Estamos desarrollando una nueva herramienta que te permitirá buscar y resumir información del Banco Resoluciones del Tribunal (Banco de Casos SEACE), con respuestas rápidas y enlaces a los casos relevantes. ¡Queremos conocer tu opinión para hacerla aún mejor!
Documento regulatorio
Procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor Norvil Mendoza Hernández, por su supuesta responsabilidad, al haber suscrito contrato sin contar con inscripción vigente en el Regi...
Puedes leer el documento directamente en la página.
Si tu navegador bloquea el visor, usa este enlace directo al PDF.
Extracto del contenido extraído del PDF para facilitar lectura e indexación.
Sumilla: “(…) para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable (…)” Lima, 19 de marzo de 2026. VISTO, en sesión del 19 de marzo de 2026, por la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 1595/2025.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor Norvil Mendoza Hernández, por su supuesta responsabilidad, al haber suscrito contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de proveedores (RNP), en el marco de la contratación que se habría perfeccionado mediante la Orden de Servicio N° 3085 del 12 de diciembre de 2023, emitida por la Universidad Nacional de San Martín, y atendiendo a lo siguiente;
procedimiento administrativo sancionador contra el señor Norvil Mendoza Hernández (R.U.C. N° 10452477772), en adelante el Contratista, por su supuesta responsabilidad, al haber suscrito contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de proveedores (RNP), en el marco de la contratación que se habría perfeccionado mediante la Orden de Servicio N° 3085 del 12 de diciembre de 2023 por el monto correspondiente a S/ 5 421.00 (cinco mil cuatrocientos veintiuno con 00/100 soles), en adelante la Orden de Servicio, emitida por la Universidad Nacional de San Martín, en adelante la Entidad; infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.
Como sustento para disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, valoró la denuncia presentada por la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (ahora OECE) el 27 de enero de 2025, mediante Memorando N° D 000622-2024-OSCE-DGR1 del 2 de enero de 2025, al cual adjuntó el Dictamen SE N° 135-2024/DGR-SIRE2 del 27 de diciembre de 2024, en el que señaló que durante los meses de enero a junio del año 2023 se emitieron diversas órdenes de manera fraccionada a favor del Contratista sin que este cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. En ese sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.
no presentó descargos en el plazo otorgado, pese a haber sido notificado con el inicio del procedimiento administrativo sancionador (vía casilla electrónica del OECE), se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente a la Quinta Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 19 del mismo mes y año.
se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y formuló sus descargos, conforme a lo siguiente:
del Expediente N° 01432-2025-TCE, solicitando que se declare la nulidad del acto impugnado y, en consecuencia, su absolución del cargo imputado.
bajo la vigencia de la Ley N° 30225, por lo que correspondía aplicar dicha normativa. En ese marco, citó disposiciones referidas a la responsabilidad del área usuaria en la formulación del requerimiento y en la conducción del proceso de contratación, señalando que tales responsabilidades recaen en los funcionarios y servidores de la Entidad. 1 Obrante a folios 2 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 2 Obrante a folios 11 al 18 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
Públicas, indicando que las entidades contratantes son responsables de prevenir y solucionar los conflictos de intereses que puedan surgir en el proceso de contratación.
nulidad, al no haberse observado correctamente —según afirma— las disposiciones legales aplicables ni las responsabilidades funcionales correspondientes.
Martín a fin de que acredite la notificación oportuna relacionada con los requisitos para formalizar las órdenes de servicio, señalando que ello permitiría evaluar la actuación de los funcionarios que intervinieron en el proceso, particularmente en lo referido a la verificación de la vigencia del RNP.
y se otorgue el trámite correspondiente a su recurso de reconsideración conforme al TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
íntegramente los fundamentos expuestos en su escrito del 28 de enero de 2026, variando únicamente el número de Decreto —de N° 693508 a N° 682085— y el número de Expediente —de N° 01432-2025-TCE a N° 01595-2025-TCE—.
Contratista al procedimiento y por presentados sus descargos de forma extemporánea, dejándose lo expuesto a consideración de la Sala.
presunta responsabilidad del Contratista por haber suscrito contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados.
Naturaleza de la infracción.
infracción administrativa, entre otros supuestos, suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Al respecto, es pertinente precisar que, el literal a) del artículo 5 de la Ley establece como un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley, pero sujeto a supervisión del OSCE, las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción, ello no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. Por su parte, el numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley señala que la infracción prevista en el literal k) del citado artículo, es aplicable a los casos previstos en el literal a) del artículo 5 de la Ley, es decir, a “las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción”.
supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, el supuesto de hecho imputado corresponde a suscribir contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.
artículo 46 de la Ley, el cual establece que el Registro Nacional de Proveedores (RNP) es el sistema de información oficial único de la Administración Pública que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su permanencia en el registro, la información general y relevante de los proveedores interesados en participar en las contrataciones que realiza el Estado, así como implementar herramientas que permitan medir el desempeño de los proveedores que contratan con el Estado.
de los participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas en contrataciones efectuadas bajo el ámbito de la vigencia de la Ley, de encontrarse inscritos en el Registro Nacional de Proveedores – RNP.
respecto a los proveedores del Estado constituye un elemento de apoyo en la toma de decisiones de compras y contrataciones para las Entidades, lo cual permite la fácil identificación y validación de aquellos.
Reglamento, no requieren inscribirse como Proveedor en el RNP, aquellos proveedores cuyas contrataciones sean por montos iguales o menores a una (1) UIT.
los agentes económicos que deseen contratar con el Estado deben cumplirlas a cabalidad. Configuración de la infracción.
dos circunstancias: i) el perfeccionamiento de la relación contractual con la Entidad y ii) la verificación de la condición de no inscrito o inscripción no vigente ante el Registro Nacional de Proveedores en la fecha del perfeccionamiento del contrato a través de la Orden de Servicio.
concreto, respecto del primer requisito, obra en el expediente administrativo copia de la Orden de Servicio N° 3085 del 12 de diciembre de 2023, emitida por la Entidad a favor del Contratista, por el monto correspondiente a S/ 5 421.00 (cinco mil cuatrocientos veintiuno con 00/100 soles), la cual se reproduce a continuación:
de la descripción de la misma se desprende expresamente lo siguiente: “(…) Pago por laborar como docente auxiliar a tiempo completo en la facultad de educación y humanidades – Rioja (Educación Primaria) de la UNSM, semestre académico 2023-II.
octubre = 1807.00 noviembre = 1807.00 diciembre = 1807.00 (…)”. (El énfasis es agregado).
que sustenta la presente imputación, se emitió para regularizar el pago de prestaciones que ya se venían ejecutando (en octubre y noviembre de 2023); por ende, el documento materia de imputación no constituye el contrato ni da cuenta del perfeccionamiento de una relación contractual entre el Contratista y la Entidad, sino que éste se habría materializado con anterioridad, en una oportunidad que se desconoce y que este Colegiado precisa identificar con precisión a fin de determinar la responsabilidad administrativa materia de imputación.
orden de servicio imputada en el presente procedimiento administrativo sancionador; ni la oportunidad en que se perfeccionó, lo cual incluso podría haberse producido en un momento en el cual el Contratista se encontraba inscrito en el RNP, e inclusive respecto del cómputo del plazo de prescripción de la infracción imputada.
un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege. Ello significa que en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa del Contratista, deberá prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al derecho administrativo sancionador, por el cual según OSSA ARBELÁEZ3: “Cuando la prueba, válidamente ingresada al expediente administrativo, se torna insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la 3 OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legis. Segunda Edición 2009. p 253.
conclusión de que no hay elementos de juicio serios e indispensables para predicarla autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el in dubio pro reo. Asimismo, en el numeral 9 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS, se reconoce la presunción de licitud, en virtud de la cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.
de la relación contractual entre el Contratista y la Entidad, objeto de la presente imputación corresponde eximir de responsabilidad administrativa a aquel y, por ende, declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe el Vocal ponente Jorge Alfredo Quispe Crovetto, y la intervención del Vocal Christian César Chocano Davis, y de la Vocal Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, según rol de turnos de Vocales de Sala vigente; atendiendo a la reconformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000054-2026-OECE-PRE, del 2 de marzo de 2026, publicada el 3 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 11 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
Hernández (RUC N° 10452477772), por su presunta responsabilidad al haber suscrito contrato sin contar inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el marco de la Orden de Servicio N° 3085 del 12 de diciembre de 2023, emitida por la Universidad Nacional de San Martín; infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, por los fundamentos expuestos.
presente resolución, a efectos de la adopción de las medidas que correspondan.
Regístrese, comuníquese y publíquese,
ss. Chocano Davis. Quispe Crovetto. Pérez Gutiérrez.