Resolución N.° 9748-2026-TCP-S6

Sumilla: “(…) se ha quebrantado el principio de presunción de veracidad, previsto en el literal e) del artículo 5 de la Ley, toda vez que el Consorcio Adjudicatario presentó un documento cuyo contenido no se encuentra acorde con la realidad respecto del desempeño del ingeniero José Roni Risco Alva en el cargo de residente de obra (…).” Lima, 11 de noviembre de 2026. VISTO, en sesión del 11 de noviembre de 2026 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7984/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Señor de Burgos, integrado por las empresas Consultora Constructora & Servicios Generales La Torre de Babel E.I.R.L. y Constructora y Consultora Aza E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada N° 020-2026-MPLP-TM - primera convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado - Rupa Rupa, y atendiendo a lo siguiente;

• ANTECEDENTES:
• El 28 de setiembre de 2026, la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado - Rupa Rupa,

en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada N° 020-2026-MPLP- TM - primera convocatoria, para la “contratación para la ejecución de la obra: renovación de puente; en el(la) quebrada María de la vía vecinal EMP. HU-524 en el centro poblado Nueva Esperanza, distrito de Pucayacu, provincia Leoncio Prado, departamento Huánuco, con CUI N° 2665025”, con una cuantía de S/ 849 307.68 (ochocientos cuarenta y nueve mil trescientos siete con 68/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias. El 13 de octubre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas electrónicas y, el 20 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al Consorcio Ejecutor Puente María, integrado por las empresas Claudio Soto Inversiones E.I.R.L y Calypso Contratistas Generales S.A.C., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de S/ 849 307.68 (ochocientos cuarenta y nueve mil trescientos siete con 68/100 soles), de acuerdo a lo siguiente: Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado

CONSORCIO EJECUTOR

PUENTE MARIA 849,307.68 105.00 1 Adjudicado

CONSTRUCTORA Y

CONSULTORA 'FISA' S.A.C. - - - Descalificado CONSORCIO SUR - - - Descalificado

CONSORCIO SEÑOR DE

BURGOS - - - No admitida CONSORCIO ESPERANZA - - - No admitida

• Mediante Escrito N° 1 presentado el 27 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor Consorcio Señor de Burgos, integrado por las empresas Consultora Constructora & Servicios Generales La Torre de Babel E.I.R.L. y Constructora y Consultora Aza E.I.R.L., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que: i) se revoque la no admisión de su oferta y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro; ii) se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario; iii) se disponga la continuación del procedimiento desde la etapa que corresponda, con la admisión, evaluación y calificación de su oferta; iv) se le otorgue la buena pro; y v) se disponga la apertura del expediente administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio Adjudicatario; sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la no admisión de su oferta 2.1. Indica que el comité observó que las firmas consignadas en el Anexo N° 2 - Pacto de Integridad y en la Promesa de Consorcio habrían sido incorporadas como imágenes, en contravención de las formalidades previstas en las bases integradas. Al respecto, sostiene que dicha observación constituye un defecto formal susceptible de subsanación. 2.2. Invoca la Resolución N° 03268-2026-TCP-S2, mediante la cual el Tribunal consideró que la incorporación de firmas digitalizadas en documentos de presentación obligatoria constituía una observación susceptible de subsanación, siempre que se conservara el contenido original de la oferta; asimismo, cita la Resolución N° 05433-2025-TCP-S1, que reconoce que las disposiciones de las bases integradas no pueden restringir el derecho a la subsanación establecido en la normativa de contratación pública, y la Opinión N° D000014-2025-OECE-DTN, que —según refiere— señala que las incidencias vinculadas a las firmas en los formatos constituyen errores u omisiones de carácter formal. 2.3. Respecto del Anexo N° 2 - Pacto de Integridad, sostiene que la subsanación consistiría únicamente en presentar el mismo documento con la suscripción correspondiente, sin modificar las declaraciones formuladas, incorporar nuevas condiciones ni alterar la responsabilidad asumida por el representante. Por tanto, considera que dicha corrección no afectaría el contenido esencial de la oferta ni generaría una ventaja competitiva. Sobre la oferta del Adjudicatario 2.4. Cuestiona la veracidad de la documentación presentada por el Consorcio Adjudicatario para acreditar la experiencia de su personal clave, alegando que existirían discrepancias entre los certificados presentados y la información registrada de las obras. Para sustentar su cuestionamiento, invoca la Resolución N° 03668-2026-TCP-S2, en la cual el Tribunal dispuso la descalificación del adjudicatario y revocó la buena pro por presentar información inexacta, así como la apertura del correspondiente expediente sancionador. 2.5. En cuanto a la experiencia del ingeniero José Roni Risco Alva como residente de obra en el proyecto "Creación del Puente Vehicular de Bajo Limón", señala que el certificado presentado por el Consorcio Adjudicatario le atribuye dicho cargo durante el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 9 de agosto de 2019. Sin embargo, sostiene que las valorizaciones N° 03, N° 04 y N° 05, correspondientes a mayo, junio y julio de 2019, así como el acta de recepción de obra, identifican al ingeniero Germán Antonio Burga Young como residente. Añade que la información de INFOBRAS también registra a este último profesional en dicho cargo durante el periodo indicado. 2.6. Respecto de la experiencia del ingeniero José Roni Risco Alva como jefe de supervisión en la obra de Shanantía, cuestiona el certificado que le atribuye dicho cargo durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 y el 16 de diciembre de 2016. Sustenta su observación en que las valorizaciones e informes de octubre y noviembre de 2015 identifican al ingeniero Johnny Rodríguez Astocaza como jefe de supervisión, mientras que la ficha de INFOBRAS registra al ingeniero Miguel Espinoza Haro como supervisor desde el 8 de septiembre de 2015. 2.7. En relación con la experiencia del ingeniero Henry Cristian Velásquez Cayetano como especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), cuestiona que contiene información inexacta el certificado que acredita la prestación de servicios de manera continua durante el periodo comprendido entre el 6 de junio de 2023 y el 9 de mayo de 2024. Al respecto, señala que dicha información no sería concordante con el acta de recepción de la obra, en la que se registran dos periodos de suspensión: del 20 de junio al 18 de septiembre de 2023 y del 9 de noviembre de 2023 al 17 de junio de 2024.

2.8. Invoca la Resolución N° 8112-2026-TCP-S6, mediante la cual el Tribunal confirmó la descalificación de una oferta al verificarse que una constancia de servicios continuos no concordaba con la realidad debido a la existencia de suspensiones de obra.

• Con decreto del 28 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación

interpuesto por el Consorcio Impugnante, el cual fue notificado a través del Toma Razón Electrónico del SEACE de la PLADICOP en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP o remita, de ser el caso, el informe técnico legal correspondiente indicando su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 3 de noviembre de 2026.

• Con Escrito N° 01 presentado el 29 de octubre de 2026 al Tribunal, el Consorcio

Adjudicatario se apersonó y acreditó a sus representantes para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante escrito s/n presentado el 30 de octubre de 2026 en el Tribunal, el Consorcio

Impugnante acreditó a sus representantes para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante decreto del 30 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Consorcio

Adjudicatario.

• Mediante Escrito N° 02 presentado al Tribunal el 2 de noviembre de 2026, el Consorcio

Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, indicando, principalmente, lo siguiente: 7.1. Respecto de la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante, sostiene que las observaciones formuladas a las firmas del Anexo N° 2 y de la promesa de consorcio no podían ser subsanadas en los términos solicitados por el Consorcio Impugnante, pues la aplicación del artículo 78 del Reglamento depende de la naturaleza del defecto advertido y de los supuestos expresamente permitidos por la normativa. 7.2. En cuanto a la promesa de consorcio, indica que dicho documento contiene la manifestación de voluntad de sus integrantes, por lo que permitir la subsanación de defectos relacionados con su contenido esencial podría modificar la oferta presentada. Agrega que la normativa únicamente permite subsanar determinados aspectos formales, como la rúbrica y la foliación, por lo que no corresponde extender dicho mecanismo a cualquier observación relacionada con las firmas. 7.3. Respecto de los cuestionamientos formulados contra su oferta, señala que las diferencias entre certificados de experiencia, valorizaciones, actas de recepción y registros de INFOBRAS no demuestran, por sí solas, que la documentación presentada sea falsa o contenga información inexacta. Indica que cada documento tiene una finalidad y alcance distintos, por lo que corresponde analizar su contenido de manera conjunta antes de determinar si existe una contradicción con la realidad. 7.4. Sobre la experiencia del ingeniero José Roni Risco Alva como residente de obra en el proyecto Bajo Limón, sostiene que la aparición de Germán Antonio Burga Young como residente en determinadas valorizaciones no descarta que el referido profesional también haya participado en la ejecución de la obra durante el periodo certificado. Señala que las valorizaciones identifican al profesional responsable de una función en un periodo determinado, pero no acreditan necesariamente que otro profesional no haya intervenido simultáneamente bajo una designación o función distinta. 7.5. Agrega que el acta de recepción de la obra contiene información sobre su culminación, pero no necesariamente identifica a todos los profesionales que participaron durante su ejecución. Asimismo, indica que el registro de INFOBRAS constituye una fuente administrativa complementaria, pero no resulta concluyente por sí solo. 7.6. En cuanto a la experiencia del ingeniero José Roni Risco Alva como jefe de supervisión en la obra Shanantía, señala que el Impugnante sustenta su cuestionamiento en valorizaciones y documentos correspondientes a determinados meses, en los que aparecen otros profesionales vinculados con la supervisión. Sin embargo, sostiene que la identificación de Johnny Rodríguez Astocaza o Miguel Espinoza Haro en dichos documentos no demuestra automáticamente que José Roni Risco Alva no haya ejercido el cargo durante todo el periodo certificado. Asimismo, indica que la documentación correspondiente a determinados meses no puede extenderse automáticamente a la totalidad del periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 y el 16 de diciembre de 2016. En ese sentido, considera necesario verificar si los documentos se refieren al mismo cargo, si existieron designaciones o sustituciones y cuál fue la participación efectiva de cada profesional. Agrega que la comunicación del 28 de enero de 2016 debe analizarse de acuerdo con su contenido y alcance específico, sin atribuirle efectos sobre todo el periodo certificado. Por otro lado, sostiene que el impugnante no ha acreditado una contradicción real entre el certificado presentado y los hechos registrados en INFOBRAS, pues la sola aparición de otros profesionales en determinados registros no demuestra que el ingeniero Risco Alva no haya desempeñado las funciones certificadas. En consecuencia, considera que este cuestionamiento debe desestimarse. 7.7. Respecto de la experiencia de Henry Cristian Velásquez Cayetano como especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) en la obra San Genaro, señala que el Impugnante cuestiona el certificado presentado por el periodo comprendido entre el 6 de junio de 2023 y el 9 de mayo de 2024, debido a las suspensiones de obra consignadas en el acta de recepción. Sobre este extremo, sostiene que la existencia de periodos de suspensión no demuestra, por sí sola, que el especialista haya dejado de realizar actividades durante dichos periodos. Indica que, para determinar si la experiencia certificada corresponde a servicios efectivamente prestados, debe verificarse el alcance de las suspensiones, las obligaciones que permanecieron vigentes, las actividades desarrolladas por el profesional y la forma en que se computó el periodo de experiencia. Por ello, considera que no corresponde descontar automáticamente los días de suspensión sin efectuar dicha verificación.

• El 2 de noviembre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico Legal

N° D000001-2026-OGAJ-MPLP/TM, mediante el cual expresó su opinión respecto del recurso de apelación, conforme a lo siguiente: 8.1. Indica que la oferta del Consorcio Impugnante fue declarada no admitida debido a que las firmas consignadas en el Anexo N° 2 y en la promesa de consorcio eran idénticas, lo que evidenciaría que se insertó una imagen de la firma en lugar de suscribir los documentos de manera original, contraviniendo lo establecido en el numeral 2.2.4 de la sección general de las bases integradas. Sostiene que, al realizar la revisión de ambos documentos, el comité verificó que las firmas presentaban una identidad gráfica exacta, por lo que no era posible determinar en cuál de ellos se encontraba la firma original. En ese sentido, considera que dicha circunstancia genera incertidumbre sobre la autenticidad de los documentos y la manifestación de voluntad del postor. Asimismo, señala que la utilización de una misma imagen de firma en dos documentos de distinta naturaleza jurídica afecta la certeza y confiabilidad de la oferta, por lo que el comité no podía presumir la validez de alguno de ellos ni subsanar las deficiencias atribuibles al postor. Indica que la actuación del comité debe respetar los principios de legalidad, transparencia, competencia, integridad y valor por dinero, así como las disposiciones de las bases integradas. En ese sentido, sostiene que la evaluación de las ofertas debe realizarse de manera objetiva y que no corresponde admitir documentos que no cumplan las exigencias expresamente establecidas. 8.2. Finalmente, concluye que el comité actuó conforme a la normativa de contratación pública al declarar no admitida la oferta del Consorcio Impugnante. Por ello, solicita que se declare infundado el recurso de apelación, se confirme su no admisión y se mantenga el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario.

• Mediante Escrito N° 01 presentado el 2 de noviembre de 2026, la Entidad acreditó a

sus representantes para hacer uso de la palabra en la audiencia pública.

• El 3 de noviembre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de

los representantes del Consorcio Impugnante y del Consorcio Adjudicatario.

• Mediante decreto del 3 de noviembre de 2026, se dejó a consideración de la Sala la

absolución del traslado del recurso de apelación efectuado por el Consorcio Adjudicatario.

• Mediante decreto del 4 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio

Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• Procedencia del recurso.
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación.

Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (cuantía superior a 50 UIT).1 Licitación pública abreviada de obras, con una cuantía de S/ 849 307.68. Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2 Contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 El otorgamiento de la buena pro fue notificado a través del SEACE el 20 de octubre de 2026, teniendo los postores para impugnar dicho acto hasta el 27 de octubre de 2026. Se aprecia que el Consorcio Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

Impugnante interpuso su recurso de apelación el 27 de octubre de 2026. Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente El recurso es suscrito por la señora Leonor Rocío Gamboa Burbano, en calidad de representante común del Consorcio Impugnante, conforme a la promesa de consorcio adjunta a su recurso. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Consorcio Impugnante cuestiona expresamente la no admisión de su oferta. Sí Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro El Consorcio Impugnante buena pro; su oferta fue declarada no admitida. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. El Consorcio Impugnante tiene interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la no admisión de su oferta. De otro lado, tiene interés para obrar y legitimidad procesal para cuestionar la oferta del Consorcio Adjudicatario, siempre que logre revertir su condición de no admitido. Sí

• Por las consideraciones expuestas, no se advierte la concurrencia de alguna de las

causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

• Petitorio.

• El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal que:

✓ Se revoque la no admisión de su oferta y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. ✓ Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario. ✓ Se le otorgue la buena pro. ✓ Se disponga la apertura del expediente administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio Adjudicatario.

• El Adjudicatario solicita a este Tribunal que:

✓ Se declare infundado el recurso de apelación.

• Fijación de puntos controvertidos.
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio señalado

de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso”. Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad y

a los demás postores el 28 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados por la decisión del Tribunal tenían hasta el 2 de noviembre del mismo año para absolverlo. Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que, con Escrito N° 02 presentado ante el Tribunal el 2 de noviembre de 2026, el Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, por lo que, a efectos de determinar los puntos controvertidos, serán considerados los argumentos expuestos por el Consorcio Impugnante en su recurso de apelación y aquellos expuestos por el Consorcio Adjudicatario en su absolución del mismo. En ese sentido, los puntos controvertidos materia de análisis consisten en:

• Determinar si corresponde revocar la no admisión del Consorcio Impugnante

y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. ii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario. iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Consorcio Impugnante. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la no admisión del Consorcio Impugnante y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario.

• En el Acta de apertura, admisión, evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento

de la buena pro, en adelante el Acta, el comité determinó que la oferta del Consorcio Impugnante fue declarada no admitida porque la firma del Anexo N° 2 – pacto de integridad, y la de la promesa de consorcio, son las mismas, “evidenciando que el postor no firmó en original el documento”, conforme se aprecia de los siguientes extractos:

• Frente a ello, el Consorcio Impugnante interpuso recurso de apelación y formuló

cuestionamientos contra la decisión del comité, sobre la base de los argumentos desarrollados en los antecedentes de la presente resolución (numerales 2.1 al 2.3). En ese sentido, sostiene que las firmas incorporadas en el Anexo N° 2 – Pacto de Integridad y en la promesa de consorcio constituyen un defecto formal susceptible de subsanación, conforme al artículo 78 del Reglamento. Asimismo, señala que dicha corrección no modificaría el contenido de su oferta ni alteraría la voluntad de los integrantes del consorcio, por lo que solicita que se revoque la no admisión de su oferta y se disponga la continuación del procedimiento de selección desde la etapa que corresponda.

• Por su parte, el Consorcio Adjudicatario sostiene que las observaciones formuladas a

las firmas del Anexo N° 2 y de la promesa de consorcio no podían ser subsanadas en los términos solicitados por el Consorcio Impugnante, pues la procedencia de dicho mecanismo depende de la naturaleza del defecto y de los supuestos permitidos por la normativa. Asimismo, señala que la promesa de consorcio contiene la manifestación de voluntad de sus integrantes, por lo que permitir la subsanación de defectos relacionados con su contenido esencial podría modificar la oferta presentada. En consecuencia, solicita que se confirme la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante.

• Por su parte, la Entidad indica que la oferta del Consorcio Impugnante fue declarada

no admitida debido a que las firmas consignadas en el Anexo N° 2 y en la promesa de consorcio presentaban una identidad gráfica exacta, lo que evidenciaría que se insertó una imagen de la firma en ambos documentos, contraviniendo el numeral 2.2.4 de la

genera incertidumbre sobre la autenticidad de los documentos y la manifestación de voluntad del postor, por lo que el comité no podía presumir la validez de alguno de ellos ni admitir su subsanación. En consecuencia, solicita que se declare infundado el recurso de apelación, se confirme la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante y se mantenga el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Adjudicatario.

• Al respecto, el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la sección específica de las bases

integradas, referido a los documentos para la admisión de la oferta, establece que el Pacto de Integridad (Anexo N° 2) constituye uno de los documentos de presentación obligatoria, tal como se aprecia a continuación:

• En ese sentido, se advierte que el Consorcio Impugnante presentó en su oferta la

promesa de consorcio con firmas certificadas notarialmente y el Anexo N° 2 – Pacto de Integridad. Asimismo, reconoció durante la audiencia pública que la firma consignada en este último documento, correspondiente a la empresa Consultora Constructora & Servicios Generales La Torre de Babel E.I.R.L., corresponde a una imagen y no a una firma manuscrita. A continuación, se muestran ambos documentos para una mejor ilustración: Promesa de consorcio Anexo N° 2 – Pacto de integridad

• Cabe precisar que la promesa de consorcio cuenta con certificación notarial, mediante

la cual el notario de Huánuco, Erik Morales Canelo, dejó constancia, entre otros aspectos, de que la firma consignada en dicho documento pertenece al señor Flacio Jhondlith Malqui Merino, en representación de Consultora Constructora & Servicios Generales La Torre de Babel E.I.R.L.

• Al respecto, el numeral 2.2.4 de la sección general de las bases integradas establece

que las declaraciones juradas, formatos y formularios que conforman la oferta deben encontrarse debidamente firmados por el postor, mediante firma manuscrita o precisa que no se acepta la inserción de la imagen de una firma. De esta manera, las bases establecieron expresamente que los documentos de la oferta debían contar con una firma válida y que no resultaba admisible incorporar una imagen de esta:

• En cuanto a lo señalado por el Consorcio Adjudicatario y la Entidad, ambos sostienen

que la identidad gráfica de las firmas genera incertidumbre sobre la autenticidad de los documentos y la manifestación de voluntad del Consorcio Impugnante. Asimismo, el Consorcio Adjudicatario afirma que la promesa de consorcio contiene la manifestación de voluntad de sus integrantes y que permitir la subsanación de defectos relacionados con su contenido esencial podría modificar la oferta. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, según se aprecia de la documentación presentada y de lo reconocido por el Consorcio Impugnante durante la audiencia pública, la promesa de consorcio cuenta con firmas certificadas notarialmente, mientras que la imagen de la firma fue incorporada en el Anexo N° 2 – Pacto de Integridad. Por tanto, la observación advertida no está referida a la promesa de consorcio, sino a la forma en que se consignó la firma en el Anexo N° 2. En ese sentido, la presentación de este último documento con el mismo contenido y debidamente suscrito no supondría, en principio, modificar la manifestación de voluntad ya expresada por los integrantes en la promesa de consorcio; por lo que el argumento referido a una eventual alteración del contenido esencial de esta última no resulta válido para descartar la subsanación de la firma en el Anexo N° 2.

• Cabe precisar en este punto, que el Acta señala que el Consorcio Impugnante no

cumple con los requisitos de admisión de ofertas únicamente por los cuestionamientos analizados en el presente apartado, consignando “cumple” en todos los demás.

• En ese sentido, corresponde declarar fundado en este extremo el recurso de

apelación, revocar la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario.

• Asimismo, corresponde disponer que el comité requiera al Consorcio Impugnante

que, en el plazo de dos (2) días hábiles de notificado el requerimiento, cumpla con subsanar la firma del Anexo N° 2 – pacto de integridad, correspondiente al consorciado Consultora Constructora & Servicios Generales La Torre de Babel E.I.R.L.

• Siendo así, considerando que durante el pedido de subsanación la oferta se considera

válida, el Consorcio Impugnante ha adquirido interés para obrar a fin de cuestionar la oferta del Consorcio Adjudicatario; razón por la cual corresponde analizar el segundo punto controvertido planteado. Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Al respecto, el Consorcio Impugnante cuestiona la oferta del Consorcio Adjudicatario,

respecto de los siguientes aspectos:

• Sobre el personal clave propuesto como residente de obra, cuestiona la

experiencia del ingeniero José Roni Risco Alva en la ejecución del proyecto «Creación del Puente Vehicular de Bajo Limón», debido a que las valorizaciones N° 03, 04 y 05, el acta de recepción de obra y la información registrada en INFOBRAS identificarían al ingeniero Germán Antonio Burga Young como residente durante parte del periodo acreditado, conforme a los argumentos expuestos en el numeral 2.5 de los antecedentes.

• Sobre el personal clave propuesto como jefe de supervisión, cuestiona la

experiencia del ingeniero José Roni Risco Alva en la obra de Shanantía, debido a que las valorizaciones e informes de octubre y noviembre de 2015 identificarían al ingeniero Johnny Rodríguez Astocaza como jefe de supervisión, mientras que la información de INFOBRAS registraría al ingeniero Miguel Espinoza Haro como supervisor desde el 8 de septiembre de 2015, conforme a los argumentos expuestos en el numeral 2.6 de los antecedentes.

• Sobre el personal clave propuesto como especialista en Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), cuestiona la experiencia de Henry Cristian Velásquez Cayetano en la obra San Genaro, debido a que el certificado presentado acreditaría servicios continuos entre el 6 de junio de 2023 y el 9 de mayo de 2024, pese a que el acta de recepción de obra consignaría dos periodos de suspensión, conforme a los argumentos expuestos en los numerales 2.7 y 2.8 de los antecedentes.

• En ese sentido, corresponde analizar los referidos cuestionamientos en este apartado.

Sobre la experiencia del residente de obra

• Certificado de trabajo del 30 de agosto de 2019, emitido por la empresa

Constructora y Consultores Nar EIRL

• El Consorcio Impugnante cuestiona el certificado de trabajo emitido el 30 de agosto

de 2019 por la empresa Constructora y Consultores N.A.R. E.I.R.L., a favor del ingeniero José Roni Risco Alva, por haber desempeñado el cargo de residente de obra en el proyecto «Creación del Puente Vehicular de Bajo Limón», ubicado en el distrito de Tocache, provincia de Tocache, departamento de San Martín, desde el 11 de marzo hasta el 9 de agosto de 2019; documento que se reproduce a continuación:

• Al respecto, señala que el certificado contendría información inexacta, toda vez que

las valorizaciones N° 03, 04 y 05, correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2019, así como el acta de recepción de obra, identificarían al ingeniero Germán Antonio Burga Young como residente de obra. Asimismo, indica que la información registrada en INFOBRAS también consignaría a dicho profesional en el referido cargo durante el periodo cuestionado. En ese sentido, sostiene que existiría una contradicción entre la experiencia atribuida al ingeniero José Roni Risco Alva en el certificado y la documentación de la obra.

• Frente a ello, el Consorcio Adjudicatario sostiene que la identificación del ingeniero

Germán Antonio Burga Young como residente de obra en determinadas valorizaciones no descarta que el ingeniero José Roni Risco Alva también haya participado en la ejecución de la obra durante el periodo certificado, bajo otra designación o función. Asimismo, señala que el acta de recepción de obra acredita la culminación de esta, pero no necesariamente identifica a todos los profesionales que intervinieron durante su ejecución; mientras que la información de INFOBRAS constituye una fuente administrativa complementaria que no resulta concluyente por sí sola. Por tanto, considera que la documentación presentada por el Consorcio Impugnante no acredita que el ingeniero José Roni Risco Alva no haya desempeñado el cargo señalado en el certificado durante el periodo indicado.

• Al respecto, este Colegiado aprecia que, de la revisión de la plataforma INFOBRAS,

correspondiente a la obra objeto de la experiencia cuestionada, se encuentran registrados, entre otros documentos, las valorizaciones N° 03 y N° 05, correspondientes a los meses de mayo y julio de 2019, respectivamente, así como el Acta de recepción de obra, conforme se muestra a continuación: Acta de recepción de obra (primera y última página) Valorización N° 3 – mes de mayo 2019 Valorización N° 5 – mes de julio 2019

• Al respecto, de la revisión del Acta de recepción de obra, se advierte que en dicho

documento se identifica al ingeniero Germán Antonio Burga Young como residente de obra del proyecto «Creación del Puente Vehicular de Bajo Limón, distrito de Tocache, provincia de Tocache - San Martín». Asimismo, de la revisión de las valorizaciones N° 03 y N° 05, correspondientes a los meses de mayo y julio de 2019, respectivamente; se aprecia que también se consigna al referido profesional en el cargo de residente de obra durante dichos periodos.

• En ese sentido, se advierte que el certificado de trabajo cuestionado atribuye al

ingeniero José Roni Risco Alva el desempeño del cargo de residente de obra desde el 11 de marzo hasta el 9 de agosto de 2019; sin embargo, la documentación de la propia obra identifica al ingeniero Germán Antonio Burga Young como residente, tanto en las valorizaciones correspondientes a mayo y julio de 2019 como en el Acta de recepción de obra. Por tanto, se aprecia una contradicción entre la información consignada en el certificado y la documentación de la ejecución de la obra, pues esta última identifica a un profesional distinto como residente de obra durante el periodo materia de cuestionamiento.

• Al respecto, si bien el Consorcio Adjudicatario sostiene que las diferencias entre los

certificados, las valorizaciones y el Acta de recepción de obra no demuestran, por sí solas, la existencia de información inexacta, y que la identificación del ingeniero Germán Antonio Burga Young como residente no descarta que el ingeniero José Roni Risco Alva también haya participado en la ejecución de la obra, lo cierto es que la documentación revisada no contiene una referencia aislada a otro profesional, sino que identifica de manera coincidente al ingeniero Germán Antonio Burga Young en el cargo de residente de obra. En efecto, dicho profesional figura como residente tanto en las valorizaciones N° 03 y N° 05, correspondientes a mayo y julio de 2019, respectivamente, como en el Acta de recepción de obra. Por consiguiente, la coincidencia de estos documentos, emitidos en distintos momentos de la ejecución y culminación de la obra, constituye evidencia objetiva que contradice la información consignada en el certificado presentado por el Consorcio Adjudicatario.

• En tal sentido, este Colegiado concluye que, en el presente caso, se ha quebrantado

el principio de presunción de veracidad, previsto en el literal e) del artículo 5 de la Ley, toda vez que el Consorcio Adjudicatario presentó un documento cuyo contenido no se encuentra acorde con la realidad respecto del desempeño del ingeniero José Roni Risco Alva en el cargo de residente de obra del proyecto «Creación del Puente Vehicular de Bajo Limón».

• En consecuencia, de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo de Sala

Plena N° 004-2026/TCP4, corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario, al haberse acreditado que la documentación presentada contiene información inexacta relevante para la acreditación de la experiencia del personal clave especialista residente de obra.

• Cabe traer a colación, asimismo, el principio de integridad, previsto en el literal d) del

artículo 5 de la Ley, según el cual la conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación debe estar guiada por la honestidad y la veracidad.

• Como consecuencia de ello, este Colegiado concluye que corresponde descalificar la

oferta del Consorcio Adjudicatario, al haberse acreditado que el certificado analizado contiene información inexacta.

• Asimismo, corresponde remitir los actuados a la Secretaría Técnica del Tribunal, a

efectos de que disponga la apertura de expediente sancionador contra los integrantes del Consorcio Adjudicatario, a fin de que se determine su eventual responsabilidad por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del

artículo 87 de la Ley.

• En atención a los fundamentos expuestos, corresponde declarar fundado este

extremo del recurso de apelación y, en consecuencia, descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Bajo tal contexto, carece de objeto abocarse al análisis de los demás cuestionamientos

formulados contra la oferta del Consorcio Adjudicatario, en la medida en que su condición de descalificada no variará. Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Consorcio Impugnante.

• El Consorcio Impugnante solicita que se le otorgue la buena pro al considerar que,

como consecuencia de que el Tribunal ampare sus pretensiones, su oferta sería la única subsistente.

• Al respecto, en el primer punto controvertido, este Colegiado determinó que

corresponde revocar la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante y disponer 4 Según el cual, si durante la tramitación de un recurso de apelación el Tribunal verifica que la oferta de un postor o los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato contienen información inexacta, corresponde disponer su no admisión, descalificación o la pérdida de la buena pro, según corresponda, y ordenar la apertura del expediente administrativo sancionador respectivo. Para adoptar dicha decisión en el procedimiento recursivo, no es necesario determinar si la información inexacta incidió en la obtención de una ventaja o beneficio concreto, pues este aspecto debe ser evaluado en el procedimiento administrativo sancionador, junto con los demás elementos de la infracción.

que esta se tenga por admitida. Asimismo, en el segundo punto controvertido, se determinó descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario por haber presentado documentación con información inexacta respecto de la experiencia del personal clave propuesto como residente de obra.

• En ese sentido, si bien, como consecuencia de lo resuelto, la oferta del Consorcio

Impugnante sería la única subsistente en el procedimiento de selección, ello no determina que corresponda otorgarle directamente la buena pro, toda vez que aún se encuentra pendiente que el comité efectúe la calificación de su oferta y, de corresponder, su evaluación, conforme a las disposiciones previstas en las bases integradas, en la Ley y el Reglamento.

• Por lo tanto, corresponde disponer que el comité continúe con la calificación de la

oferta del Consorcio Impugnante y, de corresponder, realice su evaluación, a fin de determinar si corresponde otorgarle la buena pro.

• En ese sentido, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de

apelación. Cuestión de interés público

• Sin perjuicio de la decisión adoptada, se ha cuestionado la veracidad de dos

certificados de trabajo presentados por el Consorcio Adjudicatario para acreditar la experiencia del personal clave propuesto. Al respecto, corresponde disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior de los siguientes documentos:

• Certificado de trabajo emitido el 10 de mayo de 2024 por el Consorcio San

Genaro, suscrito por su representante común, señor José Luis Farfán Andrade, a favor del ingeniero Henry Cristian Velásquez Cayetano, que acredita su desempeño como especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo en la ejecución de la obra «Mejoramiento de la carretera EMP. PA-107 - San Genaro - Bellavista - EMP. PA107 (Cutuchaca) del distrito de Paucartambo - provincia de Pasco - departamento de Pasco», desde el 5 de junio de 2023 hasta el 9 de mayo de 2024. ii. Certificado de trabajo emitido el 20 de marzo de 2017 por el Consorcio Supervisor Padre Abad, suscrito por su representante legal, ingeniera Wendy Jaqueline Lao Odicio, a favor del ingeniero José Roni Risco Alva, que acredita su desempeño como jefe de supervisión en el proyecto «Mejoramiento del camino vecinal Shanantía – Brisas de Shanantía, Shanantía – Estero, distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad – Ucayali», desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 16 de diciembre de 2016.

En ese sentido, la Entidad debe comunicar los resultados de dicha fiscalización posterior a este Tribunal en un plazo de veinte (20) días hábiles, contado desde la publicación de la presente resolución, bajo responsabilidad.

• Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar fundado en parte el recurso

de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante.

• Finalmente, considerando que el recurso será declarado fundado en parte, y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada como requisito de admisibilidad de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Alfredo Quispe Crovetto, y la intervención de los Vocales Lupe Mariella Merino de la Torre y Jimy Robert Ureta Aquino, atendiendo a la reconformación de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, publicada el 6 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Señor

de Burgos, integrado por las empresas Consultora Constructora & Servicios Generales La Torre de Babel E.I.R.L. y Constructora y Consultora Aza E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 020-2026-MPLP-TM – Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado - Rupa Rupa, para la “Contratación para la ejecución de la obra: renovación de puente; en el(la) quebrada María de la vía vecinal EMP. HU-524 en el centro poblado Nueva Esperanza, distrito de Pucayacu, provincia Leoncio Prado, departamento Huánuco, con CUI N° 2665025"; fundado en los extremos que solicita que se revoque su no admisión, y que se descalifique la oferta del Consorcio Ejecutor Puente María, integrado por las empresas Claudio Soto Inversiones E.I.R.L. y Calypso Contratistas Generales S.A.C. (adjudicatario); e infundado en el extremo que solicita el otorgamiento de la buena pro en esta instancia. En tal sentido, corresponde:

1.1 Revocar la no admisión de la oferta del Consorcio Señor de Burgos, integrado por las empresas Consultora Constructora & Servicios Generales La Torre de Babel E.I.R.L. y Constructora y Consultora Aza E.I.R.L. 1.2 Disponer que el comité requiera la subsanación de la oferta del Consorcio Señor de Burgos conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento, en mérito a lo dispuesto en el primer punto controvertido y, de cumplir con la subsanación señalada, se la tenga por admitida, prosiguiéndose con las demás etapas del procedimiento según corresponda. 1.3 Revocar el otorgamiento de la buena pro al postor Consorcio Ejecutor Puente María, integrado por las empresas Claudio Soto Inversiones E.I.R.L. y Calypso Contratistas Generales S.A.C., y tener su oferta por descalificada. 1.4 Devolver la garantía presentada por el Consorcio Señor de Burgos para la interposición de su recurso de apelación.

• Remitir los actuados a la Secretaría Técnica del Tribunal a efectos de que abra

expediente administrativo sancionador contra las empresas Claudio Soto Inversiones E.I.R.L. y Calypso Contratistas Generales S.A.C., integrantes del Consorcio Ejecutor Puente María, de conformidad con lo señalado en el fundamento 34; por su responsabilidad en la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

• Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior de los documentos

señalados en el fundamento 42.

• Disponer que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad registre en el

SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Dar por agotada la vía administrativa.

JIMY ROBERT

URETA QUINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JORGE ALFREDO

QUISPE CROVETTO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

LUPE MARIELLA

ss. Merino de la Torre. Ureta Aquino. Quispe Crovetto.

MERINO DE LA TORRE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE