Documento regulatorio
Resolución N.° 8915-2026-TCP-S2
Recurso de reconsideración formulado por la empresa CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (con R.U.C. N° 20480215819) y la empresa CONTRACTORS EXECUTIVES AND GENERAL SOLUTIONS E.I.R.L. (con R.U.C...
- Tipo
- No clasificado
- Fecha
- 28/09/2026
- Fuente
- gob.pe/oece/normas-legales
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Z Sumilla: “(…) corresponde declarar fundados en parte los recursos de reconsideración, únicamente en el extremo referido a la acreditación de la falsedad del Certificado de trabajo del 5 de diciembre de 2018, conforme a lo señalado en el acápite correspondiente del presente informe; y, confirmándose en sus demás extremos la Resolución N° 7405-2026- TCP-S2 del 20 de julio de 2026.” Lima, 28 de septiembre de 2026 VISTO en sesión del 28 de septiembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 6755-2022.TCE, sobre el recurso de reconsideración formulado por la empresa CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (con R.U.C. N° 20480215819) y la empresa CONTRACTORS EXECUTIVES AND GENERAL SOLUTIONS E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20605053816) integrantes del CONSORCIO CAJAMARCA, contra lo dispuesto en la Resolución N° 7405-2026-TCP-S2 del 20 de julio de 2026, en el extremo que determinó su responsabilidad administrativa por la presentación de documentación falsa; y, atendiendo a lo siguiente:
- ANTECEDENTES:
- Mediante Resolución N° 7405-2026-TCP-S2 del 20 de julio de 2026, la Segunda Sala
del Tribunal de Contrataciones de Públicas sancionó a las empresas CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y CONTRACTORS EXECUTIVES AND GENERAL SOLUTIONS E.I.R.L. integrantes del CONSORCIO CAJAMARCA, en adelante el Consorcio, con veinticuatro (24) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimiento para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa ante la Empresa de Servicio Público de Electricidad Electronorte S.A., en adelante, la Entidad, en el marco del Concurso Público N° 24- 2021-ELECTRONORTE S.A.-1, para la contratación del “Servicio de atención al cliente, cobranza de recibos, recarga de energía y control y administración del Z archivo file del cliente, en el área de influencia de las uu.nn de Cajamarca centro de Electronorte S.A.”; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 30225, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, en adelante el Reglamento.
- Los principales fundamentos de dicho acto administrativo fueron los siguientes:
- Sobre el particular, se verificó que los documentos cuestionados (Certificado
de trabajo del 5 de diciembre de 2018, presuntamente emitido por la empresa Perú Fort´s Constructo S.A.C. a favor de la señora Cervita Carrero Tello; y, la Constancia de trabajo del 28 de febrero de 2019, presuntamente emitido por la empresa Perú Fort´s Constructo S.A.C. a favor de la señora Lisbeth Yojani Santa Cruz Quispe) se trataron de documentos falsos, ello toda vez que la empresa Perú Fort´s Constructo S.A.C. (presunto emisor) señaló expresamente que dichos documentos no fueron emitidos por su representada.
- A fin de verificar la configuración de la infracción, se acreditó que los
documentos cuestionados fueron presentados por el Consorcio el 21 de febrero de 2022, como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección. Asimismo, en atención a la manifestación del emisor de los documentos cuestionados, se verificó el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad.
- En atención a lo expuesto y previa evaluación de individualización de
responsabilidades, correspondió imponer sanción en contra de ambos integrantes del Consorcio, por haber incurrido en la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225.
- La Resolución N° 7405-2026-TCP-S2 del 20 de julio de 2026 fue notificada a los
integrantes del Consorcio y a la Entidad en la misma fecha, mediante publicación en el Toma Razón Electrónico.
Z
- Con Escritos presentados el 14 y 17 de agosto de 20261 ante la Mesa de Partes del
Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, las empresas CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y CONTRACTORS EXECUTIVES AND GENERAL SOLUTIONS E.I.R.L., en adelante los impugnantes, respectivamente, presentaron recurso de reconsideración y solicitaron que se programe audiencia, formulando además los siguientes argumentos: Sobre la supuesta vulneración al principio de tipicidad
- En el presente caso se ha imputado contra los integrantes del Consorcio, de
forma genérica, la presentación de documentación "falsa o adulterada", sin precisarse de manera clara, concreta e inequívoca, cuál de dichas conductas constituía efectivamente el hecho infractor atribuido.
- Si bien el Tribunal, en los fundamentos 24 y 25 de la resolución materia de
impugnación, señaló que estaríamos frente al supuesto de “documentos falsos”, recalcó que, desde el inicio del procedimiento administrativo sancionador se ha imputado la presentación de documentación "falsa o adulterada"; por lo que, el procedimiento está viciado desde su origen.
- De la propia definición efectuada por el Tribunal se desprende que la
falsedad documental y la adulteración constituyen supuestos jurídicos y fácticos claramente diferenciados, los cuales requieren medios probatorios distintos y estrategias de defensa igualmente diferentes, por lo que correspondía individualizar con claridad la conducta imputada, pues únicamente de ese modo resultaba posible ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
- Por dicho motivo, la resolución recurrida incurre en un vicio sustancial al
contravenir la ley y adolecer de defectos en la motivación del acto administrativo correspondiendo declarar su nulidad y archivo definitivo. Sobre la supuesta vulneración al principio de la debida motivación y verdad material 1 Ingresados con registros N° 31582-2026 y 31836-2026 del expediente administrativo.
Z
- Un elemento que se debía valorar para la comisión de la infracción es la
manifestación del “supuesto” emisor o suscriptor; sin embargo, este no es el único ni el más determinante. Por el contrario, la autoridad administrativa tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias autorizadas por ley para corroborar la veracidad de la información, tal como la Sala misma lo ha señalado.
- Sin embargo, a través de la resolución recurrida el Tribunal ha otorgado a la
manifestación unilateral de un tercero, un valor probatorio absoluto, prescindiendo de efectuar una valoración integral de los demás medios probatorios obrantes en el expediente y desconociendo el principio de verdad material.
- El Tribunal ha omitido pronunciarse sobre la existencia de contratos de
trabajo, boletas de pago y aportes previsionales a favor de las señoras Cervita Carrero Tello y Lisbeth Yojani Santa Cruz Quispe, que permiten determinar la existencia de un vínculo laboral con la empresa Perú Fort's Constructo S.A.C. y que corroboran la información contenida en el Certificado de trabajo del 05 de diciembre de 2018 y la Constancia de trabajo del 28 de febrero de 2019.
- Por otro lado, cuando la empresa emisora de los documentos cuestionados
da respuesta a la carta de fiscalización realizada por la entidad, tampoco adjuntó la documentación que sustentaba su respuesta; no obstante, la Sala concluyó que los integrantes del Consorcio incurrieron en una infracción sobre la base única del argumento dado por dicha empresa. Sobre la presunta vulneración al principio de razonabilidad, buena fe y presunción de licitud
- La resolución impugnada también vulneró los principios de presunción de
licitud, buena fe procedimental y razonabilidad, al atribuir responsabilidad administrativa a los integrantes del Consorcio sin haber acreditado la existencia de dolo o culpa en su actuación.
Z
- Durante todo el procedimiento no se ha incorporado medio probatorio
alguno que permita concluir que participaron en la elaboración, alteración, falsificación o adulteración de los certificados de trabajo cuestionados, ni que conocieran o pudieran conocer razonablemente la supuesta irregularidad que posteriormente fue advertida por la Entidad.
- Asimismo, la resolución impugnada tampoco identificó cuál habría sido el
beneficio ilegítimo obtenido, ni demostró la existencia de una conducta orientada a inducir a error a la Entidad, limitándose a afirmar la configuración de la infracción sin desarrollar el elemento subjetivo indispensable para atribuir responsabilidad administrativa. Sobre la supuesta falta de valoración probatoria integral
- La Sala ha omitido valorar adecuadamente el hecho de que nunca se falseó
ni adulteró documentación alguna, ni existían razones para incurrir en ello u obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento de selección mediante los documentos cuestionados.
- En relación a los certificados de trabajo de fecha 05 de diciembre de 2018 y
28 de febrero de 2019, precisaron que, en su oportunidad, se realizó una convocatoria de profesionales quienes proporcionaron los certificados bajo comentario, además de otra documentación que acreditaba sus conocimientos y experiencia para la labor a efectuar y en tal sentido, negaron que los certificados sean “falsos” o “adulterados”; por el contrario, contienen información real y comprobable de manera objetiva.
- A pesar de que lo anteriormente indicado fue expuesto en sus descargos,
ello no fue debidamente valorado. Sobre la individualización de la responsabilidad administrativa
- El Tribunal no negó que la individualización de responsabilidades fuera
jurídicamente procedente, sino que simplemente constató que, con los medios de prueba entonces disponibles, no podía determinarse a quién correspondía el dominio sobre los documentos cuestionados.
Z
- Es así que, en la promesa formal de consorcio, solo CONTRACTORS
EXECUTIVES AND GENERAL SOLUTIONS E.I.R.L. asumió la función "Administrativa - Contable" del Consorcio dentro de la cual se enmarca la gestión del personal propuesto para la ejecución del servicio: su reclutamiento, la verificación de su experiencia, la custodia de la documentación de sustento, la organización y la presentación de las propuestas para el concurso público.
- Sin embargo, si bien el Tribunal tuvo a la vista dicha cláusula, no la pudo
vincular de manera expresa con el aporte de los documentos cuestionados, por no contar en ese momento con un medio probatorio que señale ello de forma indubitable, es decir sobre las funciones antes mencionadas.
- No obstante, ese vacío se cierra ahora con la “Declaración Jurada de Deslinde
de Responsabilidad y Precisión de Funciones” suscrita por la representante legal de la empresa CONTRACTORS EXECUTIVES AND GENERAL SOLUTIONS E.I.R.L., que se adjuntó como anexo a los recursos de reconsideración formulados.
- Precisaron que en la referida declaración (nuevo medio probatorio), dicha
empresa reconoce -bajo juramento y por decisión propia- que el reclutamiento, la verificación y la custodia de los certificados y constancias de trabajo de las señoras Cervita Carrero Tello y Lisbeth Yojani Santa Cruz Quispe, -además de la organización y la presentación de las propuestas para el concurso público- estuvieron, en todo momento, bajo su esfera de dominio y control administrativo exclusivo, sin la intervención material de su consorciado la empresa CIX ORIÓN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
- Por tal motivo y con dicho documento a la vista, ahora sí resulta posible para
el Tribunal realizar la individualización de responsabilidades. Sobre la falta de precisión del grado de diligencia exigible
- La resolución impugnada tampoco ha identificado cuál era el estándar de
diligencia exigible, ni de qué manera -por ejemplo- podían conocer la Z supuesta alteración de documentos internos pertenecientes a una empresa ajena a su organización. Sobre la falta de precisión por parte de la Entidad respecto del daño causado por la comisión de la infracción.
- La Entidad no ha evidenciado ni cuantificado en qué consistió el perjuicio o
daño causado, por lo que en el procedimiento se ha incurrido en un vicio insubsanable que acarrea su nulidad. Sobre la condición de baja de oficio del presunto emisor de los documentos cuestionados.
- La empresa Perú Fort's Constructo S.A.C. emisora de los documentos se
encontraba en condición “baja de oficio” ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, en adelante SUNAT, aspecto que restó fiabilidad a su manifestación unilateral de falta de veracidad de los documentos frente a documentación aportada.
- Mediante Decreto del 18 de agosto de 2026, se dispuso poner a disposición de la
Segunda Sala los recursos de reconsideración formulados y se convocó a audiencia pública para el día 2 de septiembre de 2026, la misma que se llevó a cabo con la participación de los Impugnantes.
II. FUNDAMENTACIÓN
- Es materia del presente análisis los recursos de reconsideración interpuestos por
los Impugnantes contra la Resolución N° 7405-2026-TCP-S2 del 20 de julio de 2026. Sobre la procedencia de los recursos de reconsideración
- Al respecto, el recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos
sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 370 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento vigente, norma vigente al momento en que se interpuso aquél.
Z A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debía ser interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de notificada la resolución que impone la sanción y resuelto dentro del plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables a partir de su presentación sin observaciones o de la subsanación respectiva. En el caso de consorcios, el plazo se computa desde la presentación del último recurso de presentado.
- En relación a la norma antes glosada, corresponde a este Colegiado determinar si
los recursos materia de análisis fueron interpuestos oportunamente, es decir, dentro del plazo otorgado expresamente por la normativa para dicho fin.
- Así, de la revisión realizada a la documentación obrante en autos y en el sistema
del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 7405-2026-TCP-S2 del 20 de julio de 2026, fue notificada a los Impugnantes en la misma fecha a través del Toma Razón Electrónico del OSCE; por lo que, éstos podían interponer válidamente sus respectivos recursos de reconsideración dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, es decir, hasta el 17 de agosto de 2026.
- En ese sentido, teniendo en cuenta que los Impugnantes formularon sus recursos
de reconsideración el 14 y 17 de agosto de 20262 ante el Tribunal, dichos recursos resultan procedentes; por lo que, corresponde evaluar si los argumentos planteados constituyen sustento suficiente para revertir lo resuelto. Sobre los argumentos de los recursos de reconsideración
- En principio, los recursos administrativos son mecanismos de revisión de actos
administrativos. En el caso específico del recurso de reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la decisión adoptada. De esta manera, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 2 Ingresados con registros N° 31582-2026 y 31836-2026 del expediente administrativo.
Z refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. Recordemos que, si la administración “(…) adopta una decisión lo lógico es que la mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista de los cuales resuelva rectificar lo decidido (…)”3. En efecto, ya sea que el órgano emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que, en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base al cual se efectuará el examen. Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o instrumentales aportados por los Impugnantes, si existen nuevos elementos de juicio que generen convicción en este Colegiado a efectos de variar la sanción impuesta a través de la resolución impugnada.
- Teniendo en consideración que la sanción impuesta obedeció a que los
Impugnantes presentaron documentación falsa; corresponde verificar si han aportado elementos de convicción en sus recursos, que ameriten dejar sin efecto lo dispuesto en la recurrida. Sobre la reevaluación de los hechos de la resolución impugnada
- De la revisión de los recursos presentados, se aprecia que los Impugnantes han
centrado sus reconsideraciones en los siguientes aspectos:
- Sobre la supuesta vulneración al principio de tipicidad.
- Sobre la presunta vulneración al principio de debida motivación y verdad
material.
- Sobre la presunta vulneración al principio de razonabilidad, buena fe y
presunción de licitud. 3 GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. Tomo 4. Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2016, p. 443.
Z
- Sobre la supuesta falta de valoración probatoria integral.
- Sobre la individualización de la responsabilidad administrativa.
- Sobre la falta de precisión del grado de diligencia exigible.
- Sobre la falta de precisión por parte de la Entidad respecto del daño causado
por la comisión de la infracción.
- Sobre la condición de baja de oficio del presunto emisor de los documentos
cuestionados. Respecto de la supuesta vulneración al principio de tipicidad
- Los impugnantes sostienen que la resolución recurrida adolece de un vicio de
nulidad al no haber precisado en su imputación, de manera clara y unívoca, si la conducta sancionada constituía la presentación de documentación "falsa" o "adulterada", alegando que dicha ambigüedad vicia el procedimiento desde su origen.
- Al respecto, corresponde mencionar que, conforme a reiterada jurisprudencia de
este Tribunal, la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225 [actualmente literal m) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069], protege de forma integral como bien jurídico la fe pública y el principio de presunción de veracidad en las contrataciones del Estado. En ese sentido, el referido tipo legal constituye un tipo infractor de naturaleza alternativa, donde el reproche legal recae sobre el uso e introducción de un documento carente de veracidad en el ámbito administrativo, siendo jurídicamente intrascendente para la validez del inicio del procedimiento la distinción técnica entre falsedad o adulteración.
- En el caso bajo análisis, se observa que el Decreto de inicio del procedimiento
administrativo sancionador de fecha 13 de marzo de 2026, delimitó con total nitidez y claridad la conducta infractora imputada a los impugnantes, inclusive individualizando los documentos objeto de cuestionamiento —el certificado de trabajo de la señora Cervita Carrero Tello y la constancia de trabajo de la señora Lisbeth Yojani Santa Cruz Quispe— y trasladando los hallazgos de la fiscalización posterior efectuada por la Entidad.
Z
- En consecuencia, la imputación ha sido plenamente correcta y formal, no
habiéndose evidenciado indefensión, ambigüedad ni vulneración alguna al debido procedimiento o al derecho de defensa de los integrantes del Consorcio. Atendiendo a lo expuesto, el cuestionamiento referido a la tipificación carece de sustento jurídico, al pretender una separación de supuestos que el legislador ha previsto de manera conjunta en salvaguarda de la fe pública.
- Sin perjuicio de lo antes mencionado, cabe destacar que dicho argumento ya había
sido debidamente evaluado y desarrollado en la propia Resolución N° 7405-2026- TCP-S2 que ahora se impugna (véase considerandos 2 al 8 de la recurrida), en la cual este Colegiado precisó los fundamentos por los cuales la imputación conjunta de falsedad o adulteración no genera ambigüedad ni afecta el derecho de defensa, advirtiéndose entonces que los impugnantes se limitan a reiterar alegaciones que ya fueron resueltas en su oportunidad, sin aportar en este punto elementos de juicio nuevos que ameriten un criterio distinto sobre el particular.
- Estando a lo expuesto, en este punto corresponde desestimar lo alegado por los
Impugnantes, pues no se evidencia la aludida vulneración al principio de tipicidad, por tanto, la resolución recurrida no encuentra en causal de nulidad en dicho aspecto. Respecto a la presunta vulneración al principio de debida motivación y verdad material
- Los impugnantes también señalaron en sus recursos respectivos que el Tribunal, a
través de la resolución materia de impugnación, habría otorgado un valor probatorio absoluto a la declaración del tercero (presunto emisor), en vez de realizar una valoración integral de los medios probatorios en atención al principio de verdad material.
- Sobre ello, corresponde precisar que, de la lectura de la resolución ahora
impugnada, se observa que este Colegiado realizó una valoración probatoria que no solo se basó de manera aislada en la manifestación unilateral de un tercero, por el contrario, esta fue analizada de forma conjunta con los demás elementos obrantes en el expediente administrativo, los cuales permitieron alcanzar la Z convicción sobre la falta de veracidad de la documentación presentada por el Consorcio.
- En efecto, se observa que a través de los fundamentos 21 al 25 de la Resolución N°
7405-2026-TCP-S2 se abordó cada uno de los medios probatorios ofrecidos por los integrantes del Consorcio, concluyendo que tales documentos, no lograban desvirtuar la respuesta del emisor, quien negó haber emitido específicamente los certificados objeto de cuestionamiento, conforme se aprecia en la siguiente cita: “(…)
- EI CERTIFICADO DE TRABAJO A NOMBRE DE CARRERO TELLO CERVITA, el scan
del certificado adjunto en su carta de referencia, NO coincide con la copia que obra en nuestros archivos; puesto que está impreso en un papel membretado, que no es el papel membretado utilizado por mi representada, y se presume que se ha adjuntado al documento, una firma escaneada. Por lo que, manifestamos que el documento NO ha sido emitido por mi representada ni suscrito por mi persona.
- EI CERTIFICADO DE TRABAJO A NOMBRE DE LISBETH YOJANI SANTA CRUZ
QUISPE, el scan del certificado adjunto en su carta de referencia, NO coincide con la copia que obra en nuestros archivos; puesto que está impreso en un papel membretado, que no es el papel membretado utilizado por mi representada, y porque se aprecia que se ha colocado en el documento una post-firma y no contiene el sello del Gerente General. Por lo que, manifestamos que el documento NO ha sido emitido por mi representada ni suscrito por mi persona. (…)” [subrayado y resaltado agregado]
- Resulta fundamental enfatizar además que el objeto del procedimiento
sancionador se circunscribió estrictamente a determinar la autenticidad de los documentos presentados y no a la existencia de un vínculo laboral entre la empresa emisora y las beneficiarias de los certificados. Es por ello que, la relevancia de la respuesta brindada por el presunto emisor radica en la desestimación directa de la veracidad de los documentos cuestionados, al advertir inconsistencias insalvables en los mismos.
- Cabe agregar que, si bien el emisor no se pronunció sobre la existencia real o no
de un vínculo laboral con las beneficiarias de los documentos cuestionados, sí Z manifestó su negativa respecto de la autenticidad de los certificados, argumentando la falta de correspondencia con sus formatos internos (la inexistencia de la firma autorizada y la carencia de sellos de gerencia), elementos que, conforme a lo alegado por aquel, conllevaron a este Colegiado a determinar la falta de veracidad de la información presentada por el Consorcio, independientemente de cualquier relación contractual preexistente. Sobre la manifestación del presunto emisor del Certificado de trabajo del 5 de diciembre de 2018 a favor de la señora Cervita Carrero Tello
- No obstante, lo señalado en los numerales precedentes, corresponde efectuar una
precisión adicional respecto de uno de los dos documentos cuestionados, en atención a que, de la lectura de la Carta N° 009-2022/PFCSAC-GG del 18 de marzo de 2022, se advierte que la empresa Perú Fort’s Constructo S.A.C. no otorgó el mismo grado de certeza a su pronunciamiento sobre cada uno de los documentos materia de análisis.
- En efecto, respecto de la Constancia de trabajo del 28 de febrero de 2019, a favor
de la señora Lisbeth Yojani Santa Cruz Quispe, el presunto emisor sustentó su negativa en dos elementos objetivos y verificables: (i) la falta de coincidencia del papel membretado utilizado, y (ii) la constatación de que el documento contenía una post-firma y carecía del sello del Gerente General, aspectos que fueron enunciados negando la emisión de dicho documento.
- Sin embargo, en lo que respecta al Certificado de trabajo del 5 de diciembre de
2018, a favor de la señora Cervita Carrero Tello, si bien el presunto emisor también hizo referencia a la falta de coincidencia del papel membretado, en cuanto al elemento de la firma se limitó a señalar textualmente que “se presume que se ha adjuntado al documento, una firma escaneada” (véase cita detallada en el numeral 17 supra), expresión que, por su propia naturaleza, denota una apreciación conjetural y no una constatación objetiva y verificada por el declarante.
- Al respecto, cabe recordar que, conforme a la jurisprudencia uniforme de este
Tribunal recogida en la propia resolución impugnada, la manifestación del supuesto emisor constituye un elemento relevante para desvirtuar la presunción Z de veracidad en la medida en que sea “expresa y categórica”, esto es, que dé cuenta de forma indubitable de no haber expedido o suscrito el documento cuestionado. No obstante, el uso del verbo “presumir” para referirse al aspecto de la firma introduce respecto del Certificado de trabajo del 5 de diciembre de 2018 un grado de incertidumbre en la propia declaración del tercero que no se aprecia respecto del otro documento cuestionado.
- En atención a ello, y en aplicación del principio de verdad material previsto en el
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, corresponde concluir que la manifestación del presunto emisor, en el extremo referido al Certificado de trabajo del 5 de diciembre de 2018, no reviste el mismo grado de certeza exigido por la jurisprudencia de este Tribunal para tener por acreditada, de forma fehaciente, la falsedad de dicho documento en específico.
- En efecto, dicha precisión no alcanza respecto del análisis de validez o autenticidad
de la Constancia de trabajo del 28 de febrero de 2019, a favor de la señora Lisbeth Yojani Santa Cruz Quispe, al verificarse que la resolución impugnada determinó su falsedad sobre la base de la manifestación categórica -desprovista de cualquier elemento conjetural- por parte del presunto emisor, sin apreciarse de ello vulneración alguna a los principios invocados por los impugnantes (verdad material y motivación).
- En consecuencia, corresponde declarar FUNDADOS EN PARTE los recursos de
reconsideración formulados, únicamente, en el extremo referido a la acreditación de la falsedad del Certificado de trabajo del 5 de diciembre de 2018; y, en reforma de la Resolución N° 7405-2026-TCP-S2, se excluye dicho documento del sustento probatorio de la infracción imputada. Respecto a la presunta vulneración al principio de razonabilidad, buena fe y presunción de licitud
- Los impugnantes señalaron a través de sus respectivos recursos que, en el caso de
autos, no quedó demostrado el dolo o culpa en su actuación y/o que participaron en la elaboración de los documentos cuestionados o que pudieron haber tomado Z conocimiento de lo ocurrido, siendo además que no se identificó cual habría sido el beneficio ilegitimo obtenido de ello.
- Respecto a dicho argumento, debemos reiterar que la infracción por presentación
de documentación falsa o adulterada, prevista en la normativa de contrataciones del Estado, es de naturaleza objetiva y formal, por lo que su configuración se perfecciona con el hecho de introducir al procedimiento de selección un documento que carece de veracidad, siendo jurídicamente irrelevante para la determinación de la responsabilidad administrativa evaluar el grado de intencionalidad o la existencia de dolo de aquel que presentó dicha documentación.
- En efecto, bajo el principio de responsabilidad administrativa en el ámbito de las
contrataciones públicas, el administrado asume el riesgo íntegro de las actuaciones de su personal o de los terceros de los cuales se vale para acreditar sus capacidades técnicas. Es así que, el deber de debida diligencia impone al postor la obligación ineludible de garantizar la integridad y veracidad de toda la documentación que integra su oferta; por tanto, la omisión en la verificación de dicha documentación constituye, por sí misma, una infracción a la normativa, siendo la sanción una consecuencia directa de haber inducido a error a la Entidad, sin que resulte indispensable acreditar un beneficio ilegítimo adicional para la consumación de la conducta infractora.
- Resulta menester precisar además que los principios invocados por los recurrentes
(presunción de licitud, buena fe procedimental y razonabilidad), no operan como barreras absolutas frente a la potestad sancionadora del Estado, sino que deben interpretarse en armonía con el deber de veracidad que rige las contrataciones públicas. Por tal motivo, la responsabilidad administrativa, al ser de carácter objetivo, se configura independientemente de la intención o conocimiento del administrado sobre la irregularidad del documento, bastando que la información presentada no refleje la realidad.
- Este Tribunal enfatiza que no se ha sancionado un "defecto documental" fortuito,
sino la negligente omisión del deber de comprobación respecto de un documento, cuya falsedad fue confirmada por el presunto emisor. Por lo que, al no haber realizado una acción de verificación sobre la autenticidad de dicha documentación Z de manera previa a su entrega, para este Colegiado, ha quedado plenamente acreditado el incumplimiento del estándar de conducta esperado.
- Asimismo, la resolución impugnada no incurre en contradicción ni omisión
sustantiva; siendo que, por el contrario, pone en evidencia una confusión conceptual por parte de los impugnantes, quienes equiparan erróneamente la ausencia de dolo —relevante, en todo caso, para el análisis de la configuración de posibles ilícitos penales— con la ausencia de culpa en el ámbito administrativo.
- Por lo antes expuesto, corresponde desestimar los argumentos vertidos por los
impugnantes sobre el particular, pues no se ha demostrado vulneración alguna a los principios de razonabilidad, buena fe y presunción de licitud invocados. Sobre la supuesta falta de valoración probatoria integral
- En este punto, los impugnantes señalaron que, a través de la resolución recurrida
se omitió valorar adecuadamente el hecho de que nunca se falseó ni adulteró documentación alguna y que no tenían razones para incurrir en ello u obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento de selección a través de la presentación de los documentos cuestionados.
- Sobre ello, corresponde mencionar que, contrariamente a lo señalado por los
impugnantes, a través de la Resolución 7405-2026-TCP-S2 esta Sala concluyó, sobre la base de la manifestación del presunto emisor que los impugnantes presentaron documentación falsa ante la Entidad. Asimismo, para llegar a dicha
conclusión (calificación del tipo infractor) se precisó que no resultaba relevantedeterminar la existencia de una ventaja o beneficio indebido como aluden de forma errada los impugnantes, tal como fue desarrollado en los fundamentos 22 al 25 de la resolución impugnada. De acuerdo a lo antes señalado, queda claro que para la configuración de la infracción que fue analizada no resulta un elemento determinante la ventaja objetiva como legan los impugnantes. Asimismo, el hecho de que los administrados sostengan que la información contenida en los documentos sea comprobable o que estos hayan sido Z proporcionados por profesionales durante una convocatoria, no sustituye la declaración de falsedad que realiza el presunto emisor.
- En ese mismo sentido, este Colegiado subraya que la existencia o no de una
relación laboral previa entre el beneficiario de un certificado laboral y la empresa emisora no constituye una prueba que valide la autenticidad del documento presentado, pues lo que se sanciona no es la inexactitud del contenido informativo de un documento, sino el quebrantamiento de la fe pública derivado de la presentación de un soporte que no fue emitido por quien aparece como su autor. En consecuencia, las alegaciones de los recurrentes resultan insuficientes para revertir la convicción sobre la comisión de la infracción.
- En atención a lo señalado, corresponde desestimar los argumentos vertidos por
los impugnantes en este punto, al no haberse verificado que constituyan vicio de nulidad alguno contenido en la resolución recurrida. Sobre la individualización de responsabilidad administrativa
- De otro lado, en su recurso de reconsideración, los integrantes del Consorcio
manifestaron que el Tribunal no descartó la procedencia jurídica de la individualización, sino que en la Resolución N° 7405-2026-TCP-S2 simplemente no contó con prueba suficiente para atribuirla a uno solo de los consorciados. Agregaron que, según la promesa formal de Consorcio, solo CONTRACTORS EXECUTIVES AND GENERAL SOLUTIONS E.I.R.L. asumió la función "Administrativa
- Contable", que comprendería el reclutamiento del personal, la verificación de su
experiencia y la custodia de la documentación de sustento. Sin embargo, como ese vínculo no pudo corroborarse en su momento, ahora aporta como nueva prueba una “Declaración Jurada de Deslinde de Responsabilidad y Precisión de Funciones”, suscrita por la representante legal de CONTRACTORS EXECUTIVES AND GENERAL SOLUTIONS E.I.R.L., en la que esta empresa reconoce bajo juramento que el reclutamiento, verificación y custodia de los certificados y constancias de trabajo cuestionados estuvieron bajo su dominio y control administrativo exclusivo, sin intervención de CIX ORION CONTRATISTAS Z GENERALES S.A.C. (su consorciada), siendo que con este nuevo elemento probatorio, ahora sí resultaría posible individualizar la responsabilidad por el hecho imputado.
- Al respecto, en primer término, cabe precisar que, si bien el recurso de
reconsideración debe sustentarse en nueva prueba, esta debe ser entendida como aquella que, existiendo con anterioridad, no pudo ser conocida ni aportada por el administrado en la etapa correspondiente del procedimiento por causas justificadas. Sin embargo, en el presente caso, la declaración jurada bajo análisis (Declaración Jurada de Deslinde de Responsabilidad y Precisión de Funciones del 12 de agosto de 2026) no reúne dicha condición, pues no se trata de un documento preexistente que los integrantes del Consorcio hayan estado imposibilitados de presentar durante la tramitación del procedimiento sancionador, sino de una declaración realizada con posterioridad a la emisión de la resolución impugnada del 20 de julio de 2026, con el único propósito de revertir sus efectos.
- En segundo término, debe advertirse que la referida declaración proviene de uno
de los propios integrantes sancionados —CONTRACTORS EXECUTIVES AND GENERAL SOLUTIONS E.I.R.L.— quien, de manera unilateral y sin ningún elemento de corroboración objetivo o contemporáneo a la presentación de la oferta, se atribuye -a modo de aclaración- el dominio exclusivo sobre el reclutamiento, la verificación y la custodia de los certificados y constancias de trabajo cuestionados, atribuciones que no se encontraban expresamente detalladas en el contrato de consorcio, promesa formal de consorcio o el contrato suscrito con la Entidad que fueron analizados oportunamente. En ese entender, por su propia naturaleza, una manifestación de esta índole, formulada por un sujeto interesado en el resultado del procedimiento y elaborada con posterioridad a la sanción impuesta, carece de la fuerza probatoria necesaria para generar la certeza indubitable que exige la individualización de responsabilidades, estándar que, cabe reiterar, no puede satisfacerse con la sola voluntad de las partes de deslindar responsabilidades entre sí.
- Asimismo, conforme ya mencionamos, la cláusula de la promesa de consorcio que
asigna a CONTRACTORS EXECUTIVES AND GENERAL SOLUTIONS E.I.R.L. la función "Administrativa - Contable" fue expresamente valorada por este Colegiado en la Z resolución impugnada, sin que de su contenido literal se desprenda una vinculación indubitable con el aporte específico de los documentos cuya falsedad ha sido acreditada. Por tal motivo, la declaración jurada presentada no aporta un elemento objetivo adicional que permita superar dicha indeterminación, sino que se limita a ofrecer una interpretación posterior y conveniente de una cláusula genérica, lo cual no equivale a la acreditación fehaciente exigida por el artículo 358 del Reglamento de la Ley N° 32069 para individualizar responsabilidades.
- Adicionalmente, debe tenerse presente que la carga de la prueba de la
individualización corresponde a cada presunto infractor respecto de su propia situación, en tal sentido, no resulta admisible que dicha individualización se sustente en una declaración formulada por el otro integrante del Consorcio en términos que, precisamente, lo eximen a él de responsabilidad y la trasladan íntegramente al otro, pues ello no constituye prueba objetiva de la esfera de dominio y control exclusivo sobre los documentos cuestionados, sino un pronunciamiento interesado y unilateral, que no genera la convicción exigida para apartarse de la regla general de responsabilidad solidaria de los integrantes del consorcio.
- Por lo expuesto, este Colegiado concluye que la Declaración Jurada de Deslinde de
Responsabilidad y Precisión de Funciones no resulta idónea para aplicar el criterio de individualización de responsabilidad exclusiva a uno de los integrantes del Consorcio, por lo que corresponde desestimar el extremo del recurso de reconsideración referido a la individualización de responsabilidades, manteniéndose inalterable en dicho aspecto lo resuelto en la Resolución N° 7405-
2026-TCP-S2.
Sobre la falta de precisión del grado de diligencia exigible
- Por otro lado, los impugnantes señalaron que la resolución impugnada no
identificó cuál era el estándar de diligencia exigible, ni de qué manera -por ejemplo- podían conocer la supuesta alteración de documentos internos pertenecientes a una empresa ajena a su organización.
Z
- En relación a ello, cabe precisar que contrariamente a lo señalado por los
impugnantes, la Segunda Sala en los fundamentos 31 y 32 de la Resolución N° 7405-2026-TCP-S2 precisó, a modo de ejemplo, que el Consorcio pudo haber realizado una consulta de veracidad de los documentos cuestionados ante el presunto emisor o suscriptor de los mismos, como parte de una debida diligencia para comprobar la autenticidad de estos.
- Sin perjuicio de lo señalado, debe indicarse que el nivel de diligencia esperado se
encuentra tipificado de forma expresa y positiva en el ordenamiento jurídico general a través del numeral 4 del artículo 56 del TUO de la LPAG, en concordancia con el numeral 1 del artículo 42 del mismo cuerpo normativo, el cual impone a todos los administrados el deber de comprobar la autenticidad de la documentación antes de su presentación ante la Entidad. En ese sentido, valga resaltar que el parámetro de conducta exigible no es una construcción arbitraria del Colegiado, sino un mandato legal preexistente que obligaba al Consorcio a desplegar acciones de verificación activa sobre la idoneidad de los documentos destinados a sustentar la veracidad de los documentos cuestionados, acciones que este mismo puede establecer con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por la norma.
- Sin perjuicio de lo señalado, es importante destacar que el estándar de diligencia
exigible en el ámbito de las contrataciones públicas corresponde al de un operador comercial promedio que actúa con prudencia y razonabilidad. La naturaleza del proceso de contratación con el Estado impide que los postores actúen como meros receptores pasivos de la documentación que les proveen terceros. Por el contrario, les impone la obligación de adoptar medidas de control preventivo, acordes a las prácticas habituales del tráfico comercial, para asegurar la idoneidad de la información que ellos mismos deciden incorporar y validar ante la administración pública.
- En atención a lo expuesto, la resolución recurrida se encuentra debidamente
motivada y ajustada al principio de legalidad en este punto, correspondiendo desestimar los argumentos formulados por los Impugnantes sobre el particular.
Z Sobre la falta de precisión por parte de la Entidad respecto del daño causado por la comisión de la infracción
- En sus recursos de reconsideración, los recurrentes señalaron que la Entidad no
ha evidenciado ni cuantificado en qué consistió el perjuicio o daño causado, por lo que -a su criterio- en este procedimiento se ha incurrido en un vicio insubsanable que acarrea su nulidad.
- Al respecto, si bien es cierto que, conforme al Formulario de "Solicitud de
aplicación de sanción – Entidad/Tercero" y su directiva de aplicación, la Entidad se encontraba obligada a señalar si la falsedad o adulteración detectada generó un perjuicio o daño en su contra, dicha omisión en el Informe Técnico N° ENSA-ULO- 42-2022 no acarrea la nulidad insubsanable alegada por el recurrente. En efecto, si bien se trata de un requisito de contenido exigible al informe de la Entidad denunciante, lo cierto es que no trata de un elemento constitutivo del tipo infractor previsto en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, el cual, como se ha señalado, se configura de manera objetiva con la introducción de un documento carente de veracidad en el procedimiento de selección, sin exigir la acreditación ni cuantificación de un perjuicio económico específico para su configuración. En tal sentido, la falta de precisión de la Entidad sobre este extremo constituye, en todo caso, una deficiencia del informe remitido por el denunciante, la cual no vincula ni condiciona la potestad sancionadora de este Tribunal, quien, en aplicación del principio de verdad material previsto en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, se encuentra facultado para resolver el procedimiento con la documentación e indicios obrantes en el expediente con independencia de la existencia o cuantía de un daño patrimonial expresado por el denunciante. Sin perjuicio de lo anterior, debe reiterarse que el daño causado sí fue evaluado por este Colegiado, no como elemento configurador de la infracción, sino como criterio de graduación de la sanción, conforme al literal c) de los criterios previstos en el artículo 366 del Reglamento de la Ley N° 32069 (véase literal c) del Z fundamento 47 de la Resolución N° 7405-2026-TCP-S2 sobre la graduación de la sanción). En dicho apartado de la resolución recurrida se precisó que el daño se materializa en la creación de una apariencia de veracidad respecto de documentación que no lo era, afectando con ello la transparencia exigible en toda contratación pública y quebrantando el principio de buena fe; valoración que, por su naturaleza, no requiere de una cuantificación económica exacta, sino de la constatación cualitativa de la afectación al interés público y a la fe pública como bienes jurídicos tutelados.
- Es en atención a lo señalado que no se configura el vicio de nulidad alegado, pues
la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, sustentándose en la acreditación objetiva de la falsedad, sin que la falta de cuantificación de un daño patrimonial por parte de la Entidad en su informe —extremo no exigido por el tipo infractor— afecte la validez del acto administrativo ni la responsabilidad ya establecida a cargo de los integrantes del Consorcio. Sobre la condición de baja de oficio del presunto emisor de los documentos cuestionados.
- Por otro lado, los impugnantes manifestaron que la empresa Perú Fort's
Constructo S.A.C. (presunto emisor) se encontraba en condición “baja de oficio” ante la SUNAT, lo que, a su criterio, restaba fiabilidad a su manifestación unilateral.
- Al respecto, contrariamente a lo expresado por los impugnantes, corresponde
señalar que la condición de "baja de oficio" que actualmente ostenta la empresa Perú Fort's Constructo S.A.C. ante el Registro Único de Contribuyentes (RUC) no guarda relación alguna con la fiabilidad o validez de la manifestación contenida en la Carta N° 009-2022/PFCSAC-GG del 18 de marzo de 2022.
- En efecto, debe precisarse que la "baja de oficio" constituye una condición
administrativo-tributaria regulada por la SUNAT, que se genera, entre otros supuestos, por la falta de presentación de declaraciones juradas o por la ausencia de actividad económica detectada por dicha entidad, sin que ello equivalga a la Z disolución, liquidación o extinción de la persona jurídica, ni afecte, per se, su capacidad para haber emitido válidamente declaraciones o comunicaciones. Se trata entonces, de una situación de naturaleza estrictamente fiscal, ajena a la esfera de validez de las manifestaciones civiles o documentales formuladas por la empresa con anterioridad.
- Sin perjuicio de ello, resulta pertinente señalar que, conforme obra en el
expediente, la referida comunicación fue suscrita por el entonces gerente general de la empresa, el señor Henry Alón Martínez, en ejercicio de sus facultades de representación, en una fecha —18 de marzo de 2022— en la que no se ha acreditado que la empresa se encontrara ya en la referida condición de baja de oficio; siendo, además, que los propios integrantes del Consorcio han señalado en sus descargos que dicha condición fue advertida por ellos recién al intentar tomar contacto con la empresa con posterioridad, es decir, en un momento sobreviniente y no contemporáneo a la emisión de la manifestación indicada.
- En tal sentido, no existe elemento objetivo alguno que permita sostener que la
condición tributaria actual de la empresa Perú Fort's Constructo S.A.C. reste mérito probatorio a una declaración formulada válidamente en su oportunidad, ni que dicha circunstancia posterior tenga la posibilidad de desvirtuar la negativa expresa y categórica del presunto emisor, la cual constituye, conforme a la jurisprudencia uniforme de este Tribunal, un elemento relevante y suficiente para acreditar la falsedad o adulteración de un documento.
- Por lo expuesto, no corresponde amparar el argumento formulado en el presente
acápite, pues la condición de baja de oficio, al ser posterior y de naturaleza meramente tributaria, no enerva la validez ni la fiabilidad de la manifestación categórica del presunto emisor, la cual mantiene plena eficacia probatoria para sustentar la falsedad o adulteración de cualquier documento bajo cuestionamiento.
- En consecuencia, atendiendo a que en los recursos de reconsideración los
Impugnantes no han aportado elementos de juicio por cuya virtud deba modificarse, las conclusiones adoptadas en la resolución recurrida, corresponde declarar FUNDADOS EN PARTE los recursos de reconsideración, únicamente en el Z extremo referido a la acreditación de la falsedad del Certificado de trabajo del 5 de diciembre de 2018, conforme a lo señalado en el acápite correspondiente del presente informe; y, confirmándose en sus demás extremos la Resolución N° 7405-2026-TCP-S2 del 20 de julio de 2026, debiendo disponerse el registro de las sanciones en el módulo informático correspondiente.
- Finalmente, corresponde precisar que la inhabilitación temporal de veinticuatro
(24) meses fijada en la resolución impugnada corresponde al mínimo legal previsto para la infracción materia de análisis, por lo que la exclusión de uno de los dos documentos cuestionados no genera una variación en el quantum de la sanción, la cual se mantiene plenamente sustentada en la falsedad acreditada de la Constancia de trabajo del 28 de febrero de 2019. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente César Arturo Sánchez Caminiti, y la intervención de los vocales Steven Aníbal Flores Olivera y Sonia Tatiana Angulo Reátegui, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000006-2025-OECE-PRE del 23 de abril de 2025, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
- Declarar FUNDADOS EN PARTE los recursos de reconsideración interpuestos por
la empresa CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (con R.U.C. N° 20480215819) y la empresa CONTRACTORS EXECUTIVES AND GENERAL SOLUTIONS E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20605053816) integrantes del CONSORCIO CAJAMARCA, contra lo dispuesto en la Resolución N° 7405-2026-TCP-S2 del 20 de julio de 2026, en el extremo que determinó su responsabilidad administrativa por la presentación de documentación falsa (Certificado de trabajo del 5 de diciembre de 2018); y, se confirman los demás extremos de la resolución impugnada, por los fundamentos expuestos.
Z
- Devolver las garantías presentadas por la empresa CIX ORION CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C. (con R.U.C. N° 20480215819) y la empresa CONTRACTORS EXECUTIVES AND GENERAL SOLUTIONS E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20605053816), al interponer sus recursos de reconsideración.
- Dejar subsistentes en sus demás extremos la Resolución N° 7405-2026-TCP-S2 del
20 de julio de 2026, así como las sanciones impuestas a los impugnantes, teniendo en consideración los alcances de lo resuelto en el presente pronunciamiento.
- Disponer que la Unidad Funcional de Gestión de Mesa de Partes y Ejecución de la
Presidencia de Tribunal registre lo dispuesto en la presente resolución a través del módulo informático correspondiente.
- Dar por agotada la vía administrativa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ CAMINITI
VOCAL
DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI
VOCAL
DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
STEVEN ANÍBAL FLORES OLIVERA
PRESIDENTE
DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
ss. Flores Olivera. Sánchez Caminiti. Angulo Reátegui