencia, se evidencia que las bases integradas contienen disposiciones contrarias a las previstas en las bases estándar aplicables al presente procedimiento de selección.

• En ese contexto, teniendo en cuenta que este Colegiado ha advertido la existencia

de posibles vicios de nulidad, vinculados al tema en controversia, se corrió traslado a la Entidad, al Impugnante y al Adjudicatario, concediéndoles un plazo de cinco (5) días hábiles para que, de considerarlo, emitan pronunciamiento sobre una posible contravención a las bases estándar, los principios de transparencia y facilidad de uso y el de competencia previstos en los literales i) y j) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, así como al numeral 55.3 del artículo 55 y al literal a) del numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.

• Al respecto, el Impugnante presentó argumentos, los cuales se encuentran

desarrollados en el numeral 9 de los antecedentes; mientras que los argumentos de la Entidad se encuentran detallados en el numeral 10 de los antecedentes.

• Ahora bien, es importante señalar que, conforme al principio de transparencia y

facilidad de uso previsto en el literal i) del mismo numeral y artículo, las Entidades contratantes deben proporcionar reglas y criterios claros y accesibles, de manera que todas las etapas del proceso de contratación sean comprensibles para los proveedores, garantizando, además el acceso público y oportuno a la información. Además, el acceso a plataformas, sistemas, procedimientos y trámites debe ser sencillo, amigable para el usuario y oportuno, de modo que se garantice la seguridad y brinde información confiable, oficial y útil. Por su parte, el principio de competencia previsto en el literal j) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley establece que los procesos de contratación deben incluir disposiciones que aseguren condiciones de competencia efectiva y que permitan obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público subyacente en la contratación.

• Asimismo, es importante precisar que, conforme con el numeral 55.3 del artículo

55 del Reglamento, las bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la DGA, las cuales son de uso obligatorio por los evaluadores. Ello implica que su contenido no puede ser suprimido, alterado y/o modificado por las entidades contratantes, debiendo ser aplicadas en estricto cumplimiento. En el presente caso, queda claro que las bases integradas no guardan correspondencia con las bases estándar aplicables; toda vez que la Entidad exigió, para la acreditación del requisito de calificación referido a la capacidad legal, para los ítems N° 1 y N° 2, determinados documentos que, conforme a lo ya expuesto en los fundamentos precedentes, no constituyen documentos que habiliten al postor para realizar la actividad económica objeto de la convocatoria, lo que puede incidir en la libertad de concurrencia de proveedores. Nótese que lo antes advertido, también vulnera el principio de transparencia y facilidad de uso, al haberse establecido requisitos de calificación que no correspondían a la finalidad prevista para la capacidad legal del postor, afectando la claridad y objetividad de las reglas que debían regir el procedimiento de selección. Bajo dicho contexto, corresponde señalar que el argumento de la Entidad, referido a que que se habría incurrido en un error material al exigir, para el cumplimiento de la capacidad legal, la presentación del Certificado de Autorización Sanitaria de Establecimiento vigente, el Registro Sanitario y el Certificado de Saneamiento Ambiental, no puede ser amparado por este Tribunal; toda vez que la irregularidad advertida no constituye un simple error material, sino un vicio trascedente, al haberse incorporado en las bases integradas exigencias que condicionaban la calificación de las ofertas y que no correspondía establecer como requisitos de capacidad legal, conforme a lo dispuesto en las bases estándar aplicables.

• Por otro lado, respecto del argumento del Impugnante referido a que las

exigencias cuestionadas no habrían generado ambigüedad ni restringido la libertad de concurrencia, debido a que su representada presentó los registros sanitarios requeridos; este Colegiado considera que dicha alegación no resulta amparable; pues, conforme se ha desarrollado en los fundamentos precedentes, los documentos exigidos como parte del requisito de calificación referido a la capacidad legal no se ajustan a las disposiciones de las bases estándar aplicables. Por lo tanto, el hecho de que el citado postor haya cumplido con presentar los Registros Sanitarios exigidos no desvirtúa los vicios de nulidad advertidos ni permite concluir que no se haya afectado la libertad de concurrencia, pues la irregular incorporación de dichos documentos como requisitos de capacidad legal obligó necesariamente a que todo proveedor interesado en participar en el procedimiento de selección acredite exigencias que no correspondían a la capacidad legal, imponiendo condiciones innecesarias y limitando la participación de aquellos que no contaban con la documentación exigida. Además, es importante resaltar que, al haberse determinado que dichos documentos no se ajustan a las disposiciones de las bases estándar; ello impide que este Tribunal pueda emplear las bases integradas como parámetros válidos para resolver la presente controversia, por cuanto, no se cuenta con una exigencia de capacidad legal establecida conforme a dichas bases estándar que permita evaluar válidamente el segundo punto controvertido; lo que, en efecto, evidencia que los vicios advertidos inciden en la resolución del presente caso. Lo contrario implicaría emitir un pronunciamiento sustentado en exigencias que contravienen las disposiciones de las bases estándar, cuya observancia es obligatoria, así como los principios de competencia y transparencia y facilidad de uso que rigen la contratación pública.

• En consecuencia, este Tribunal concluye que se ha contravenido las bases estándar

aplicables, los principios de transparencia y facilidad de uso y el de competencia previstos en los literales i) y j) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, así como el numeral 55.3 del artículo 55 y al literal a) del numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.

• Bajo dicho contexto, cabe traer a colación el numeral 70.1 del artículo 70 de La

Ley, el cual establece que procede la nulidad del procedimiento de selección cuando haya sido expedido por un órgano incompetente, se contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. Por su parte, el literal a) numeral 70.2 de mismo artículo, dispone que el Tribunal, solo en los casos que conozca por interposición de recurso de apelación, puede declarar la nulidad debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto.

• En esa línea, en el presente caso, los vicios incurridos resultan trascendentes, toda

vez que se ha vulnerado las bases estándar aplicables, los principios de transparencia y facilidad de uso y el de competencia previstos en los literales i) y

• del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, así como el numeral 55.3 del artículo 55

y al literal a) del numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. Debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, los mismos que no son conservables toda vez que guardan relación directa con el punto controvertido referido al cuestionamiento de la oferta del Adjudicatario5. 5 Cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el inicio 2 del citado artículo, en concordancia con el artículo 14 de la LPAG, solo serán conservables cuando el vicio del acto administrativo, por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente (negrita agregada).

En consecuencia, en el presente caso, no se verifica que exista la posibilidad de conservar el acto viciado, hecho que determina que este Tribunal no pueda convalidar los actos emitidos en el presente procedimiento, al estar comprometida la validez y legalidad del mismo, y considerando, además, que los vicios advertidos inciden en la resolución de la controversia objeto del presente caso, por lo que corresponde desestimar el argumento del Impugnante, quien solicitó se aplica la conservación del acto. En tal sentido, corresponde se disponga de oficio la nulidad del procedimiento de selección.

• En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido

en el literal b) del numeral 70 del artículo 70 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de su convocatoria, previa reformulación del requerimiento y de las bases, a efectos que se corrijan los vicios advertidos anteriormente. Siendo así, considerando que este Tribunal declarará de oficio la nulidad del procedimiento de selección y lo retrotraerá hasta la etapa de su convocatoria corresponde que la Entidad tenga en consideración lo siguiente:

• La Entidad debe observar estrictamente las bases estándar de licitación

pública abreviada para bienes, aplicables al presente caso, al momento de elaborar el requisito de calificación “Capacidad legal”, a efectos de evitar la incorporación de exigencias contrarias a dichas disposiciones y evitar la configuración de vicios de nulidad como los advertidos en el presente caso.

• Por tanto, y en la medida que el procedimiento de selección será declarado nulo,

carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los puntos controvertidos formulados en el presente caso.

• En tal sentido, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, y toda vez que este Tribunal declarará de oficio la nulidad del procedimiento de selección sin pronunciamiento sobre el petitorio del Impugnante, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por aquél, para la interposición de su recurso de apelación.

• Finalmente, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO

de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a fin de que conozcan de los vicios advertidos y adopten las medidas del caso conforme a sus facultades. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Christian César Chocano Davis y la intervención de los vocales César Arturo Sánchez Caminiti y Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en esa misma fecha en el diario oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la nulidad de los ítems N° 1 y N° 2 de la Licitación Pública

Abreviada para Bienes N° 17 2026-JUS/PRONACEJ-1 – Primera Convocatoria, convocada por el Programa Nacional de Centros Juveniles, para la “Adquisición para el suministro de lácteos, embutidos, abarrotes y afines sin ficha técnica por el plazo de 730 días calendario para el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Pucallpa”, y retrotraerla hasta la etapa de su convocatoria, previa reformulación del requerimiento y de las bases, conforme a los fundamentos expuestos.

• Devolver la garantía otorgada por el postor COMERCIAL VELA CATALÁN E.I.R.L.

presentada al interponer su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad, a fin de que se

realicen las acciones de su competencia, conforme a lo señalado en el fundamento 31.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANNIE ELIZABETH PÉREZ GUTIÉRREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Chocano Davis. Pérez Gutiérrez. Sánchez Caminiti.