Resolución N.° 9746-2026-TCP-S1

Sumilla: “(…), cabe traer a colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron someter los participantes y postores, así como el Comité al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento”. Lima, 11 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 11 de noviembre de 2026, de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas1, el expediente N° 7902/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa GATT PERÚ S.R.L., en el marco del ítem N° 2 de la Licitación Pública para Bienes N° 3-2026-EPSEL S.A.-1, para la “adquisición de maquinaria y vehículos para extracción y eliminación de lodos y vegetación para las plantas de tratamiento de aguas residuales ficha de inversión 11-C-47 (estudio tarifario 2025-2028)”, convocada por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque S.A.; y, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 24 de agosto de 2026, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de

Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque S.A., en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública para Bienes N° 3-2026-EPSEL S.A.-1, para la “adquisición de maquinaria y vehículos para extracción y eliminación de lodos y vegetación para las plantas de tratamiento de aguas residuales ficha de inversión 11-C-47 (estudio tarifario 2025-2028)”, con una cuantía de S/ 1 686 865.60 (un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta y cinco con 60/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Entre los ítems convocados se tiene el ítem N° 2: “volquete 15 m³”, con una cuantía de S/ 599 000.00 (quinientos noventa y nueve mil con 00/100 soles), en adelante el ítem N° 2. Dicho procedimiento de selección fue convocado en el marco normativo de la Ley 1 Denominación dada en virtud de la entrada en vigencia de la Ley N° 32069 “Ley General de Contrataciones Públicas”.

N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. El 20 de octubre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas electrónicas y, el 22 de octubre del mismo año, se otorgó la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección al Consorcio Volcan, integrado por las empresas Volcan Force S.A.C. e Inversiones y Negocios Generales del Perú S.R.L., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de S/ 544,900.00 (quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos con 00/100 soles), de acuerdo a lo siguiente: Postor Precio ofertado S/ Puntaje total Orden de prelación Resultado

CONSORCIO

VOLCAN 544,900.00 100.00 1 ADJUDICATARIO

GATT PERU S.R.L. 594,990.00 96.63 2 CALIFICADO

• Mediante Escrito S/N presentado el 26 de octubre de 2026, subsanado mediante

Escrito S/N presentado el 27 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa GATT PERÚ S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección, solicitando: i) se declare no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, se le revoque la buena pro y ii) se otorgue la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección a su favor. Para dicho efecto, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: Sobre el cuestionamiento a la oferta de Consorcio Adjudicatario 2.1 En relación con la acreditación de la característica técnica “tipo de transmisión” del volquete de 15 m³, señala que, conforme al literal g) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas, se exige como documento para la admisión de la oferta la presentación de folletos, instructivos, catálogos o documentos técnicos similares que permitan acreditar, entre otras características, el tipo de transmisión del referido vehículo. Asimismo, refiere que, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el requerimiento de dichas bases, se establece que los tipos de transmisión que se admiten son los siguientes: mecánica sincronizada, mecánica con accionamiento automatizado o automática sincronizada. Así, advierte que la ficha técnica obrante en la oferta del Consorcio Adjudicatario consigna que el volquete ofertado cuenta con transmisión de tipo “mecánica”; sin embargo, considera que dicha descripción no permite acreditar que corresponda a alguna de las tres alternativas previstas en las bases integradas. En ese sentido, sostiene que no correspondía al comité presumir tales atributos ni inferir información que no se encontraba expresamente consignada en la documentación técnica. 2.2 Además, alega que la declaración jurada de cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos y el cuadro de especificaciones técnicas presentados por el Consorcio Adjudicatario no subsanan dicha omisión, toda vez que se limitan a consignar “Cumple” sin identificar el tipo de transmisión ofertado. Por tanto, concluye que la característica técnica requerida no se encuentra debidamente acreditada y que admitir su incorporación mediante documentación posterior implicaría permitir el perfeccionamiento de la oferta fuera del plazo establecido, en contravención del principio de igualdad de trato. 2.3 Adicionalmente, refiere que, mediante la Resolución N° 7310-2026-TCP-S6, el Tribunal analizó un caso similar, en el que las bases exigían una transmisión “mecánica e hidráulica”, mientras que la documentación del postor únicamente la identificaba como “manual” o “mecánica”. En dicha oportunidad, el Tribunal concluyó que la documentación presentada no acreditaba el componente hidráulico y precisó que no correspondía al evaluador ni al Tribunal inferir características técnicas que no estuvieran expresamente consignadas en la oferta. En esa línea, sostiene que, en el presente caso, la ficha técnica también consigna únicamente una denominación general (mecánica), sin acreditar los atributos específicos exigidos en las bases integradas.

• A través del Decreto del 28 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante, el cual fue notificado a través del toma razón electrónico del SEACE de la Pladicop en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE o remita, de ser el caso, el informe técnico legal correspondiente indicando su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación.

Además, se dispuso notificar a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 3 de noviembre del mismo año.

• Mediante Escrito S/N, presentado el 2 de noviembre de 2026 ante el Tribunal, el

Impugnante acreditó a sus representantes para que realicen el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• El 2 de noviembre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Informe Legal

N° 124-2026-EPSEL S.A/GAJ de la misma fecha, en el cual expuso su posición frente a los argumentos del recurso impugnativo, en los siguientes términos: Sobre el cuestionamiento a su oferta 5.1 En relación con la acreditación de la característica técnica “tipo de transmisión” del volquete de 15 m³, sostiene que la oferta del Consorcio Adjudicatario se evaluó de manera integral, considerando la declaración jurada de cumplimiento, el cuadro de especificaciones técnicas y la ficha del fabricante del modelo Sinotruk Howo T7H (folio 42), en la que se consigna una transmisión “mecánica” y 12 marchas de avance y 2 de reversa. Además, precisa que la denominación “mecánica” identifica al género de la transmisión manual y que, en la industria moderna de vehículos pesados y maquinaria de carga, las cajas de cambios mecánicas incorporan de manera inherente sistemas sincronizados para garantizar el acople operativo exigido por el mercado y las normas técnicas de fabricación, por lo que exigir la mención expresa del término “sincronizada” constituiría un formalismo excesivo, cuando el componente mecánico ofertado cumple a plenitud con el estándar prestacional.

5.2 Asimismo, señala que el modelo ofertado por el Consorcio Adjudicatario fue previamente validado por la propia Entidad mediante el Informe N° 134- 2026-EPSEL S.A.-GG/GPT/SGME/EFEP, de 20 de julio de 2026, emitido en la etapa de estudio de mercado, que concluyó que cumplía con las especificaciones técnicas del ítem N° 2. Añade que la oferta del Impugnante también fue evaluada mediante una valoración conjunta de sus documentos, por lo que aplicar un criterio distinto al Consorcio Adjudicatario vulneraría el principio de igualdad de trato. 5.3 Adicionalmente, invoca los principios de eficacia, eficiencia y presunción de veracidad para sostener que no existe omisión en la oferta del Consorcio Adjudicatario y que, por tanto, correspondería declarar infundado el recurso de apelación.

• Mediante Escrito S/N, presentado el 2 de noviembre de 2026 ante el Tribunal, el

Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación del Impugnante, conforme al siguiente detalle: Sobre el cuestionamiento a su oferta 6.1 En relación con la acreditación de la característica técnica “tipo de transmisión” del volquete de 15 m³, sostiene que las bases integradas no exigían que las fichas técnicas reprodujeran literalmente las denominaciones de las características requeridas, sino que la documentación presentada permitiera verificar su cumplimiento. Sumado a ello, precisa que las fichas técnicas pueden emplear denominaciones comerciales o términos generales distintos de los utilizados en las bases, sin que ello implique, por sí solo, un incumplimiento, pues no se exige su reproducción literal. En ese sentido, argumenta que la denominación “mecánica” identifica el tipo general de transmisión, mientras que “sincronizada” describe una característica de su mecanismo de cambio de marchas; por tanto, ambos términos no son incompatibles y la ausencia de la palabra “sincronizada” no permite concluir que se haya ofertado una transmisión no sincronizada. Asimismo, señala que los folios 37 y 42 de su oferta deben evaluarse conjuntamente, pues ambos corresponden al mismo vehículo Sinotruk T7H.

Mientras que la ficha del fabricante (folio 42) identifica una transmisión mecánica y detalla sus 12 marchas de avance y 2 de reversa, el cuadro de especificaciones técnicas (folio 37) declara expresamente el cumplimiento del tipo de transmisión exigido. Sustenta esta posición en la Resolución N° 0490-2023-TCE-S5, que establece la necesidad de valorar integralmente los documentos de la oferta. Además, sostiene que la Resolución N° 7310-2026-TCP-S6, invocada por el Impugnante, no resulta aplicable para justificar una revisión aislada de la ficha técnica, pues no pretende incorporar información nueva ni completar su oferta, sino que se valoren los documentos presentados oportunamente. Por ello, solicita declarar infundado el recurso de apelación en este extremo y confirmar la admisión de su oferta y la buena pro. Sobre los cuestionamientos a la oferta del Impugnante 6.2 En relación con la acreditación de la condición de representante, distribuidor o concesionario autorizado de la marca del sistema de monitoreo, señala que las bases integradas exigían que la documentación técnica fuera emitida por el fabricante de la marca o por su representante, distribuidor o concesionario autorizado, debiendo acreditarse esta última condición mediante documento expedido por el fabricante o titular de la marca. No obstante, advierte que el Impugnante presentó documentación técnica del sistema de monitoreo de la marca GALOOLI, modelo TRITON K2 (folios 24 al 28), señalando expresamente que será suministrado e instalado por la empresa CONTROL DE COMBUSTIBLE PERÚ S.A.C., la cual es distinta del fabricante o titular de la marca GALOOLI, sin adjuntar documento emitido por el fabricante o titular de la referida marca que acredite que CONTROL DE COMBUSTIBLE PERÚ S.A.C. tiene la condición de representante, distribuidor o concesionario autorizado de dicha marca en el país. Agrega que la presentación del certificado de homologación del dispositivo ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acredita la condición de representante, distribuidor o concesionario autorizado de GALOOLI, debido a que dicho documento tiene por finalidad acreditar la homologación del equipo de telecomunicaciones y no la representación comercial otorgada por el fabricante o titular de la marca. En consecuencia, advierte la ausencia de acreditación de la condición de representante, distribuidor o concesionario autorizado de GALOOLI por parte de CONTROL DE COMBUSTIBLE PERÚ S.A.C., por lo que solicita que se declare la no admisión de la oferta del Impugnante. 6.3 Asimismo, formula cuestionamientos respecto de los siguientes aspectos: i) la falta de acreditación de las funcionalidades “Ubicación y seguimiento de la unidad” y “Registro de horas de operación” del sistema de monitoreo; y ii) la presunta presentación de certificados vencidos de casas comercializadoras, cuyos incumplimientos constituyen motivos adicionales para declarar no admitida la oferta del Impugnante.

• Mediante Escrito S/N, presentado el 2 de noviembre de 2026 ante el Tribunal, el

Consorcio Adjudicatario acreditó a su representante para que realice el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante Decreto de fecha 3 de noviembre de 2026, se tuvo por apersonado al

Consorcio Adjudicatario, considerando que es el ganador de la buena pro del procedimiento de selección, así como se dejó a consideración de la Sala su absolución del traslado del recurso de apelación y se tuvo por acreditado el representante designado para el uso de la palabra en audiencia pública.

• El 26 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la

participación del Impugnante y del Consorcio Adjudicatario, por medio de sus representantes.

• Con Decreto del 4 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• Procedencia del recurso.
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirse a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia

para resolverlo.

• El numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el

recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT2, así como de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Por su parte, en el numeral 302.2 del artículo 302 del Reglamento, se dispone que, en los procedimientos de selección competitivos según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, la cuantía total del procedimiento original determina la autoridad ante la que se presenta el recurso de apelación. Bajo tal premisa normativa, considerando que el recurso de apelación ha sido presentado en el marco de la Licitación Pública para bienes, con una cuantía de S/ 1 686 865.60 (un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta y cinco con 60/100 soles), monto que es superior al equivalente a 50 UIT, este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.
• El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son

impugnables, tales como: a) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, b) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, c) las bases y/o su integración, d) las actuaciones referidas al registro de participantes, e) los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y diálogo competitivo, f) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y g) los procedimientos no competitivos.

• En el caso concreto, el Impugnante interpuso recurso de apelación contra el

otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección, solicitando: se declare no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, se le revoque la buena pro y se otorgue la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección a su favor.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

2 El valor de la UIT para el año 2026 asciende a S/ 5,500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles).

• En el numeral 304. 1 del artículo 304 del Reglamento se establece que la apelación

contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos debe interponerse como máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, mientras que, según el numeral 304.2 de la norma citada, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada selección de expertos y comparación de precios, el recurso se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado la buena pro. Según el numeral 304.4 de la norma, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados anteriormente se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En ese sentido, de la revisión del SEACE de la Pladicop, se aprecia que el 22 de octubre de 2026, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección; por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, esto es, hasta el 3 de noviembre de 2026.

• Siendo así, de la revisión del expediente, se aprecia que el recurso de apelación

fue interpuesto mediante el Escrito S/N presentado el 26 de octubre de 2026, subsanado mediante Escrito S/N presentado el 27 de octubre de 2026; esto es, en el plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.
• De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia

que este aparece suscrito por su gerente general, esto es, por el señor Jorge Antonio Dueñas Santana, conforme a la información del certificado de vigencia de poder, cuya copia obra en el expediente.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente

pronunciamiento, no se advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
• De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierten

elementos a partir de los cuales pueda inferirse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

• De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que el Impugnante

cuestiona la admisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2, por lo que no se verifica el incumplimiento de la presente causal de improcedencia.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
• En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro.
• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio

formulado.

• Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado

que se declare no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, se le revoque la buena pro y se otorgue la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección a su favor; por lo tanto, este Colegiado considera que el petitorio guarda coherencia con los hechos expuestos en el recurso de apelación.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para

impugnar el acto objeto de cuestionamiento.

• El Impugnante, al haber ocupado el segundo lugar en el orden de prelación, cuenta

con interés para obrar y legitimidad procesal, toda vez que la decisión de la Entidad de admitir la oferta del Consorcio Adjudicatario incidió directamente en el resultado del procedimiento de selección, al determinar que no se le otorgara la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección, afectando así su legítimo interés en contratar con la Entidad. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento.

• Petitorio.
• El Impugnante solicita a este Tribunal que:

✓ Se declare no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque la buena pro otorgada a su favor. ✓ Se otorgue la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección al Impugnante.

• El Consorcio Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente:

✓ Se declare infundado el recurso de apelación. ✓ Se declare no admitida la oferta del Impugnante. ✓ Se ratifique la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección otorgada a su favor.

• Fijación de puntos controvertidos.
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso”. Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 28 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados por la decisión del Tribunal tenían hasta el 2 de noviembre del mismo año para absolverlo.

• Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente administrativo, se advierte

que, mediante Escrito S/N, presentado el 2 de noviembre de 2026 ante el Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación; esto es, dentro del plazo legal establecido. En consecuencia, para la determinación de los puntos controvertidos, deben tomarse en cuenta los aspectos propuestos por el Impugnante y por el Consorcio Adjudicatario.

• En consecuencia, los puntos controvertidos materia de análisis son los siguientes:

• Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Consorcio

Adjudicatario y, en consecuencia, revocar la buena pro del procedimiento de selección a su favor.

• Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Impugnante.
• Determinar si corresponde otorgar la buena pro del ítem N° 2 del

procedimiento de selección al Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Consideraciones previas:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque la buena pro del procedimiento de selección a su favor.

• El Impugnante cuestiona que la oferta del Consorcio Adjudicatario no contendría

la acreditación de la característica técnica “tipo de transmisión” del volquete de 15 m³, conforme a los argumentos expuestos en los antecedentes del presente pronunciamiento.

• Al respecto, el Consorcio Adjudicatario formuló argumentos orientados a

sustentar que acreditó el cumplimiento de la referida característica técnica y, por consiguiente, solicitó que el presente cuestionamiento sea declarado infundado, conforme a los argumentos expuestos en los antecedentes del presente pronunciamiento.

• Por su parte, la Entidad expuso su posición respecto del referido cuestionamiento,

habiendo concluido que se confirme la admisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario y se declare infundado el recurso de apelación, conforme a lo expuesto en los antecedentes del presente pronunciamiento.

• A fin de esclarecer el cuestionamiento formulado, cabe traer a colación lo

señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron someter los participantes y postores, así como el comité al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento.

• Atendiendo al presente cuestionamiento, corresponde traer a colación lo previsto

en el literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases integradas, cuyo contenido establece lo siguiente:

• Asimismo, el acápite 9.1, denominado «Características técnicas», correspondiente

al ítem N° 2 – Volquete de 15 m³, del Capítulo III de las bases integradas, establece lo siguiente:

• Ahora bien, de la revisión de la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario,

se advierte que, de los folios 36 a 41, adjuntó el documento denominado “Declaración jurada de cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos – ítem 2: volquete”, cuyo extracto de su contenido se reproduce a continuación:

(…)

• Adicionalmente, a folio 42 de su oferta adjuntó la ficha técnica del volquete T7H

6x4, cuyo extracto de su contenido se reproduce a continuación: (…)

• Del mismo modo, este Tribunal advierte que, a folio 43 de la oferta del Consorcio

Adjudicatario, obra el documento denominado “Certificación de distribuidor autorizado”, emitido por SINOTRUK INTERNATIONAL, mediante el cual se certifica que la empresa VOLCAN FORCE S.A.C., integrante del referido consorcio, cuenta con la condición de distribuidor autorizado de la marca SINOTRUK para el sector estatal en el Perú, conforme se aprecia a continuación:

• En primer término, corresponde señalar que las bases integradas establecieron,

como requisito para la admisión de la oferta, la presentación de documentación técnica emitida por el fabricante de la marca o por su representante, distribuidor o concesionario autorizado en el país, a efectos de acreditar, entre otras características técnicas, el tipo de transmisión del bien ofertado. Al respecto, las bases contemplaron expresamente tres tipos de transmisión: i) mecánica sincronizada; ii) mecánica con accionamiento automatizado; y iii) automática sincronizada.

• Ahora bien, este Tribunal advierte que el Consorcio Adjudicatario adjuntó a su

oferta la ficha técnica emitida por la empresa SINOTRUK, fabricante del volquete TH 6x4, en cuyo apartado referido al tipo de transmisión consignó únicamente la denominación “mecánica”, sin que se precise si esta corresponde a alguno de los tres tipos de transmisión expresamente establecidos en las bases integradas. En ese sentido, la información consignada en dicho documento no permite identificar de manera objetiva e inequívoca que el vehículo ofertado cuente con alguno de los tipos de transmisión requeridos, pues la sola referencia a una transmisión “mecánica” no acredita, por sí misma, que están presentes las características específicas exigidas por la Entidad. Asimismo, si bien el Consorcio Adjudicatario presentó una declaración jurada suscrita por este, en la que consignó genéricamente que “cumple” con los tres (3) tipos de transmisión previstos en las bases integradas, debe precisarse que dicho documento no constituye uno de los medios de acreditación contemplados en estas para sustentar el cumplimiento de la característica técnica cuestionada. Aunado a ello, debe señalarse que dicha declaración jurada tampoco permite identificar cuál de los tres (3) tipos de transmisión previstos en las bases integradas estaría ofertando el Consorcio Adjudicatario, pues la afirmación genérica de que “cumple” no precisa si el vehículo cuenta con una transmisión mecánica sincronizada, mecánica con accionamiento automatizado o automática sincronizada. Por consiguiente, admitir dicho documento como sustento de la característica cuestionada supondría no solo prescindir del medio de acreditación expresamente establecido en las bases integradas, sino también asumir, sin respaldo técnico alguno, que el vehículo ofertado cuenta con alguna de las alternativas requeridas. En tal sentido, la falta de acreditación precisa, objetiva e indubitable del tipo de transmisión acorde a los tres tipos establecidos en las bases integradas, no constituye una imprecisión meramente formal, sino que recae sobre la identificación de una característica técnica expresamente exigida en las bases integradas, cuya falta de determinación impide conocer con certeza cuál de las modalidades de transmisión se ha comprometido a suministrar el Consorcio Adjudicatario, generando incertidumbre respecto del contenido y alcance de su oferta. Sobre el particular, debe tenerse presente que es responsabilidad de cada postor formular y presentar su oferta de manera clara, precisa y congruente, de modo que la documentación que la integra permita conocer, sin necesidad de efectuar interpretaciones o inferencias, las características del bien ofertado y verificar su correspondencia con las exigencias establecidas en las bases integradas. En tal sentido, no corresponde al comité ni a este Tribunal reconstruir el contenido de una oferta, atribuir a los documentos presentados alcances que no se desprenden de su propio contenido o presumir el cumplimiento de una característica técnica que no ha sido debidamente acreditada, pues ello supondría suplir una deficiencia imputable al propio postor y afectar la objetividad e igualdad que deben regir la evaluación de las ofertas. En consecuencia, considerando que la ficha técnica emitida por el fabricante no identifica ninguno de los tres tipos de transmisión requeridos y que la declaración jurada presentada por el Consorcio Adjudicatario no constituye el sustento técnico exigido en las bases integradas ni permite superar dicha omisión, este Tribunal concluye que dicho postor no acreditó que el vehículo ofertado cumpliera con la característica técnica referida al tipo de transmisión.

• En relación con este punto, la Entidad sostiene que el Consorcio Adjudicatario

acreditó la característica técnica referida al tipo de transmisión mediante una valoración integral de su oferta, considerando la declaración jurada de cumplimiento, el cuadro de especificaciones técnicas y la ficha del fabricante del modelo Sinotruk Howo T7H, en la que se consigna una transmisión “mecánica” de 12 marchas de avance y 2 de reversa. Asimismo, argumenta que la denominación “mecánica” corresponde al género de transmisión manual y que, en los vehículos pesados modernos, estos incorporan sistemas sincronizados de manera inherente, por lo que exigir la mención expresa del término “sincronizada” constituiría un formalismo excesivo. Asimismo, señala que el modelo ofertado fue previamente validado por la propia Entidad mediante el Informe N° 134-2026- EPSEL S.A.-GG/GPT/SGME/EFEP, de 20 de julio de 2026, emitido en la etapa de estudio de mercado y que aplicar un criterio distinto al empleado para evaluar la oferta del Impugnante vulneraría el principio de igualdad de trato. Finalmente, invoca los principios de eficacia, eficiencia y presunción de veracidad para sostener que no existe omisión en la acreditación de la característica cuestionada.

• Al respecto, este Tribunal precisa que, conforme a lo desarrollado en el

fundamento 33 de la presente resolución, de la valoración integral de los documentos que conforman la oferta del Consorcio Adjudicatario no es posible identificar, de manera cierta e inequívoca, cuál de los tipos de transmisión previstos en las bases integradas ha sido efectivamente ofertado, toda vez que, mientras la ficha técnica del fabricante únicamente consigna que el vehículo cuenta con una transmisión «mecánica», la declaración jurada presentada por dicho consorcio se limita a señalar genéricamente que «cumple» con los tipos de transmisión requeridos, sin precisar si corresponde a una transmisión mecánica sincronizada o a una transmisión mecánica con accionamiento automatizado. De otro lado, respecto a que la denominación “mecánica” identificaría el tipo general de transmisión y que los vehículos pesados modernos incorporarían sistemas sincronizados de manera inherente, este Tribunal advierte que dicha afirmación constituye una apreciación de la Entidad que no se encuentra respaldada por documentación técnica del fabricante ni por algún otro elemento objetivo que permita corroborar que el modelo Sinotruk Howo T7H ofertado cuenta necesariamente con un sistema de transmisión mecánica sincronizada. Asimismo, el hecho de que la ficha técnica consigne doce (12) marchas de avance y dos (2) de reversa tampoco permite determinar, por sí mismo, cuál de las dos modalidades de transmisión mecánica exigidas corresponde al vehículo ofertado, pues dicha información no acredita objetivamente la existencia de un mecanismo sincronizado ni de un sistema de accionamiento automatizado. En consecuencia, no resulta válido presumir que la transmisión identificada genéricamente como “mecánica” corresponde a una de las alternativas requeridas, pues ello supondría sustituir la acreditación técnica exigida por una inferencia que carece de sustento en la documentación de la oferta. Asimismo, en cuanto a la alegación de que el modelo de volquete ofertado habría sido previamente validado por la Entidad durante la etapa de estudio de mercado, cabe precisar que dicha circunstancia no acredita el cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del Consorcio Adjudicatario en el procedimiento de selección, toda vez que el análisis que compete efectuar a este Tribunal en la presente instancia recursiva consiste en verificar si la oferta presentada se ajusta a las exigencias establecidas en las bases integradas, sobre la base de la documentación que efectivamente la conforma y de la información que de ella se desprende; por tanto, la evaluación o validación del modelo efectuada durante la etapa de interacción con el mercado no sustituye la obligación del postor de acreditar las características técnicas del bien ofertado ni puede convalidar las deficiencias de acreditación advertidas en su oferta. Del mismo modo, sobre la presunta vulneración a los principios invocados, este Tribunal precisa que la exigencia de acreditar las características técnicas mediante la documentación prevista en las bases integradas constituye una regla que debía ser observada por todos los postores, sin que su aplicación pueda considerarse un formalismo excesivo ni un trato diferenciado. Por el contrario, exigir que la información presentada permita identificar de manera objetiva el tipo de transmisión ofertado garantiza que todos los participantes sean evaluados bajo las mismas condiciones y que la Entidad pueda conocer con certeza las características del bien que eventualmente contratará. Asimismo, la presunción de veracidad que ampara las declaraciones de los administrados no releva a los postores de cumplir con los medios de acreditación expresamente establecidos en las bases integradas, ni permite tener por demostrada una característica técnica que no se desprende de la documentación presentada. Por lo tanto, este Colegiado considera que los argumentos de la Entidad carecen de sustento.

• Por su parte, el Consorcio Adjudicatario alega que las bases integradas no exigían

que las fichas técnicas reprodujeran literalmente las denominaciones de las características requeridas, sino que la documentación presentada permitiera verificar su cumplimiento, por lo que el uso de términos comerciales o generales no supone un incumplimiento. En esa línea, argumenta que la denominación “mecánica” identifica el tipo general de transmisión, mientras que “sincronizada” describe una característica de su mecanismo de cambio de marchas, por lo que la ausencia de este último término no permite concluir que el vehículo ofertado carezca de dicha característica. Asimismo, señala que los documentos obrantes a folios 37 y 42 de su oferta deben ser valorados conjuntamente, pues corresponden al mismo vehículo Sinotruk T7H; así, mientras la ficha del fabricante consigna una transmisión mecánica de doce (12) marchas de avance y dos (2) de reversa, el cuadro de especificaciones técnicas declara expresamente el cumplimiento del requerimiento. Para sustentar su posición, invoca la Resolución N° 0490-2023- TCE-S5 y sostiene que la Resolución N° 7310-2026-TCP-S6, citada por el Impugnante, no resulta aplicable al caso, pues no pretende incorporar información nueva ni completar su oferta, sino que se valoren integralmente los documentos presentados.

• Al respecto, este Tribunal precisa que, si bien las bases integradas no exigían que

la documentación técnica reprodujera literalmente las denominaciones de las características requeridas, ello no eximía al postor de presentar documentación cuyo contenido permitiera identificar y verificar, de manera objetiva e inequívoca, el cumplimiento de dichas características. En ese sentido, no se cuestiona el empleo de una denominación comercial o genérica distinta a la utilizada en las bases, sino que, en el presente caso, la sola referencia a una transmisión “mecánica” no permite determinar si esta corresponde a una transmisión mecánica sincronizada o a una transmisión mecánica con accionamiento automatizado, máxime cuando ambas constituyen alternativas expresamente diferenciadas en las bases integradas. Asimismo, la afirmación del Consorcio Adjudicatario respecto a que la sincronización sería una característica inherente al mecanismo de cambio de marchas constituye una interpretación que no cuenta con respaldo en la documentación técnica del fabricante, por lo que no puede ser asumida como cierta para tener por acreditado el requerimiento. Asimismo, en cuanto a la valoración conjunta de los documentos obrantes a folios 37 y 42 de la oferta, este Colegiado precisa que dicha evaluación ya ha sido efectuada, conforme a lo desarrollado en el fundamento 33 de la presente resolución, sin que de ella haya sido posible determinar cuál de las dos modalidades de transmisión mecánica se encuentra efectivamente ofertada. Aunado a ello, la Resolución N° 0490-2023-TCE-S5, invocada por dicho consorcio, no conduce a una conclusión distinta, pues el deber de valorar integralmente la oferta no supone prescindir de la exigencia de que su contenido sea claro, congruente y permita verificar objetivamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Adicionalmente, respecto al argumento del Consorcio Adjudicatario referido a la inaplicabilidad de la Resolución N° 7310-2026-TCP-S6, este Tribunal considera pertinente precisar que el análisis del presente cuestionamiento no se ha sustentado ni ha recurrido al criterio desarrollado en dicho pronunciamiento, pues se ha efectuado directamente a partir de las disposiciones contenidas en las bases integradas y de la valoración integral de la documentación que conforma la oferta del Consorcio Adjudicatario. Por tanto, la conclusión arribada no responde a la aplicación de un criterio jurisprudencial invocado por el Impugnante, sino a la constatación objetiva de que el Consorcio Adjudicatario no acreditó, mediante la documentación exigida en las bases integradas, el cumplimiento de la característica técnica cuestionada. En ese sentido, este Colegiado considera que los argumentos del Consorcio Adjudicatario carecen de sustento.

• Por consiguiente, al verificarse que el Consorcio Adjudicatario no cumplió con

acreditar la característica técnica “tipo de transmisión” del volquete de 15 m³, corresponde declarar no admitida su oferta y, en consecuencia, dejar sin efecto la buena pro otorgada a su favor en el procedimiento de selección.

• Siendo así, corresponde declarar FUNDADO el recurso de apelación, en este

extremo. Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Impugnante.

• El Consorcio Adjudicatario cuestiona la admisión de la oferta del Impugnante,

alegando los siguientes incumplimientos e inconsistencias:

• La falta de acreditación de la condición de representante, distribuidor o

concesionario autorizado de la marca del sistema de monitoreo; ii) La falta de acreditación de las funcionalidades “Ubicación y seguimiento de la unidad” y “Registro de horas de operación” y iii) La presunta presentación de certificados vencidos de casas comercializadoras.

• Respecto a ello, el Impugnante, durante la audiencia pública llevada a cabo el 3 de

noviembre de 2026, sostuvo, entre otros aspectos, que, sobre al cuestionamiento referido al sistema de monitoreo, las bases integradas no exigen que el proveedor de dicho sistema cuente con una carta de representación o autorización específica, por lo que exigir tal condición supondría incorporar requisitos adicionales que no han sido previstos en las reglas del procedimiento de selección.

• Cabe precisar que la Entidad no emitió pronunciamiento respecto del

cuestionamiento formulado por el Consorcio Adjudicatario contra la oferta del Impugnante.

En relación con la falta de acreditación de la condición de representante, distribuidor o concesionario autorizado de la marca del sistema de monitoreo

• Atendiendo al cuestionamiento formulado, corresponde citar lo dispuesto en el

literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases integradas definitivas, referido a los requisitos para la presentación del Registro Sanitario, cuyo tenor es el siguiente:

• Asimismo, de la revisión del acápite 9.1, denominado «Características técnicas»,

correspondiente al ítem N° 2 – Volquete de 15 m³, del Capítulo III de las bases integradas, se advierte que se contempla la característica técnica referida al “sistema de monitoreo”, cuyo contenido establece lo siguiente:

• Además, cabe precisar que, mediante la Consulta N° 14 y Observaciones N° 13, 46

y 88, los participantes del procedimiento de selección solicitaron que la documentación técnica exigida para acreditar las especificaciones técnicas, además de ser emitida por el fabricante de la marca, pudiera ser expedida también por su representante, distribuidor o concesionario autorizado; solicitud que fue acogida parcialmente por el comité, al admitir dicha posibilidad, bajo la precisión de que, cuando la documentación fuera emitida por alguno de estos últimos, debía acreditarse su condición de autorizado mediante un documento expedido por el fabricante o titular de la marca. Para mayor ilustración, se muestra la siguiente imagen: Absolución de la observación N° 13 Absolución de la consulta N° 14 Absolución de la observación N° 46 Absolución de la observación N° 88

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, este Tribunal advierte que,

a folio 19, obra el documento denominado «Declaración jurada del sistema de monitoreo», emitido por el propio Impugnante, en el cual se consigna, entre otros aspectos, que el sistema de monitoreo corresponde a la marca GALOOLI, modelo Triton K2, y que será suministrado e instalado por la empresa CONTROL DE COMBUSTIBLE PERÚ S.A.C., conforme se aprecia a continuación:

• Asimismo, adjuntó el certificado de homologación emitido por la Dirección de

Fiscalizaciones de Cumplimiento de Normativa en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el cual se identifica a la empresa “GALOOLI” como fabricante del sistema de monitoreo, conforme se aprecia en el siguiente extracto del referido documento:

• A su vez, de los folios 24 al 28 de la oferta del Impugnante, se advierte que obra

documentación de carácter comercial emitida bajo la denominación de CONTROL DE COMBUSTIBLE PERÚ S.A.C., conforme se aprecia en los siguientes extractos:

(…) (…)

• Sobre el particular, en primer término, corresponde precisar que las bases

integradas exigieron como documento para la presentación de las ofertas que se presente folleto técnico, ficha técnica u otro documento del fabricante o proveedor del sistema de monitoreo que permita verificar las funcionalidades de las ofertas.

• Ahora bien, cabe precisar que, como resultado de la absolución de la Consulta

N° 14 y de las Observaciones N° 13, 46 y 88, el comité incorporó en el literal g) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas la posibilidad de que la documentación técnica destinada a acreditar las especificaciones técnicas fuera emitida, además de por el fabricante de la marca, por su representante, distribuidor o concesionario autorizado, estableciendo que, cuando dicha documentación fuera expedida por alguno de estos últimos, debía acreditarse su condición de autorizado mediante un documento emitido por el fabricante o titular de la marca.

• En ese contexto, si bien las disposiciones específicas para acreditar las

funcionalidades del sistema de monitoreo se encuentran previstas en el literal j) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas, ello no determina que deban ser analizadas de manera aislada o al margen de las precisiones incorporadas como resultado de la absolución de las referidas consultas y observaciones, toda vez que el sistema de monitoreo constituye una de las especificaciones técnicas del bien objeto de contratación. Por consiguiente, al haberse incluido en las bases integradas que la documentación técnica destinada a acreditar las especificaciones técnicas también podía ser emitida por el representante, distribuidor o concesionario autorizado del fabricante, debiendo además acreditar dicha condición mediante documento expedido por el fabricante o titular de la marca, tal precisión resulta igualmente aplicable a la documentación presentada para acreditar las funcionalidades del sistema de monitoreo.

• En ese sentido, de la documentación presentada por el Impugnante, este Tribunal

advierte que el sistema de monitoreo ofertado corresponde a la marca GALOOLI, cuyo fabricante es la empresa del mismo nombre, y que su suministro e instalación está a cargo de la empresa CONTROL DE COMBUSTIBLE PERÚ S.A.C., no osbtante, de la documentación comercial presentada a folios 24 al 28 de su oferta, no se advierte que dichos documentos haya sido emitidos o expedidos el fabricante, esto es, la empresa GALOOLI a efectos de acreditar la funcionalidad del sistema de monitoreo ofertado, pues únicamente se observa la inserción de imágenes que no cuentan con ninguna firma de emisión. Asimismo, conforme a las disposiciones de las bases integradas sobre la acreditación de las especificaciones técnicas, desarrolladas precedentemente, cuando la documentación fuera emitida por un representante, distribuidor o concesionario del fabricante, correspondía acreditar dicha condición mediante un documento expedido por el fabricante o titular de la marca; exigencia que resultaba aplicable a la documentación presentada para sustentar las funcionalidades del sistema de monitoreo. Sin embargo, de la revisión de la oferta del Impugnante, no se advierte que este haya presentado documento alguno emitido por el fabricante GALOOLI que acredite que la empresa CONTROL DE COMBUSTIBLE PERÚ S.A.C. o el Impugnante cuenten con autorización para suministrar o distribuir sus equipos, por lo que este colegiado aprecia que el Impugnante no ha cumplido con acreditar la condición exigida en las bases integradas para validar la documentación comercial emitida por dicha empresa.

• En relación con este punto, el Impugnante alega que las bases integradas no

exigen que el proveedor de dicho sistema cuente con una carta de representación o autorización específica, por lo que exigir tal condición supondría incorporar requisitos adicionales que no han sido previstos en las reglas del procedimiento de selección. Al respecto, este Tribunal precisa que, conforme se ha desarrollado en el fundamento 51 de la presente resolución, como resultado de la absolución de la Consulta N° 14 y de las Observaciones N° 13, 46 y 88, se estableció que la documentación técnica destinada a acreditar las especificaciones técnicas podía ser emitida, además de por el fabricante de la marca, por su representante, distribuidor o concesionario autorizado, precisándose que, en este último supuesto, debía acreditarse dicha condición mediante un documento expedido por el fabricante o titular de la marca. En ese sentido, si bien el literal j) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas contiene las disposiciones específicas para acreditar las funcionalidades del sistema de monitoreo, ello no exime de observar las precisiones establecidas para la acreditación de las especificaciones técnicas, toda vez que dicho sistema constituye precisamente una de las características técnicas del volquete requerido. Por consiguiente, contrario a lo alegado por el Impugnante, este Tribunal, en el presente caso, no incorpora una exigencia adicional ni establece una condición no prevista en las reglas del procedimiento de selección, sino verifica el cumplimiento de una disposición que fue expresamente incorporada en las bases integradas como resultado de la absolución de las consultas y observaciones antes mencionadas, cuya aplicación alcanza también a la documentación presentada para acreditar las funcionalidades del sistema de monitoreo. En ese sentido, este Colegiado considera que los argumentos del Consorcio Adjudicatario carecen de sustento. En ese sentido, no corresponde tener por acreditada la documentación comercial emitida para acreditar el sistema de monitoreo, conforme a lo dispuesto en los literales g) y j) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases integradas, por lo que corresponde declarar no admitida la oferta del Impugnante, resultando inoficioso analizar los demás cuestionamientos a su oferta por parte del Consorcio Adjudicatario, pues su condición de postor no admitido no se modificará.

Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección al Impugnante.

• Sobre este punto, el Impugnante solicitó que se le otorgara la buena pro del ítem

N° 2 del procedimiento de selección.

• Al respecto, cabe precisar que, como resultado del análisis del primer punto

controvertido, se determinó no admitir la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, revocar la buena pro que le fue otorgada.

• Adicionalmente, cabe señalar que, conforme a lo determinado por este Tribunal

al analizar el segundo punto controvertido, corresponde tener por no admitida la oferta del Impugnante. En consecuencia, al no contar con una oferta admitida, aquel no puede acceder al otorgamiento de la buena pro. Por tanto, al no haber ninguna oferta válida, corresponde declarar desierto el procedimiento de selección, conforme a lo dispuesto en el numeral 84.1 del artículo 84 del Reglamento; por lo que corresponde declarar infundado el recurso de apelación en este extremo.

• Es menester precisar que, todos los aspectos que no han sido objeto de

cuestionamiento en el presente procedimiento se presumen válidos, en virtud del principio de presunción de validez previsto en el artículo 9 del TUO de la LPAG.

• Por lo expuesto, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, y considerando que este Tribunal procede a declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto, corresponde devolver la garantía otorgada por el Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jefferson Augusto Bocanegra Diaz, y la intervención de los Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Erick Joel Mendoza Medina, quien interviene en reemplazo de la Vocal Marisabel Jáuregui Iriarte, según rol de turnos de Vocales de Sala vigente, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000293-2026-OECE/PRE del 5 de octubre de 2026, publicada el mismo día en el Diario Oficial “El Peruano”; y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa

GATT PERÚ S.R.L., en el marco del ítem N° 2 de la Licitación Pública para Bienes N° 3-2026-EPSEL S.A.-1, para la “adquisición de maquinaria y vehículos para extracción y eliminación de lodos y vegetación para las plantas de tratamiento de aguas residuales ficha de inversión 11-C-47 (estudio tarifario 2025-2028)”, convocada por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque S.A., resultando fundado en el extremo referido a que se declare no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario, e infundado en el extremo referido a que se le otorgue la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento se selección, por los fundamentos expuestos. En tal sentido, corresponde: 1.1 No admitir la oferta del CONSORCIO VOLCAN, en el marco del ítem N° 2 de la Licitación Pública para Bienes N° 3-2026-EPSEL S.A.-1. 1.2 Revocar la buena pro otorgada al CONSORCIO VOLCAN, en el marco del ítem N° 2 de la Licitación Pública para Bienes N° 3-2026-EPSEL S.A.-1. 1.3 No admitir la oferta de la empresa GATT PERÚ S.R.L., en el marco del ítem N° 2 de la Licitación Pública para Bienes N° 3-2026-EPSEL S.A.-1. 1.4 Declarar desierto del del ítem N° 2 de la Licitación Pública para Bienes N° 3-

2026-EPSEL S.A.-1.

• Devolver la garantía presentada por la empresa GATT PERÚ S.R.L., por la

interposición del recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025 OECE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Villanueva Sandoval. Mendoza Merino. Bocanegra Díaz.

ERICK JOEL MENDOZA

MEDINA

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JEFFERSON AUGUSTO

BOCANEGRA DIAZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

VÍCTOR MANUEL VILLANUEVA

SANDOVAL

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE