Resolución N.° 9743-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) es importante señalar que, para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho que produzca convicción suficiente.” Lima, 11 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 11 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 0456-2015-TCP, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra las empresas SERVICIOS PERUANOS CONSTRUCTIVOS S.A.C. (con RUC N° 20506002207), JORGE ENRIQUE RAMOS REYES S.A. (con RUC N° 20122484310), y el señor VASQUEZ ANGELES MEDARDO NESTOR (con RUC N° 10097515358), integrantes del CONSORCIO INTEGRAL, por su presunta responsabilidad al haber participado en el procedimiento de selección y/o suscrito contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), y haber dado lugar a la resolución del Contrato N° 042-2013-A/MDY del 15 de julio de 2013, derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 003-2013-CE/MDY, derivada de la Licitación Pública N° 004-2012-CE/MDY, convocada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACYACU para la ejecución de la obra “Mejoramiento de los Servicios Educativos y Capacitación Docente de la I.E. N° 00543, distrito de Yuracyacu, provincia de Rioja, región San Martín”; infracciones tipificadas en los literales

• y b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada

por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• Mediante Acuerdo N° 329-2015-TCE-S4 del 30 de abril de 20151, se dispuso, entre

otros2, iniciar procedimiento administrativo sancionador contra las empresas SERVICIOS PERUANOS CONSTRUCTIVOS S.A.C. (con RUC N° 20506002207), JORGE ENRIQUE RAMOS REYES S.A. (con RUC N° 20122484310), y el señor VASQUEZ ANGELES MEDARDO NESTOR (con RUC N° 10097515358), integrantes del CONSORCIO INTEGRAL, en adelante el Consorcio, por su supuesta responsabilidad 1 Obrante a folio 260 a 270 del expediente administrativo. 2 En el referido acuerdo también se dispuso no iniciar procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por la presunta infracción del literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

al haber dado lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte; y, participar en el proceso de selección o suscribir contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 003-2013-CE/MDY, derivada de la Licitación Pública N° 004-2012-CE/MDY, para la ejecución de la obra “Mejoramiento de los Servicios Educativos y Capacitación Docente de la I.E. N° 00543, distrito de Yuracyacu, provincia de Rioja, región San Martín”, con un valor referencial de S/ 9’682,836.09 (nueve millones seiscientos ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis con 09/100 soles), en adelante el procedimiento de selección, convocado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACYACU, en adelante la Entidad, infracciones tipificadas en los literales b) y e) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en adelante el Reglamento. Dicho Acuerdo dispuso notificar a los integrantes del Consorcio para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos. Finalmente, resolvió suspender el procedimiento y el plazo de prescripción, hasta que el Tribunal tome conocimiento del resultado definitivo del proceso arbitral seguido entre las partes. Como sustento para disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado (hoy Tribunal de Contrataciones Públicas), en adelante el Tribunal, valoró la denuncia realizada por la Contraloría General de la República, mediante Oficio N° 1109-2014-CG/SGE del 17 de diciembre de 2014, presentado el 18 de febrero de 20153; y, el Informe Técnico Legal s/n4 en el que se señaló, en síntesis, lo siguiente: (i) el Consorcio habría presentado cartas fianza emitidas por una entidad no autorizada; (ii) habría dado lugar a la resolución del Contrato de Ejecución de Obra N° 042-2013-A/MDY, en lo sucesivo el Contrato, por incumplimiento de obligaciones esenciales y que fue aprobada por la Entidad mediante Resolución de Alcaldía N° 0142-2014-MDY del 24 de noviembre de 2014, encontrándose la controversia en proceso arbitral; y (iii) la empresa JORGE ENRIQUE RAMOS REYES S.A. no contaba con inscripción vigente en el RNP al momento de registrarse ni al presentar propuestas, 3 Obra folio 1 del expediente administrativo. 4 Obra a folio 36 al 41 del expediente administrativo.

incurriendo así en las infracciones establecidas en los literal b) y e) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

• Por Escrito del 25 de mayo de 20155, presentado en la misma fecha ante el Tribunal

y subsanado con Escrito N° 1 (registro N° 7477) el señor MEDARDO NÉSTOR VÁSQUEZ ÁNGELES, se apersonó al presente procedimiento y formuló sus descargos en los siguientes términos:

• Resaltó que la Entidad no siguió el procedimiento de resolución contractual

conforme establece la norma, pues no existió apercibimiento previo para el cumplimiento de las presuntas obligaciones incumplidas.

• Por el contrario, el Consorcio sí cumplió con seguir las formalidades exigidas

para la resolución del Contrato, dado que con Carta Notarial N° 068- 2014- C.I. de fecha 10 de noviembre de 2013 (recibida el 12 de noviembre de 2014), planteo el “apercibimiento de resolución de contrato” sustentando la causal y señalando plazos de ley, para que la Entidad cumpla con los impagos de sucesivas valorizaciones, notificadas debidamente por la Notaria Neira Salomón. Asimismo, con Carta Notarial N° 073-2014/CI de fecha 28 de noviembre de 2014 (recibida el mismo día), comunicaron a la Entidad la Resolución del Contrato.

• El 15 de diciembre del 2014 con presencia de una Notaria de la Provincia de

Rioja, la señora ELSA GELINA ABAD DE ACOSTA se realizó el “acta de constatación de materiales, bienes e inventario de obra”.

• Sin perjuicio de ello indicó que la resolución del Contrato formulado por la

Entidad se encuentra en proceso de arbitraje y a la espera de pronunciamiento final.

• Por otro lado, destacaron que la empresa JORGE ENRIQUE RAMOS REYES

S.A. estaba habilitada por el RNP para ser participante y postor desde el 22 de junio hasta el 9 de julio de 2013 y para ser contratista desde el 5 de julio de 2013, por lo que el Contrato, suscrito el 15 de julio de 2013, se perfeccionó dentro de su vigencia. 5 Obra a folio 363 al 367 del expediente administrativo.

• Considerando lo señalado no corresponde la imposición de sanción en su

contra.

• Por Escrito6 presentado el 26 de mayo de 2015 ante el Tribunal y subsanado con

Escrito N° 1 (registro N° 7528) la empresa SERVICIOS PERUANOS CONSTRUCTIVOS S.A.C., se apersonó al presente procedimiento y formuló sus descargos en los siguientes términos:

• Sostuvo que la Entidad resolvió el Contrato mediante la Resolución de

Alcaldía N° 0142-2014-MDY sin haber cumplido el procedimiento del artículo 169 del Reglamento, mientras que el Consorcio sí requirió a la Entidad, mediante Carta Notarial N° 068-2014-C.I. (diligenciada el 12 de noviembre de 2014), el pago de las valorizaciones adeudadas bajo apercibimiento de resolver el Contrato, y luego lo resolvió mediante Carta Notarial N° 73- 2014/CI (recibida el 28 de noviembre de 2014); además, que la controversia fue sometida a arbitraje encontrándose pendiente de emisión de laudo

• Se encontraban habilitados para poder participar en el procedimiento de

selección a la fecha de la presentación de su propuesta que fue el 26 de junio de 2013, pues contaban con inscripción vigente en el RNP desde el 22 de junio al 9 de julio de 2013.

• Asimismo, destacó que cuentan vigencia para ser contratistas a partir del 5

de julio de 2013, con lo cual al firmarse el Contrato recién el 15 de julio de 2013, queda claro que contaban con vigencia en el RNP, por lo que no corresponde imponer sanción alguna.

• Por Escrito7 presentado el 26 de mayo de 2015 ante el Tribunal, la empresa JORGE

ENRIQUE RAMOS REYES S.A. se apersonó al presente procedimiento y formuló sus descargos, haciendo suyos los argumentos vertidos por el señor MEDARDO NÉSTOR VÁSQUEZ ÁNGELES en su escrito del 25 de mayo de 2015.

• Mediante Escrito del 14 de noviembre de 20168, la empresa JORGE ENRIQUE

RAMOS REYES S.A. adjuntó copia legalizada del Oficio N° 112-2016/SSIR/FPP del 6 Obra a folio 279 al 289 del expediente administrativo. 7 Obra a folio 372 al 289 del expediente administrativo. 8 Obrante a folio 413 del expediente administrativo.

14 de noviembre de 20169, de la Subdirección de Servicios de Información Registral y Fiscalización del Proveedor del OSCE, en el que se informó que dicha empresa contó con inscripción vigente para ser participante, postor y contratista del 5 al 31 de julio de 2013, por lo que a la fecha de suscrito el Contrato, es decir al 15 de julio de 2013 contaba con vigencia en el RNP, con lo cual no corresponde imponer sanción administrativa.

• A través de diversos Decretos (entre otros, los del 8 y 14 de junio de 2017, 8 de

febrero y 9 de mayo de 2019 y 25 de octubre de 2023), el Tribunal requirió a la Entidad, a la Secretaría Arbitral y al Presidente del Tribunal Arbitral que informen el estado y resultado del proceso arbitral signado como Expediente N° 1663-2014 y remitan, de ser el caso, el laudo arbitral definitivo.

• Con Carta N° 01-2023 del 7 de noviembre de 202310, el Presidente del Tribunal

Arbitral informó que con fecha 17 de mayo de 2019, se emitió el laudo de derecho en el proceso arbitral seguido por Consorcio y la Entidad (Contrato N° 042-2013- A/MDY); y, que en fecha 29 de diciembre de 2020, se procedió a emitir la Resolución que resolvió los pedidos contra el laudo, con lo cual concluyeron las labores del Tribunal Arbitral. Asimismo, agregó que la Entidad no había registrado en el SEACE los nombres y apellidos completos de los árbitros, por lo que no era posible registrar el laudo.

• Por Carta N° 01-2024 del 17 de junio de 202411, la señora Claudia Elorieta Muñiz

en su calidad de secretaria Arbitral Ad Hoc, remitió copia del laudo de derecho emitido con fecha 17 de mayo de 2019, en el proceso arbitral seguido por el Consorcio y la Entidad, así como la resolución N° 36 del 29 de diciembre de 2020, por la cual se emitió la resolución que resolvió todos los pedidos contra el laudo.

• Con Memorando N° D000292-2024-OSCE-DAR la Dirección Arbitral del OSCE12

informó que el proceso arbitral concluyó con la emisión de la Resolución N° 34 del 17 de mayo de 2019 (Laudo Arbitral de Derecho) y de la Resolución N° 36 del 29 de diciembre de 2020.

• Mediante Decretos del 3 de diciembre de 2024, 28 de mayo y 10 de septiembre de

9 Obrante a folio 416 del expediente administrativo. 10 Obrante a folio 505 del expediente administrativo. 11 Obrante a folio 517 del expediente administrativo. 12 Obrante a folio 578 del expediente administrativo.

2025, 4 de febrero, 16 de marzo, 26 de abril y 11 de junio de 2026, el Tribunal, al advertir que el laudo no había sido registrado en el SEACE, mantuvo la suspensión del procedimiento y requirió su registro (solicitado por Decretos del 3 de diciembre de 2024, 28 de mayo y 10 de septiembre de 2025, 4 de febrero, 16 de marzo, abril y 11 de junio de 2026).

• A través del Escrito del 19 de febrero de 202613 el señor Patrick Hurtado Tueros en

su calidad de Arbitro informó que la Entidad continuaba sin registrar en el SEACE los nombres y apellidos completos de los integrantes del Tribunal Arbitral, lo cual impide ingresar el laudo en el SEACE.

• Por Escrito 22 de junio de 202614, el señor Patrick Hurtado Tueros en su calidad de

Arbitro informó que luego de revisado la plataforma del SEACE, se identificó que, a dicha fecha, la Entidad había cumplido con la inscripción del Tribunal Arbitral; y, en consecuencia, se procedió a registrar en el sistema tanto el Laudo Arbitral como la Resolución N°36, la cual resuelve los pedidos contra el laudo.

• Con Decreto del 7 de agosto de 2026, se dio cuenta del escrito mediante el cual el

Presidente del Tribunal Arbitral informó que registró en el SEACE el Laudo Arbitral del 17 de mayo de 2019 (Resolución N° 34) y la Resolución N° 36 del 29 de diciembre de 2020, constatándose que ambos fueron publicados el 19 de junio de 2026; en consecuencia, se dispuso remitir el expediente a disposición de la Cuarta Sala, efectivizándose el pase al vocal el 11 de agosto de 2026.

• Por Decreto del 17 de septiembre de 2026, a fin de contar con mayores elementos

de juicio, se requirió a la Entidad que, en el plazo de dos (2) días hábiles, remita copia de la carta notarial -con su certificado notarial de diligenciamiento- mediante la cual requirió al Consorcio el cumplimiento de sus obligaciones bajo apercibimiento de resolver el Contrato, y copia de la carta notarial -con su certificado notarial de diligenciamiento- mediante la cual le comunicó la resolución del Contrato, comunicándose dicho requerimiento al Órgano de Control Institucional. No obstante, a la fecha, no obra en el expediente respuesta de la Entidad.

II. FUNDAMENTACIÓN:

13 Obrante a folio 591 del expediente administrativo. 14 Obrante a folio 603 del expediente administrativo.

• El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para

determinar la presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte; y, participar en el proceso de selección o suscribir contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el marco del procedimiento de selección, infracciones tipificadas en los literales b) y e) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. Normativa aplicable

• En el presente caso, se observa que el procedimiento de selección fue convocado

el 12 de junio de 2013, esto es cuando se encontraban vigentes la Ley y el Reglamento. En consecuencia, para analizar el procedimiento de resolución contractual, el sometimiento de controversias en la etapa de ejecución y la exigencia de inscripción vigente en el RNP, se aplicará dicha normativa.

• Por otro lado, el numeral 5 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece que la potestad sancionadora se rige por las disposiciones vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado.

• En ese sentido, se aplicarán la Ley y el Reglamento, por ser las normas vigentes al

momento de los hechos (junio de 2013 a noviembre de 2014); sin perjuicio de ello, de advertirse que alguna norma posterior resulte más beneficiosa, corresponderá tomar en consideración aquella en virtud del principio de retroactividad benigna. Respecto de la infracción consistente en dar lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible al Contratista Naturaleza de la infracción

• El literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía que se impone

sanción administrativa a los contratistas que den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible a su parte.

• Con respecto a ello, el artículo 40, literal c), de la Ley disponía que la Entidad podía

resolver el contrato ante el incumplimiento del contratista de obligaciones previamente observadas y no subsanadas, mediante la remisión por vía notarial del documento que manifieste la decisión y su motivo, quedando el contrato resuelto de pleno derecho desde la recepción de dicha comunicación; igual derecho asistía al contratista ante el incumplimiento de obligaciones esenciales de la Entidad, siempre que la haya emplazado mediante carta notarial. Asimismo, el artículo 168 del Reglamento regulaba las causales por las que la Entidad podía resolver el contrato (incumplimiento injustificado de obligaciones pese a haber sido requerido; acumulación del monto máximo de penalidad; paralización o reducción injustificada de la prestación pese a haber sido requerido).

• El artículo 169 establecía el procedimiento: la parte perjudicada debe requerir a la

otra, mediante carta notarial, para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que en ningún caso supera los quince (15) días y que se otorga necesariamente en el caso de obras; vencido el plazo sin que se cumpla, la parte perjudicada puede resolver el contrato mediante carta notarial, quedando resuelto de pleno derecho desde su recepción. Solo no se requería el apercibimiento previo cuando la resolución se debía a la acumulación del monto máximo de penalidades o cuando el incumplimiento no pudiera ser revertido, supuestos en los cuales bastaba comunicar la decisión por carta notarial. Adicionalmente, el artículo 209 exigía que la carta de resolución de obra indique la fecha y hora de la constatación física e inventario con una anticipación no menor de dos (2) días.

• Por otra parte, el artículo 170 del Reglamento establecía que cualquier

controversia relacionada con la resolución del contrato podía ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución, vencido el cual, sin haberse iniciado ninguno de dichos procedimientos, la resolución quedaba consentida.

• De acuerdo con lo señalado, para la configuración de la infracción deben concurrir,

necesariamente, los siguientes requisitos: (i) que el contrato haya sido resuelto por la Entidad por causal atribuible al contratista, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley y el Reglamento; y (ii) que dicha decisión haya quedado consentida o firme, es decir, que no haya sido sometida oportunamente a conciliación o arbitraje o que, habiéndolo sido, se haya confirmado la decisión resolutiva. En esa línea, para que la infracción se configure, es menester que se haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De lo contrario, aun cuando existan incumplimientos contractuales, la conducta no puede ser sancionada, debiendo asumirse la responsabilidad correspondiente respecto de tal situación. Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. Configuración de la infracción. Sobre el procedimiento formal de resolución contractual

• De manera previa, cabe indicar que, de acuerdo con el criterio establecido en el

Acuerdo de Sala Plena N° 002-2022/TCE publicado el 7 de mayo de 2022, en los casos en los que ambas partes hayan iniciado el procedimiento de resolución de contrato y que finalmente hayan determinado la resolución, de forma anterior, paralela o sucesiva, el Tribunal debe verificar que las partes hayan seguido el procedimiento conforme a lo establecido en el Reglamento, según corresponda; constado ello, se determinará si la resolución del contrato se encuentra consentida, a fin de identificar cuál de las partes resolvió primero conforme al procedimiento regular. De igual manera establece que, en caso se encuentren consentidas ambas resoluciones contractuales, la primera resolución del contrato debidamente notificada, genera como consecuencia la conclusión contractual y, por ende, debe ser considerada válida, a efectos de esclarecer si corresponde atribuir responsabilidad administrativa al contratista.

• Sobre el particular, cabe precisar que de la documentación obrante en el

expediente administrativo, así como de lo manifestado por el Consorcio en sus respectivos descargos, se aprecia que tanto la Entidad como el Consorcio habrían resuelto el Contrato; por lo tanto, deberá analizarse el procedimiento seguido por cada uno de ellos a efectos de verificar que hayan observado el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para determinar si se ha configurado la referida infracción. Por tanto, corresponde analizar, de manera previa, la decisión resolutiva comunicada por el Consorcio, conforme al orden cronológico de los hechos. Sobre la resolución efectuada por el Consorcio

• Sobre el particular, obra en el expediente la Carta Notarial N° 068-2014-C.I. del 10

de noviembre de 201415, mediante la cual el Consorcio requirió a la Entidad el cumplimiento de sus obligaciones —el pago de las valorizaciones de obra de agosto de 2013 a setiembre de 2014, entre otras— en el plazo de quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el Contrato conforme al artículo 169 del Reglamento, la cual se reproduce a continuación: 15 Obrante a folio 333 del expediente administrativo.

• Dicha carta fue registrada ante el notario David Alfredo Neira Salomón (kardex N°

245/CN) y recibida en la Mesa de Partes de la Entidad, en el domicilio contractual, el 12 de noviembre de 2014, conforme a la certificación notarial16, la cual se observa a continuación: 16 Obrante a folio 334 del expediente administrativo.

• Vencido el plazo de quince (15) días calendario, el 27 de noviembre de 2014, y

persistiendo el incumplimiento, el Consorcio cursó la Carta Notarial N° 73-2014/CI del 28 de noviembre de 201417, recibida por la Entidad el mismo día (véase registro de Mesa de Partes N° 2643 del 28 de noviembre de 2014, sello de registro notarial kardex N° 265 y cargo de recepción de la Entidad), mediante la cual resolvió el Contrato de pleno derecho en forma total y fijó el 3 de diciembre de 2014 a las 9:00 a.m. como fecha y hora de la constatación física e inventario de la obra, con intervención de notario, conforme se aprecia a continuación: 17 Obrante a folio 337 del expediente administrativo.

• Cabe precisar que ambos documentos fueron cursados en el domicilio consignado

por la Entidad en la parte introductoria del Contrato suscrito, sito en: “Jr. San Francisco N° 308 distrito de Yuracyacu”, el mismo que también se consigna en la cláusula vigésima segunda de dicho contrato referida al domicilio consignado para efectos de la ejecución contractual.

• Cabe agregar que la causal de resolución invocada es la correspondiente al

presunto incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la Entidad.

• Estando a lo reseñado, se aprecia que el Consorcio resolvió el Contrato conforme

a lo establecido en la Ley y el Reglamento, la cual tuvo lugar el 28 de noviembre de 2014.

• Cabe agregar que en el presente caso no obran elementos de prueba que permitan

acreditar que la decisión resolutoria del Consorcio fuese sometida a arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles que establece la normativa aplicable; por el contrario, se ha advertido la existencia de un proceso arbitral seguido por el Consorcio, el cual será abordado en el apartado pertinente. En ese sentido, a continuación, corresponde analizar el procedimiento seguido por la Entidad para resolver el Contrato. Sobre la resolución efectuada por la Entidad

• En este punto, la Entidad manifestó que mediante Resolución de Alcaldía N° 0142-

2014-MDY del 24 de noviembre de 201418, se aprobó la resolución del Contrato por supuestos incumplimientos del Consorcio (no contar con el personal ofertado en la propuesta técnica, desabastecimiento de materiales y reducción injustificada del avance de obra), la cual se reproduce en su parte pertinente a continuación: 18 Obrante a folio 300 del expediente administrativo.

• No obstante, es menester precisar que de la revisión de los documentos remitidos

por la Entidad y de los demás que obran en el expediente administrativo, no se advierte que la Entidad haya cursado al Consorcio una carta notarial de requerimiento de cumplimiento bajo apercibimiento de resolver el Contrato.

• En efecto, las cartas y notificaciones citadas en la propia Resolución de Alcaldía N°

0142-2014-MDY provienen de la supervisión de obra y son comunicaciones internas o dirigidas a la Entidad, que no suplen el requerimiento notarial exigido por el artículo 169 del Reglamento. Tampoco la resolución invoca que el incumplimiento no pudiera ser revertido, supuesto que habría habilitado omitir el requerimiento previo.

• Aunado a ello, si bien el artículo quinto de la Resolución de Alcaldía N° 0142-2014-

MDY dispuso notificarla por vía notarial al Consorcio, no obra en el expediente la carta notarial referida.

• Dicha circunstancia conllevó a que dicho documento fuera solicitado a la Entidad

mediante el Decreto del 17 de septiembre de 2026; sin embargo, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento no ha sido remitido.

• Cabe indicar, además, que el propio Consorcio en sus descargos ha cuestionado

dicha resolución por no haber seguido el procedimiento del artículo 169 del Reglamento.

• En consecuencia, no habiéndose acreditado que la Entidad haya requerido

notarialmente el cumplimiento de obligaciones ni que haya comunicado notarialmente la resolución del Contrato, se concluye que la Entidad no resolvió el Contrato conforme al procedimiento establecido en la Ley y el Reglamento, por lo que dicha decisión no puede ser considerada una resolución válida para efectos de atribuir responsabilidad administrativa al Consorcio.

• Sin perjuicio de lo expuesto, se ha evidenciado en el presente procedimiento que

el Consorcio formuló una demanda arbitral en contra de la decisión resolutiva de la Entidad, por lo que a continuación se procederá a verificar lo resuelto en dicha instancia. Sobre el consentimiento o firmeza de la resolución contractual

• Cabe destacar que el tipo infractor imputado, compromete que, para la

determinación de la configuración de la conducta, se debe verificar que la decisión de resolver el contrato ha quedado consentida por no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo previsto en la normativa.

• Así, el artículo 170 del Reglamento establecía que el plazo para iniciar cualquier

mecanismo de solución de controversias relacionado a la resolución contractual era de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entendía que la resolución del contrato había quedado consentida.

• Al respecto, se debe precisar que en el caso de autos no ha quedado acreditada la

notificación de la resolución del Contrato formulada por la Entidad al Consorcio, ello con el objeto de determinar si este último sometió dicha decisión a conciliación o arbitraje dentro del plazo establecido por la norma. Sin perjuicio de lo señalado, se observa en los actuados que obra la demanda arbitral formulada por el Consorcio de fecha 3 de noviembre de 2014, ante la decisión resolutoria de la Entidad19, la cual se observa a continuación:

• No obstante, resulta pertinente señalar que, en el proceso arbitral, no se

consideraron como parte de los puntos controvertidos alguno sobre la validez de 19 Obrante a folio 153 del expediente administrativo.

la resolución del Contrato efectuada por la Entidad20, sino más bien aquella vinculada al presunto incumplimiento de la Entidad, referida a la falta de pago de adeudos por valorizaciones de obra, tal como se observa a continuación: 20 Véase folio 529 del expediente administrativo.

• Es así que, el Laudo Arbitral del 17 de mayo de 2019 declaró fundadas las

pretensiones de pago de las valorizaciones N° 03 a 10 solicitadas por el Consorcio (octubre de 2013 a agosto de 2014), ordenando su pago más intereses a cargo de la Entidad, para mayor detalle se observa a continuación la parte pertinente del laudo:

• Así, tomando en cuenta que el incumplimiento imputado a la Entidad y que

fundamentó la resolución de contrato por parte del Consorcio consistió en la falta de pago de valorizaciones, la cual mediante el Laudo Arbitral del 17 de mayo de 2019 (antes visto) declaró fundadas las pretensiones de pago de las valorizaciones N° 03 a 10 (octubre de 2013 a agosto de 2014), ordenando su pago más intereses. Ello corrobora que la causa de la resolución comunicada por el Consorcio es atribuible a la Entidad.

• Posteriormente, se emite la Resolución N° 36 del 29 de diciembre de 202021 que

declaró infundados los pedidos de integración de Laudo formulados por el Consorcio; y, el pedido de la Entidad, sobre rectificación e interpretación de laudo respecto de: (a) las pretensiones acumuladas planteadas -entre ellas, las 21 Obrante a folio 564 del expediente administrativo.

vinculadas a la resolución del Contrato de la Entidad- fueron archivadas mediante la Resolución N° 27 del 26 de julio de 2017, al haberse solicitado cuando el proceso ya se encontraba en pleno plazo de emisión del laudo; y (b) mediante la Resolución N° 33 se denegó acumular la pretensión del Consorcio sobre la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 0142-2014-MDY, tal como se observa a continuación:

• Así, al margen de la omisión de la Entidad de acreditar el requerimiento y la

comunicación notarial exigidos por el artículo 169 del Reglamento respecto de su decisión resolutoria del Contrato, lo cierto es que el pronunciamiento arbitral que obra en autos tampoco declaró la validez de la Resolución de Alcaldía N° 0142- 2014-MDY.

• En consecuencia, se concluye que el Contrato quedó resuelto por decisión del

Consorcio, mientras que no ha quedado acreditado que la resolución de la Entidad haya seguido el procedimiento establecido normativamente.

• Llegado a este punto corresponde traer a colación lo dispuesto en el artículo 52

de la Ley, que establece lo siguiente: “(…)

Artículo 52. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS E IMPUGNACIONES

(…) El laudo arbitral de derecho es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, debiendo ser remitido por el árbitro único o Tribunal Arbitral al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, dentro del plazo establecido por el Reglamento. Cuando corresponda, el Tribunal de Contrataciones del Estado impondrá sanciones económicas en caso de incumplimiento en la remisión de laudo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento”.

• Como se puede apreciar, la norma ha supeditado la eficacia del laudo a su

notificación, la cual debe realizarse por dos vías: i) de forma directa a las partes, y ii) a través de su publicación en el SEACE.

• Al respecto, en el presente caso, se tiene que el Laudo Arbitral, así como su

resolución complementaria fueron publicados en el SEACE el 19 de junio de 2026 notificándolo así a las partes, lo cual se desprende de la siguiente imagen:

• Por tanto, habiéndose verificado que el laudo arbitral ha sido publicado en el

SEACE, se aprecia que dicha decisión es válida y eficaz para efectos del presente caso, conforme a lo señalado en la normativa citada.

• Por lo expuesto, no habiéndose acreditado que la Entidad resolviera el Contrato

siguiendo el procedimiento legal, y habiéndose verificado que fue el Consorcio resolvió válidamente el Contrato por causa atribuible a la Entidad, resolución que quedó consentida, este Colegiado concluye que no se ha configurado la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por lo que corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra los integrantes del Consorcio por este extremo. Respecto de la infracción consistente en haber participado en procesos de selección o suscriban un contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) Naturaleza de la infracción.

• El literal e) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, establece que constituye

infracción sancionable que los proveedores se registren como participantes, presenten propuestas o suscriban un contrato sin contar con inscripción vigente en el RNP. La infracción se configura con la sola participación en el proceso de selección o la suscripción del contrato sin la inscripción vigente en el registro correspondiente, sin que la norma exija condiciones adicionales.

• Al respecto, el artículo 9 de la Ley exige estar inscrito en el RNP para ser

participante, postor y/o contratista. A su vez, el artículo 252 del Reglamento dispone que la inscripción tiene validez de un (1) año a partir del día siguiente de su aprobación, pudiendo iniciarse la renovación dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a su vencimiento, y que los proveedores son responsables de que su inscripción se encuentre vigente durante su participación en el proceso de selección hasta la suscripción del contrato.

• Asimismo, conforme al artículo 265 del Reglamento, el periodo de vigencia “para

ser participante y postor” que se reconoce durante el trámite de renovación solo permite participar y ser postor en los procesos de selección, mas no suscribir contratos hasta el inicio de la vigencia de la inscripción o renovación. Dicha obligación se sustenta en que la información que contiene dicho registro respecto a los proveedores del Estado constituye un elemento de apoyo en la toma de decisiones de compras y contrataciones para las entidades, lo cual permite la fácil identificación y validación de aquellos.

• En tal sentido, es obligación de cada integrante del consorcio mantener vigente su

inscripción en el RNP durante el proceso de selección hasta la suscripción del contrato, por lo que corresponde verificar, respecto de cada uno de los administrados, tres momentos: (i) el registro como participante; (ii) la presentación de propuestas; y (iii) la suscripción del Contrato.

• Entonces, de las normas glosadas, se advierte que es un requisito indispensable

para registrarse como participante, presentar propuestas y perfeccionar un contrato, contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), de lo contrario el proveedor incurrirá en el supuesto de infracción establecido en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, aspectos que, de conformidad con los hechos denunciados, se verificarán en el presente procedimiento a efectos de determinar la configuración de la infracción por parte del presunto infractor. Configuración de la infracción

• Al respecto, de la información publicada en el SEACE y de los documentos obrantes

en el expediente, las fechas relevantes para el análisis de la infracción imputada son las siguientes: registro de participantes del 13 al 21 de junio de 2013 (la empresa SERVICIOS PERUANOS CONSTRUCTIVOS S.A.C. se registró el 14 de junio de 2013); presentación de propuestas el 26 de junio de 2013; y la suscripción del Contrato ocurrida el 15 de julio de 2013 (conforme al Contrato suscrito obrante a folios 292 del expediente administrativo), conforme se desprende de la siguiente imagen:

• Tomando en cuenta lo señalado, a continuación corresponde determinar si a la

fecha en que los integrantes del Consorcio participaron en el proceso de selección o suscribieron el Contrato -en atención a las fechas antes indicadas-, contaban o no con inscripción vigente en el RNP, a efectos de determinar la configuración de la infracción bajo análisis. Respecto de la empresa Servicios Peruanos Constructivos S.A.C.

• A continuación se muestra el detalle de vigencias en el RNP respecto de la empresa

Servicios Peruanos Constructivos S.A.C.:

• De acuerdo con el cuadro precedente, la empresa SERVICIOS PERUANOS

CONSTRUCTIVOS S.A.C. contó con inscripción vigente en el RNP como ejecutora de obras del 1 de mayo de 2013 al 1 de mayo de 2014.

• Sobre el particular, se observa que dicho periodo (1 de mayo de 2013 al 1 de mayo

de 2014) comprende la fecha en que se registró como participante (14 de junio de 2013), la presentación de propuestas (26 de junio de 2013) y la suscripción del Contrato (15 de julio de 2013).

• En consecuencia, respecto del mencionado integrante del Consorcio, no se ha

configurado la infracción tipificada en el literal e) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. Respecto del señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles

• A continuación se muestra el detalle de vigencias en el RNP respecto del señor

Medardo Néstor Vásquez Ángeles:

• De acuerdo con el cuadro precedente, el señor MEDARDO NÉSTOR VÁSQUEZ

ÁNGELES contó con inscripción vigente para ser participante, postor y contratista del 25 de julio de 2012 al 25 de julio de 2013.

• Sobre el particular, se observa que dicho periodo (25 de julio de 2012 al 25 de julio

de 2013) comprende la fecha en que se registró como participante (14 de junio de 2013), la presentación de propuestas (26 de junio de 2013) y la suscripción del Contrato (15 de julio de 2013).

• En consecuencia, respecto del mencionado integrante del Consorcio, tampoco se

ha configurado la infracción tipificada en el literal e) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. Respecto de la empresa Jorge Enrique Ramos Reyes S.A.

• En este punto cabe precisar que en el Acuerdo N° 329-2015-TCE-S4 (que dio inicio

al presente procedimiento administrativo) se dejó constancia que quien registró su participación al procedimiento de selección fue la empresa SERVICIOS PERUANOS CONSTRUCTIVOS S.A.C., quien luego se presentaría en forma de consorcio junto a los demás consorciados, entre ellos, la empresa JORGE ENRIQUE RAMOS REYES S.A., por lo que no resultaba posible atribuirse a esta última que se hubiera registrado sin contar con inscripción vigente al RNP22.

• Considerando lo señalado, resta determinar si al momento de la presentación de

propuestas (26 de junio de 2013) y la firma del Contrato (15 de julio de 2013), la empresa JORGE ENRIQUE RAMOS REYES S.A. contaba con inscripción vigente en el RNP.

• A continuación, se muestra el detalle de vigencias en el RNP respecto de la

mencionada empresa: 22 Véase folio 269 del expediente administrativo.

• De acuerdo con el cuadro precedente, la empresa JORGE ENRIQUE RAMOS REYES

S.A. contó con inscripción vigente para ser participante y postor del 11 de mayo al 9 de julio de 2013, abarcando así la oportunidad en que presentó su propuesta, es decir al 26 de junio de 2013.

• En ese mismo sentido, se desprende del detalle de vigencias del RNP del

mencionado consorciado, que contaba con vigencia para ser contratista desde el 5 de julio del 2013 al 5 de julio del 2014, abarcando así la oportunidad en que suscribió Contrato con la Entidad, lo cual ocurrió el 15 de julio de 2013.

• En consecuencia, respecto de la empresa JORGE ENRIQUE RAMOS REYES S.A.

integrante del Consorcio, tampoco se ha configurado la infracción tipificada en el literal e) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

• Es así que, este Colegiado concluye que los integrantes del Consorcio contaban

con vigencia en el RNP para ser participantes, postores y contratistas en la oportunidad que participaron en el procedimiento de selección, conforme al siguiente detalle: Consorciado Vigencia para ser participante, postor y contratista Verificación

SERVICIOS PERUANOS

CONSTRUCTIVOS S.A.C.

01/05/2013 – 01/05/2014 (participante, postor y contratista) Abarca registro (14/06/2013), propuesta (26/06/2013) y suscripción contrato (15/07/2013).

MEDARDO NÉSTOR

VÁSQUEZ ÁNGELES

25/07/2012 – 25/07/2013 (participante, postor y contratista) Abarca registro (14/06/2013), propuesta (26/06/2013) y suscripción contrato (15/07/2013).

JORGE ENRIQUE RAMOS

REYES S.A.

11/05/2013 – 9/07/2013 (participante y postor) 05/07/2013 – 05/07/2014 (contratista) Abarca registro (14/06/2013), propuesta (26/06/2013) y suscripción contrato (15/07/2013).

• Por todo lo expuesto, este Colegiado concluye que no se ha configurado la

infracción tipificada en el literal e) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley por parte de ninguno de los integrantes del Consorcio, por lo que corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en este extremo. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez y la intervención de los vocales Christian Cesar Chocano Davis y César Arturo Sánchez Caminiti; atendiendo a la reconformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en edición extraordinaria del Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 11 de abril de 2025; analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las empresas SERVICIOS

PERUANOS CONSTRUCTIVOS S.A.C. (RUC N° 20506002207), JORGE ENRIQUE

RAMOS REYES S.A. (RUC N° 20122484310) y el señor MEDARDO NÉSTOR VÁSQUEZ ÁNGELES (RUC N° 10097515358), integrantes del CONSORCIO INTEGRAL, por su presunta responsabilidad al haber participado en el procedimiento de selección y/o suscrito contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), y haber dado lugar a la resolución del Contrato N° 042-2013-A/MDY del 15 de julio de 2013, derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 003-2013-CE/MDY, derivada de la Licitación Pública N° 004-2012-CE/MDY, convocada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACYACU para la ejecución de la obra “Mejoramiento de los Servicios Educativos y Capacitación Docente de la I.E. N° 00543, distrito de Yuracyacu, provincia de Rioja, región San Martín”; infracciones tipificadas en los literales e) y b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873; por los fundamentos expuestos.

• Archívese de manera definitiva el presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ANNIE ELIZABETH PEREZ GUTIERREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Chocano Davis. Pérez Gutiérrez. Sánchez Caminiti.