Resolución N.° 8461-2025-TCP-S6

Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 Sumilla: En aplicación del principio de retroactividad benigna, y considerandoque,deacuerdoalaLeyvigente,loshechospor los cuales se inició el procedimiento administrativo sancionador no resultan actualmente punibles administrativamente, al no encontrarse dentro de los alcances del impedimento para contratar con el Estado imputado al Proveedor, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción por haber contratado con el Estado estando impedido para ello. Lima, 10 de diciembre de 2025. VISTO en sesión del 10 de diciembre de 2025 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 13274-2024.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido al proveedor NESTOR WILFREDO HUAPAYA JIMENEZ, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedidoconformeaLey,deacuerdoaloqueestabaprevistoenelliteralq)delnumeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, y por haber presentado, como parte de su cotización, documentación con información inexacta, en el marco de la contratación perfeccionada mediantelaOrdendeServicioN°2544del23deagostode2023,emitidaporelGobierno Regional del Callao – Dirección de Salud I Callao; y atendiendo a lo siguiente: I. ANTECEDENTES 1. El 23 de agosto de 2023, el Gobierno Regional del Callao – Dirección de Salud I Callao, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Servicio N°2544 a favor del señor Néstor Wilfredo Huapaya Jiménez, en lo sucesivo el Proveedor, para la contratación del servicio de “Conductor solicitado por la Unidad de Servicios Generales, julio y agosto 2023”, por el monto de S/ 3 000.00 (tres mil con 00/100 soles), en adelante la Orden de Servicio. Dicha contratación configuraba un supuesto excluido del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado por ser el monto menor a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), toda vez que, en la oportunidad en que se realizó, se encontraba vigente el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-2019- EF, en adelante la Ley, y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento. Página 1 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 2. Mediante Oficio N° 223-2024-OCI/0628 del 10 de diciembre de 2024, presentado el 11 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el Órgano de Control Institucional de la Entidad puso en conocimiento que el Proveedor habría contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, en el marco de la Orden de Servicio. En ese contexto, adjuntó el Informe de Control Específico N° 017-2024-2-0628- SCE del 25 de noviembre de 2024, a través del cual señaló, principalmente, lo siguiente: • Mediante el Oficio N° 005798-204-SERVIR-GDSRH del 19 de agosto de 2024, remitido por la Gerenciade Desarrollo del Sistema de RecursosHumanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), se señaló que el Proveedor posee sanción disciplinaria de destitución, vigente desde el 4 de marzo de 2021 hasta el 3 de marzo de 2026. Asimismo, refiere que la referida sanción fue impuesta por la Municipalidad Provincial del Callao mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 133- 2021-MPC/GMdel3demarzode2021,lacualdeclaraensuartículoprimero la destitucióndel Proveedorpor lafalta tipificadaen la LeyN° 30057, Leydel Servicio Civil, inciso p) del artículo 85, “la doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dietas y función docente”. • No obstante, el Proveedor contrató con la Entidad a través de, entre otras, la Orden de Servicio, por lo que habría incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley. 3. Con decreto del 16 de mayo de 2025, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador al Proveedor, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, de acuerdo a lo que estaba previsto en el literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, y por haber presentado, como parte de su cotización, documentación con información inexacta, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del mencionado cuerpo normativo, contenida en: 1 2 Obrante a folio 3 del expediente administrativo. Obrante a folios 4 a 214 del expediente administrativo. Página 2 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 • Declaración Jurada del 18 de mayo de 2023, suscrita por el señor Néstor Wilfredo Huapaya Jiménez, a través del cual declara bajo juramento, lo siguiente: ‘‘(…) Notener impedimento contratar con el Estado, conforme al Artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado. (…)”. En ese sentido, se dispuso notificar al Proveedor para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con presentar susdescargos,bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 4. Mediante decreto del 8 de septiembre de 2025, se dispuso rectificar el error material contenido en el decreto del 16 de mayo del mismo año a través del cual se dio inicio al presente procedimiento administrativo sancionador, en los siguientes términos: Donde dice: Informe de Control Específico N° 005-2024-2- 2149-SCE del 17.05.2024; debe decir: Informe deControlEspecíficoN°017-2024-2- 0628-SCE del 25.11.2025. 5. Mediante decreto del 8 de setiembre de 2025, se indicó que, habiendo la Secretaría Técnica del Tribunal verificado que el Proveedor no se apersonó ni presentó descargos, pese a haber sido debidamente notificado con el decreto de inicio el 19 de mayo del mismo año, a través de la Casilla Electrónica del OECE, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. En tal sentido, se remitió el expediente administrativo a la Sexta Sala del Tribunal, para que resuelva, siendo recibido el 9 de setiembre de 2025. 6. A través del decreto del 16 de setiembre de 2025, se requirió a la Entidad cumpla con remitir copia del documento cuestionado en el que se aprecie que fue debidamente recibido, o del documento que acredite su recepción,así como de la cotización presentada por el Proveedor donde se pueda advertir el sello de recepción de la Entidad. 7. El 1 de octubre de 2025, la Entidad remitió al Tribunal el Informe N°4412-2025- GRC/DIRESA/OLdel29desetiembredelmismoaño,porelcual,cumplióenremitir la información solicitada por decreto del 16 de setiembre de 2025. 8. Con decreto del 27 de octubre de 2025 se requirió la siguiente información adicional: Página 3 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 “(…) A LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – SERVIR (…) En dicho contexto, se les solicita informar, de manera clara y precisa, lo siguiente: • Si figura en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles [RNSSC] o en los archivos de dicho registro, una sanción vigente contra el señor Nestor Wilfredo Huapaya Jiménez (con D.N.I N° 07897338), entre los años 2021 al 2024. En caso la respuesta sea afirmativa, sírvase remitir una copia completa, clara y legible de los documentos que dieron mérito a la inscripción de dicha sanción en contra señor Nestor Wilfredo Huapaya Jiménez (con D.N.I N° 07897338), dentro del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles [RNSSC]. • Asimismo, sírvase remitir copia legible del Reporte del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, en donde figure la sanción impuesta al señor Nestor Wilfredo Huapaya Jiménez, con D.N.I N° 07897338 (fecha de notificación, inicio de inhabilitación, fin de inhabilitación y fecha de registro de la sanción). (…) A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (…) En dicho contexto, se les solicita lo siguiente: • Sírvase remitir copia legible del Registro de Sanciones Inscritas y Vigentes en el ámbito dela Potestad Sancionadora delaContraloría General de laRepública (Actualizado yconsolidado al 2024), en donde figure la sanción impuesta al señor Nestor Wilfredo Huapaya Jiménez, con D.N.I N° 07897338, así como el plazo de inicio y término de la misma y la Resolución mediante la cual se sanciona. (…)”. 9. Mediante los Oficios N°010311-2025-SERVIR-CGSRH y N°010540-2025-SERVIR- CGSRH, presentados ante el Tribunal el 3 y 7 de noviembre de 2025, respectivamente, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, remitió la información solicitada por decreto del 27 de octubre del mismo año. 10. Con OficioN°000165-2025-CG/OC028,presentadoanteel Tribunal1dediciembre de 2025, la Contraloría General de La República, remitió la información solicitada por decreto del 27 de octubre del mismo año. Página 4 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 II. FUNDAMENTACIÓN 1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la supuesta responsabilidad del Proveedor, por haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley y por haber presentado información inexacta ante la Entidad; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de producirse los hechos denunciados. Respecto a la infracción consistente contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley. Naturaleza de la infracción 2. En lo que concierne a esta infracción, el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, determinaba responsabilidad administrativa para los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refería el literal a) del artículo 5, cuando contraten con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley. Como complementode ello,elnumeral50.2delartículo50delaLeyseñalabaque las infracciones previstas en los literales c), i), j) y k) del citado artículo, son aplicable a los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley, es decir, a las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. De acuerdo a lo expuesto, la infracción que estuvo recogida en el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, también puede configurarse en las contrataciones cuyo monto sea menor o igual a ocho (8) UIT. 3. Por otro lado, según lo regulado en el tipo infractor, este exige la concurrencia de dos condiciones para que se configure: i) que se haya celebrado un contrato con una entidad del Estado; y ii) que al momento de celebrarse y/o perfeccionarse dicho contrato, el postor se encuentre en cualquiera de los supuestos de impedimento que estuvieron previstos en el artículo 11 de esta Ley. Página 5 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 4. Ahora bien, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia de contrataciones del Estado ha consagrado como regla general, la posibilidad que toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de igualdad en los procedimientos de selección que llevan a cabo las Entidades del Estado. No obstante, la libertad de participación de postores en condiciones de igualdad constituye, a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer restriccionesalalibreconcurrenciaenlosprocesosdeselección,enlamedidaque existen determinadas personas o funcionarios cuya participación en un procedimiento de selección podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia, debido a la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que ostentan. En ese contexto, el artículo 11 de la Ley disponía una serie de impedimentos para participar en un procedimiento de selección y/o para contratar con el Estado, los cuales persiguen salvaguardar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y competencia que deben prevalecer en dichos procedimientos que llevan a cabo las Entidades. 5. Debe recalcarse que los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las contrataciones que lleven a cabo las Entidades sólo pueden establecerse mediante ley o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 3 Ello en concordancia con los Principios de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato y Competencia regulados en el artículo 2 de la Ley, como se observa a continuación: a) Libertad de concurrencia. - Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. b) Igualdad de trato. - Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatoriomanifiestooencubierto.Esteprincipioexigequeno setratendemaneradiferentesituaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. (…) e) Competencia. - Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. Página 6 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 6. En este contexto, conforme a lo expuesto, en el presente caso corresponde verificar si al perfeccionarse el contrato, el Proveedor se encontraba inmerso en el impedimento que se le imputa. Configuración de la infracción. 7. Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde determinar si el Proveedor habría incurrido en la infracción que estuvo prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo50delaLey,lacual,conformehasidoseñaladoanteriormente,contempla dos requisitosparasuconfiguración: i)que sehayacelebradoun contratocon una Entidad del Estado; y ii) que al momento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato, el postor se encuentre impedido conforme a Ley. Cabe precisarqueparalascontratacionespor montosmenoresaocho(8)UIT, por haber estado excluidas de su ámbito de aplicación, aun cuando estaban sujetas a supervisión del OSCE, no son aplicables las disposiciones que estuvieron previstas en la Ley y el Reglamento respecto del procedimiento de perfeccionamiento del contrato. Por consiguiente, considerando la naturaleza de este tipo de contratación, para acreditar el perfeccionamiento de aquel, es necesario verificar la existencia de documentación suficiente que acredite la efectiva contratación y, además, que permita identificar si al momento de dicho perfeccionamiento, el Proveedor se encontraba incurso en alguna de las causales de impedimento. Al respecto, debe precisarse que mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 008- 2021/TCE , se dispuso que “la existencia del contrato en contrataciones a las que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, puede acreditarse mediante la recepción de la orden de compra o de servicio, o con otros documentos que evidencien la realización de otras actuaciones, siempre que estos medios probatorios permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor”. (El resaltado es agregado) 8. Ahora bien, obra en el expediente administrativo la Orden de Servicio N°2544 del 23 de agosto de 2023 emitida a favor del Proveedor, para la contratación del servicio de “Conductor solicitado por la Unidad de Servicios Generales, julio y agosto 2023”, por el monto de S/ 3 000.00 (tres mil con 00/100 soles), como se muestra a continuación: 4 Publicado el 10 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial El Peruano. Página 7 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 9. Aunado a ello, obran en el expediente administrativo i) Acta de Conformidad – Contratación de Servicios del 24 y 31 de agosto de 2023; y, ii) Comprobante de Recibo por Honorarios Electrónico N° E001-94 y N° E001-94 del 24 y 25 de agosto de 2023, emitidas en el marco de la prestación de la Orden de Servicio, como se Página 8 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 muestra a continuación: Página 9 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 10. En tal sentido, conforme a la lectura conjunta de los documentos antes reproducidos, se verifica que concurre el primer requisito, esto es, que el Proveedor perfeccionó un contrato con una entidad del Estado. 11. En cuanto al segundo requisito, debe tenerse presente que la imputación efectuada al Proveedor radica en haber perfeccionado el contrato derivado de la Orden de Servicio, pese a encontrarse inmerso en el supuesto de impedimento que estaba establecido en el literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, conforme se expone a continuación: “Artículo 11. Impedimentos 11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes,postores,contratistasy/osubcontratistas,inclusoenlascontrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5, las siguientes personas: (…) q) En todo proceso de contratación, las personas inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o a través de persona jurídica en la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que cotizan acciones en bolsa. Asimismo, las personas inscritas en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional y en el Registro Nacional de SancionesdeDestituciónyDespido,poreltiempoqueestablezcalaleydelamateria; así como en todos los otros registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado. (El resaltado y subrayado es agregado) 12. Conforme a la disposición citada, se encuentran impedidas para contratar con el Estado, las personas naturales inscritas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución yDespido por el tiempo que establezca la Leyde la materia yen todos los otros registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado. 13. En cuanto a dicho registro, el artículo 263 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG,, indica que el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles consolida toda la información relativa al ejercicio de la potestad administrativa sancionadora disciplinaria y funcional ejercida por las entidades de la Administración Pública, así como aquellas sanciones penales impuestas de conformidad con los artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, Página 10 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, así como el artículo 4-A del Decreto Ley N°25475 y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106. 14. Por su parte, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1295 , 5 establece que las sanciones de destitución o despido que queden firmes o que hayan agotado la vía administrativa, y hayan sido debidamente notificadas, acarrean la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública y para prestar servicios por cinco (5) años, no pudiendo reingresar a prestar servicios al EstadooaempresadelEstado,bajocualquierformaomodalidad,pordichoplazo, siendo obligatoria su inscripción en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Asimismo, en el artículo 5 del mismo texto normativo fue establecido que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil la que administra el Registro Nacional de SancionescontraServidoresCiviles,yquienefectúalasupervisióndeconformidad a las normas sobre la materia. 15. Considerando lo anterior, es oportuno mencionar que el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) tras la publicación en el Diario Oficial El Peruano del Decreto Legislativo N° 1295 –el cual modificó parte de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General–, pasó a denominarse el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC); el cual se encuentra definido como “(…) una plataforma electrónica en la que se inscribe la información de las sanciones administrativas disciplinarias y funcionales impuestas contra los servidores civiles y ex servidores civiles, así como las sanciones penales que inhabilitan para el ejercicio de la función pública, el cual se publicita a través del Módulo de Consulta Ciudadana”. 16. Ahora bien, de la información contenida en el presente expediente, se puede apreciar que obra el reporte de fecha 31 de octubre de 2025 del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles, correspondiente al Proveedor, en el que se aprecia que cuenta con sanción de destitución, conforme se reproduce en la siguiente imagen: 5 Decreto Legislativo que modifica el artículo 242 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y establece disposiciones para garantizar la integridad en la administración pública, Decreto Legislativo N° 1295 (Publicado el 30 de diciembre de 2016). Página 11 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 De acuerdo con la información reseñada, se concluye que, desde el 9 de abril de 2021, el Proveedor figuraba inscrito en el Registro Nacional de Sanciones del Servicio Civil, en atención a la sanción de destitución que se le impuso. Esta sanciónpermanecíavigenteal31deoctubrede2025 ,fechaposterioralaemisión de la Orden de Servicio, tal como se refleja en la imagen reproducida, y mantenía su carácter público. 17. Teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte que el Proveedor se encontraba impedido para ser participante, postor o contratista con el Estado, pues tenía registrada una destitución desde el 9 de abril de 2021, la cual permanecía vigente al 31 de octubre de 2025 [fecha posterior a la emisión de la Orden de Servicio], en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. 6 Fecha en la que la SERVIR realizó la consulta, conforme se puede apreciar de la imagen reproducida. Página 12 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 Considerando que, al 23 de agosto de 2023, fecha en la que se perfeccionó la Orden de Servicio, la sanción impuesta al Proveedor estaba vigente y registrada en el Registro Nacional de Sanciones del Servicio Civil, este se encontraba impedido para contratar con el Estado, conforme a lo que estaba dispuesto en el literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley. 18. Cabe precisar que, el Proveedor no se apersonó ni presentó descargos, pese a haber sido debidamente notificado con el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, a través de la casilla electrónica del OECE. 19. Portalesconsideraciones,esteColegiadodeterminaqueelProveedorhaincurrido en la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Respecto a la infracción consistente en presentar información inexacta. Naturaleza de la infracción. 20. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que incurren en responsabilidad administrativa los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debía estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 21. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4delartículo248delTUOdelaLPAG,envirtuddelcualsoloconstituyenconductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir Página 13 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 interpretación extensiva o analogía. Por tanto, se entiende que dichoprincipio exigealórganoquedetenta lapotestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 22. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que el documento que contendría la información inexacta fue efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), al Tribunal o al RNP. Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante. 23. Una vez verificado dicho supuesto, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad. 24. Al respecto, debe acotarse que, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, debe acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre, lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio de 2018. Página 14 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 25. Es así que, la presentación de un documento con información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 26. Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 27. De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismocuerpolegal,ademásdereiterarlaobservanciadelprincipiodepresunción de veracidad, disponía que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 28. Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. Configuración de la infracción. 29. En el caso materia de análisis, se imputa al Proveedor haber presentado, como parte de su cotización, supuesta información inexacta, contenida en la: • Declaración Jurada del 18 de mayo de 2023, suscrita por el señor Néstor Wilfredo Huapaya Jiménez, a través del cual declara bajo juramento, lo siguiente: ‘‘(…) No tener impedimento contratar con el Estado, conforme al Artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado. (…)”. 30. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la Página 15 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 configuración de la infracción materia de análisis,debe verificarse la concurrencia dedoscircunstancias:i)lapresentaciónefectivadelosdocumentosquecontienen la información cuestionada ante la Entidad y ii) la inexactitud de la información cuestionada, siempre que se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección. 31. Sobre el particular, de la revisión de los documentos obrantes en el expediente administrativo sancionador, se observa que, mediante el decreto del 16 de setiembre de 2025, a fin de que la Sexta Sala del Tribunal cuente con mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se requirió a la Entidad remitir copia legible del expediente de la contratación perfeccionada en el marco de la Orden de Servicio, en la cual se incluya la cotización y el medio probatorio que acredite la recepción de la declaración jurada cuestionada por parte de la Entidad; si bien la Entidad a través del Informe N°4412-2025- GRC/DIRESA/OL del 29 de setiembre de 2025 remitió la cotización presentada por el Proveedor, del mismo no se advierte su recepción por la Entidad. 32. En esa línea, cabe reiterar que, en un procedimiento administrativo sancionador, corresponde a la autoridad administrativa probar los hechos que se atribuyen al administrado, amparándose la actuación de este último en el principio de licitud, recogido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual establece el deber de las entidades de presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes, mientras no cuenten con evidencia en contrario, la cual debe ser suficiente; lo que significa que si “en el curso del procedimiento administrativo no se llega a formar la convicción de la ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo). En todos los casos de inexistencia de prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia, incluyendo la duda razonable, obliga a la absolución del administrado” . 33. En ese sentido, si bien obran en autos el documento cuestionado [la Declaración jurada],del mismo no sepuede acreditar su presentación efectivaante la Entidad, en el marco del perfeccionamiento de la Orden de Servicio. 34. En consecuencia, al no existir elementos fehacientes que permitan acreditar la 7 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición. Gaceta Jurídica S.A.C, p.670. Página 16 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 presentación efectiva de la documentación cuya inexactitud se imputa al Proveedor, en el marco de la Orden de Servicio, este Colegiado concluye que no es posible verificar el cumplimiento del primer presupuesto exigido por el tipo infractor para la configuración de la infracción imputada; por lo que corresponde, declarar no ha lugar a la imposición de sanción por la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 35. Por lo expuesto, este Colegiado considera que en el presente caso no se configura la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, en este extremo. Sobrela posibilidad de aplicación del principio deretroactividad benigna. 36. Por otro lado, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 37. En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que estaba vigentealmomentode la comisióndela infracción.Sinembargo, como excepción, se admiteque, siconposterioridad a la comisión de la infracción entraen vigencia unanueva norma que resulta másbeneficiosa para el administrado, debido a que, por ejemplo, mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentra vigente la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo la Leyvigente, ysuReglamento, aprobado medianteDecreto SupremoN°009-2025- EF, en adelante el Reglamento vigente. 38. Al respecto, en cuanto a la tipificación de la infracción consistente en contratar con el Estado encontrándose impedido para ello,se observa que la Ley vigente ha mantenido los mismos elementos materia de análisis deltipo infractor que estuvo contemplado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de ContratacionesdelEstado, aprobado por DecretoSupremo N°082-2019-EF,como se observa a continuación: Página 17 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 “Artículo 87. Infracciones administrativas a participantes, postores, proveedores y subcontratistas 87.1. Son infracciones administrativas pasibles de sanción a participantes, postores, proveedores y subcontratistas las siguientes: (…) i) Contratar con el Estado estando impedido conforme a ley, con independencia del régimen legal de contratación aplicable, conforme al artículo 30 de la presente ley. (…)” (El resaltado es agregado) 39. Aunado a ello, se aprecia que, según el literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley que estuvo vigente al momento de la comisión de la infracción, se encuentran impedidas para contratar con el Estado, las personas naturales inscritas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido por el tiempo que establezca la Ley de la materia y en todos los otros registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado. Sin embargo, debe tenerse presente que el impedimento Tipo 4D, contemplado en el numeral 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley vigente, establece lo siguiente: “Artículo 30. Impedimentos para contratar 30.1. Con independencia del régimen legal de contratación aplicable, los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista con la entidad contratante son los siguientes: (…) 4. Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusiónenotrosregistros:elalcancedelimpedimentoparacontratarconelEstado es aplicable a las personas naturales o jurídicas, conforme a las siguientes precisiones: Impedimentos derivados de sanciones Alcance o por la inclusión de otros registros Tipo 4D: Las personas naturales inscritas en el (…) Registro Nacional de Sanciones contra Las personas naturales inscritas en el Servidores Civiles o el que haga sus Registro Nacional de Sanciones contra veces, por la comisión de infracciones Página 18 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 Servidores Civiles o el que haga sus relacionadasasuactuaciónenmateria veces, por la comisión de infraccionede contratación pública. relacionadas a su actuación en materia de contratación pública. (…) (…)” (El subrayado es agregado) 40. En ese sentido, se verifica que la Ley que estuvo vigente al momento de la comisión de la infracción establecía que se encuentran impedidas para contratar conelEstado,laspersonasnaturalesinscritasenel RegistroNacionaldeSanciones de Destitución y Despido por el tiempo que establezca la Ley de la materia y en todos los otros registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado, mientras que la Ley vigente establece que, están impedidas para contratar con el Estado en todo proceso de contratación a nivel nacional las personas naturales inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles o el que haga sus veces, siempre que dicha inscripción se deba a la comisión de una infracción relacionada a su actuación en materia de contratación pública. 41. En ese sentido, obra en el expediente administrativo la Resolución de Gerencia Municipal N° 133-2021-MPC/GM del 3 de marzo de 2021, emitida por la MunicipalidadProvincialdel Callao,atravésde lacual sedeclaró la destitución del Proveedor, por la comisión de la falta tipificada en el inciso p) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil, consistente en la doble percepción de compensaciones económicas, salvo en los casos de dietas y función docente. Para mayor detalle, se reproduce la citada resolución: Página 19 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 Página 20 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 Asimismo,delarevisióndelareferidaresolución,seadviertequelafaltacometida por el Proveedor consistió en haber percibido doble ingreso del Estado al encontrarse contratado bajo Contrato Administrativo de Servicios en la Dirección Regional de Salud del Callao y, al mismo tiempo, mantener vínculo laboral con la Municipalidad Provincial del Callao, según se advierte a continuación: 42. De este modo, si bien a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Servicio, el Proveedor se encontraba inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, lo cierto es que dichainscripción no se encontró relacionada a su actuación en materia de contratación pública. 43. En consecuencia, en aplicación del principio de retroactividad benigna, y considerando que de acuerdo a la Ley vigente, los hechos por los cuales se inició el procedimiento administrativo sancionador no resultan actualmente punibles administrativamente, al no encontrarse dentro de los alcances del impedimento para contratar con el Estado imputado al Proveedor, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción por haber contratado con el Estado estando impedidoparaello,infracciónqueestuvotipificadaenelliteralc)delnumeral50.1 del artículo 50 de la Ley. Página 21 de 22 Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 08461-2025-TCP-S6 Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jefferson Augusto Bocanegra Diaz y la intervención de los vocales Mariela Nereida Sifuentes Huamán y Héctor Ricardo Morales González y, atendiendo a la conformación de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la ResolucióndePresidenciaEjecutivaN°D000006-2025-OECE-PREdel23deabrilde2025, publicada el mismo día, en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por el Decreto Supremo Nº 067-2025-EF del 12 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; LA SALA RESUELVE: 1. Declarar, no ha lugar a la imposición de sanción contra el Proveedor NESTOR WILFREDO HUAPAYA JIMENEZ (con R.U.C. N° 10078973388), por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, y por haber presentado, como parte de su cotización, supuesta información inexacta, en el marco de la Orden de Servicio N°2544 del 23 de agosto de 2023, emitida por el Gobierno Regional del Callao – Dirección de Salud I Callao, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos. 2. Disponer el archivo definitivo del presente expediente. Regístrese, comuníquese y publíquese. HÉCTOR RICARDO MORALES GONZÁLEZ JEFFERSON AUGUSTO BOCANEGRA DIAZ VOCAL VOCAL DOCUMENTO FIRMADO DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE DIGITALMENTE MARIELA NEREIDA SIFUENTES HUAMÁN PRESIDENTA DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE Página 22 de 22