Resolución N.° 9741-2026-TCP-S3

Sumilla: “(…) debe tenerse presente que la imposición de una sanción de inhabilitación temporal no sólo tiene por efecto la ejecución de dicha sanción, sino también la generación de antecedentes, como consecuencia de la sanción impuesta (…)”. Lima, 11 de noviembre del 2026. VISTO en sesión del 11 de noviembre del 2026 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 1047/2019.TCE, sobre la solicitud de aplicación de retroactividad benigna efectuada por la empresa C & R INVERSIONES GENERALES S.A.C., en contra de la Resolución N° 2105-2023-TCE-S3 del 8 de mayo de 2023, emitida por la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora, Tribunal de Contrataciones Públicas); y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• Mediante Resolución N° 2105-2023-TCE-S3 del 8 de mayo de 2023, la Tercera Sala

del Tribunal de Contrataciones del Estado, ahora Tribunal de Contrataciones Públicas (en adelante el Tribunal), dispuso sancionar a la empresa C & R INVERSIONES GENERALES S.A.C. con inhabilitación definitiva y a las empresas YACZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y MEND´2 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A.C. por el periodo de treinta y ocho (38) y treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal, respectivamente, en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información inexacta ante el Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana, en lo sucesivo la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada Ley N° 30556 N° 5-2018- PGRLM – Segunda convocatoria; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley.

• A través del escrito S/N, presentado el 11 de setiembre del 2026, la empresa C &

R INVERSIONES GENERALES S.A.C., en adelante el Recurrente, solicitó la aplicación del principio de retroactividad benigna a la sanción impuesta mediante la Resolución N° 2105-2023-TCE-S3 del 8 de mayo de 2023, bajo la aplicación de la Ley N° 32069 – Ley de General de Contrataciones Públicas.

• Con decreto del 14 de setiembre del 2026, la solicitud de retroactividad benigna

se puso a disposición de la Tercera Sala del Tribunal, para que actúe de acuerdo a sus facultades.

II. ANÁLISIS:

• Es materia del presente análisis evaluar la aplicación del principio de retroactividad

benigna solicitada por el Recurrente contra la Resolución N° 2105-2023-TCE-S3 del 8 de mayo de 2023, mediante la cual se dispuso sancionarlo con inhabilitación definitiva en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa y con información inexacta ante el PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA, en el marco de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – LEY N° 30556

N° 05-2018-PGRLM – SEGUNDA CONVOCATORIA.

Marco Normativo

• El numeral 5 del artículo 230 del TUO de la LPAG establece, como parte del

principio de irretroactividad, que son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Dicho principio determina que, en los procedimientos administrativos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción y, como excepción, se admite la posibilidad de aplicar una nueva norma que ha entrado en vigencia con posterioridad a la comisión de la infracción, siempre que esta resulte más beneficiosa para el administrado. Cabe traer a colación lo señalado por Christian Guzmán Napuri1, quien sostiene que “la aplicación retroactiva de la norma administrativa sancionadora es posible solamente cuando se trata de sanciones ya generadas, pero todavía no ejecutadas. A la inversa, si una pena ya ha sido ejecutada durante el periodo de vigencia de la norma administrativa sancionadora inicial y posteriormente otra norma establece una pena menor, ésta no es posible de ser aplicada para el caso ya agotado”. 1 GUZMÁN NAPURI, Christian. Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo. Ediciones Caballero Bustamante. Lima: 2011. Pág. 817.

A mayor abundamiento, Baca Oneto, Víctor Sebastián2 señala que “(…) en caso ya hubiera sido ejecutada, no tiene sentido pretender que la nueva norma (o criterio administrativo o jurisprudencial) se apliquen retroactivamente. En este caso, la situación o relación jurídica existente entre el administrado infractor y la Administración ya se ha agotado.” Asimismo, la posibilidad de aplicar retroactivamente normas que no estuvieron vigentes al momento de la comisión de la infracción, depende de que el nuevo marco normativo represente un beneficio concreto para el administrado, no bastando simplemente comparar en abstracto los marcos normativos. Por tanto, si la nueva norma no reporta ningún beneficio a la situación del administrado, carece de objeto que se la aplique retroactivamente, dado que no es más favorable. Así, aunque en abstracto establezca disposiciones sancionadoras que puedan aparecer en términos generales como más benignas, lo que se requiere para la aplicación retroactiva de la nueva norma es que le reporte, de manera concreta, una consecuencia más ventajosa.

• Ahora bien, el numeral 5 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.º 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, ha precisado en qué aspectos una nueva norma puede aplicarse retroactivamente para favorecer al presunto infractor o al infractor; así, como parte del referido principio de irretroactividad, se establece que las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en lo referido a la tipificación de la infracción, a la sanción, sus plazos de prescripción, e incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.

• Teniendo ello en consideración, corresponde a este Colegiado analizar si, en el

presente caso, existe una nueva normativa de contratación pública vigente que resulte más beneficiosa a la situación actual del administrado, respecto a la sanción de inhabilitación definitiva que le fue impuesta por el Tribunal a través de la Resolución N° 2105-2023-TCE-S3 de fecha 8 de mayo de 2023. Sobre la solicitud de aplicación de retroactividad benigna formulada por el proveedor. 2 BACA ONETO, Víctor Sebastián. La Retroactividad Favorable en Derecho Administrativo Sancionador, en https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/09/2.-VICTOR-BACA-FIDA-2015-La-retroactividad-favorable- en-Derechoadministrativo-sancionador.pdf

• El Recurrente solicitó la aplicación del principio de retroactividad benigna a fin que

el Tribunal sustituya la sanción impuesta mediante la resolución en cuestión, señalando, principalmente, lo siguiente: ✓ Se sustituya la sanción de inhabilitación definitiva impuesta a C & R INVERSIONES GENERALES S.A.C. mediante la Resolución N° 2105-2023-TCE-S3 de fecha 8 de mayo de 2023, por una sanción de inhabilitación temporal, determinada conforme a la Ley N° 30269 y su Reglamento. ✓ Solicita que la nueva sanción temporal sea fijada en el mínimo legal aplicable de veinticuatro (24) meses, considerando que la conducta materia de la Resolución N° 2105-2023-TCE-S3 corresponde a la presentación de documentación falta y/o adulterada cuyo marco sancionador vigente establece un rango de veinticuatro (24) a sesenta (60) meses. ✓ De corresponder, y previa verificación de los antecedentes y del periodo de ejecución de la sanción, se declare que la sanción temporal resultante se encuentra íntegramente cumplida, disponiéndose la actualización de los registros correspondientes del OECE y del Registro Nacional de Proveedores. ✓ Se disponga que, para efectos de los antecedentes sancionadores futuros, la sanción sea registrada conforme a su nueva naturaleza y duración, sin mantener la calificación de inhabilitación definitiva que fue impuesta bajo un régimen jurídico que actualmente ha sido sustituido. ✓ De manera subsidiaria, únicamente en caso de que C & R acredite documentalmente el cumplimiento de los presupuestos legales correspondientes, se solicita evaluar la ampliación de la regla que permite imponer una sanción por debajo del mínimo legal cuando la documentación falsa o información inexacta fue proporcionada por n tercero, el proveedor actuó con la diligencia debida y se acreditó el inicio de las acciones legales pertinentes contra el presunto responsable.

• Ahora bien, conforme a lo señalado por el Recurrente en su solicitud, al momento

de emitirse el presente pronunciamiento se encuentra vigente la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo la Ley vigente, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento vigente. Por lo tanto, es preciso verificar si la aplicación de la normativa vigente en el presente caso resulta más beneficiosa al administrado, en aplicación del principio de retroactividad benigna.

• Sobre el particular, es preciso verificar si la aplicación de la nueva normativa en el

presente caso resulta más beneficiosa al administrado, ello atendiendo al principio de retroactividad benigna. Al respecto, el artículo 91 de la Ley vigente establece lo siguiente: “91. Inhabilitación definitiva 91.1 La sanción de inhabilitación definitiva es impuesta en los supuestos de infracción previstos en los literales i), j), k), l) y m) del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, siempre que, en los últimos cuatro años, ya se hubieran impuesto al proveedor más de dos sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis meses. Contratar con el Estado estando impedido conforme a ley, con independencia del régimen legal de contratación aplicable, conforme al artículo 30 de la presente ley. 91.2 Para efectos de la aplicación de la inhabilitación definitiva, no se consideran las sanciones impuestas por contratos menores y aquellos derivados de los catálogos electrónicos de acuerdo marco cuyos valores correspondan a contratos menores, salvo aquellas derivadas de la infracción contenida en el literal m) del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley. 91.3 El Tribunal de Contrataciones Públicas sanciona con inhabilitación definitiva los casos en los que el proveedor ya cuenta con dicha sanción y se determina que corresponde sancionarlo por la comisión de alguna de las infracciones previstas en los literales i), j), k), l) y m) del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley.

• Como se logra apreciar, la Ley vigente precisa que, para la aplicación de la sanción

de inhabilitación definitiva, en los últimos cuatro años, el proveedor deberá haber sido sancionado con dos o más sanciones que, conjunto sumen más de treinta y seis meses de inhabilitación temporal.

• Bajo dicho contexto, de la revisión de la Resolución N° 2105-2023-TCE-S3 de fecha

8 de mayo de 2023 se aprecia que, al momento de ser sancionado, el Recurrente contaba con un antecedente de sanción por el periodo de doce (12) meses de inhabilitación temporal, razón por la cual, se le impuso la sanción de inhabilitación definitiva, conforme se aprecia a continuación:

Siendo ello así, en la decisión de imponer sanción de inhabilitación definitiva al Recurrente [mediante Resolución N° 2105-2023-TCE-S3 de fecha 8 de mayo de 2023], se consideró lo previsto en el numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, en concordancia con el artículo 227 del Reglamento que establecía que el Tribunal estaba “(…) facultado para imponer sanciones administrativas de inhabilitación definitiva, al proveedor que (…) reincida en la infracción de presentación de documentación falsa, en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica directamente, para dicho supuesto se requiere que la nueva infracción se produzca cuando el proveedor haya sido previamente sancionado por el Tribunal con inhabilitación temporal por la misma infracción (presentación de documentación falsa)”.

Ello, toda vez que, el Recurrente a la fecha de la imposición de la sanción de inhabilitación definitiva, había sido sancionado por el Tribunal a través de la Resolución N° 1643-2020-TC-S2, por haber incurrido en la infracción de presentar documentación falsa.

• Sin embargo, este Colegiado aprecia que la Ley vigente establece que, para la

aplicación de la sanción de inhabilitación definitiva, el proveedor, en los últimos cuatro (4) años, debe tener dos o más sanciones de inhabilitación que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses, conforme consta en fundamento 7 de la presente resolución. Así, de la revisión de los antecedentes del Recurrente, se aprecia que este solo tenía una sanción de inhabilitación a la fecha en que fue sancionado, por un periodo de doce (12) meses, como se aprecia a continuación:

• En ese sentido, se advierte que el Recurrente ostenta una sanción temporal de

inhabilitación por doce (12) meses, la misma que se estableció en la Resolución N° 1643-2010-TC-S2 emitida el 27 de agosto del 2010, por lo que a la fecha de imposición de la sanción de inhabilitación definitiva mediante Resolución N° 2105- 2023-TCE-S3 de fecha 8 de mayo de 2023, habían transcurrido más de cuatro (4) años y, además, no se contaba con más de dos (2) sanciones que sumen el mínimo requerido por la norma vigente para la aplicación de una sanción de inhabilitación definitiva.

• En consecuencia, se concluye en el presente caso, en aplicación del principio de

retroactividad benigna, corresponde la aplicación de la norma más beneficiosa para el Recurrente, es decir, la Ley vigente, por lo que resulta procedente que se sustituya la sanción de inhabilitación definitiva, por una sanción de inhabilitación temporal.

• Ahora bien, debe tenerse presente que la variación de la sanción no implica dejar

sin efecto el periodo de sanción que ya transcurrió, pues esa parte de la sanción ya consumada permanece invariable y no puede ser revertida, habida cuenta que se cumplió válidamente de acuerdo a las normas que estuvieron vigentes al momento de imponerse la sanción.

• En el mismo sentido, el tratadista Jaime Ossa Arbeláez sostiene que “cumpliéndose

una pena impuesta por la administración surge el fenómeno de la favorabilidad ante la presencia de una normativa más benigna, ¿es dable que ella opere? Parece la más acertada con la filosofía del fenómeno que ella se cumpla de inmediato, así la satisfacción de la sanción no se hubiere agotado. Cosa diferente si las sanciones están consumadas, pues la revisión resulta improcedente”3. Igualmente, agrega que “si el proceso ya se había fallado y la sanción se cumplió no resulta posible disminuir la sanción, pues se cumplió conforme a las disposiciones entonces vigentes. Si se falló o decidió el proceso y la correspondiente providencia está en firme pero no se ha cumplido la sanción, corresponde realizar un nuevo pronunciamiento administrativo a fin de ajustar la sanción a la nueva norma más favorable, en actuación debidamente motivada fundada justamente en la existencia de esa nueva norma más favorable, previa solicitud del interesado”4.

• Como se aprecia, en la doctrina se reconoce que es posible sustituir una sanción

en ejecución, aplicando retroactivamente una nueva disposición sancionadora. Sin embargo, dicha sustitución no puede dejar sin efecto el periodo de sanción ya ejecutado, el mismo que transcurrió con base en un acto administrativo válido y de acuerdo a la normativa vigente al momento de imponerse.

• No obstante, debe tenerse presente que la imposición de una sanción de

inhabilitación temporal no sólo tiene por efecto la ejecución de dicha sanción, sino también la generación de antecedentes, como consecuencia de la sanción impuesta. Recordemos que los antecedentes de las sanciones impuestas a un proveedor, son considerados tanto para computar una eventual sanción de inhabilitación definitiva, como para graduar otras eventuales sanciones que, en lo sucesivo, podrían imponerse a aquél. En ambos casos, los antecedentes de sanción producen consecuencias directas en cuanto a la situación jurídica de los proveedores. 3 OSSA ARBELÁEZ, Jaime (2009). Derecho administrativo sancionador: una aproximación dogmática. Bogotá, Colombia. Legis Editores S.A. Segunda Edición, p.316. 4 Ibid. p. 317.

• Por consiguiente, la sustitución de una sanción, además de tener efectos respecto

a la parte de la sanción que aún está pendiente de ejecución, también implica variar los antecedentes que genera, teniendo en cuenta que, de corresponder que se reduzca la sanción, al margen que no pueda dejarse sin efecto el periodo ya ejecutado, sí se puede sustituir los antecedentes que genera la sanción, toda vez que dicha sustitución es favorable a la situación jurídica de los proveedores; lo que resulta concordante con lo solicitado expresamente por el recurrente conforme consta en los antecedentes.

• En esa medida, si bien se puede sustituir una sanción impuesta a un proveedor con

la finalidad de reducir el periodo de sanción registrado como parte de sus

concreto; lo cierto es que dicha sustitución de sanción no desvirtúa ni pone en cuestionamiento la validez del periodo de sanción ya ejecutado, ni de los efectos que produjo la inhabilitación durante su ejecución.

• Por lo expuesto, en aplicación retroactiva de la Ley N° 32069, Ley General de

Contrataciones Públicas, corresponde variar la sanción impuesta al Recurrente mediante la Resolución N° 2105-2023-TCE-S3 de fecha 8 de mayo de 2023; sustituyendo la sanción de inhabilitación definitiva por una de inhabilitación temporal para efectos de los antecedentes respectivos, recalcando que ello no afecta ni la validez, ni la eficacia del periodo de inhabilitación ya transcurrido, salvo para efectos de los antecedentes que queden registrados, conforme a lo ya expuesto.

• Dicho ello, debe atenderse la solicitud subsidiaria realizada por el Recurrente, para

lo cual, se efectuó la revisión de lo informado y remitido por el Recurrente, así como lo dispuesto por la Resolución N° 2105-2023-TCE-S3 de fecha 8 de mayo de 2023, en la que se estableció la responsabilidad del mismo debido a que este era el único obligado a verificar y velar por la veracidad de la documentación que, en su nombre, se presenta ante la entidad contratante. Cabe precisar que en la documentación remitida por el Recurrente no se ha advertido elementos que no se hayan valorado previamente; por lo que no corresponde a este Colegiado realizar una nueva valoración respecto de la determinación de responsabilidad del Recurrente sino, únicamente, atender el pedido de retroactividad en los términos que esta supone en función de la sanción impuesta en su momento mediante Resolución N° 2105-2023-TCE-S3 de fecha 8 de mayo de 2023.

• En conclusión, en el caso concreto, en virtud del principio de retroactividad

benigna, corresponde aplicar la Ley vigente al resultar más beneficiosa para el Recurrente, en el extremo referido a que, por las infracciones consistentes en presentar documentación falsa, la sanción a imponerse debe ser una inhabilitación temporal no menor de veinticuatro (24) meses ni mayor de sesenta (60) meses, previo análisis de la graduación de la sanción.

• Cabe señalar que, si bien se puede sustituir una sanción impuesta a un proveedor

con la finalidad de reducir el periodo de sanción registrado, siempre que ello corresponda de acuerdo al análisis de cada caso concreto, lo cierto es que, dicha sustitución de sanción no desvirtúa ni pone en cuestionamiento la validez del periodo de sanción ya ejecutado, ni de los efectos que produjo la inhabilitación durante su ejecución. Graduación de la sanción

• En este contexto, se estima conveniente determinar la sanción a imponer al

Recurrente, conforme a los criterios de graduación de la sanción previstos en el

artículo 366 del Reglamento vigente, en los siguientes términos:

• Naturaleza de la Infracción: En el presente caso, la infracción referida a la

presentación de documentación falsa reviste de gravedad, toda vez que vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad que deben regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dichos principios, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados.

• Ausencia de intencionalidad del infractor: de la revisión del expediente y de

acuerdo al análisis efectuado en su oportunidad, no se advierte intencionalidad en la comisión de la infracción; no obstante, se advirtió falta de diligencia en verificar la veracidad de la documentación previo a su presentación.

• La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia

que con su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, toda vez que se quebrantó el principio de buena fe que debe regir las contrataciones públicas, bajo el cual se presume que las actuaciones de los involucrados de encuentran premunidas de veracidad.

• Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:

conforme a la documentación obrante en el expediente, el Recurrente no reconoció su responsabilidad en la comisión de la infracción antes de que esta sea detectada.

• Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de

conformidad con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP) se advierte que, a la fecha de emisión del pronunciamiento de origen, el Recurrente contaba con antecedentes, según el siguiente detalle:

• Conducta procesal: conforme a la información obrante en el expediente, se

aprecia que, en su momento, el Recurrente se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos.

• Multa impaga: de conformidad con la información obrante en el RNP, se

advierte que el Recurrente no contaba con multa impaga a la fecha de emisión del pronunciamiento de origen. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Steven Aníbal Flores Olivera y la intervención de los vocales César Alejandro Llanos Torres y Héctor Ricardo Morales González, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, publicada el 5 de octubre del 2026 en el diario oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• SUSTITUIR la sanción impuesta a la empresa C & R INVERSIONES GENERALES

S.A.C. (con R.U.C. N° 20531549997) a través de la Resolución N° 2105-2023-TCE- S3 del 8 de mayo de 2023, de inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y/o contratar con el Estado, por una inhabilitación temporal de treinta (30) meses, conforme a los fundamentos expuestos.

• Dar por concluido el periodo de inhabilitación definitiva impuesta por la

Resolución N° 2105-2023-TCE-S3 del 8 de mayo de 2023, en virtud del periodo de inhabilitación ejecutado desde el 16 de mayo de 2023, el cual se ha extinguido el 16 de noviembre 2025.

• Disponer que la Unidad Funcional de Gestión de Mesa de Partes y Ejecución de la

Presidencia del Tribunal registre la sustitución del periodo de sanción de inhabilitación temporal, en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado – SITCE, a fin que así quede consignado incluso para efectos de los

anterior. Regístrese, comuníquese y publíquese.

STEVEN ANÍBAL FLORES OLIVERA

PRESIDENTE

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HÉCTOR RICARDO MORALES GONZÁLEZ

VOCAL

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CÉSAR ALEJANDRO LLANOS TORRES

VOCAL

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DIGITALMENTE

Ss. Flores Olivera. Morales González. Llanos Torres.