Resolución N.° 9754-2026-TCP-S6

Sumilla: “(…) considerando que el recurso de apelación es declarado fundado en parte, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía que el Impugnante presentó como requisito de admisibilidad de su recurso”. Lima, 11 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 11 de noviembre de 2026 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7922/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa Factoría Madrid E.I.R.L., en el marco del Concurso Público de Servicios N° 008-2026-1, para la “Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la sede central del ITP”; y, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 31 de agosto de 2026, el Instituto Tecnológico de la Producción, en adelante la

Entidad, convocó el Concurso Público de Servicios N° 008-2026-1, para la “Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la sede central del ITP”, con una cuantía de S/ 496,714.00 (cuatrocientos noventa y seis mil setecientos catorce con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. El 1 de octubre de 2026, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el 20 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa Perú Part’s & Service S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 382,840.00 (trescientos ochenta y dos mil ochocientos cuarenta con 00/100 soles), de acuerdo a lo siguiente:

Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado Perú Part’s & Service S.A.C S/ 382,840.00 102.00 1 Adjudicado Factoría Madrid E.I.R.L. - - - Descalificado. All Japan Motors S.A.C. - - - Descalificado. Comercial Miguea E.I.R.L. - - - Descalificado. M & M Globals Solution S.A.C. - - - Descalificado. Damoa Company S.A.C. - - - Descalificado.

• Mediante Carta N° 2610-FMEIRL presentada el 26 de octubre de 2026, y

subsanada mediante Carta de Respuesta N° 2710 presentada el 27 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa Factoría Madrid E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando: i) se revoque la descalificación de su oferta, y se tenga por calificada, ii) se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario, iii) se declare la descalificación de la oferta del Adjudicatario, y iv) se le otorgue la buena pro; para lo cual expuso los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta 2.1. Señala que el comité descalificó su oferta al considerar que contenía información incongruente respecto del plazo de prestación del servicio. 2.2. Refiere que el Anexo N° 12 se ajusta al formato establecido en las bases integradas y consigna expresamente el plazo de ejecución de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra primero, computado desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 2.3. Asimismo, precisa que la declaración jurada de plazo de prestación del servicio constituye un documento complementario que desarrolla los plazos previstos en los términos de referencia, reiterando el plazo general de 365 días calendario y detallando los plazos específicos para el mantenimiento preventivo (3 días calendario) y correctivo (15 días calendario por vehículo).

2.4. En ese sentido, sostiene que ambos documentos son concordantes y reproducen lo establecido en el numeral 6.3 de los términos de referencia, por lo que no existiría contradicción que justifique la descalificación. 2.5. De otro lado, cuestiona que el comité haya descartado el certificado de trabajo presentado por una supuesta incongruencia en el nombre del representante legal, considerando que dicha circunstancia impediría verificar la autenticidad del documento. 2.6. Al respecto, manifiesta que la observación responde a una variación gráfica menor en una letra del nombre, sin que ello afecte la identificación del emisor ni la autenticidad del certificado, pues la razón social, el RUC, el DNI y los demás antecedentes documentales permiten corroborar la identidad de la empresa y de las personas involucradas. 2.7. Agrega que el emisor del certificado y la vinculación laboral del ingeniero Ruperto Juan Cabezas Huamaní son verificables; por tanto, considera que una discrepancia formal no constituye fundamento suficiente para desconocer su valor probatorio. 2.8. Finalmente, sostiene que, ante cualquier duda sobre dicha documentación, el comité debió considerar la presunción de veracidad y efectuar la fiscalización posterior correspondiente, en lugar de disponer su descalificación. Sobre la oferta del Adjudicatario 2.9. Cuestiona la veracidad del certificado de trabajo presentado para acreditar que el señor Dheverynt Patilla Huanay se desempeña como jefe de taller mecánico automotriz desde el 5 de junio de 2018 hasta la actualidad. Al respecto, sostiene que dicha información sería desvirtuada por el Certificado Único Laboral (CUL), emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el 24 de agosto de 2026. 2.10. Refiere que el documento oficial registra un vínculo laboral del personal con la empresa Cargo Transport S.A.C., durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2023, circunstancia que contradice la experiencia laboral declarada.

2.11. En esa línea, sostiene que resultaría incompatible que el personal hubiera prestado servicios simultáneamente a tiempo completo para ambas empresas durante dicho periodo, considerando las jornadas laborales y los desplazamientos entre sus respectivos centros de trabajo. Por ello, considera que el certificado presentado contendría información inexacta. 2.12. Asimismo, cuestiona la experiencia acreditada en la página N° 53 de la oferta, al advertir que las funciones consignadas en el certificado de trabajo coinciden literalmente con las previstas para el cargo de jefe de taller de mecánica en el numeral 7.4.4.1 de los términos de referencia, específicamente aquellas referidas a la gestión del equipo, supervisión de operaciones, control de calidad y seguridad, gestión de inventarios y coordinación de trabajos de mantenimiento y reparación. 2.13. A partir de dicha coincidencia, sostiene que el certificado habría sido elaborado tomando como referencia las funciones establecidas en las bases, lo que evidenciaría una posible elaboración del documento para aparentar el cumplimiento de la experiencia requerida y constituiría información inexacta. 2.14. De otro lado, cuestiona el documento denominado compromiso de alquiler de equipo, obrante en la página N° 56 de la oferta, mediante el cual se pretende acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico exigido en las bases integradas. Al respecto, sostiene que dicho documento presenta defectos en su suscripción, pues las firmas consignadas corresponderían a personas naturales y no a representantes de las personas jurídicas involucradas. 2.15. Precisa que la señora Guisella Irina Gutiérrez Zapata y el señor Cirilo Jackson Aguilar Aldrin suscribieron el documento a título personal, sin identificarse en los espacios correspondientes como representantes legales de las empresas que asumirían las obligaciones contractuales. Añade que el sello del Adjudicatario, ubicado en un extremo inferior del documento, no subsanaría dicha omisión ni acreditaría la representación invocada. 2.16. En consecuencia, considera que existe una discordancia entre las personas jurídicas identificadas como partes en el contenido del compromiso y quienes efectivamente lo suscribieron, lo que afectaría su eficacia jurídica e impediría tener por acreditada la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

• A través del decreto del 28 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante, el cual fue notificado a través del toma razón electrónico del SEACE de la PLADICOP en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP o remita, de ser el caso, el informe técnico legal en el que debía indicar su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 3 de noviembre del mismo año.

• Mediante Oficio N° 000487-2026-ITP/UA, presentado el 29 de octubre de 2026 al

Tribunal, la Entidad acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Con Escrito N° 01-2026-ITP-PP/ARA, presentado el 30 de octubre de 2026 al

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, conforme al siguiente detalle: Sobre la oferta del Impugnante 5.1. Respecto del equipamiento estratégico, cuestiona el compromiso de compraventa suscrito con la señora Merey Olinda Flores Vilchez, señalando que, según los registros de la SUNAT, esta no desarrollaría actividades económicas relacionadas con la venta de equipos de mecánica automotriz o similares.

5.2. A su criterio, dicha circunstancia genera dudas sobre la procedencia y disponibilidad efectiva de los equipos requeridos para la prestación del servicio. Si bien reconoce que las bases integradas permiten acreditar el equipamiento estratégico mediante documentos que sustenten su propiedad, posesión, compromiso de compraventa o alquiler, cuestiona la regularidad del documento presentado. Asimismo, señala que el nombre del suscriptor del compromiso de compraventa y de la proforma no correspondería al del representante legal. 5.3. En cuanto a la infraestructura estratégica, sostiene que los locales propuestos no contarían con licencia de funcionamiento ni con certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) que los habiliten para operar como talleres de mecánica automotriz. En ese sentido, considera que la falta de dichas autorizaciones podría comprometer la adecuada prestación del servicio, al desarrollarse actividades en establecimientos que no contarían con las habilitaciones correspondientes. 5.4. Finalmente, cuestiona la acreditación de la inscripción en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), al señalar que la actividad económica del Impugnante registrada corresponde a la venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores, mientras que el objeto del procedimiento de selección es la contratación de un servicio y no la adquisición de bienes. Por ello, considera que dicha actividad no guardaría correspondencia con el objeto de la contratación.

• El 2 de noviembre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico Legal

N° 000003-2026-ITP/UA, en el cual expuso su posición sobre los argumentos del recurso impugnativo, en los siguientes términos: Sobre la descalificación de la oferta del Impugnante 6.1. Señala que el Impugnante presentó dos declaraciones juradas referidas al plazo de prestación del servicio. En el folio 19, mediante la declaración jurada de plazo de prestación del servicio, aceptó expresamente el plazo general de 365 días calendario, así como los plazos específicos de tres (3) días para el mantenimiento preventivo y quince (15) días para el mantenimiento correctivo, por vehículo, conforme al numeral 6.3 de los términos de referencia.

6.2. Sin embargo, indica que, posteriormente, en el folio 122, presentó el Anexo N° 12, en el que consignó únicamente el plazo general de 365 días calendario, omitiendo los plazos específicos por vehículo. En ese sentido, considera que, ambas declaraciones contienen condiciones distintas y excluyentes, pues la segunda no contempla las exigencias particulares previstas en los términos de referencia, generando incertidumbre respecto del alcance de la obligación asumida por el postor. 6.3. En consecuencia, sostiene que dicha discrepancia constituye una incongruencia sustancial de la oferta y no un error formal, toda vez que impide determinar con certeza si el Impugnante aceptó cumplir los plazos individuales establecidos para cada unidad vehicular. 6.4. Respecto del certificado de trabajo presentado por el Impugnante, señala que este contiene una discrepancia en la identificación de su suscriptor, pues el texto atribuye su emisión al señor Tito Madrid Ayzanoa, mientras que la firma y el sello consignan el nombre de Tito Madrid Ayzanda. Por lo tanto, sostiene que, dicha diferencia compromete la identificación del emisor y la fehaciencia del documento, por lo que no constituiría un defecto susceptible de subsanación. 6.5. Agrega que el Impugnante adjuntó capturas de la consulta RUC de SUNAT para sostener que la persona consignada en la firma no existiría; sin embargo, refiere que una búsqueda en internet permitió encontrar documentación formal, con sellos de SUNARP y de una notaría pública de Ayacucho, en la que figura una persona con el nombre de Tito Madrid Ayzanda. Sobre los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario 6.6. En cuanto al cuestionamiento referido a la experiencia del personal clave del Adjudicatario, señala que el comité evaluó la documentación presentada en la oferta, sin considerar información externa a esta, como el Certificado Único Laboral (CUL) emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aportado por el Impugnante.

6.7. Al respecto, sostiene que, de conformidad con los artículos 5 de la Ley, el comité debía evaluar las ofertas sobre la base de los documentos y requisitos establecidos en las bases integradas, sin sustentar su decisión en información ajena a estas. Ello, sin perjuicio de que la Entidad pueda efectuar la fiscalización posterior. 6.8. Asimismo, indica que el certificado de trabajo presentado por el Adjudicatario acredita más de cinco (5) años de experiencia del ingeniero Dheverynt Patilla Huanay, conforme a lo exigido en las bases integradas. Añade que, al tratarse de un documento emitido por una persona jurídica formal, que cuenta con firma y sello, correspondía aplicar la presunción de veracidad, al no existir elementos objetivos en contrario durante la evaluación de las ofertas. 6.9. Respecto de la coincidencia entre las funciones descritas en el certificado de trabajo y aquellas previstas en los términos de referencia para el cargo de jefe de taller, considera que dicha circunstancia no constituye evidencia de falsedad o inexactitud, por lo que no justificaba desconocer el documento durante la evaluación. 6.10. En relación con el compromiso de alquiler de equipo, señala que el comité lo consideró un documento idóneo para acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico. Asimismo, sostiene que las discrepancias advertidas en la identificación de las personas que suscribieron el documento no afectan su validez formal en la etapa de evaluación, al resultar aplicable la presunción de veracidad, sin perjuicio de la fiscalización posterior. 6.11. Finalmente, concluye que la oferta del Adjudicatario cumplió con presentar la documentación exigida en las bases integradas y que cualquier eventual falsedad o inexactitud advertida deberá ser materia de verificación posterior, sin que ello determine la invalidez de la evaluación efectuada por el comité.

• Mediante Carta N° 3110-FMEIRL, presentada el 2 de noviembre de 2026 al

Tribunal, el Impugnante remitió información adicional, señalando lo siguiente: Sobre los cuestionamientos a su oferta 7.1. Respecto del equipamiento estratégico, sostiene que el cuestionamiento al compromiso de compraventa presentado para acreditar su disponibilidad carece de sustento, pues se fundamenta en que la señora Merey Olinda Flores Vilchez no tendría registrada en su ficha RUC una actividad económica relacionada con la comercialización de equipos de mecánica automotriz. Al respecto, advierte una contradicción en el argumento del Adjudicatario, quien reconoce que el documento cumple con lo exigido en las bases integradas. 7.2. Asimismo, señala que las bases integradas y los términos de referencia no establecieron como requisito de admisión o calificación que el arrendador tuviera registrada ante la SUNAT una actividad económica vinculada con el equipamiento estratégico. Por tanto, considera que dicho cuestionamiento pretende incorporar una exigencia no prevista en las reglas del procedimiento de selección. 7.3. En cuanto a la infraestructura estratégica, manifiesta que acreditó su disponibilidad mediante la presentación de los respectivos contratos de alquiler, conforme a las exigencias de las bases integradas. Agrega que estas no establecieron como requisito que las licencias de funcionamiento de los locales consignaran expresamente una denominación específica vinculada con la mecánica automotriz, por lo que considera que el Adjudicatario pretende introducir una exigencia no contemplada en el procedimiento. 7.4. Respecto de la inscripción en el REMYPE, sostiene que las bases integradas no exigieron que el postor registrara una actividad económica específica o directamente vinculada con el objeto de la contratación. En consecuencia, considera que la observación formulada por el Adjudicatario carece de sustento, al pretender incorporar una condición no prevista en las reglas del procedimiento de selección. Nuevos cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario 7.5. Cuestiona la acreditación del equipamiento estratégico, señalando que el Adjudicatario se habría limitado a reproducir las características y capacidades mínimas establecidas en las bases integradas, correspondientes a dos prensas de al menos 2.5 toneladas y dos compresoras de aire industrial con una capacidad mínima de 400 litros y una potencia no menor de 3.5 HP, sin individualizar ni precisar las características técnicas de los equipos cuya disponibilidad ofrece acreditar. 7.6. En ese sentido, sostiene que la falta de identificación y especificación de los equipos genera incertidumbre respecto de su disponibilidad efectiva e idoneidad para la prestación del servicio, por lo que considera que el compromiso de alquiler presentado resulta genérico e insuficiente para acreditar el cumplimiento del requisito de calificación.

• Con Escrito N° 0111-2026/FM/EIRL, presentado el 2 de noviembre de 2026 al

Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• A través del el Informe Técnico Legal N° 000003-2026-ITP/UA, presentado el 2 de

noviembre de 2026 al Tribunal, la Entidad reiteró lo señalado en el numeral 6 de los antecedentes.

• Mediante decreto del 2 de noviembre de 2026, se tuvo por apersonado al

Adjudicatario considerando que es el ganador de la buena pro del procedimiento de selección.

• El 3 de noviembre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada, con

la participación de los representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad.

• Con decreto del 4 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el

Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• Procedencia del recurso.

• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (cuantía superior a 50 UIT).1 Concurso Público de Servicios, con una cuantía de S/ 496,714.00. Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2 Contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro. Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento.

Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 La notificación del acto impugnado fue el 20.10.2026, venciendo el plazo de 8 días hábiles el 30.10.2026. El recurso de apelación se presentó el 26.10.2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente El recurso es suscrito por el señor Tito Madrid Ayzanda, en calidad de titular gerente del Impugnante, conforme al certificado de vigencia de poder, anexo al recurso. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Impugnante cuestiona la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. Sí Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro El Impugnante no es el ganador de la buena pro; pues su oferta fue descalificada. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Sí tiene interés y legitimidad para impugnar la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro. Para impugnar el otorgamiento de la buena pro, debe revertir primero su condición de descalificado. Sí

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

interpuesto por el Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• Petitorio.
• El Impugnante solicita a este Tribunal que:

✓ Se revoque la descalificación de su oferta y, como consecuencia de ello, se disponga que la Entidad califique su oferta. ✓ Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. ✓ Se declare la descalificación de la oferta del Adjudicatario. ✓ Se le otorgue la buena pro.

• El Adjudicatario solicita a este Tribunal que:

✓ Se ratifique la calificación de su oferta. ✓ Se ratifique el otorgamiento de la buena pro a su favor. ✓ Se ratifique la descalificación de la oferta del Impugnante. ✓ Se declare la descalificación de la oferta del Impugnante.

• Fijación de puntos controvertidos.
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso” (subrayado nuestro). Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 28 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquéllos con interés legítimo que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían hasta el 2 de noviembre de 2026 para absolverlo.

• Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente administrativo, se advierte

que, con Escrito N° 01-2026-ITP-PP/ARA, presentado el 30 de octubre de 2026 al Tribunal, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el recurso de apelación; esto es, dentro del plazo legal establecido. En consecuencia, para la determinación de los puntos controvertidos, deben tomarse en cuenta los aspectos propuestos por el Impugnante y el Adjudicatario. En consecuencia, los puntos controvertidos materia de análisis consisten en:

• Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de descalificar la

oferta del Impugnante y, como consecuencia de ello, disponer la calificación de su oferta y revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. ii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario.

iii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante, en virtud del cuestionamiento formulado por el Adjudicatario. iv. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.

• De otro lado, mediante el Escrito N° 01-2026-ITP-PP/ARA, el Adjudicatario

cuestionó el cumplimiento de los requisitos de calificación “Equipamiento estratégico” e “Infraestructura estratégica” por parte del Impugnante. Al respecto, se advierte que la oferta del Impugnante fue descalificada por el presunto incumplimiento del requisito de calificación “Experiencia del personal clave” y respecto de una supuesta incongruencia en relación al plazo de entrega ofertado. En consecuencia, el comité no evaluó los demás requisitos de calificación ni la documentación presentada para acreditarlos. Sobre el particular, la competencia revisora de este Tribunal, en el marco de un recurso de apelación, se circunscribe al control de legalidad de las actuaciones realizadas por la Entidad que son materia de impugnación. Por tanto, no corresponde emitir pronunciamiento sobre aspectos que aún no han sido objeto de evaluación por parte del comité.

• En consecuencia, los cuestionamientos del Adjudicatario referidos al

cumplimiento de los requisitos de calificación “Equipamiento estratégico” e “Infraestructura estratégica” no pueden ser materia de análisis en el presente procedimiento ni ser incorporados como puntos controvertidos, toda vez que dichos requisitos no fueron evaluados por el comité.

• Por otro lado, mediante Carta N° 3110-FMEIRL, presentada el 2 de noviembre de

2026 al Tribunal, el Impugnante formuló nuevos cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario, sin embargo, esta se encuentra fuera del plazo legal para ello, por lo que no corresponde que este Colegiado se pronuncie respecto de dichos cuestionamientos.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Consideraciones previas:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Tribunal se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación: Primer punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de descalificar la oferta del Impugnante y, como consecuencia de ello, disponer la calificación de su oferta y revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.

• Mediante el Acta de admisión, calificación, evaluación de ofertas y otorgamiento

de la buena pro del 20 de octubre de 2026, el comité dispuso descalificar la oferta del Impugnante, al considerar que existiría una supuesta incongruencia entre la información consignada en el Anexo N° 12 y la declaración jurada de plazo de prestación del servicio. Asimismo, señaló que el Impugnante no habría acreditado fehacientemente el requisito de calificación “Experiencia del personal clave”.

• Frente a dicha decisión, el Impugnante presentó argumentos destinados a

cuestionar la descalificación de su oferta, conforme a lo expuesto en los

• Por su parte, la Entidad ratificó su decisión de descalificar la oferta del

Impugnante, de acuerdo con lo señalado en los antecedentes del presente pronunciamiento.

• Adicionalmente, el Adjudicatario formuló argumentos destinados a cuestionar la

calificación de la oferta del Impugnante, conforme a lo señalado en los

• En ese contexto, a fin de resolver el cuestionamiento planteado, cabe traer a

colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron someter los participantes y postores, así como el comité al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. Respecto del plazo de prestación del servicio

• En primer término, cabe señalar que el objeto de la convocatoria consiste en la

contratación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la sede central del ITP.

• Sobre el particular, el numeral 6.3 “Plazo de prestación del servicio”, de los

términos de referencia de las bases integradas estableció lo siguiente:

• Como se aprecia, dicha disposición contempla dos aspectos diferenciados: i) el

plazo total de prestación del servicio, establecido en trescientos sesenta y cinco (365) días calendario o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra primero, computado desde el día siguiente de la suscripción del contrato; y ii) los plazos previstos para la ejecución de cada tipo de mantenimiento, correspondientes a tres (3) días calendario para el mantenimiento preventivo y quince (15) días calendario para el mantenimiento correctivo, contabilizados a partir de la recepción de cada unidad vehicular.

• De lo expuesto, se advierte que las bases integradas establecieron un plazo

contractual de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario para la prestación integral del servicio, dentro del cual debían ejecutarse las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que fueran requeridas. En ese sentido, los plazos de tres (3) y quince (15) días calendario no constituyen plazos adicionales ni modifican la duración total de la contratación, sino que regulan el tiempo máximo previsto para ejecutar cada intervención, según corresponda. Por tanto, resulta necesario distinguir entre el plazo total de prestación del servicio y los plazos específicos para la ejecución de las actividades que comprende, pues se trata de parámetros con finalidades distintas y que no resultan incompatibles entre sí.

• Ahora bien, de la revisión del formato del Anexo N° 12 incorporado en las bases

integradas, se advierte lo siguiente:

• Conforme a dicho formato, los postores debían consignar el plazo ofertado para

la prestación del servicio, expresado en días calendario. Cabe precisar que las bases integradas no establecieron expresamente la etapa del procedimiento de selección en la que debía presentarse dicho anexo.

• En ese contexto, de la revisión de la oferta del Impugnante se advierte que, a folios

19 y 122, obran, respectivamente, la declaración jurada de plazo de prestación del servicio y el Anexo N° 12, documentos cuestionados por el comité, cuyo contenido se reproduce a continuación: Declaración jurada de plazo de prestación del servicio Anexo N° 12

• De la revisión de ambos documentos, se aprecia que el Impugnante ofertó prestar

el servicio durante un plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra primero. Adicionalmente, en la declaración jurada de plazo de prestación del servicio, precisó los plazos de ejecución correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo, esto es, tres (3) y quince (15) días calendario, respectivamente.

• Al respecto, este Colegiado considera que la consignación de dichos plazos en la

declaración jurada no evidencia una contradicción respecto del plazo ofertado, toda vez que estos corresponden a los tiempos de ejecución de cada tipo de mantenimiento, conforme a lo previsto expresamente en los términos de referencia. Por el contrario, la información contenida en ambos documentos resulta concordante, pues el plazo total de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario comprende las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se requieran durante la vigencia de la prestación . En consecuencia, no se advierte que el Impugnante haya ofertado plazos distintos o incompatibles entre sí, ni que la información consignada en uno de los documentos contradiga lo declarado en el otro. Por tanto, no se configura la incongruencia advertida por el comité.

• En virtud de lo expuesto, este Colegiado concluye que el Impugnante consignó

correctamente el plazo de prestación del servicio, en concordancia con las condiciones establecidas en los términos de referencia de las bases integradas;

por lo que la información contenida en los documentos cuestionados no constituía un motivo válido para descalificar su oferta.

• En ese sentido, al haberse verificado que el plazo ofertado por el Impugnante se

ajusta a las disposiciones de las bases integradas y que no existe incongruencia entre los documentos presentados, no correspondía que el comité sustentara la descalificación de su oferta en dicho cuestionamiento. En consecuencia, este extremo de la decisión del comité no se encuentra justificado. Respecto de la experiencia del personal clave

• Al respecto, el comité sustentó la descalificación de la oferta del Impugnante en

una supuesta inconsistencia advertida en el certificado de trabajo del 18 de mayo de 2026, presentado para acreditar la experiencia del personal clave propuesto. Según indicó, si bien en la parte superior del documento se identifica como suscriptor al señor Tito Madrid Ayzanoa, en los sellos consignados en la parte inferior figura el nombre de Tito Madrid Ayzanda; situación que no permitiría corroborar de manera fehaciente que ambas identificaciones correspondan a una misma persona.

• Sobre el particular, corresponde traer a colación lo establecido en el literal C.1

“Experiencia del personal clave”, de los términos de referencia de las bases integradas, en el cual se solicitó lo siguiente:

• Conforme se aprecia, las bases integradas exigieron que el personal clave

propuesto cuente con una experiencia mínima de cinco (5) años en supervisión y/o coordinación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos automotores, desempeñándose como jefe de taller de mecánica. Asimismo, se estableció que dicha experiencia debía acreditarse mediante copia de cualquiera de los siguientes documentos: i) contratos y su respectiva conformidad; ii) constancias; iii) certificados; o iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demostrara la experiencia del personal propuesto. Adicionalmente, se precisó que dichos documentos debían contener los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el día, mes y año de inicio y culminación de la experiencia, el nombre de la entidad u organización emisora, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se advierte que, a folio 43,

presentó el certificado de trabajo del 18 de mayo de 2026, a efectos de acreditar la experiencia del personal clave propuesto, conforme se reproduce a continuación:

• De la revisión del referido certificado, se aprecia que fue emitido por la empresa

Factoría Madrid E.I.R.L. a favor del señor Ruperto Juan Cabezas Huamaní, por haberse desempeñado en el taller automotriz de dicha empresa como jefe de taller de mecánica, realizando actividades de supervisión de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de vehículos automotores, durante el periodo comprendido entre el 9 de enero de 2017 y el 11 de mayo de 2026. Asimismo, se advierte que en la parte superior del documento se identifica como suscriptor al señor Tito Madrid Ayzanoa, identificado con DNI N° 06843577, en calidad de representante legal de la empresa Factoría Madrid E.I.R.L.; mientras que en el sello consignado en la parte inferior figura el nombre de Tito Madrid Ayzanda. En consecuencia, la diferencia advertida se circunscribe a una letra del último apellido de la persona identificada como suscriptora del certificado.

• Al respecto, este Colegiado considera que dicha diferencia constituye un error

material que, atendiendo a los demás elementos contenidos en el documento y a la información registral de la empresa emisora, no genera incertidumbre respecto de la identidad de quien suscribe el certificado. En efecto, de la consulta efectuada en el portal de la SUNAT, utilizando el número de DNI consignado en el certificado, se verifica que este corresponde al señor Tito Madrid Ayzanoa. Asimismo, de la consulta del RUC de la empresa Factoría Madrid E.I.R.L., específicamente en el apartado correspondiente a sus representantes legales, se advierte que el señor Tito Madrid Ayzanoa figura registrado en calidad de gerente desde el 29 de enero de 2013, conforme se aprecia a continuación:

• De esta manera, los elementos objetivos disponibles permiten corroborar que la

persona identificada en el encabezado del certificado, cuyo número de DNI también se consigna en dicho documento, corresponde al representante de la empresa emisora que figura en los registros de la SUNAT. Por tanto, la diferencia ortográfica advertida en el sello no resulta suficiente para desconocer la identidad del suscriptor ni para restar mérito a la experiencia.

• En ese sentido, de la valoración conjunta del certificado de trabajo y de la

información obtenida de las consultas registrales de la SUNAT, este Colegiado advierte que la diferencia entre los apellidos “Ayzanoa” y “Ayzanda” responde a un error material en la consignación del sello, cuya incidencia ha podido ser esclarecida a partir de los demás datos verificables del documento. Por consiguiente, no se configura la discrepancia advertida por el comité, toda vez que ha sido posible identificar al suscriptor del certificado y corroborar su vinculación con la empresa emisora. Asimismo, se verifica que el certificado contiene la información exigida en las bases integradas para acreditar la experiencia del personal clave, por lo que el error material identificado no constituye un motivo válido para desconocer la experiencia.

• En virtud de lo expuesto, corresponde revocar la decisión del comité de

descalificar la oferta del Impugnante, al haberse determinado que los dos cuestionamientos que sustentaron dicha decisión no resultan válidos. En consecuencia, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.

• Ahora bien, de la revisión del Acta de admisión, calificación, evaluación de ofertas

y otorgamiento de la buena pro, se advierte que el comité no efectuó la verificación de los demás requisitos de calificación correspondientes a la formación académica del personal clave, el equipamiento estratégico y la infraestructura estratégica. Por tanto, al no haberse realizado la evaluación de los requisitos de calificación de la oferta del Impugnante, corresponde disponer que el comité continúe con dicha evaluación, verificando el cumplimiento de los requisitos pendientes, conforme a las disposiciones de las bases integradas y a los fundamentos expuestos en el presente pronunciamiento.

• Siendo así, corresponde declarar fundado el recurso de apelación, en este

extremo. Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario.

• El Impugnante solicitó la descalificación de la oferta del Adjudicatario, formulando

los siguientes cuestionamientos: ➢ Respecto de la experiencia del personal clave: cuestionó la veracidad de la experiencia acreditada, alegando que el periodo consignado en el certificado de trabajo habría sido desvirtuado por el Certificado Único Laboral (CUL), en el cual se registraría que el personal mantuvo un vínculo laboral con la empresa Cargo Transport S.A.C. durante el mismo periodo. Asimismo, sostuvo que las funciones descritas en el certificado de trabajo coinciden literalmente con aquellas previstas para el cargo de jefe de taller de mecánica en el numeral 7.4.4.1 de los términos de referencia, lo que evidenciaría que el documento habría sido elaborado con la finalidad de aparentar el cumplimiento de la experiencia requerida. ➢ Respecto del equipamiento estratégico, cuestionó el compromiso de alquiler del equipamiento, alegando que presentaría defectos en su suscripción, toda vez que las firmas consignadas corresponderían a personas naturales y no a representantes de las personas jurídicas involucradas.

• Frente a dicha pretensión, el Adjudicatario formuló argumentos destinados a

sustentar la calificación de su oferta, conforme a lo expuesto en los antecedentes del presente pronunciamiento.

• Por su parte, la Entidad se ratificó en su decisión de tener por calificada la oferta

del Adjudicatario, de acuerdo con lo señalado en los antecedentes del presente pronunciamiento. Respecto de la experiencia del personal clave

• Sobre el particular, cabe precisar que, conforme a lo desarrollado en el

fundamento 34 del presente pronunciamiento, las bases integradas establecieron los requisitos y condiciones que debían observar los postores para acreditar la experiencia del personal clave propuesto.

• Asimismo, corresponde considerar que el numeral 7.4.4.1 “Personal clave”, de los

términos de referencia de las bases integradas, respecto del perfil de jefe de taller de mecánica, estableció lo siguiente:

• Conforme se aprecia, entre las funciones asignadas al jefe de taller de mecánica

se encuentran la gestión del equipo, la supervisión de las operaciones diarias, el aseguramiento de la calidad y seguridad, la gestión de inventarios de repuestos y herramientas, la coordinación de los trabajos de mantenimiento y reparación, así como el cumplimiento de los presupuestos y plazos establecidos.

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que, a folio 53,

presentó el certificado de trabajo del 28 de setiembre de 2026, con la finalidad de acreditar la experiencia del personal clave propuesto, conforme se reproduce a continuación:

• De la revisión del referido documento, se aprecia que fue emitido por la empresa

Perú Part’s & Service S.A.C. y suscrito por el señor Jackson Aldring Aguilar Cirilo, en calidad de representante legal, a favor del señor Dheverlynt Patilla Huanay, por haberse desempeñado como jefe de taller de mecánica automotriz desde el 5 de junio de 2018 hasta el 28 de setiembre de 2026. Asimismo, se advierte que entre las funciones desarrolladas por el profesional se consignan la gestión del equipo, la supervisión de las operaciones diarias, el aseguramiento de la calidad y seguridad, la gestión de inventarios de repuestos y herramientas, la coordinación de trabajos de mantenimiento y reparación, y el cumplimiento de presupuestos y plazos.

• Al respecto, el Impugnante cuestiona la veracidad del periodo de experiencia

consignado en el certificado, alegando que el señor Dheverlynt Patilla Huanay habría mantenido un vínculo laboral con la empresa Cargo Transport S.A.C. durante el mismo periodo, conforme se desprendería del CUL correspondiente a dicho personal.

En ese sentido, sostiene que este habría desempeñado labores simultáneamente para dos empresas, circunstancia que pondría en duda la veracidad de la experiencia acreditada. Para sustentar su cuestionamiento, reproduce el siguiente CUL:

• Sobre el particular, este Colegiado advierte que la información consignada en el

CUL, referida a la existencia de un vínculo laboral del personal con la empresa Cargo Transport S.A.C., no permite concluir que la experiencia certificada por la empresa Perú Part’s & Service S.A.C. sea falsa o que los servicios descritos en dicho documento no se hayan prestado. En efecto, la sola coincidencia temporal de los vínculos laborales no constituye un elemento suficiente para descartar la experiencia acreditada, pues no permite determinar, sin información adicional, las condiciones en las que se desarrollaron ambas actividades ni establecer que estas resultaban necesariamente incompatibles. Para arribar a una conclusión en ese sentido, se requerirían elementos objetivos que permitan corroborar que el profesional no pudo desempeñar las labores certificadas o que el contenido del certificado no corresponde a la realidad. Sin embargo, en el presente caso, el Impugnante no ha aportado documentación o elementos probatorios adicionales que permitan acreditar dicha incompatibilidad o desvirtuar la información contenida en el certificado de trabajo.

• Por tanto, su cuestionamiento, sustentado únicamente en la coincidencia

temporal advertida en el CUL, no resulta suficiente para restarle mérito a la experiencia presentada por el Adjudicatario.

• Por otro lado, el Impugnante cuestiona que las funciones consignadas en el

certificado de trabajo coincidan literalmente con aquellas previstas en el numeral 7.4.4.1 de los términos de referencia para el cargo de jefe de taller de mecánica. Al respecto, este Colegiado considera que la coincidencia entre las funciones descritas en el certificado y aquellas previstas en los términos de referencia no constituye un indicio suficiente de falsedad o inexactitud. Por el contrario, debe tenerse presente que las funciones consignadas en las bases integradas corresponden precisamente a las actividades que debía acreditar el personal propuesto para dicho cargo; por lo que su correspondencia con las descritas en el certificado resulta compatible con la experiencia requerida.

• En ese sentido, para que dicha coincidencia pudiera sustentar un cuestionamiento

sobre la veracidad del documento, resultaba necesario que el Impugnante aportara elementos objetivos adicionales que permitieran advertir que el certificado no responde a servicios efectivamente prestados o que habría sido elaborado con información que no se ajusta a la realidad. No obstante, no se advierte que haya presentado medios probatorios que permitan corroborar tal afirmación.

• Por consiguiente, al no haberse aportado elementos objetivos que desvirtúen la

información contenida en el certificado de trabajo presentado por el Adjudicatario, este Colegiado considera que no existen elementos suficientes para desconocer la experiencia. En consecuencia, corresponde tener por válida la experiencia sustentada en dicho documento, en aplicación del principio de presunción de veracidad. Respecto del equipamiento estratégico

• De acuerdo con el literal C.3 “Equipamiento estratégico”, de los términos de

referencia de las bases integradas, se estableció lo siguiente:

• Conforme se aprecia, las bases integradas exigieron que los postores acreditaran

la disponibilidad del siguiente equipamiento estratégico: i) dos (2) prensas de al menos 2.5 toneladas; y ii) dos (2) compresoras de aire industrial con una capacidad mínima de 400 litros y una potencia no menor de 3.5 HP. Asimismo, se estableció que la acreditación de dicho equipamiento podía efectuarse mediante copia de documentos que sustentaran su propiedad, posesión, compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que acreditara que el equipamiento estratégico requerido se encontraba disponible para la ejecución del contrato.

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que, a folio 56,

presentó un compromiso de alquiler de equipos, conforme se reproduce a continuación:

• De la revisión del referido documento, se aprecia que contiene el compromiso de

alquiler de equipamiento celebrado entre el Adjudicatario, representado por el señor Jackson Aldring Aguilar Cirilo, y la empresa Adriasol Perú Group E.I.R.L., representada por la señora Guisella Yirina Gutiérrez Zapata. Asimismo, se advierte que el documento cuenta con las firmas de ambas personas naturales, quienes intervienen en representación de las respectivas personas jurídicas.

• Al respecto, el Impugnante cuestiona que no existiría correspondencia entre

quienes celebran el compromiso de alquiler y quienes lo suscriben, alegando que los primeros serían personas jurídicas, mientras que las firmas consignadas en el documento corresponderían a personas naturales. Sobre el particular, este Colegiado advierte que dicho cuestionamiento parte de una premisa equivocada, pues desconoce que las personas jurídicas, al carecer de existencia física, manifiestan su voluntad y actúan a través de personas naturales que ejercen su representación. En ese sentido, el hecho de que el compromiso de alquiler haya sido suscrito por personas naturales no implica que estas lo hayan celebrado a título personal, ni constituye una irregularidad que afecte su validez, toda vez que, conforme se desprende del propio documento, ambas intervienen en representación de las personas jurídicas que asumen los compromisos contractuales correspondientes. Por tanto, no resulta atendible el cuestionamiento del Impugnante, pues la suscripción del compromiso por parte de personas naturales que actúan en representación de las personas jurídicas intervinientes resulta compatible con la naturaleza de estas últimas y no constituye un defecto que permita desconocer el documento presentado para acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico.

• En consecuencia, al no haberse acreditado que la suscripción del compromiso de

alquiler presente algún defecto que afecte su acreditación, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por el Impugnante y mantener la calificación efectuada por el comité respecto de la oferta del Adjudicatario.

• En consecuencia, corresponde declarar infundado el recurso de apelación en este

extremo. Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante, en virtud del cuestionamiento formulado por el Adjudicatario.

• El Adjudicatario cuestionó la acreditación de la inscripción del Impugnante en el

Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), alegando que la actividad económica registrada en dicho registro corresponde a la venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores, la cual no guarda relación con el objeto del procedimiento de selección, conforme se aprecia a continuación:

• Frente a dicho cuestionamiento, el Impugnante formuló argumentos destinados a

sustentar la validez de su inscripción en el REMYPE, conforme a lo expuesto en los

• Sobre el particular, de acuerdo con el numeral 7.4 “Requisitos del proveedor”, de

los términos de referencia de las bases integradas, se estableció, entre otros requisitos, que el postor debía contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), conforme se aprecia a continuación:

• Ahora bien, de la revisión de la información registral del Impugnante en el Registro

Nacional de Proveedores, se verifica que cuenta con inscripción vigente como proveedor de bienes y servicios, conforme se aprecia a continuación:

• Al respecto, este Colegiado considera necesario distinguir entre la inscripción en

el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y la inscripción en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), toda vez que se trata de registros que responden a finalidades diferentes. En efecto, mientras que el primero permite verificar la inscripción del proveedor para participar en las contrataciones públicas correspondientes, el segundo se vincula con la condición de micro o pequeña empresa, conforme a su normativa específica.

• Asimismo, cabe precisar que el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

(REMYPE) tiene por finalidad acreditar que una unidad económica reúne las condiciones para ser considerada micro o pequeña empresa, conforme a lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de la Ley MYPE, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2008-TR. Asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 143-2022-TR, se estableció que la administración de dicho registro se encuentra temporalmente a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, al que corresponde atender las solicitudes de inscripción, actualización, modificación y verificación de la condición de MYPE. En ese sentido, la inscripción vigente en el REMYPE constituye el reconocimiento de dicha condición por parte de la autoridad competente, por lo que no corresponde que el comité de selección desconozca tal condición sustentándose únicamente en que la actividad económica registrada por el proveedor no guarda correspondencia con el objeto del procedimiento de selección. Ello, más aún cuando las disposiciones que regulan el REMYPE no establecen, como condición general para conservar dicha inscripción, que la empresa deba desarrollar exclusivamente una determinada actividad económica, ni que esta deba coincidir con el objeto de cada contratación pública en la que participe.

• Por consiguiente, en tanto no se acredite que la inscripción del Impugnante ha

sido suspendida, cancelada o dejada sin efecto por la autoridad competente, y siempre que se encuentre vigente en la oportunidad exigida por la normativa de contratación pública, corresponde reconocer su condición de MYPE, sin que la diferencia entre la actividad económica registrada y el objeto de la contratación constituya fundamento suficiente para desconocerla o disponer la descalificación de su oferta.

• En consecuencia, al haberse verificado que el Impugnante cuenta con inscripción

vigente en el RNP, conforme a lo exigido en las bases integradas, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario en este extremo. Cuarto punto controvertido: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.

• Sobre este punto, el Impugnante solicitó que se le otorgue la buena pro del

procedimiento de selección.

• Al respecto, cabe señalar que este Colegiado determinó revocar la decisión

adoptada por el comité respecto de la descalificación de la oferta del Impugnante.

• No obstante, lo anterior no determina que corresponda otorgar la buena pro al

Impugnante, toda vez que, conforme a lo desarrollado en los fundamentos precedentes, se encuentra pendiente de culminar la calificación de su oferta, específicamente, respecto de los requisitos de calificación “Formación académica, equipamiento estratégico e infraestructura estratégica”. En ese sentido, corresponde que el comité continúe con la calificación de la oferta del Impugnante y, una vez culminada dicha evaluación, prosiga con las actuaciones correspondientes y, de verificarse el cumplimiento de los requisitos previstos en las bases integradas, proceda con el otorgamiento de la buena pro a quien corresponda.

• Siendo así, no corresponde otorgar la buena pro al Impugnante, por lo que

corresponde declarar infundado el recurso de apelación en este extremo.

• Finalmente, considerando que el recurso de apelación es declarado fundado en

parte, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía que el Impugnante presentó como requisito de admisibilidad de su recurso.

CUESTIÓN DE INTERÉS PÚBLICO

• El Impugnante hizo de conocimiento de este Colegiado hechos vinculados con la

presentación de documentación con información inexacta por parte del Adjudicatario.

• Al respecto, este Colegiado precisa que, atendiendo a la relevancia de los hechos

puestos en conocimiento del Tribunal y considerando que la fiscalización posterior constituye una potestad de la Entidad destinada a verificar la autenticidad y veracidad de la documentación presentada por los postores durante los procedimientos de selección, corresponde poner estos hechos en conocimiento de la Entidad para que, en el ámbito de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes.

• En consecuencia, se dispone que la Entidad continúe con las acciones de

fiscalización posterior respecto de los siguientes documentos presentados por el Adjudicatario: ➢ Certificado de trabajo de fecha 28 de setiembre de 2026, emitido por la empresa Perú Part’s & Service S.A.C. y suscrito por el señor Jackson Aldring Aguilar Cirilo, en calidad de representante Legal. ➢ Compromiso de alquiler de equipo celebrado el 28 de setiembre de 2026 entre la empresa Perú Part’s & Service S.A.C. y Adriasol Perú Group E.I.R.L.

• En ese sentido, la Entidad debe remitir a este Tribunal, dentro del plazo de veinte

(20) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente pronunciamiento, un informe detallado sobre las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos como consecuencia de la fiscalización posterior efectuada respecto de los citados documentos. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jimy Robert Ureta Aquino, y con la intervención de los Vocales Lupe Mariella Merino de la Torre y Jorge Alfredo Quispe Crovetto, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa

Factoría Madrid E.I.R.L., en el marco del Concurso Público de Servicios N° 008- 2026-1, convocado por el Instituto Tecnológico de la Producción, para la “Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la sede central del ITP”, conforme a los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 1.1 Revocar la descalificación de la oferta de la empresa Factoría Madrid E.I.R.L. 1.2 Revocar el otorgamiento de la buena pro a la empresa Perú Part’s & Service S.A.C. 1.3 Ratificar la calificación de la oferta de la empresa Perú Part’s & Service S.A.C. 1.4 Disponer que el comité prosiga con la etapa de calificación de la oferta de la empresa Factoría Madrid E.I.R.L., conforme a lo expuesto en el fundamento 41 del presente pronunciamiento. 1.5 Devolver la garantía presentada por la empresa Factoría Madrid E.I.R.L., al interponer su recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de la oferta de la empresa

Perú Part’s & Service S.A.C., debiendo informar al Tribunal, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, los resultados obtenidos como consecuencia de dicha fiscalización, conforme a lo señalado en el fundamento 80 del presente pronunciamiento.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss. Merino de la Torre. Quispe Crovetto. Ureta Aquino.

JIMY ROBERT URETA

AQUINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JORGE ALFREDO QUISPE

CROVETTO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

LUPE MARIELLA MERINO DE LA

TORRE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE