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Documento regulatorio
Procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor RAMIREZ CONDORI LUIS ALBERTO (con RUC N° 10721767928), por su supuesta responsabilidad al haber suscrito contratos o Acuerdos Marco...
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Sumilla: “(…) a través del registro en el RNP se busca garantizar que todos aquellos que compiten en un procedimiento de selección y/o a contratar con el Estado se encuentren en condiciones reales de competir; pues cautela y minimiza el riesgo que implica para el Estado el contratar con un proveedor que no tiene la capacidad técnico - financiera suficiente para cumplir sus obligaciones contractuales, situación que comprometería los recursos públicos”. Lima, 23 de abril de 2026. VISTO en sesión del 23 de abril de 2026 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 1260/2025.TCP, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor RAMIREZ CONDORI LUIS ALBERTO (con RUC N° 10721767928), por su supuesta responsabilidad al haber suscrito contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP); en el marco de la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio N° 148 del 2 de marzo de 2023, por el monto de S/ 7,200.00, emitida por la UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION, para el “EXP.000311-2023 contratación por servicios diversos, meses de enero a junio 2023”; y, atendiendo lo siguiente:
la Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 148 por el monto de S/ 7, 200.00 (siete mil doscientos con 00/100 soles) para la contratación “EXP.000311-2023 contratación por servicios diversos, meses de enero a junio 2023”, en adelante la Orden de Servicio, en favor del señor Luis Alberto Ramírez Condori, en adelante la Contratista. Dicha contratación se realizó durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019- EF, en adelante el TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificado mediante el Decreto Supremo N° 377- 2019-EF, en adelante el Reglamento.
ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas (antes Tribunal de Contrataciones del Estado), en adelante el Tribunal, la Dirección de Supervisión y 1 Obrante a folio 2 al 10 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
Asistencia Técnica del OECE (antes Dirección de Gestión de Riesgos), remitió el Dictamen SE N° 129-2024/DGR-SIRE2 del 20 de diciembre de 2024, que da cuenta de lo siguiente:
con inscripción vigente en el registro correspondiente del RNP al momento de su emisión. ii) En ese sentido, señala que existirían indicios de la comisión de una infracción a la normativa de contrataciones del Estado, tal y como lo señala el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, el cual establece que suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripción vigente en el RNP constituye una infracción pasible de ser sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
procedimiento administrativo sancionador, entre otros, se requirió a la Entidad cumpla con remitir un informe técnico legal de su asesoría en el cual se pronuncie sobre la supuesta responsabilidad del Contratista por haber contratado con el Estado sin contar con inscripción vigente ante el RNP; asimismo, cumpla con remitir copia completa y legible de la orden de servicio, en la cual se advierta la fecha en la que fue recibida por la Contratista.
de Partes Digital del Tribunal, la Entidad remitió la documentación requerida mediante Decreto del 9 de octubre de 2025, que acreditan el perfeccionamiento de la Orden de Servicio.
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber suscrito contratos o acuerdos marco sin contar con inscripción vigente en el RNP en el marco de la Orden de Servicio. Por tanto, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, en caso de incumplir el requerimiento.
del Tribunal, el Contratista se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos, en los siguientes términos:
contratación de servicios diversos que fueron efectuados en los meses de enero a junio del 2023, consistente en el servicio de registro, actualización de base de datos de bienes y servicios en el modelo del SIGA, según lo requerido por la Oficina de 2 Obrante a folio 11 al 18 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
Gestión Patrimonial, cuya forma de pago según la descripción del servicio fue de forma mensual por el monto de S/ 1,200.00 soles; por lo que manifiesta no haber incurrido en infracción.
procedimiento administrativo sancionador y por presentados sus descargos; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.
las partes puedan realizar sus respectivos informes orales. En atención a ello, mediante Escrito S/N, presentado el 20 de marzo de 2026 ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Contratista acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia convocada.
Contratista, dejandose constancia la inasistencia del representante de la Entidad.
del Tribunal, el Contratista presentó nuevo medio probatorio.
la información presentada por el Contratista.
Normativa aplicable.
Contratista incurrió en responsabilidad administrativa por haber suscrito contrato o acuerdo marco sin contar con inscripción vigente en el RNP, infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.
ocurrido durante la vigencia del TUO de la Ley, debe tenerse en cuenta que, con fecha 22 de abril de 2025 entró en vigencia la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley General, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento de la Ley General; por tanto, si en el análisis de la comisión de la infracción se advirtiera la aplicación de una disposición más favorable al administrado, se aplicará en atención al principio de retroactividad benigna. Naturaleza de la infracción
infracción administrativa, entre otros supuestos, suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, el supuesto de hecho imputado corresponde a suscribir contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.
46 del TUO de la Ley, el cual establece que el Registro Nacional de Proveedores (RNP) es el sistema de información oficial único de la Administración Pública que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su permanencia en el registro, la información general y relevante de los proveedores interesados en participar en las contrataciones que realiza el Estado, así como implementar herramientas que permitan medir el desempeño de los proveedores que contratan con el Estado. Conforme a ello, en la referida disposición normativa se estableció la obligación de los participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas en contrataciones efectuadas bajo el ámbito de la vigencia de la Ley, de encontrarse inscritos en el Registro Nacional de Proveedores – RNP. Dicha obligación se sustenta en que la información que contiene dicho registro respecto a los proveedores del Estado constituye un elemento de apoyo en la toma de decisiones de compras y contrataciones para las Entidades, lo cual permite la fácil identificación y validación de aquellos. Es así que, a través del registro en el RNP se busca garantizar que todos aquellos que compiten en un procedimiento de selección y/o a contratar con el Estado se encuentren en condiciones reales de competir; pues cautela y minimiza el riesgo que implica para el Estado el contratar con un proveedor que no tiene la capacidad técnico - financiera suficiente para cumplir sus obligaciones contractuales, situación que comprometería los recursos públicos. Cabe precisar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 del Reglamento, no requieren inscribirse como Proveedor en el RNP, aquellos proveedores cuyas contrataciones que sean por montos iguales o menores a una (1) UIT. Cabe destacar que las normas precitadas son de conocimiento público y por tanto los agentes económicos que deseen contratar con el Estado deben cumplirlas a cabalidad. Configuración de la infracción.
Dictamen SE N° 129-2024/DGR-SIRE del 20 de diciembre de 2024, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE denunció que el Contratista habría incurrido en la causal de infracción imputada, al haber suscrito contrato con la Entidad sin contar con RNP vigente.
circunstancias: i) el perfeccionamiento de la relación contractual con la Entidad y ii) la verificación de la condición de no inscrito o inscripción no vigente ante el Registro Nacional de Proveedores en la fecha del perfeccionamiento del contrato.
Orden de Servicio, emitida a favor del Contratista por la contratación denominada “EXP.000311-2023 contratación por servicios diversos, meses de enero a junio 2023”, por el importe de S/ 7,200.00 (siete mil doscientos con 00/100 soles). Para un mayor detalle, reproducimos, a continuación, la referida Orden de Servicio3. 3 Obrante a folio 57 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
Al respecto, nótese que la Orden de Servicio consigna en la descripción que la contratación corresponde a un periodo de seis (6) meses que comprende el servicio prestado del mes de enero a junio de 2023, a los que les corresponde el pago mensual, por un monto de S/ 1,200.00 (Mil doscientos con 00/100 soles); sin embargo, la emisión de la citada orden fue el 2 de marzo de 2023. Para mayor detalle se amplía la parte pertinente de la Orden de Servicio y se reproduce a continuación: Por otro lado, obra en el expediente administrativo el Acta de Conformidad del 31 de enero de 20234, a través del cual la Entidad brinda la conformidad por el servicio prestado por el Contratista durante el periodo de enero del 2023, conforme se advierte: 4 Obrante a folio 72 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
Asimismo, obra en el expediente administrativo, el recibo por honorarios de fecha 3 de febrero de 20235, documento con el cual el Contratista requirió a la Entidad el pago por 5 Obrante a folio 73 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
el servicio prestado durante el mes de enero del 2023, conforme se puede verificar a continuación:
fecha 2 de marzo de 2023, se advierte que esta fue emitida con el fin de viabilizar el pago a favor del Contratista por el servicio que venía prestando con anterioridad, tal es así que el acta de conformidad fue emitida a efectos de que la Entidad realice el pago de la contratación, que de acuerdo a lo señalado en el concepto de la Orden de Servicio se habría realizado en un periodo previo a su emisión, es decir en el mes de enero de 2023.
se emitió para viabilizar el pago de la contratación que ya se habría ejecutado, por ende, dicha Orden de Servicio no constituye el contrato, que sea la fuente de la relación contractual.
administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege.
deberá prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al derecho administrativo sancionador, por el cual según OSSA ARBELÁEZ6: “Cuando la prueba, válidamente ingresada al expediente administrativo, se torna insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la conclusión de que no hay elementos de juicio serios e indispensables para predicar la autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el in dubio pro reo. Asimismo, en el numeral 9 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS, se reconoce la presunción de licitud, en virtud de la cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.
emitido para viabilizar el pago del objeto de contratación, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el Contratista en este extremo.
regularizar el pago de una prestación ya realizada, corresponde remitir la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y su órgano de control institucional, para conocimiento y fines. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Juan Carlos Cortez Tataje, y la intervención de los vocales Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución N° D000006-2025- OECE-PRE del 23 de abril de 2025 publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF publicado el 12 de abril de 20225 en el Diario Oficial “El Peruano”, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LUIS ALBERTO (con RUC N° 10721767928), por su presunta responsabilidad al haber suscrito contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el marco de la contratación perfeccionada mediante Orden de 6 OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legis. Segunda Edición 2009. p 253.
Servicio N° 148 del 2 de marzo de 2023 emitida por la UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN; infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, por los fundamentos expuestos.
Control Institucional, para que, en el marco de sus competencias adopten las medidas que estimen pertinentes, conforme a lo señalado en el fundamento 14 de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ss. Cortez Tataje. Pérez Gutiérrez. Mendoza Merino.