Resolución N.° 9747-2026-TCP-S1

Sumilla: “(…) resulta pertinente remitirnos a las bases integradas, toda vez que estas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, a las que deben someterse los postores al momento de formular sus ofertas y sobre las cuales la Entidad debía efectuar el análisis correspondiente”. Lima, 11 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 11 de noviembre de 2026, de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7864/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Redentor, integrado por las empresas Inversiones Jomabrinsa E.I.R.L. y Femsycon S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 09-2026-MDCH/C-1; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado - SEACE, el 15 de septiembre de 2026, la Municipalidad Distrital de Chancay – Huaral, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 09-2026-MDCH/C-1, para la contratación de la ejecución de la obra “Construcción de pistas, veredas, muros de contención, escaleras y obras complementarias AA.HH Santa Rosa, distrito de Chancay, provincia de Huaral, departamento de Lima, con CUI N° 2116491 – IV etapa”, con una cuantía de S/ 2 905 151.27 (dos millones novecientos cinco mil ciento cincuenta y uno con 27/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento. Según el cronograma del procedimiento de selección, el 28 de septiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas; asimismo, el 16 de octubre del mismo año se notificó a través del SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Santa Rosa, integrado por las empresas Globalcon Constructores y Consultores S.R.L. y Ansesa Constructores S.A.C., en lo sucesivo el Consorcio Adjudicatario, por un importe equivalente a S/ 2 905 151.27 (dos millones novecientos cinco mil ciento cincuenta y uno con 27/100 soles); obteniéndose los siguientes resultados1:

POSTOR

ETAPAS

Admisión Evaluación Orden de prelación Calificación y resultadosPrecio Puntaje total obtenido Consorcio Santa Rosa Admitido S/ 2 905 151.27 101.955 puntos 1 Calificado Nosa Contratistas Generales S.R.L. Admitido S/ 2 759 893.72 101.325 puntos 2 Calificado Consorcio Buenaventura Admitido S/ 2 759 893.72 92.505 puntos 3 Calificado Consorcio Huaura Admitido S/ 2 759 893.72 88.830 puntos 4 Calificado Consorcio Redentor No admitido - - - No admitido Consorcio Vial Santa Rosa No admitido - - - No admitido

• Mediante Escrito N° 1, presentado el 23 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado el 27 del mismo mes y año, el Consorcio Redentor, integrado por las empresas Inversiones Jomabrinsa E.I.R.L. y Femsycon S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. Para sustentar las pretensiones que realiza, ofrece los siguientes fundamentos: Respecto a la no admisión de su oferta.

• El Consorcio Impugnante solicita que se revoque la no admisión de su

oferta y se disponga la continuación de su evaluación; asimismo, que se 1 Información extraída del “Acta de apertura, admisión, calificación y evaluación de las ofertas” y el “Acta de evaluación económica y otorgamiento de la buena pro”, registradas en la ficha SEACE del procedimiento el 16 de octubre de 2026.

revoque la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario, por ser consecuencia de su indebida exclusión del procedimiento de selección.

• Sostiene que presentó en su oferta los certificados de vigencia de poder de

ambas empresas integrantes de su representada, cumpliendo con lo requerido por el literal c) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases integradas. Precisa que dicho requisito no establecía una antigüedad máxima de noventa días calendario para los referidos certificados, por lo que el comité no podía incorporar esa exigencia como condición adicional para no admitir su oferta.

• Al respecto, el Consorcio Impugnante señala que debe distinguirse entre la

antigüedad del certificado, la vigencia de las facultades de representación y el plazo previsto para verificar electrónicamente su autenticidad. Explica que el transcurso de noventa días desde la expedición del documento no demuestra, por sí mismo, que el poder haya sido revocado, que el representante haya perdido sus facultades o que el certificado sea falso. Por ello, considera que la dificultad de comprobación electrónica indicada por el comité no podía convertirse automáticamente en una causal de no admisión.

• Refiere que, en atención al requerimiento de subsanación, presentó

oportunamente certificados actualizados de ambas empresas, expedidos el 7 de octubre de 2026, con el propósito de facilitar la verificación solicitada. Sin embargo, pese a reconocer la presentación de la subsanación, el comité rechazó su oferta porque los certificados actualizados fueron emitidos después de la fecha de presentación de ofertas.

• El Consorcio Impugnante cuestiona la aplicación del numeral 78.2 del

artículo 78 del Reglamento, pues considera que el comité debía identificar

previamente qué defecto presentaban los certificados originales y si resultaba necesario sustituirlos. Precisa que no pretende desconocer la exigencia de emisión anterior a la presentación de ofertas. Su argumento consiste en que los documentos ya obraban en la oferta y la observación se refería a su verificación electrónica, por lo que correspondía determinar si existía realmente una omisión o un defecto que justificara exigir nuevos certificados.

• Asimismo, proporciona enlaces individualizados de la Sunarp obtenidos de

los códigos QR de los certificados originales y solicita que se valoren dichos documentos, sus mecanismos de verificación y los resultados de las consultas correspondientes. Reconoce que la sola existencia de un código QR no acredita que el certificado continúe siendo verificable después del plazo indicado; no obstante, sostiene que tales mecanismos debían examinarse para establecer si existía una imposibilidad objetiva de comprobación. Otros aspectos

• Por otro lado, el Consorcio Impugnante cuestiona que, para el factor de

evaluación “Experiencia específica adicional del personal clave”, las bases integradas exijan que más del 50 % del personal supere la experiencia requerida para obtener treinta puntos, mientras que las bases estándar contemplan el 50 % o más.

• Asimismo, señala que, para el factor “Sostenibilidad ambiental”, las bases

integradas establecen la certificación ISO 14001:2026, omitiendo la posibilidad de presentar certificaciones equivalentes prevista en las bases estándar.

• Por ello, solicita que el Tribunal examine estas circunstancias y, de verificar

vicios sustanciales, evalúe declarar la nulidad del procedimiento y disponga su retroacción a la etapa correspondiente.

• Por medio del decreto del 28 de octubre de 2026, debidamente notificado en el

SEACE el mismo día, la Secretaría Técnica del Tribunal admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso interpuesto, a los postores distintos del Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita este Tribunal, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, se remitió el expediente a la Primera Sala para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente; además, se programó audiencia pública para el 3 de noviembre de 2026; y, por último, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el comprobante de depósito en cuenta corriente expedido por el Banco de la Nación, para su verificación y custodia.

• A través del Informe Técnico N° 01-2026-LPABR-9-2026/C, registrado en la ficha

SEACE del procedimiento el 2 de noviembre de 2026, la Entidad absolvió el recurso de apelación presentado por el Consorcio Impugnante, en el siguiente sentido: Respecto a la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante.

• Ratifica la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante. Reconoce

que el literal c) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas no fijaba una antigüedad máxima para los certificados de vigencia de poder. Sin embargo, sostiene que, al 28 de septiembre de 2026, fecha de presentación de ofertas, ya había vencido el plazo de noventa días calendario previsto en los propios certificados para verificar su autenticidad en la plataforma de la Sunarp. Por ello, considera que el comité se limitó a requerir el mismo documento exigido en las bases en condiciones que permitieran su validación.

• Refiere que, mediante Carta N° 03-2026-LP ABR-9-2026-MDCH/C-1,

notificada el 6 de octubre de 2026, otorgó al Consorcio Impugnante dos días hábiles para subsanar y le hizo saber que los documentos debían haberse emitido antes de la presentación de ofertas. Si bien el Consorcio Impugnante atendió el requerimiento dentro del plazo, los certificados que presentó fueron expedidos el 7 de octubre de 2026. A criterio de la Entidad, dado que se trata de documentos emitidos por la Sunarp para acreditar facultades inscritas, les resultaba aplicable la condición temporal prevista en el numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento.

• Añade que correspondía al postor presentar documentación susceptible

de verificación y que la presunción de veracidad no impedía al comité comprobarla. Asimismo, sostiene que el Comunicado N° 021-2025-OECE permite corregir errores en los certificados que ya obran en la oferta, pero no ampara la incorporación de certificados expedidos después de la presentación de ofertas. Otros aspectos alegados por el Consorcio Impugnante.

• En cuanto a los cuestionamientos a las bases integradas, sostiene que los

factores observados no fueron aplicados al Consorcio Impugnante y que, por tanto, no le generaron agravio. Respecto del factor “Experiencia específica adicional del personal clave”, reconoce que la redacción de las bases integradas dejó sin regular el supuesto en que exactamente el 50 % del personal clave acredita la experiencia adicional, comprendido en el tramo de treinta puntos de las bases estándar. Sin embargo, considera que esa diferencia no constituye un vicio trascendente.

• Sobre el factor “Sostenibilidad ambiental”, sostiene que la regla se publicó

con las bases integradas y se aplicó por igual a todos los postores evaluados. Señala que el Consorcio Adjudicatario y el Consorcio Buenaventura obtuvieron tres puntos por presentar certificados ISO 14001:2026, lo que, a su juicio, demuestra que la exigencia podía cumplirse. Por estas razones, considera desproporcionado declarar la nulidad del procedimiento.

• Con escrito S/N, presentado en la misma fecha ante el Tribunal, la Entidad acreditó

a su representante para realizar informe en la audiencia programada.

• Mediante escrito N° 1, presentado en la misma fecha ante el Tribunal, la empresa

Ansesa Constructores S.A.C., integrante del Consorcio Adjudicatario, acreditó oyente para la audiencia programada.

• El 3 de noviembre de 2026 se realizó la audiencia programada con la participación

del representante de la Entidad.

• Por medio del decreto del 4 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo

para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el

Consorcio Impugnante contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia

para resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT2 y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco. Bajo tal premisa normativa, dado que, en el presente caso, el recurso de apelación ha sido interpuesto respecto de una licitación pública abreviada, cuya cuantía asciende a S/ 2 905 151.27 (dos millones novecientos cinco mil ciento cincuenta y 2 El procedimiento de selección fue convocado el 15 de septiembre de 2026; por lo cual el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) aplicable al caso concreto es el que se aprobó para el año 2026, el cual asciende a S/ 5 500.00 soles, según lo determinado en el Decreto Supremo N° 301-2025- EF. En dicho caso, cincuenta (50) UIT equivalen a S/ 275 000.00 soles.

uno con 27/100 soles), siendo dicho monto superior a 50 UIT, este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no admisión de su oferta, además de solicitar que se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, y que se disponga la continuación de la evaluación de su representada; por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables. Adicionalmente, conforme se expone en el numeral 2 de los antecedentes, el Consorcio Impugnante formuló cuestionamientos a las reglas de los factores de evaluación “Experiencia específica adicional del personal clave” y “Sostenibilidad ambiental”. Al respecto, se advierte que dicho cuestionamiento se encuentra dirigido a controvertir el contenido de las bases integradas del procedimiento de selección, por lo que debe declararse improcedente dicho extremo del recurso.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena pro, salvo que la cuantía de la contratación corresponda a la de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. De igual modo, según el literal c) del artículo 307 del Reglamento, la omisión de los requisitos señalados en los literales a), c), d), e) y f) del artículo 306 – identificación del impugnante, el petitorio, las pruebas instrumentales pertinentes, la garantía por interposición del recurso y la inscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), cuando corresponda–, es subsanada por el apelante dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación del recurso de apelación. Este plazo es único y suspende todos los plazos del procedimiento de impugnación. En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante una licitación pública abreviada, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 23 de octubre de 2026,

año. Al respecto, del expediente fluye que el 23 de octubre de 2026, el Consorcio Impugnante interpuso su recurso impugnativo, debidamente subsanado el 27 del mismo mes y año; en consecuencia, cumplió con los plazos descritos en los artículos 304 y 307 del Reglamento.

• El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación del Consorcio Impugnante, se aprecia que este aparece suscrito por la señora Nancy Flores Sánchez, en su calidad de representante común.

• El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda inferirse y determinarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento.

• El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Consorcio Impugnante ha cuestionado la decisión del comité de declarar no admitida su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por lo que no se encuentra inmerso en el presente supuesto de improcedencia.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

En el caso concreto, la oferta del Consorcio Impugnante fue declarada no admitida en el procedimiento de selección.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. El Consorcio Impugnante solicitó como pretensiones que se revoque la no admisión de su oferta, que esta sea admitida, se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y, por último, que se disponga la continuación de la evaluación de su oferta. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, regula la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Consorcio Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la decisión de declarar no admitida su oferta habría sido realizada transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; en ese sentido, corresponde emitir un pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Consorcio Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la no admisión de su oferta.
• Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.
• Se disponga la continuación de la evaluación de su oferta.
• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En ese contexto, se tiene que el decreto de admisión del recurso fue publicado de manera electrónica por el Tribunal en el SEACE el 28 de octubre de 2026, razón por la cual, los postores afectados contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 2 de noviembre del mismo año. Sin embargo, no habiendo absolución del traslado del recurso de apelación, únicamente pueden ser materia de pronunciamiento por parte de este Colegiado los puntos controvertidos que devienen de los argumentos expresados en el escrito del recurso de apelación.

• En atención a ello, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes.

➢ Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de declarar no admitida la oferta del Consorcio Impugnante y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ➢ Determinar si corresponde disponer que el comité continúe el procedimiento de selección y proceda con la evaluación de la oferta del Consorcio Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento; por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de declarar no admitida la oferta del Consorcio Impugnante y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Considerando que el Consorcio Impugnante cuestiona la no admisión de su oferta,

corresponde analizar lo señalado por el comité en el “Acta de apertura, admisión, calificación y evaluación de las ofertas”, registrada en la ficha SEACE del procedimiento el 16 de octubre de 2026. En dicho documento, se indica lo siguiente:

Figura 1. Justificación de la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante. (…) Nota: Extraído de la página 9 del Acta. Como se aprecia, el comité dejó constancia de que el Consorcio Impugnante presentó, a través del SEACE, la documentación requerida en subsanación mediante la Carta N° 001-2026-CONSORCIO REDENTOR. Sin embargo, advirtió que los certificados de vigencia de poder presentados en dicha oportunidad fueron expedidos el 7 de octubre de 2026, con posterioridad a la fecha de presentación de ofertas, que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2026. Por ello, consideró incumplida la condición prevista en el numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento, según la cual los documentos emitidos por entidades públicas que se presentan en subsanación deben haber sido expedidos antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas. En consecuencia, declaró no admitida la oferta del Consorcio Impugnante.

• Tal como se observa en el numeral 2 de los antecedentes, el Consorcio

Impugnante cuestiona la no admisión de su oferta, pues sostiene que los certificados de vigencia de poder que presentó cumplían con las bases integradas y que el vencimiento del plazo para verificar su autenticidad por el enlace de la Sunarp no justificaba exigir su sustitución.

• Por su parte, conforme se lee en el numeral 4 de los antecedentes, la Entidad

sostiene que el comité requirió certificados cuya autenticidad pudiera verificar y que los presentados en subsanación no podían ser aceptados porque fueron expedidos después de la fecha de presentación de ofertas.

• Atendiendo a la controversia planteada, resulta pertinente remitirnos a las bases

integradas, toda vez que estas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, a las que deben someterse los postores al momento de formular sus ofertas y sobre las cuales la Entidad debía efectuar el análisis correspondiente.

• En tal contexto, el literal c) del numeral 2.2.1.1, Documentación de presentación

obligatoria para la admisión de las ofertas, contenido en el Capítulo II de la sección específica de las bases integradas, requirió lo siguiente: Figura 2. Documentación de presentación obligatoria. (…) (…) Nota: Extraído de la página 21 de las bases integradas. Como se aprecia, para el caso de personas jurídicas, las bases exigían la copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para suscribir la oferta. Tratándose de un consorcio, dicha documentación debía ser presentada por cada integrante que suscribiera la promesa de consorcio, según correspondiera. Las bases no fijaron una antigüedad máxima para los certificados.

• En tal contexto, de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, se aprecia

que, en los folios 14 al 17, obra el certificado expedido el 31 de marzo de 2026, que da cuenta del nombramiento de la señora Nancy Flores Sánchez como gerente del postor Inversiones Jomabrinsa E.I.R.L. Asimismo, en los folios 20 al 23, obra el certificado expedido el 12 de junio de 2026, que da cuenta del poder otorgado a la señora Kerlly Carolina Quispe Ortega por el postor Femsycon S.A.C. A continuación, se expone el contenido relevante de dichos documentos: Figura 3. Certificado de vigencia de poder de Inversiones Jomabrinsa E.I.R.L. presentado en la oferta. (…) (…) (…) Nota: Extraído de los folios 14 al 17 de la oferta del Consorcio Impugnante. Figura 4. Certificado de vigencia de poder de Femsycon S.A.C. presentado en la oferta.

(…) (…) (…) Nota: Extraído de los folios 20 al 23 de la oferta del Consorcio Impugnante.

• Mediante Carta N° 03-2026-LP ABR-9-2026-MDCH/C-1 del 6 de octubre de 2026,

el comité observó que habían transcurrido más de noventa días calendario desde la expedición de ambos certificados. A partir de la anotación que figura al pie de los documentos, consideró que ya no podía verificar su autenticidad en la página web de la Sunarp y requirió al Consorcio Impugnante que presentara certificados cuya antigüedad no excediera dicho plazo; conforme se lee a continuación: Figura 5. Requerimiento de subsanación referido a los certificados de vigencia de poder. (…) Nota: Extraído de la ficha SEACE del procedimiento.

• En atención a dicho requerimiento, el Consorcio Impugnante presentó la Carta N°

001-2026-CONSORCIO REDENTOR, a la que adjuntó nuevos certificados de vigencia de poder de ambas empresas. Los dos fueron expedidos el 7 de octubre de 2026 e identifican a las mismas representantes, tal como se observa a continuación: Figura 6. Certificado de vigencia de poder de Inversiones Jomabrinsa E.I.R.L. presentado en la subsanación. (…) Nota: Extraído de la ficha SEACE del procedimiento.

Figura 7. Certificado de vigencia de poder de Femsycon S.A.C. presentado en la subsanación. (…) Nota: Extraído de la ficha SEACE del procedimiento.

• Tal como se observa, el comité declaró no admitida la oferta del Impugnante, toda

vez que consideró que los certificados presentados en la etapa de subsanación fueron expedidos después de la fecha de presentación de ofertas. Sin embargo, dicho requerimiento se originó en virtud de una observación a los certificados que ya obraban en la oferta. Por ello, para determinar si correspondía aplicar el numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento, debe establecerse primero si esos documentos presentaban algún defecto que justificara requerir su subsanación.

• Al respecto, el literal c) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la sección específica

de las bases integradas exigía la presentación de los certificados de vigencia de poder para acreditar la representación de quienes suscriben la oferta. De la revisión de dicho requisito, se advierte que las bases no establecieron una antigüedad máxima para los certificados ni condicionaron la admisión de la oferta a que, al momento de su revisión, estos aún pudieran consultarse mediante el enlace consignado en ellos.

• Ahora bien, como se aprecia en las figuras 3 y 4, la anotación que figura al pie de

los certificados indica que su autenticidad puede verificarse en la página web allí señalada durante noventa días calendario contados desde su emisión. El plazo se refiere a la disponibilidad de la imagen de respaldo a través de ese medio de consulta. Por consiguiente, su vencimiento solo permite establecer que ha concluido el periodo previsto para dicha comprobación electrónica. De esa circunstancia no se desprende la caducidad o invalidez del certificado.

• Si con posterioridad se hubiera revocado el nombramiento, extinguido el poder o

modificado el alcance de las facultades, ello tendría que establecerse a partir de la información registral u otros elementos que dieran cuenta de esa circunstancia. El transcurso del plazo de consulta por el enlace no acredita por sí solo que se haya producido alguno de esos cambios.

• En el presente caso, el Consorcio Impugnante presentó en su oferta los

certificados correspondientes a sus dos integrantes. En ellos se identifican a las representantes, las partidas y los asientos en los que constan inscritas sus facultades, entre las que se encuentra la de participar en procedimientos de selección y suscribir la documentación correspondiente. Al formular la observación, el comité no identificó alguna discordancia en esos datos ni señaló que las facultades hubieran sido revocadas o limitadas. El único reparo a dichos certificados fue que habían transcurrido más de noventa días calendario desde su expedición.

• Sobre el particular, la Entidad sostiene que el comité requirió el mismo documento

previsto en las bases en condiciones que permitieran verificarlo. Sin embargo, al exigir un certificado cuya antigüedad no excediera los noventa días calendario, el comité sujetó la admisión de la oferta a una condición que las bases no contemplaban. El hecho de que se tratara del mismo tipo de documento no desvirtúa que se le hubiera impuesto una condición adicional.

• En cuanto a la subsanación, el numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento exige

que los documentos emitidos por entidades públicas que se presentan para subsanar un error u omisión, incluida la omisión de su presentación, hayan sido expedidos antes de la fecha fijada para presentar ofertas. En el caso concreto, los certificados expedidos el 7 de octubre de 2026 son posteriores a esa fecha. Sin embargo, esa constatación no resuelve si era necesario sustituir los certificados que el Consorcio Impugnante había presentado desde un inicio. Conforme se ha expuesto, estos atendían la exigencia de las bases y el vencimiento del plazo para consultarlos a través del enlace no constituía un defecto que debiera subsanarse.

• En esa línea, el hecho de que el Consorcio Impugnante atendiera el requerimiento

mediante la presentación de nuevos certificados no afecta la eficacia de los documentos que ya obraban en la oferta. Además, los certificados del 7 de octubre de 2026 identifican a las mismas representantes y remiten a los mismos asientos registrales. De este modo, la acreditación de la representación se sustenta en la documentación presentada con la oferta.

• Por lo expuesto, corresponde revocar la decisión del comité de declarar no

admitida la oferta del Consorcio Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Adjudicatario; por lo que este extremo del recurso de apelación resulta fundado. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde disponer que el comité continúe el procedimiento de selección y proceda con la evaluación de la oferta del Consorcio Impugnante.

• Como última pretensión, el Consorcio Impugnante solicitó que se continúe con la

evaluación de su oferta.

• De acuerdo al análisis efectuado en el primer punto controvertido, se ha

determinado que corresponde revocar la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante, teniendo actualmente la condición de admitido y, como consecuencia de ello, se ha revocado el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• En ese contexto, es importante señalar que el órgano competente para efectuar

el análisis de las ofertas en todas sus etapas es el comité, sin perjuicio del derecho que tienen los postores de cuestionar la decisión que adopte dicho colegiado ante la autoridad competente [Entidad o Tribunal].

• Por ello, considerando que el comité solo analizó la oferta del Consorcio

Impugnante hasta la etapa de admisión, corresponde que continúe el procedimiento de selección con la calificación respectiva, de corresponder, efectúe la evaluación de la misma, establezca un nuevo orden de prelación y otorgue la buena pro a quien corresponda. Por tanto, este extremo del recurso resulta fundado.

• Adicionalmente, conforme se expone en el numeral 2 de los antecedentes, el

Consorcio Impugnante formuló cuestionamientos a las reglas de los factores de evaluación “Experiencia específica adicional del personal clave” y “Sostenibilidad ambiental”. Al respecto, corresponde poner dichos cuestionamientos en conocimiento del Titular de la Entidad, a fin de que los evalúe y, de corresponder, adopte las medidas pertinentes en el marco de sus competencias.

• Por último, dado que se ha declarado fundado el recurso de apelación del

Consorcio Impugnante, debe devolvérsele la garantía que presentó para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido en el artículo 315 del Reglamento. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los vocales Erick Joel Mendoza Merino y Jefferson Augusto Bocanegra Diaz, atendiendo al Rol de Turnos de Vocales vigente y a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE-PRE de fecha 5 de octubre de 2026, publicada el mismo día, en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como los artículos 19 y 20 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D00090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad.

LA SALA RESUELVE:

• Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Redentor,

integrado por las empresas Inversiones Jomabrinsa E.I.R.L. y Femsycon S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 09-2026-MDCH/C-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Chancay – Huaral, para la contratación para la ejecución de la obra “Construcción de pistas, veredas, muros de contención, escaleras y obras complementarias AA.HH Santa Rosa, distrito de Chancay, provincia de Huaral, departamento de Lima, con CUI N° 2116491 – IV etapa”; en consecuencia, corresponde: 1.1. Revocar la no admisión de la oferta del Consorcio Redentor, integrado por las empresas Inversiones Jomabrinsa E.I.R.L. y Femsycon S.A.C., y tenerla por admitida. 1.2. Disponer que el comité continúe el procedimiento de selección, verifique si la oferta del Consorcio Redentor, integrado por las empresas Inversiones Jomabrinsa E.I.R.L. y Femsycon S.A.C., cumple los requisitos de calificación y, de cumplirlos, proceda a su evaluación técnica y económica. Asimismo, deberá establecer el orden de prelación que corresponda y otorgar la buena pro a quien corresponda. 1.3. Revocar el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 09-2026-MDCH/C-1, efectuada a favor del Consorcio Santa Rosa, integrado por las empresas Globalcon Constructores y Consultores S.R.L. y Ansesa Constructores S.A.C. 1.4. Devolver la garantía otorgada por el Consorcio Redentor, integrado por las empresas Inversiones Jomabrinsa E.I.R.L. y Femsycon S.A.C., presentada al interponer su recurso de apelación.

• Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la

Entidad, conforme a lo indicado en el fundamento 31.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE/CD – Directiva de disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del Estado - SEACE3.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 3 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JEFFERSON AUGUSTO BOCANEGRA DIAZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

VÍCTOR MANUEL VILLANUEVA

SANDOVAL

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE