Resolución N.° 00164-2026-TCP-S2

Z Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 00164-2026-TCP-S2 Sumilla: “(…) en virtud del principio de retroactividad benigna, corresponde aplicar la Ley N° 32069 al resultar más beneficiosa para el Recurrente, en el extremo referido a que, por la infracción consistente en presentar documentación falsa, infracción imputada con mayor sanción, la sanción a imponerse debe ser una inhabilitación temporal no menor de veinticuatro(24) mesesnimayorde sesenta (60) meses, previo análisis de la graduación de la sanción.” Lima, 8 de enero de 2026 VISTO en sesión del 8 de enero de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N°123/2023.TCE, sobre la solicitud de aplicación del principio de retroactividad benigna efectuada por la empresa INVENTARIOS VALUACIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. - IVASERG S.A.C., en contra de la Resolución N° 3907-2023-TCE-S2 del 4 de octubre de 2023; y, atendiendo a lo siguiente: I. ANTECEDENTES: 1. Mediante Resolución N° 3907-2023-TCE-S2 del 4 de octubre de 2023, la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora, Tribunal de Contrataciones Públicas), en adelante el Tribunal, resolvió, entre otros aspectos, sancionar a la empresa INVENTARIOS VALUACIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. - IVASERG S.A.C,contreinta ysiete(37)mesesdeinhabilitacióntemporalen susderechosde participar en procedimientos de selección, y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 0026-2020-SUNAT/3J0300 – Primera Convocatoria, convocada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, en lo sucesivo la Entidad, para la contratación del “Servicio de ordenamiento, etiquetado, rotulado, envasado, actualización de datos y la verificación física respectiva, de los bienes en custodia ubicados en el almacén de la Intendencia de Aduanas de Tumbes”; infracciones tipificadasenlosliteralesj)ei)delnumeral50.1del artículo50 delaLeyN°30225, Página 1 de 10 Z Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 00164-2026-TCP-S2 Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, en concordancia con su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento. 2. A través del Escrito S/N del 18 de noviembre de 2025, presentado al día siguiente ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la empresa INVENTARIOS VALUACIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. - IVASERG S.A.C, en lo sucesivo el Recurrente, solicitó la aplicación del principio de retroactividad benigna y, en consecuencia, se reduzca la sanción impuesta mediante la Resolución N° 3907- 2023-TCE-S2 del 4 de octubre de 2023, toda vez que la normativa vigente le resultaríamásbeneficiosa.Paradichoefecto,presentólosargumentossiguientes: • El 4 de octubre de 2023, el Tribunal, a través de la Resolución N° 3907- 2023-TCE-S2, impuso a su representada una sanción de inhabilitación temporal por treinta y siete (37) meses, al haber incurrido en la infracción consistente en presentar documentación falsa y con información inexacta ante la Entidad. • Señala que la sanción impuesta a su representada por haber presentado documentación falsa e información inexacta, se fundamenta en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, las cuales han sido recogidas en la normativa vigente, en los literales m) y l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069; no obstante, la sanción impuesta fue regulada en el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225, el cual establecía una inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, mientras que el literal d) del numeral 90.1 del artículo 90 de la Ley N° 32069 [norma vigente] ha establecido que la sanción de inhabilitación impuesta por la referida infracción no puede ser menor de veinticuatro (24) ni mayor de sesenta (60) meses. • Por tanto, considera que, al haberse contemplado un mínimo inferior del período de inhabilitación temporal para las infracciones consistentes en presentar documentación falsa e información inexacta, corresponde al Tribunal la aplicación del principio de retroactividad benigna al presente caso, toda vez que la norma vigente resulta más beneficiosa para su Página 2 de 10 Z Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 00164-2026-TCP-S2 representada, por lo que consecuentemente, se reduzca la sanción impuesta a veinticuatro (24) meses. 3. Con Decreto del 24 de noviembre de 2025, se puso a disposición de la Segunda Sala del Tribunal el presente expediente, a efectos que evalúe la solicitud de aplicación del principio de retroactividad benigna respecto a la sanción impuesta al Recurrente, realizándose el pase a vocal el mismo día. II. FUNDAMENTACIÓN: 1. Es materia del presente análisis, la solicitud de aplicación del principio de retroactividad benigna, respecto de la sanción de inhabilitación temporal de treinta ysiete(37)mesesimpuestaal Recurrentemediantela ResoluciónN° 3907- 2023-TCE-S2 del 4 de octubre de 2023, por su responsabilidad en la comisión de las infracciones consistentes en presentar documentación falsa e información inexacta; infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 artículo 50 de la Ley N° 30225. Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna 2. Como marco referencial, el Tribunal Constitucional, a través de reiterada jurisprudencia [véase Expedientes N° 2389-2007-PHC/TC, N° 2744-2010-PHC/TC, entre otros] ha señalado lo siguiente: “…el Principio de retroactividad benigna implica,portanto,laaplicacióndeunanormajurídicapenalposterioralacomisión del hecho delictivo, con la condición de que dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo. Ello se sustentaen razones político-criminales, en lamedida que el Estado pierde interés (o el interés sea menor) en sancionar un comportamientoqueyanoconstituyedelito(ocuyapenahasidodisminuida).Pero primordialmente se justifica en virtud del principio de humanidad de las penas, el mismo que se fundamenta en el principio-derecho de dignidad de la persona humana (artículo 1 de la Constitución)”. En base a dicha disposición constitucional, y considerando que tanto el Derecho PenalcomoelDerechoAdministrativoSancionadorsonmanifestacionesdelpoder punitivo del Estado, resulta que el principio de retroactividad benigna también sería aplicable a la norma administrativa sancionadora, al formar parte del conjunto normativo del Derecho Sancionador. En esa línea, la Corte Suprema de Página 3 de 10 Z Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 00164-2026-TCP-S2 JusticiadelaRepública,atravésdelaCasaciónN°3988-2011-Lima,hareconocido, con carácter de precedente vinculante, la aplicabilidad de la retroactividad benigna en materia administrativa sancionadora, señalando lo siguiente: “…la aplicación de la retroactividad benigna en materia administrativa presupone la existenciadedosjuiciosdisimilesporpartedellegisladorsobreunmismosupuesto de hecho conductual (un cambio de valoración sobre la conducta infractora): Uno anterior, más severo, y otro posterior, más tolerante.” 3. Al respecto, el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por las Leyes N° 31465 y N° 31603, en adelante el TUO de la LPAG, ha contemplado el principio de irretroactividad, según el cual “son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo quelasposterioreslesean másfavorables.Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición”. (El resaltado y subrayado es agregado). Atendiendo a lo señalado, se aprecia que el principio de retroactividad benigna también resulta aplicable al derecho administrativo sancionador. 4. En ese contexto, dicho principio determina que, en los procedimientos administrativos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción y, como excepción, se admite la posibilidad de aplicar una norma nueva que haya entrado en vigencia con posterioridad a dicho hecho, siempre que ésta resulte más beneficiosa para el administrado. Cabe traer a colación lo señalado por Christian Guzmán Napuri , quien sostiene que “…la aplicación retroactiva de la norma administrativa sancionadora es posible solamente cuando se trata de sanciones ya generadas, pero todavía no ejecutadas. A la inversa, si una pena ya ha sido ejecutada durante el periodo de vigencia de la norma administrativa sancionadora inicial y posteriormente otra 1GUZMÁN NAPURI, Christian. Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo. Ediciones Caballero Bustamante. Lima: 2011. Pág. 817. Página 4 de 10 Z Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 00164-2026-TCP-S2 norma establece una pena menor, ésta no es posible de ser aplicada para el caso ya agotado.” A mayor abundamiento, Baca Oneto, Víctor Sebastián señala que “(…) en caso ya hubiera sido ejecutada, no tiene sentido pretender que la nueva norma (o criterio administrativo o jurisprudencial) se apliquen retroactivamente. En este caso, la situación o relación jurídica existente entre el administrado infractor y la Administración ya se ha agotado.” Consecuentemente, si la nueva norma no reporta ningún beneficio a la situación del administrado, carece de objeto que se la aplique retroactivamente, dado que no es más favorable, pues, aunque, en abstracto, establezca disposiciones sancionadoras que puedan parecer en términos generales como más benignas, lo queserequiereparalaaplicaciónretroactivadelanuevanorma,esquelereporte, de manera concreta, una consecuencia más ventajosa. 5. Ahora bien, el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG ha precisado en qué aspectos una nueva norma puede aplicarse retroactivamente por favorecer al presunto infractor o al infractor; así, el referido principio de irretroactividad establece que las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo tanto en lo referido a: i) la tipificación de la infracción y la sanción, ii) los plazos de prescripción, y iii) respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. Por lo tanto, corresponde a este Colegiado analizar si, en el presente caso, existe una nueva normativa decontratación pública vigente que resulte más beneficiosa a la situación actual del administrado, respecto a la sanción de inhabilitación temporal que le fue impuesta por el Tribunal a través de la Resolución N° 3907- 2023-TCE-S2 del 4 de octubre de 2023. 6. En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha del presente pronunciamiento, se encuentra vigente la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley N° 32069, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento vigente. 2 BACA ONETO, VíctorSebastiánLa RetroactiviFavorableen DerechoAdministratiSancionadoren administrativo-sancionador.pdfontent/uploads/2017/09/2.-VICTOR-BACA-FIDA-2015-La-retroactividad-favorable-en-Derecho- Página 5 de 10 Z Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 00164-2026-TCP-S2 Cabe precisar que, de la revisión de la citada normativa, se advierte que la presentación de documentación falsa e inexacta ante determinadas entidades, continúan tipificadas como infracciones punibles de sanción; por tanto, en dicho extremo, no existe ningún cambio que favorezca la situación del Recurrente. 7. Sobre el particular, el Recurrente solicita que, en aplicación del principio de retroactividad benigna, el Tribunal sustituya la sanción de inhabilitación temporal impuesta en su contra a través de la Resolución N° 3907-2023-TCE-S2 del 4 de octubre de 2023, en virtud de los siguientes argumentos: • Señala que la sanción de inhabilitación temporal de treinta y siete (37) meses impuesta en su contra, mediante la citada resolución, se graduó teniendo en cuenta lo establecido en el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225, la cual establecía que respecto a la infracciónprevistaenelliteralj)delnumeral50.1delmismoartículo,prevé una inhabilitación a imponer no podía ser menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. • No obstante, actualmente se encuentra vigente la Ley N° 32069, en cuyo literal d) del numeral 90.1 del artículo 90, respecto a la sanción a imponer por la infracción imputada, establece que: “Por lacomisión de la infracción prevista en el literal m) del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, lasanción porimponernopuedesermenor de veinticuatromeses nimayor de sesenta meses”. 8. Ante lo expuesto, este Colegiado procedió a la revisión de la normativa vigente, advirtiendo que, respecto al concurso de infracciones, no existe un cambio respecto a las consideraciones establecidas con la anterior normativa. Por otro lado, respecto al rango de sanción impuesta por la comisión de las infracciones atribuidas al Recurrente, la normativa vigente resulta más beneficiosa, toda vez que la Ley N° 32069 ha establecido que, ante la presentación de documentación falsa, infracción con mayor sanción, corresponde imponer una inhabilitación temporal no menor de veinticuatro (24) meses ni mayor de sesenta (60) meses. Bajo esa premisa, resulta más favorable para el Recurrente que se efectúe la imposición de sanción según el periodo previsto en la Ley Nº 32069, incluyendo con ello los criterios de graduación de sanción. Página 6 de 10 Z Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 00164-2026-TCP-S2 9. Por otro lado, si bien el numeral 92.4 del artículo 92 de la Ley N° 32069 establece la posibilidadde imponeruna sanción por debajodel mínimo previstoparael caso de la infracción consistente en presentar documentación falsa, lo cual resultaría más beneficioso para el Recurrente, resulta necesario verificar la aplicación concreta de dicha estipulación, toda vez que, para su configuración, requiere el cumplimiento de determinados requisitos. Para mayor detalle, se reproduce el citado artículo: Artículo 92. Criterios para la aplicación de sanciones por el Tribunal de Contrataciones Públicas (…) 92.4. En el caso de las infracciones establecidas en los literales l) y m) del párrafo 87.1 del artículo 81 de la presente ley, se establece una sanción por debajo del mínimo previsto siempre que: a) Se demuestre que la información inexacta o el documento falso o adulterado haya sido entregado al participante, postor, proveedor o subcontratista por un tercero distinto a él. b) Se demuestre que este actuó con la debida diligencia para constatar la veracidad de la documentación o información presentada. A fin de que proceda esta reducción en la sanción, los participantes, postores, proveedores o subcontratistas deben acreditar ante el Tribunal de Contrataciones Públicas que han iniciado las acciones legales para la determinación de la responsabilidad originaria de quien presentó la información inexacta o el documento falso o adulterado. (…)”. [El resaltado y subrayado es agregado]. Al respecto, el Recurrente no ha aportado elementos o medios probatorios que deban ser valorados por este Colegiado en marco a lo establecido en la norma precitada y consecuentemente se reduzca la sanción impuesta en la resolución de origen, por debajo del mínimo previsto. 10. Por lo expuesto, en el caso concreto, en virtud del principio de retroactividad benigna, corresponde aplicar la Ley N° 32069 al resultar más beneficiosa para el Página 7 de 10 Z Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 00164-2026-TCP-S2 Recurrente, en el extremo referido a que, por la infracción consistente en presentar documentación falsa, infracción imputada con mayor sanción, la sanción a imponerse debe ser una inhabilitación temporal no menor de veinticuatro (24) meses ni mayor de sesenta (60) meses, previo análisis de la graduación de la sanción. Cabe señalar que, si bien se puede sustituir una sanción impuesta a un proveedor con la finalidad de reducir el periodo de sanción registrado, siempre que ello corresponda de acuerdo al análisis de cada caso concreto, lo cierto es que, dicha sustitución de sanción no desvirtúa ni pone en cuestionamiento la validez del periodo de sanción ya ejecutado, ni de los efectos que produjo la inhabilitación durante su ejecución. Graduación de la sanción 11. En este contexto, se estima conveniente determinar la sanción a imponer al Recurrente, conforme a los criterios de graduación de la sanción previstos en el artículo 366 del Reglamento vigente, en los siguientes términos: a) Naturaleza de la Infracción: En el presente caso, las infracciones imputadas revisten de gravedad, toda vez que vulneran los principios de presunción de veracidad e integridad que deben regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dichos principios, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados. b) Ausencia de intencionalidad del infractor: de conformidad con los medios de prueba aportados en el procedimiento de origen, se advirtió que el Recurrente tuvo un actuar intencional, toda vez que, el “Compromiso de Alquiler de Maquinaria” determinado como falso y con información inexacta, constituyeun documento que figura suscrito por su representante común,locualpermitevislumbrarqueaquelconocíadelafaltadeveracidad del documento mencionado. c) La inexistencia o grado mínimo de daño a la Entidad contratante: Se evidenció en el procedimiento de origen que las infracciones cometidas Página 8 de 10 Z Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 00164-2026-TCP-S2 conllevaron a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, al haberse afectado la transparencia y confiabilidad exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la administración pública. d) Reconocimiento de la infracción: conforme a la documentación obrante en el expediente de origen, el Recurrente no reconoció su responsabilidad en la comisión de las infracciones. e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP) se advierte que, a la fecha de emisión del pronunciamiento de origen, el Recurrente contaba con antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal, de acuerdo al siguiente detalle: Sanciones Inicio Fin Período Resolución Fecha Tipo 05/04/2017 05/11/2017 7 MESES 424-2017- 28/03/2017 TEMPORAL TCE-S2 f) Conducta procesal: debe considerarse que el Recurrente no se apersonó al procedimiento administrativo sancionador de origen y por lo que no se contó con sus descargos. g) Multa impaga: de conformidad con la información obrante en el RNP, se advierte que el Recurrente no cuenta con multas impagas. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Sonia Tatiana Angulo Reátegui, y la intervención de los vocales Steven Aníbal Flores Olivera y César Arturo Sánchez Caminiti, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000006-2025-OECE-PRE del 23 de abril de 2025, y en ejercicio de las facultadesconferidasenelartículo16delaLeyN°32069,LeyGeneraldeContrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; Página 9 de 10 Z Tribunal de Contrataciones Públicas Resolución Nº 00164-2026-TCP-S2 LA SALA RESUELVE: 1. SUSTITUIR la sanción impuesta a la empresa INVENTARIOS VALUACIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. - IVASERG S.A.C (con R.U.C. N° 20544419839), a través de la Resolución N° 3907-2023-TCE-S2 del 4 de octubre de 2023, de inhabilitación temporal de treinta ysiete (37)meses en susderechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y/o contratar con el Estado, por una inhabilitación temporal de veinticinco (25) meses, conforme a los fundamentos expuestos. 2. Dar por concluido el período de inhabilitación temporal de veinticinco (25) meses, impuestos por la Resolución N° 3907-2023-TCE-S2 del 4 de octubre de 2023 en virtud del período de inhabilitación ejecutado desde el 13 de octubre de 2023 al 13 de noviembre de 2025. 3. Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sustitución del periodo de sanción de inhabilitación temporal, en el módulo informático correspondiente, a fin que asíquede consignado incluso para efectos de los antecedentes registrados en relación al administrado al que se alude en el numeral anterior. Regístrese, comuníquese y publíquese. CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ CAMINITI SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI VOCAL DOCUMENTO FIRMADO DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE DIGITALMENTE STEVEN ANÍBAL FLORES OLIVERA PRESIDENTE DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE ss. Flores Olivera. Sánchez Caminiti. Angulo Reátegui. Página 10 de 10