Resolución N.° 9750-2026-TCP-S6

Sumilla: “(…) el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.” Lima, 11 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 11 de noviembre de 2026, de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7749/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor Planum E.I.R.L., en el marco del Concurso Público Abreviado de servicios N° 008-2026-GRSM/C - Primera Convocatoria, para la “Contratación de servicio de construcción de planta procesadora de peces nativo para la ejecución del plan de negocio denominado: Creación de una planta de procesamiento de productos hidrobiológicos pescado fresco y aprovechamiento de subproductos con enfoque de economía circular del AEO Pucayagro S.A.C. en el distrito de Calzada, Moyobamba, San Martin”; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• El 20 de agosto de 2026, el Gobierno Regional de San Martin Sede Central, en adelante

la Entidad, convocó el Concurso Público Abreviado de servicios N° 008-2026-GRSM/C

• Primera Convocatoria, para la “Contratación de servicio de construcción de planta

procesadora de peces nativo para la ejecución del plan de negocio denominado: Creación de una planta de procesamiento de productos hidrobiológicos pescado fresco y aprovechamiento de subproductos con enfoque de economía circular del AEO Pucayagro S.A.C. en el distrito de Calzada, Moyobamba, San Martin”, con una cuantía de S/ 312 000.00 (trescientos doce mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. El 4 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas electrónicas y el 10 de ese mismo mes y año se otorgó la buena pro del procedimiento de selección al Consocio Valle Real, integrado por las empresas Soluciones y Servicios Integrales Valle Real S.A.C. Y Constructora & Consultora R&P Asociados S.A.C., por el monto de S/ 300,800.00 (trescientos mil ochocientos con 00/100 soles), de acuerdo a lo siguiente: Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado Consorcio Valle Real S/ 300 800.00 100 1 Adjudicado Planum E.I.R.L. - - - No admitido Mediante el Escrito N° 1, presentado el 17 de setiembre de 2026 y subsanado en esa misma fecha, la empresa Planun E.I.R.L. interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta. En atención a ello, mediante la Resolución N° 9006-2026-TCP- S1 del 1 de octubre de 2026, declaró fundado el recurso de apelación y -entre otros- dispuso revocar la no admisión de la oferta de la empresa Planun E.I.R.L. En atención a ello, el 14 de octubre del mismo año, se otorgó la buena pro a la empresa Consorcio Valle Real, integrado por Constructora & Consultora R & P Asociados S.A.C y Soluciones y Servicios Integrales Valle Real S.A.C., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de S/ 300 800.00 (trescientos mil ochocientos con 00/100 soles), de acuerdo a lo siguiente: Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado Consorcio Valle Real S/ 300 800.00 100 1 Adjudicado Planum E.I.R.L. - - - Descalificado

• Mediante Escrito N° 04 presentado el 20 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa Planum E.I.R.L. en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando: i) se revoque la descalificación de su oferta, y se tenga por calificada, ii) se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, y iii) se efectúe la evaluación y otorgamiento de la buena pro a su favor. Para dicho efecto, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta 2.1. Indicó que el comité descalificó su oferta al advertir una presunta inconsistencia entre la fecha de inicio de la Constancia de Prestación N° 102-2026-GRSM-DRE- OA/LOG y la información contenida en el Contrato N° 001-2025-GRSM- DRESM/D. Al respeto, el comité sostiene que mientras en la constancia se indicó que la fecha de inicio de la prestación era el 16 de diciembre de 2025, el contrato fue suscrito en fecha posterior, esto es, el 22 de diciembre de 2025. Además, el comité trajo a colación la Resolución N° 5473-2026-TCP-S3, a fin de señalar que el comité ni el Tribunal están facultados a interpretar el alcance de las ofertas. 2.2. Señaló que la descalificación de su oferta no fue adoptada por unanimidad, pues la señora Olinda Guerrero Santa Cruz, en calidad de segundo miembro del comité, formuló un voto en discordia expresando su discrepancia respecto de la decisión de no acreditar la experiencia que presentó su representada. La referida señora indicó que en la constancia cuestionada se consignó el contrato, la fecha de suscripción, el objeto y el monto contratado; lo cual permitía valorar el monto acreditado para efectos de la experiencia del postor en la especialidad. Además, en relación a la presunta inconsistencia, la señora Olinda Guerrero manifestó que podría responder a un error en la tramitación de la entidad contratante, circunstancia que no resultaba determinante en la calificación de su oferta. Finalmente, indicó que, se podría subsanar, al tratarse de un error material o formal. 2.3. Manifestó que el voto en discordia evidenció que en su oferta existían elementos suficientes para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, pues la constancia de prestación permitía identificar claramente el contrato, su fecha de suscripción, el objeto, el monto contratado y las penalidades en caso corresponda. Por ende, la discrepancia advertida no impedía determinar la experiencia que se pretendía acreditar. 2.4. Indicó que la documentación presentada como parte de su oferta permite establecer la trazabilidad de la experiencia invocada, al identificar el contrato correspondiente, el objeto de la prestación, la aplicación de penalidades, entre otros. Por ende, la discrepancia advertida en la fecha de inicio no determina que el servicio ejecutado deje de ser similar al requerido. Por lo tanto, el comité debía explicar de qué manera concreta la diferencia advertida impedía verificar los elementos exigidos para acreditar el requisito de calificación. 2.5. Además, el comité indica la posibilidad de una penalidad, como consecuencia de la diferencia advertida, pese a que la constancia cuestionada indicó expresamente que no se aplicaron penalidades. Además, trajo a colación la Resolución N° 241-2025-TCE-S6, en el que se establece que los descuentos efectuados después de la facturación, no quitan ni restan la experiencia adquirida por el contratista. 2.6. Respecto a la experiencia del personal clave, indicó que el comité motivo su descalificación alegando que determinados certificados de trabajo contendrían firmas pegadas, que en algunos no se identificaría el RUC de la empresa emisora y que no sería posible verificar que las actividades acreditadas correspondan a servicios u obras en edificaciones en general. En relación a dichos cuestionamientos, el segundo miembro del comité indicó que correspondía reconocer los períodos de experiencia cuestionados y presentó un cálculo de 1830 días equivalentes aproximadamente a 5.01 años de experiencia. 2.7. Respecto al cuestionamiento a la firma pegada, trajo a colación la Resolución N° 5536-2025-TCP-S1, en la cual, el Tribunal señaló que no existían elementos suficientes para concluir fehacientemente que los documentos cuestionados contenían firmas pegadas. Además, en el fundamento 36 de la referida resolución, se indicó que el hecho de que una firma haya sido escaneada no determina, por sí mismo, que el documento sea falso o contenga información inexacta, pues lo relevante es establecer si el documento expresa la voluntad real de su emisor. 2.8. En relación a los documentos cuestionados, indico que el emisor y el gerente general que suscribieron las constancias ratificaron su autenticidad, razón por la cual correspondía descartar los cuestionamientos relativos a su emisión, suscripción y veracidad. 2.9. Señaló que la Ley contempla mecanismos para verificar la autenticidad y veracidad de la documentación presentada, entre ellos, la fiscalización posterior. En consecuencia, no corresponde excluir los períodos de experiencia acreditados, sobre la base de una presunta falsedad sustentada únicamente en la apreciación visual del comité de selección. 2.10. Si el comité considera que la consignación del número RUC era una exigencia indispensable, le correspondía precisar el extremo de las bases integradas que establecía expresamente dicha obligación. 2.11. Respecto al cuestionamiento a la omisión del número de RUC en la documentación para acreditar la experiencia del personal clave, indicó que, dicha situación también ocurre en los folios 145 y 146 de la oferta del Consorcio Adjudicatario. En relación a ello, alega que el comité no puede aplicar un criterio restrictivo para descalificar su oferta y, al mismo tiempo, aceptar la documentación del Consorcio Adjudicatario con la misma omisión. 2.12. Respecto al cuestionamiento formulado por la mayoría del comité, referido a que los folios 32 al 77 de su oferta no permitirían acreditar que las actividades desarrolladas correspondían a servicios u obras, señaló que existió un voto en discordia en el que se sostuvo que, a partir de la documentación presentada, era posible verificar las actividades efectivamente realizadas. Asimismo, precisó que dicha circunstancia se encontraba respaldada por el propio contrato, cuya cláusula tercera establecía que el profesional debía desempeñarse como supervisor durante la ejecución del adicional de obra. En ese sentido, sostuvo que no resultaba razonable afirmar que la documentación presentada impedía verificar las actividades acreditadas, cuando el propio contrato describía expresamente tanto el objeto de la prestación como las funciones que debía desarrollar el personal. 2.13. Manifestó que coincide con el razonamiento expuesto por el segundo miembro del comité, en su voto en discordia, pues la documentación presentada contiene elementos concretos que permiten identificar las actividades desarrolladas. Por lo tanto, solicitó que se califique y reconozca los períodos de experiencia obrante a folios 32 al 77 de su oferta. 2.14. Manifestó su preocupación y disconformidad con el criterio empleado por comité, en tal sentido, solicitó que el Tribunal exhorte a la Entidad a evaluar los hechos expuestos y adoptar las medidas preventivas que correspondan.

• A través del Decreto del 21 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante, el cual fue notificado a través del toma razón electrónico del SEACE de la PLADICOP en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP o remita, de ser el caso, el informe técnico legal correspondiente indicando su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. Además, se dispuso notificar a través del SEACE el recurso de apelación al postor o postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso.

De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido el 9 de octubre del mismo año. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 27 de octubre del mismo año a las 12:00 horas.

• El 26 de octubre de 2026, la Entidad presentó ante el Tribunal y registró en el SEACE

el Informe Técnico N° 001-2026-KLVA y el Informe Legal N° 512-2026-GRSM/OTAL, en los cuales expuso su posición frente a los argumentos del recurso impugnativo, en los siguientes términos: 4.1 Manifestó que las bases integradas del procedimiento de selección exigían acreditar el monto facturado acumulado, la similitud de los servicios con el objeto de la convocatoria y la antigüedad. En ese contexto, la constancia de prestación constituye un documento administrativo de carácter acreditativo, cuya finalidad es dejar constancia de la prestación ejecutada y de la información relevante del contrato. Por tanto, su contenido debe permitir identificar la contratación a la que corresponde y establecer su vinculación con los documentos que le dieron origen, a efectos de verificar la experiencia invocada. 4.2 Trajo a colación los fundamentos 33 y 34 de la Resolución N° 1018-2022- TCE- S2, en los cuales se analiza la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad, considerando aspectos como el monto facturado, la similitud de las prestaciones y la antigüedad de la experiencia, entre otros. Bajo dicho criterio, existe la posibilidad de sostener que la constancia de prestación presentada por el Impugnante cumple con acreditar la experiencia del postor en la especialidad, pues identifica el contrato, el objeto de la contratación y el monto correspondiente, permitiendo verificar que la prestación se encuentra vinculada a servicios similares al objeto de la contratación. En tal sentido, manifestó que la inconsistencia advertida no necesariamente desvirtúa la experiencia que pretendió acreditar. 4.3 Alegó que, en el marco del recurso de apelación, le correspondía al Tribunal evaluar si la inconsistencia advertida constituye un elemento suficiente para desestimar la experiencia que presentó el Impugnante. 4.4 Respecto al cuestionamiento a las firmas pegadas, trajo a la Resolución N° 5536-2025-TCP-S1, a través de la cual, el Tribunal ha indicado que el hecho que una firma haya sido escaneada no determina – por sí mismo- que el documento sea falso o contenga información inexacta, pues lo relevante es establecer si el documento cuestionado expresa la voluntad de su emisor. En tal sentido, sostuvo que no habría correspondido descalificar la oferta del Impugnante por dicho motivo. Por consiguiente, solicitó que el Tribunal valore integralmente la documentación cuestionada, a efectos de determinar si esta permite acreditar el cumplimiento de los requisitos de calificación establecidos en las bases del procedimiento de selección. 4.5 Respecto al cuestionamiento del comité, en relación a que los documentos presentados por el Impugnante no tendrían el número de RUC, indicó que, la documentación para acreditar la experiencia del personal clave debían contener el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. En ese sentido, indica que el número de RUC no era un requisito obligatorio, por lo que, no constituye fundamento para desconocer la experiencia acreditada mediante los documentos presentados por el Impugnante. En consecuencia, no correspondía descalificar la experiencia del personal clave. 4.6 Respecto a la experiencia del personal clave que no acredita correspondan a servicios u obras en edificación en general, indicó que, de la revisión de la documentación presentada en los folios 32 al 77 de la oferta del Impugnante, se advierte que los contratos mantienen una estructura similar y que, en su cláusula tercera, se precisa el objeto contractual, la denominación del proyecto y las actividades correspondientes. Además, indicó que, tanto los contratos como las respectivas constancias hacen referencia expresa a la “adecuada infraestructura de la obra”. En tal sentido, indicó que, el cuestionamiento del comité – en mayoría- no es concordante con la información consignada.

• El 26 de octubre de 2026, el Impugnante acreditó a su representante para hacer uso

de la palabra en la audiencia pública convocada.

• El 27 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del

representante del Impugnante.

• Mediante Decreto del 27 de octubre de 2026, se corrió traslado de un posible vicio de

nulidad a las partes, pues se evidenciaría una presunta discordancia entre la naturaleza del objeto del procedimiento de selección [determinada a partir de las prestaciones descritas en el requerimiento y en las bases], y el tipo procedimiento de selección empleado por la Entidad. De corroborarse dicha circunstancia, se advertiría que la Entidad habría utilizado un procedimiento de selección que no correspondería al objeto de la contratación, lo que podría configurar un incumplimiento de las disposiciones previstas en las bases estándar aplicables. Se otorgó un plazo de cinco (5) días a las partes, para que se pronuncien.

• Mediante el Oficio N° 131-2026-GRSM/ORAD-OFLO, presentado el 30 de octubre de

2026 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad absolvió el traslado de vicio de nulidad, en los siguientes términos:

• Manifestó que la intervención materia de contratación tiene su origen en una

iniciativa de negocio presentada por el AEO PUCAYAGRO S.A.C., en el marco del proceso concursable PROCOMPITE 2025 desarrollado por el Gobierno Regional de San Martín. Al respecto, las bases del proceso concursable establecieron expresamente que los planes de negocio que contemplaran el cofinanciamiento de infraestructura debían presentar un expediente técnico o documento equivalente.

• Indicó que el expediente técnico requerida en las bases señalaron que el

expediente técnico o documento equivalente debía sustentar las condiciones mínimas para que se pueda otorgar la viabilidad de la ejecución como disponibilidad del terreno, adecuado acceso al sitio, permisos especiales del sector y en caso requiera los estudios de suelo.

• En cumplimiento de tales exigencias, el AEO debía contar con documentación

técnica que permitiera sustentar el componente de infraestructura de su iniciativa productiva, incluyendo los planos constructivos, metrados, presupuesto y demás información correspondiente.

• En consecuencia, manifiesta que la documentación técnica que sustenta la

intervención tiene su origen en las exigencias establecidas en las bases del concurso PROCOMPITE, como parte de la formulación y sustentación del plan de negocio, y no en la formulación de un proyecto de inversión pública bajo el ciclo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, tal como se requiere para ejecutar una obra bajo el alcance de la normativa de contratación pública.

• La intervención no se origina en la identificación de una necesidad institucional

orientada a incrementar la capacidad de prestación de un servicio público a cargo de la Entidad, sino en una propuesta productiva presentada por un agente económico organizado, cuyo objetivo es implementar una planta de procesamiento de productos hidrobiológicos y aprovechar sus subproductos.

• La intervención tiene un origen y una finalidad productiva específica, circunstancia

que permite explicar por qué su documentación técnica y su estructura presupuestal fueron desarrolladas en función de los componentes y objetivos del plan de negocio aprobado.

• Refiere que una eventual reclasificación de la prestación contractual no supondría

únicamente modificar la denominación del procedimiento de selección, sino que requeriría evaluar las condiciones técnicas, presupuestales y administrativas de la intervención, considerando que esta forma parte de un plan de negocio aprobado y cofinanciado en el marco de PROCOMPITE.

• Primero, solicitó que se verifique si el expediente técnico o documento

equivalente, presentado para sustentar el componente de infraestructura, reúne las condiciones necesarias para servir de sustento a una contratación de obra. Segundo, indicó que debe evaluarse la incidencia de una eventual nueva convocatoria, sobre los compromisos asumidos por el Gobierno Regional y el AEO.

• Manifestó que una eventual declaratoria de nulidad no supondría únicamente la

necesidad de efectuar una nueva convocatoria bajo una categoría distinta, sino que generaría la necesidad. de desarrollar previamente actuaciones técnicas y administrativas que permitan determinar la viabilidad de dicha reconducción. En particular, manifiesta que, debe considerarse que el documento técnico presentado por el AEO tuvo como finalidad sustentar el componente de infraestructura de su plan de negocio y fue elaborado en atención al contenido mínimo establecido en las bases del concurso de PROCOMPITE, las cuales exigieron la presentación de un expediente técnico o documento equivalente, en función de la complejidad de la infraestructura, mas no establecieron la obligación de contar con un expediente técnico elaborado conforme a las exigencias previstas para la contratación y ejecución de obra.

• Por las razones expuestas, indicó que con la documentación técnica actualmente

disponible no se cuenta con elementos suficientes para sustentar que esta pueda ser utilizada directamente en una nueva convocatoria para la ejecución de una obra pública, sin una evaluación previa de su compatibilidad con las exigencias normativas vigentes. Por tanto, no resultaría técnicamente procedente disponer una nueva convocatoria bajo dicha categoría sustentándose únicamente en el documento presentado para el concurso PROCOMPITE, siendo necesario de corresponder, desarrollar, complementar o adecuar previamente el expediente técnico, verificando su consistencia con el alcance de la intervención, las especificaciones técnicas, los metrados, el presupuesto y demás condiciones exigibles para la ejecución de una obra.

• Mediante Decreto del 4 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

• FUNDAMENTACIÓN:
• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro:

N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (cuantía superior a 50 UIT).1 Concurso público abreviado con una cuantía de S/ 312 000.00 Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2 Contra la descalificación de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 La notificación del acto impugnado fue el 14.10.2026, venciendo el plazo de 8 días hábiles, el 21.10.2026. El recurso de apelación se presentó el 20.10.2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente El recurso es suscrito por el señor Luis Miguel Rodríguez Rodríguez, en calidad de titular gerente. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Impugnante cuestiona su descalificación Sí Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro El Impugnante no es el ganador de la buena pro. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Sí tiene interés y legitimidad para cuestionar la descalificación de su oferta. Sí

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de improcedencia

previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:
• El Impugnante ha solicitado a este Tribunal que:
• Se revoque la descalificación de su oferta.
• Se revoque la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario.
• Se evalúe su oferta.
• Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.
• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en cuenta lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 y en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, que indica que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados deben absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificados con el respectivo recurso a través del SEACE.

Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En ese contexto, se aprecia que el decreto de admisión del recurso fue publicado de manera electrónica por el Tribunal en el SEACE el 21 de octubre de 2026, por lo que la absolución del recurso de apelación podía efectuarse hasta el 26 del mismo mes y año. Sin embargo, no habiendo absolución del traslado del recurso de apelación, únicamente pueden ser materia de pronunciamiento por parte de este Colegiado los puntos controvertidos que devienen de los argumentos expresados en el escrito del recurso de apelación.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer consisten en:
• Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de descalificar la oferta

del Impugnante y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. ii) Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el análisis

que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento; por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso e igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Cuestión Previa: Sobre la existencia de un posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección.

• De manera previa al análisis de los puntos controvertidos, este Colegiado considera

pertinente evaluar la existencia de un posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección, referido a una presunta discordancia entre la naturaleza del objeto del procedimiento de selección [prestaciones descritas en el requerimiento y en las bases], y el tipo procedimiento de selección empleado por la Entidad

• En ese contexto, y conforme a lo dispuesto en el numeral 313.2 del artículo 313 del

Reglamento, mediante Decreto de fecha 27 de octubre de 2026, este Colegiado corrió traslado del posible vicio de nulidad a las partes, a fin de que formulen sus respectivos descargos.

• En respuesta a lo solicitado, la Entidad absolvió el posible vicio de nulidad, conforme

a lo señalado en el numeral 8 de los antecedentes del presente pronunciamiento.

• En ese sentido, corresponde a este Tribunal determinar si el hecho expuesto

constituye un vicio del procedimiento de selección que amerite declarar su nulidad. Para ello, resulta necesario revisar lo señalado en las bases estándar e integradas del procedimiento de selección, en tanto estas constituyen las reglas a las cuales debieron someterse los participantes y/o postores, así como la Entidad al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento.

• Al respecto, cabe señalar que la Entidad se encontraba obligada a elaborar las bases

del procedimiento de selección observando las disposiciones de las bases estándar aplicables al concurso público abreviado de servicios.

De la revisión del numeral 2. Descripción general del requerimiento, contenido en el

Figura 1. Descripción general del requerimiento Nota: extraído de las bases integradas . Tal como se aprecia, la Entidad precisó que requería contratar el servicio de creación de una planta de procesamiento de productos hidrobiológicos y aprovechamiento de sub productos con enfoque de economía circular. Además, la Entidad precisó que la prestación del servicio se ejecutará de forma integral y a todo costo. Ahora bien, en el sub numeral 4.3 contenido en el Capítulo III de las bases, se precisaron las actividades del servicio a contratar son, entre otras, las siguientes: Figura N° 2 Actividades Nota: extraído de las bases integradas Tal como se aprecia, como parte de las actividades, la Entidad ha previsto las partidas de estructura, equipo de protección, movimiento de tierras, solado de zapatas, entre otros.

• Ahora bien, las bases estándar de concurso público abreviado de servicios, aplicables

al presente procedimiento de selección, establecieron lo siguiente: Figura N° 3 Actividades Nota: extraído de las bases estándar Como puede observarse, las bases estándar habilitan a las entidades contratantes a convocar los procedimientos de selección como “concurso público abreviado de servicios”, para la contratación de i) servicios, ii) servicios homologados, iii) servicios de rehabilitación y reconstrucción posterior a emergencias y desastres o iv) insumos directamente utilizados en los procesos productivos por las empresas del Estado

• Como se observa, de la revisión de la información que obra en las bases del

procedimiento de selección, así como del requerimiento formulado por la Entidad, se advertiría que las prestaciones objeto de contratación corresponderían a la ejecución de una obra. Según el numeral 54 del Anexo I – Definiciones del Reglamento establece que se entiende por obra a la “construcción, reconstrucción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación, demolición, remodelación, refacción y cualquier contratación que requiera expediente técnico, dirección técnica, mano de obra, materiales y/o equipos, relacionados al componente de edificación o infraestructura”. En ese sentido, las actividades objeto de la convocatoria [figuras 1 y 2] no constituirían labores de prestación de servicios, sino que estarían orientadas a la creación de una planta de procesamiento de productos hidrobiológicos y aprovechamiento de subproductos con enfoque de economía circular, lo cual implicaría la ejecución de trabajos de construcción e implementación de una infraestructura destinada al desarrollo de actividades productivas. Por tanto, atendiendo al alcance de las prestaciones requeridas, estas se encontrarían comprendidas dentro de la definición de obra prevista en el numeral 54 del Anexo I – Definiciones del Reglamento.

• En consecuencia, se evidencia una discordancia entre la naturaleza del objeto del

procedimiento de selección [determinada a partir de las prestaciones descritas en el requerimiento y en las bases], y el tipo procedimiento de selección empleado por la Entidad. Por tanto, se advierte que, contrariamente a lo establecido en las bases estándar aplicables [Figura 3], la Entidad habría convocado el procedimiento bajo la modalidad de concurso público abreviado de servicios, pese a que, por la naturaleza de las prestaciones que comprenden el requerimiento, estas no corresponderían al ámbito de dicho procedimiento de selección.

• Sobre el particular, corresponde precisar que las bases estándar contienen

disposiciones de obligatorio cumplimiento para las entidades contratantes al elaborar los documentos del procedimiento de selección, conforme a lo establecido en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento. En efecto, el citado dispositivo establece que el oficial de compras, el comité o la dependencia encargada de las contrataciones (DEC), según corresponda, elaboran los documentos del procedimiento de selección utilizando obligatoriamente los documentos estándar aprobados por la Dirección General de Abastecimiento (DGA).

• En ese sentido, el uso de un procedimiento de selección que no correspondería a la

naturaleza del objeto de la contratación, determinada a partir de las prestaciones descritas en el requerimiento y en las bases, contraviene las disposiciones de las bases estándar aplicables y, por consiguiente, lo establecido en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento. Asimismo, dicha actuación compromete los principios de transparencia y facilidad de uso, y de competencia, previstos en los literales i) y j) del artículo 5 de la Ley, en tanto la aplicación de un procedimiento de selección que no corresponde a la naturaleza del objeto de contratación supone apartarse de las reglas que regulan su correcta determinación y aplicación. En efecto, la transparencia exige que las reglas del procedimiento sean claras, accesibles y coherentes.

• Ahora bien, respecto a lo indicado por la Entidad en el marco de la absolución al

traslado del recurso de apelación, corresponde señalar que el hecho de que la intervención tenga su origen en una iniciativa de negocio presentada en el marco del proceso concursable PROCOMPITE 2025 no determina por sí mismo el tipo de procedimiento de selección -bajo el cual se convoca-, el cual debe establecerse en función de las prestaciones que la Entidad requiere, considerando su contenido, alcance y finalidad. En ese sentido, los argumentos expuestos por la Entidad, respecto al origen de la documentación técnica y a las exigencias establecidas en las bases del concurso PROCOMPITE, no desvirtúan el cuestionamiento formulado, toda vez que las condiciones -bajo las cuales se elaboró dicha documentación para sustentar el plan de negocio- son distintas de aquellas que deben observarse para determinar el procedimiento de selección que corresponde utilizar, conforme a la Ley y el Reglamento. Por tanto, independientemente del origen de la intervención, correspondía a la Entidad identificar correctamente las prestaciones que serían materia de contratación y, sobre esa base, seleccionar el procedimiento aplicable, en estricta aplicación de la Ley y el Reglamento. Por otro lado, las posibles dificultades técnicas, presupuestales y administrativas que, según manifiesta la Entidad, podrían generarse como consecuencia de una eventual declaratoria de nulidad, tampoco constituyen razones que justifiquen mantener un procedimiento de selección. En efecto, la eventual necesidad de complementar o adecuar la documentación técnica, así como de evaluar la incidencia de una nueva convocatoria en los compromisos asumidos en el marco de PROCOMPITE, son aspectos que deberán ser considerados por la Entidad al adoptar las medidas correctivas correspondientes. Al respecto, corresponde precisar que si bien las entidades contratantes cuentan con facultades para establecer las condiciones del procedimiento de selección, incluidas aquellas referidas a la evaluación de las ofertas, su ejercicio debe sujetarse a la normativa vigente y a las disposiciones de las bases estándar aplicables. En consecuencia, los argumentos presentados por la Entidad no desvirtúan el vicio advertido, referido a la presunta discordancia entre la naturaleza de las prestaciones objeto de contratación y el procedimiento de selección empleado para su convocatoria.

• Ahora bien, los numerales 70.1 y 70.2. del artículo 70 de la Ley disponen que el

Tribunal, en los casos que conozca, declarará nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita en la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

• Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, son causales de nulidad de los actos administrativos, los mismos que no son conservables.

• En esa línea, resulta necesario precisar que la nulidad constituye una figura jurídica

destinada a dotar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, de una herramienta legítima para sanear el procedimiento de selección frente a irregularidades que vicien la contratación, con la finalidad de garantizar un proceso transparente y conforme a la normativa vigente. La anulación del acto administrativo puede tener origen tanto en acciones u omisiones de la propia Administración como de otros participantes del procedimiento, siempre que tales actuaciones incidan en la decisión final adoptada.

• En dicho escenario, resulta pertinente destacar que el procedimiento administrativo

se rige por principios que constituyen elementos básicos considerados por el legislador, tanto para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados, como para controlar la discrecionalidad administrativa en la interpretación de las normas aplicables, la integración jurídica frente a vacíos normativos y la emisión de regulaciones administrativas complementarias.

• Asimismo, es preciso recalcar que el análisis efectuado por este Tribunal parte de la

premisa de que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas es que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario que garantice la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos.

• De acuerdo con lo expuesto, se advierte que el vicio incurrido resulta trascendente,

en tanto contravienen lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento y los principios de legalidad, transparencia y facilidad de uso y competencia, toda vez que la Entidad, al convocar un procedimiento de selección bajo la modalidad de concurso público de servicios, pese a que la naturaleza de las prestaciones objeto de contratación no correspondería a dicho procedimiento, habría establecido reglas que no guardarían correspondencia con el verdadero objeto de la contratación. Esta situación podría afectar la claridad y coherencia de las reglas del procedimiento, así como las condiciones de participación de los proveedores.

• En ese sentido, en el presente caso no resulta posible conservar el acto viciado, toda

vez que la utilización de un procedimiento de selección que no correspondería a la naturaleza del objeto contractual constituye un defecto que afecta la legalidad de la convocatoria y las reglas bajo las cuales se desarrolló el procedimiento de selección. Ello, debido a que la elección del procedimiento determina las condiciones y reglas aplicables a la participación de los proveedores, así como el desarrollo de las distintas etapas de la contratación.

En efecto, el vicio advertido no constituye un aspecto meramente formal que pueda ser subsanado sin alterar el contenido del procedimiento, puesto que su corrección exige que la Entidad determine previamente la naturaleza de las prestaciones objeto de contratación y, sobre esa base, establezca el procedimiento de selección que legalmente corresponda. Por tanto, conservar los actos emitidos supondría convalidar una convocatoria realizada bajo reglas que no resultarían aplicables al objeto contractual.

• Por estas consideraciones, y al amparo de lo dispuesto en el literal d) del numeral

313.1 del artículo 313 del Reglamento, así como en el artículo 70 de la Ley, en concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG, habiéndose verificado que el vicio advertido afecta sustancialmente la validez del procedimiento de selección, corresponde declarar su nulidad y disponer que este se retrotraiga hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases administrativas, para lo cual la Entidad deberá considerar lo siguiente:

• Considerando que el objeto se trataría de una obra, esta requeriría del

cumplimiento de exigencias propias de la naturaleza de dicho tipo de objeto contractual, previstas en la Ley y el Reglamento.

• La Entidad debe convocar el procedimiento de selección que corresponda,

verificando que la naturaleza y el alcance del requerimiento se encuentren comprendidos dentro del alcance previsto en las bases estándar aplicables.

• Por otro lado, en atención a lo dispuesto en el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO

de la LPAG, este Colegiado considera que la presente Resolución debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, a fin de que tomen conocimiento del vicio advertido y adopten las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorten al comité y a las áreas que intervienen en la elaboración de las bases a actuar conforme a la normativa de contrataciones públicas, con el objeto de evitar futuras nulidades que no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jimy Robert Ureta Aquino, y con la intervención de los Vocales Lupe Mariella Merino de la Torre y Jorge Alfredo Quispe Crovetto, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026- OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025- OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la NULIDAD de oficio el Concurso Público Abreviado de servicios N° 008-

2026-GRSM/C - Primera Convocatoria, para la “Contratación de servicio de construcción de planta procesadora de peces nativo para la ejecución del plan de negocio denominado: Creación de una planta de procesamiento de productos hidrobiológicos pescado fresco y aprovechamiento de subproductos con enfoque de economía circular del AEO Pucayagro S.A.C. en el distrito de Calzada, Moyobamba, San Martin”, convocado por el Gobierno Regional de San Martin Sede Central, debiendo retrotraerse el procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases administrativas, conforme a los fundamentos expuestos.

• DEVOLVER la garantía presentada por la empresa Planum E.I.R.L., para la

interposición de su recurso de apelación.

• Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano

de Control Institucional, a fin de que realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, de acuerdo a lo señalado en el fundamento 27 de la presente resolución.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JIMY ROBERT URETA AQUINO

VOCAL

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JORGE ALFREDO QUISPE CROVETTO

VOCAL

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LUPE MARIELLA MERINO DE LA TORRE

PRESIDENTA

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