Resolución N.° 9751-2026-TCP-S3

Sumilla: “(...) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades contratantes, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación.” Lima, 11 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 11 de noviembre de 2026, de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7676/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el proveedor Gesley Barboza Huangal, en el marco del Concurso Público Abreviado para Consultoría de Obra N° 001-2026-MDH/CS- Segunda Convocatoria, convocado por la Municipalidad Distrital de Huaribamba; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el 25

de septiembre de 2026, la Municipalidad Distrital de Huaribamba, en adelante la Entidad contratante, convocó al Concurso Público Abreviado para Consultoría de Obra N° 001-2026-MDH/CS - Segunda Convocatoria, para la “Contratación de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de obra: Construcción de pistas y veredas de la zona consolidada del Centro Poblado de Anta, distrito de Huaribamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica”, con una cuantía de contratación de S/ 319,975.17 (trescientos diecinueve mil novecientos setenta y cinco con 17/100 soles); en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, y sus respectivas modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento. De acuerdo al respectivo cronograma, el 6 de octubre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas de manera electrónica y, el 9 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, la buena pro al Consorcio Supervisor Anta, integrado por el señor Marco Polo Peralta De La O y la empresa XDY S.A.C., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 319,975.00 (trescientos diecinueve mil novecientos setenta y cinco con 00/100 soles), conforme a los siguientes resultados:

POSTOR

ETAPAS

RESULTADO

ADMISIÓN CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

TÉCNICA

EVALUACIÓN ECONÓMICA

PUNTAJE TOTAL OP.PRECIO

OFERTADO

S/

PUNTAJE

OTORGADO

CONSORCIO

SUPERVISOR ANTA ADMITIDO CALIFICADO 100 319,975.00 100 100 1 ADJUDICATARIO

GESLEY BARBOZA

HUANGAL ADMITIDO CALIFICADO 15 *No accede a la evaluación económica.

MEGARCON

CONTRATISTAS

GENERALES S.A.C.

ADMITIDO CALIFICADO 15 No accede a la evaluación económica.

RONALD JAMES

CONDOR VILLATA NO ADMITIDO

CONSORCIO

CONSULTOR VIAL NO ADMITIDO

*Respecto de la evaluación técnica de la oferta del postor Gesley Barboza Huangal, en el “Acta de admisión, calificación, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro”, publicado el 10 de octubre de 2026 en el SEACE, se señaló lo siguiente: “(...) (...)

2.-EL POSTOR GESLEY

PRESENTA EL PERSONAL CLAVE:

Jefe de supervisión presenta certificados de reparación de vías, rehabilitación de caminos vecinales lo cual no corresponde con esta supervisión no se admite dichos certificados. El especialista en calidad presenta un certificado no acorde, ya que la Contraloría de la República indica otra cosa por lo tanto dicho certificado no es admitido. La constancia de trabajo emitida por el Consorcio JIREH al especialista ambiental no es el representante legal Erik Huayanca Valverde, sino la señora Evelyn E. Hernández Falcón.

• Mediante Escrito N° 1 del 16 de octubre de 2026, presentado en la misma fecha a

través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el proveedor Gesley Barboza Huangal, en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la evaluación técnica de su oferta (descalificada por no lograr el puntaje técnico mínimo) y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos y que, como consecuencia de ello, se le otorgue la buena pro; en base a los siguientes argumentos: Sobre la evaluación técnica de su oferta

• Sostiene que, de conformidad con el numeral 4.2 de las bases integradas,

correspondiente al factor de evaluación “Experiencia específica adicional del personal clave”, para obtener el puntaje máximo de ochenta y cinco (85) puntos se requiere que dos o más de los cuatro profesionales clave propuestos acrediten, como mínimo, un año adicional de experiencia específica respecto de la exigida en los requisitos de calificación, lo que representa al menos el 50% del personal clave evaluado. Al respecto, señala que presentó documentación para acreditar la experiencia específica adicional de los profesionales propuestos como Supervisor de Obra y Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo, a fin de cumplir con dicho porcentaje. Precisa que el comité no formuló observaciones respecto de este último profesional, quien acredita cuatro años de experiencia; sin embargo, cuestionó la experiencia del Supervisor de Obra mediante afirmaciones genéricas, sin identificar los certificados no valorados, los periodos excluidos ni las razones que justificarían su desconocimiento. Por ello, considera que la evaluación carece de motivación suficiente.

ii. Respecto de la experiencia del personal clave propuesto como Supervisor de Obra, el Ing. Víctor Hugo Chalán García: sostiene que la conclusión del comité es incorrecta, pues la documentación presentada en su oferta permite verificar que el profesional propuesto como supervisor de obra acredita una experiencia específica superior en al menos un año al mínimo de dos (2) años exigido en las bases. En ese sentido, indica que declaró un total de 2,614 días de experiencia, sustentados en 14 experiencias relacionadas con la construcción, instalación, mejoramiento y renovación de pavimentos, pistas, veredas e infraestructura vial, entre otras intervenciones, que corresponden a las condiciones establecidas en las bases integradas. Asimismo, señala que ninguno de los documentos presentados consigna una experiencia en “reparación de vías”, contrariamente a lo señalado por el comité en el acta. En cuanto a las intervenciones correspondientes a la rehabilitación de caminos vecinales, señala que la clasificación aplicable a la subespecialidad de vías urbanas contempla expresamente la tipología de carreteras vecinales, por lo que su denominación no constituye fundamento suficiente para excluir dichas experiencia. En ese contexto, cuestiona que el comité no haya precisado qué experiencias fueron desconocidas, qué periodos se excluyeron ni cuánto tiempo de experiencia se reconoció al profesional, lo que impide verificar cómo se determinó el incumplimiento del factor de evaluación. Precisa que no pretende una nueva evaluación de su oferta, sino que se examine la documentación presentada y su correspondencia con las bases integradas. iii. Respecto de la experiencia del personal clave propuesto como Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo, el Ing. Amaranto Junior Olivos Aguilar: señala que, conforme al Anexo N° 15 de su oferta, declaró que su Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo propuesto acredita experiencia de 4 años, 0 meses y 0 días, lo que supera tanto la experiencia mínima de un año exigida en los requisitos de calificación como los dos años requeridos para el reconocimiento de la experiencia específica adicional. Asimismo, reitera que el comité no formuló observaciones respecto de este profesional, por lo que solicita que se reconozca el cumplimiento del referido factor de evaluación.

iv. En consecuencia, sostiene que dos de los cuatro profesionales clave propuestos cumplen con las condiciones previstas en el numeral 4.2 de las bases integradas para acceder al puntaje máximo de ochenta y cinco (85) puntos en el factor “Experiencia específica adicional del personal clave”. Por ello, solicita que se le otorgue dicho puntaje y se reconozca que su oferta alcanza un total de cien puntos en la evaluación técnica, considerando los quince puntos asignados por el comité en los demás factores de evaluación.

• Solicita la buena pro a su favor.
• Con Decreto del 19 de octubre de 2026, notificado a través del Toma Razón

Electrónico del SEACE, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles absuelvan el mismo. Del mismo modo, se programó audiencia pública para el 27 del referido mes y año, precisándose que la misma se realizaría a través de la plataforma Google Meet. Finalmente, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información y resuelva el caso dentro del plazo legal, siendo recibido por el vocal ponente el mismo 19 de octubre de 2026.

• El 23 de octubre de 2026, la Enndad contratante registró en el SEACE el Informe

Técnico Legal - Apelación N° 001-2026-MDH/CS de la misma fecha (emindo por el comité), mediante el cual expuso su posición respecto al recurso de apelación, en los siguientes términos:

Sobre la evaluación técnica de la oferta del Impugnante

• La oferta del Impugnante fue admitida y calificada, siendo que en la

evaluación técnica obtuvo cero puntos en el factor de evaluación “Experiencia específica adicional del personal clave”, y cinco puntos en cada uno de los factores de sostenibilidad ambiental, integridad y gestión de calidad, con un total de quince puntos. ii. De los cuatro profesionales clave, solo el Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo supera el requisito en un año, es decir, el 25%. Ese porcentaje no supera el umbral de “más del 25%”, por ello se otorgó 0 puntos. iii. Revisó los catorce documentos presentados (folios 176 y siguientes de la oferta del Impugnante), correspondientes a la experiencia del supervisor de obra, frente a las tipologías de la subespecialidad, de conformidad con lo siguiente: N° Obra / cargo Periodo acreditado Días declarados Análisis Días computados 1 Residente: Rehabilitación de la trocha carrozable Huasipampa – Barranco, Uticyacu 01/08/2003 – 31/01/2004 180 Trocha carrozable; no se acredita que sea carretera vecinal 2 Residente: Construcción de pavimentación rígida, badenes y alcantarillas de concreto, distrito de Uticyacu 01/04/2004 – 23/05/2005 418 No identifica calles, pistas ni centro urbano; tampoco una carretera vecinal (ver 3.5) 3 Supervisor: Remodelación de la plaza principal y pavimentación rígida de las calles Manuel A. Odría y Burga Larrea, Ninabamba 02/07/2007 – 28/12/2007 180 Pistas (calles urbanas) 180 4 Residente: Rehabilitación de trochas carrozables del ámbito distrital de Uticyacu 01/07/2008 – 30/10/2008 120 Trochas carrozables 0 5 Rehabilitación de trochas carrozables y obras de arte, tramos Uticyacu - Piedra Parada - Sangache 01/04/2009 – 30/05/2009 60 Trochas carrozables 0 6 Residente: Pavimentación rígida del perímetro del parque principal de Uticyacu 01/07/2009 – 30/12/2009 180 Pistas (vía local urbana) 180 7 Supervisor: Mejoramiento del camino vecinal Uticyacu - Sangache 20/07/2010 – 24/11/2010 120 Camino vecinal; sin documentación técnica de carretera (Res. 00001-

2026-TCP-S2)

8 Residente: Pavimento rígido en la Av. Magisterial cdras. 1 a 3, Yauyucan 05/05/2012 – 30/07/2012 83 Pistas (avenida urbana) 83 9 Residente: Pistas y veredas en el pasaje S/N y la Av. Magisterial, Yauyucan 01/04/2014 – 07/07/2014 97 Pistas y veredas 97 10 Residente: Mejoramiento a nivel de tratamiento superficial bicapa de la carretera Cruce Saucepampa - Cruce La Conga, Yauyucan 05/10/2015 – 23/11/2016 416 No se acredita que sea carretera vecinal; periodo no acreditado fehacientemente (ver 3.6) 11 Residente: Pavimento en calles de los sectores Alto La Paloma, La Primavera y San Antonio, Huarmaca 08/06/2021 – 09/12/2021 (3 tramos) 131 Pistas (calles urbanas) 131 12 Residente: Reconstrucción y rehabilitación del camino vecinal Ruta PI-706, Nangay de Matalacas 2023 - 2024 (varios tramos) 267 Camino vecinal; sin documentación técnica de carretera 13 Rehabilitación del camino departamental PI-124, Yamango - Morropón 2024 (varios tramos) 201 Red vial departamental; no es tipología de vías urbanas 14 Residente: Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de la habilitación urbana municipal, La Victoria – Chiclayo 17/01/2025 – 26/06/2025 161 Vías locales, pistas y veredas Total 2,614 832

• Sobre la experiencia N° 2: el contrato y la constancia se refieren a la

“Construcción de pavimentación rígida, badenes y alcantarillas de concreto”, “obras que se encuentran ejecutando en la comprensión del Distrito de Uticyacu” (folios 183 a 187). No identifican calles, jirones, avenidas ni un centro poblado, ni acreditan que se trate de una carretera vecinal. Los badenes y alcantarillas son obras de drenaje propias de vías rurales. Conforme al criterio del Tribunal en la Resolución N° 0001-2026-TCP- S2, la correspondencia con la subespecialidad debe acreditarse sin recurrir a interpretaciones; por ello no fue computada.

• Sobre la experiencia N° 10: los documentos no acreditan que la vía

pertenezca a la red vial vecinal, ni contienen documentación técnica de su clasificación. No es posible verificar que corresponda a la tipología “carreteras vecinales”. El contrato de locación de servicios (folios 222 a 224) establece en su cláusula cuarta una duración de seis meses desde el 1 de octubre de 2015, por un total de S/ 36,000.00 (S/ 6,000.00 mensuales). La constancia del mismo consorcio (folio 225) consigna en cambio 14 meses, del 5 de octubre 2015 al 23 de noviembre de 2016. No se adjunta adenda ni ampliación que explique la diferencia. Aun computando el periodo del contrato (5 de octubre de 2015 al 31 de marzo de 2016, 179 días), el total sería de 1,011 días, inferior a los 1,095 días requeridos. iv. Señala que la experiencia computable en la subespecialidad es de 832 días (2 años, 3 meses y 12 días aprox.), lo que supera el mínimo de calificación de 2 años (730 días); por ello el comité declaró que el personal clave cumple en la calificación, no obstante, no alcanza los 3 años (1,095 días) exigidos para el factor, en tanto le faltan 263 días.

• Agrega que el Contrato S/N-2003-MDU/A, correspondiente a la experiencia

N° 1, obrante en el folio 178 de la oferta del Impugnante, consigna en su base legal el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, norma emitida en 2008, es decir, cinco años después de la fecha del contrato. Asimismo, señala que la constancia correspondiente a la experiencia N° 10 no guarda congruencia con el plazo de seis (6) meses previstos en el contrato que la sustenta. vi. La calificación verifica el mínimo de 2 años; el factor de evaluación exige 3 años. Con 832 días en obras viales urbanas, el supervisor cumple el primero y no alcanza el segundo. Ambas decisiones son coherentes entre sí y aplican umbrales distintos establecidos en las bases integradas. vii. El acta consignó de forma sucinta que los certificados de “reparación de vías, rehabilitación de caminos vecinales” no correspondían a la supervisión. Precisa que la expresión correcta es “rehabilitación de trochas carrozables, caminos vecinales y carreteras”. El fundamento de la exclusión es que dichas obras no son vías urbanas, ni corresponden a la tipología «carreteras vecinales), conforme exigen las bases integradas. viii. Cuando la documentación no identifica el emplazamiento urbano de una obra, ni la clasificación de una vía, o es contradictoria en su plazo, el comité no puede suplir esas omisiones con presunciones a favor del postor. ix. Concluye que corresponde declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante.

• Con Escrito N° 2 del 26 de octubre de 2026 [con registro N° 40523], presentado en

la misma fecha a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• A través del Oficio N° 239-2026-MDH/A del 26 de octubre de 2026 [con registro

N° 40605], presentado en la misma fecha a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, la Entidad contratante acreditó a sus representantes para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante Escrito N° 2 del 26 de octubre de 2026 [con registro N° 40611],

presentado en la misma fecha a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, el Impugnante se pronunció sobre lo absuelto por la Entidad contratante mediante Informe Técnico Legal - Apelación N° 001-2026-MDH/CS, manifestando, principalmente, lo siguiente:

• Sostiene que en el acta no se identificaron los certificados no validados ni se

precisó los motivos de su exclusión y que, posteriormente, mediante el Informe Técnico Legal N° 001-2026-MDH/CS, la Entidad contratante incorporó nuevas observaciones que no fueron comunicadas oportunamente, afectando su derecho de defensa. Por ello, considera que dichos fundamentos posteriores, incluso presentados fuera del plazo otorgado, no sean considerados.

ii. Cuestiona que la Entidad contratante haya reconocido únicamente 832 días de experiencia al Ing. Víctor Hugo Chalán García, desconociendo las experiencias N° 2, 10 y 12. Al respecto, sostiene que la documentación presentada acredita intervenciones de pavimentación rígida, mejoramiento de carreteras y reconstrucción de caminos vecinales, cuyas características técnicas permiten establecer su correspondencia con las tipologías previstas en las bases integradas. En consecuencia, solicita reconocer los 418 días de la experiencia N° 2, los días que correspondan a la experiencia N° 10 y los 267 días de la experiencia N° 12. Señala que el reconocimiento de cualquiera de las experiencias cuestionadas permitiría al Jefe de Supervisión alcanzar los 1,095 días requeridos. Considerando que la Entidad ya reconoció la experiencia adicional del Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, sostiene que se cumpliría el requisito de dos profesionales clave, correspondiendo otorgar 85 puntos al factor y alcanzar 100 puntos en la evaluación técnica. iii. Cuestiona que el comité haya aplicado criterios diferenciados al evaluar las experiencias del personal clave con respecto a la oferta del Consorcio Adjudicatario, pues habría admitido experiencias de dicho postor sin exigir determinadas precisiones documentales que sí utilizó para excluir las de su oferta. Por ello, invoca el principio de igualdad de trato y solicita que el Tribunal verifique la aplicación de criterios objetivos y uniformes en la evaluación.

• El 27 de octubre de 2026 se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación del Impugnante1 y de la Entidad contratante2.

• A través del Decreto del 27 de octubre de 2026, se requirió a las partes y a la

Entidad contratante su pronunciamiento respecto a presuntos vicios de nulidad en el procedimiento de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

“A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA [ENTIDAD CONTRATANTE], AL SEÑOR GESLEY

BARBOZA HUANGAL [IMPUGNANTE] Y AL CONSORCIO SUPERVISOR ANTA [CONSORCIO

ADJUDICATARIO]:

1 El señor Gesley Barboza Huangal (Impugnante) expuso el informe de hechos. 2 En representación de la Entidad contratante, el Ingeniero Vladimir Leo Arce Recuay expuso el informe técnico.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento, sírvase emitir un pronunciamiento respecto de los siguientes posibles vicios de nulidad en el procedimiento de selección:

• Con motivo de la interposición del recurso de apelación, el Impugnante cuestionó la evaluación

técnica de su oferta en el factor de evaluación “Experiencia especifica adicional del personal clave”, argumentando que el comité habría observado la experiencia del Supervisor de Obra mediante afirmaciones genéricas, sin identificar los certificados no valorados, los periodos excluidos ni las razones que justificarían su desconocimiento. En ese sentido, concluyó que tal omisión evidenciaría una falta de motivación en la decisión del comité.

• Al respecto, de la revisión del “Acta de admisión, calificación, evaluación de ofertas y

otorgamiento de la buena pro”, registrada en el SEACE el 10 de octubre de 2026, se observa que el comité asignó al Consorcio Impugnante “no cumple” en el factor de evaluación “Experiencia específica adicional del postor en la especialidad”, señalando lo siguiente: Como se aprecia, el comité señaló, entre otros aspectos, que el jefe de supervisión propuesto por el Impugnante como personal clave presentaba certificados de reparación de vías, rehabilitación de caminos vecinales, los cuales no corresponderían a la supervisión objeto de la contratación. Sin embargo, dicha anotación no permite identificar cuáles de los certificados presentados por el Impugnante no fueron considerados para efectos de la asignación del puntaje en el factor de evaluación “Experiencia específica adicional del personal clave”, ni las razones específicas por las que se habría descartado su valoración. Por el contrario, el comité se limitó a formular una observación genérica, sin precisar los documentos ni desarrollar los fundamentos que sustentarían la decisión adoptada.

• Ahora bien, mediante el Informe Técnico Legal N° 001-2026-MDH/CS del 23 de octubre de 2026

(emitido por el comité a cargo del procedimiento de selección), la Entidad contratante expuso lo siguiente:

• De lo expuesto, se advierte que, mediante el Informe Técnico Legal N° 001-2026-MDH/CS, la

Entidad contratante desarrolló las razones por las cuales determinadas experiencias del jefe de supervisión propuesto por el Impugnante no fueron computadas para efectos de la asignación del puntaje en el factor de evaluación cuestionado, identificando recién en esta instancia las dos experiencias observadas y los motivos que sustentarían su exclusión. Sin embargo, tales precisiones no fueron consignadas en el acta de evaluación publicada en el SEACE, en la que el comité se limitó a formular observaciones genéricas, sin individualizar los certificados cuestionados ni exponer las razones específicas que justificaban su no valoración. A ello se añade que, conforme a lo señalado en el acta de evaluación, el comité había consignado inicialmente que el Impugnante cumplía con el requisito de calificación, sin precisar cuáles de las catorce experiencias presentadas fueron consideradas válidas para tal efecto. En ese contexto, la posterior exclusión de determinadas experiencias para la asignación del puntaje adicional, sin que el acta permita conocer oportunamente cuáles fueron objeto de observación ni las razones que sustentaron tal decisión, evidencia una falta de claridad en la evaluación, la cual habría sido recién desarrollada durante la instancia recursiva.

• En ese sentido, la situación descrita no se circunscribe únicamente a la falta de motivación de la

decisión del comité, sino que comprende también la ausencia de una identificación clara y oportuna de las experiencias que fueron descartadas y de las razones que sustentaron su exclusión, pese a que el Impugnante presentó catorce experiencias para la evaluación de la experiencia específica adicional del personal clave. En efecto, el acta publicada no permite determinar cuáles de dichas experiencias fueron consideradas válidas, cuáles fueron observadas ni por qué motivos, mientras que el informe técnico-legal presentado durante la instancia recursiva introduce precisiones que no fueron expuestas en la oportunidad en que se comunicaron los resultados de la evaluación. Por consiguiente, la fundamentación expuesta por la Entidad recién en la instancia recursiva no desvirtúa el vicio advertido, sino que evidencia que la falta de motivación del acta de evaluación impidió al Impugnante conocer oportunamente las razones por las cuales determinadas experiencias no fueron valoradas, con la consecuente afectación de su derecho de ejercer adecuadamente su derecho de contradicción.

• Al respecto, debe considerarse que, conforme al artículo 80 del Reglamento, el oficial de compra

o el comité, según corresponda, es responsable de la publicación del otorgamiento de la buena pro, con los documentos que sustenten los resultados de calificación y evaluación.

• Por tanto, la situación expuesta vulneraría el numeral 4 del artículo 3 del Texto Único Ordenado

de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, el deber al que se contrae la disposición contenida en el artículo 80 del Reglamento y el principio de transparencia y facilidad de uso, en virtud del cual las entidades contratantes garantizan el acceso público y oportuno a la información, basados en reglas y criterios claros y accesibles, contemplado en el literal i) del artículo 5 de la Ley de Contrataciones Públicas. Cabe precisar que, lo expuesto de manera precedente tendría incidencia en la controversia que es materia del presente recurso de apelación.”

• Con Escrito N° 4 del 3 de noviembre de 2026 [con registro N° 41614], presentado

en la misma fecha a través de la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante se pronunció sobre el traslado de presuntos vicios de nulidad, manifestando, principalmente, lo siguiente:

• Señala que, conforme expuso en su recurso de apelación, el comité

formuló una observación genérica al evaluar la experiencia específica adicional del Supervisor de Obra, sin individualizar los certificados que fueron excluidos ni precisar las razones que sustentaron dicha decisión. Agrega que esta situación le impidió conocer, al momento de interponer su recurso, los fundamentos concretos de la decisión impugnada, afectando inicialmente el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción. No obstante, sostiene que dicha circunstancia debe evaluarse

tanto, mediante el Informe Técnico Legal N° 001-2026-MDH/CS, el propio comité desarrolló los fundamentos de su evaluación, individualizando las catorce experiencias presentadas, los periodos reconocidos y las razones por las cuales determinadas experiencias fueron excluidas. Asimismo, indica que, mediante sus alegatos complementarios del 26 de octubre de 2026, ejerció su derecho de contradicción respecto de los fundamentos expuestos por la Entidad contratante. En ese sentido, sin desconocer la insuficiencia de motivación del acta, considera necesario distinguir entre la afectación inicial ocasionada por la falta de información y la situación actual del procedimiento, en la que los motivos que sustentaron la evaluación del comité han sido identificados y sometidos a contradicción. Por consiguiente, solicita que al evaluar la trascendencia y los efectos del posible vicio advertido, se valore conjuntamente las actuaciones del procedimiento y el ejercicio efectivo del derecho de contradicción durante la instancia recursiva, teniendo en cuenta que los fundamentos de la decisión cuestionada ya han sido expuestos y debatidos por las partes.

• Mediante escrito s/n del 3 de noviembre de 2026 [con registro N° 41870],

presentado el 4 del mismo mes y año a través de la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad contratante se pronunció sobre el traslado de presuntos vicios de nulidad, manifestando, principalmente, lo siguiente:

• Reconoce expresamente que la justificación del comité respecto de la

evaluación de la experiencia del Jefe de Supervisión fue genérica e insuficientemente individualizada. ii. Señala que, en las páginas 7 a 10 del escrito del recurso de apelación, el Impugnante transcribió la observación original, presentó un cuadro con las catorce experiencias y desarrolló argumentos sobre la inclusión de las carreteras vecinales en la tipología de vías urbanas y cuestionó la falta de motivación. A su criterio, ello demuestra que el Impugnante conoció el criterio general de exclusión y tuvo la posibilidad de controvertirlo. Sin embargo, precisa que ello no acredita que conociera cuáles certificados y días fueron descartados ni que se hubiera garantizado plenamente su derecho de contradicción.

iii. Indica que, “el Informe Técnico Legal N° 001-2026-MDH/CS respalda la posición sustantiva de la Entidad, pero no debe usarse como sustituto automático de la motivación oportuna.” (Sic). iv. Solicita que, en primer término, se examine la posibilidad de conservar el acto conforme a las disposiciones del TUO de la Ley N° 27444 y, solo de resultar viable, se emita un pronunciamiento de fondo que reconozca la validez del puntaje asignado y de la buena pro otorgada.

• Por Decreto del 4 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver, de conformidad con lo dispuesto en el literal g) del numeral 311.1 del

artículo 311 y numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento

II. FUNDAMENTACIÓN

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias surgidas entre la Entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia

para resolverlo.

• El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT3 y cuando se trate de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Por su parte, en el numeral 302.2 del artículo 302 del Reglamento, se dispone que, en los procedimientos de selección competitivos según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, la cuantía total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público abreviado, cuya cuantía de contratación asciende al monto de S/ 319,975.17 (trescientos diecinueve mil novecientos setenta y cinco con 17/100 soles); resulta que dicho monto es superior a 50 UIT4 (S/ 275,000.00), por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.
• El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son

impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de 3 Unidad Impositiva Tributaria. 4 Conforme al valor de la UIT (S/ 5,500.00) para el año 2026 en que fue convocado el procedimiento de selección objeto de impugnación.

contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la evaluación de su oferta (descalificada por no lograr el puntaje técnico mínimo), y el otorgamiento de la buena pro. Por consiguiente, se advierte que los actos que son objeto de apelación no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.
• El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento

de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de la subasta inversa electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. En aplicación a lo dispuesto en los precitados artículos, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue notificado el 9 de octubre de 2026; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 16 del mismo mes y año. Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N° 1 presentado el 16 de octubre de 2026 a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo descrito en el artículo 304 del Reglamento.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.
• De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que éste aparece

suscrito por el Impugnante, el señor Gesley Barboza Huangal, conforme se advierte del Documento Nacional de Identidad (DNI) que obra en el expediente administrativo.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se

advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre impedido de participar en el procedimiento de selección y de contratar con el Estado.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se

advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

• En el caso concreto, se advierte que sí se cuestiona la evaluación de su oferta

(descalificada por no lograr el puntaje técnico mínimo); por lo que, la impugnación no se encuentra inmersa en el presente supuesto de improcedencia.

Cabe precisar que la procedencia del recurso de apelación para impugnar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección se encuentra supeditada a que revierta la descalificación de su oferta.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
• En el caso concreto, el recurso de apelación no ha sido interpuesto por el ganador

de la buena pro, toda vez que la oferta del Impugnante fue descalificada por no lograr el puntaje técnico mínimo en la etapa de evaluación de ofertas.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo.

• El Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando que: i) se le

otorgue el puntaje correspondiente en el factor de evaluación “Experiencia específica adicional del personal clave”, y ii) se otorgue la buena pro a su favor. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.
• El numeral 109.1 del artículo 109 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad contratante, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la decisión de descalificar su oferta (por no lograr el puntaje técnico mínimo en la etapa de evaluación de ofertas) habría sido realizada transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; en ese sentido, corresponde emitir un pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

• PETITORIO
• El Impugnante solicita a este Tribunal, lo siguiente:
• Se le otorgue el puntaje correspondiente en el factor de evaluación

“Experiencia específica adicional del personal clave” y, por su efecto, se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Se otorgue la buena pro a su favor.

Debe precisarse que, hasta la fecha en que se emite la presente Resolución, el Consorcio Adjudicatario no presentó su absolución al presente procedimiento recursivo.

• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 y en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, que indica que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación;

pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad contratante y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificados con el respectivo recurso a través de la Pladicop.

• Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente

procedimiento de selección fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 19 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE5, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 22 del mismo mes y año. En el presente caso, no ha ocurrido dicha situación; por lo que, a efectos de establecer los puntos controvertidos, únicamente se tomará en cuenta lo manifestado por el Impugnante en su recurso de apelación.

• En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos

controvertidos a dilucidar son los siguientes:

• Determinar si corresponde otorgar a la oferta del Impugnante el puntaje por

el factor de evaluación “Experiencia específica adicional del personal clave”; y si, como consecuencia de ello, corresponde revocar la evaluación de su oferta y, por consiguiente, revocarse el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante.

• ANÁLISIS DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

5 De acuerdo al literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento.

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el

procedimiento administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar a la oferta del Impugnante el puntaje por el factor de evaluación “Experiencia específica adicional del personal clave”; y si, como consecuencia de ello, corresponde revocar la evaluación de su oferta y, por consiguiente, revocarse el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• De manera previa al análisis de fondo del presente punto controvertido, teniendo

en cuenta que este Colegiado ha advertido la existencia de posibles vicios de nulidad que incidirían en el análisis correspondiente en este extremo, en virtud de la facultad atribuida mediante el artículo 70 de la Ley y a lo establecido en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento, se advierte la necesidad de revisar la actuación del comité en el procedimiento de selección, a efectos de verificar que no se hayan dictado actos en contravención de las normas legales.

• En este punto, debe tenerse en cuenta que las decisiones adoptadas por la Enndad

contratante deben encontrarse debidamente monvadas y sustentadas, y ser accesibles a todos los postores en virtud del principio de transparencia y facilidad de uso contemplado en el literal i) del artculo 5 de la Ley.

• Sobre la base de dicho principio, la administración pública debe ejercer el poder

que le ha sido otorgado, respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a la información relanva al procedimiento de selección, para lo cual resulta imperanvo que exponga las razones o jusnficaciones objenvas que la llevaron a adoptar una determinada decisión, de tal modo que los administrados se encuentren en la posibilidad de acceder y/o conocer directamente el sustento preciso y suficiente de la no admisión o descalificación de sus ofertas en el marco de un procedimiento de selección. En ese senndo, resulta evidente que la monvación también se encuentra implícita en el principio de transparencia, cuya relevancia resulta innegable para la realización plena de un Estado Democránco, en el que el poder público se encuentra somendo al marco jurídico, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración dé cuenta tanto de los hechos que sirven de base a su evaluación, así como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado en cada una de sus decisiones.

• Cabe recordar que el artculo 80 del Reglamento, dispone que, el oficial de compra

o el comité, según corresponda, es responsable de la publicación del otorgamiento de la buena pro, con los documentos que sustenten los resultados de calificación y evaluación.

• Asimismo, es importante tener en cuenta que, la relevancia de la monvación,

como elemento de validez de un acto administranvo, se explica por su estrecha vinculación con el derecho de defensa y el derecho al debido procedimiento, pues solo una decisión monvada perminrá al administrado tomar conocimiento claro, real y oportuno de los alcances del pronunciamiento que lo vincula, así como contar con la posibilidad efecnva de cuesnonar las razones concretas que lo fundamentan, en ejercicio de su derecho de defensa o contradicción.

• Ahora bien, cabe indicar que, en el caso concreto, en el “Acta de admisión,

calificación, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro”, publicada en el SEACE el 10 de octubre de 2026, se observa que el comité asignó al Consorcio Impugnante “no cumple” en el factor de evaluación “Experiencia específica adicional del postor en la especialidad”, señalando lo siguiente:

Como se aprecia, el comité señaló, entre otros aspectos, que el jefe de supervisión propuesto por el Impugnante como personal clave presentaba certificados de reparación de vías, rehabilitación de caminos vecinales, los cuales no corresponderían a la supervisión objeto de la contratación. Sin embargo, dicha anotación no permite identificar cuáles de los certificados presentados por el Impugnante no fueron considerados para efectos de la asignación del puntaje en el factor de evaluación “Experiencia específica adicional del personal clave”, ni las razones específicas por las que se habría descartado su valoración. Por el contrario, el comité se limitó a formular una observación genérica, sin precisar los documentos ni desarrollar los fundamentos que sustentarían la decisión adoptada.

• Asimismo, mediante el Informe Técnico Legal N° 001-2026-MDH/CS del 23 de

octubre de 2026, la Entidad contratante desarrolló las razones por las cuales determinadas experiencias del jefe de supervisión propuesto por el Impugnante no fueron computadas para efectos de la asignación del puntaje en el factor de evaluación cuestionado, identificando recién en esta instancia las experiencias observadas y los motivos que sustentarían su exclusión. Sin embargo, tales precisiones no fueron consignadas en el acta, en la que el comité se limitó a formular observaciones genéricas, sin individualizar los certificados cuestionados ni exponer las razones específicas que justificaban su no valoración. A ello se añade que, conforme a lo señalado en el acta, el comité había consignado inicialmente que el Impugnante cumplía con el requisito de calificación, sin precisar cuáles de las catorce experiencias presentadas fueron consideradas válidas para tal efecto. En ese contexto, la posterior exclusión de determinadas experiencias para la asignación del puntaje adicional, sin que el acta permita conocer oportunamente cuáles fueron objeto de observación ni las razones que sustentaron tal decisión, evidencia una falta de claridad en la evaluación, la cual habría sido recién desarrollada durante la instancia recursiva. En ese sentido, la situación descrita no se circunscribe únicamente a la falta de motivación de la decisión del comité, sino que comprende también la ausencia de una identificación clara y oportuna de las experiencias que fueron descartadas y de las razones que sustentaron su exclusión, pese a que el Impugnante presentó catorce experiencias para la evaluación de la experiencia específica adicional del personal clave. En efecto, el acta publicada no permite determinar cuáles de dichas experiencias fueron consideradas válidas, cuáles fueron observadas ni por qué motivos, mientras que el informe técnico-legal presentado durante la instancia recursiva introduce precisiones que no fueron expuestas en la oportunidad en que se comunicaron los resultados de la evaluación. Por consiguiente, la fundamentación expuesta por la Entidad recién en la instancia recursiva evidencia que la falta de motivación del acta impidió al Impugnante conocer oportunamente las razones por las cuales determinadas experiencias no fueron valoradas, con la consecuente afectación de su derecho de ejercer adecuadamente su derecho de contradicción.

• Al respecto, debe tenerse en cuenta que, según el artículo 3 del TUO de la LPAG,

“El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”. De esta manera, la motivación constituye una garantía esencial del debido procedimiento, en tanto permite conocer las razones fácticas y jurídicas que sustentan una decisión administrativa, permitiendo a su vez realizar su control y revisión de la mismas, así como una eventual impugnación de las razones que no considera ajustada a derecho.

• En ese contexto, se aprecia que, en el presente caso, el órgano evaluador (el

comité) no ha cumplido con su obligación de exponer de manera concreta los motivos que sustentaron su decisión de descalificar la oferta del Impugnante (por no lograr el puntaje técnico mínimo en la etapa de evaluación de ofertas), pues no identificó los certificados que fueron objeto de observación ni precisó las razones por las cuales no correspondía considerarlos para la asignación del puntaje respectivo. Sobre este último aspecto, cabe señalar que, precisamente, en el recurso de apelación, el Impugnante cuestionó la falta de motivación de la decisión adoptada por el comité.

• En ese contexto, teniendo en cuenta que este Colegiado ha advertido la existencia

de posibles vicios de nulidad, vinculados al tema en controversia, en virtud de la facultad dispuesta en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento, este Tribunal requirió a las partes y a la Entidad contratante, con Decreto del 27 de octubre de 2026, pronunciarse sobre el posible vicio de nulidad advertido.

• Al respecto, el Impugnante manifestó que, si bien el comité formuló una

observación genérica en el acta, sin individualizar los certificados excluidos ni exponer las razones de su decisión, lo que inicialmente afectó su derecho de defensa, dicha situación debe valorarse considerando las actuaciones posteriores del procedimiento. Indicó que, mediante el Informe Técnico Legal N° 001-2026-MDH/CS, la Entidad contratante identificó las catorce experiencias presentadas, los periodos reconocidos y los motivos de exclusión, respecto de los cuales pudo ejercer contradicción mediante sus alegatos complementarios con escrito del 26 de octubre de 2026. Por ello, solicita que, al evaluar la trascendencia del posible vicio de nulidad, se considere que los fundamentos de la decisión cuestionada fueron posteriormente expuestos y debatidos por las partes durante la instancia recursiva.

• Por su parte, la Entidad contratante manifestó que la motivación del comité

respecto de la evaluación de la experiencia del Jefe de Supervisión fue genérica e insuficientemente individualizada. No obstante, sostuvo que el Impugnante conoció el criterio de exclusión y tuvo la posibilidad de cuestionarlo en su recurso de apelación, aunque reconoce que ello no demuestra que conociera los certificados ni los periodos específicos que fueron descartados, ni que se hubiera garantizado plenamente su derecho de contradicción. Solicitó que se evalúe la posibilidad de conservar el acto conforme al TUO de la LPAG y, de ser viable, se emita un pronunciamiento de fondo que confirme la validez del puntaje asignado y de la buena pro otorgada.

• En cuanto a lo manifestado por el Impugnante, cabe señalar que, si bien interpuso

oportunamente su recurso de apelación y presentó un escrito posterior en el que se pronunció sobre los argumentos expuestos por la Entidad contratante en su informe técnico legal, tales actuaciones no permiten concluir que haya podido ejercer plenamente su derecho de contradicción. Ello, debido a que, para cuestionar su descalificación (por no haber alcanzado el puntaje técnico mínimo en la etapa de evaluación), resultaba indispensable que conociera oportunamente los fundamentos de dicha decisión, los cuales debían estar consignados en el acta. Al respecto, mediante el Informe Técnico Legal N° 001-2026-MDH/CS, la Entidad contratante desarrolló las razones por las cuales determinadas experiencias del Jefe de Supervisión no fueron computadas para la asignación del puntaje en el factor de evaluación cuestionado, identificando recién las dos experiencias observadas y expuso los motivos que justificarían su exclusión. Sin embargo, tales precisiones no fueron consignadas en el acta, en la que el comité se limitó a formular observaciones genéricas, sin individualizar los certificados cuestionados ni explicar las razones específicas por las cuales no fueron considerados. Esta falta de claridad se ve reforzada por el hecho de que, según lo consignado en la propia acta, el comité había señalado inicialmente cumplía con el requisito de calificación, sin precisar cuáles de las catorce experiencias presentadas fueron consideradas válidas para tal efecto. En ese contexto, la posterior identificación de dos experiencias que no habrían sido computadas para la asignación del puntaje adicional, así como la exposición de los motivos de su exclusión, recién durante la instancia recursiva, evidencia que el acta no permitió conocer oportunamente los criterios aplicados por el comité. Por tanto, los argumentos desarrollados por la Entidad contratante en su informe técnico legal no subsanan el defecto advertido, sino que ponen de manifiesto que el acta carece de motivación. Asimismo, dicha omisión impide que este Colegiado verifique si la asignación del puntaje se efectuó conforme a las bases integradas. En consecuencia, la falta de motivación advertida no solo afectó el derecho de contradicción del Impugnante, sino que también impide a este Tribunal emitir un pronunciamiento de fondo. Cabe agregar que la propia Entidad contratante ha reconocido la falta de motivación en el acta.

• En consecuencia, este Tribunal concluye que el comité ha contravenido el numeral

4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, así como el principio de transparencia y facilidad de uso recogido en el literal i) del artículo 5 de la Ley.

• Bajo dicho contexto, cabe traer a colación el artículo 70 de la Ley, el cual dispone

que el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos emitidos si advierte que los mismos han sido expedidos por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades contratantes, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo excepcional”. Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto.

• En esa línea, los vicios incurridos resultan trascendentes, toda vez que se ha

contravenido el artículo 80 del Reglamento, así como el principio de transparencia; en ese sentido, el acto viciado no resultan ser materia de conservación. Debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, los mismos que no son conservables. En ese sentido, no se verifica que, en el presente caso, exista la posibilidad de conservar el acto viciado, hecho que determina que este Tribunal no pueda convalidar los actos emitidos en el presente procedimiento, al estar comprometida la validez y legalidad del mismo; razón por la cual corresponde se disponga de oficio la nulidad del procedimiento de selección. Por los motivos expuestos, al vicio objeto de análisis no le resulta aplicable el supuesto de conservación, teniendo en cuenta que la figura de la conservación del acto administrativo está referida a vicios intrascendentes referidos a los requisitos de validez del acto administrativo (considerados como causal de nulidad por el literal c) del artículo 10 del TUO de la LPAG), lo que no ocurre cuando la afectación está referida a incumplimientos de normas reglamentarias (considerados como causal de nulidad por el literal a) del artículo 10 del TUO de la LPAG). Entonces, más allá de las afectaciones o incidencias que haya ocasionado el vicio en el procedimiento de selección, un incumplimiento a una norma reglamentaria, además de estar referida a una causal de nulidad no conservable (literal a del artículo 10 del TUO de la LPAG: contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias), evidentemente, sí resulta trascendente.

• Por lo tanto, al amparo de lo establecido en el numeral 313.2 del artículo 313 del

Reglamento y conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley (en concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG), al haberse verificado que el vicio en el que se ha incurrido afecta sustancialmente la validez del procedimiento de selección; este Colegiado estima pertinente declarar de oficio la nulidad parcial del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse a la etapa de “Evaluación de ofertas técnicas y económicas”, a efectos que el comité exponga su decisión en el acta debidamente motivada, respecto de la oferta del Impugnante, para posteriormente, continuar con las demás etapas del procedimiento de selección.

En este punto, cabe recordar que, de acuerdo con el numeral 13.2 del artículo 13 del TUO de la LPAG, la nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula. En tal sentido, considerando que, en el presente caso, la vulneración al principio de debida motivación afecta únicamente la esfera jurídica del Impugnante, conforme a lo desarrollado en los fundamentos precedentes, la nulidad parcial recaerá exclusivamente sobre la decisión adoptada por el comité respecto de la evaluación correspondiente al mencionado postor.

• Siendo así, considerando que este Tribunal declarará de oficio la nulidad parcial

del procedimiento de selección y lo retrotraerá a la etapa de evaluación de ofertas (para que solo se revise la oferta del Impugnante, conforme a lo señalado en el numeral anterior), corresponde que se tome en cuenta las siguientes pautas:

• El comité debe encausar su actuación administranva a lo establecido en las

bases y la normanva de contratación pública, y, de ser el caso, exponer los cuesnonamientos que considere pernnentes a la oferta del Impugnante, específicamente lo informado en esta instancia.

• El comité debe determinar qué documentos acreditan el cumplimiento del

requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave, y efectuada dicha revisión, debe establecer cuáles de las experiencias acreditadas cumplen, además, con las condiciones previstas en las bases integradas para ser consideradas en el factor de evaluación “Experiencia específica adicional del personal clave”. Para ello, debe idennficar las experiencias que serán computadas para la asignación del puntaje y, de ser el caso, aquellas que no serán consideradas, exponiendo de manera expresa las razones por las cuales estas úlnmas no cumplen con las condiciones establecidas en las bases integradas.

• El comité debe garannzar en todo momento la debida mo\vación de sus

actos administranvos, así como el principio de publicidad, a efectos de no generar indefensión en el derecho de defensa del Impugnante.

• Por tanto, y en la medida que el procedimiento de selección será declarado nulo,

carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los puntos controvertidos formulados en el presente caso.

• Ahora bien, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO

de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad contratante la presente Resolución, a fin que conozca de los vicios advertidos y realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorte al comité que actúe de conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el literal b) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar la

nulidad parcial del procedimiento de selección sin pronunciamiento sobre el petitorio del Impugnante, corresponde devolver la garantía presentada para la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente César Alejandro Llanos Torres, y la intervención de los Vocales Steven Aníbal Flores Olivera y Héctor Ricardo Morales González, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la NULIDAD PARCIAL del Concurso Público Abreviado para

Consultoría de Obra N° 001-2026-MDH/CS - Segunda Convocatoria, convocado por la Municipalidad Distrital de Huaribamba, para la “Contratación de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de obra: Construcción de pistas y veredas de la zona consolidada del Centro Poblado de Anta, distrito de Huaribamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica”, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de “Evaluación de ofertas técnicas y económicas” (para que solo se revise la oferta del Impugnante), conforme a los fundamentos expuestos.

• Devolver la garantía otorgada por el proveedor Gesley Barboza Huangal,

presentada al interponer su recurso de apelación, de conformidad con el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad contratante, a fin que

realicen las acciones de su competencia, conforme a lo señalado en el fundamento 38 de la presente Resolución.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

STEVEN ANÍBAL FLORES OLIVERA

PRESIDENTE

CÉSAR ALEJANDRO LLANOS TORRES

VOCAL

HÉCTOR RICARDO MORALES GONZÁLEZ

VOCAL

ss. Flores Olivera, Morales González, Llanos Torres.