Resolución N.° 0582-2025-TCE-S4

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 00582-2025-TCE-S4 Sumilla: “(…) la prescripción es una instituciónjurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto delos derechos o facultades delas personas o en cuanto al ejercicio de la potestad punitiva de parte de la Administración Pública, la misma que tiene efectos respecto de los particulares (…)”. Lima, 27 de enero de 2025. VISTO en sesión del 27 de enero de 2025 de laCuartaSaladelTribunalde Contrataciones delEstado, el ExpedienteN° 10408/2022.TCE, sobre elprocedimiento administrativo sancionador contra laempresa ECKERD PERU S.A. (con R.U.C. N° 20331066703) (ahora INRETAIL PHARMA S.A.), por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida conforme a Ley,de acuerdo al impedimentoprevistoenelliteralk),enconcordanciaconlosliterales a)yf)delnumeral11.1delartículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en el marco de la contratación derivado de laOrden de Compra - Guía de Internamiento N° 00280 del 30 de setiembre de 2016, emitida por laSOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE HUÁNUCO, para la “Adquisición de materiales de limpieza, leche y medicina para los niños albergados en el CAR Santa María de Guadalupe”; y atendiendo a lo siguiente: I. ANTECEDENTES: 1. El 30 de setiembre de 2016, la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE HUÁNUCO, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Compra N° 280 , para la 1 “Adquisicióndematerialesdelimpieza, lecheymedicina para losniños albergados en el CAR Santa María de Guadalupe”, a favor de la empresa empresa ECKERD PERU S.A. (con R.U.C. N° 20331066703) [ahora INRETAIL PHARMA S.A.], en adelante el Contratista, por el importe de S/ 1,391.31 (mil trescientos noventa y uno con 31/100 soles), en adelante la Orden de Compra. Dicha contratación, si bien es un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado por ser el monto menor a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), en la oportunidad en la que se realizó se encontrabavigentelaLey deContrataciones delEstado,LeyN°30225, enadelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 2. Mediante Memorando N° D000777-2022-OSCE-DGR , presentado el 22 de diciembrede2022enlaMesadePartes delTribunal deContrataciones delEstado, en lo sucesivo el Tribunal, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE remitió el Dictamen N° 353-2022/DGR-SIRE del 7 de diciembre de 2022, a través del cual 1Documento obrante a folio 51 del expediente administrativo. 2Documento obrante a folio 2 del expediente administrativo 3Documento obrante a folio 4 al 15 del expediente administrativo. Página 1 de 13 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 00582-2025-TCE-S4 comunicó que el Contratista habría incurrido en infracción administrativa al contratar con el Estado encontrándose impedido para ello, señalando principalmentelo siguiente: • De acuerdocon la información del Portal Institucional del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del portal web del Congreso dela República, el señor Gino Francisco Costa Santoalla fue elegido Congresista de la República en el Proceso de Elecciones Generales 2016, quien desempeñó dicho cargo desde el 26 dejulio de 2016 hasta el 27 de julio de2021. • Elseñor GinoFranciscoCosta Santoallaseencontróimpedidodecontratar con el Estado a nivel nacional, desde el 26 de julio de 2016 hasta el 27 de julio de 2021. Dicho impedimento se extendió hasta doce (12) meses después delcese delcargo deCongresista delaRepública,esto es, hasta el 27 de julio de2022. • De la información consignada por el señor Gino Francisco Costa Santoalla [Congresista de la República] en la Declaración Jurada de Intereses de la Contraloría General de la República, señaló que el señor Ramon José Vicente Barua Alzamora es su cuñado. • Por consiguiente, el/la cónyuge, conviviente y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad del señor Gino Francisco Costa Santoalla, se encontraron impedidos de contratar con el Estado a nivel nacional durante el tiempo que este último desempeñó el cargo de Congresista de la República y hasta doce (12) meses después del cese de dicho cargo, esto es, en el periodo de tiempo comprendido desde el 26.JUL.2016 hasta el 27.JUL.2022. • Según la información declarada ante el RNP, la cual puede visualizarse en el Buscador de Proveedores del Estado de CONOSCE, se aprecia que el Contratista, tiene como integrante del órgano de administración al señor Ramon José Vicente Barua Alzamora. • De la información indicada previamente, y con la finalidad de confirmar la composición del Contratista, a través del Oficio N D001424-2022- OSCE- SIRE, la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos (SIRE) solicitóinformación complementaria lacualfueatendidaatravés delTrámiteDocumentario N°2022-22867575- Lima, mediantela quedichoproveedorconsignó -entreotros-losiguiente: Página 2 de 13 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 00582-2025-TCE-S4 “(…) con respecto a la actualización de la composición de ECKERD PERU S.A., empresaquehoysedenominaINRETAILPHARMAS.A.(enadelante, la"Compañía" o"INRETAILPHARMA")Duranteelperiodocomprendido entreel26dejulio de2016 hasta el 26 de julio de 2022, el señor Ramón José Vicente Barua Alzamora, identificado con DNI No. 07272637, ocupó el cargo de director de INRETAIL PHARMA desde el 26 de julio de 2016 hasta el 7 de setiembre de 2021, fecha en la que el señor Barúa renunció a dicho cargo, de manera voluntaria e irrevocable, mediantecartanotarialdefecha7 desetiembrede2021”(Elresaltado es nuestro). • Cabeprecisarqueelproveedor,afin desustentarloacreditado en suCarta S/N remitió, entre otros, copia de los Asientos N°B00006 y C00016 de la Partida Registral N° 020084328. • En esesentido, considerando lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley; y, en la medida que de acuerdo a la información obrante en el RNP -cuya actualización es de exclusiva responsabilidad de los proveedores- se aprecia que el Contratista, tendría como director al señor Ramon José Vicente Barua Alzamora, pese a que tienen parentesco de segundo grado afinidad (cuñado) con el ex congresista Gino Francisco Costa Santoalla, quien se encontraba impedido de contratar con el Estado durante el tiempo que desempeñó el cargo de Congresista de la República y hasta doce(12) meses de culminadas dichas funciones, esto es, en el periodo de tiempo comprendido desde el 26 de julio de 2016 hasta el 27 de julio de 2022. • Concluye que el Contratista se encontraba impedido de contratar con el Estado, por lo que ha incurrido en la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 3. A través del Decreto del 9 de agosto de 2024 , de forma previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita, entre otros documentos, i) un Informe Técnico Legal de su asesoría, ii) señalar las causales de impedimento en las que habría incurrido el Contratista, iii) copia legibledelaOrden deCompraconsurespectivaconstancia derecepción, iv) copia de la documentación que acredite o sustente el impedimento, v) señalar y enumerar de forma clara y precisa, los supuestos documentos que contendrían información inexacta. Asimismo, deberá indicar si la presunta inexactitud generó un perjuicioy/o daño a la Entidad, vi) copia completa y legibledelos documentos queacrediten la supuesta inexactitud delos documentos cuestionados, en mérito 4 Documento obrante a folio 33 del expediente administrativo. Página 3 de 13 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 00582-2025-TCE-S4 a una verificación posterior. 4. Mediante Oficio N° 207-2024-SBHCO/GG 5 del 3 de septiembre de 2024, presentadoel 9desetiembre de2024enlaMesadePartesdelTribunal,laEntidad 6 remitió el Informe Técnico Legal N° 59-2024-SBHCO/JOAJ/JFPP del 26 de agosto de2024,asícomoladocumentaciónrequeridaatravésdelDecretodel9deagosto de 2024. 5. Por Decreto del 16 de setiembre de 2024, se inició procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al contratar con el Estado, pese a encontrarse impedido para ello, al haber incurrido en los supuestos de impedimento establecidos en el literal k) en concordancia con los literales a) y f) del artículo 11 de la Ley; infracción tipificada en el literal c) de la Ley. En tal sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación que obra en el expediente, en caso deincumplimiento. 6. Con Decreto del 17 de setiembre de2024, se dispuso notificar el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista al domicilio consignadoenelRegistroÚnicodeContribuyentedelaSuperintendenciaNacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT. 7. Mediante Escrito N° 1, presentado el 1 de octubre de 2024 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista seapersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y formuló sus descargos indicando lo siguiente: - La supuesta infracción se habría configurado el día 30 de setiembre de 2016, fecha en la que su representada recibió la Orden de Compra emitida por la Entidad. - Laprescripcióndela presuntainfracción operóel día 30desetiembre de2019; fecha en que el Contratista habría recibido la Orden deCompra; sin embargo, el Tribunal recién tomó conocimiento, con ocasión de la denuncia de la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE el 22 de diciembre de 2022, cuando ya había operado la prescripción. - Razón por la cual, a la fecha, no se podría sancionar a su representada por la 5 6Documento obrante a folio 48 del expediente administrativo. Documento obrante a folio 64 del expediente administrativo. Página 4 de 13 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 00582-2025-TCE-S4 presunta comisión de infracción debido a que se ha producido la prescripción de la potestad sancionadora del TCE. - Solicitó el uso dela palabra. 8. Mediante Decreto del 24 de octubre de 2024, se tuvo por apersonado al Contratista y por presentados sus descargos; asimismo, se dispuso remitir el expedienteala CartaSala del Tribunal,siendorecibido el 29 del mismomes yaño. II. FUNDAMENTACIÓN 1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si el Contratista incurrió en responsabilidad al haber contratado con el Estado estando inmerso en el impedimento establecido en el literal k) en concordancia con los literales a) y f) del artículo 11 de la Ley; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitados los hechos. Cuestión previa: Sobre la competencia del Tribunal para determinar responsabilidad administrativa y sancionar en el marco de contrataciones con montos iguales o menores a8 UIT. 2. De manera previa al análisis de fondo sobre el procedimiento administrativo sancionador instaurado, esteTribunalconsidera pertinente pronunciarse sobresu competencia para determinar responsabilidades administrativas e imponer sanciones respecto de contrataciones realizadas por montos iguales o menores a 8 UIT, como es en el presentecaso. Sobre ello, cabe resaltar que el numeral 1 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, en relación al principio de legalidad aplicable a la potestad sancionadora administrativa, dispone que sólo por norma con rango de Ley, cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión delasconsecuenciasadministrativas quea títulodesanciónson posibles deaplicaraunadministrado. Asimismo, elartículo249delTUO delaLPAG, precisa que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en órgano distinto. En concordancia con lo antes referido, es importante recordar que el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar TUO de la LPAG, que recoge el principio de Página 5 de 13 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 00582-2025-TCE-S4 legalidad aplicable a las actuaciones administrativas, señala que las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro delas facultades queleestén atribuidas y deacuerdo con los fines para los queles fueronconferidos. Asimismo, el numeral1.2 delcitadoartículo, que recoge el principio del debido procedimiento, precisa que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo que comprenden, entre otros, el derecho a que las decisiones administrativas sean emitidas por autoridad competente. 3. En tal sentido, el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 30225 (norma vigente a la fecha), prevé que el Tribunal es un órgano resolutivo que forma parte de la estructura administrativa del OSCE, teniendo entre sus funciones, el aplicar sanción de multa, inhabilitación temporal y definitiva a los proveedores, participantes, postores, contratistas, residentes y supervisores de obra,segúncorrespondaparacadacaso.Disposición queguardaconcordanciacon elnumeral257.1delartículo257delReglamento,aprobadocon DecretoSupremo N° 344-2018-EF (reglamento vigente a la fecha), en la que se precisa que la facultad de imponer sanciones por infracción a las disposiciones contenidas en la normativa de contrataciones del Estado, reside exclusivamente en el Tribunal. Cabe precisar que dicha facultad, también se encontraba recogida en la Ley (artículo50). 4. Por otra parte, el numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, prescribe que la facultad sancionadora del Tribunal incluye los casos a los que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley , lo cuales comprenden a las contrataciones realizadas por montos iguales o menores a 8 UIT. Esta redacción también fuerecogida por el artículo 50 dela Ley. Encuantoalcasoenconcreto,seapreciaquesibienenelnumeral50.1delartículo 50 de la Ley, se estableció que el Tribunal sancionaba a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en los casos a que se refería el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, se precisó que dicha facultad solo era aplicable respecto de las infracciones previstas en los 7“Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del OSCE 5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley: a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes yservicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco.” Página 6 de 13 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 00582-2025-TCE-S4 literalesc), h), i), j) y k) del citadonumeral.Redacción quees similarala contenida en el TUO dela Ley N° 30225. Deacuerdocon lo expuesto, la infracción recogida en elliteral c) del numeral50.1 del artículo 50 de la Ley, también pueden ser cometidas al efectuarse una contratación por un monto menor o igual a ocho (8) UIT. Y sobre ello, el Tribunal tiene competencia para conocer estos casos y, de corresponder, imponer sanción. 5. Respecto a la causa en análisis, debe tenerse presente que, a la fecha de emisión delaOrden deCompra, el valor dela UIT ascendíaa S/ 3,950(tres mil novecientos cincuenta con 00/100 soles), según fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 397-2015-EF; por lo que, en dicha oportunidad, solo correspondía aplicar la normativadecontrataciónpúblicaaaquellascontratacionessuperioresalas8 UIT; es decir, por encima de los S/ 31,600.00 (treinta y mil seiscientos con 00/100 soles). En ese orden de ideas, cabe recordar que, la Orden de Compra materia del presente análisis, fue emitida por el monto ascendente a S/ 1,391.31 (mil trescientosnoventayunocon31/100soles),es decir,unmontoinferioralasocho (8) UIT; por lo que dicha contratación se encontraba dentro de los supuestos excluidos del ámbito deaplicación dela Ley y su Reglamento. 6. En este contexto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley, el contratar con el Estado estando impedido para ello, en el marco de una contratación por monto igual o menor a (8) UIT, según la normativa vigente al momento de la ocurrencia del hecho, constituye infracción administrativa, cuya competencia para determinar su configuración eimponer sanción correspondeal Tribunal, razón por la cual se procederá con el análisis del caso en concreto. Cabe recordar que las disposiciones normativas antes referidas, también han sido recogidas por el artículo 50 del TUO dela Ley N° 30225. Cuestión previa: Sobre la posible prescripción de la infracción imputada. 7. Como condición previa al análisis de fondo de los hechos denunciados, este Colegiado estima pertinente evaluar si, en el presentecaso, la prescripción habría operado. 8. Al respecto, debetenerse en cuenta quela prescripción es una institución jurídica en virtud delacualel transcurso deltiempogeneraciertos efectosrespectodelos derechos o facultades de las personas o en cuanto al ejercicio de la potestad Página 7 de 13 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 00582-2025-TCE-S4 punitiva de parte de la Administración Pública, la misma que tiene efectos respecto delos particulares. En tal sentido, debe señalarse que el numeral 1 del TUO de la LPAG, prevé como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. Por lo expuesto, se aprecia que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable. 9. Al respecto, es pertinente hacer referencia a lo establecido en el citado artículo 252 del TUO dela LPAG, el cual precisa en su numeral 252.3, lo siguiente: “Artículo252. Prescripción (…) 252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplidoel plazopara determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constataciónde losplazos”. (El énfasis es nuestro). Conforme a lo indicado, se aprecia que el TUO de la LPAG ha otorgado a la autoridad administrativa el mandato de declarar de oficio la prescripción cuando se ha cumplido el plazo para determinar infracciones administrativas. 10. En esa medida, es pertinente aplicar el mandato normativo vigente, debiendo verificar, previamente, si procede o no declarar la prescripción de la infracción denunciada. En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique, tal como dispone la norma aplicable, si la prescripción para dicha infracción ha operado. Al respecto, cabeprecisar que, en virtud del literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley [norma vigente a la fecha de ocurrido el hecho, esto es 30 de setiembre de 2016], incurre en infracción administrativa todo proveedor, participante, postor, contratista y/o subcontratista que contrate con el Estado pese a encontrarse impedido para ello, de acuerdo al literal k) en concordancia con los literales a) y f), previsto en el artículo 11 de la Ley del literal c) del numeral Página 8 de 13 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 00582-2025-TCE-S4 50.1 del artículo 50 de la Ley. 11. Teniendo presente ello, y a efectos de verificar si para la infracción imputada ha operado el plazo de prescripción, es pertinente remitirnos a lo establecido en el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley vigente a la fecha de ocurrido el hecho denunciado, según el cual: “Artículo50. Infracciones y Sanciones administrativas (…) 50.4 Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento”. (El resaltado es agregado). De lo manifestado en los párrafos anteriores, se desprende que, el plazo de prescripción para la conducta consistente en contratar con el estado pese a estar impedido para ello, es de tres (3) años de cometida. 12. Por otro lado, es pertinente indicar que, de acuerdo con nuestro marco jurídico, el plazo de prescripción puede suspenderse. Así, el artículo 224 del Reglamento, establece que la prescripción se suspende, entre otros supuestos, con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución. Asimismo, dispone que si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado [el cual, según se dispone en los literales h) e i) del artículo 224 del reglamento, es de tres meses siguientes desde que el expediente se recibe en Sala], la prescripción reanuda su curso, adicionándose dicho término al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión. 13. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, al ser la Orden de Compra una contratación menor a 8 UIT, el perfeccionamiento del contrato se computa desde la fecha de recepción de dicha orden de Compra por parte del Proveedor, sin embargo, en el presente caso, la Entidad si bien remitió copia de la orden de compra N° 280 del 30 de septiembre de 2026, de aquella no se visualiza la recepción; no obstante ello, este Colegiado ha considerado pertinente, a efectos de realizar el cómputo del plazo de prescripción, para el presente caso, tomar como referencia la fecha de la orden de compra, la cual es la misma fecha que Página 9 de 13 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 00582-2025-TCE-S4 figura en el compromiso de la orden en mención que se consigna en el reporte del SEACE, comose muestra a continuación: ➢ Reporte de SEACE: 8 LaLeyGeneral del Sistema NacionaldeTesorería LeyNº28693,ensuartículo28,estableceque “Eldevengado es el reconocimiento de una obligación de pago que se registra sobre la base del compromiso previamente formalizado yregistrado,sin exceder el límite del correspondiente Calendario de Compromisos”. Asimismo, la Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2019-EF/50.01, vigente a la fecha de emisión de la Orden de Servicio, en su artículo 16, establecía que “(…) El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, contrato o convenio (…)”. Página 10 de 13 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 00582-2025-TCE-S4 14. En dicho contexto, a fin de realizar el cómputo del plazo de prescripción, debe tenerse en cuenta los siguientes hechos: • El 30 de setiembre de 2016, se habría configurado la infracción del literal c) del numeral50.1 delartículo50 dela Ley, yseinició el cómputodel plazode prescripción, que en caso de no interrumpirse operaba a los tres (3) años. • El 30 de setiembre de 2019, habría operado la prescripción dela infracción, en caso el plazo no haya sido interrumpido. • El22dediciembrede2022, mediante MemorandoN° D000777-2022-OSCE- DGR, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, remitió al Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelanteel Tribunal, indicó que el Contratista por habría incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. • Mediante Decreto del 16 de setiembre de 2024, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad enla comisión dela infracción referidaa contratar con el Estado pesea encontrarse impedido para ello, deacuerdo al literal k) en concordancia con los literales a) y f), previsto en el artículo 11 de la Ley deContrataciones delEstado; infraccióntipificada en elliteral c)del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 15. Delo expuesto, habiéndose iniciado elcómputo del plazode prescripción el 30 de setiembre de2016paralainfracción decontratarcon elEstadoestandoimpedido para ello, el vencimiento de los tres (3) años previstos en la Ley, tuvo como término el 30 de setiembre de 2019, fecha anterior a la oportunidad en la cual se efectuóla denuncia del hecho imputado [22 de diciembre de2022]. Lo expuesto permite afirmar que en la fecha en que fue presentada la denuncia por la Dirección de Riesgos, la prescripción dela infracción ya había operado. 16. En esesentido, en méritoa lo establecido en el numeral 252.3 del artículo252 del TUO de la LPAG, norma que otorga a la administración la potestad para declarar deoficiola prescripción en caso deprocedimientosadministrativos sancionadores corresponde a este Tribunal declarar la prescripción de la infracción imputada al Contratista. 17. En consecuencia, al haber operado en el presente caso el plazo de prescripción, Página 11 de 13 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 00582-2025-TCE-S4 carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad del Contratista por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello y, por tanto, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción. 18. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde poner en conocimiento del Titular de la Entidad y del Órgano de Control Institucional de la Entidad los hechos expuestos para que se realicen las averiguaciones del caso respecto de la prescripción operada y actúen en el marco de sus competencias. 19. Finalmente, en cumplimiento de lo establecido en el literal c) del artículo 26 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto SupremoN° 076-2016-EF ,correspondehacer deconocimientodeestaresolución a la Presidencia del Tribunal. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Juan Carlos Cortez Tataje, y la intervención de los vocaErick Joel Mendoza Merino y Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de laCuarta Sala del Tribunal deContrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° D000103-2024- OSCE-PRE del 1 de julio de 2024 publicada el 2 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de ContratacionesdelEstado,aprobadomedianteDecretoSupremoN°082-2019-EF,ylosartículos 20 y21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N°076-2016-EFdel7 deabrilde2016, analizadoslosantecedentesyluegodeagotadoeldebate correspondiente, por unanimidad; LA SALA RESUELVE: 1. Declarar, NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa ECKERD PERU S.A. (con R.U.C. N° 20331066703) [ahora INRETAIL PHARMA S.A.], por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida para ello, infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, en el marco delaOrden de Compra N° 280 del 30 desetiembre de2016,para la “Adquisición de materiales de limpieza, leche y medicina para los niños albergadosenel CAR Santa MaríadeGuadalupe”,llevadaacabopor la SOCIEDAD DEBENEFICENCIA PUBLICA DEHUÁNUCO,enrazóna la prescripciónoperada, por los fundamentos expuestos. 9 Artículo 26.- Funciones de las Salas del Tribunal Son funciones de laSalade Tribunal: (…) c) Informar a la Presidenciadel Tribunal sobre la prescripción de las infracciones administrativas en los expedientes a su cargo. Página 12 de 13 Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 00582-2025-TCE-S4 2. Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad y del Órgano de Control Institucional de la Entidad, para que adopten las medidas que estime pertinentes en el ámbito desus atribuciones, por los fundamentos expuestos. 3. Poner en conocimiento dela Presidencia del Tribunal la presenteresolución, en la cual se ha declarado no ha lugar la imposición de sanción administrativa al haber operado la prescripción de la infracción administrativa prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 4. Archivar el presente expediente. Regístrese, comuníquese y publíquese. ERICK JOEL MENDOZA ANNIE ELIZABETH PÉREZ MERINO GUTIÉRREZ VOCAL VOCAL DOCUMENTO FIRMADO DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE DIGITALMENTE JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE PRESIDENTE DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE ss. Cortez Tataje. PérezGutiérrez. MendozaMerino. Página 13 de 13