Documento regulatorio

Resolución N.° 8908-2026-TCP-S2

Procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor DIAZ ALANIA HILTON ABEL, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley y por ha...

Tipo
No clasificado
Fecha
28/09/2026
Fuente
gob.pe/oece/normas-legales

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Sumilla: “(…) efectos de determinar la configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad; y, ii) la inexactitud del documento presentado, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito, requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.” Lima, 28 de setiembre de 2026 VISTO en sesión del 28 de setiembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 10280/2023.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor DIAZ ALANIA HILTON ABEL, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley y por haber presentado información inexacta, en el marco de la Orden de Servicio N° 311-2023 del 10 de mayo de 2023, emitida por MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA; y, atendiendo a lo siguiente: ANTECEDENTES El 10 de mayo de 2023, la Municipalidad Distrital de…
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Sumilla: “(…) efectos de determinar la configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad; y, ii) la inexactitud del documento presentado, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito, requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.” Lima, 28 de setiembre de 2026 VISTO en sesión del 28 de setiembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 10280/2023.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor DIAZ ALANIA HILTON ABEL, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley y por haber presentado información inexacta, en el marco de la Orden de Servicio N° 311-2023 del 10 de mayo de 2023, emitida por MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA; y, atendiendo a lo siguiente:

  • ANTECEDENTES
  • El 10 de mayo de 2023, la Municipalidad Distrital de Morococha, en adelante la

Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 311-20231, en lo sucesivo la Orden de Servicio, a favor del proveedor DIAZ ALANIA HILTON ABEL, en adelante el Contratista, para la contratación del “Alquiler de 18 parejas de vestimentas de danzas variadas y 12 polleras ayacuchanas”, por el monto de S/ 1,380.00 (mil trescientos ochenta con 00/100 soles). Dicha contratación se realizó durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 30225; y, su Reglamento, 1 Obrante a folios 29 del expediente administrativo en PDF.

aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

  • Con Memorando N° D000676-2023-OSCE-DGR2 del 5 de octubre de 2023,

presentado el 19 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora, Tribunal de Contrataciones Públicas), en lo sucesivo el Tribunal, la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE [ahora Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes – OECE], en adelante la DGR, comunicó los resultados de la acción de supervisión de oficio efectuada a partir de la información obrante en los reportes obtenidos del tablero de autoridades, elaborado por la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios y de lo registrado en el SEACE, sobre los impedimentos aplicables a las autoridades nacionales, regionales y locales. En ese sentido, adjuntó el Dictamen N° 1178-2023/DGR-SIRE3 del 19 de setiembre de 2023, a través del cual comunicó, principalmente, lo siguiente:

  • El 2 de octubre de 2022 se llevaron a cabo las Elecciones Regionales y

Municipales 2022, para elegir gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores municipales para el período 2023-2026, en las cuales el señor Percy Wilfredo Quiquia Ureta fue elegido regidor distrital de Morococha, provincia de Yauli, región Junín.

  • De la información consignada por el señor Percy Wilfredo Quiquia Ureta

en la Declaración Jurada de Intereses, se advierte que consignó el señor Hilton Abel Diaz Alania [el Contratista], como su cuñado.

  • Al respecto, de acuerdo a la normativa de contratación pública vigente,

el señor Hilton Abel Diaz Alania [el Contratista] al mantener parentesco en segundo grado de afinidad, respecto del señor Percy Wilfredo Quiquia Ureta [regidor distrital], se encuentra impedido de participar en todo proceso de contratación en el ámbito de competencia territorial de su pariente, durante el periodo que este último ejerció el cargo de Regidor distrital, hasta doce (12) meses después de concluido. 2 Obrante a folio 2 del expediente administrativo en PDF. 3 Obrante a folios 7 al 11 del expediente administrativo en PDF.

  • Sin embargo, de la información obrante en el SEACE, la cual también

puede visualizarse en la Ficha Única del Proveedor (FUP), se advierte que, durante el periodo en que el señor Percy Wilfredo Quiquia Ureta ejerció el cargo de regidor distrital de Morococha, el señor Hilton Abel Diaz Alania [el Contratista] contrató con la Entidad, la cual se encuentra dentro del ámbito de su competencia territorial de la referida autoridad distrital.

  • Con Decreto4 del 6 de febrero de 2026, de manera previa al inicio del

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad, entre otros, remita un informe técnico legal sobre la procedencia y supuesta responsabilidad del Contratista, así como, tanto la Orden de Servicio debidamente recibida por aquella como la declaración jurada que presentó como parte de su cotización, con los documentos que acrediten su presentación. En ese sentido, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con remitir la información solicitada, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, en caso de incumplir con el requerimiento.

  • Mediante Oficio N° 051-2026-MDM/A.5 del 6 de marzo de 2026, presentado al día

siguiente en la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, la Entidad adjuntó, entre otros documentos, el Informe N° 039-2026-MDM/GM-SGAyR-UL del 16 de febrero de 2026, elaborado por la Entidad, mediante el cual remitió la Orden de servicio, los documentos que acreditarían el impedimento y la cotización presentada para la emisión de la citada orden.

  • Con Decreto6 del 16 de marzo de 2026, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, de acuerdo a lo previsto en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, y por haber presentado información inexacta, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del

artículo 50 del mencionado cuerpo normativo.

4 Obrante a folios 16 al 17 del expediente administrativo en PDF. 5 Obrante a folios 21 del expediente administrativo en PDF. 6 Obrante a folios 55 al 57 del expediente administrativo en PDF.

Documento con supuesta información inexacta:

  • Declaración jurada suscrita el 10 de mayo de 2023 por el Contratista, en la

cual declaró, entre otros, no tener impedimento para participar en la cotización y para contratar con la Municipalidad Distrital de Morococha. En ese sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, en caso de incumplimiento.

  • Con Decreto7 del 15 de abril de 2026, no habiendo cumplido el Contratista con

presentar sus descargos a pesar de haber sido debidamente notificado para tal efecto, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver el presente expediente con la documentación obrante en autos. Asimismo, se dispuso remitir a Sala para resolver, efectivizándose el pase a vocal al día siguiente.

  • Mediante Decreto8 del 29 de mayo de 2026, se dispuso dejar sin efecto el Decreto

de remisión de sala, en mérito a lo señalado en el Memorando N° D000028-2026- OECE-TCP del 28 del mismo mes y año.

  • Con Decreto del 1 de junio de 2026, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, de acuerdo a lo previsto en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, y por haber presentado, como parte de su cotización, información inexacta, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del mencionado cuerpo normativo. Documento con supuesta información inexacta:

  • Declaración jurada suscrita el 10 de mayo de 2023 por el Contratista, en la

cual declaró, entre otros, no tener impedimento para participar en la cotización y para contratar con la Municipalidad Distrital de Morococha. 7 Obrante a folios 62 del expediente administrativo en PDF. 8 Obrante a folios 63 del expediente administrativo en PDF.

En ese sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, en caso de incumplimiento.

  • Con Decreto del 26 de junio de 2026, no habiendo cumplido el Contratista con

presentar sus descargos a pesar de haber sido debidamente notificado para tal efecto, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver el presente expediente con la documentación obrante en autos. Asimismo, se dispuso remitir a Sala para resolver, efectivizándose el pase a vocal al día siguiente.

  • A través del Decreto del 13 de julio de 2026, a fin de recabar mayores elementos

para resolver, se requirió lo siguiente: “(…)

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA [ENTIDAD]:

  • Cumpla con remitir copia clara y legible de la Declaración Jurada del 10.05.2023, suscrita

por el señor DIAZ ALANIA HILTON ABEL, en la que se aprecie que fue debidamente recibida por su representada, o copia del documento que acredite que el mismo fue recibido. Asimismo, sírvase confirmar el medio por el cual fue presentado el referido documento. En caso de haber sido por correo electrónico, remitir copia del mismo, donde se aprecie la fecha de su recepción y las direcciones electrónicas de su representada y del señor DIAZ ALANIA

HILTON ABEL.

Finalmente, deberá acreditar que la presentación de dicho documento representó un beneficio a favor del señor DIAZ ALANIA HILTON ABEL, en el marco de la ejecución de la Orden de Servicio N° 311 del 10.05.2023. (…)” [Sic]

  • Con Decreto del 9 de setiembre de 2026, a fin de recabar mayores elementos para

resolver, se requirió lo siguiente: “(…)

AL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

  • Sírvase remitir las actas de matrimonio de las siguientes personas:
  • Quiquia Ureta Percy Wilfredo (DNI N° 44308985) y Diaz Alania Yessica Yanet (DNI

N° 45319419)

  • Sírvase remitir las actas de nacimiento de las siguientes personas:
  • Diaz Alania Yessica Yanet
  • Diaz Alania Hilton Abel (…)” [Sic]

II. FUNDAMENTACIÓN

  • Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad

administrativa del Contratista, por haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley y por haber presentado información inexacta a la Entidad; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, norma vigente al momento de producirse los hechos denunciados. Primera cuestión previa: sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna.

  • Al respecto, el Tribunal Constitucional, a través de reiterada jurisprudencia [véase

Expedientes N° 2389-2007-PHC/TC, N° 2744-2010-PHC/TC, entre otros] ha señalado lo siguiente: “…el Principio de retroactividad benigna implica, por tanto, la aplicación de una norma jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo, con la condición de que dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo. Ello se sustenta en razones político-criminales, en la medida que el Estado pierde interés (o el interés sea menor) en sancionar un comportamiento que ya no constituye delito (o cuya pena ha sido disminuida). Pero primordialmente se justifica en virtud del principio de humanidad de las penas, el mismo que se fundamenta en el principio-derecho de dignidad de la persona humana (artículo 1 de la Constitución)”. En base a dicha disposición constitucional, y considerando que tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador son manifestaciones del poder punitivo del Estado, resulta que el principio de retroactividad benigna también resulta aplicable a la norma administrativa sancionadora, al formar parte del conjunto normativo del Derecho Sancionador. Sobre lo anterior, la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Casación N° 3988-2011-Lima, ha reconocido, con carácter de precedente vinculante, la aplicabilidad de la retroactividad benigna en materia administrativa sancionadora, señalando lo siguiente: “…la aplicación de la retroactividad benigna en materia administrativa presupone la existencia de dos juicios disimiles por parte del legislador sobre un mismo supuesto de hecho conductual (un cambio de valoración sobre la conducta infractora): Uno anterior, más severo, y otro posterior, más tolerante.”

  • En virtud de ello, el numeral 5 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, ha contemplado el principio de irretroactividad, según el cual “son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición” (El resaltado y subrayado es agregado). Atendiendo a lo señalado, se aprecia que el principio de retroactividad benigna también resulta aplicable al derecho administrativo sancionador.

  • En ese contexto, dicho principio determina que, en los procedimientos

administrativos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción y, como excepción, se admite la posibilidad de aplicar una nueva norma que ha entrado en vigencia con posterioridad a la comisión de la infracción, siempre que ésta resulte más beneficiosa para el administrado. Consecuentemente, si la nueva norma no reporta ningún beneficio a la situación del administrado, carece de objeto que se la aplique retroactivamente, dado que no es más favorable, pues, aunque, en abstracto, establezca disposiciones sancionadoras que puedan parecer en términos generales como más benignas, lo que se requiere para la aplicación retroactiva de la nueva norma, es que le reporte, de manera concreta, una consecuencia más ventajosa. Ahora bien, el numeral 5 del artículo 230 del TUO de la LPAG ha precisado en qué aspectos una nueva norma puede aplicarse retroactivamente por favorecer al presunto infractor o al infractor; así, el referido principio de irretroactividad establece que las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo tanto en lo referido a: i) la tipificación de la infracción y la sanción, ii) los plazos de prescripción, y iii) respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.

  • En ese contexto, corresponde analizar si, en el presente caso, existe una nueva

normativa de contratación pública vigente que resulte más beneficiosa a la situación actual del administrado, respecto al procedimiento administrativo sancionador que ha sido iniciado en su contra.

  • Al respecto, debe tenerse en cuenta que, a la fecha del presente pronunciamiento,

se encuentra vigente la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley N° 32069, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento vigente. Sobre el particular, cabe precisar que la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 32069 dispone que los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha norma, se regirán por las normas vigentes al momento de su convocatoria.

  • Por tanto, dado que, en el caso concreto, la Orden de Servicio fue emitida el 10 de

mayo de 2023, momento en el cual se encontraba vigente el TUO de la Ley N° 30225 y su Reglamento, para el análisis del perfeccionamiento de la relación contractual, el impedimento atribuido y la presentación del documento cuestionado, será de aplicación dicha normativa.

  • Por último, cabe anotar que, respecto al plazo de prescripción de la infracción, el

numeral 50.7 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225 ha establecido que las mismas: “…para efectos de las sanciones, prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) años de cometida”. Asimismo, el numeral 262.2 del artículo 262 del Reglamento señala que el plazo de prescripción se suspende con: a) la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo con que se cuenta para emitir la resolución, luego del cual, si el Tribunal no se pronuncia, la prescripción reanuda su curso; y, b) durante el período de suspensión del procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 261 del Reglamento.

  • En dicho contexto, se advierte que el artículo 93 de la Ley N° 32069 establece que

las infracciones prescriben a los cuatro (4) años de cometida, en concordancia con lo establecido en el artículo 252 del TUO de la LPAG, salvo que se trate de la infracción contenida en el literal m) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069 (consistente en presentar documentos falsos o adulterados), en cuyo caso la infracción prescribe a los siete (7) años de cometida. Sin embargo, el numeral 93.3 del artículo 93 de la Ley N° 32069 señala que el plazo de prescripción se suspende en los siguientes casos: a) cuando para determinar la responsabilidad sea necesario contar previamente con decisión judicial o arbitral; y, b) cuando el Poder Judicial ordene la suspensión del procedimiento. Asimismo, el artículo 363 del Reglamento vigente agrega que el plazo de prescripción se suspende con la notificación válidamente realizada al presunto infractor sobre el inicio del procedimiento administrativo sancionador, y se mantiene hasta el vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución. Para mayor claridad, se muestra el cuadro siguiente:

NORMA ANTERIOR NORMA ACTUAL

El TUO de la Ley N° 30225 y su Reglamento Ley N° 32069 y su Reglamento vigente Plazo de Prescripción

Artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225.

50.7 Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) años de cometida.

Artículo 93 de la Ley N° 32069

93.1 Las infracciones establecidas en la presente ley prescriben, para efectos de las sanciones, a los cuatro (4) años de cometida de acuerdo con la clasificación de tipos infractores, en concordancia con lo establecido en el artículo 252 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS. 93.2 Tratándose de la infracción contenida en el literal m) del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, la sanción prescribe a los siete (7) años de cometida la infracción. Supuestos de suspensión del plazo de prescripción

Artículo 262 del Reglamento

262.2. El plazo de prescripción se suspende:

  • Con la interposición de la denuncia y

hasta el vencimiento del plazo con que se cuenta para emitir la resolución. Si el

Artículo 93 de la Ley N° 32069

93.3 El plazo de prescripción se suspende en los siguientes supuestos:

  • Cuando para la determinación de

responsabilidad sea necesario contar previamente Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado, la prescripción reanuda su curso, adicionándose el periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión.

  • En los casos establecidos en el numeral

261.1 del artículo 261, durante el periodo de suspensión del procedimiento administrativo sancionador. con decisión judicial o arbitral. En este supuesto, la suspensión es por el periodo que dure dicho proceso jurisdiccional.

  • Cuando el Poder Judicial ordene la suspensión

del procedimiento sancionador.

Artículo 363 del Reglamento vigente

363.2 Adicionalmente a los supuestos descritos en el numeral 93.1 del artículo 93 de la Ley, suspende el plazo de prescripción la notificación válidamente realizada al presunto infractor del inicio del procedimiento administrativo sancionador. La suspensión se mantiene hasta el vencimiento del plazo con que el que cuenta el TCP para emitir la resolución. Si el TCP no se pronuncia dentro del plazo correspondiente, la prescripción retoma su curso, adicionándose el periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión.

  • En este punto es importante resaltar que, respecto del análisis de favorabilidad

para determinar la aplicación de la retroactividad de la norma en lo que concierne a la prescripción, ello no debe agotarse con la sola comparación de los plazos establecidos, sino que, debe complementarse con aquellos supuestos que establezcan cómputos diferenciados que determinen la posibilidad de que, en sede administrativa, aún se pueda analizar la comisión de una infracción e imponer la sanción correspondiente. En el caso concreto, si bien la normativa actual establece un plazo de prescripción de cuatro (4) años, a diferencia de la Ley cuyo plazo de prescripción era de tres (3) años, resulta indispensable analizar, complementariamente, los supuestos de suspensión del plazo prescriptorio. En dicha revisión el Reglamento vigente establece que el mismo se suspende con la notificación válida al presunto infractor del inicio del procedimiento administrativo sancionador, y ya no con la interposición de la denuncia, como lo estipulaba la norma anterior, por lo que resulta más beneficiosa al administrado al momento de analizar el tiempo transcurrido desde la presunta comisión de las infracciones imputadas.

  • Además, cabe señalar que, el 22 de mayo de 2025, se ha publicado en el Diario

Oficial El Peruano, el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2025/TCP - Acuerdo de Sala Plena que establece el criterio para la aplicación del Principio de Irretroactividad en los procedimientos administrativos sancionadores de competencia del Tribunal de Contrataciones Públicas, en cuyo numeral 1 se acordó lo siguiente:

  • “En aplicación de la retroactividad benigna, prevista en el numeral 5 del artículo

248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, es posible aplicar de manera retroactiva las disposiciones sancionadoras de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como aquellas que las modifiquen, que resulten más favorables al administrado en los procedimientos administrativos sancionadores de competencia del Tribunal de Contrataciones Públicas, sin que ello implique la aplicación de todas las disposiciones de una sola norma al caso concreto, sino únicamente de aquellas que resultan más favorables al administrado.”

  • Llegado a este punto, es necesario resaltar que, respecto al régimen de

prescripción de la infracción, la norma anterior es más beneficiosa al administrado en determinado extremo (se ha establecido un menor plazo prescriptorio); no obstante, la norma vigente resulta más favorable en otro extremo de la misma institución jurídica (al contemplarse un supuesto más ventajoso para suspender el plazo de prescripción). Segunda cuestión previa: sobre la prescripción de la infracción imputada.

  • De manera previa al análisis de fondo, este colegiado estima necesario evaluar de

oficio la prescripción de las infracciones imputadas, de acuerdo a lo establecido en el numeral 233.3 del artículo 233 del TUO de la LPAG, el cual señala lo siguiente: “(…) 233.3. La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos”. (El resaltado es agregado).

  • Debe tenerse en cuenta que la prescripción es una institución jurídica en virtud de

la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto de los derechos o facultades de las personas, así como cuanto, al ejercicio de la potestad punitiva de la Administración Pública, eliminando la posibilidad de investigar un hecho materia de la infracción, así como la responsabilidad que acarrearía la misma.

  • Es oportuno tener presente lo que establece el numeral 1 del artículo 233 del TUO

de la LPAG: “(…) 233.1. La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años”. (El resaltado es agregado) En ese sentido, a fin de determinar el plazo de prescripción, es pertinente remitirnos al numeral 50.7 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, vigente a la fecha de la comisión de la presunta infracción, la cual indica lo siguiente: “Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas (…) 50.7 Las infracciones establecidas en la presente norma para efectos de las sanciones prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) años de cometida. (…)”. (El resaltado es agregado). Asimismo, el numeral 93.1 del artículo 93 de la Ley N° 32069, norma actualmente vigente, establece lo siguiente: “Artículo 93. Prescripción de las infracciones administrativas (…) 93.1 Las infracciones establecidas en la presente ley prescriben, para efectos de las sanciones a los cuatro años de cometida de acuerdo con la clasificación de tipos infractores, en concordancia con lo establecido en el artículo 252 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS. (…)”. (El resaltado es agregado). Por tanto, considerando que las infracciones materia de análisis son las correspondientes a los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, consistente en contratar con el Estado estando impedido para ello, y presentar información inexacta ante la Entidad; en virtud de lo expuesto anteriormente respecto a la aplicación del principio de retroactividad benigna, el plazo de prescripción es de tres (3) años.

  • Por otro lado, es pertinente indicar que, de acuerdo a nuestro marco jurídico, el

plazo de prescripción puede ser suspendido, lo que implica que este no siga transcurriendo. Tomando en consideración lo expuesto, el artículo 363 del Reglamento vigente establece que la prescripción se suspenderá, entre otros supuestos, con la notificación válidamente realizada al presunto infractor del inicio del procedimiento administrativo sancionador y hasta el vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución. Asimismo, dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado [el cual comprende los tres (3) meses siguientes a que el expediente es recibido por la Sala], la prescripción reanuda su curso, adicionándose a dicho término el periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión.

  • Por lo tanto, en el presente caso, el plazo de prescripción para determinar la

existencia de las infracciones imputadas se habría suspendido con la notificación válidamente realizada al presunto infractor del inicio del procedimiento administrativo sancionador y hasta el vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir su resolución, esto es, hasta los tres (3) meses de haber sido recibido el expediente en Sala.

  • Ahora bien, corresponde resaltar que, a fin de analizar la prescripción de las

infracciones imputadas, resulta necesario tener certeza sobre el momento en que supuestamente habrían tenido lugar, siendo que, en el caso concreto, solo existe la certeza sobre el momento en el que se habría perfeccionado la relación contractual, de acuerdo a los documentos de pago que obran en el expediente respecto a la Orden de Servicio. De otro lado, respecto a la presentación del documento cuestionado como inexacto, este se analizará en el acápite correspondiente. Por tanto, corresponde a este Colegiado abocarse al análisis de la prescripción de la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido por Ley. ❖ Respecto de la prescripción de la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido por Ley

  • En esa línea, es necesario resaltar que la presunta infracción consistente en

contratar con el Estado estando impedido por Ley tuvo lugar el 10 de mayo de 2023, fecha en la que se perfecciono la relación contractual, en el marco de la emisión de la Orden de Servicio.

  • Cabe señalar que, si bien en la Orden de Servicio no se aprecia que esta haya sido

debidamente recibida por el Contratista, en marco del Acuerdo de Sala Plena N° 008-2021/TCE publicado el 10 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano”, se dispuso que “la existencia del contrato en contrataciones a las que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, puede acreditarse mediante la recepción de la orden de compra o de servicio, o con otros documentos que evidencien la realización de otras actuaciones, siempre que estos medios probatorios permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor” [el resaltado es agregado].

  • En ese sentido, aun cuando de la imagen reproducida no se aprecia la recepción

de la Orden de Servicio por parte del Contratista, obra en el expediente administrativo el Informe N° 0236-2023-SGSPYS/MDM de fecha 25 de mayo de 2023, mediante el cual el Sub Gerente de Servicios Públicos y Sociales de la Entidad emite conformidad al servicio contratado. Asimismo, obra el Comprobante de Pago N° 0826 de fecha 29 de mayo de 2023 a favor del Contratista, en el cual se hace mención a la Orden de Servicio y por el monto de la misma. Para mayor claridad, se reproducen los mencionados documentos:

  • En ese orden de ideas, a fin de realizar el cómputo del plazo de prescripción, deben

considerarse los hechos siguientes:

  • 10 de mayo de 2023: Se perfeccionó la relación contractual entre la

Entidad y el Contratista mediante la Orden de Servicio N° 311-2023; por tanto, en tal fecha se habría cometido la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225. Por consiguiente, a partir de dicha fecha se inició el cómputo del plazo de los tres (3) años establecido en el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley, vigente a la fecha de la comisión de los hechos denunciados, para que opere la prescripción, la cual ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 10 de mayo de 2026.

  • 19 de octubre de 2023: mediante Memorando N° D000676-2023-OSCE-

DGR del 5 de octubre de 2023, presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal la DGR comunicó que el Contratista habría incurrido en la infracción referida a contratar con el Estado, estando impedido por Ley.

  • 16 de marzo de 2026: se publicó en el Toma Razón Electrónico el decreto

que dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, y por haber presentado documentación con información inexacta, en el marco de la Orden de Servicio.

  • 15 de abril de 2026: se dispuso remitir el expediente a Sala para resolver.
  • 29 de mayo de 2026: se dispuso dejar sin efecto el Decreto del 15 de abril

de 2026, que dispuso la remisión a Sala.

  • 1 de junio de 2026: se publicó en el Toma Razón Electrónico el decreto que

dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, y por haber presentado como parte de su cotización, documentación con información inexacta.

  • 2 de junio de 2026: el Contratista fue notificado a través de la casilla

electrónica, con el decreto que dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra; tal como se aprecia a continuación:

  • 26 de junio de 2026: el expediente fue remitido a Sala, según consta en el

Toma Razón Electrónico del OSCE.

  • De lo expuesto, es preciso señalar que el plazo de prescripción por la infracción

tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley transcurrió en exceso, debido a que el vencimiento del plazo prescriptorio [10 de mayo de 2026] ocurrió con anterioridad a la oportunidad en que el presunto infractor [el Contratista] fue efectivamente notificado con el inicio del procedimiento administrativo sancionador, dado que dicha notificación tuvo lugar el 2 de junio de 2026.

  • En ese sentido, resulta evidente que ha operado la prescripción de la infracción

imputada en el presente caso, por lo que, en mérito a lo establecido en el numeral 233.3 del artículo 233 del TUO de la LPAG, corresponde a este Colegiado declarar la prescripción de la de la facultad del Tribunal para determinar la existencia de la infracción imputada y la imposición de sanción en contra del Contratista; por tanto, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre la presunta responsabilidad administrativa de aquél.

  • Finalmente, en cumplimiento de lo establecido en el literal e) del artículo 25 del

Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes – OECE, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE9, corresponde hacer de conocimiento la presente resolución a la Presidencia del Tribunal, dado que, no se advierte que la prescripción declarada responda a cuestiones vinculadas a la actuación de la Entidad que realizó la contratación, sino a los cambios normativos mencionados en la presente resolución. ❖ Respecto de la infracción consistente en presentar información inexacta ante la Entidad Naturaleza de la infracción

  • El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, establecía que se

impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas Perú Compras, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 9 “Artículo 25.- Funciones de las Salas del Tribunal de Contrataciones Públicas. Son funciones de la Sala de Tribunal de Contrataciones Públicas: (…) e) Informar al Tribunal de Contrataciones Públicas de aquellos casos que haya declarado la prescripción por presunta responsabilidad administrativa funcional ajenas a las entidades públicas”.

  • En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento

administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la utilización de la técnica de integración jurídica. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 230 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

  • Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que

los documentos cuestionados (con información inexacta) fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o a la Central de Compras Públicas (Perú Compras).

  • Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes está comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otros.

  • Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a la inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. En ese orden de ideas, basta con verificar la presentación de los documentos cuestionados para que se configure la responsabilidad del agente, siendo irrelevante para estos efectos identificar a la persona que introdujo la información inexacta. Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, este será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones públicas por el proveedor, participante, postor, contratista, subcontratista y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la TUO de la Ley, pues son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un representante o tercero, consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte la inexactitud en su contenido de la documentación presentada.

  • En ese orden de ideas, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, la

información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

  • En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 42.1 del artículo 42 del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 56 del mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG lo dispone, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. Configuración de la infracción.

  • En el presente caso, se ha cuestionado la información contenida en la Declaración

jurada suscrita el 10 de mayo de 2023 por el Contratista, en la cual declaró, entre otros, no tener impedimento para participar en la cotización y para contratar con la Municipalidad Distrital de Morococha. Para mayor detalle, se reproduce el tenor del citado documento:

  • Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad; y, ii) la inexactitud del documento presentado, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito, requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

  • Sobre la primera de dichas circunstancias, si bien obra en el expediente copia del

documento cuestionado emitido por el Contratista, no se aprecia sello de recepción del mismo que permita generar certeza sobre su presentación ante la Entidad, conforme se advierte de la imagen anterior. Tampoco existe fecha de recepción, número de registro, o firma alguna del personal responsable de la Entidad que supuestamente habría recibido dicho documento, por lo que no permite evidenciar que fue presentado y recibido por la Entidad.

  • Ante ello, a efectos de que la Segunda Sala del Tribunal cuente con mayores

elementos al momento de resolver, mediante Decretos del 6 de febrero de 2026 y 13 de julio del mismo año, este Colegiado solicitó a la Entidad, entre otros, copia del documento cuestionado en el que se aprecie que fue debidamente recibido, así como, que confirme el medio por el cual fue presentado y recibido. No obstante, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, si bien la Entidad en atención al primer decreto, remitió el Oficio N° 051-2026-MDM/A. del 6 de marzo de 2026, de su revisión no se advierte documento o instrumento mediante el cual se advierta la recepción de la declaración cuestionada, lo cual constituye un incumplimiento de su deber que será puesto en conocimiento de aquella y de su Órgano de Control Institucional, a fin que, en el marco de sus competencias, adopte las medidas pertinentes.

  • En tal sentido, de la información obrante en el presente expediente, este Tribunal

no puede determinar, con certeza, que el documento cuestionado hubiera sido presentado por el Contratista ante la Entidad, ni tampoco sobre la oportunidad en que se habría presentado, por lo que no es posible acreditar la primera de las circunstancias necesarias para la configuración de la infracción imputada.

  • En consecuencia, este Colegiado concluye que, en el presente caso, no resulta

posible imputar al Contratista responsabilidad por presentar información inexacta y, en consecuencia, corresponde declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa en su contra, por la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Sonia Tatiana Angulo Reátegui, y la intervención de los vocales Steven Aníbal Flores Olivera y César Arturo Sánchez Caminiti, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº D000006-2025-OECE-PRE del 23 de abril de 2025, publicada en la misma fecha en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

  • Declarar de oficio la prescripción de la facultad para determinar la existencia de

la infracción imputada al señor DIAZ ALANIA HILTON ABEL (con R.U.C. N° 10402659951), por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando impedido por Ley, en el marco de la emisión de la Orden de Servicio N° 311-2023 del 10 de mayo de 2023, emitida por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA, para la contratación del “Alquiler de 18 parejas de vestimentas de danzas variadas y 12 polleras ayacuchanas”; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF [actualmente tipificada en el literal i) del numeral 87.1 artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas]; por lo que carece de objeto determinar la configuración de la mencionada infracción, en razón a la prescripción declarada; conforme a los fundamentos expuestos.

  • Declarar bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de

sanción al señor HILTON ABEL DIAZ ALANIA (con RUC N° 10402659951), por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su cotización, información inexacta, en el marco de la contratación efectuada a través de la Orden de Servicio N° 311-2023 del 10 de mayo de 2023, emitida por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA, para la contratación del “Alquiler de 18 parejas de vestimentas de danzas variadas y 12 polleras ayacuchanas”;

infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF [actualmente tipificada en el literal l) de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas], por los fundamentos expuestos.

  • Comunicar la presente resolución a la Presidencia del Tribunal, para que, en el

marco de sus funciones, adopte las acciones pertinentes, conforme al fundamento 25.

  • Comunicar la presente resolución a la Entidad y a su Órgano de Control

Institucional, a fin de que, en el marco de sus competencias, adopte las medidas que estime pertinentes, de acuerdo al fundamento 36.

  • Archívese de manera definitiva el presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

STEVEN ANÍBAL FLORES OLIVERA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Flores Olivera. Sánchez Caminiti. Angulo Reátegui.

Resolución N.° 8908-2026-TCP-S2 | Documentos Regulatorios · LinkContrata