Resolución N.° 9745-2026-TCP-S6

Sumilla: “(…) considerando que este Tribunal declarará la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Consorcio Impugnante para la interposición de su recurso de apelación”. Lima, 11 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 11 de noviembre de 2026 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7619/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Saneamiento del Sur, integrado por las empresas Coninsa Corp S.A.C. y Servicios Especializados Mr Ancash S.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 003-2026-MDH/C-1, para la “Contratación para la ejecución de la obra: Creación del servicio de agua potable rural y creación del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en la localidad de Accobamba distrito de Hualla de la provincia de Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho, con CUI N° 2661287”; y, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 21 de setiembre de 2026, la Municipalidad Distrital de Hualla, en adelante la

Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 003-2026-MDH/C-1, para la “Contratación para la ejecución de la obra: Creación del servicio de agua potable rural y creación del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en la localidad de Accobamba distrito de Hualla de la provincia de Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho, con CUI N° 2661287”, con una cuantía de S/ 2,422,748.76 (dos millones cuatrocientos veintidós mil setecientos cuarenta y ocho con 76/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. El 2 de octubre de 2026, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el 6 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la Empresa de Servicios de Transporte de Carga Pesada Luz de Luna E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 2,386,967.99 (dos millones trescientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y siete con 99/100 soles), de acuerdo a lo siguiente: Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado

EMPRESA DE SERVICIOS DE

TRANSPORTE DE CARGA

PESADA LUZ DE LUNA

E.I.R.L.

S/ 2,386,967.99 100.00 1 Adjudicado.

CONSORCIO SANEAMIENTO

DEL SUR S/ 2,422,677.08 82.06 2 Calificado.

• Mediante Escrito N° 01 presentado el 14 de octubre de 2026, y subsanado mediante

Escrito N° 02 presentado el 16 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el Consorcio Saneamiento del Sur, integrado por las empresas Coninsa Corp S.A.C. y Servicios Especializados Mr Ancash S.R.L., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que: i) se declare la no admisión y/o descalificación de la oferta del Adjudicatario y como consecuencia de ello, se revoque la buena pro, y ii) se le otorgue la buena pro; para lo cual expuso los siguientes argumentos: Sobre la oferta del Adjudicatario 2.1. Respecto de la experiencia del postor en la especialidad, señala que el contrato de consorcio obrante a folios 279 al 282 de la oferta no cumpliría con lo exigido en el numeral 2.3.7 de las bases integradas, al consignar porcentajes de participación, sin precisar las obligaciones específicas vinculadas con el objeto de la contratación. 2.2. Afirma que dicho documento contraviene el artículo 89 del Reglamento, referido al contenido del contrato de consorcio, en cuanto a la identificación de sus integrantes, sus obligaciones y los porcentajes de participación establecidos en la promesa de consorcio. 2.3. Precisa que, en la promesa de consorcio, se asignaron a la empresa Ahren Contratistas Generales S.A.C., además de la ejecución de la obra, obligaciones de logística y administración; mientras que al Adjudicatario se le atribuyeron, adicionalmente, obligaciones profesionales y de preparación de propuestas. Por ello, considera que el contrato de consorcio debió reflejar dichas obligaciones y no limitarse a establecer porcentajes de participación. 2.4. Asimismo, cuestiona la presentación de información inexacta a la experiencia del personal clave, conforme a lo siguiente:

• Respecto del certificado obrante a folio 241, señala que se consignó un

periodo de experiencia del 12 de diciembre de 2022 al 27 de abril de 2023, supuestamente concordante con el acta de recepción de obra; sin embargo, esta registraría como periodo de ejecución del 15 de diciembre de 2022 al 12 de febrero de 2023.

• Respecto del certificado obrante a folio 240, indica que se consignó el

periodo del 5 de diciembre de 2017 al 3 de diciembre de 2018. No obstante, según la información de Infobras, el acta de recepción registraría un periodo del 26 de diciembre de 2017 al 3 de diciembre de 2018, además de una paralización entre el 4 de mayo y el 4 de junio de 2018.

• Respecto del certificado obrante a folio 239, señala que se acreditó

experiencia como jefe de supervisión entre el 14 de diciembre de 2015 y el 11 de octubre de 2016, vinculada al Contrato N° 089-2015-MPVH/GM. Sin embargo, dicho contrato habría establecido un plazo de ejecución de 180 días calendario, por lo que el periodo certificado excedería el plazo contractual. Añade que, según las valorizaciones publicadas en Infobras, la obra habría alcanzado el 100% de avance físico el 10 de junio de 2015.

• Respecto del certificado obrante a folio 238, mediante el cual se habría

acreditado experiencia como residente de obra del 1 de setiembre de 2012 al 30 de agosto de 2013. Alega que esta información no coincidiría con la registrada en el SEACE, donde el servicio estaría vinculado al procedimiento AMC N° 13-2012/EPSASA/CEP, convocado por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho S.A.

• Respecto del certificado obrante a folio 216, en el que se consignó un

periodo de experiencia del 16 de noviembre de 2022 al 20 de febrero de 2024. Sostiene que dicho periodo no sería concordante con el acta de recepción de la obra, debido a las sucesivas suspensiones registradas durante su ejecución.

• Respecto del certificado obrante a folio 234, señala que se acreditó

experiencia entre el 12 de mayo y el 7 de noviembre de 2025, pese a que la ejecución de la obra habría sido suspendida el 30 de octubre de 2025, lo que evidenciaría una discrepancia en el periodo de experiencia declarado.

• Con Escrito N° 03, presentado el 19 de octubre de 2026 al Tribunal, el Consorcio

Impugnante solicitó la admisión de su recurso de apelación.

• A través del decreto del 21 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, el cual fue notificado a través del toma razón electrónico del SEACE de la PLADICOP en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP o remita, de ser el caso, el informe técnico legal en el que debía indicar su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores distintos del Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 27 de octubre del mismo año.

• El 26 de octubre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico Legal N°

001-2026-MDH/PTH, en el cual expuso su posición sobre los argumentos del recurso impugnativo, en los siguientes términos: 5.1. Respecto de la experiencia del postor en la especialidad, señala que la promesa de consorcio establece expresamente las obligaciones de cada integrante: la empresa Ahren Contratistas Generales S.A.C. asume el 90%, comprendiendo la ejecución de la obra, logística y administración; mientras que el Adjudicatario asume el 10%, incluyendo la ejecución de la obra, profesionales y preparación de propuestas. 5.2. En ese sentido, sostiene que no es correcto afirmar que la promesa únicamente consigna porcentajes de participación, pues identifica las obligaciones de cada integrante y sus respectivos porcentajes, conforme a lo exigido en las bases integradas. Asimismo, precisa que el artículo 89 del Reglamento exige que el contrato de consorcio mantenga la información relativa a los integrantes, sus obligaciones y porcentajes de participación consignados en la promesa, por lo que considera que no se ha acreditado incumplimiento que justifique la descalificación de la oferta. 5.3. Respecto de la presentación de supuesta información inexacta en la experiencia del personal clave, indica que no correspondía exigir al comité la verificación individual de cada documento con Infobras: ➢ Respecto del certificado obrante a folio 241, señala que el período de ejecución física de la obra, comprendido entre el 15 de diciembre de 2022 y el 12 de febrero de 2023, no determina necesariamente la duración de la prestación profesional, pues esta podría comprender actividades posteriores, como la entrega de la obra, su liquidación y la subsanación de observaciones. Añade que en la oferta obra un contrato de locación de servicios que vincula al señor Sergio Augusto Choccechanca con la prestación como residente de obra. ➢ Respecto del certificado obrante a folio 240, manifiesta que la paralización registrada en Infobras no demuestra que el profesional haya dejado de prestar servicios. Agrega que el acta de recepción del 3 de diciembre de 2018 registra su participación como asesor de la comisión de recepción, por lo que considera necesario evaluar el contrato de supervisión, sus ampliaciones y demás documentos pertinentes. ➢ Respecto del certificado obrante a folio 239, sostiene que el plazo inicial del Contrato N° 089-2015-MPVH/GM y la información de Infobras no bastan para determinar una eventual inexactitud, por lo que corresponde contrastarlos con las adendas, órdenes de servicio, conformidades y demás documentos que acrediten la prestación efectiva. ➢ Respecto del certificado obrante a folio 238, señala que la identificación del procedimiento de contratación en el SEACE no demuestra que el profesional no haya prestado los servicios declarados. Por tanto, considera que se requiere evidencia objetiva que permita desvirtuar la experiencia consignada.

➢ Respecto del certificado obrante a folio 234, indica que las suspensiones de las obras no acreditan automáticamente la interrupción de los servicios profesionales. En consecuencia, sostiene que los cuestionamientos deben evaluarse considerando los contratos y demás documentos que sustenten los períodos certificados.

• Mediante Carta N° 206-2026-ETLL/EIRL-AYAC, presentada el 26 de octubre de 2026 al

Tribunal, el Adjudicatario acreditó a sus representantes para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Con Oficio N° 0300-2026-MDH/A, presentado el 26 de octubre de 2026 al Tribunal, la

Entidad acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• A través de la Carta N° 208-2026-ETLL/EIRL-AYAC, presentada el 26 de octubre de

2026 al Tribunal, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, conforme al siguiente detalle: Sobre los cuestionamientos a su oferta 8.1. Respecto de la experiencia del postor en la especialidad, señala que su participación del 10% y sus obligaciones de ejecución de obra y provisión de profesionales están acreditadas en la promesa y el contrato de consorcio, conforme a las bases integradas. Precisa que las funciones adicionales de facturación no desvirtúan sus obligaciones de ejecución y que la exclusión prevista en el numeral 2.3.8 de las bases integrantes comprende únicamente a los integrantes que asumen labores administrativas. 8.2. Añade que presentó la resolución de liquidación y la constancia de prestación, documentos admitidos por las bases integradas para acreditar la experiencia. Asimismo, sostiene que la fecha consignada en el Anexo N° 11 corresponde a la constancia de prestación, que el monto declarado no debía expresarse sin IGV y que el contrato de consorcio, con firmas legalizadas, acredita el porcentaje de participación. 8.3. En consecuencia, considera cumplido el requisito de calificación y solicita que cualquier reducción del monto acreditado se determine conforme a la escala de puntuación prevista en las bases integrantes, precisándose el importe reconocido.

8.4. Respecto de la experiencia del personal clave, sostiene que la configuración de información inexacta exige su vinculación con un requisito o factor de evaluación y su incidencia directa en la obtención de una ventaja o beneficio concreto. Invoca la Resolución N° 6842-2026-TCP-S6 y los principios de presunción de veracidad y verdad material, así como las disposiciones sobre actividad probatoria y motivación del TUO de la Ley N° 27444.

• Respecto del certificado de folio 241, afirma que el contrato de locación

estableció un plazo de 60 días calendario, sujeto a ampliaciones. Por ello, sostiene que el periodo consignado en el acta de recepción corresponde al plazo original. Añade que, aun excluyendo este certificado, el profesional conservaría 1031 días de experiencia, superando los 24 meses exigidos.

• Respecto del certificado de folio 240, indica que la fecha final coincide con

la recepción formal de la obra y que el inicio de la supervisión no necesariamente coincide con el de su ejecución física. Asimismo, sostiene que la paralización registrada entre el 4 de mayo y el 4 de junio de 2018 no acredita la interrupción de los servicios profesionales.

• Respecto del certificado de folio 239, cuestiona la pertinencia del registro

de Infobras que situaría el avance físico del 100% el 10 de junio de 2015, antes del inicio del periodo certificado. Considera que podría tratarse de un error de registro o de información relativa a otra obra. Añade que presentó el acta de recepción y que, incluso si solo se reconocieran los 180 días del plazo original, se mantendría el cumplimiento del requisito mínimo.

• Respecto del certificado de folio 238, sostiene que el Consorcio

Impugnante confunde el número del contrato con el del procedimiento de selección AMC N° 13-2012/EPSASA/CEP. Afirma que dicha diferencia no demuestra inexactitud y que, aun excluyendo el certificado, el profesional conservaría 804 días de experiencia, equivalentes a aproximadamente 26,4 meses.

• Respecto del certificado de folio 234, señala que la suspensión de la obra,

producida el 30 de octubre de 2025, no implica necesariamente el cese de las obligaciones del profesional. Añade que el periodo certificado se superpone íntegramente con otro periodo de experiencia no cuestionado, por lo que su exclusión no modificaría el tiempo computable.

• Respecto del certificado de folio 216, indica que dicha experiencia no

incide en el factor de evaluación. Asimismo, afirma que, sumado a la experiencia acreditada mediante el certificado de folio 215, el profesional acumula 761 días, superando el mínimo de 365 días. Añade que el Consorcio Impugnante no individualizó las suspensiones ni acreditó sus efectos sobre la prestación del servicio. 8.5. Finalmente, sostiene que los cuestionamientos no afectan el cumplimiento de los requisitos mínimos de experiencia del personal clave ni modifican el puntaje obtenido, por lo que no se habría demostrado la obtención de una ventaja indebida; en consecuencia, solicita que cualquier periodo no acreditado sea excluido únicamente del cómputo de experiencia, manteniéndose la oferta y la buena pro siempre que ello no altere el resultado del procedimiento.

• Con Carta N° 206-2026-ETLL/EIRL-AYAC, presentada el 26 de octubre de 2026 al

Tribunal, el Adjudicatario reiteró lo señalado en el numeral 6 de los antecedentes.

• Mediante Oficio N° 0301-2026-MDH/A, presentado el 26 de octubre de 2026 al

Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 001-2026-MDH/PTH, reiterando lo señalado en el numeral 5 de los antecedentes.

• El 27 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la

participación de los representantes del Consorcio Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad.

• Con decreto del 27 de octubre de 2026, se corrió traslado de posibles vicios de nulidad

a las partes.

• Mediante decreto del 28 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Adjudicatario

• Mediante Oficio N° 302-2026-MDH/A, presentado el 2 de noviembre de 2026 al

Tribunal, la Entidad absolvió el traslado de vicio de nulidad, en los siguientes términos: 14.1. Señala que, si bien las denominaciones consignadas en las bases integradas deben guardar correspondencia con las reglas y los listados aprobados por la DGA, una eventual discrepancia no determina la nulidad del procedimiento de selección.

14.2. Sostiene que corresponde evaluar la incidencia material de dicha discrepancia, esto es, si restringió la concurrencia, impidió acreditar experiencia vinculada al objeto de contratación, otorgó ventajas indebidas, alteró la evaluación o afectó la igualdad de trato y la finalidad pública. En ese sentido, considera que el análisis no debe limitarse a un aspecto formal, más aún cuando el procedimiento ya alcanzó la etapa de otorgamiento de la buena pro. 14.3. Refiere que las bases integradas identificaron como objeto de contratación la ejecución de una obra de agua potable rural, alcantarillado y disposición sanitaria de excretas; asimismo, el requisito de experiencia se estructuró en torno a la especialidad de saneamiento y afines, la subespecialidad de saneamiento urbano y rural, y tipologías relacionadas con sistemas de agua potable y alcantarillado. 14.4. En tal sentido, sostiene que, pese a las discrepancias advertidas entre determinadas denominaciones y el listado aprobado por la DGA, no se incorporó una exigencia ajena al objeto contractual, pues existe correspondencia material entre la obra convocada y la experiencia requerida, al estar ambas vinculadas con infraestructura de saneamiento, agua potable y alcantarillado. Por tanto, la eventual inconsistencia sería de carácter nominal, sin que se haya desnaturalizado el contenido técnico del requisito. 14.5. Añade que no se ha acreditado que dicha nomenclatura haya impedido la participación de proveedores, excluido injustificadamente a determinados postores o generado barreras de acceso al procedimiento. Por el contrario, participaron el Adjudicatario y el Consorcio Impugnante, este último en ejercicio de su derecho de contradicción mediante la interposición del recurso de apelación. 14.6. Asimismo, señala que no existen elementos que permitan concluir que la denominación cuestionada haya favorecido al Adjudicatario, toda vez que fue incorporada en las bases integradas como una regla general, aplicable en igualdad de condiciones a todos los participantes. En consecuencia, considera que no se ha acreditado una afectación al principio de igualdad de trato ni la obtención de una ventaja indebida. 14.7. Finalmente, refiere que la ejecución de la obra responde a una necesidad concreta de la población beneficiaria y contribuirá a dinamizar la economía y generar empleo local, circunstancias que también deben ponderarse al determinar la consecuencia jurídica del defecto advertido.

• A través del Escrito N° 03, presentado el 3 de noviembre de 2026 al Tribunal, el

Consorcio Impugnante absolvió el traslado de vicio de nulidad, en los siguientes términos: 15.1. Sostiene que la identificación de una imprecisión técnica no determina la nulidad del procedimiento, sino que exige evaluar su trascendencia y la posibilidad de conservar los actos realizados. 15.2. Refiere que la descripción de las subespecialidades de agua potable y saneamiento consignada en las bases integradas no modificó la naturaleza ni la finalidad de la contratación, referida a la construcción de sistemas de agua potable rural y alcantarillado. 15.3. Invoca el artículo 1 de la Ley, que establece como finalidad maximizar el valor de los recursos públicos, garantizando contrataciones oportunas, de calidad y a precios adecuados. En ese sentido, considera que la actuación del Tribunal debe orientarse a preservar la finalidad pública de la contratación y el bienestar de la población beneficiaria. 15.4. Señala que declarar la nulidad por una imprecisión en la nomenclatura o clasificación contravendría los principios de eficacia y eficiencia, pues obligaría a retrotraer el procedimiento y ocasionaría retrasos en la ejecución de la obra, en perjuicio de los pobladores de la localidad de Accobamba, quienes requieren contar oportunamente con los servicios de agua potable y alcantarillado. 15.5. Asimismo, cita la Resolución N° 01628-2025-TCE-S1, señalando que una deficiencia formal no justifica la nulidad cuando no afecta las condiciones sustanciales de la contratación ni la competencia efectiva. 15.6. Finalmente, sostiene que la etapa de formulación e integración de bases precluyó sin que los participantes cuestionaran oportunamente la nomenclatura utilizada mediante consultas, observaciones o impugnaciones. Añade que los postores comprendieron el alcance de las prestaciones requeridas y formularon sus ofertas sobre reglas comunes, por lo que no se habría vulnerado la legalidad ni la transparencia. En consecuencia, solicita que se aplique el principio de conservación de los actos administrativos y se emita pronunciamiento sobre el fondo del recurso de apelación.

• Con Escrito N° 03, presentado el 3 de noviembre de 2026 al Tribunal, el Adjudicatario

absolvió el traslado de vicio de nulidad, en los siguientes términos: 16.1. Señala que las bases estándar aplicables a la Licitación Pública Abreviada para Obras exigen consignar las especialidades, subespecialidades y tipologías en determinados apartados, específicamente en el numeral 3.2 “Descripción general” del requerimiento y en el literal A “Experiencia del postor en la especialidad”. Sostiene que las bases integradas cumplieron dicha exigencia, pues en el numeral 3.2 del capítulo III consignaron las clasificaciones previstas en la Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01, que aprobó el listado de subespecialidades y tipologías de obras y consultoría de obras. 16.2. Invoca los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y facilidad de uso, señalando que las condiciones establecidas en el requisito de experiencia del personal clave, aun cuando presenten diferencias respecto del listado aprobado por la DGA, deben interpretarse conjuntamente con las demás disposiciones de las bases integradas. En ese sentido, considera que dicha circunstancia no supone una transgresión de la normativa, sino una integración de las condiciones contractuales. 16.3. Añade que el numeral 1.1 del capítulo I de la sección específica de las bases integradas establece el marco normativo aplicable a la contratación, el cual debe considerarse como criterio de interpretación ante eventuales vacíos o aspectos que requieran integración normativa. 16.4. Sostiene que no se configura causal de nulidad, toda vez que las condiciones contractuales fueron integradas de manera compatible con las bases estándar, el artículo 157 del Reglamento y el listado aprobado por la DGA. 16.5. En consecuencia, solicita la conservación de los actos del procedimiento, al considerar que no se omitió información trascendente ni se generó confusión o incertidumbre entre los postores al momento de formular sus ofertas. 16.6. Como sustento, cita la Resolución N° 03034-2026-TCP-S1, señalando que la nulidad resulta procedente cuando el defecto advertido genera incertidumbre o falta de claridad respecto de la documentación necesaria para acreditar un requisito, dificultando la presentación uniforme de las ofertas. 16.7. Finalmente, sostiene que no se ha incumplido la Directiva N° 0005-2025- EF/54.01, pues estas exigirían consignar las especialidades, subespecialidades y tipologías únicamente en los apartados de “Descripción general” y “Experiencia del postor en la especialidad”, mas no en el requisito de “Experiencia del personal clave”. Por tanto, considera que la diferencia advertida no configura alguno de los supuestos de nulidad previstos en el artículo 70 de la Ley, ni generó incertidumbre o dificultades para la presentación de ofertas, por lo que solicita que se declare la inexistencia de vicios en el procedimiento de selección.

• A través del escrito s/n, presentado el 3 de noviembre de 2026 al Tribunal, el

Adjudicatario remitió información adicional.

• Mediante decreto del 4 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

• Con Escrito N° 05 presentado el 6 de noviembre de 2026 al Tribunal, el Adjudicatario

remitió información adicional.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio

Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• Procedencia del recurso.
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (cuantía superior a 50 UIT).1 Licitación Pública Abreviada de Obras, con una cuantía de S/ 2 422 748.76. Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2 Contra el otorgamiento de la buena pro. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 La notificación del acto impugnado fue el 06.10.2026, venciendo el plazo de 5 días hábiles, el 14.10.2026. El recurso de apelación se presentó el 14.10.2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente El recurso es suscrito por el señor Frank Kindyr Conde Quispe en calidad de representante común del Consorcio Impugnante, conforme a la promesa de consorcio, anexa al recurso. Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. La oferta del Consorcio Impugnante fue admitida y calificada. No corresponde Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro El Consorcio Impugnante buena pro, ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Sí tiene interés y legitimidad para impugnar el otorgamiento de la buena pro. Sí

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de improcedencia

previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• Petitorio.
• El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal que:

✓ Se declare la no admisión y/o descalificación de la oferta del Adjudicatario y como consecuencia de ello, se revoque el otorgamiento de la buena pro a dicho postor. ✓ Se le otorgue la buena pro.

• El Adjudicatario solicita a este Tribunal que:

✓ Se ratifique la calificación de su oferta. ✓ Se ratifique el otorgamiento de la buena pro a su empresa.

• Fijación de puntos controvertidos.
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio señalado

de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso” (subrayado nuestro). Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad y

a los demás postores el 21 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían hasta el 26 de octubre de 2026 para absolverlo.

• Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente se advierte que, con Carta N°

208-2026-ETLL/EIRL-AYAC presentada el 26 de octubre de 2026 al Tribunal, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el recurso de apelación; esto es, dentro del plazo legal establecido. En consecuencia, para la determinación de los puntos controvertidos, deben tomarse en cuenta los aspectos propuestos por el Consorcio Impugnante y el Adjudicatario. En consecuencia, los puntos controvertidos materia de análisis en el presente procedimiento impugnativo consisten en:

• Determinar si corresponde declarar no admitida y/o descalificada la oferta del

Adjudicatario y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro. ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Consorcio Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Consideraciones previas:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Tribunal

se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación, previo análisis de la cuestión previa que se señala a continuación:

Cuestión previa: Sobre la existencia de posibles vicios de nulidad en el procedimiento de selección.

• De manera previa al análisis de los puntos controvertidos, este Colegiado considera

pertinente evaluar la existencia de posibles vicios de nulidad en el procedimiento de selección, relacionados con la determinación de las subespecialidades y tipologías exigidas para acreditar la experiencia del postor en la especialidad y del personal clave, conforme se detalla a continuación: ➢ Respecto de la experiencia del postor en la especialidad: si bien se consignó como especialidad “Saneamiento y afines”, se estableció como subespecialidad “Saneamiento urbano y rural” y como tipologías “Sistemas de agua potable y saneamiento rural y/o sistemas de agua potable y alcantarillado”; sin embargo, ellas no se encuentran contempladas en el Listado de Subespecialidades y Tipologías de Obras y Consultoría de Obras, aprobado mediante Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01, en los términos establecidos por la Dirección General de Abastecimiento. ➢ Respecto de la experiencia del personal clave: se exige experiencia sustentada en otras subespecialidades que no se encuentran expresamente previstas en el referido listado aprobado por la Dirección General de Abastecimiento. Asimismo, las tipologías consignadas podrían corresponder a más de una de las subespecialidades contempladas en este, sin que se advierta una correspondencia clara y uniforme entre la categorización de la obra y los requisitos de experiencia exigidos al personal clave y al postor en la especialidad.

• En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 313.2 del artículo

313 del Reglamento, mediante decreto del 27 de octubre de 2026, este Colegiado corrió traslado a las partes de los posibles vicios de nulidad advertidos, a efectos de que expongan sus argumentos y formulen los descargos que estimen pertinentes. Al respecto, la Entidad, el Consorcio Impugnante y el Adjudicatario remitieron sus respectivas posiciones respecto de los posibles vicios de nulidad advertidos, conforme a lo señalado en los antecedentes del presente pronunciamiento.

• En ese sentido, corresponde a este Tribunal determinar si las situaciones advertidas

constituyen transgresiones a la normativa que ameriten declarar la nulidad del procedimiento de selección.

Para tal efecto, resulta necesario examinar las disposiciones de las bases estándar, las bases administrativas y las bases integradas del procedimiento de selección, toda vez que estas últimas contienen las reglas definitivas que debieron observar tanto los participantes y postores como el comité durante el desarrollo del procedimiento.

• Así, en primer término, corresponde señalar que las bases estándar aplicables a la

Licitación Pública Abreviada de Obras, en el apartado denominado “Requerimiento con sistema de entrega de solo construcción”, establecen un formato específico para consignar la descripción general del proyecto, en el cual debe identificarse su especialidad, subespecialidad y tipología.

• De esta manera, las bases estándar exigen que la categorización del proyecto se

efectúe identificando expresamente la especialidad, subespecialidad y tipología de la obra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento y el listado aprobado por la Dirección General de Abastecimiento.

• Al respecto, el numeral 157.3 del artículo 157 del Reglamento establece

expresamente lo siguiente: “La subespecialidad y la tipología se establece en un listado aprobado por la DGA mediante resolución (…)”.

• En concordancia con dicha disposición, la Dirección General de Abastecimiento,

mediante Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01, aprobó el listado de subespecialidades y tipologías de obras y consultoría de obras en el marco de la Ley, en el cual se establecen las subespecialidades correspondientes a cada especialidad, así como las tipologías comprendidas en aquellas, atendiendo a la naturaleza de las obras y consultorías de obras.

• Ahora bien, de la revisión del numeral 3.2 “Descripción General”, correspondiente al

siguiente información respecto de la categorización del proyecto:

• De la información consignada se aprecia que la Entidad identificó como especialidad

del proyecto “Saneamiento y afines” y como subespecialidades infraestructura para agua potable, infraestructura para alcantarillado y obras rurales, categorías que sí se encuentran contempladas en el listado aprobado por la DGA.

• En este punto, cabe traer a colación la Resolución Directoral N° 0016-2025EF/54.01,

mediante la cual la DGA aprobó el listado de subespecialidades y tipologías de obras y consultoría de obra en el marco de la Ley, categorizando la especialidad de saneamiento y afines en determinadas subespecialidades, las cuales se definen en función de la tipología de la obra o de la consultoría de obra correspondiente, conforme se detalla a continuación:

• En efecto, de la revisión de la Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01, se

advierte que la especialidad “Saneamiento y afines” comprende las siguientes subespecialidades:

• Infraestructura para agua potable.

ii. Infraestructura para alcantarillado.

iii. Infraestructura de tratamiento de aguas residuales y disposición final. iv. Infraestructura para drenaje pluvial.

• Obras rurales.

Cada una de estas subespecialidades comprende determinadas tipologías, conforme a la clasificación establecida por la DGA.

• Ahora bien, de la revisión del literal A del capítulo III de las bases administrativas

(publicadas con la convocatoria del procedimiento de selección), referido a la experiencia del postor en la especialidad, se advierte que la Entidad estableció determinadas condiciones para acreditar dicho requisito, conforme se aprecia a continuación: Bases administrativas Por su parte, en las bases integradas se consignó como especialidad “Saneamiento y afines”, como subespecialidad “Saneamiento urbano y rural” y como tipologías “Sistemas de agua potable y saneamiento rural y/o sistemas de agua potable y alcantarillado”.

Bases integradas

• Como se aprecia, las exigencias establecidas en las bases integradas no guardan

correspondencia con la clasificación prevista en el listado aprobado por la DGA. En particular, la denominación “Saneamiento urbano y rural” no constituye una subespecialidad reconocida dentro de la especialidad “Saneamiento y afines”; asimismo, las tipologías consignadas no reproducen las previstas en el referido listado. Por consiguiente, la Entidad no solo se apartó de la categorización que había identificado para el proyecto en la descripción general, sino que estableció requisitos de experiencia sustentados en otras de aquellas que debían emplearse obligatoriamente conforme al artículo 157 del Reglamento.

• La misma situación se advierte respecto del requisito de calificación referido a la

experiencia del personal clave. En efecto, de la revisión del literal B.2 del capítulo III de las bases administrativas e integradas, se aprecia que la Entidad exige experiencia para el residente de obra, el especialista en seguridad y salud ocupacional, el especialista ambiental y el especialista en calidad, conforme a las condiciones detalladas en dichas bases, tal como se aprecia a continuación:

Bases administrativas Bases integradas

• Al respecto, de la revisión de las bases administrativas se advierte que, para acreditar

la experiencia del personal clave, se admitieron referencias a obras de saneamiento, obras similares y/u obras en general, sin que se identifiquen las especialidades y subespecialidades correspondientes conforme al artículo 157 del Reglamento. Por su parte, si bien en las bases integradas se incorporó la especialidad “Saneamiento y afines”, las subespecialidades y tipologías exigidas para acreditar la experiencia del personal clave tampoco se ajustaron a aquéllas previstas en el listado aprobado por la DGA.

• En consecuencia, se advierte que la Entidad estableció requisitos de experiencia para

el postor y el personal clave sin observar la clasificación obligatoria de especialidades, subespecialidades y tipologías aprobada por la DGA. Esta situación generó una falta de correspondencia entre la categorización de la obra consignada en su descripción general y las condiciones exigidas para acreditar la experiencia en los requisitos de calificación.

• Ahora bien, corresponde precisar que el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento

establece las disposiciones aplicables a los requisitos de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional y a la experiencia del postor en la especialidad, en los siguientes términos: “72.3. Los requisitos de calificación son de cinco tipos: (…)

• Capacidad técnica y profesional: comprende la experiencia y calificaciones del

personal clave, así como el equipamiento estratégico y/o infraestructura estratégica del proveedor necesario para la ejecución del contrato. En el caso de obras y consultoría de obras, la experiencia del personal clave corresponde a la especialidad y subespecialidad acorde al artículo 157. Asimismo, tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC para la suscripción del contrato de acuerdo al literal g) del numeral 88.1 del artículo 88, siempre que no se trate de un procedimiento con precalificación o no se hayan elegido factores de evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional del personal clave, conforme a lo establecido en las bases estándar del procedimiento de selección.”

• Experiencia del postor en la especialidad: referida a la destreza adquirida por el

postor en el desempeño de las labores consideradas iguales o similares al objeto de contratación. En el caso de obras y consultoría de obras, dicha experiencia corresponde a la acreditada en la especialidad y subespecialidad conforme a lo dispuesto en el artículo 157”. (El resaltado es agregado).

• De las disposiciones citadas se desprende que, tratándose de procedimientos de

selección para la ejecución de obras y consultoría de obras, tanto la experiencia del personal clave como la experiencia del postor en la especialidad deben corresponder a las especialidades y subespecialidades previstas en el artículo 157 del Reglamento, el cual remite, a su vez, a la resolución directoral aprobada por la DGA. En tal sentido, no se trata de una clasificación facultativa que pueda ser sustituida por otras elaboradas discrecionalmente por la Entidad, sino de una exigencia normativa que debe observarse al establecer los requisitos de calificación.

• Bajo dicho marco normativo, la Entidad debía establecer los requisitos de experiencia

del postor y del personal clave tomando como referencia las especialidades, subespecialidades y tipologías aprobadas por la DGA, considerando para ello la naturaleza y características de la obra objeto de contratación. Asimismo, debía garantizar que las exigencias de experiencia fueran coherentes con la categorización previamente consignada en la descripción general del proyecto, de modo que los requisitos de calificación permitieran verificar efectivamente la experiencia relacionada con las prestaciones que serían objeto de contratación.

• Sin embargo, conforme se ha desarrollado precedentemente, las bases

administrativas e integradas no observaron tales exigencias. En efecto, mientras que en la descripción general del proyecto se identificaron subespecialidades reconocidas por la DGA, en los requisitos de calificación se incorporaron distintas, sin establecer una correspondencia clara con las subespecialidades y tipologías aplicables. Esta deficiencia no constituye una mera imprecisión terminológica, pues incide directamente en la determinación de la experiencia que debía acreditarse para cumplir los requisitos de calificación.

• En consecuencia, la actuación de la Entidad contravino los literales b) y c) del numeral

72.3 del artículo 72 del Reglamento, al no establecer los requisitos de experiencia del personal clave y del postor en la especialidad conforme a la clasificación prevista en el artículo 157 del mismo cuerpo normativo. Asimismo, se vulneró el principio de legalidad, previsto en el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, que exige que las actuaciones de los intervinientes en el proceso de contratación se desarrollen con sujeción a la Constitución, la Ley y el derecho, dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales fueron conferidas. De igual modo, se transgredieron los lineamientos de las bases estándar aplicables, que establecen la obligación de identificar la especialidad, subespecialidad y tipología de la obra, así como de incorporar dicha clasificación en los requisitos de calificación correspondientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 157 y el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. Ello supone, además, el incumplimiento del numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, que establece el uso obligatorio de las bases estándar por parte de los evaluadores.

• Cabe precisar que los vicios advertidos guardan relación directa con las materias

controvertidas en el presente procedimiento impugnativo, toda vez que parte de los cuestionamientos formulados se encuentra referido precisamente a la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad y del personal clave.

• Ahora bien, corresponde analizar los pronunciamientos de las partes y de la Entidad

sobre los vicios detectados. Así, respecto de los argumentos expuestos por la Entidad, corresponde señalar que el análisis de este Colegiado no se sustenta en la existencia de un favorecimiento indebido al Adjudicatario ni exige acreditar que las deficiencias advertidas hayan restringido efectivamente la concurrencia o alterado el resultado del procedimiento de selección. El cuestionamiento radica en que la Entidad estableció requisitos de calificación apartándose de la clasificación de especialidades y subespecialidades aprobada por la DGA y de las disposiciones obligatorias de las bases estándar. Por tanto, el hecho de que las reglas cuestionadas hayan sido aplicables a todos los participantes no subsana su contravención a la normativa. Asimismo, si bien las actividades de saneamiento, agua potable y alcantarillado guardan relación con el objeto de contratación, ello no habilita a la Entidad a establecer subespecialidades y tipologías distintas de las previstas en el listado aprobado por la DGA. La correspondencia material entre la experiencia exigida y la obra convocada no sustituye el cumplimiento de la clasificación normativa obligatoria, cuya finalidad es establecer criterios objetivos y uniformes para acreditar la experiencia del postor y del personal clave. Finalmente, respecto de la necesidad pública que motiva la ejecución de la obra y sus beneficios para la población, este Colegiado no desconoce su importancia; sin embargo, tales circunstancias no justifican que el procedimiento de selección continúe sobre la base de reglas contrarias a la normativa de contratación pública.

Por el contrario, la finalidad pública exige que la contratación se desarrolle con sujeción al marco legal, garantizando que el contratista y el personal propuesto acrediten la experiencia correspondiente a las subespecialidades aplicables a la obra, a fin de buscar que se garantice su idoneidad para la ejecución y participación en la obra. En consecuencia, mantener las reglas cuestionadas supondría convalidar requisitos de calificación que no se ajustan a la normativa, comprometiendo la legalidad del procedimiento y la adecuada satisfacción de la necesidad pública.

• Por su parte, el Consorcio Impugnante invocó el artículo 1 de la Ley, que establece

como finalidad maximizar el valor de los recursos públicos, garantizando contrataciones oportunas, de calidad y a precios adecuados. En ese sentido, considera que la actuación del Tribunal debe orientarse a preservar la finalidad pública de la contratación y el bienestar de la población beneficiaria. Al respecto, cabe señalar, garantizar el uso eficiente de los recursos públicos exige que la contratación se desarrolle con reglas claras y conformes al marco normativo, lo que comprende establecer requisitos de calificación que permitan verificar objetivamente la experiencia del postor y del personal clave. Asimismo, el Consorcio Impugnante citó la Resolución N° 01628-2025-TCE-S1, señalando que una deficiencia formal no justifica la nulidad cuando no afecta las condiciones sustanciales de la contratación ni la competencia efectiva. Sobre el particular, corresponde precisar que el presente caso no versa sobre una deficiencia formal, sino sobre el incumplimiento de disposiciones normativas que regulan la determinación de los requisitos de calificación en obras, específicamente, la obligación de establecer los requisitos de calificación experiencia del postor en la especialidad y de experiencia del personal clave conforme a las especialidades y subespecialidades previstas en el artículo 157 del Reglamento. Dicha deficiencia incide directamente en las condiciones que debían cumplir los postores para acreditar su experiencia y, por tanto, en las reglas que sustentaron la calificación de las ofertas. En consecuencia, el criterio invocado no resulta aplicable al presente caso, pues los vicios advertidos tienen incidencia en la legalidad del procedimiento de selección. Finalmente, el Consorcio Impugnante sostuvo que la etapa de formulación e integración de bases precluyó sin que los participantes cuestionaran oportunamente la nomenclatura utilizada mediante consultas, observaciones o impugnaciones. Por ello, solicita que se aplique el principio de conservación de los actos administrativos y se emita pronunciamiento sobre el fondo del recurso de apelación. Al respecto, el hecho de que los participantes no hayan cuestionado oportunamente las deficiencias de las bases no convalida su legalidad ni impide que este Colegiado, en ejercicio de sus atribuciones, declare de oficio los vicios de nulidad que contravengan la normativa de contratación pública. Más aún, en el presente caso, los cuestionamientos formulados en el recurso de apelación se encuentran directamente relacionados con la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad y del personal clave, aspectos respecto de los cuales se han identificado precisamente las deficiencias advertidas.

• A su turno, el Adjudicatario sostuvo que las bases estándar aplicables a la Licitación

Pública Abreviada para Obras exigen consignar las especialidades, subespecialidades y tipologías en el numeral 3.2 “Descripción general” del requerimiento y en el literal A “Experiencia del postor en la especialidad”. Al respecto, si bien en el numeral 3.2 “Descripción general” la Entidad identificó la especialidad y las subespecialidades del proyecto conforme al listado aprobado por la DGA, dicha circunstancia no subsana la deficiencia advertida en el literal A “Experiencia del postor en la especialidad”, en el cual se incorporaron subespecialidades que no se encuentran reconocidas en dicho listado. Esta situación resulta relevante, toda vez que la experiencia del personal clave también debía corresponder a la especialidad y subespecialidad previstas en el artículo 157 del Reglamento, por lo que la falta de correspondencia entre la categorización de la obra y los requisitos de calificación comprometió la determinación de la experiencia que debía acreditarse. De igual manera, el Adjudicatario solicitó la conservación de los actos del procedimiento, al considerar que no se omitió información trascendente ni se generó confusión o incertidumbre entre los postores al momento de formular sus ofertas. Sobre el particular, contrariamente a lo señalado por el Adjudicatario, la deficiencia advertida no constituye una omisión irrelevante ni una imprecisión formal, pues se incorporaron requisitos de experiencia sustentados en subespecialidades no previstas en la clasificación aprobada por la DGA; por tanto, los postores formularon sus ofertas sobre la base de reglas defectuosas.

Como sustento, el Adjudicatario citó la Resolución N° 03034-2026-TCP-S1, señalando que la nulidad resulta procedente cuando el defecto advertido genera incertidumbre o falta de claridad respecto de la documentación necesaria para acreditar un requisito, dificultando la presentación uniforme de las ofertas. Al respecto, cabe precisar que el vicio advertido en el presente caso no se limita a la falta de claridad sobre la documentación que debía presentarse, sino que radica en la propia determinación de los requisitos de calificación, al haberse establecido subespecialidades distintas de aquellas aprobadas por la DGA. Por consiguiente, el criterio invocado no desvirtúa los vicios advertidos ni justifica la conservación de los actos, toda vez que su corrección requiere reformular los requisitos de calificación y, por ende, las reglas que rigieron la calificación de las ofertas.

• Ahora bien, este Colegiado considera que los vicios advertidos tienen carácter

trascendente, toda vez que la falta de correspondencia entre las subespecialidades y tipologías de la obra y aquellas establecidas para acreditar la experiencia del postor y del personal clave genera incertidumbre respecto del alcance de los requisitos de calificación. En particular, la utilización de otras que no se encuentran previstas en el listado aprobado por la DGA, así como la admisión de referencias genéricas a obras similares u obras en general, impide determinar con claridad qué experiencia resulta pertinente para acreditar la capacidad del postor y de los profesionales propuestos en relación con la naturaleza específica de la obra. De esta manera, las reglas establecidas pudieron permitir la acreditación de experiencia que no necesariamente guarda correspondencia con las subespecialidades y tipologías requeridas para la ejecución de la obra, afectando la objetividad de la calificación y la posibilidad de verificar que los postores y el personal clave cuenten con la experiencia exigida que permita corroborar su idoneidad en la ejecución de la obra que se pretende ejecutar. Por tales razones, el vicio advertido no puede considerarse conservable, pues su corrección incide en las propias reglas de participación y calificación del procedimiento de selección.

• Cabe reiterar que las bases estándar contienen disposiciones de obligatorio

cumplimiento para las Entidades al momento de elaborar las bases de los procedimientos de selección, conforme a lo establecido en el numeral 55.3 del

artículo 55 del Reglamento.

Asimismo, este Tribunal ha señalado reiteradamente que las bases administrativas e integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, en función de las cuales se verifica el cumplimiento de los requisitos para la admisión, evaluación y calificación de las ofertas. En consecuencia, tanto la Entidad como los participantes y postores se encuentran vinculados por dichas disposiciones, por lo que resulta indispensable que estas sean elaboradas con claridad, coherencia y sujeción a la normativa vigente.

• En ese sentido, las deficiencias identificadas evidencian una incorrecta elaboración de

las reglas del procedimiento de selección, en contravención de las bases estándar aplicables, del numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento y del principio de transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley. En efecto, dicho principio exige que las Entidades proporcionen reglas y criterios claros y accesibles, así como información coherente que permita a los participantes comprender las condiciones del procedimiento y formular sus ofertas sobre la base de exigencias objetivas y previamente determinadas. Sin embargo, en el presente caso, la falta de correspondencia entre la categorización de la obra y los requisitos de experiencia establecidos impidió contar con reglas uniformes y claras para determinar qué experiencia resultaba admisible, situación que pudo incidir en las decisiones de los participantes al momento de preparar y presentar sus ofertas.

• En atención a lo expuesto, corresponde tener en cuenta que los numerales 70.1 y 70.2

del artículo 70 de la Ley disponen que el Tribunal declarará la nulidad de los actos emitidos cuando estos hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita en la normativa aplicable, debiendo precisarse en la resolución la etapa a la cual se retrotraerá el procedimiento. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, son causales de nulidad de los actos administrativos, los mismos que no son conservables4.

• En esa línea, resulta necesario precisar que la nulidad constituye una figura jurídica

destinada a dotar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, de una herramienta legítima para sanear el procedimiento de selección frente a irregularidades que vicien la contratación, con la finalidad de garantizar un proceso transparente y conforme a la normativa vigente. La anulación del acto administrativo puede tener origen tanto en acciones u omisiones de la propia Administración como de otros participantes del procedimiento, siempre que tales actuaciones incidan en la decisión final adoptada. Asimismo, es menester reiterar que el procedimiento administrativo se rige por principios que el legislador ha considerado esenciales, tanto para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados, como para controlar la discrecionalidad administrativa en la interpretación normativa, la integración jurídica frente a vacíos y la emisión de regulaciones complementarias. De igual modo, debe recalcarse que el análisis realizado por este Tribunal parte de la premisa de que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas es que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un marco que garantice la satisfacción efectiva y oportuna de los fines públicos.

• Por estas consideraciones, y al amparo de lo dispuesto en el literal d) del numeral

313.1 del artículo 313 del Reglamento, así como en el artículo 70 de la Ley, en concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG, habiéndose verificado que los vicios advertidos —contravención de normas legales— afectan sustancialmente la validez del procedimiento de selección, corresponde declarar su nulidad y disponer que este se retrotraiga hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases administrativas, para lo cual la Entidad debe considerar lo siguiente:

• La obra debe categorizarse identificando expresamente la especialidad,

subespecialidades y tipologías que correspondan, conforme a lo previsto en el

artículo 157 del Reglamento y el listado aprobado mediante Resolución

Directoral N° 0016-2025-EF/54.01. Dicha clasificación deberá incorporarse de 4 Cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el inicio 2 del citado artículo, en concordancia con el artículo 14 de la LPAG, solo serán conservables cuando el vicio del acto administrativo, por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente.

manera coherente en los requisitos de calificación referidos a la experiencia del postor en la especialidad y experiencia del personal clave, de conformidad con los literales b) y c) del numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. ii. La Entidad debe verificar que las exigencias de experiencia del postor y experiencia del personal clave guarden correspondencia con las subespecialidades y tipologías aplicables a la obra objeto de contratación, evitando incorporar distintas de las previstas en el listado aprobado por la DGA o referencias genéricas que desvirtúen la clasificación normativa exigida. iii. Con ocasión de la reformulación de las bases, la Entidad debe verificar que las demás disposiciones del requerimiento y de los requisitos de calificación se encuentren adecuadas a las bases estándar vigentes y a la normativa de contratación pública aplicable, a fin de evitar la incorporación de nuevas deficiencias que puedan comprometer la validez del procedimiento de selección y retrasar la atención de la necesidad pública que se busca satisfacer con la ejecución de la obra.

• Por otro lado, en atención a lo dispuesto en el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO

de la LPAG, corresponde poner la presente resolución en conocimiento del titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, a efectos de que tomen conocimiento de los vicios advertidos y, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten las acciones que estimen pertinentes. Asimismo, corresponde exhortar al comité y a las áreas responsables de la elaboración de las bases a que, en lo sucesivo, observen estrictamente las disposiciones de la normativa de contratación pública y las bases estándar aplicables, a fin de evitar que se reiteren deficiencias de esta naturaleza.

• Finalmente, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo

315 del Reglamento, y considerando que este Tribunal declarará la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Consorcio Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. Cuestión de interés público

• Sin perjuicio de la decisión adoptada, cabe señalar que el Consorcio Impugnante

comunicó a este Colegiado hechos vinculados con la presentación de información inexacta por parte del Adjudicatario.

• Al respecto, este Colegiado precisa que, atendiendo a la relevancia de los hechos

puestos en conocimiento del Tribunal y considerando que la fiscalización posterior constituye una potestad de la Entidad destinada a verificar la autenticidad y veracidad de la documentación presentada por los postores durante los procedimientos de selección, corresponde comunicar dichos hechos a la Entidad para que, en el ámbito de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes.

• En consecuencia, se dispone que la Entidad continúe con las acciones de fiscalización

posterior respecto de los siguientes documentos presentados por el Adjudicatario: ➢ Certificado de conformidad de servicio de fecha 27 de abril de 2023, emitido por el Consorcio Cedro y suscrito por el señor Rogers Hugo Gutarra Común en calidad de representante común. ➢ Certificado de fecha 14 de diciembre de 2018, emitido por el Consorcio Supervisor Atuna y suscrito por el señor Carlos Pillaca Vilcatoma en calidad de representante legal. ➢ Certificado de fecha 30 de noviembre de 2016, emitido por el Consorcio Consultoría de Obras y suscrito por la señora Nancy Gamboa Palomino en calidad de representante legal. ➢ Certificado de fecha 19 de octubre de 2013, emitido por el Consorcio BWE Pockras S.A.C. y suscrito por el señor Wilber Flores Martínez en calidad de gerente general. ➢ Certificado de trabajo de fecha 25 de febrero de 2024, emitido por el Consorcio Challs Impanekiari y suscrito por el señor Henry Gutiérrez Fuente en calidad de representante común. ➢ Certificado de fecha 12 de noviembre de 2025, emitido por el Consorcio Jesús María y suscrito por la señora Mary Carmen Pumahuallcca Llactahuaman en calidad de representante común. En ese sentido, la Entidad debe remitir a este Tribunal, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente pronunciamiento, un informe detallado sobre las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos como consecuencia de la fiscalización posterior efectuada respecto de los citados documentos.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Alfredo Quispe Crovetto, y con la intervención de los Vocales Lupe Mariella Merino de la Torre y Jimy Robert Ureta Aquino, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la nulidad de oficio de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 003-2026-

MDH/C-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Hualla, para la “Contratación para la ejecución de la obra: Creación del servicio de agua potable rural y creación del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en la localidad de Accobamba distrito de Hualla de la provincia de Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho, con CUI N° 2661287”, debiendo retrotraerse a su etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases administrativas, para lo cual se deben aplicar los lineamientos establecidos en la normativa de contratación pública y en la presente resolución; por los fundamentos expuestos.

• Devolver la garantía presentada por el Consorcio Saneamiento del Sur, integrado por

las empresas Coninsa Corp S.A.C. y Servicios Especializados Mr Ancash S.R.L., para la interposición de su recurso de apelación.

• Poner la presente resolución en conocimiento del titular de la Entidad y del Órgano

de Control Institucional para la adopción de las acciones que resulten pertinentes.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de la oferta de la Empresa de

Servicios de Transporte de Carga Pesada Luz de Luna E.I.R.L., debiendo informar al Tribunal, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, los resultados obtenidos como consecuencia de dicha fiscalización, conforme a lo señalado en el fundamento 48 del presente pronunciamiento.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Merino de la Torre. Quispe Crovetto. Ureta Aquino.

JIMY ROBERT URETA

AQUINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JORGE ALFREDO QUISPE

CROVETTO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

LUPE MARIELLA MERINO DE LA

TORRE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE