Documento regulatorio
Resolución N.° 8919-2026-TCP-S5
Recurso de apelación interpuesto por el postor Corporación Cruz Textil S.A.C. en el marco de la Licitación Pública para Bienes N° 002-2026-SAT (Primera Convocatoria), por relación de ítems, para la...
- Tipo
- No clasificado
- Fecha
- 28/09/2026
- Fuente
- gob.pe/oece/normas-legales
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Sumilla: “La nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones”. Lima, 28 de setiembre de 2026 VISTO en sesión de fecha 28 de setiembre de 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N.° 6402/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor Corporación Cruz Textil S.A.C. en el marco de la Licitación Pública para Bienes N° 002-2026-SAT (Primera Convocatoria), por relación de ítems, para la “Adquisición de uniformes institucionales (verano - invierno) para el personal del SAT – 2026”; atendiendo a lo siguiente:
- ANTECEDENTES:
- El 3 de julio de 2026, el Servicio de Administración Tributaria-Lima, en lo sucesivo la
Entidad, convocó la Licitación Pública para Bienes N° 002-2026-SAT (Primera Convocatoria), por relación de ítems, para la “Adquisición de uniformes institucionales (verano - invierno) para el personal del SAT – 2026”, con una cuantía de S/ 1 907 181.65 (un millón novecientos siete mil ciento ochenta y uno con 65/100 soles); en lo sucesivo el procedimiento de selección. El Ítem N.° 2 tuvo por objeto la adquisición de “Uniformes de caballero (verano e invierno)”, tuvo una cuantía de S/ 919 069.22 (novecientos diecinueve mil sesenta y nueve con 22/100 soles). Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 009-2025-EF y modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento.
- El 11 de agosto de 2026 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el 21
del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección al postor Samitex S.A. (con R.U.C. N.° 20348511824), en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 567 499.76 (quinientos sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve con 76/100 soles), a partir de los siguientes resultados: Postor Etapas Buena Pro Admisión Calificación Oferta Económica S/ Puntaje Total Orden de Prelación Samitex S.A. Admitida Calificada 567 499.76 95.00 1 SÍ Corporación Cruz Textil S.A.C. Admitida Calificada 772 251.00 39.39 2 NO Jedatex S.A.C. Admitida Descalificada - - - NO Modas & Stylos Ivet S.A.C.
- Mediante Escrito N.° 1 y 2, presentados el 2 y 4 de setiembre de 2026,
respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor Corporación Cruz Textil S.A.C. (con R.U.C. N.° 20562654063), en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la admisión de la oferta ganadora y contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 al Adjudicatario, solicitando que: i) se declare no admitida la oferta del Adjudicatario en el ítem N.° 2, dejándose sin efecto la buena pro, y ii) se le otorgue la buena pro del ítem N° 2.
- Con decreto del 7 de setiembre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación
y se convocó a audiencia pública para el 11 de setiembre de 2026. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual debía indicar expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos al Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, en el plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlo. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Quinta Sala del Tribunal, siendo recibido en la misma fecha por el vocal ponente.
- Mediante el Informe N.° 004-2026-SAT-COMITÉ/LP-002-2026 y el Informe N°
D000404-2026-SAT-OAF-HLAL, registrados en el SEACE el 10 de setiembre de 2026, la Entidad absolvió el traslado del recurso solicitando que sea declarado infundado.
- Mediante Escrito N.° 1 presentado el 10 de setiembre de 2026, el Adjudicatario se
apersonó al procedimiento solicitando que se declare infundado el recurso impugnativo y que se ratifique la buena pro otorgada a su favor.
- Por decreto del 11 de setiembre de 2026, se dispuso tener por apersonado al
Adjudicatario y por absuelto el traslado del recurso de apelación.
- El 11 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación
de los representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad.
- Con decreto del 11 de setiembre de 2026, la Quinta Sala del Tribunal identificó un
posible vicio que ameritaría declarar la nulidad del procedimiento de selección, y corrió traslado del mismo a las partes y la Entidad a fin de que expongan sus posiciones sobre el particular, en los siguientes términos:
A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE Y AL TERCERO ADMINISTRADO:
Sírvanse emitir pronunciamiento respecto del posible vicio de nulidad del procedimiento de selección que se desarrolla a continuación:
- Dentro de los requisitos de admisión establecidos en el numeral 2.2.1.1 del
presentación de la Declaración Jurada correspondiente al Anexo N.° 3, dentro de cuyos extremos el postor debe declarar conocer, aceptar y someterse a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. Asimismo, declara cumplir con todas las condiciones establecidas en el requerimiento y exigidas por la entidad contratante, para el objeto de la contratación.
- Por otro lado, en el Capítulo III —requerimiento— de las bases integradas se
establecieron las siguientes condiciones aplicables al plazo de entrega de los bienes objeto de la contratación:
- Como se aprecia, los bienes materia de la presente convocatoria se entregarían
en el plazo máximo de cincuenta (50) días calendarios, contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato; señalándose que la Oficina de Recursos Humanos coordinará con el Contratista aspectos relacionados a la operatividad de las etapas comprendidas en el proceso, desde el inicio de la ejecución de la prestación, respecto a la operatividad de las etapas comprendidas en el suministro, según los plazos que se detallan en el cuadro citado.
- Cabe destacar que la condición referida al plazo también ha sido incorporada
como factor de evaluación, como se reproduce a continuación:
- Según ello, se prevé el puntaje de diez (10) puntos para aquellos postores que
oferten un plazo de entrega que se ubique dentro del rango de cuarenta y nueve (49) hasta cuarenta y seis (46) días calendario, con una mejora progresiva del puntaje en función de la reducción del plazo ofertado, alcanzando el máximo de cincuenta (50) puntos cuando el plazo es menor a treinta y un (31) días calendario.
- Por otra parte, de la revisión de la oferta del Impugnante, se advierte que a través
de su Anexo N.° 12 este ofertó el siguiente plazo de entrega:
Como se advierte, mientras que en el párrafo introductorio del anexo el Impugnante oferta un plazo de “30 días calendario contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato y conforme al cronograma siguiente”, el cuadro que desagrega el plazo contiene tres etapas de 2, 8 y 30 días calendario, totalizando 40 días como plazo de entrega. Debe notarse que la consignación de dos periodos distintos dentro de la misma oferta supone la proposición de un plazo incierto, lo que genera adicionalmente incompatibilidad entre el Anexo N.° 12 y el Anexo N.° 3, previsto como requisito de admisión de la oferta, documento por el cual el postor declaró someterse a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección, así como cumplir con todas las condiciones establecidas para el objeto de la contratación: Por ende, la incongruencia de la oferta del Impugnante en la condición del plazo de entrega, encontrándose vinculada con los compromisos asumidos a través del Anexo N.° 3 —requisito de admisión— debían dar lugar a la no admisión de la oferta.
- Pues bien, de la revisión del “Acta de apertura, admisión, calificación y evaluación
de ofertas”, se advierte que la incongruencia en el plazo ofertado por el Impugnante fue identificada por el comité. Sin embargo, el defecto en la formulación del plazo no motivó la no admisión de la oferta, sino que dio como único resultado la asignación de cero (0) en el factor de evaluación de plazo de entrega:
- La circunstancia expuesta supondría una vulneración del principio de legalidad
previsto en el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, por el cual “las partes involucradas en el proceso de contratación deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la Ley y al derecho dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo con los fines conferidos”. Asimismo, se habría afectado la transparencia del presente procedimiento de selección, prevista en el literal i) de dicho numeral, al no haberse evaluado correctamente la oferta del Impugnante. Ello, en la medida en que el comité se ha limitado a valorar la incongruencia del plazo ofertado del Impugnante como un incumplimiento de las condiciones para el acceso a puntaje de evaluación en el factor de evaluación facultativo del plazo de entrega, cuando correspondía ser procesado como un incumplimiento directo de las condiciones de admisión por recaer sobre un elemento esencial del requerimiento que no cuenta con una formulación unívoca en la oferta del recurrente, lo que incide sobre los compromisos declarados en el Anexo N.° 3, que forma parte de los requisitos de admisión.
- Teniendo en cuenta lo señalado y en atención a lo dispuesto en el numeral 313.2
del artículo 313 del Reglamento, se corre traslado a las partes para que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, se pronuncien respecto si lo descrito configura un vicio que justifique declarar la nulidad del procedimiento de selección.
- Mediante Escrito N.° 4 presentado el 18 de setiembre de 2026, el Impugnante
absolvió el traslado del presunto vicio de nulidad, efectuado con decreto del 11 de setiembre de 2026.
- Mediante Informe N.°D000501-2026-SAT-OAF-HLALpresentado el 18 de setiembre de
2026, la Entidad absolvió el traslado del posible vicio de nulidad efectuado con decreto del 11 de setiembre de 2026.
- Mediante Escrito N.° 3 presentado el 18 de setiembre de 2026, el Adjudicatario
absolvió el traslado del presunto vicio de nulidad efectuado con decreto del 1 de setiembre de 2026.
- Con decreto del 21 de setiembre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.
II. FUNDAMENTACIÓN:
- Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante
contra la admisión de la oferta ganadora y contra el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, en el marco del procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.
- CUESTIÓN PREVIA: SOBRE LA ADMISIIBILIDAD DEL RECURSO
- Como cuestión previa, en su absolución del recurso, el Adjudicatario expuso que el
escrito N.° 1 del Impugnante fue presentado el 2 de setiembre de 2026 sin fundamentación alguna y sin acreditar la garantía, difiriendo expresamente su cumplimiento a un escrito posterior. Refiere que recién el 4 de setiembre de 2026, mediante el escrito de subsanación, el Impugnante desarrolló por primera sus argumentos y, adicionalmente, modificó el petitorio original invocando el artículo 423 del Código Procesal Civil, norma prevista para la modificación de demandas en procesos civiles, cuya aplicación supletoria a un procedimiento especial y de plazos perentorios como el recurso de apelación en materia de contrataciones públicas no se encuentra prevista en la Ley ni en su Reglamento. Por ello, solicita que dicha situación sea considerada por el Tribunal al momento de resolver.
- Al respecto, de la revisión del Escrito N.° 1, presentado el 2 de setiembre de 2026, se
advierte que el Impugnante interpuso recurso de apelación contra la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, formulando como pretensión principal que se declare no admitida la oferta de Samitex S.A., por incumplir las condiciones establecidas en las bases integradas y en la normativa aplicable respecto del plazo de entrega. Asimismo, como segunda pretensión, solicitó que se revoque la decisión del comité de selección de no otorgarle puntaje en los factores de evaluación plazo de entrega y garantía comercial, así como que se le permita subsanar el documento correspondiente al factor de evaluación integridad en la contratación pública, a efectos de obtener el primer lugar en el orden de prelación y, consecuentemente, la buena pro del procedimiento de selección.
- Por su parte, se verifica que, mediante Escrito N.° 2, presentado el 4 de setiembre de
2026, dentro del plazo de subsanación de dos (2) días previsto en el literal c) del
artículo 307 del Reglamento, el Impugnante desarrolló los fundamentos de su
recurso, adjuntó la garantía por interposición de este y reformuló su petitorio, solicitando que se declare no admitida la oferta del Adjudicatario por incumplir las condiciones establecidas en las bases integradas respecto del plazo de entrega y por no sujetarse plenamente a las reglas del procedimiento de selección. Como consecuencia de ello, solicitó que se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro y se elabore un nuevo cuadro de orden de prelación, excluyendo la oferta que corresponda declarar no admitida. Finalmente, como pretensión accesoria, requirió que, una vez elaborado dicho cuadro, se otorgue la buena pro a su representada, por ocupar el segundo lugar y contar con una oferta admitida, calificada y evaluada.
- En ese contexto, corresponde señalar que el literal c) del artículo 306 del Reglamento
establece como requisito de admisibilidad del recurso de apelación la presentación de un petitorio que comprenda la determinación clara y concreta de lo solicitado y sus fundamentos, mientras que el literal e) del mismo artículo exige la presentación de la garantía correspondiente. A su vez, el literal c) del artículo 307 del Reglamento contempla expresamente la posibilidad de subsanar la omisión de ambos requisitos dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles, contabilizados desde el día siguiente de la presentación del recurso.
- Por consiguiente, la ausencia inicial de fundamentación y de la garantía no constituye,
por sí misma, una circunstancia que determine el rechazo del recurso, en tanto se trata de requisitos cuya omisión resulta subsanable conforme a la regulación especial aplicable. En el presente caso, se aprecia que el Impugnante cumplió con presentar el Escrito N.° 2 el 4 de setiembre de 2026, dentro del plazo legalmente establecido, oportunidad en la cual reformuló el petitorio, desarrolló sus fundamentos y adjuntó la garantía correspondiente.
- De otro lado, la circunstancia de que el Impugnante haya invocado el artículo 423 del
Código Procesal Civil no determina, por sí misma, la invalidez de la subsanación efectuada, toda vez que su procedencia debe examinarse conforme a las disposiciones especiales contenidas en los artículos 306 y 307 del Reglamento. En ese sentido, se advierte que no se ha configurado un supuesto de inadmisibilidad, en tanto la omisión advertida fue oportunamente subsanada dentro del plazo legal establecido por el Reglamento, cumpliéndose con integrar válidamente el contenido del recurso de apelación y con adjuntar la garantía, debiendo valorarse que, de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 307 del Reglamento (en concordancia con el literal c) y e) del artículo 306), el petitorio y sus fundamentos, así como la garantía por interposición del recurso, son subsanables. Asimismo, se verifica que el recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en la normativa aplicable, incluyendo su subsanación, por lo que no se ha incurrido en el supuesto de improcedencia previsto en el literal c) del artículo 308 del Reglamento, referido a la extemporaneidad del recurso, además, debe precisarse que la normativa especial no prohíbe precisar o reformular en la subsanación el petitorio. De igual modo, no se verifica que la subsanación del recurso de apelación en el plazo legal haya tenido como efecto alguna afectación al derecho de contradicción del Adjudicatario, en tanto el plazo para que este presente su respectiva absolución, inicia al día siguiente del decreto admisorio del recurso, de conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento. Por tanto, no se ha verificado que el recurso se encuentre incurso en algún supuesto de inadmisibilidad.
- PROCEDENCIA DEL RECURSO:
- El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan
entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.
- Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente. En el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple
(SÍ/NO)
Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (Valor superior a 50 UIT).1 Licitación Pública para Bienes con una cuantía de S/ 1 907 181.65. Sí 1 Este requisito se aplica en observancia de lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente; asimismo, el valor de la UIT en el año 2026 asciende a S/ 5 500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles).
2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable.2
- Contra la admisión de la oferta
ganadora.
- Contra el otorgamiento de la
buena pro. Sí 3 Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles.3 La notificación del acto impugnado fue el 21.08.2026, venciendo el plazo de 8 días hábiles el 02.09.2026. El recurso de apelación se presentó el 02.09.2026 y se subsanó el 04.09.2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente. El recurso es suscrito por el señor Edilberto Miller Cruz García en calidad de representante legal del Impugnante, conforme al certificado de vigencia adjunto al recurso. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g ) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El recurrente no fue admitido ni descalificado; ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. No aplica Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro. la buena pro; ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Sí tiene interés y legitimidad para impugnar la admisión de la oferta ganadora y el otorgamiento de la Sí 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del
artículo 304 del Reglamento.
buena pro, pues conserva su condición de postor hábil.
- Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de improcedencia
previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.
- PRETENSIONES:
- El Impugnante ha solicitado a este Tribunal que:
- Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario en el ítem N.° 2, dejándose sin
efecto la buena pro.
- Se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.
- Se le otorgue la buena pro.
El Adjudicatario ha solicitado a este Tribunal que:
- Se desestime el recurso impugnativo.
- Se ratifique el otorgamiento de la buena pro.
- FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
- Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 y en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, que indica que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento.
Asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados deben absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificados con el respectivo recurso a través del SEACE. Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En el caso, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 7 de setiembre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE4, contando con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, es decir, hasta el 10 de setiembre de 2026. Al respecto, se aprecia que el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso el 10 de setiembre de 2026, esto es, dentro del plazo legal; por lo tanto, los puntos controvertidos se fijarán en virtud tanto de lo desarrollado en el recurso de apelación presentado por el Impugnante y en la absolución presentada por el Adjudicatario. En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer consisten en:
- Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Adjudicatario, y,
en consecuencia, si corresponde dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.
- ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
- Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el análisis
4 De acuerdo con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento.
que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento; por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso e igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Cuestión previa vinculada al primer punto controvertido relativo al pedido de no admisión de la oferta del Adjudicatario por presunta incongruencia en el plazo de entrega: sobre el posible vicio de nulidad del procedimiento de selección.
- Mediante su recurso impugnativo, el recurrente solicita que se declare no admitida la
oferta del Adjudicatario por presunta incongruencia en el plazo ofertado.
- Al respecto, señala que las bases integradas del procedimiento establecían que los
bienes deben entregarse en un plazo máximo de cincuenta (50) días calendario, computado desde el día siguiente de la suscripción del contrato. Asimismo, refiere que el cronograma de ejecución previsto en el requerimiento parte de dicha suscripción, contemplando un plazo de hasta dos (2) días calendario para la entrega de la relación de beneficiarios, un máximo de ocho (8) días para la toma de medidas y el plazo restante para la confección y entrega de los bienes. Añade que la etapa de confección se contabiliza desde el día siguiente de culminado el plazo de toma de medidas, es decir, desde el décimo día posterior a la suscripción del contrato.
- En tal contexto, el recurrente indica que el Adjudicatario presentó su Anexo N.° 12
comprometiéndose a entregar los bienes en treinta (30) días calendario; sin embargo, estableció expresamente que dicho plazo se computaría desde el día siguiente de la firma del «acta de entrega de lista de beneficiarios» por la Entidad. Al respecto, sostiene que las bases integradas no contemplan la suscripción de dicha acta como hito para iniciar el cómputo del plazo de entrega, toda vez que la relación de beneficiarios constituye una actuación posterior a la suscripción del contrato, cuyas comunicaciones pueden realizarse mediante carta, oficio, correo electrónico o WhatsApp.
- Sostiene que las bases integradas establecieron que el plazo máximo de entrega se
computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato, mientras que el Adjudicatario condicionó el inicio de su plazo de entrega a la firma de una supuesta acta de entrega de lista de beneficiarios, hito que no ha sido previsto como condición para iniciar el cómputo del plazo contractual.
- Considera que dicha condición no puede reputarse válida para efectos de la admisión
de la oferta, pues, si esta formara parte del contrato en los términos en que fue presentada, coexistirían dos reglas incompatibles: por un lado, las bases integradas, que imponen el cómputo desde la suscripción del contrato; y, por otro, la oferta del Adjudicatario, que pretende iniciar dicho cómputo desde un hecho posterior no contemplado en aquellas. A su juicio, esta contradicción genera incertidumbre respecto de una obligación esencial, consistente en la oportunidad en que el contratista debe cumplir con la entrega de los bienes.
- Considera además que la condición añadida no puede corregirse mediante una
interpretación integradora ni trasladarse a la fase de perfeccionamiento contractual, puesto que el numeral 104.1 del artículo 104 del Reglamento establece que el contrato está conformado, entre otros documentos, por las bases integradas y la oferta ganadora. Por tanto, una oferta que incorpora un plazo condicionado trasladaría dicha incompatibilidad al contenido contractual y generaría incertidumbre respecto del momento en que resulta exigible la prestación.
- Finalmente, el Impugnante sostiene que aceptar la oferta del Adjudicatario en tales
condiciones implicaría desconocer el principio de legalidad previsto en el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, así como prescindir de una regla esencial del procedimiento, supuesto de nulidad contemplado en el literal d) del numeral 70.1 del
artículo 70 de la Ley.
- Por su parte, en el marco de la absolución del recurso, el Adjudicatario señala que el
Anexo N.° 12 – Declaración Jurada de Plazo de Entrega, presentado por su representada, es compatible con las bases integradas, toda vez que el compromiso sustancial asumido consiste en entregar los bienes en el plazo de treinta (30) días calendario, el cual se encuentra dentro del límite máximo de cincuenta (50) días establecido en el requerimiento y corresponde, conforme a la metodología de evaluación de las bases integradas, al rango de mayor puntaje posible, esto es, cincuenta (50) puntos por ofertar un plazo menor de treinta y un (31) días calendario.
- Asimismo, refiere que el cuadro de cronograma que forma parte del mismo Anexo N.°
12, el cual reproduce la estructura y el contenido exigidos por la Entidad en el formato de las bases integradas, computa expresamente la etapa de confección y entrega desde el día 10 posterior a la suscripción del contrato. Dicho cómputo coincide exactamente con el previsto en el requerimiento, que contempla dos (2) días para la entrega de la relación de beneficiarios y ocho (8) días para la toma de medidas. En consecuencia, considera que, en su contenido sustancial y numérico, la declaración jurada se ciñe al cómputo exigido por las bases integradas.
- En cuanto a la referencia contenida en el párrafo introductorio del anexo a la firma
del «Acta de Entrega de lista de beneficiarios», sostiene que esta alude a la formalidad mediante la cual la Oficina de Recursos Humanos de la Entidad entrega la relación del personal beneficiario, lo cual está expresamente previsto en las propias bases integradas dentro de los dos primeros días posteriores a la suscripción del contrato. Por tanto, considera que no se ha introducido un hito ajeno al requerimiento ni una condición suspensiva distinta de la establecida por la Entidad, sino que únicamente se ha descrito un trámite ya contemplado en el cronograma. Agrega que, en caso de considerarse que dicha referencia genera alguna imprecisión en la redacción del párrafo introductorio, esta constituiría, en el peor de los escenarios, un error material susceptible de corrección, más aún cuando, en el folio 00013 de su oferta, declaró bajo juramento conocer, aceptar y someterse a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección, así como cumplir con todas las condiciones establecidas en el requerimiento y exigidas por la Entidad para el objeto de la contratación.
- Indica que, en aplicación de ese mismo criterio, y sin que ello implique aceptar la
existencia de una inconsistencia real en su oferta, sostiene que, de estimarse la observación planteada por el Impugnante, correspondería, como máximo, la pérdida de los cincuenta (50) puntos asignados al factor de evaluación «Plazo de Entrega», mas no la exclusión de su oferta.
- Finalmente, el Adjudicatario advierte que resulta incongruente que el propio
Impugnante pretenda que se aplique a la oferta de SAMITEX S.A. una consecuencia más severa, consistente en la no admisión total, que aquella que aplicó el comité de selección a su propia oferta frente a una observación de igual o mayor relevancia. Considera que ello resulta contrario al principio de igualdad de trato previsto en el literal c) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley.
- Por su parte, la Entidad considera que el Adjudicatario ha presentado un Anexo N.° 12
correcto, por el plazo de 30 días calendario. Señala que en el mismo documento el postor incorporó la frase según la cual dicho plazo “se computará desde el día siguiente de firmada el Acta de Entrega de lista de beneficiarios por parte de la entidad” y desarrolló un cronograma de hasta dos (2) días para la relación de beneficiarios, hasta ocho (8) días para toma de medidas y hasta veinte (20) días para confección y entrega, bajo una columna inicial titulada “suscripción del contrato”. Así, como resultado de la evaluación del Ítem Paquete N.° 2, el comité otorgó a Samitex S.A. cuarenta (40) puntos por oferta económica, cincuenta (50) puntos por plazo de entrega, cinco (5) puntos por integridad y cero (0) puntos por garantía comercial.
- Indica además que al Impugnante no se le asignó puntaje por plazo de entrega al
advertirse una inconsistencia entre los treinta (30) días consignados como plazo total y la sumatoria de cuarenta (40) días de su cronograma.
- Concluye que el Adjudicatario consignó en su Anexo N.° 12 un único plazo cuantitativo
de treinta (30) días y que el cuestionamiento formulado no debía producir como consecuencia la no admisión de toda la oferta.
- Atendiendo a las posiciones del recurrente, de la Entidad y del postor ganador en
torno al presente punto controvertido, corresponde traer a colación las reglas de las bases relevantes en la controversia planteada. Así, dentro de los requisitos de admisión establecidos en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la sección específica de las bases integradas, el literal d) exige la presentación de la Declaración Jurada correspondiente al Anexo N.° 3, dentro de cuyos extremos el postor debe declarar conocer, aceptar y someterse a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. Asimismo, declara cumplir con todas las condiciones establecidas en el requerimiento y exigidas por la entidad contratante, para el objeto de la contratación.
- Por otro lado, en el Capítulo III —requerimiento— de las bases integradas se
establecieron las siguientes condiciones aplicables al plazo de entrega de los bienes objeto de la contratación:
- Como se aprecia, los bienes materia de la presente convocatoria se entregarían en el
plazo máximo de cincuenta (50) días calendarios, contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato; señalándose que la Oficina de Recursos Humanos coordinará con el Contratista aspectos relacionados a la operatividad de las etapas comprendidas en el proceso, desde el inicio de la ejecución de la prestación, respecto a la operatividad de las etapas comprendidas en el suministro, según los plazos que se detallan en el cuadro citado.
- Cabe destacar que la condición referida al plazo también ha sido incorporada como
factor de evaluación, como se reproduce a continuación:
- Según ello, se prevé el puntaje de diez (10) puntos para aquellos postores que oferten
un plazo de entrega que se ubique dentro del rango de cuarenta y nueve (49) hasta cuarenta y seis (46) días calendario, con una mejora progresiva del puntaje en función de la reducción del plazo ofertado, alcanzando el máximo de cincuenta (50) puntos cuando el plazo es menor a treinta y un (31) días calendario.
- Pues bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que a través de su
Anexo N.° 12 este ofertó el siguiente plazo de entrega:
- Según lo anterior, el postor ofertó el plazo total de treinta días calendario que se
computará desde el día siguiente de firmada el “acta de entrega de lista de beneficiarios” por parte de la entidad, hito contractual que no ha sido previsto por las bases para la ejecución del contractual Adicionalmente, en el cuadro siguiente el postor, de modo incongruente, coloca el inicio de los plazos parciales de la prestación en la “suscripción del contrato”.
- De este modo, el Anexo N.° 12 contenía una inconsistencia relevante en el plazo, tanto
por haber previsto que se iniciaría con la firma de un acta de entrega que no se encuentra contemplada en las bases, como porque esta última previsión difiere en el propio documento del hito de “suscripción del contrato” que marcaría el inicio de los plazos de 2, 8 y 20 días calendarios en los que se desagrega el plazo.
- Debe notarse que la consignación de un hito contractual inexistente en la oferta del
plazo supone la proposición de un plazo incierto, lo que genera adicionalmente incompatibilidad entre el Anexo N.° 12 y el Anexo N.° 3, previsto como requisito de admisión de la oferta, documento por el cual el postor declaró someterse a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección, así como cumplir con todas las condiciones establecidas para el objeto de la contratación:
- Por ende, en principio, la incongruencia de la oferta del Impugnante en la condición
del plazo de entrega, encontrándose vinculada con los compromisos asumidos a través del Anexo N.° 3 —requisito de admisión— debía dar lugar a la no admisión de la oferta.
- Sin embargo, en el marco de la absolución del recurso el Adjudicatario adujo como
parte de su defensa que el propio Impugnante formuló un plazo incongruente en su Anexo N.° 12, al proponer un plazo de entrega de 30 días, por un lado, y de 40 resultante de la sumatoria de los plazos parciales.
- En este contexto, considerando que el Adjudicatario no introdujo expresamente un
punto controvertido destinado a la revisión del acto de admisión de la oferta del Impugnante, sino únicamente una argumentación en el marco de su defensa, este Tribunal, de oficio, procedió a verificar las condiciones de admisión de la oferta del recurrente según el “Acta de apertura, admisión, calificación y evaluación de ofertas”, así como el contenido del Anexo N.° 12 de la oferta del Impugnante, a fin de determinar si este documento adolecía de incongruencias que pudieran comprometer la validez de la declaración del plazo de entrega ofertado y que constituyeran un incumplimiento de las condiciones de admisión establecidas en las bases integradas.
- El Anexo N.° 12 del Impugnante obra en el folio 47 de la oferta, documento que se
reproduce a continuación:
- Como se advierte, mientras que en el párrafo introductorio del anexo el Impugnante
oferta un plazo de “30 días calendario contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato y conforme al cronograma siguiente”, el cuadro que desagrega el plazo contiene tres etapas de 2, 8 y 30 días calendario, totalizando 40 días como plazo de entrega.
- Debe notarse que la consignación de dos periodos distintos dentro de la misma oferta
supone la proposición de un plazo incierto, lo que, de forma análoga al plazo incierto del Adjudicatario, genera incompatibilidad entre el Anexo N.° 12 y el Anexo N.° 3, previsto como requisito de admisión de la oferta, documento por el cual el postor declaró someterse a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección, así como cumplir con todas las condiciones establecidas para el objeto de la contratación:
- Por ende, la incongruencia de la oferta del Impugnante en la condición del plazo de
entrega, encontrándose vinculada con los compromisos asumidos a través del Anexo N.° 3 —requisito de admisión— debían también dar lugar a la no admisión de la oferta.
- Pues bien, de la revisión del “Acta de apertura, admisión, calificación y evaluación de
ofertas”, se advierte que la incongruencia en el plazo ofertado por el Impugnante fue identificada por el comité. Sin embargo, el defecto en la formulación del plazo no motivó la no admisión de la oferta, sino que dio como único resultado la asignación de cero (0) en el factor de evaluación de plazo de entrega:
- La circunstancia expuesta supuso una vulneración del principio de legalidad previsto
en el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, por el cual “las partes involucradas en el proceso de contratación deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la Ley y al derecho dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo con los fines conferidos”. Asimismo, se afectó la transparencia del presente procedimiento de selección, prevista en el literal i) de dicho numeral, al no haberse evaluado correctamente la oferta del Impugnante. Ello, en la medida en que el comité se limitó a valorar la incongruencia del plazo ofertado del Impugnante como un incumplimiento de las condiciones para el acceso a puntaje de evaluación en el factor de evaluación facultativo del plazo de entrega, cuando correspondía ser procesado como un incumplimiento directo de las condiciones de admisión por recaer sobre un elemento esencial del requerimiento que no cuenta con una formulación unívoca en la oferta del recurrente, lo que incide sobre los compromisos declarados en el Anexo N.° 3, que forma parte de los requisitos de admisión.
- Teniendo en cuenta lo señalado y en atención a lo dispuesto en el numeral 313.2 del
artículo 313 del Reglamento, mediante decreto del 11 de setiembre de 2026 se corrió traslado a las partes para que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, se pronuncien respecto a si lo descrito configura un vicio que justifique declarar la nulidad del procedimiento de selección; traslado que fue absuelto por el Impugnante y Adjudicatario mediante escritos N.° 4 y N° 3, respectivamente, presentados el 18 de setiembre de 2026, y por le Entidad a través del Informe N° D000501-2026-SAT-OAF- HLAL, presentado en la misma fecha.
- Al respecto, el Impugnante señala que la diferencia entre los plazos de treinta (30) y
cuarenta (40) días calendario consignados en su oferta, ambos comprendidos dentro del plazo máximo de cincuenta (50) días establecido en las bases integradas, no constituye un incumplimiento de las condiciones de admisión ni configura un vicio que justifique la nulidad del procedimiento de selección. Señala que el objeto de la regla establecida en las bases integradas es asegurar que los bienes sean entregados dentro de un máximo de cincuenta (50) días calendario, circunstancia que el propio decreto reconoce expresamente. Por tanto, si se consideran individualmente los dos plazos consignados en su oferta, ambos satisfacen la condición máxima de entrega, sin que exista una declaración de voluntad que permita sostener que se haya obligado a entregar los bienes después del día cincuenta (50), ni una condición que modifique el hito inicial establecido en las bases integradas. En ese sentido, sostiene que la diferencia advertida es susceptible de ser interpretada dentro del propio contenido de la oferta y no tiene aptitud para convertir una oferta materialmente compatible con el requerimiento en una oferta incumplidora. Asimismo, sostiene que la diferencia entre los plazos de treinta (30) y cuarenta (40) días consignados en su oferta no es equivalente a la situación advertida en la oferta del Adjudicatario, quien había declarado un plazo de treinta (30) días, pero condicionando expresamente el inicio de su cómputo a la firma de una supuesta «Acta de Entrega de lista de beneficiarios», hito que no estaba contemplado en las bases integradas. En ese caso, la controversia recaía sobre la modificación del hito inicial del cómputo, pues la oferta pretendía que el plazo comenzara a computarse desde un acto distinto al establecido en las bases integradas. Por consiguiente, considera que equiparar ambos supuestos supondría desconocer una diferencia objetiva y jurídicamente relevante. Respecto del Anexo N.° 3 – Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases integradas, sostiene que el razonamiento que pretende vincular la incongruencia entre los plazos de treinta (30) y cuarenta (40) días con el contenido de dicho documento parte de una premisa jurídicamente equivocada, pues confunde el contenido y la función de dos documentos diferentes que integran la oferta. Refiere que el Anexo N.° 3 constituye una declaración expresa de sometimiento del postor a las condiciones establecidas en las bases integradas, mediante la cual manifiesta formalmente que acepta y se obliga a cumplir las condiciones que rigen el procedimiento de selección. Por tanto, considera que, para sostener que la incongruencia entre ambos plazos configura una infracción de la declaración jurada contenida en el Anexo N.° 3, el Tribunal tendría que demostrar previamente que alguno de ellos resulta contrario, incompatible o excluyente respecto de las condiciones establecidas en las bases integradas. Sin embargo, sostiene que dicha situación no se presenta en el caso concreto, pues las bases integradas establecen como condición objetiva un plazo máximo de entrega de cincuenta (50) días calendario, límite dentro del cual se encuentran comprendidos tanto el plazo de treinta (30) días como el de cuarenta (40) días. En relación con la causal de nulidad invocada en el decreto, sostiene que esta exige que se haya prescindido de normas esenciales del procedimiento, supuesto que no se configura en el presente caso, pues no se ha excedido el plazo máximo de cincuenta (50) días, no se ha incorporado una condición suspensiva, no se ha modificado el hito inicial establecido en las bases integradas ni se ha ofrecido un plazo superior al máximo permitido. Asimismo, invoca el numeral 6.1 del artículo 6 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante TUO de la LPAG), que exige una relación concreta y directa entre los hechos probados y las razones jurídicas que justifican la decisión, así como el numeral 6.3 del mismo artículo, que proscribe las fórmulas generales, vacías, oscuras, contradictorias o insuficientes. En ese sentido, el Tribunal tendría que explicar por qué existe una diferencia jurídicamente sustancial entre ambos supuestos, por qué la divergencia entre treinta (30) y cuarenta (40) días produce un incumplimiento material, por qué dicho incumplimiento afecta un requisito esencial, por qué no puede conservarse la oferta, por qué el defecto sería insubsanable y por qué la consecuencia jurídicamente necesaria sería la nulidad del procedimiento. En cuanto al principio del debido procedimiento, y el principio del ejercicio legítimo del poder, según el cual la autoridad debe ejercer única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista, evitando especialmente el abuso del poder. Sostiene que, si el Tribunal concluye que existe una discrepancia documental, deberá determinar previamente si ésta realmente compromete la validez del procedimiento, ejerciendo la potestad de nulidad con proporcionalidad jurídica respecto de la entidad real del vicio.
- Por su parte el Adjudicatario reconoce que el plazo de entrega constituye un
elemento esencial del requerimiento y que, conforme a los principios de legalidad y transparencia previstos en los literales a) e i) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, los términos de una oferta deben permitir una determinación objetiva e inequívoca de su contenido. No obstante, discrepa de que la consecuencia jurídica correcta frente a la incongruencia detectada sea la nulidad de todo el procedimiento de selección. Señala que el comité de selección identificó la incongruencia del plazo consignado por el Impugnante en el “Acta de apertura, admisión, calificación y evaluación de ofertas” y, como consecuencia de ello, no le asignó puntaje en el factor de evaluación facultativo «Plazo de Entrega», otorgándole cero (0.00) puntos, conforme consta en el folio 47. En ese sentido, sostiene que el comité de selección no ignoró el defecto, sino que lo detectó, dejó constancia expresa de este en el acta y le atribuyó una consecuencia desfavorable al propio Impugnante. Asimismo, invoca lo dispuesto en los numerales 14.1, 14.2.3 y 14.2.4 del artículo 14 del TUO de la LPAG, aplicable supletoriamente, según los cuales la conservación del acto administrativo prevalece cuando el vicio no es trascendente, esto es, cuando su corrección no hubiera cambiado el sentido de la decisión final ni afectado el debido proceso de los administrados. En el presente caso, sostiene que su oferta, que obtuvo la buena pro, fue evaluada y calificada sin ninguna observación relativa a su propio plazo de entrega, y que el puntaje que finalmente definió el otorgamiento de la buena pro no se vio alterado por la forma en que se procesó el defecto del Impugnante. Así, considera que, tanto si se le asignaban cero (0) puntos en el factor de evaluación «Plazo de Entrega» como si su oferta hubiera sido declarada no admitida, el resultado sobre la posición relativa de ambas ofertas no habría variado. En consecuencia, el Adjudicatario considera que la forma en que el comité de selección procesó el defecto detectado no comprometió los principios de igualdad de trato ni de transparencia respecto de la calificación de su oferta, por lo que no existiría mérito para declarar la nulidad de todo el procedimiento de selección.
- A su turno, la Entidad señala que la incongruencia advertida en el Anexo N.° 12 del
Impugnante, consistente en la declaración de un plazo de treinta (30) días frente a un cronograma que totaliza cuarenta (40) días, no constituye un incumplimiento material del requerimiento, pues ambos plazos se encuentran dentro del máximo de cincuenta (50) días establecido en las bases integradas y no contradicen el compromiso general asumido en el Anexo N.° 3. Considera que la incertidumbre recae exclusivamente sobre el tramo de mejora y, por consiguiente, sobre el puntaje correspondiente al factor facultativo “Plazo de Entrega”. En ese sentido, invoca la Opinión N.° D000064-2026-OECE-DTN y la Resolución N.° 00520-2026-TCP-S1, señalando que el comité de selección actuó correctamente al asignar cero (0) puntos, pues seleccionar discrecionalmente uno de los plazos habría supuesto reconstruir la oferta y escoger un rango sin una declaración unívoca del postor. Asimismo, refiere que la Resolución N.° 7497-2025-TCP-S4 establece que el Anexo N.° 12 no constituye un requisito de admisión, por lo que la inconsistencia detectada no puede trasladarse automáticamente desde la evaluación del factor hacia la admisión de toda la oferta. Asimismo, sostiene que la asignación de cero (0) puntos no constituyó una subsanación material, integración de oficio ni interpretación de la oferta, toda vez que el comité de selección no modificó el Anexo N.° 12 ni solicitó al Impugnante escoger entre los dos plazos, sino que se limitó a no reconocer puntaje ante la imposibilidad de determinar objetivamente el rango aplicable. Considera que dicha actuación respetó los principios de legalidad, transparencia e igualdad de trato, pues se sujetó a la estructura documental de las bases integradas, que distingue entre los documentos exigidos para la admisión y aquellos destinados a acreditar factores de evaluación. Agrega que declarar posteriormente que la deficiencia del Anexo N.° 12 constituye una causal de no admisión supondría atribuirle un efecto no previsto expresamente en las bases integradas. Asimismo, señala que existe una diferencia objetiva entre las ofertas, pues el Impugnante presentó dos magnitudes incompatibles, mientras que el Adjudicatario consignó un plazo de treinta (30) días y un cronograma de dos (2), ocho (8) y veinte (20) días que totaliza dicho plazo, circunstancia que justifica el tratamiento distinto respecto del puntaje. Finalmente, la Entidad considera que no se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, pues el comité de selección no prescindió de una norma esencial ni contravino las bases integradas, sino que detectó la inconsistencia y negó el puntaje correspondiente al factor facultativo. De manera subsidiaria, sostiene que, aun cuando la Sala considere que la oferta del Impugnante debió ser declarada no admitida, no corresponde retrotraer el procedimiento, pues, conforme al literal b) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, existen elementos suficientes para emitir un pronunciamiento directo sobre el fondo, sin rehacer actuaciones válidas. Añade que la inconsistencia carece de trascendencia sobre el resultado, dado que el Impugnante obtuvo 29.39 puntos y que, incluso si se le atribuyeran hipotéticamente treinta (30) puntos por el cronograma de cuarenta (40) días o cincuenta (50) puntos por la declaración de treinta (30) días, alcanzaría 59.39 o 79.39 puntos, respectivamente, permaneciendo en ambos escenarios por debajo de los 95.00 puntos obtenidos por el Adjudicatario. En consecuencia, considera que ninguna de las dos interpretaciones habría modificado el primer lugar del orden de prelación.
- Pues bien, se aprecia que el Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad han
manifestado una posición contraria a la posible declaración de nulidad del procedimiento. Por un lado, el Impugnante considera que ambos plazos consignados en su oferta, de treinta (30) y cuarenta (40) días calendario, satisfacen el plazo máximo de cincuenta (50) días establecido en las bases integradas, por lo que la discrepancia no supone un incumplimiento material del requerimiento ni contradice la declaración de sometimiento contenida en el Anexo N.° 3. Por su parte, el Adjudicatario reconoce que el plazo de entrega constituye un elemento esencial del requerimiento, pero sostiene que la inconsistencia fue detectada oportunamente por el comité de selección y que, aun cuando la oferta del Impugnante hubiera sido declarada no admitida, ello no habría modificado el resultado del procedimiento. Finalmente, la Entidad considera que la contradicción se circunscribe a la acreditación del factor facultativo “Plazo de Entrega”, por lo que la asignación de cero (0) puntos constituyó la consecuencia correspondiente, sin que resulte procedente extender sus efectos a la admisión de toda la oferta.
- Sin embargo, esta Sala considera que las posiciones presentadas no resultan
atendibles, si se tiene presente que el plazo es un elemento contractual esencial que, incorporado a la oferta, se convierte en condición vinculante para el postor y exigible por la Entidad en la ejecución del contrato. Por ello, la incongruencia identificada en los anexos N.° 12 del Impugnante y del Adjudicatario, que deja incierto el plazo de entrega y, en el caso del Adjudicatario, el momento de inicio de su cómputo, no permitirían a la Entidad conocer el alcance exacto de las obligaciones de dichas partes asumidas para la presente contratación. Dicha imprecisión no es un aspecto de escasa relevancia, sino más bien, todo lo contrario, ya que la Entidad no cuenta con una obligación cierta por parte del Impugnante y del Adjudicatario en torno al plazo para el cumplimiento de la prestación.
- Cabe notar que, si bien las bases establecen un plazo máximo de entrega (de 50 días)
en el requerimiento, a través del Anexo N.° 12 los postores debían obligarse concretamente a un plazo específico para la entrega de los bienes, aspecto cuyo incumplimiento no puede incidir únicamente en la obtención de un menor puntaje técnico de evaluación técnica, sino que constituye un incumplimiento directo de las condiciones de admisión por recaer sobre un elemento esencial del requerimiento que no cuenta con una formulación unívoca en la oferta del recurrente (ni del Adjudicatario), lo que incide sobre los compromisos declarados en el Anexo N.° 3, que forma parte de los requisitos de admisión. En buena cuenta, el Impugnante y el Adjudicatario no han propuesto un plazo cierto, por lo que han incumplido una condición esencial de la oferta, pese a haberse comprometido a cumplir con todos los términos de las bases, incluyendo, en el presente caso, la formulación de un plazo cierto.
- En esa medida, este Tribunal discrepa de la postura según la cual cualquier
inconsistencia en el plazo ofertado no esté relacionada con los requisitos de admisión, pues en el Anexo N.° 3, que es un documento de admisión, los postores declaran cumplir con todas las condiciones establecidas en el requerimiento y exigidas por la entidad contratante para el objeto de la contratación. De este modo, ofertándose un plazo que puede ser entendido de dos formas distintas en la oferta del Impugnante (como de 30 o 40 días), no existe un plazo cierto que pueda ser exigido (o cumplido) por el postor en caso de ser adjudicado con el contrato, y ello constituye un elemento esencial de la oferta y de las bases.
- Tampoco es sostenible afirmar que pueda elegirse entre una u otra lectura del anexo
12, pues ambas se encuentran en una misma propuesta de plazo y, por ende, tienen igual prevalencia en la oferta. De este modo, establecer que el plazo ofertado era 30 en vez de 40, o viceversa, supondría una interpretación no autorizada de la oferta o, en última instancia, una subsanación no permitida por el artículo 78 del Reglamento para defectos que inciden sobre su contenido esencial.
- Por lo tanto, verificándose que el acto de admisión de oferta adolece de vicio
trascendente por una incorrecta valoración de la oferta del Impugnante en los extremos indicados, esta Sala concluye que la Entidad ha vulnerado los principios de legalidad y transparencia previstos en los literales a) e i) del artículo 5 de la Ley. Cabe precisar que el vicio incurrido resulta particularmente relevante, toda vez que el Adjudicatario ha hecho referencia al principio de igualdad de trato, previsto en el literal k) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, el cual, efectivamente, se vería afectado si el Colegiado omitiese el hecho material que el plazo ofertado por el Impugnante también tiene un defecto sustancial.
- Dicha situación acarrea la nulidad del procedimiento conforme a lo dispuesto en el
numeral 70.1. del artículo 70 de la Ley, según el cual procede la nulidad de los actos expedidos dentro del procedimiento de selección en los siguientes supuestos: a) cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, b) cuando contravengan las normas legales, c) cuando contengan un imposible jurídico, d) cuando prescindan de las normas esenciales del procedimiento, e) cuando prescindan de la forma prescrita por la normativa aplicable, solo cuando esta sea insubsanable.
En la misma línea, el literal d) del artículo 313 del Reglamento, establece que cuando el Tribunal verifique alguno de los supuestos previstos en el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, en virtud del recurso interpuesto o de oficio, y no sea posible la conservación del acto, declara la nulidad de los actos que correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotrae la fase de selección, en cuyo caso puede declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, por lo que carece de trascendencia otros extremos planteados en el trámite del recurso de apelación.
- La nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en
el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración.
- En tal sentido, en el presente caso, las bases se encuentran incursas en causal de
nulidad por contravención de normas legales, lo que acarrea la nulidad de los actos del procedimiento de selección desde la admisión de ofertas, considerando que es en este acto donde se han visto vulnerados los principios de legalidad y de transparencia que rigen en materia de contratación pública.
- El vicio advertido, por otro lado, impide la aplicación de los supuestos de conservación
previstos en el TUO de la LPAG, puesto que la infracción normativa del acto de revisión de las ofertas se encuentra estrechamente vinculada con uno de los puntos controvertidos planteados por el Impugnante, por el que se cuestiona la admisión de la oferta del Adjudicatario sobre la base de un tipo de defecto (incongruencia del plazo) que también ha sido incurrido en su propia oferta y que no fue debidamente valorado por el comité. De este modo, este Tribunal considera que el vicio de nulidad de las bases es trascendente en la definición de la materia controvertida y en los resultados del procedimiento, motivo por el cual no procede su convalidación bajo la figura de la conservación del acto administrativo.
- Por lo expuesto, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 70 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, así como en la causal de nulidad establecida en el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG, consistente en la contravención a las normas legales, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de admisión de ofertas.
- Así, en el nuevo acto de revisión de los requisitos de admisión, el comité deberá tener
por no admitida la oferta del Impugnante, así como la del Adjudicatario por incongruencia insubsanable entre el Anexo N.° 3 y el Anexo N.° 12, con base en las inconsistencias identificadas dentro de la formulación del plazo de entrega.
- De otro lado, en atención a lo dispuesto en el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de
la LPAG, corresponde comunicar la presente resolución al titular de la Entidad, a fin de que conozca del vicio advertido y realice las acciones que correspondan en la reformulación y la reevaluación de las disposiciones de las bases, conforme a sus atribuciones.
- Además, considerando que en el caso concreto debe declararse la nulidad de oficio
del procedimiento de selección, no corresponde pronunciarse sobre los puntos controvertidos fijados en el presente procedimiento.
- Finalmente, atendiendo a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo
315 del Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución total de la garantía otorgada por el Impugnante por la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Christian Cesar Chocano Davis y la intervención del Vocal Jorge Alfredo Quispe Crovetto y del Vocal Erick Joel Mendoza Merino, según rol de turnos de Vocales de Sala vigente; atendiendo a la reconformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000054-2026-OECE-PRE, del 2 de marzo de 2026, publicada el 3 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 11 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente; por unanimidad, La Sala resuelve:
- Declarar la nulidad de oficio del ítem 2 de la Licitación Pública para Bienes N° 002-
2026-SAT (Primera Convocatoria), convocada por el Servicio de Administración Tributaria-Lima para la “Adquisición de uniformes institucionales (verano - invierno) para el personal del SAT – 2026”; debiendo retrotraerse el procedimiento de selección a la etapa de admisión de ofertas, para lo cual se deberán aplicar los lineamientos establecidos en la normativa de contratación pública y en la presente resolución; por los fundamentos expuestos.
- Devolver la garantía presentada por el postor Corporación Cruz Textil S.A.C. (con
R.U.C. N.° 20562654063) para la interposición de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos.
- Poner la presente resolución en conocimiento del titular de la Entidad para la
adopción de las acciones que resulten pertinentes.
- Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día
siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE5.
- Dar por agotada la vía administrativa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS
PRESIDENTE
DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
JORGE ALFREDO QUISPE CROVETTO
VOCAL
DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
ERICK JOEL MENDOZA MERINO
VOCAL
DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
ss. Chocano Davis. Quispe Crovetto. Mendoza Merino. 5 “n) Registro de la resolución que resolvió el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección”.