Resolución N.° 9756-2026-TCP-S6

Sumilla: “(…) la nulidad constituye una figura jurídica destinada a dotar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, de una herramienta legítima para sanear el procedimiento de selección frente a irregularidades que lo vicien, con la finalidad de garantizar un proceso transparente y conforme a la normativa vigente.” Lima, 11 de noviembre de 2026. VISTO, en sesión del 11 de noviembre de 2026 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7328/2026.TCP - 7342/2026.TCP (acumulados), sobre los recursos de apelación interpuestos por el Consorcio León de Amazonas, integrado por las empresas Contadores e Ingenieros Asociados Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y JK & L Contratistas Generales S.A.C., y el Consorcio Educativo SFL, integrado por las empresas HK Consulting S.A.C. e Inmobiliaria Alpamayo S.A., en el marco del Concurso Público para Consultoría de Obra N° 009-2025-COMITÉ-MPR- Primera Convocatoria, convocado por la Municipalidad Provincial de Requena, y atendiendo a lo siguiente;

• ANTECEDENTES:
• El 4 de agosto de 2026, la Municipalidad Provincial de Requena, en adelante la

Entidad, convocó el Concurso Público para Consultoría de Obra N° 009-2025-COMITÉ- MPR- Primera Convocatoria, para la “supervisión de la obra: mejoramiento del servicio de educación inicial y servicio de educación primaria en I.E. 60789 Sargento II Fernando Lores, distrito de Requena, de la provincia de Requena del departamento de Loreto CUI 2647854”, con una cuantía de S/ 1,432,555.40 (un millón cuatrocientos treinta y dos mil quinientos cincuenta y cinco con 40/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias. El 16 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas electrónicas, y el 21 del mismo mes y año se publicó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, a favor de la empresa Inversiones Midasa E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 1 334 950.00 (un millón trescientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta con 00/100 soles), de acuerdo con el siguiente detalle:

Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado

INVERSIONES MIDASA

E.I.R.L. 1’334,950.00 100.00 1° Adjudicado

CONSORCIO LEÓN DE

AMAZONAS - - - Descalificado CONSORCIO EDUCATIVO SFL - - - Descalificado CONSORCIO AYD - - - Descalificado

CONSORCIO CONSULTOR LA

MERCED - - - Descalificado

CONSORCIO SUPERVISIÓN

AMAZONÍA - - - Descalificado Expediente N° 7328/2026.TCP

• Mediante Escrito N° 1 y escrito s/n presentados el 1 y 5 de octubre de 2026,

respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el Consorcio León de Amazonas, integrado por las empresas Contadores e Ingenieros Asociados Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y JK & L Contratistas Generales S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante 1, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que: i) se revoque la descalificación de su oferta; ii) se descalifique la oferta del Adjudicatario; iii) se ratifique la descalificación de los postores descalificados, y iii) se le otorgue la buena pro; sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta 2.1. Señala que el comité descalificó su oferta debido a que el número de DNI consignado en la constancia de trabajo presentada para acreditar la experiencia del señor Oscar Chiclote Aquino, propuesto como especialista de calidad, y los números de DNI consignados en las constancias de trabajo presentadas para acreditar la experiencia de Edwar Kamargo Linares Pedraza, propuesto como especialista en seguridad de obra y salud ocupacional, no coinciden con los registrados en el Anexo N° 15, denominado “Experiencia y calificación del personal clave”. 2.2. Al respecto, sostiene que, en el caso de Oscar Chiclote Aquino, la Constancia de Trabajo consigna el DNI N° 44564858, mientras que el Anexo N° 15 registra el DNI N° 76052056. Asimismo, respecto de Edwar Kamargo Linares Pedraza, indica que las constancias de trabajo consignan el DNI N° 70692424, mientras que el referido anexo registra el DNI N° 46552626. Afirma que estas discrepancias constituyen errores materiales producidos al duplicar las celdas del cuadro del Anexo N° 15, utilizando como referencia información correspondiente a otros profesionales, por lo que los números de DNI consignados en los certificados son los correctos. 2.3. Asimismo, sostiene que los documentos cuestionados contienen otros datos que permiten identificar plenamente a los profesionales propuestos, como sus nombres completos y números de colegiatura. En particular, señala que Oscar Chiclote Aquino cuenta con el CIP N° 217612 y Edwar Kamargo Linares Pedraza con el CIP N° 227536, datos que, según afirma, permiten corroborar sus identidades mediante la consulta a los portales del Colegio de Ingenieros del Perú y de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

(SUNEDU).

2.4. Invoca la Resolución N° 07383-2026-TCP-S2 para señalar que las discrepancias advertidas no constituyen elementos suficientes para descalificar su oferta, pues la identificación de los profesionales puede realizarse a partir de los demás datos consignados en los documentos presentados. Por ello, considera que la decisión del comité vulnera los principios de verdad material y razonabilidad. Sobre la oferta del Adjudicatario 2.5. Cuestiona los certificados presentados para acreditar la experiencia de Esteban Edilberto Bravo Dextre, propuesto como especialista en instalaciones eléctricas. Al respecto, cuestiona el:

• Certificado emitido por el Consorcio Supervisión Yraida, suscrito por su

representante legal Norber Randy Merino Meza, que acredita el desempeño del profesional como especialista mecánico electricista en la supervisión de la obra “Construcción del complejo de la IEPS N° 60078 Yraida Rojas Regra, distrito de Pebas - provincia de Mariscal Ramón Castilla, Loreto”, durante el periodo del 6 de abril al 3 de diciembre de 2010. ii. Certificado de trabajo emitido por RG Contratistas S.R.L., suscrito por su gerente general, que acredita el desempeño del mismo profesional como especialista mecánico electricista en la supervisión de la obra “Mejoramiento e implementación de la I.E.P.S. N° 60276 Eugenio Rivera López de Islandia, distrito de Yavarí - Mariscal Ramón Castilla - Loreto”, durante el periodo del 9 de agosto de 2013 al 13 de agosto de 2015. iii. Certificado de trabajo emitido por el Consorcio Atenas 2020, suscrito por su representante común Alván Rivas Hilbert Iván, que acredita el desempeño del profesional como especialista electromecánico en la obra “Mejoramiento de los servicios de educación primaria en la I.E.P.M. N° 6010163 en la comunidad de Atenas, distrito de Parinari - Loreto - Loreto”, durante el periodo del 26 de octubre de 2020 al 26 de enero de 2021. iv. Certificado de trabajo emitido por el Consorcio La Ocho, suscrito por su representante común Mario Kevin Dongo Alván, que acredita el desempeño del referido profesional como especialista electromecánico en la obra “Mejoramiento de los servicios de educación primaria en la IEP N° 60008 - Amada Pérez de Gómez, distrito de Iquitos - provincia de Maynas - departamento de Loreto”, durante el periodo del 15 de junio al 12 de octubre de 2022. Sobre el particular, sostiene que los dos primeros certificados acreditan experiencia como especialista mecánico electricista y los dos últimos como especialista electromecánico, cargos que, según afirma, no se corresponden con el requerido en las bases integradas para el especialista en instalaciones eléctricas. En ese sentido, sostiene que, al excluir los periodos de experiencia acreditados mediante los cuatro certificados cuestionados, el profesional Esteban Edilberto Bravo Dextre únicamente acreditaría 12.80 meses de experiencia acumulada; cantidad inferior a los 24 meses requeridos en las bases integradas para el personal clave propuesto como especialista en instalaciones eléctricas. 2.6. Por otro lado, cuestiona los certificados presentados para acreditar la experiencia de Mariana Nancy Lozano del Castillo, propuesta como especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, concretamente los siguientes documentos:

• Certificado de trabajo emitido por el Consorcio Educativo A&S, suscrito por

su representante común Rocío del Carmen Bardales Flores, que acredita el desempeño de la profesional como especialista en seguridad en obra en la ejecución de la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de educación inicial en I.E. 530, distrito de San Juan Bautista de la provincia de Maynas del departamento de Loreto”, durante el periodo del 18 de setiembre de 2024 al 25 de marzo de 2025. ii. Certificado de trabajo emitido por Inversiones Midasa E.I.R.L., suscrito por su titular gerente, que acredita el desempeño de la profesional como especialista en higiene y seguridad industrial en obra en la supervisión de la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de educación inicial en I.E. 856, distrito de San Juan Bautista de la provincia de Maynas del departamento de Loreto”, durante el periodo del 28 de mayo al 18 de diciembre de 2025.

iii. Certificado de Trabajo emitido por Inversiones Midasa E.I.R.L., que acredita el desempeño de la profesional como especialista ambiental en la supervisión de la obra “Mejoramiento del servicio de educación primaria de la I.E. N° 60092 - Padre Medardo André del centro poblado de San Antonio del Estrecho, distrito de Putumayo, provincia del Putumayo - departamento de Loreto”, durante el periodo del 2 de enero al 11 de junio de 2026. Respecto del Certificado de trabajo emitido por el Consorcio Educativo A&S, señala que acredita experiencia como especialista en seguridad en obra, cargo que no se encontraría comprendido entre los requeridos en las bases integradas para el personal clave propuesto. Asimismo, sostiene que el documento contiene información inexacta, toda vez que, de la consulta a INFOBRAS y del acta de recepción de la obra, se advertiría que esta culminó el 15 de febrero de 2025, mientras que el certificado acredita experiencia hasta el 25 de marzo de 2025. Sobre el Certificado de trabajo emitido por Inversiones Midasa E.I.R.L. que acredita el desempeño de Mariana Nancy Lozano del Castillo como especialista en higiene y seguridad industrial en obra, señala que dicho cargo no se encuentra previsto en las bases integradas para acreditar la experiencia del personal clave propuesto como especialista en seguridad en obra y salud ocupacional. En cuanto al certificado de trabajo emitido por Inversiones Midasa E.I.R.L. que acredita el desempeño de Mariana Nancy Lozano del Castillo como especialista ambiental, sostiene que, de la revisión de las bases del Concurso Público N° 001- 2025-CS-MPP-1, convocado por la Municipalidad Provincial del Putumayo para la contratación vinculada a la obra “Mejoramiento del servicio de educación primaria de la I.E. N° 60092 - Padre Medardo André del centro poblado de San Antonio del Estrecho, distrito de Putumayo, provincia del Putumayo - departamento de Loreto”, se advertiría que no se requirió el cargo de especialista ambiental, por lo que el certificado no sería válido al contener “información falsa”. 2.7. Finalmente, solicita que el Tribunal verifique la oferta presentada por el Consorcio AyD, específicamente en cuanto a su capacidad máxima de contratación, la experiencia requerida, el personal propuesto y la veracidad de la documentación presentada. Asimismo, solicita que, si se corrobora el incumplimiento de dicha oferta, se ratifique su descalificación y se otorgue la buena pro a su consorcio; de lo contrario, pide que se evalúen y califiquen las ofertas de ambos postores y se determine el orden de prelación correspondiente. Expediente N° 7328/2026.TCP

• Mediante Escritos N° 01 y 02 presentados el 1 y 5 de octubre de 2026,

respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Educativo SFL, integrado por las empresas HK Consulting S.A.C. e Inmobiliaria Alpamayo S.A., en adelante el Consorcio Impugnante 2, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que: i) se revoque la descalificación de su oferta; ii) se descalifique la oferta del Adjudicatario; y iii) se le otorgue la buena pro, de corresponder; sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta 3.1. Indica que el comité descalificó su oferta por considerar que la constancia del 30 de noviembre de 2025, presentada para acreditar la experiencia de la ingeniera Alicia Victoria Grimaldi Díaz como especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, contendría información inexacta. Señala que dicho documento acredita que la profesional se desempeñó como especialista en seguridad, salud en el trabajo, desde el 20 de diciembre de 2022 hasta el 17 de marzo de 2025, en la supervisión de la obra “Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del I.E.S.T. Santiago Antúnez de Mayolo del distrito y provincia de Huancayo, departamento de Junín”; sin embargo, el comité sustentó su decisión en la Carta N° 303-2025-MINEDU/VMGP/UE.118- OGI, que comunica la aplicación de una penalidad por la ausencia de la profesional durante una visita a obra. Refiere que el Informe N° 090-2025 y la hoja de asistencia de los días 24 y 25 de febrero de 2025 acreditan que la ausencia de la profesional ocurrió únicamente el 24 de febrero de 2025, pues en dicha fecha figura con la anotación “FALTA”, mientras que el 25 de febrero registró su asistencia. Por ello, sostiene que el comité extendió indebidamente la ausencia a dos días. Señala que, aun descontando el día de ausencia, la experiencia de la profesional supera el mínimo de veinticuatro meses exigido por las bases integradas, pues el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2022 y el 17 de marzo de 2025 equivale a 819 días calendario, de los cuales 818 corresponden al periodo restante. Agrega que la diferencia entre la fecha de culminación consignada en el Anexo N° 15 (18 de marzo de 2025) y la señalada en la constancia (17 de marzo de 2025) no modifica el cumplimiento del requisito. Invoca la Resolución N° 8817-2026-TCP-S6 para sostener que el cómputo de la experiencia debe efectuarse correctamente y que la ausencia de un día no permite desconocer los restantes días de servicio. Sostiene que la penalidad invocada por el comité deriva del Contrato N° 227- 2022-MCEBS, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sujeto a sus políticas de contratación, por lo que se encontraría fuera del ámbito de aplicación de la Ley N° 32069, conforme al literal f) del numeral 7.1 del

artículo 7 de dicha ley. Añade que la penalidad constituye una consecuencia

económica por el incumplimiento de la obligación contractual de permanencia del personal en obra, pero no acredita, por sí misma, que la experiencia consignada en la Constancia sea inexacta. Asimismo, indica que no obra documentación que demuestre que la penalidad haya quedado firme o que el contratista la haya consentido, y que el comité tampoco distinguió los conceptos comprendidos en el monto de S/ 14,333.12 consignado en la nota de pago. En ese sentido, invoca la Resolución N° 04904-2026-TCP-S1 para señalar que una discrepancia no sustentada en prueba objetiva e idónea no basta para desvirtuar la presunción de veracidad. 3.2. Señala que el comité no valoró integralmente la documentación presentada para acreditar la experiencia de la profesional, pese a que las bases integradas exigían dicha valoración. Al respecto, menciona la Adenda N° 06 al Contrato N° 227-2022-MCEBS, que formaliza el cambio de la especialista el 18 de marzo de 2025; el correo electrónico del 2 de junio de 2025, recogido en el Informe N° 114-2025, en el que la propia Unidad Ejecutora 118 señala que la profesional prestó servicios del 1 al 17 de marzo de 2025; y el Acta de negociación del referido contrato, que la identifica como personal clave. Afirma que estos documentos confirman el periodo consignado en la Constancia y no evidencian que la profesional haya dejado de prestar servicios antes del 17 de marzo de 2025. Invoca la Resolución N° 04904-2026-TCP-S1 para sostener que las bases integradas constituyen reglas obligatorias para la evaluación de las ofertas. 3.3. Señala que el comité atribuyó a la constancia expresiones que esta no contiene, al afirmar que acredita un periodo “ininterrumpido de labores” y que el Anexo N° 15 presenta “experiencia continua”. Refiere que la constancia consigna el servicio, el cargo desempeñado, el periodo de prestación, la fecha de emisión y los datos de quien la suscribe, sin mencionar el número del Contrato N° 227- 2022-MCEBS ni afirmar que la experiencia fue ininterrumpida. Agrega que las bases integradas no exigen consignar el número de contrato ni establecen condiciones específicas sobre la calidad del suscriptor. En respaldo de su posición, invoca las Resoluciones N° 08100-2026-TCP-S1, N° 05536-2025-TCP- S1 y N° 04904-2026-TCP-S1, para sostener que no corresponde exigir requisitos no previstos en las bases integradas ni desconocer una constancia por no consignar información que estas no exigen.

3.4. Añade que la aplicación de una penalidad por incumplimiento de la obligación de permanencia del personal en obra y la acreditación de la experiencia profesional son aspectos distintos, pues la primera se refiere a una obligación contractual en una fecha determinada, mientras que la segunda acredita el cargo desempeñado y el periodo de prestación del servicio. En consecuencia, considera que la penalidad correspondiente a un día de ausencia no permite desconocer la totalidad de la experiencia certificada. 3.5. Señala que el comité vulneró los principios de legalidad, presunción de veracidad, transparencia, igualdad de trato, libertad de concurrencia, competencia, eficacia, eficiencia y razonabilidad, al descalificar su oferta sin contar con elementos objetivos suficientes, exigir condiciones no previstas en las bases integradas y omitir el cálculo del tiempo de experiencia que supuestamente debía excluirse. Asimismo, sostiene que el comité excedió sus competencias al declarar quebrantado los principios de presunción de veracidad e integridad, pues la verificación de la documentación y la determinación de eventuales infracciones deben efectuarse mediante los procedimientos correspondientes. 3.6. Invoca las Resoluciones N° 08100-2026-TCP-S1, N° 05536-2025-TCP-S1 y N° 04904-2026-TCP-S1 para sostener, respectivamente, que no corresponde exigir condiciones no previstas en las bases integradas respecto de quienes suscriben los certificados; que una constancia de trabajo tiene por objeto acreditar el cargo desempeñado y la experiencia adquirida, y no necesariamente la participación en un contrato específico; y que no es posible desvirtuar la presunción de veracidad sobre la base de discrepancias que no constituyen prueba objetiva de la inexactitud alegada. 3.7. Refiere que el comité invocó el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley, referido a la presentación de información inexacta, sin identificar una ventaja o beneficio concreto derivado de la constancia cuestionada. Sostiene que, incluso descontando el día de ausencia, la experiencia de la profesional supera los veinticuatro meses exigidos, por lo que el hecho cuestionado no incide en el cumplimiento del requisito de calificación. Invoca las Resoluciones N° 06410-2025-TCP-S2, N° 06940-2026-TCP-S1 y N° 05536-2025-TCP-S1 para señalar que la configuración de la infracción requiere una ventaja concreta y que el desconocimiento de la documentación debe sustentarse en elementos objetivos y suficientes. 3.8. Concluye que la descalificación de su oferta carece de sustento fáctico, probatorio y jurídico, pues la documentación acredita una ausencia de un día, la experiencia de la profesional supera el mínimo requerido y la penalidad invocada no demuestra que la Constancia contenga información inexacta. Por ello, solicita que se revoque la descalificación de su oferta, se reconozca la experiencia de Alicia Victoria Grimaldi Díaz por el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2022 y el 17 de marzo de 2025, se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor de Inversiones Midasa E.I.R.L. y se continúe con la calificación y evaluación de su oferta. Sobre la oferta del Adjudicatario 3.9. Asimismo, cuestiona la experiencia del postor en la especialidad acreditada por el Adjudicatario, señalando que el Comité declaró calificada su oferta sin consignar un análisis del requisito de calificación. Al respecto, indica que, según el Anexo N° 10 de su oferta, dicha experiencia asciende a S/ 1’613 498.46 y depende de las Experiencias N° 3 y N° 4. En consecuencia, solicita que se revoque el otorgamiento de la buena pro y que, previa verificación de dichas experiencias, se disponga la descalificación del Adjudicatario si no acredita el referido requisito de calificación o, subsidiariamente, que el Comité las verifique durante la continuación de la calificación y evaluación. Expedientes N° 7328/2026.TCP - 7342/2026.TCP (acumulados)

• Con decreto del 6 de octubre de 2026, se admitieron a trámite los recursos de

apelación interpuestos por los Consorcios Impugnantes 1 y 2. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP o remita, de ser el caso, un informe técnico legal indicando su posición respecto de los argumentos de los recursos de apelación. Además, se dispuso acumular los actuados del Expediente N° 07342/2026.TCE al Expediente N° 07328/2026.TCE, y notificar, a través del SEACE, los recursos de apelación al postor o postores distintos de los impugnantes que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 13 de octubre de 2026.

• A través del decreto del 9 de octubre de 2026, se dispuso remitir el expediente a la

Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, en virtud de la reconformación de las Salas del Tribunal, formalizado mediante el Acuerdo N° 001-0142026/OECE-CD; asimismo, se reprogramó la audiencia pública para el 19 de octubre de 2026.

• Mediante Escrito N° 01 presentado el 9 de octubre de 2026 al Tribunal, el Consorcio

Supervisión Amazonía solicitó apersonarse al presente procedimiento, efectuando argumentos contra su descalificación y advirtiendo un presunto vicio de nulidad en el procedimiento de selección.

• Con decreto de fecha 13 de octubre de 2026, se declaró no ha lugar la solicitud de

apersonamiento efectuada por el Consorcio Supervisión Amazonía.

• Mediante Escrito N° 03 presentado el 13 de octubre de 2026 ante el Tribunal, el

Consorcio Impugnante 2 solicitó que se declare improcedente el Escrito N° 01 presentado el 9 de octubre de 2026 por el Consorcio Supervisión Amazonía y cuestionó lo alegado por el referido consorcio, respecto del presunto vicio de nulidad.

• El 19 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación de los representantes de ambos consorcios impugnantes.

• Mediante decreto del 20 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

• Con Escrito N° 04 presentado el 21 de octubre de 2026 ante el Tribunal, el Consorcio

Impugnante 2 remitió argumentos respecto de los cuestionamientos contra su oferta, formulados por el Consorcio Impugnante 1 en la audiencia pública realizada el 19 de octubre de 2026.

• Mediante Escrito N° 05, presentado el 21 de octubre de 2026 al Tribunal, el Consorcio

Impugnante 2 formuló argumentos adicionales respecto de la calificación de la oferta del Adjudicatario, referidos a la acreditación de la experiencia de sus especialistas en instalaciones eléctricas y en seguridad en obra y salud ocupacional, en términos similares a los planteados por el Consorcio Impugnante 1 en su recurso de apelación.

• A través del Escrito N° 06 presentado el 21 de octubre de 2026 al Tribunal, el Consorcio

Impugnante 2 solicitó la valoración de sus escritos N° 04 y 05.

• Mediante decreto de fecha 22 de octubre de 2026, se agregaron a los autos los

documentos remitidos por el Consorcio Impugnante 2 en el expediente N° 7342-2026- TCP, acumulado al presente expediente.

• Mediante Escrito s/n presentado el 27 de octubre de 2026 en el Tribunal, el

Adjudicatario se apersonó y absolvió los traslados de los recursos de apelación, señalando principalmente lo siguiente: Sobre la descalificación del Consorcio Impugnante 1 15.1. Indica que la descalificación del Consorcio Impugnante 1 se encuentra justificada, debido a que el Anexo N° 15 contiene información incongruente respecto de los documentos presentados para acreditar la experiencia del personal clave, correspondiente a los números de DNI consignados. 15.2. Sostiene que dicha inconsistencia impide identificar adecuadamente a los profesionales propuestos y verificar la experiencia declarada, por lo que el Comité actuó conforme a las bases integradas al descalificar su oferta. Sobre la descalificación del Consorcio Impugnante 2 15.3. Señala que la descalificación del Consorcio Impugnante 2 se encuentra justificada, debido a que la documentación presentada para acreditar la experiencia de su especialista en seguridad en obra y salud ocupacional evidenciaría interrupciones en la prestación de sus servicios, pese a que se declaró una experiencia continua. 15.4. Sostiene que dicha situación constituye información incongruente con la realidad y afecta los principios de presunción de veracidad e integridad. Sobre los cuestionamientos a su oferta 15.5. Respecto de la experiencia del especialista en instalaciones eléctricas, indica que los certificados presentados acreditan experiencia en actividades de instalaciones eléctricas. Asimismo, señala que las denominaciones de especialista mecánico electricista y especialista electromecánico corresponden a especialidades afines, por lo que considera que cumple con el periodo mínimo de experiencia exigido en las bases integradas. 15.6. Por otro lado, respecto de la experiencia de la especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, señala que la documentación cuestionada acredita labores vinculadas a la gestión ambiental, las cuales resultaban necesarias para la ejecución del servicio de supervisión. 15.7. Finalmente, respecto de la experiencia de Mariana Nancy Lozano del Castillo, propuesta como especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, sostiene que no existe contradicción entre la fecha de término consignada en el certificado obrante a folio 167 de su oferta y la documentación presentada, pues el Acta de conformidad de última Prestación acredita la continuidad y culminación efectiva del servicio de consultoría de obra.

• Mediante decreto del 27 de octubre de 2026, se dejó sin efecto el decreto del 20 de

octubre de 2026 mediante el cual se declaró el expediente listo para resolver, y se corrió traslado a las partes de un posible vicio de nulidad, consistente en la descripción del requisito de calificación “experiencia del personal clave” en las bases integradas.

• Mediante decreto del 28 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Adjudicatario

y se dejó a consideración de la Sala su absolución del traslado del recurso de nulidad.

• Mediante Escrito N° 07 presentado en el Tribunal el 30 de octubre de 2026, el

Consorcio Impugnante 2 cuestionó que la absolución de los recursos de apelación efectuada por el Adjudicatario fue extemporánea.

• Mediante decreto del 2 de noviembre de 2026, se dejó a consideración de la Sala lo

expuesto por el Consorcio Impugnante 2 mediante Escrito N° 07.

• Mediante Escrito N° 08 presentado en el Tribunal el 3 de noviembre de 2026, el

Consorcio Impugnante 2 absolvió el traslado del posible vicio de nulidad, indicando principalmente lo siguiente: 20.1. Sostiene que las bases integradas no se apartaron de las bases estándar, toda vez que el literal B.2 estableció los cargos requeridos, los periodos mínimos de experiencia y las actividades en las que debía acumularse dicha experiencia, mediante la expresión «experiencia acumulada como», para cada uno de los profesionales requeridos. 20.2. Asimismo, señala que las bases integradas incorporaron la advertencia prevista en las bases estándar, según la cual la experiencia del personal clave debe valorarse de manera integral, incluso cuando la denominación del cargo consignada en los documentos no coincida literalmente con la exigida, siempre que las actividades realizadas correspondan a las funciones propias del cargo requerido. 20.3. Por otro lado, indica que el pliego de absolución de consultas y observaciones precisó las actividades que debían acreditarse para cada profesional, particularmente mediante las Observaciones N° 23, 24, 25, 26 y 27. En ese sentido, sostiene que las reglas del procedimiento fueron claras y conocidas por todos los participantes antes de la presentación de ofertas. 20.4. Finalmente, sostiene que no se configura ninguno de los supuestos de nulidad previstos en el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley y que, aun cuando se considerase que existió alguna deficiencia en la redacción de las bases, esta no sería trascendente ni habría afectado el resultado del procedimiento, por lo que correspondería conservar los actos realizados y resolver el fondo de la controversia.

20.5. Sobre los efectos de una eventual declaración de nulidad, solicita que, en caso se declare la nulidad del procedimiento, se limite su alcance a los actos estrictamente afectados y se conserven aquellos cuya validez no se encuentre comprometida, conforme al numeral 13.3 del artículo 13 del TUO de la Ley N° 27444.

• Mediante escrito s/n presentado el 3 de noviembre de 2026 al Tribunal, el

Adjudicatario absolvió el traslado del posible vicio de nulidad en los siguientes términos: 21.1. Sostiene que no se configura el posible vicio de nulidad advertido, pues considera que las bases integradas sí establecieron las condiciones para acreditar la experiencia del especialista en instalaciones eléctricas. Al respecto, señala que el apartado referido a la capacidad profesional contempla como profesiones válidas las de ingeniero eléctrico, ingeniero electromecánico y mecánico electricista, por lo que las bases deben interpretarse de manera conjunta e integral. 21.2. Asimismo, indica que las bases integradas establecieron que la experiencia debía valorarse de manera integral y que, además, el pliego de absolución de consultas y observaciones precisó las actividades y funciones que debían acreditarse para cada cargo. En ese sentido, sostiene que los participantes conocieron las condiciones exigidas antes de presentar sus ofertas. 21.3. Por otro lado, señala que las descalificaciones de los consorcios impugnantes no estuvieron relacionadas con una falta de claridad sobre los trabajos o prestaciones exigidos para acreditar la experiencia del personal clave, sino con la presentación de información incongruente e inexacta en sus respectivas ofertas. 21.4. En consecuencia, sostiene que una eventual declaración de nulidad resultaría desproporcionada, pues ocasionaría una dilación innecesaria del procedimiento y afectaría la satisfacción de la necesidad de la Entidad. Por ello, solicita que se privilegie la conservación de los actos y se desestime la declaración de nulidad. 21.5. Asimismo, respecto de la oferta del Consorcio Impugnante 2, cuestionó que la constancia presentada para acreditar la experiencia de Alicia Victoria Grimaldi Díaz, propuesta como especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, contiene información inexacta, debido a que consigna un periodo de participación comprendido entre el 20 de diciembre de 2022 y el 17 de marzo de 2025, pese a que la profesional habría registrado ausencias injustificadas los días 24 y 25 de febrero de 2025.

21.6. En ese sentido, señala que la documentación presentada debe acreditar la participación efectiva del profesional y que la constancia cuestionada no reflejaría la totalidad de las circunstancias en las que se prestaron los servicios. Por ello, solicita que se confirme la descalificación del referido consorcio y se disponga el inicio del procedimiento administrativo sancionador correspondiente. 21.7. Por otro lado, respecto de los cuestionamientos formulados por el Consorcio Impugnante 1 contra la experiencia de Mariana Nancy Lozano del Castillo, propuesta como especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, señala que la información de INFOBRAS tiene carácter referencial y que el Acta de recepción de obra contendría un error respecto de la fecha de culminación. 21.8. Al respecto, indica que la Resolución Gerencial Regional N° 321-2025-GRL-GGR- GRL, mediante la cual se aprobó la liquidación del contrato de ejecución de la obra, permitiría verificar que esta culminó el 23 de abril de 2025, por lo que sostiene que el certificado presentado no contiene información inexacta.

• Mediante decreto del 4 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

• Mediante Escrito N° 09, el Consorcio Impugnante 2 absolvió los argumentos

expuestos en el escrito s/n presentado el 3 de noviembre de 2026 por el Adjudicatario.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Son materia del presente análisis, los recursos de apelación interpuestos por los

Consorcios Impugnantes en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• Procedencia del recurso.
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia, se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia de los recursos de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si los recursos de apelación acumulados en el presente expediente son procedentes o si, por el contrario, se encuentran inmersos en alguna de las referidas causales. N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (cuantía superior a 50 UIT).1 Concurso Público para Consultoría de Obra con una cuantía de S/ 1,432,555.40 Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2 El Consorcio Impugnante 1 y el Consorcio Impugnante 2 interpusieron recurso de apelación contra la descalificación de sus respectivas ofertas, y contra el otorgamiento de la buena pro. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 De la revisión del SEACE se aprecia que el 21 de setiembre de 2026, se otorgó la buena pro; por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

artículo, los Impugnantes contaban con el plazo de ocho (8) días hábiles para interponer sus recursos de apelación, esto es, hasta el 1 de octubre de 2026. Se aprecia que tanto el Consorcio Impugnante 1 como el Consorcio Impugnante 2, interpusieron sus respectivos recursos de apelación el 1 de octubre de 2026. Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente El recurso del Consorcio Impugnante 1 fue suscrito por su representante común, el señor Nilber Villanueva Romero, conforme a la promesa de consorcio, anexa a su recurso. El recurso del Consorcio Impugnante 2 fue suscrito por su representante común, Manuel Echandía Moreno, conforme a la promesa de consorcio, anexa a su recurso. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Consorcio Impugnante 1 y el Consorcio Impugnante 2, cuestionan expresamente la descalificación de sus ofertas. Sí Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro Ninguno de los impugnantes fue ganador de la buena pro; sus ofertas fueron descalificadas. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Los Consorcios Impugnantes 1 y 2 han solicitado que se revoque la descalificación de sus respectivas ofertas, se Sí descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque la buena pro a este último, y se les otorgue la buena pro; verificándose de los recursos que existe conexión lógica entre los hechos expuestos y los respectivos petitorios. 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. El Consorcio Impugnante 1 y el Consorcio Impugnante 2 cuentan con legitimidad procesal e interés para obrar, para cuestionar la descalificación de sus respectivas ofertas. En tanto que para obtener interés para obrar y legitimidad procesal para cuestionar la oferta del Adjudicatario, deben primero revertir su propia descalificación. Sí

• Por las consideraciones expuestas, no se advierte la concurrencia de alguna de las

causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento respecto todos los impugnantes, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

• Petitorio.
• El Consorcio Impugnante 1 solicita a este Tribunal que:

✓ Se revoque la descalificación de su oferta. ✓ Se descalifique la oferta del Adjudicatario. ✓ Se ratifique la descalificación de las ofertas de los demás postores descalificados. ✓ Se le otorgue la buena pro.

• El Consorcio Impugnante 2 solicita a este Tribunal que:

✓ Se revoque la descalificación de su oferta. ✓ Se descalifique la oferta del Adjudicatario. ✓ Se le otorgue la buena pro.

• Fijación de puntos controvertidos.

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio señalado

de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos de que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso”. Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que los recursos de apelación interpuestos por los dos

impugnantes, fueron notificados a la Entidad y a los demás postores el 6 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían hasta el 12 del mismo mes y año para absolverlo. Siendo así, de la revisión del expediente, se advierte que el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado de los recursos de apelación el 27 de octubre de 2026; esto es, fuera del plazo legal, por lo que, para la determinación de los puntos controvertidos, se considerarán únicamente lo señalado por los consorcios impugnantes en sus respectivos recursos de apelación.

• Asimismo, cabe precisar que, durante la audiencia pública llevada a cabo el 19 de

octubre de 2026, el Consorcio Impugnante 1 formuló cuestionamientos a la oferta del Consorcio Impugnante 2, respecto de la experiencia acreditada por su personal clave propuesto “jefe de supervisión”; sin embargo, dichos cuestionamientos no formarán parte de la determinación de los puntos controvertidos, toda vez que no fueron formulados como parte del recurso de apelación del referido apelante dentro del plazo legal. Cabe señalar en este punto que el Consorcio Impugnante 1 tuvo la oportunidad de plantear dichos cuestionamientos dentro del plazo de tres (3) días hábiles posteriores a la admisión del recurso del Consorcio Impugnante 2; es decir, pudo conocer que este último también había interpuesto recurso de apelación y, ante la posibilidad que sea reincorporado al procedimiento de selección, pudo cuestionar su oferta en el plazo de absolución otorgado por este Tribunal; sin embargo, ello no sucedió, limitándose el Consorcio Impugnante 1 a manifestar sus argumentos durante la audiencia pública, esto es, fuera del plazo legal.

• Finalmente, cabe precisar que, mediante Escrito N° 05, presentado el 21 de octubre

de 2026 ante el Tribunal, el Consorcio Impugnante 2 formuló cuestionamientos respecto de la calificación de la oferta del Adjudicatario, referidos a la acreditación de la experiencia de sus especialistas en instalaciones eléctricas y en seguridad en obra y salud ocupacional, fuera de los plazos para interponer su recurso de apelación. En consecuencia, dichos cuestionamientos no serán considerados para fundamentar la presente resolución. Sin perjuicio de ello, se aprecia que los cuestionamientos formulados mediante el referido escrito, ya habían sido planteados por el Consorcio Impugnante 1 en su recurso de apelación, respecto de la acreditación de la experiencia de los especialistas en instalaciones eléctricas y en seguridad en obra y salud ocupacional propuestos por el Adjudicatario; por lo que dichos cuestionamientos serán analizados en el marco de los argumentos formulados oportunamente por el Consorcio Impugnante 1.

• En ese sentido, los puntos controvertidos materia de análisis, son los siguientes:
• Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Consorcio

Impugnante 1. ii. Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante 2. iii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario. iv. Determinar a qué postor corresponde otorgar la buena pro.

• Análisis de los puntos controvertidos:

Consideraciones previas:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Tribunal

se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación, previo análisis de la cuestión previa que se señala a continuación. Cuestión Previa: Sobre la existencia de posibles vicios de nulidad en el procedimiento de selección

• De manera previa al análisis de los puntos controvertidos, este Colegiado considera

pertinente evaluar la existencia de posibles vicios de nulidad en el procedimiento de selección, relacionados con la forma en que se ha establecido en las bases el requisito de calificación “experiencia del personal clave”.

• Al respecto, el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento establece que las bases

estándar son aprobadas mediante directiva emitida por la Dirección General de Abastecimiento (DGA) y son de uso obligatorio por parte de los evaluadores.

• Asimismo, debe tenerse en cuenta que el principio de transparencia y facilidad de uso,

previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley, establece que las actuaciones y decisiones de quienes intervienen en el proceso de contratación deben encontrarse sustentadas en reglas y criterios claros, accesibles y comprensibles para los participantes.

• Teniendo ello en cuenta, de la revisión del Literal B.2 del numeral 3.4. de las bases

integradas del procedimiento de selección, se advierte que se establecieron los cargos cuya experiencia debía acreditarse para cada uno de los profesionales requeridos, así como los periodos mínimos de experiencia exigidos para cada uno de ellos, conforme se aprecia del siguiente extracto:

• Al respecto, las bases estándar aplicables a los concursos públicos para consultorías

de obra establecen que para establecer el requisito de experiencia del personal clave debe precisarse el tiempo mínimo de experiencia específica y los trabajos o prestaciones en la actividad requerida. Asimismo, prevén que, al calificar dicha experiencia, corresponde valorar integralmente la documentación presentada por el postor, validándola incluso cuando la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con la prevista en las bases, siempre que las actividades efectivamente realizadas correspondan a las funciones propias del cargo requerido:

• En ese sentido, se aprecia que las bases del procedimiento de selección exigieron

acreditar cargos, en lugar de trabajos o prestaciones, conforme requieren las bases estándar aplicables.

• Bajo tal contexto, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 313.2 del artículo 313 del

Reglamento de la Ley, con decreto del 27 de octubre de 2026, se corrió traslado a las partes, a fin de que emitan pronunciamiento respecto del posible vicio de nulidad advertido.

• En ese sentido, mediante Escrito N° 08 presentado ante el Tribunal el 3 de noviembre

de 2026, el Consorcio Impugnante 2 sostuvo que las bases integradas se ajustaron a las bases estándar, pues establecieron los cargos, los periodos mínimos y las actividades para acreditar la experiencia del personal clave, precisando que el pliego de absolución de consultas y observaciones complementó dicha información. Asimismo, señaló que no se configura ningún supuesto de nulidad y que, en todo caso, una eventual deficiencia no sería trascendente, por lo que solicitó conservar los actos realizados y resolver el fondo de la controversia; o, de declararse la nulidad, limitar sus efectos a los actos estrictamente afectados, conforme a lo expuesto en los numerales 20.1 al 20.5 de los antecedentes.

• Por su parte, mediante escrito s/n presentado al Tribunal el 3 de noviembre de 2026,

el Adjudicatario sostuvo que no se configura el posible vicio de nulidad advertido, pues las bases integradas establecieron las condiciones para acreditar la experiencia del especialista en instalaciones eléctricas, las cuales debían interpretarse de manera conjunta con el apartado referido a la capacidad profesional y el pliego de absolución de consultas y observaciones. Asimismo, señaló que las descalificaciones de los consorcios impugnantes obedecieron a la presentación de información incongruente e inexacta en sus ofertas, y no a una falta de claridad en las exigencias de las bases. Finalmente, indicó que declarar la nulidad resultaría desproporcionado y afectaría la continuidad del procedimiento, por lo que solicitó privilegiar la conservación de los actos realizados, conforme se señaló en los numerales 21.1 al 21.4 de los

• Cabe precisar que la Entidad ni el Consorcio Impugnante 1 se han pronunciado

respecto del traslado del vicio de nulidad, efectuado mediante decreto del 27 de octubre de 2026.

• Ahora bien, sobre lo expuesto por el Consorcio Impugnante 1, este Colegiado advierte

que el cuestionamiento formulado tiene origen en la forma en que la Entidad estableció el requisito de calificación “experiencia del personal clave” en las bases integradas. En efecto, al exigir experiencia acumulada en el cargo de “especialista en instalaciones eléctricas”, sin precisar los trabajos o prestaciones que debían haberse realizado en la actividad requerida, la Entidad generó una regla de acreditación que permite cuestionar si las denominaciones consignadas en los certificados corresponden al cargo expresamente previsto en las bases. Por tanto, de haberse establecido el requisito conforme a las bases estándar, precisando las actividades o prestaciones que debían acreditarse, el cuestionamiento no habría podido plantearse únicamente sobre la base de la diferencia entre las denominaciones de los cargos consignados en los certificados y aquella prevista en las bases.

• En ese sentido, el defecto advertido reviste carácter trascendente y no resulta

conservable, pues el cuestionamiento del Consorcio Impugnante 1 recae precisamente sobre una exigencia expresamente consignada en las bases integradas y cuya interpretación fue, además, corroborada por la propia Entidad al absolver la Consulta N° 10 del pliego de absolución de consultas y observaciones. En dicha consulta, el participante solicitó que se reconociera como válida la experiencia obtenida en cargos con denominaciones distintas, tales como “especialista en instalaciones mecánica eléctrica”, “especialista en instalaciones eléctricas y/o mecánicas eléctricas” e “ingeniero electricista supervisor”, entre otros. Sin embargo, la Entidad no acogió la solicitud y señaló que las bases establecían que debía acreditarse experiencia en la especialidad y subespecialidad del especialista en instalaciones eléctricas, exhortando a los participantes a cumplir con lo exigido.

• Dicha precisión se efectuó en la absolución de la consulta n° 25, efectuada por un

integrante del Consorcio Impugnante 1:

• De este modo, la Entidad no solo omitió precisar los trabajos o prestaciones que

debían acreditarse, sino que, además, rechazó expresamente la posibilidad de admitir otras denominaciones de cargos, lo que evidencia que la regla establecida en las bases integradas no permitía determinar con claridad cuáles eran las actividades que debían sustentar la experiencia requerida.

• Esta situación contraviene el principio de transparencia y facilidad de uso, previsto en

el literal i) del artículo 5 de la Ley, conforme al cual las actuaciones y decisiones de quienes intervienen en el proceso de contratación deben sustentarse en reglas y criterios claros, accesibles y comprensibles para los participantes. En el presente caso, la omisión advertida incidió directamente en las condiciones bajo las cuales debía acreditarse la experiencia del personal clave, pues, de haberse precisado los trabajos o prestaciones en la actividad requerida, los participantes habrían conocido de antemano las actividades que debían acreditar y el comité habría tenido parámetros objetivos para valorar la documentación presentada. Asimismo, el Consorcio Impugnante 1 no habría tenido fundamento para cuestionar la experiencia del profesional propuesto por el Adjudicatario únicamente porque los certificados consignaban denominaciones distintas a la prevista en las bases, sino que el análisis habría debido centrarse en si las actividades efectivamente realizadas correspondían a las funciones requeridas. No resulta razonable que una exigencia formulada de manera contraria a las bases estándar permita a un participante formular un cuestionamiento en su recurso de apelación y que este no pueda ser estimado debido a la propia deficiencia de las bases, más aún cuando la Entidad, al absolver la Consulta N° 10, rechazó expresamente la posibilidad de acreditar la experiencia mediante otras denominaciones de cargos.

• Por consiguiente, el defecto no constituye una mera deficiencia formal, sino que pudo

incidir en la formulación de las ofertas, en la evaluación de la experiencia del personal clave y, eventualmente, en el resultado del procedimiento de selección.

• Ahora bien, respecto de los argumentos expuestos por el Consorcio Impugnante 2 en

su Escrito N° 08, este Colegiado advierte que dicho consorcio sostiene que las bases integradas se ajustaron a las bases estándar, debido a que el literal B.2 estableció los cargos requeridos, los periodos mínimos de experiencia y las actividades en las que debía acumularse dicha experiencia, mediante la expresión “experiencia acumulada como”. Asimismo, invoca la advertencia incorporada en las bases estándar sobre la valoración integral de la experiencia y señala que las Observaciones N° 23, 24, 25, 26 y 27 del pliego de absolución de consultas y observaciones habrían complementado las exigencias para cada profesional. No obstante, tales argumentos no desvirtúan el vicio advertido, pues la expresión “experiencia acumulada como” mantiene la exigencia referida a la denominación del cargo, pero no reemplaza la obligación de precisar los trabajos o prestaciones en la actividad requerida.

• Del mismo modo, la advertencia sobre la valoración integral de la experiencia no

subsana dicha omisión, ya que esta establece cómo debe valorarse la documentación presentada, pero no determina cuáles son las actividades específicas que deben acreditarse para cada profesional. En consecuencia, la sola inclusión de tales previsiones no permite concluir que las bases integradas cumplieron con las exigencias de las bases estándar.

• Respecto de lo señalado por el Consorcio Impugnante 2, en el sentido de que la

deficiencia advertida no sería trascendente y que correspondería conservar los actos realizados, al no haberse afectado el resultado del procedimiento, debe tenerse en cuenta que, como se ha expuesto, la omisión incidió en la definición de las condiciones de acreditación de la experiencia del personal clave y generó una controversia concreta respecto de la oferta del Adjudicatario, en la que el Consorcio Impugnante 1 cuestionó que se hubieran presentado certificados con denominaciones distintas a las exigidas en las bases.

Por tanto, no es posible afirmar que el defecto carezca de incidencia en el procedimiento ni que pueda ser subsanado mediante una interpretación de las reglas ya establecidas, pues ello supondría mantener una exigencia que no fue formulada conforme a las bases estándar. En ese sentido, tampoco corresponde resolver el fondo de dicho cuestionamiento sobre la base de las reglas defectuosas, dado que ello implicaría validar los efectos de una exigencia que no permitió a los participantes conocer con claridad las actividades que debían acreditar.

• Respecto de lo señalado por el Adjudicatario, cabe precisar que el apartado referido

a la capacidad profesional establece las profesiones admitidas para el personal requerido, pero no sustituye la obligación de precisar los trabajos o prestaciones que deben sustentar su experiencia. Asimismo, el hecho de que los cuestionamientos formulados contra las ofertas de los impugnantes se refieran a información presuntamente incongruente o inexacta no elimina el defecto advertido en la configuración del requisito de calificación. Finalmente, invocar la continuidad del procedimiento o la conservación de los actos realizados no desvirtúa que el vicio afecta las reglas que debían orientar la acreditación y evaluación de la experiencia del personal clave.

• En cuanto a las absoluciones invocadas por el Consorcio Impugnante 2, corresponde

precisar que, si bien en las Observaciones N° 23, 24, 25, 26 y 27, así como en la Observación N° 41, la Entidad admitió distintas denominaciones de cargos para acreditar la experiencia de determinados profesionales, no precisó de manera expresa los trabajos o prestaciones específicos que debían acreditarse en cada caso. Cabe precisar que la Observación N° 23 estuvo referida al jefe de supervisión, por lo que no forma parte del análisis del posible vicio de nulidad advertido, referido a la experiencia del personal clave.

• Así, en la Observación N° 24, referida al especialista en estructuras, la Entidad admitió

distintas denominaciones de cargos, señalando que debía demostrarse fehacientemente la experiencia en la especialidad. Por su parte, en la Observación N° 25, referida al especialista en instalaciones eléctricas, si bien aceptó otras denominaciones de cargos, precisó que debía acreditarse que el profesional había desempeñado funciones como especialista en instalaciones eléctricas, sin ocupar un cargo o responsabilidad distinta; sin embargo, no identificó los trabajos o prestaciones concretos que debían sustentar dicha experiencia. De igual manera, en las Observaciones N° 26 y 27, referidas a los especialistas en instalaciones sanitarias y seguridad en obra y salud ocupacional, respectivamente, la Entidad admitió indistintamente diversas denominaciones de cargos, condicionándolas a que se demostrara fehacientemente la experiencia en la especialidad. Finalmente, en la Observación N° 41, referida al especialista en control de calidad y protocolos, también admitió distintas denominaciones de cargos, haciendo referencia a las funciones desempeñadas en la especialidad. No obstante, tales precisiones no identifican concretamente los trabajos o prestaciones que debían sustentar la experiencia de cada profesional, sino que mantienen la vinculación de esta con las funciones que se entenderían inherentes al cargo consignado. Por consiguiente, dichas absoluciones tampoco subsanan la omisión advertida, pues las bases estándar exigen que se establezcan los trabajos o prestaciones en la actividad requerida, y no que estos se determinen únicamente a partir de la denominación del cargo o de las funciones que se presuman asociadas a este.

• En consecuencia, considerando que el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento

establece el carácter obligatorio de las bases estándar para los evaluadores, y que la configuración del requisito de calificación “experiencia del personal clave” en las bases integradas se apartó de las disposiciones previstas en aquellas, este Colegiado concluye que se ha configurado un vicio trascendente que afecta la validez del procedimiento de selección y que no puede ser conservado.

• Cabe reiterar que las bases estándar contienen disposiciones de obligatorio

cumplimiento para las Entidades al momento de elaborar las bases de los procedimientos de selección, conforme a lo establecido en el numeral 55.3 del

artículo 55 del Reglamento.

• Asimismo, este Tribunal ha señalado reiteradamente que las bases administrativas e

integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, en función de las cuales se verifica el cumplimiento de los requisitos para la admisión, evaluación y calificación de las ofertas. En consecuencia, tanto la Entidad como los participantes y postores se encuentran vinculados por dichas disposiciones, por lo que resulta indispensable que estas sean elaboradas con claridad, coherencia y sujeción a la normativa vigente.

• En ese sentido, la deficiencia identificada evidencia una incorrecta configuración del

requisito de calificación “experiencia del personal clave”, en contravención de las bases estándar aplicables, del numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento y del principio de transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley. En efecto, la falta de precisión de los trabajos o prestaciones en la actividad requerida impidió que los participantes conocieran con claridad las actividades específicas que debían acreditar los profesionales propuestos y, a su vez, que contaran con parámetros objetivos para determinar si la experiencia presentada cumplía con las exigencias del procedimiento de selección.

• Asimismo, debe considerarse que dicha deficiencia tuvo una incidencia concreta en el

procedimiento, pues dio lugar a que el Consorcio Impugnante 1 cuestionara la experiencia del especialista en instalaciones eléctricas propuesto por el Adjudicatario, debido a que los certificados presentados consignaban denominaciones distintas a la exigida en las bases integradas. Tal cuestionamiento evidencia que la forma en que se configuró el requisito podía generar distintas interpretaciones respecto de la experiencia que debía acreditarse y, por tanto, afectar tanto la formulación de las ofertas como la evaluación de su cumplimiento. En consecuencia, no se trata de una deficiencia meramente formal, sino de un defecto que pudo incidir en el desarrollo y resultado del procedimiento de selección, por lo que no corresponde conservar los actos afectados.

• En atención a lo expuesto, corresponde tener en cuenta que los numerales 70.1 y 70.2

del artículo 70 de la Ley disponen que el Tribunal declarará la nulidad de los actos emitidos cuando estos hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita en la normativa aplicable, debiendo precisarse en la resolución la etapa a la cual se retrotraerá el procedimiento.

• Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del TUO de la LPAG4, la

contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias constituye causal de nulidad de los actos administrativos. Sobre el particular, el artículo 14 de dicho cuerpo normativo establece que solo son conservables aquellos actos en los que el vicio, por el incumplimiento de sus elementos de validez, no sea trascendente. Por tanto, dado que en el presente caso la deficiencia advertida incidió en la determinación de las reglas que debían orientar la acreditación y evaluación de la 4 Cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el inicio 2 del citado artículo, en concordancia con el artículo 14 de la LPAG, solo serán conservables cuando el vicio del acto administrativo, por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente.

experiencia del personal clave, no resulta posible conservar los actos afectados por dicho defecto.

• En esa línea, resulta necesario precisar que la nulidad constituye una figura jurídica

destinada a dotar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, de una herramienta legítima para sanear el procedimiento de selección frente a irregularidades que lo vicien, con la finalidad de garantizar un proceso transparente y conforme a la normativa vigente. La anulación del acto administrativo puede tener origen tanto en acciones u omisiones de la propia Administración como de otros participantes del procedimiento, siempre que tales actuaciones incidan en la decisión final adoptada.

• Asimismo, es menester reiterar que el procedimiento administrativo se rige por

principios que el legislador ha considerado esenciales, tanto para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados, como para controlar la discrecionalidad administrativa en la interpretación normativa, la integración jurídica frente a vacíos y la emisión de regulaciones complementarias.

• De igual modo, debe recalcarse que el análisis realizado por este Tribunal parte de la

premisa de que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas es que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un marco que garantice la satisfacción efectiva y oportuna de los fines públicos.

• Por tanto, en atención a la facultad otorgada a este Tribunal y atendiendo a las

consideraciones expuestas de manera precedente, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de absolución de consultas y observaciones, a fin de que la Entidad efectúe una nueva absolución conforme a lo señalado en la presente resolución, considerando las consultas y observaciones formuladas respecto de los especialistas en instalaciones eléctricas (consultas n° 10 y 25), estructuras (consulta n° 34), instalaciones sanitarias (consulta n° 26), seguridad en obra y salud ocupacional (consulta n° 27), y de calidad (consulta n° 41), a fin de que en dicha oportunidad precise expresamente los trabajos o prestaciones en la actividad requerida que deberán acreditarse para cada profesional. Como consecuencia de ello, la Entidad deberá integrar las bases de manera acorde con las bases estándar aplicables y continuar con el procedimiento de selección conforme a las disposiciones legales vigentes.

• En esa línea, en la medida en que el vicio de nulidad incide en el análisis de fondo del

recurso de apelación, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a los puntos controvertidos.

• Finalmente, en atención a lo dispuesto en el numeral 11.3 del artículo 11 del Texto

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, este Colegiado considera que debe remitirse copia de la presente resolución al titular de la Entidad, a fin de que conozca los vicios advertidos y realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones. Cuestión de interés público

• Sin perjuicio de la decisión adoptada, se ha planteado como cuestionamiento la

supuesta inexactitud de dos certificados emitidos a favor de la señora Mariana Nancy Lozano del Castillo, propuesta por el Adjudicatario como especialista en seguridad en obra y salud ocupacional. Al respecto, corresponde disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior de los siguientes documentos:

• Certificado de Trabajo emitido por el Consorcio Educativo A&S, suscrito por su

representante común Rocío del Carmen Bardales Flores, que acredita el desempeño de la profesional como especialista en seguridad en obra en la ejecución de la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de educación inicial en I.E. 530, distrito de San Juan Bautista de la provincia de Maynas del departamento de Loreto”, durante el periodo del 18 de setiembre de 2024 al 25 de marzo de 2025. ii. Certificado de Trabajo emitido por Inversiones Midasa E.I.R.L., que acredita el desempeño de la referida profesional como especialista ambiental en la supervisión de la obra “Mejoramiento del servicio de educación primaria de la I.E. N° 60092 - Padre Medardo André del centro poblado de San Antonio del Estrecho, distrito de Putumayo, provincia del Putumayo - departamento de Loreto”, durante el periodo del 2 de enero al 11 de junio de 2026.

• Asimismo, sobre la base de lo informado por el Consorcio Impugnante 1 en la

audiencia pública, respecto de la presunta presentación de información inexacta por parte del Consorcio Impugnante 2, corresponde disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de los siguientes documentos:

• Certificado de Trabajo del 21 de mayo de 2013, suscrito por el ingeniero Miguel

Ángel Chiriboga Rodríguez, en representación de la empresa Agobirich Ingenieros S.A.C., en favor del ingeniero Juan Hurtado Zamora, por haber desempeñado el cargo de Jefe de Supervisión en la supervisión de la obra “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac – Lima, Lima”, desde el 28 de junio de 2011 hasta el 13 de febrero de 2013.

ii. Constancia de Servicios del 16 de marzo de 2016, suscrita por el señor Juan Alfonso Poyatos Fuente en representación del Consorcio Supervisor San Ramón, en favor del señor Juan Hurtado Zamora, por haberse desempeñado como Jefe de Supervisión en la supervisión de la obra “Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del nivel inicial, primaria, secundaria y alternativa de la I.E. San Ramón, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga – Ayacucho”, desde el 3 de junio de 2014 hasta el 5 de enero de 2016. iii. Constancia de Locación de Servicios del 17 de mayo de 2022, suscrita por la señora Fátima Yanet Rivas Peña en representación de la empresa Sigral S.A., en favor del señor Juan Hurtado Zamora, identificado con DNI N° 18132579 y registro CIP N° 63713, por haberse desempeñado como Jefe de Supervisión de Obra en la supervisión de la obra “Mejoramiento del servicio educativo de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. 7074 La Inmaculada, sector 12 de Noviembre de Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima”, desde el 29 de julio de 2020 hasta el 15 de febrero de 2022. En ese sentido, la Entidad debe comunicar los resultados de dicha fiscalización posterior a este Tribunal en un plazo de veinte (20) días hábiles de publicada la presente resolución, bajo responsabilidad.

• Finalmente, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo

315 del Reglamento, y considerando que este Tribunal procede a declarar la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de las garantías otorgadas respectivamente por el Consorcio Impugnante 1 y el Consorcio Impugnante 2 para la interposición de sus recursos de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Alfredo Quispe Crovetto, y la intervención de los Vocales Lupe Mariella Merino de la Torre y Jimy Robert Ureta Aquino, atendiendo a la reconformación de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, publicada el 6 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la nulidad de oficio del Concurso Público para Consultoría de Obra N° 009-

2025-COMITÉ-MPR, convocado por la Municipalidad Provincial de Requena para la “Supervisión de la obra: mejoramiento del servicio de educación inicial y servicio de educación primaria en I.E. 60789 Sargento II Fernando Lores, distrito de Requena, de la provincia de Requena del departamento de Loreto CUI 2647854”, debiendo retrotraerse el procedimiento de selección hasta la etapa de absolución de consultas y observaciones, conforme a los fundamentos expuestos.

• Devolver la garantía presentada por el Consorcio León de Amazonas para la

interposición de su recurso de apelación.

• Devolver la garantía presentada por el Consorcio Educativo SFL para la interposición

de su recurso de apelación.

• Poner la presente resolución en conocimiento del titular de la Entidad, a fin de que

realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, de acuerdo con lo señalado en el fundamento 40 de la presente resolución.

• Disponer que la Municipalidad Provincial de Requena efectúe la fiscalización posterior

de los documentos señalados en los fundamentos 41 y 42.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

ss. Merino de la Torre. Ureta Aquino. Quispe Crovetto.

JIMY ROBERT

URETA QUINO

VOCAL

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JORGE ALFREDO

QUISPE CROVETTO

VOCAL

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LUPE MARIELLA

MERINO DE LA TORRE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

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