Documento regulatorio
Resolución N.° 8918-2026-TCP-S1
Procedimiento administrativo sancionador contra el CONSORCIO SUPERVISOR HUIÑA integrado por los señores JHONSON ARRASCUE FARRO y ALEJANDRO ALBERTO BENITES MORENO, por su supuesta responsabilidad al...
- Tipo
- No clasificado
- Fecha
- 28/09/2026
- Fuente
- gob.pe/oece/normas-legales
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Sumilla: “(…) para la configuración del supuesto de información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que incidan necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto. (…)” Lima, 28 de septiembre de 2026 VISTO en sesión del 28 de septiembre de 2026 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 9053/2025.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador contra el CONSORCIO SUPERVISOR HUIÑA integrado por los señores JHONSON ARRASCUE FARRO y ALEJANDRO ALBERTO BENITES MORENO, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación con información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 09-2023-MPH/CS-Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Huarmey, para la contratación del “Servicio de consultoría para la supervisión de la obra; Renovación de puente; en el (la) Puente Huiña, en la ruta N° AN-1161. Trayectoria: Emp. AN-109 (Huamba) – San Miguel - Huayan – Succha – Aija (Prov. Aija) Emp. AN-109, de la progresiva 0+420, en el C.P. Santiago de Huiña – Huamba, distrito de Huayan, provincia de Huarmey, departamento Ancash, con código único de inversión 2532023"; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082- 2019-EF; y, atendiendo a los siguientes:
- ANTECEDENTES:
- Según información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado – SEACE1, el 20 de junio de 2023, la Municipalidad Provincial de Huarmey, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 9-2023-MPH/CS- Primera Convocatoria, para la contratación del “Servicio de consultoría para la supervisión de la obra; Renovación de puente; en el (la) Puente Huiña, en la ruta N° AN-1161. Trayectoria: Emp. AN-109 (Huamba) – San Miguel - Huayan – Succha 1 Herramienta digital integrante de la Pladicop, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley N° 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas.
– Aija (Prov. Aija) Emp. AN-109, de la progresiva 0+420, en el C.P. Santiago de Huiña – Huamba, distrito de Huayan, provincia de Huarmey, departamento Áncash, con código único de inversión 2532023”, con un valor referencial ascendente a S/ 64,495.22 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco con 22/100 soles), en adelante, el procedimiento de selección. En la oportunidad en que se realizó dicho trámite, se encontraba vigente el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082- 2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018- EF, y sus modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento. De acuerdo con el respectivo cronograma del procedimiento de selección, 7 de julio de 2023, se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 14 de julio de 2023, se otorgó la buena pro al CONSORCIO SUPERVISOR HUIÑA integrado por los señores JHONSON ARRASCUE FARRO con RUC N° 10167592878 y ALEJANDRO ALBERTO BENITES MORENO con RUC N° 10409159104, en lo sucesivo el Consorcio, por el monto de su oferta ascendente a S/ 61,270.46 (sesenta y un mil doscientos setenta con 46/100 soles). El 4 de agosto de 2023, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 064-2023-MPH-A-GM2, en adelante el Contrato.
- Mediante Carta N° 893-2025-MPH-SGLYP3 presentada el día 3 de octubre de 2025
ante la mesa de partes del Tribunal de Contrataciones Públicas en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó su denuncia en contra de los integrantes del Consorcio señalando lo siguiente:
- Mediante Carta N° 777-2025-MPH-SGLYP del 25.09.2025, la Entidad,
solicitó al Proyecto Especial Binacional Puyango – Tumbes, confirmar la veracidad y/o autenticidad del Certificado de Trabajo del 22.12.2022, a favor del señor Breiner Roberto Yzaguirre Caballero, presuntamente emitido por el Consorcio Frontera Norte.
- A través del correo electrónico del 01.10.20256, el Órgano Encargado de
las Contrataciones del Proyecto Especial Binacional Puyango de Tumbes 2 Documento obrante a folios 7 al 15 del expediente administrativo. 3 Documento obrante a folios 2 del expediente administrativo.
señaló que dicho profesional no formó parte del plantel profesional del Consorcio Frontera Norte.
- Mediante Decreto de fecha 16 de abril de 20264, la Secretaría Técnica 1 del
Tribunal, dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra los señores Arrascue Farro Jhonson y Benites Moreno Alejandro Alberto integrantes del CONSORCIO SUPERVISOR HUIÑA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación con información inexacta, como parte de la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 09-2023-MPH/CS-Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Huarmey, para la contratación del “Servicio de consultoría para la supervisión de la obra; Renovación de puente; en el (la) Puente Huiña, en la ruta N° AN-1161. Trayectoria: Emp. AN-109 (Huamba) – San Miguel - Huayan – Succha – Aija (Prov. Aija) Emp. AN-109, de la progresiva 0+420, en el C.P. Santiago de Huiña – Huamba, distrito de Huayan, provincia de Huarmey, departamento Ancash, con código único de inversión 2532023", infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. Supuesto documento con información inexacta ➢ Certificado de Trabajo de fecha 22 de diciembre de 2022, presuntamente emitido por el Consorcio Frontera Norte, a favor del señor Breiner Roberto Yzaguirre Caballero, por el periodo del 17 de julio de 2022 al 22 de diciembre de 2022, en el cargo de Ingeniero Especialista en Control de Calidad. En tal sentido, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. Cabe precisar que el citado Decreto fue notificado a los integrantes del Consorcio el 17 de abril de 2026, a través de la Casilla Electrónica del OECE (bandeja de mensajes del Registro Nacional de Proveedores), conforme a las constancias de lectura publicadas en el toma razón electrónico. 4 Documento obrante a folios 146 a 148 del expediente administrativo.
- Con Decreto de fecha 16 de abril de 20265, a fin de que la Secretaría Técnica 1 del
Tribunal, recabe información relevante y tenga mayores elementos de juicio al momento de emitir su informe final de instrucción en el presente procedimiento administrativo sancionador, requirió a la Entidad se sirva remitir la documentación presentada por el Consorcio para el perfeccionamiento del contrato, donde se verifique la constancia de recepción por parte de la Entidad. Asimismo, solicitó al Consorcio Frontera Norte cumpla con indicar si emitió el documento cuestionado.
- Mediante escrito S/N6, presentado el 20 de abril de 2026, el señor Jhonson
Arrascue Farro integrante del Consorcio, se apersonó al procedimiento sancionador y presentó sus descargos, señalando lo siguiente:
- Manifestó que, con motivo del perfeccionamiento del Contrato N° 064-
2023-MPH-A-GM, los integrantes del Consorcio suscribieron un contrato de consorcio con firmas legalizadas notarialmente, en cuya cláusula sexta se establecieron las participaciones, responsabilidades y obligaciones de cada consorciado. En ese sentido, indicó que su participación consistía en aportar documentación relacionada con la experiencia en la especialidad de su representada, mientras que las obligaciones correspondientes al otro consorciado comprendían la documentación vinculada con el profesional propuesto, entre ellas, la correspondiente al señor Yzaguirre Caballero Breiner Roberto.
- Asimismo, invocó los principios de confianza, presunción de veracidad y
buena fe, señalando que, en su condición de consorciado, confió en la documentación proporcionada por el otro integrante del consorcio. Agrega que no elaboró ni gestionó el certificado de trabajo cuestionado, al considerar que dicha actuación no se encontraba comprendida dentro de sus funciones y obligaciones conforme al contrato de consorcio. De otro lado, alegó la inexistencia de daño a la Entidad, debido a que la obra se encontraba culminada, recibida, liquidada y transferida al gobierno local, así como la ausencia de dolo o responsabilidad directa de su parte respecto del documento cuestionado.
- Finalmente, solicitó que se tengan por presentados sus descargos y se
disponga el archivo del procedimiento administrativo sancionador, al 5 Documento obrante a folios 153 a 155 del expediente administrativo. 6 Documento obrante a folios 160 a 164 del expediente administrativo.
considerar que no habría incurrido en la infracción imputada. Para tal efecto, adjuntó el contrato de consorcio con firmas legalizadas notarialmente, señalando que en dicho documento se encuentran delimitadas las obligaciones y responsabilidades asumidas por cada uno de los consorciados.
- Mediante Decreto de fecha 24 de junio de 20267, la Secretaría Técnica 1 del
Tribunal dispuso tener por apersonado al señor Jhonson Arrascue Farro integrante del Consorcio y por presentados sus descargos. Asimismo, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado para resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en el expediente respecto del señor Benites Moreno Alejandro Alberto.
- A través del Decreto de fecha 24 de junio de 20268, la Secretaría Técnica 1 del
Tribunal dispuso realizar el registro del Informe de Instrucción N° 092- 2026/ACC/ST1 de fecha 24 de junio de 2026 en el Sistema Informático del Tribunal. Conforme al mencionado Informe de Instrucción, el Órgano Instructor recomendó sancionar al señor Benites Moreno Alejandro Alberto integrante del Consorcio por un período de cuatro (4) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentos con información inexacta como parte de la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, derivado del procedimiento de selección ante la Entidad, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. Asimismo, recomendó declarar no ha lugar a la imposición de sanción en contra del señor Arrascue Farro Jhonson integrante del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos con información inexacta como parte de la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección ante la Entidad, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 7 Documento obrante a folios 171 a 172 del expediente administrativo. 8 Documento obrante a folios 173 del expediente administrativo.
- Con Decreto de fecha 26 de junio de 20269, considerando que el Informe de
Instrucción N° 092-2026/ACC-ST1fue notificado vía casilla electrónica, el 25 de junio de 2026, a los integrantes del Consorcio conforme a las constancias de lectura publicadas en el toma razón electrónico, la Secretaría Técnica 1 del Tribunal dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en la misma fecha.
- Mediante escrito N° 0110, presentado el 10 de agosto de 2026, el señor Alejandro
Alberto Benites Moreno integrante del Consorcio, se apersonó al procedimiento sancionador y presentó sus descargos, señalando lo siguiente:
- Señaló que la conclusión alcanzada en el Informe Final de Instrucción se
sustentó principalmente en la comunicación del Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes (PEBPT) de fecha 1 de octubre de 2025, en la cual se indicó que el referido profesional no formó parte del plantel profesional del Consorcio Frontera Norte, sin haberse contado, a esa fecha, con el pronunciamiento del propio Consorcio Frontera Norte en su condición de emisor del certificado cuestionado, no obstante que la Secretaría Técnica le había requerido dicha información mediante Decreto N° 730567, requerimiento que no fue atendido oportunamente. Asimismo, indicó haber gestionado de forma paralela y con anterioridad a la emisión del Informe Final, mediante correo electrónico del 21 de abril de 2026, la corroboración directa de dicha información ante el Consorcio Frontera Norte.
- Como sustento de lo expuesto, adjuntó: (i) la Carta N° 009-2026-
CONSORCIO FRONTERA NORTE, de fecha 7 de agosto de 2026, mediante la cual dicho consorcio, en su calidad de emisor del certificado, ratificó la autenticidad del documento y la veracidad de su contenido, confirmando que el Ing. Yzaguirre Caballero prestó servicios para su representada como Ingeniero Especialista en Control de Calidad durante el período consignado, y precisando que su no inclusión en el plantel profesional informado al PEBPT, obedeció a que dicho cargo no correspondía al personal clave exigido por la Entidad para la ejecución contractual; (ii) el correo electrónico del 21 de abril de 2026, mediante el cual se solicitó 9 Documento obrante en el toma razón electrónico. 10 Documento obrante en el toma razón electrónico.
dicha corroboración; y (iii) el correo electrónico del 7 de agosto de 2026, mediante el cual el Consorcio Frontera Norte remitió la Carta N° 009-2026.
- Sostuvo que la información proporcionada por el PEBPT se limitó a señalar
la no inclusión del profesional en el plantel informado a esa Entidad, sin pronunciarse sobre la autenticidad del certificado ni sobre la efectiva prestación de los servicios, circunstancias que sí fueron expresamente confirmadas por el propio Consorcio Frontera Norte como emisor del documento. En tal sentido, solicitó que ambos elementos sean valorados de manera conjunta y a la luz del principio de verdad material, y que, de no acreditarse con suficiencia la discordancia imputada, se declare no ha lugar a la imposición de sanción en su contra, disponiéndose el archivo del procedimiento administrativo sancionador.
- Mediante Decreto de fecha 12 de agosto de 202611, se tuvo por apersonado al
señor Benites Moreno Alejandro Alberto integrante del Consorcio al presente procedimiento administrativo sancionador, dejándose a consideración de la Sala sus descargos presentados de manera extemporánea.
II. FUNDAMENTACIÓN:
- Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si
los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa, por haber presentado documentos con información inexacta, como parte de la documentación para el perfeccionamiento del Contrato derivado del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. Cuestión Previa respecto a la aplicación del principio de retroactividad benigna
- Sobre el particular, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del
artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en adelante el Nuevo TUO de la LPAG aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, contempla el principio de irretroactividad, según el cual: 11 Documento obrante en el toma razón electrónico.
“Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición”. (Subrayado es agregado) En tal sentido, si bien bajo el principio de irretroactividad, como regla general, en los procedimientos administrativos sancionadores la norma aplicable es aquella vigente al momento de la comisión de la infracción; como excepción al referido principio, de existir una norma posterior, que, de manera integral, resultase más favorable para el administrado, aquella debe ser aplicada. Consecuentemente, si la nueva norma no reporta ningún beneficio a la situación del administrado, carece de objeto que se la aplique retroactivamente, dado que no es más favorable, pues, aunque, en abstracto, establezca disposiciones sancionadoras que puedan parecer en términos generales como más benignas, lo que se requiere para la aplicación retroactiva de la nueva norma, es que le reporte, de manera concreta, una consecuencia más ventajosa. Ahora bien, el numeral 5 del artículo 230 del Nuevo TUO de la LPAG ha precisado en qué aspectos una nueva norma puede aplicarse retroactivamente por favorecer al presunto infractor o al infractor; así, el referido principio de irretroactividad establece que las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo tanto en lo referido a: i) la tipificación de la infracción y la sanción, ii) los plazos de prescripción, y iii) respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.
- Al respecto, corresponde tener presente que, si bien el presente procedimiento
administrativo sancionador se inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (el TUO de la Ley), que incorporó las modificaciones a la Ley N° 30225 incorporadas mediante Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, es preciso señalar que, a la fecha del presente pronunciamiento, se encuentra vigente la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley vigente, y el Reglamento de la Ley N° 32069, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento vigente. En virtud de ello, resulta preciso verificar si la aplicación de la normativa vigente al presente caso resulta más beneficiosa, atendiendo al principio de retroactividad benigna.
- Al respecto, de la comparación entre las disposiciones relativas a la infracción
consistente en presentar información inexacta, así como la sanción aplicable para dicha infracción tipificada tanto en el TUO de la Ley como en la Ley vigente, se desprende lo siguiente: TUO de la Ley N° 30225 aprobada mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-JUS Ley N° 32069 “Ley General de Contrataciones Públicas”
Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas.
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5, cuando incurran en las siguientes infracciones: (…)
- Presentar información inexacta a las Entidades, al
Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas–Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. (…) 50.4 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las
Artículo 87. Infracciones administrativas a participantes,
postores, proveedores y subcontratistas 87.1. Son infracciones administrativas pasibles de sanción a participantes, postores, proveedores y subcontratistas las siguientes: (…)
- Presentar información inexacta a las entidades
contratantes, al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP, al OECE o a Perú Compras. En el caso de las entidades contratantes, siempre que estén relacionadas con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos y que incidan necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada a Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP o al OECE, la ventaja o el beneficio concreto debe estar relacionado con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.
Artículo 90. Inhabilitación temporal
90.1 La sanción de inhabilitación temporal es impuesta en los siguientes supuestos: (…)
- Por la comisión de cualquiera de las infracciones
previstas en los literales i), j), k) y l) del párrafo 87.1 del
artículo 87 de la presente ley. La sanción por imponer no
responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, son: (…)
- Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un
periodo determinado del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Esta inhabilitación es no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la comisión de las infracciones establecidas en los literales c), f), g), h) e i) y en caso de reincidencia en la infracción prevista en los literales m) y n). puede ser menor de seis meses ni mayor de veinticuatro meses.
- Como se advierte, la Ley N° 32069 exige que, para configurar la infracción de
presentar información inexacta, esta debe estar relacionada con un requisito, factor de evaluación o requerimiento del procedimiento y, además, debe generar un beneficio concreto y directo para el administrado. Esta exigencia representa una diferencia sustancial respecto al TUO de la Ley, el cual permitía sancionar incluso sin un beneficio materializado, bastando la mera posibilidad de ventaja indebida.
- El régimen anterior fue respaldado por el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE,
que no exigía demostrar un beneficio concreto. En cambio, la norma actual establece una condición adicional.
- Por lo tanto, corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna y evaluar
la responsabilidad de los integrantes del Consorcio conforme a la infracción contemplada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069 y el Reglamento vigente. Por otra parte, con relación a la sanción correspondiente a la infracción imputada, no se advierte que los cambios normativos sean más favorables para los integrantes del Consorcio. Naturaleza de la infracción
- El literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069 establece que
constituye infracción administrativa presentar información inexacta a las entidades contratantes, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito y que incida necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
- Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 230 del Nuevo TUO de la LPAG aprobado por Decreto Supremo 006- 2026-JUS, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas deben estar expresamente delimitadas para que de esa manera los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa. Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.
- Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que
el documento cuestionado fue efectivamente presentado ante una entidad convocante y/o contratante, ante el RNP, ante el Tribunal, el OECE o Perú Compras. Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del Nuevo TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la potestad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes está comprendida la información registrada en el PLADICOP12, así como la que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante.
- Una vez verificado dicho supuesto y a efectos de determinar la configuración de la
infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la inexactitud de la información presentada, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su inexactitud, ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que a su vez integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. Ello encuentra sustento, además toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de un documento con información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, este será aprovechable directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento contiene información inexacta.
- Así, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, la información inexacta
supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir, aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos y que incidan necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
- En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del Nuevo TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 56 12 Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas del Nuevo TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, de manera previa a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. De manera concordante con lo manifestado, el numeral 42.1 del artículo 42 del mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del Nuevo TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. Configuración de la infracción
- En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber
presentado ante la Entidad información inexacta como parte de la documentación para el perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección.
- Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad y ii) la inexactitud de la información presentada, en este último caso, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos y que incidan necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
- Sobre el particular, corresponde señalar que, para la configuración de la infracción
imputada, resulta necesario acreditar, como presupuesto previo, que el documento cuestionado haya sido efectivamente presentado ante la Entidad, pues solo a partir de dicha acreditación corresponde analizar los demás elementos que integran el tipo infractor, entre ellos, la inexactitud de la información contenida en el documento y su vinculación con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que represente una ventaja o beneficio.
- En el presente caso, el Informe de Instrucción N° 092-2026/ACC/ST1 concluyó que
se encontraba acreditada la presentación del Certificado de Trabajo de fecha 22 de diciembre de 2022, considerando que dicho documento se encontraba vinculado con la documentación requerida para el perfeccionamiento del Contrato N° 064-2023-MPH-A-GM y que su presentación habría permitido acreditar la experiencia y el perfil del profesional propuesto.
- Al respecto, este Colegiado considera necesario precisar que la circunstancia de
que un documento haya sido contemplado entre aquellos requeridos para el perfeccionamiento del contrato no permite establecer, por sí sola, que dicho documento haya sido efectivamente presentado ante la Entidad. En efecto, la exigencia de un documento dentro del procedimiento constituye una circunstancia distinta de la acreditación del acto material de su presentación, por lo que este último aspecto debe encontrarse respaldado por los elementos de convicción correspondientes.
- En ese sentido, de la revisión integral de los actuados, no se advierte
documentación que permita verificar de manera objetiva que el Certificado de Trabajo de fecha 22 de diciembre de 2022 haya sido efectivamente presentado ante la Entidad por los integrantes del Consorcio. Cabe señalar que, mediante Decreto de fecha 16 de abril de 2026, se requirió a la Entidad que remita la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, a efectos de verificar la constancia de recepción correspondiente; sin embargo, dicho requerimiento no fue atendido. En consecuencia, este Colegiado no cuenta con elementos de convicción suficientes que permitan tener por acreditada la presentación del documento cuestionado.
- En este punto, corresponde señalar que, si bien el Informe de Instrucción contiene
una conclusión respecto de la existencia de la infracción y recomienda la imposición de una sanción al señor Benites Moreno Alejandro Alberto, dicha
conclusión no determina por sí misma la responsabilidad administrativa deladministrado. Corresponde a este Colegiado, en ejercicio de su competencia sancionadora, efectuar la valoración integral de los medios probatorios incorporados al expediente y determinar si se encuentran acreditados todos los elementos que integran el tipo infractor.
- Por tanto, este Colegiado se aparta de la conclusión contenida en el Informe de
Instrucción N° 092-2026/ACC/ST1, únicamente en el extremo referido a la acreditación de la presentación del documento cuestionado, al considerar que los elementos obrantes en el expediente no resultan suficientes para establecer que dicho documento fue efectivamente presentado ante la Entidad. Esta conclusión no desconoce que el certificado haya sido contemplado como parte de la documentación requerida para el perfeccionamiento contractual, sino que reconoce que dicha circunstancia, por sí sola, no permite tener por acreditado el acto concreto de su presentación.
- En atención a lo expuesto, se debe tener presente que, para establecer la
responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege.
- Ello significa que en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa del
proveedor, deberá prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al derecho administrativo sancionador, por el cual según OSSA ARBELÁEZ13: “Cuando la prueba, válidamente ingresada al expediente administrativo, se torna insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la
conclusión de que no hay elementos de juicio serios e indispensables para predicarla autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el in dubio pro reo”.
- Asimismo, en el numeral 9 del artículo 230 del Nuevo TUO de la LPAG, se reconoce
la presunción de licitud, en virtud de la cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.
- Por tales consideraciones, al no obrar documento verificable en el expediente
administrativo, a través del cual se acredite la efectiva presentación del documento cuestionado ante la Entidad, no se ha verificado el cumplimiento del 13 OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legis. Segunda Edición 2009. p 253.
primer requisito para la configuración del tipo infractor, por tal motivo corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra los integrantes del Consorcio.
- Asimismo, cabe señalar que la falta de colaboración por parte de la Entidad, al no
haber cumplido con remitir la documentación solicitada, debe ponerse en conocimiento de su Titular y de su Órgano de Control Institucional, a efectos de que adopten las medidas que resulten pertinentes. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel Villanueva Sandoval, y con la intervención de las vocales Lupe Mariella Merino de la Torre y Marisabel Jáuregui Iriarte, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000054-2026-OECE-PRE del 2 de marzo de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
- Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de
sanción contra el señor JHONSON ARRASCUE FARRO con RUC N° 10167592878 integrante del CONSORCIO SUPERVISOR HUIÑA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación con información inexacta, como parte de la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 09-2023-MPH/CS-Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Huarmey, para la contratación del “Servicio de consultoría para la supervisión de la obra; Renovación de puente; en el (la) Puente Huiña, en la ruta N° AN-1161. Trayectoria: Emp. AN-109 (Huamba) – San Miguel - Huayan – Succha – Aija (Prov. Aija) Emp. AN-109, de la progresiva 0+420, en el C.P. Santiago de Huiña – Huamba, distrito de Huayan, provincia de Huarmey, departamento Ancash, con código único de inversión 2532023", infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley (actualmente tipificada en el literal I) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley vigente), por los fundamentos expuestos.
- Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de
sanción contra el señor ALEJANDRO ALBERTO BENITES MORENO con RUC N° 10409159104 integrante del CONSORCIO SUPERVISOR HUIÑA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación con información inexacta, como parte de la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 09-2023-MPH/CS-Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Huarmey, para la contratación del “Servicio de consultoría para la supervisión de la obra; Renovación de puente; en el (la) Puente Huiña, en la ruta N° AN-1161. Trayectoria: Emp. AN- 109 (Huamba) – San Miguel - Huayan – Succha – Aija (Prov. Aija) Emp. AN-109, de la progresiva 0+420, en el C.P. Santiago de Huiña – Huamba, distrito de Huayan, provincia de Huarmey, departamento Ancash, con código único de inversión 2532023", infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley (actualmente tipificada en el literal I) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley vigente), por los fundamentos expuestos.
- Comunicar la presente resolución a la Entidad y al Órgano de Control Institucional,
para que dispongan las acciones que resulten pertinentes en virtud de lo señalado en el fundamento 26.
- Dispone el archivo del expediente administrativo.
Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Villanueva Sandoval. Jáuregui Iriarte. Merino de la Torre.