Resolución N.° 2678-2025-TCE-S3

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 2678-2025-TCE-S3 Sumilla: “(…) a efectos de verificar si se cometió la infracción imputada, debe en primer término, identificar si se ha celebrado un contrato, o de ser el caso, si se ha perfeccionado una orden de compraodeservicioconlarecepcióndelamisma,entantoque, para la configuración de la infracción bajo análisis, se debe verificar que efectivamente se haya perfeccionado un contrato y que, en dicho momento, el imputado estaba impedido para contratar con el Estado”. Lima, 15 de abril de 2025. VISTO en sesión de fecha 15 de abril de 2025 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 706/2023.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la señora LOZADA FLORIANO MERCEDES ANGELICA (con R.U.C. N° 10028230341), por su supuesta responsabilidad al haber contratadoconelEstadopeseaencontrarseimpedidaparaello,enelmarcodelaOrden de Servicio N° 1416 del 1 de noviembre de 2022, emitida por la SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE PIURA; y, atendiendo a los siguientes: I. ANTECEDENTES: 1 1. El 1 de noviembre de 2022 , el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE PIURA, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 1416, para la contratación: “Servicio de publicidad en radio fiesta para la difusión de 8 avisos diarios más 02 de bonificación, del 16 al 30 de noviembre, grabación de spots, resaltando el procedimiento de cobranza coactiva, de acuerdo al Informe 297- 2022-OII-GG/SATP, según requerimiento RQ2022000815-Oficina Imagen Institucional Plan de medios noviembre de 2022”, a favor de la señora LOZADA FLORIANO MERCEDES ANGELICA, en adelante la Contratista, por el monto de S/ 1,000.00 (mil con 00/100 soles), en adelante la Orden de Servicio. Dicha contratación se llevó a cabo bajo la vigencia del Texto Único de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 2. Mediante Memorando N° D000122-2023-OSCE-DGR del 3 de febrero de 2023, presentado el 10 de febrero del mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal de 1Según la información registrada en el SEACE. 2Obrante a folio 2 del expediente administrativo. Página 1 de 10 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 2678-2025-TCE-S3 Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, remitió el Dictamen N° 045-2021/DGR-SIRE del 16 de enero de 2023, a través del cual señala lo siguiente: • El 7 de octubre de 2018 se llevaron a cabo las Elecciones Regionales y Provinciales del Perú de 2018 para elegir a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores provinciales para el periodo 2019-2022. • De conformidad con la información del Portal Institucional del Jurado Nacional de Elecciones, se aprecia que la señora Heidy Gabriela Lozada Floriano fue elegida Regidora Provincial de Piura, Región Piura, por el periodo indicado precedentemente. • La señora Heidy Gabriela Lozada Floriano se encontraba impedida de contratar con el Estado en el ámbito de su competencia territorial durante el periodo de tiempo que ejerció el cargo de Regidor Provincial y hasta doce (12) meses después de culminado. • De la información consignada por la señora Heidy Gabriela Lozada Floriano en la Declaración Jurada de Intereses, se aprecia que consignó que la señora Mercedes Angelica Lozada Floriano (la Contratista), es su hermana. • Según la información obrante en el SEACE y en la Ficha Única del Proveedor se advierte que, a partir de la fecha en la cual la señora Heidy Gabriela Lozada Floriano asumióel cargodeRegidora ProvincialdePiura, la Contratista contrató con el Estado en el ámbito de su competencia territorial. • Concluyen que corresponde remitir los actuados al Tribunal para que, en el marco de sus competencias, disponga el inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionador. 4 3. A través del decreto del 28 de setiembre de 2023 , de forma previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita, entre otros, documentos: i) Informe Técnico Legal, ii) copia legible de la Orden de 3 4Obrante a folios 32 al 35 del expediente administrativo. Página 2 de 10 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 2678-2025-TCE-S3 Servicio, donde se aprecie que fue debidamente recibida por la Contratista, y iii) copia legible de la cotización y/u oferta presenta por la Contratista, debidamente ordenada y foliada. Dicho requerimiento fue notificado a la Entidad y a su Órgano de Control Institucional a través de las Cédulas de Notificación N° 61830/2023.TCE y 5 61829/2023.TCE el 2 de octubre de 2023, respectivamente. 4. Mediante el decreto del 5 de diciembre de 2024 , se dispuso incorporar los siguientes documentos: i) Reporte electrónico del SEACE de la Orden de Servicio N° 1416-2022-DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL del 1 de noviembre de 2022, emitida por el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE PIURA, extraído del Buscador Público de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio del OSCE; ii) Reporte de Políticos, en el cual se registra a la señora Heidy Gabriela Lozada Floriano como Regidora Provincial de Piura electa paraelperiodo2019-2022, extraídodelPortalInstitucionaldelJuradoNacionalde Elecciones - Observatorio para la Gobernabilidad INFOGOB; iii) Declaraciones Juradas de Intereses de los ejercicios 2021 y 2023 , correspondientes a la señora Heidy Gabriela Lozada Floriano, obtenido de la consulta en el portal web de la Contraloría General de la República. Asimismo, dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra la Contratista, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1. del artículo 11 de la Ley. En tal sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a fin que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 5. Mediante escrito s/n, presentado el 23 de enero de 2025 ante el Tribunal, la Contratista formuló sus descargos en los siguientes términos: • Según el principio de legalidad y diligencia, las entidades públicas tienen la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones de los participantes en un proceso de contratación. Por tanto, si la 5Obrante a folios 44 al 48 del expediente administrativo. 6Obrante a folios 40 al 43 del expediente administrativo. 7Obrante a folios 62 al 66 del expediente administrativo. Página 3 de 10 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 2678-2025-TCE-S3 Entidad no solicitó una declaración jurada u otro documento que nos permitiera a los postores o contratistas declarar posibles vínculos de parentesco con funcionarios públicos, no nos puede responsabilizar por una omisión atribuible a la propia entidad. • Las entidades deben tomar medidas para garantizar la transparencia y prevenir conflictos de interés en los procesos de contratación. Esto incluye la verificación de posibles impedimentos. • En ese sentido, si nunca le me requirió información respecto a que tenía unfamiliarencalidadderegidoraenlaMunicipalidadProvincialdePiura, no tuve la oportunidad de declarar dicha situación, ello acredita una vez más la ausencia de culpa. • Por ende, la falta de solicitud de información o declaración por parte de la Entidad demuestra que existió una omisión clara por parte de ésta, lo cual no permite atribuirme responsabilidad alguna. 6. Con decreto del 28 de enero de 2025, la Secretaría del Tribunal tuvo por apersonada y por presentados los descargos de la Contratista; y, dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala para que resuelva, recibido por el vocal ponente el 29 del mismo mes y año. 7. A través del decreto del 6 de marzo de 2025, la Tercera Sala del Tribunal convocó a audiencia pública para el 25 de marzo de 2025, la cual fue declara frustrada por la inasistencia de las partes. 8. Mediante decreto del 1 de abril de 2025, se requirió lo siguiente: “SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE PIURA (ENTIDAD) (…) 1. Copia legible de la Orden de Servicio N° 1416 del 1 de noviembre de 2022, emitida a favor de la señora LOZADA FLORIANO MERCEDES ANGELICA, en la que se aprecie que fue debidamente recibida o documento que acredite la recepción del mismo. En caso la Orden de Servicio N° 1416 del 1 de noviembre de 2022 haya sido remitida por correo electrónico, sírvase remitir el correo electrónico mediante el cual se notificó a la 8Según Toma Razón Electrónico. Página 4 de 10 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 2678-2025-TCE-S3 señora LOZADA FLORIANO MERCEDES ANGELICA, así como su respectiva constancia de recepción. 2. Copiadela documentaciónqueacreditedelaexistenciadelarelacióncontractual con la señora LOZADA FLORIANO MERCEDES ANGELICA, perfeccionada mediante la Orden de Servicio N° 1416 del 1 de noviembre de 2022, tales como la conformidad de la prestación, comprobantedepago, informesdonde constequelaejecuciónde laprestación,entreotros documentos. (…)” II. FUNDAMENTACIÓN 1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad administrativa de la Contratista, por haber contratado con el Estado estando impedida para ello, hecho que se habría producido el 1 de noviembre de 2022, fecha en la cual la Entidad generó la Orden de Servicio, durante la vigencia de la Ley y el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente caso, en lo referente al tipo infractor, la sanción y el plazo de prescripción. Naturaleza de la infracción 2. Sobre el particular, el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos que se refiere el literal a) del artículo 5, entre otros, cuando contraten con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 del TUO de la Ley. En la misma línea, el referido artículo 11 de la Ley establece que cualquiera que sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluyendo las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5. Cabe precisar que, el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley establece como un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley, pero sujeto a supervisión del OSCE lo siguiente: “Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Página 5 de 10 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 2678-2025-TCE-S3 Acuerdo Marco”. En ese orden de ideas, cabe advertir que el numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, señala que para los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley, sólo son aplicables las infracciones previstas en los literales c), i), j) y k) del mismo artículo. De acuerdo a lo expuesto, se tiene que la norma ha previsto que constituirá una conducta administrativa sancionable la comisión de las infracciones previstas en losliteralesc),i),j)yk)delnumeral50.1delreferidoartículo,auncuandoelmonto de la contratación sea menor o igual a ocho (8) UIT. 3. A partir de lo anterior, se tiene que la Ley contempla como supuesto de hecho necesario e indispensable para la configuración de la infracción: i) el perfeccionamiento del contrato o de la orden de compra o de servicio; y, ii) que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista esté incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la misma Ley. 4. Ahora bien, cabe indicar que los impedimentos para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista en las contrataciones que lleven a cabo las entidades, deben ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no estén expresamente contemplados en la normativa de contrataciones del Estado; razón por la cual, deberá verificarse, en cada caso en particular, si existen elementos suficientes para determinar que alguno de los impedimentos taxativamente establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley, le sea de alcance a aquél proveedor que desee participar en procedimientos de selección o contratar con el Estado; o, de haberse materializado el perfeccionamiento contractual, si en dicha fecha aquél se encontraba con impedimento vigente para tal efecto. 5. En este contexto, conforme a lo expuesto, corresponde verificar si, a la fecha, que se perfeccionó la relación contractual, la Contratista estaba inmerso en impedimento. Configuración de la infracción. 6. Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la infracción imputada al Contratista, resulta necesario que se verifiquen dos requisitos: Página 6 de 10 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 2678-2025-TCE-S3 i) Que se haya perfeccionado un contrato con una Entidad del Estado, y; ii) Que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista esté incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley. 7. Cabe precisar que, para las contrataciones por montos menores a 8 UIT, por estar excluidas de su ámbito de aplicación, no son aplicables las disposiciones previstas en la Ley y el Reglamento respecto del procedimiento de perfeccionamiento del contrato. Por consiguiente, considerando la naturaleza de este tipo de contratación, para acreditar el perfeccionamiento de aquel, es necesario verificar la existencia de documentación suficiente que acredite la realización de la contratación y, además, que permita identificar sí, al momento de dicho perfeccionamiento, la Contratista se encontraba incursa en alguna de las causales de impedimento. Al respecto, mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 008-2021/TCE publicado el 10 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano”, se dispuso que “la existencia del contrato en contrataciones a las que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, puede acreditarse mediante la recepción de la orden de compra o de servicio, o con otros documentos que evidencien la realización de otras actuaciones, siempre que estos medios probatorios permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor”. (el resaltado es agregado) Debe recordarse que en la Administración Pública toda contratación transcurre por diversas etapas que comprende, entre otras: el requerimiento, las indagaciones en el mercado, el proceso de contratación, el perfeccionamiento del contrato,larecepcióndelaprestaciónysuconformidad,sutrámitedepago,entre otros elementos, a partir de los cuales la Entidad puede acreditar no solo la contratación, sino además el momento en que se perfeccionó aquella. En tal contexto, ante la ausencia de una orden de compra o de servicio debidamente recibida por el proveedor imputado como impedido para participar o contratar con el Estado, resulta posible verificar la relación contractual con otra documentación, emitida por cualquiera de dichos actores, como sería la relacionada al procedimiento de pago de la prestación contratada, desde las cotizaciones, facturas yrecibos por honorarios emitidos por el proveedor, hasta la Página 7 de 10 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 2678-2025-TCE-S3 constancia de prestación que eventualmente emite la entidad para dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones, incluyendo la conformidad del área usuaria y documentosdecarácterfinancieroemitidosporlasdependenciasqueintervienen en el flujo que finaliza con el pago al proveedor, entre otros; documentos que pueden ser valorados de manera individual o conjunta, según corresponda en cada caso. En relación al perfeccionamiento de la relación contractual entre la Entidad y la Contratista 8. Sobre elprimerrequisitopara la configuración dela infracciónmateria de análisis, obrael reporteelectrónico delSEACErespectodela OrdendeServicioN°1416del 1 de noviembre de 2022, emitida por la Entidad a favor de la Contratista, por el montodeS/1,000.00(milcon00/100soles),conformeseadvierteacontinuación: 9. Como puede apreciarse, si bien la Orden de Servicio figura registrada en la plataforma del SEACE, dicho sistema no permite a este Colegiado tener certeza si aquella fue recibida por la Contratista o la fecha en que la contratación habría tenido lugar. Por otro lado, en el expediente tampoco obra documentación que permita corroborar, de forma indubitable, la existencia del vínculo contractual. 10. Aunadoaello,resultapertinenterecordar,queesteTribunal,aefectosdeverificar si se cometió la infracción imputada, debe en primer término, identificar si se ha celebrado un contrato, o de ser el caso, si se ha perfeccionado una orden de compra o de servicio con la recepción de la misma, en tanto que, para la configuración de la infracción bajo análisis,se debe verificar que efectivamente se haya perfeccionado un contrato y que, en dicho momento, el imputado estaba Página 8 de 10 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 2678-2025-TCE-S3 impedido para contratar con el Estado. 11. En atención a ello, a través de los decretos del 28 de setiembre de 2023 y del 1 de abril de 2025, la Secretaría del Tribunal y la Sala, respectivamente, requirieron a la Entidad, entre otros documentos, copia legible de la Orden de Servicio y de la constancia de su recepción o notificación, así como la copia del expediente de contratación, donde adjunte los documentos que acrediten el cumplimiento de la prestación. Al respecto, es conocido que en la Administración Pública toda contratación transcurre por diversas etapas que comprenden, entre otras: el requerimiento, las indagaciones en el mercado, el proceso de contratación, el perfeccionamiento del contrato, la recepción de la prestación y su conformidad, sutrámitedepago,entreotroselementosapartirdeloscuales,laEntidadpuede acreditarnosólolacontratación,sinoademáselmomentoenqueseperfeccionó aquella. 12. Sin embargo, tal como se ha referido precedentemente, pese al reiterado requerimiento formulado, este no ha sido atendido por la Entidad hasta la fecha de emisión de la presente Resolución; por lo que, dicho incumplimiento deberá serpuestoenconocimientodelTitulardelaEntidadparalasaccionesqueestime pertinentes en el marco de sus respectivas competencias. 13. Porconsiguiente,enelpresentecaso,delaverificacióndeladocumentaciónque obra en el expediente, no se advierte algún elemento que, de modo fehaciente, permita identificar que el contrato fue perfeccionado a través de la Orden de Servicio, al no obrar copia del mencionado documento, ni la constancia de recepción de dicha orden por parte del Contratista ni otra documentación que permita acreditar el vínculo contractual, no habiendo brindado la Entidad información adicional que sea relevante para el análisis del presente extremo, pese a los requerimientos formulados por este Tribunal. Dicha omisión impide a este Colegiado tener certeza sobre la oportunidad en que se perfeccionó el contrato, lo que resulta determinante para la verificación de la presunta comisión de la infracción. 14. En consecuencia, se concluye que, en el presente caso, no se cuenta con los elementos de convicción suficientes que acrediten que la Contratista hubiera 9Obrante a folios 32 al 35 del expediente administrativo. Página 9 de 10 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 2678-2025-TCE-S3 incurrido en la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; por lo que, no corresponde atribuirle responsabilidad por la comisión de dicha infracción. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Danny William Ramos Cabezudo y la intervención de los Vocales Marlon Luis Arana Orellana y César Alejandro Llanos Torres, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° D000004- 2025-OSCE-PREdel21deenerode2025,publicadaenlamismafechaenelDiarioOficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley, así como, los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: LA SALA RESUELVE: 1. Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la señora LOZADA FLORIANO MERCEDES ANGELICA (con R.U.C. N° 10028230341), por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida para ello, en el marco de la Orden de Servicio N° 1416 del 1 de noviembre de 2022. 2. Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad. 3. Disponer el archivamiento del presente expediente. MARLON LUIS ARANA ORELLANA PRESIDENTE DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO CÉSAR ALEJANDRO LLANOS TORRES VOCAL VOCAL DOCUMENTO FIRMADO DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE DIGITALMENTE Arana Orellana. Ramos Cabezudo. Llanos Torres. Página 10 de 10