Resolución N.° 9742-2026-TCP-S1

Sumilla: “(…) para establecer la responsabilidad de un administrado, debe contarse con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, a fin de que se produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable”. Lima, 11 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 11 de noviembre de 2026, de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 8492/2023.TCP – 8739/2023.TCP (ACUMULADOS), sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido al Consorcio Global Serlimp N&A y Alvarado Cruzado Chávez y Asociados, conformado por las empresas Global Serlimp N & A Sociedad Anónima Cerrada y Alvarado Cruzado Chávez & Asociados S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta ante la Entidad, en el marco del Concurso Público N° 2-2023-EP/UO 0794-1 (Primera convocatoria); y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del

Estado – SEACE, el 5 de mayo de 2023, el Ejército Peruano – U/O 0794: Hospital Militar Central, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 2-2023- EP/UO 0794-1 (Primera convocatoria), para la contratación del “Servicio de limpieza e higienización de las instalaciones de la IPRESS HMC”, con un valor estimado de S/ 1 052 683.76 (un millón cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y tres con 76/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018- EF, en lo sucesivo el Reglamento. El 13 de junio de 2023, se llevó a cabo la presentación (electrónica) de ofertas, y el 16 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a favor del Consorcio Geppi, integrado por las empresas Consorcio Geppi S.A.C. y Geppi S.A.C., por el monto ascendente a S/ 909 897.10 (novecientos nueve mil ochocientos noventa y siete con 10/100 soles). Expediente N° 8492/2023.TCP

• Posteriormente, el Consorcio, conformado por las empresas Consorcio Global

Serlimp N & A y Alvarado Cruzado Chávez & Asociados, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, generándose el Expediente N° 7664-2023.TCE.

• Mediante Resolución N° 3184-2023-TCE-S3 del 2 de agosto de 2023, emitida en el

trámite del Expediente N° 7664-2023.TCE, la Tercera Sala del Tribunal declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Global Serlimp N & A y Alvarado Cruzado Chávez & Asociados, conformado por las empresas Global Serlimp N & A y Alvarado Cruzado Chávez & Asociados S.A.C., y dispuso revocar el otorgamiento de la buena pro otorgada al Consorcio Gueppi, disponiendo que el comité solicite la subsanación de dicha oferta, asimismo dispuso descalificar la oferta del entonces impugnante; y abrir expediente administrativo sancionador a los proveedores Global Serlimp N & A y Alvarado Cruzado Chávez & Asociados, por supuestamente haber incurrido en la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley.

• Mediante la Cédula de Notificación N° 48620/2023.TCE, ingresada el 7 de agosto

de 2023 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora Tribunal de Contrataciones Públicas), en adelante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió copia de la Resolución N° 3184-2023-TCE-S3 del 2 de agosto de 2023. En dicho pronunciamiento, la Tercera Sala determinó que el Consorcio conformado por los proveedores Global Serlimp N & A y Alvarado Cruzado Chávez y Asociados S.A.C., en adelante el Consorcio, presentó una constancia de trabajo de fecha 27 de junio de 2005 supuestamente emitida por la empresa Zagaro, la cual constituiría un documento falso.

• A través de la Cédula de Notificación N° 53138/2023.TCE, ingresada el 25 de

agosto de 2023 ante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió los escritos a través de los cuales la empresa consorciada Global Selimp N & A S.A.C. habría interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 3184-023-TCE-S3 del 2 de agosto de 2023.

• Mediante la Cédula de Notificación N° 53137/2023.TCE, ingresada el 25 de agosto

de 2023 ante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió el escrito s/n, a través del cual el señor Máximo Lorenzo Quispe Salas reconoció, en base a una pericia grafotécnica efectuada por el perito Raúl David Lavado León, que la firma en la constancia de fecha 27 de junio de 2005, sí le corresponde.

• A través de la Cédula de Notificación N° 60862/2023.TCE, ingresada el 26 de

septiembre de 2023 ante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió el Oficio N° 3822/AA-11/2d y sus adjuntos presentados en el expediente N° 7664/2023.TCE.

• Mediante la Cédula de Notificación N° 62839/2023.TCE, ingresada el 4 de octubre

de 2023 ante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió la Carta N° 0502-2023- M&LGRUPOEMPRESARIAL-GG a fin de ser incorporada al expediente, presentado en el trámite del expediente N° 7664-2023.TCE. Expediente N° 8739/2023.TCP

• A través de la Cédula de Notificación N° 51250/2023.TCE, ingresada el 21 de

agosto de 2023 ante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió la Resolución N° 3184-2023-TCE-S6 del 2 de agosto de 2023. Expediente N° 8492-2023.TCP – 8739-2023.TCP (Acumulados)

• Con decreto del 1 de abril de 2026, se dispuso acumular los actuados del

expediente administrativo N° 8739/2023.TCP al expediente administrativo N° 8492/2023.TCP, al existir conexidad entre sí.

• Mediante decreto del 1 de abril de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal,

previamente requirió a la Entidad que remita, entre otros, un informe técnico legal sustentando la procedencia de las infracciones denunciadas, el perjuicio ocasionado y los resultados de la fiscalización posterior. Asimismo, la totalidad de los documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta presentados en el marco del procedimiento de selección; así como la documentación que acredite la presentación de los documentos falsos o adulterados e inexactos en el marco de la contratación. A efectos de remitir la referida documentación, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos.

• Con el decreto del 28 de abril de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal dispuso

iniciar procedimiento administrativo sancionador a los integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales

• y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, consistente y/o contenida

en:

• Constancia del 27 de junio de 2005, presuntamente suscrita por el señor

Máximo Quispe Salas, a favor del señor Carlos Quiroz Solorzano, por haber desempeñado el cargo de supervisor general de la empresa Zagaro, desde el 1 de abril de 2000 hasta el 1 de abril de 2005 en el Hospital Militar Central. ii. Diploma de Contador Mercantil del 17 de febrero de 1983, presuntamente emitido por el Instituto Técnico Superior “Argentina”, Promoción 1976, a favor de la señora Nelida Aidée Chumpitaz Yáñez. Para tal efecto, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles, para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. Cabe indicar que dicho decreto fue notificado a las empresas consorciadas Global Serlimp N & A Sociedad Anónima Cerrada y Alvarado Cruzado Chávez & Asociados S.A.C. el 29 de abril de 2026 y el 8 de mayo de 2026, respectivamente, a través de la Casilla Electrónica del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes -OECE (bandeja de mensajes del Registro Nacional de Proveedores).

• El 6 de mayo de 2026, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 057-2026-AA-

11/2/d del 22 de abril del mismo año, en el cual la Entidad indicó lo siguiente:

• Señala que mediante la Resolución Nº 3184-2023-TCE-S3 del 2 de agosto

de 2023, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado dispuso que la Entidad efectuara la fiscalización posterior de la oferta del Consorcio presentada en el marco del procedimiento de selección, debiendo informar los resultados al Tribunal en un plazo de 30 días calendario.

• Precisa que el Consorcio, conformado por las empresas Global Serlimp N &

A Sociedad Anónima Cerrada y Alvarado Cruzado Chávez & Asociados S.A.C., presentó como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección, el Diploma de Contador Mercantil de fecha 17 de febrero de 1983, expedido por el Instituto Técnico Superior “Argentina” a favor de la señora Nélida Aidée Chumpitas Yáñez.

• Refiere que a través del Oficio N° 621-V-DIR-IESTP “Argentina”-2023 del 6

de septiembre de 2023, la directora general del Instituto, Mg. Iracema Carlota Briceño Moreyra, informó que la institución no expide diplomas ni títulos de contador mercantil, por lo que se presume la falsedad del documento.

• Mediante Escrito N° 12, presentado el 14 de mayo de 2026 ante el Tribunal, la

empresa consorciada Global Serlimp N & A S.A.C. se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos, indicando lo siguiente:

• Señala que mediante la Resolución N.° 3184-2023-TCE se cuestionó la

validez de la constancia emitida a favor del señor Carlos Quiroz Solórzano, firmada supuestamente por el señor Máximo Quispe Salas por labores en el Hospital Militar Central entre enero y diciembre de 2005.

• Indica que la Entidad alegó inicialmente que el señor Máximo Quispe Salas

no estaba facultado para emitir constancias. Posteriormente, el presunto firmante declaró en un escrito del 31 de julio de 2023 no haber suscrito el documento, afirmando que la firma no le correspondía y que no recordaba al administrado.

• Precisa que el Tribunal sustentó la presunta falsedad únicamente en

declaraciones de parte, sin realizar una evaluación técnica especializada objetiva.

• Indica que, con el fin de acreditar fehacientemente la autenticidad del

documento, se solicitó una pericia grafotécnica. Refiere que el estudio pericial fue emitido el 3 de agosto de 2023 por el Perito Grafotécnico Público Raúl David Lavado León.

• Sostiene que la conclusión pericial, determinó de forma técnica y científica

que la firma consignada en la constancia de fecha 27 de junio de 2005 proviene del puño gráfico de su titular, el señor Máximo Quispe Salas; por consiguiente, es una firma original, identificándose una plena predominancia de caracteres gráficos, gestos, tipos y patrones convergentes.

• Señala que luego de conocer los resultados periciales mediante Carta

Notarial N.° 41452 (recibida el 04 de agosto de 2023), el señor Máximo Quispe Salas presentó un escrito de rectificación del 7 de agosto de 2023, reconociendo formalmente haber suscrito la constancia cuestionada.

• Por otro lado, refiere que se cuestiona el Diploma de “Contador Mercantil”

del 17 de febrero de 1983, emitido a favor de la señora Nélida Aidée Chumpitaz Yáñez.

• Manifiesta que a través de la solicitud del 19 de septiembre de 2025

(Expediente N° 2934), se requirió la verificación de autenticidad a la Institución Educativa “Argentina”.

• Indica que la institución educativa confirmó expresamente la autenticidad

del Título de Contador Mercantil N° 01564, precisando que fue autorizado mediante Decreto Directoral N.° 01564-I.T.S. “A” y suscrito por la entonces directora, señora Rebeca Zavala Pérez, respaldando plenamente su autenticidad institucional.

• Señala que el cuestionamiento inicial surgió de una mala interpretación del

Oficio N.° 621-V-DIR-IESTP “Argentina”-2023, emitido por la directora Iracema Briceño Moreyra, quien señaló que actualmente ya no se emiten títulos bajo esa denominación exacta.

• Indica que dicha afirmación respondía al presente y a la nomenclatura

actual, mas no negaba la validez histórica de los títulos emitidos décadas atrás (en el año 1983).

• Mediante Escrito N° 13, presentado el 14 de mayo de 2026 ante el Tribunal, la

empresa consorciada Global Serlimp N & A S.A.C. formuló alegatos adicionales, solicitando que se tome en cuenta la Resolución N° 00313-2023-TCP-S2 para resolver el presente expediente.

• Con decreto del 3 de agosto de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal requirió

a la Institución Educativa Emblemática Argentina (antes Dirección del Colegio de Argentina), que informe si el Diploma de Contador Mercantil otorgado el 17 de febrero de 1983 a favor de la señora Nelida Aídee Chumpitaz Yáñez, fue efectivamente emitido por su institución, de ser afirmativa su respuesta, debía precisar si el contenido del diploma corresponde a los registros que obran en su institución. Asimismo, se requirió al señor Máximo Quispe Salas, entre otros, que precise si la firma que aparece en la constancia de fecha 27 de junio de 2005 otorgada a favor del señor Carlos Quiroz Solorzano corresponde a su puño gráfico.

• Por decreto del 10 de agosto de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal dispuso

tener por apersonada a la empresa Global Serlimp N & A Sociedad Anónima Cerrada, integrante del Consorcio Global Serlimp N & A y Alvarado Cruzado Chávez y Asociados, y por presentados sus descargos. Asimismo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en el expediente, respecto de la empresa Alvarado Cruzado Chávez & Asociados S.A.C.

• Con decreto del 10 de agosto de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal dispuso

el registro del Informe de Instrucción N° 145-2026/CSCH/ST3 de la misma fecha en el Sistema Informático del Tribunal, mediante el cual se recomendó, entre otros, declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra las empresas Global Serlimp N & A Sociedad Anónima Cerrada y Alvarado Cruzado Chávez & Asociados S.A.C., integrantes del Consorcio Global Serlimp N & A y Alvarado Cruzado Chávez y Asociados, por su presunta responsabilidad referida al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección. El Informe de Instrucción N° 145-2026/CSCH/ST3 del 10 de agosto de 2026 fue notificado a la empresa consorciada Global Serlimp N & A Sociedad Anónima Cerrada el 10 de agosto de 2026 y a la empresa consorciada Álvaro Cruzado Chávez y Asociados S.A.C. el 11 de agosto de 2026, respectivamente, a través de la Casilla Electrónica del OECE (bandeja de mensajes del Registro Nacional de Proveedores).

• Con decreto del 11 de agosto de 2026, considerando que el Informe de Instrucción

N° 145-2026/CSCH/ST3 del 10 de agosto de 2026, fue notificado a la empresa consorciada Global Serlimp N & A Sociedad Anónima Cerrada el 10 de agosto de 2026 y a la empresa consorciada Álvaro Cruzado Chávez y Asociados S.A.C. el 11 de agosto de 2026, a través de la Casilla Electrónica del OECE (bandeja de mensajes del Registro Nacional de Proveedores), la Secretaria Técnica 3 del Tribunal dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para resolver, siendo recibido por el Vocal en la misma fecha.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si

existe responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber presentado a la Entidad supuesta documentación falsa o adulterada e información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados.

• Al respecto, debe señalarse que, no obstante que la comisión de la infracción

habría ocurrido durante la vigencia del TUO de la Ley, debe tenerse en cuenta que, con fecha 22 de abril de 2025 entró en vigencia la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la nueva Ley, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, si en el presente análisis se advirtiera la aplicación de una

retroactividad benigna. Naturaleza de las infracciones

• El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley establecía que los

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o a la Central de Compras Públicas – Perú Compras. Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, estipulaba que incurren en responsabilidad administrativa los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central de Compras Públicas – Perú Compras. En el caso de las Entidades, dicha información debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central de Compras Públicas - Perú Compras, el beneficio o ventaja debe estar relacionado con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.

• Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

• Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que

el documento o la información cuestionada fue efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del título preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante.

• Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.

Ello se sustenta así, toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, este será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo disponía el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, resulta razonable que sea también sea este el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su supuesto emisor, o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido adulterado en su contenido. Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir, aquel referido a la presentación de información inexacta, debe acreditarse, que la inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre , lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018.

• En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 42.1 del artículo 42 del mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos.

• Conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la

LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. Configuración de las infracciones

• En el caso materia de análisis, la imputación efectuada a los integrantes del

Consorcio está referida a la presentación, como pate de su oferta, de documentación falsa o adulterada e información inexacta, consistente y/o contenida en:

• Constancia del 27 de junio de 2005, presuntamente suscrita por el señor

Máximo Quispe Salas, a favor del señor Carlos Quiroz Solorzano, por haber desempeñado el cargo de supervisor general de la empresa Zagaro, desde el 1 de abril de 2000 hasta el 1 de abril de 2005 en el Hospital Militar Central. ii. Diploma de Contador Mercantil del 17 de febrero de 1983, presuntamente emitido por el Instituto Técnico Superior “Argentina” Promoción 1976, a favor de la señora Nelida Aidée Chumpitaz Yáñez.

• Conforme se ha señalado precedentemente, a efectos de determinar la

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad y, ii) la falsedad y/o adulteración e inexactitud de los documentos presentados; en este último caso, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución del contrato.

• En el presente caso, de la información que obra en el expediente, se aprecia que,

los documentos bajo análisis, fueron presentado por el Consorcio ante la Entidad el 13 de junio de 2023, como parte de su oferta (obrante en los folios 97 y 111 de la oferta presentada en el marco del procedimiento de selección). Por tanto, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento de la presunción de veracidad que reviste a los documentos cuestionados. Respecto a la supuesta falsedad o adulteración e información inexacta de la constancia del 27 de junio de 2005.

• En el presente caso se cuestiona la veracidad y exactitud de la constancia del 27

de junio de 2005, presuntamente suscrita por el señor Máximo Quispe Salas a favor del señor Carlos Quiroz Solorzano, por haber desempeñado el cargo de Supervisor General de la empresa Zagaro, en el Hospital Militar Central, desde el 1 de abril de 2000 hasta el 1 de abril de 2005. Para mejor ilustración, se muestra a continuación, el referido documento:

• En atención a lo expuesto, es pertinente traer a colación los numerales 41 al 49 de

la fundamentación de la Resolución N° 3184-2023-TCE-S3 del 2 de agosto de 2023, emitida por la Tercera Sala del Tribunal, la cual ordenó abrir el presente procedimiento administrativo sancionador en el que se señaló lo siguiente:

“(…)

• Al respecto, a fin de contar con mayores elementos de prueba, mediante decreto del 20 de

julio de 2023, se requirió al supuesto emisor del documento lo siguiente: “(…)

AL EJÉRCITO PERUANO - U.O. N° 0794 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

(…) Se solicitó un informe técnico en el cual aborde y se pronuncie por cada uno de los cuestionamientos planteados por el Adjudicatario a la oferta del Impugnante. En respuesta de ello, la Entidad mediante Informe técnico N° 349 /AA-11/2/d., presentado el 24 de julio de 2023, señaló lo siguiente. 1.1 Es importante mencionar que el TITULAR DE LA ENTIDAD es el único acreditado para suscribir constancias de trabajo, contratos entre otros documentos. 1.2 El TTE CRL ING MAXIMO QUISPE SALAS fue jefe de la sección de servicios generales en el año 2005, el cual no está facultado para suscribir constancias de trabajo; asimismo, el Sr. CARLOS QUIROZ SOLORZANO trabajo para la empresa ZAGARO, no teniendo vínculo laboral con el Ejército Peruano. 1.3 Esta Entidad UO 0794, aclara que en el acervo documentario no existe el documento original de la Constancia emitida en el año 2005, para dar fe de su veracidad. Tal como se observa la Entidad, señaló que su titular es la única persona acreditada para suscribir constancias de trabajo, además de referir que el supuesto suscriptor (Máximo Quispe Salas) no ostentaba facultades para suscribir constancias de trabajo.

• Al respecto, debe señalarse que, de una lectura integral del certificado cuestionado, se

aprecia que el mismo es emitido por una entidad pública (Hospital Militar) a favor de un trabajador que ostenta un vínculo con una empresa privada (Zagaro) por haber prestado sus servicios en esta última. En ese sentido, a consideración de esta sala, para acreditar la experiencia que una persona acumula a razón de un vínculo laboral, quien se encuentra facultado de reafirmar dicha experiencia para posteriormente plasmarla mediante un certificado o constancia de trabajo, es precisamente el empleador de dicha persona o contratante de la misma (si el certificado tiene una naturaleza civil), por ser quien se encuentra vinculado laboral o contractualmente de manera directa con el trabajador o locador.

Ante ello, en el presente caso, se advierte que la constancia cuestionada es emitida por una tercera persona (entidad) a favor de una persona a pesar de que nos los vincula una relación laboral o contractual directa (relación empleador y trabajador). Por ello, si la intención era acreditar la experiencia del señor Carlos Quiroz Solorzano en la empresa Zagaro, lo idóneo hubiese sido que dicha empresa sea quien suscriba la referida constancia y no una entidad a quien dicha empresa le prestó un servicio en el que el señor Quiroz Solorzano fue parte del personal con el que se atendió el mismo

• En consecuencia, la constancia presentada por el Impugnante para acreditar la experiencia

del señor Carlos Quiroz Solorzano en el cargo de supervisor, no es un documento idóneo para acreditar su experiencia, por tanto, se colige que el Impugnante no ha cumplido con acreditar un requisito de calificación, por lo que corresponde descalificar su oferta.

• Aunado a ello, a fin de corroborar la veracidad del documento, mediante decreto del 20 de

julio de 2023, se requirió al supuesto emisor del documento lo siguiente:

AL SEÑOR MÁXIMO QUISPE SALAS.

Sírvase señalar clara y expresamente si suscribió la Constancia de fecha 27 de junio de 2005, suscrita por el señor Máximo Quispe Salas en su calidad de jefe de la sección de servicios generales, a favor del señor Carlos Quiroz Solorzano, por haber laborado como supervisor general de la empresa “Zagaro” desde el 1 abril del 2000 al 1 de abril del 2005, asimismo señalar de forma clara y precisa si su contenido en veras. Asimismo, mediante carta s/n presentada el 31 de julio de 2023, el señor Máximo Quispe Salas, precisó lo siguiente: En el período de Enero a Diciembre 2005, laboré en el Hospital Militar Central como Jefe de la Sección de Servicios Generales; la constancia qué hacen referencia no ha sido expedida por mi persona, la firma que aparece no me corresponde (la cual puede ser verificada en la RENIEC); asimismo no recuerdo al Sr Carlos Quiroz Solorzano por el tiempo transcurrido (18 años), además de no haber estado bajo mi jefatura directa (tomando como veraz la información de su relación laboral con la empresa Zagaro).

• Ahora bien, debe señalarse que para calificar un documento como falso o adulterado —y

desvirtuar la presunción de veracidad del documento presentado ante la Administración Pública—debe tomarse en consideración, como un importante elemento a valorar, la manifestación del supuesto emisor o suscriptor del documento que se cuestiona. En tal sentido, se advierte que, en el presente caso, se cuenta con la manifestación del supuesto suscriptor del certificado en cuestión, esto es, el señor Máximo Quispe Salas, quien señaló, ante este Tribunal, que el documento que la firma consignada en el documento no le pertenece, por lo que se colige que dicho documento constituye un documento falso.

• Ahora bien, debe precisarse que el Impugnante en su escrito del 24 de julio de 2023, señaló

que existe una constancia emitida por la empresa Zagaro, a favor del señor Carlos Quiroz Solorzano, la cual acreditaría su experiencia, sin embargo, se advierte que dicho documento no obra en la oferta que presentó el Impugnante en marco del procedimiento de selección, por que dicho documento no puede ser valorado para acreditar la experiencia del referido señor.

• En ese sentido, habiéndose verificado que el Impugnante habría presentado una constancia

de trabajo falsa, corresponde abrir expediente administrativo sancionador a sus integrantes, por supuestamente haber incurrido en la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. (…)”

• De la información obrante en el expediente administrativo, se tiene que, mediante

decreto del 20 de julio de 2023, en el trámite del Expediente N° 7664-2023.TCE que dio lugar a la emisión de la Resolución N° 3184-2023-TCE-S3 del 2 de agosto de 2023, el Tribunal requirió al Ejército Peruano – U.O. 0794 – Hospital Militar Central [la Entidad] que precise si emitió o no la constancia de fecha 27 de junio de 2005 y si su contenido era veraz. Asimismo, requirió al señor Máximo Quispe Salas que señale si suscribió o no la constancia de fecha 27 de junio de 2005 y si su contenido era veraz.

• En respuesta a la mencionada comunicación, mediante Informe Técnico N°

349/AA-11/2/d del 24 de julio de 2023, la Entidad informó lo siguiente: “(…) 1.1 Es importante mencionar que el Titular de la Entidad es el único acreditado para suscribir constancias de trabajo, contratos, entre otros documentos. 1.2 El TTE CRL ING MAXIMO QUISPE SALAS fue jefe de la sección de servicios generales en el año 2005, el cual no está facultado para suscribir constancias de trabajo; asimismo, el Sr. CARLOS QUIROZ SOLORZANO trabajó para la empresa ZAGARO, no teniendo vínculo laboral con el Ejército Peruano. 1.3 Esta Entidad UO 0794, aclara que en el acervo documentario no existe el documento original de la Constancia emitida en el año 2005, para dar fe de su veracidad. (…)”.

• Asimismo, en atención al requerimiento de información, mediante carta s/n del

31 de julio de 2023, el señor Máximo Lorenzo Quispe Salas informó lo siguiente: “(…) En el periodo de enero a diciembre 2005, laboré en el Hospital Militar Central como Jefe de la

persona, la firma que aparece no me corresponde (la cual puede ser verificada por el RENIEC); asimismo, no recuerdo al señor Carlos Quiroz Solorzano por el tiempo transcurrido (18 años), además de no haber estado bajo mi jefatura directa (tomando como veraz la información de su relación laboral con la empresa Zagaro). (…)” (El énfasis es agregado)

• Conforme se desprende, el señor Máximo Lorenzo Quispe Salas, supuesto

suscriptor de la constancia del 27 de junio de 2005, ha manifestado que la firma que aparece en dicho documento no le pertenece.

• Ahora bien, obra en el expediente el escrito s/n, presentado por la empresa

consorciada Global Serlimp N & A S.A.C., ante el Tribunal el 9 de agosto de 2023 en el trámite del Expediente N° 7664-2023.TCE, en el cual adjuntó el Informe Pericial Grafotécnico de fecha 3 de agosto de 2023, realizada por el perito Raúl David Lavado León, en el cual se señaló lo siguiente:

(…) (…) (…)

• Al respecto, se aprecia que el Informe Pericial Grafotecnico del 3 de agosto de

2023, realizado por el perito Raúl David Lavado León, concluye que la firma cuestionada atribuida al señor Máximo Quispe Salas consignada en la constancia del 27 de junio de 2005 [documento dubitado] proviene del puño gráfico de su titular, es decir, corresponde a una firma original.

• Aunado a ello, obra en el expediente la carta s/n del 7 de agosto de 2023,

presentada ante el Tribunal esa misma fecha, en el trámite del Expediente N° 7664-2023.TCE, en el cual el señor Máximo Lorezo Quispe Salas señaló que, como resultado de la pericia, se rectifica y confirma que la firma consignada en la constancia del 27 de junio de 2005 sí le corresponde, conforme se aprecia a continuación:

• Al respecto, en relación al extremo referido a la falsedad o adulteración de los

documentos, cabe traer a colación que, en base a reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad del documento presentado ante la Administración Pública— debe tomarse en consideración, como un importante elemento a valorar, la manifestación del supuesto emisor o agente emisor o suscriptor, manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis.

• Por consiguiente, corresponde señalar que en el expediente administrativo se

cuenta con los siguientes elementos: Cartas emitidas por el señor Máximo Lorenzo Quipse Salas Informe Pericial Grafotécnico del 3 de agosto de 2023

• Carta s/N del 31 de julio de 2023, en la

cual el señor Máximo Lorenzo Quispe Salas manifestó, entre otros aspectos, que “la constancia que hacen referencia no ha sido expedida por mi persona, la firma que aparece no me corresponde”. (sic)

• Carta s/n del 7 de agosto de 2023, en la

cual el señor Máximo Lorenzo Quispe Salas manifestó, entre otros aspectos, que “a la luz del resultado de la pericia grafotécnica, me veo en la necesidad de reconocer que la firma en la constancia en mención si me corresponde” (sic).

• Informe Pericial Grafotécnico del 3 de agosto

de 2023, realizado por el perito Raúl David Lavado León, en el cual se concluyó que “Del estudio grafotécnico se ha determinado que la firma cuestionada atribuida a la persona de Máximo Quispe Salas, encontrada en el documento dubitado objeto del presente análisis pericial, proviene del puño grafico de u titular, por consiguiente, es una firma original”. (sic)

• Tal como se desprende del cuadro anterior, en el expediente administrativo obra

la carta s/n del 31 de julio de 2023, en la cual el supuesto suscriptor de la constancia de fecha 27 de junio de 2005, esto es, el señor Máximo Lorenzo Quispe Salas, manifestó inicialmente que la firma consignada en dicho documento no le corresponde. No obstante, mediante carta s/n del 7 de agosto de 2023, el mismo señor Máximo Lorenzo Quispe Salas se rectifica indicando que a la luz del resultado de la pericia grafotécnica se ve en la necesidad de reconocer que la firma en la constancia antes referida sí le corresponde. Aunado a ello, obra en el expediente el Informe Pericial Grafotécnico del 3 de agosto de 2023, elaborado por el perito Raúl David Lavado León, el cual concluyó de forma técnica que la firma cuestionada atribuida al señor Máximo Quispe Salas proviene del puño gráfico de su titular, tratándose por consiguiente de una firma original.

• En esa línea de análisis, este Tribunal considera importante recordar que, para

establecer la responsabilidad de un administrado, debe contarse con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, a fin de que se produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable. Ello significa que, en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa de un administrado, debe prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al derecho administrativo sancionador, por el cual, según OSSA ARBELÁEZ: “Cuando la prueba, válidamente ingresada al expediente administrativo, se torna insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la

la autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el in dubio pro-reo”.

• Aunado a ello, es importante tomar en consideración que, a fin de verificar la

configuración de la infracción bajo análisis, corresponde a la autoridad administrativa probar los hechos que se atribuyen al administrado, amparándose la actuación de este último en el principio de licitud, recogido en el numeral 9 del

artículo 248 del TUO de la LPAG.

• En tal sentido, considerando la aplicación del señalado principio y atención a los

elementos actuados en el presente caso, no es posible determinar la configuración de la infracción que estuviera contemplada en el literal j) del numeral 50.1 del

artículo 50 de la Ley, debiendo declararse no ha lugar la imposición a sanción.

• Por su parte, respecto a la imputación de información inexacta, debe tenerse en

cuenta que aquella supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta.

• En relación con ello, respecto de la constancia de fecha 27 de junio de 2005, de la

información obrante en el expediente administrativo se tiene el Informe Técnico N° 349/AA-11/2/d del 24 de julio de 2023, en el cual la Entidad informó que el señor Máximo Quispe Salas fue jefe de la sección de servicios generales en el año 2005. Asimismo, obra en el expediente administrativo la carta s/n del 31 de julio de 2023, en la cual el señor Máximo Lorenzo Quispe Salas [supuesto suscriptor de la constancia cuestionada] manifestó que en el periodo de enero a diciembre de 2005 laboró en el Hospital Militar Central como jefe de la Sección de Servicios Generales. Aunado a ello, a través de la carta s/n del 7 de agosto de 2023, el señor Máximo Lorenzo Quispe Salas [supuesto suscriptor de la constancia cuestionada] manifestó que “debido a la inseguridad de analizar mi firma en una copia de la constancia (la cual puede ser sujeta a alteraciones), el tiempo transcurrido (18 años) de ocurrido el hecho y al no recordar la verificación de manera incorrecta. En tal sentido y a la luz del resultado de la pericia grafotécnica, me veo en la necesidad de reconocer que la firma en la constancia en mención si me corresponde”. (sic)

• En tal sentido, considerando que en el expediente administrativo no existen

medios probatorios suficientes para determinar que la información consignada en la constancia cuestionada sea discordante con la realidad, también resulta aplicable el principio de presunción de veracidad respecto de dicho documento y el principio de licitud respecto del actuar de los integrantes del Consorcio.

• En tal sentido, este Colegiado considera que en el presente extremo no se ha

verificado la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales

• y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, debiendo declararse no

ha lugar a la imposición de sanción en ese extremo. Respecto a la supuesta falsedad o adulteración e información inexacta del Diploma de Contador Mercantil del 17 de febrero de 1983.

• En el presente caso se cuestiona la veracidad y exactitud del Diploma de Contador

Mercantil del 17 de febrero de 1983, presuntamente emitido por el Instituto Técnico Superior “Argentina” Promoción 1976, a favor de la señora Nelida Aidée Chumpitaz Yáñez. Para mejor ilustración, se muestra a continuación, el referido documento:

• Al respecto, de acuerdo a la imputación de cargos, se consideró que el diploma

antes reseñado sería falso o adulterado y contendría información inexacta, debido a que mediante el Oficio N° 621-V-DIR-IESTP. “ARGENTINA”-2023, la Directora General del IESTP “Argentina” manifestó que no expide diplomas ni títulos de contador mercantil; por lo que, recomendó solicitar información a la Dirección del Colegio Argentina.

• En esa línea, de los recaudos del expediente administrativo, se tiene que, en el

marco de la fiscalización posterior ordenada en la Resolución N° 3184-2023-TCE- S3 del 2 de agosto de 2023, mediante Oficio N° 367/AA-11/2/d del 1 de septiembre de 2023, la Entidad requirió al Instituto Argentina que confirme la autenticidad del Diploma de Contador Mercantil del 17 de febrero de 1983.

• En atención a ello, mediante Oficio N° 621-V-DIR-IESTP “ARGENTINA”-2023 del 6

de septiembre de 2023, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público – Argentina, informó lo siguiente: Como es de verse, la directora general del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público – Argentina, informó en relación al Diploma de Contador Mercantil del 17 de febrero de 1983 que “no expide diplomas ni títulos de Contador Mercantil”, por lo que sugiere solicitar información a la Dirección del Colegio Argentina.

• Ahora bien, obra en el expediente administrativo el Oficio N° 0486-2025-DIR.IE.

"A" del 25 de septiembre de 20251, por medio del cual la Institución Educativa "Argentina", indicó lo siguiente: 1 Cabe precisar que dicho documento fue presentado como parte de sus descargos por la empresa consorciada Global Serlimp N & A S.A.C.

Nótese que, en el oficio antes citado, la Institución Educativa Argentina, respecto al documento N° 01574 (otorgado bajo el Decreto que autoriza la expedición DD #01564-I.T.S. “A”), señala que la firma consignada en dicho documento sí corresponde a la directora Rebeca Zavala Pérez, quien formaba parte del staff de directores de la institución en aquella época.

• En ese contexto, con decreto del 3 de agosto de 2026, la Secretaría Técnica 3 del

Tribunal requirió a la Institución Educativa Emblemática Argentina (antes Dirección del Colegio de Argentina) que informe si el diploma cuestionado fue emitido por su institución; asimismo, de ser afirmativa su respuesta, se solicitó que precise si el contenido del diploma (nombre del titular, denominación del título, fecha de expedición, firmas y demás datos consignados) corresponde a los registros que obran en su institución. Cabe indicar que dicho decreto fue notificado a la Institución Educativa Emblemática Argentina (antes Dirección del Colegio de Argentina) mediante Cédula de Notificación N° 122235/2026.TCP el 17 de agosto de 2026. Sin embargo, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento dicha Institución no ha brindado respuesta al requerimiento de información solicitado.

• Al respecto, en relación al extremo referido a la falsedad o adulteración de los

documentos, cabe traer a colación que, en base a reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad del documento presentado ante la Administración Pública— debe tomarse en consideración, como un importante elemento a valorar, la manifestación del supuesto emisor o agente emisor o suscriptor, manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis.

• Al respecto, de una valoración literal del Oficio N° 621-V-DIR-IESTP “ARGENTINA”-

2023 del 6 de septiembre de 2023, emitido por el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público – Argentina, se advierte que este no ha negado la emisión del Diploma de Contador Mercantil del 17 de febrero de 1983, cuestionado; asimismo, se tiene que mediante el Oficio N° 0486-2025-DIR.IE. "A" del 25 de septiembre de 2025, la Institución Educativa "Argentina", señaló que la firma consignada en dicho documento sí corresponde a la directora Rebeca Zavala Pérez.

• En esa línea de análisis, este Tribunal considera importante recordar que, para

establecer la responsabilidad de un administrado, debe contarse con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, a fin de que se produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable. Ello significa que, en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa de un administrado, debe prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al derecho administrativo sancionador, por el cual, según OSSA ARBELÁEZ: “Cuando la prueba, válidamente ingresada al expediente administrativo, se torna insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la

la autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el in dubio pro-reo”.

• Aunado a ello, es importante tomar en consideración que, a fin de verificar la

configuración de la infracción bajo análisis, corresponde a la autoridad administrativa probar los hechos que se atribuyen al administrado, amparándose la actuación de este último en el principio de licitud, recogido en el numeral 9 del

artículo 248 del TUO de la LPAG.

• En tal sentido, considerando la aplicación del señalado principio y atención a los

elementos actuados en el presente caso, no es posible determinar la configuración de la infracción que estuviera contemplada en el literal j) del numeral 50.1 del

artículo 50 de la Ley, debiendo declararse no ha lugar la imposición a sanción.

• Por su parte, respecto a la imputación de información inexacta, debe tenerse en

cuenta que aquella supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta.

• En relación con ello, con decreto del 3 de agosto de 2026, la Secretaría Técnica 3

del Tribunal requirió a la Institución Educativa Emblemática Argentina (antes Dirección del Colegio de Argentina) que precise si el contenido del diploma (nombre del titular, denominación del título, fecha de expedición, firmas y demás datos consignados) corresponde a los registros que obran en su institución. Sin embargo, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento dicha Institución no ha brindado respuesta al requerimiento de información solicitado.

• En tal sentido, considerando que en el expediente administrativo no existen

medios probatorios suficientes para determinar que la información consignada en el diploma cuestionado sea discordante con la realidad, resulta aplicable el principio de presunción de veracidad respecto de dicho documento y el principio de licitud respecto del actuar de los integrantes del Consorcio.

• En tal sentido, este Colegiado considera que en el presente extremo no se ha

verificado la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales

• y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, debiendo declararse no

ha lugar a la imposición de sanción en ese extremo. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jefferson Augusto Bocanegra Diaz y la intervención de los vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Jimy Robert Ureta Aquino, en reemplazo de la vocal Marisabel Jáuregui Iriarte, según el Rol de Turnos de Vocales de Sala Vigente, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000293-2026-OECE/PRE del 5 de octubre de 2026, publicada el mismo día en el Diario Oficial “El Peruano”; y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar no ha lugar a la imposición de sanción a los proveedores GLOBAL

SERLIMP N & A SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con R.U.C. N° 20610384936) y ALVARADO CRUZADO CHAVEZ & ASOCIADOS S.A.C. (con R.U.C. N° 20606464542), por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta documentación falsa y/o adulterada e información inexacta en el marco del Concurso Público N° 2-2023-EP/UO 0794-1 (Primera convocatoria), efectuada por el Ejército Peruano – U/O 0794: Hospital Militar Central, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF [actualmente tipificadas en los literales m) y l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la nueva Ley]; por los fundamentos expuestos.

• Archivar definitivamente el presente expediente administrativo.

Regístrese, comuníquese y publíquese

JIMY ROBERT URETA AQUINO

VOCAL

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JEFFERSON AUGUSTO BOCANEGRA DIAZ

VOCAL

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VÍCTOR MANUEL VILLANUEVA SANDOVAL

PRESIDENTE

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