Documento regulatorio

Resolución N.° 9531-2026-TCP-S4

Procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor WALDO FÉLIX BALTAZAR NAVARRO (con R.U.C. N° 10200423611), por su responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido...

Tipo
No clasificado
Fecha
02/11/2026
Fuente
gob.pe/oece/normas-legales

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Sumilla: “(…) para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable.” Lima, 2 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 2 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 1667-2024.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor WALDO FÉLIX BALTAZAR NAVARRO (con R.U.C. N° 10200423611), por su responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, de acuerdo a lo previsto en el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y por haber presentado supuesta información inexacta, como parte de su cotización, en el marco de la Orden de Servicio N° 0001079 del 22 de septiembre de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Chilca - Huancayo, p…
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Sumilla: “(…) para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable.” Lima, 2 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 2 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 1667-2024.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor WALDO FÉLIX BALTAZAR NAVARRO (con R.U.C. N° 10200423611), por su responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, de acuerdo a lo previsto en el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y por haber presentado supuesta información inexacta, como parte de su cotización, en el marco de la Orden de Servicio N° 0001079 del 22 de septiembre de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Chilca - Huancayo, para la contratación del “Servicio de una persona natural para el dictado de clases presenciales de la asignatura de Razonamiento Verbal, para el ciclo de primera selección 2023-II, en la academia de preuniversitaria Munichilca”, infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, respectivamente, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF; y, atendiendo a lo siguiente:

  • ANTECEDENTES:
  • Con Decreto del 11 de mayo de 20261, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra el señor Waldo Félix Baltazar Navarro (con R.U.C. N° 10200423611), en adelante el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, de acuerdo a lo previsto en el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y por haber presentado supuesta información inexacta, como parte de su cotización, en el marco de la Orden de Servicio N° 0001079 del 22 de septiembre de 2023, 1Obrante a folios 96 al 98 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

emitida por la Municipalidad Distrital de Chilca - Huancayo, en lo sucesivo la Entidad, para la contratación del “Servicio de una persona natural para el dictado de clases presenciales de la asignatura de Razonamiento Verbal, para el ciclo de primera selección 2023-II, en la academia de preuniversitaria Munichilca”, por el importe de S/ 720.00.00 (setecientos veinte con 00/100 soles), en adelante la Orden de Servicio; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, respectivamente, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. Presunto documento con información inexacta:

  • Anexo N° 7 y 8 Declaración Jurada de Proveedor2, suscrito por el señor

Waldo Félix Baltazar Navarro a través del cual declaró, entre otros, no estar impedido para contratar con el Estado, de acuerdo a lo señalado en el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley N° 30225 y sus modificatoria, Ley de Contrataciones del Estado. Dicho Decreto dispuso notificar al Contratista para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente administrativo. Como sustento para disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, valoró la denuncia realizada por la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (ahora Dirección de Supervisión y Asistencia Técnica del OECE), mediante Memorando N° D000020- 2024-OSCE-DGR del 17 de enero de 20243, presentado el 13 de febrero de 2024 en la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, adjuntando el Dictamen N° 1976- 2023/DGR-SIRE del 31 de diciembre de 20234 en los cuales se indicó que el Contratista habría contratado con el Estado estando impedido por ley, por cuanto dicha contratación se habría efectuado dentro de los doce meses siguientes que cesó en el cargo de regidor provincial de la provincia de Huancayo, región Junín, el cual ocupo desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022. Asimismo, el decreto de inicio tuvo en cuenta el Oficio N° 000065-2026-CG/OC1952 del 19 de 2 Obrante a folios 70 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 3 Obrante a folio 2 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 4 Obrante a folios 6 al 9 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

marzo de 20265, presentado el 10 de abril de 2026 ante la Mesa de Partes del Tribunal, a través del cual el Órgano de Control Interno de la Entidad señaló que el Contratista habría presentado, como parte de su cotización, información inexacta.

  • Con el Decreto emitido el 3 de febrero de 2026, entre otros, se requirió a la Entidad

se sirva remitir copia del documento que acredite la presentación del documento cuestionado.

  • A través del Decreto del 16 de julio de 2026, habiéndose verificado que el

Contratista no cumplió con presentar los descargos requeridos, pese a haber sido válidamente notificado, vía casilla electrónica del OECE, el 21 de mayo de 2026, conforme consta en el Toma Razón Electrónico, se hizo efectivo el apercibimiento, disponiéndose resolver el presente procedimiento con la documentación que obra en el expediente.

  • El 16 de julio de 2026, a través del Toma Razón Electrónico, se publicó el Informe

de Instrucción N° 089-2026- ST3-CSCH del 16 de julio de 2026, conforme a lo prescrito en el artículo 361 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, mediante el cual la Secretaría Técnica determinó que no es posible atribuirle responsabilidad al Contratista por haber contratado con el Estado, estando impedido para ello y por haber presentado, como parte de su cotización, información inexacta.

  • Con el Decreto del 4 de julio de 2026, se tuvo por notificado al Contratista, vía

casilla electrónica, el 3 de agosto de 2026, el Informe de Instrucción N° 089-2026- ST3-CSCH, registrado en el Sistema Informático del Tribunal, conforme se acredita con la constancia de lectura, publicada en el Toma Razón Electrónico. En consecuencia, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, el cual fue recibido por la vocal ponente en la misma fecha.

II. FUNDAMENTACIÓN:

  • Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si

existe responsabilidad del Contratista por haber contratado estando impedido, 5 Obrante a folios 52 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

atendiendo a lo establecido en el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, y por haber presentado, como parte de su cotización, información inexacta, en el marco de la Orden de Servicio, emitida por la Entidad; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, respectivamente.

  • Al respecto, debe señalarse que, no obstante que la comisión de la infracción

habría ocurrido durante la vigencia del TUO de la Ley, debe tenerse en cuenta que, el 22 de abril de 2025 entró en vigencia de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la nueva Ley, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por lo tanto, si en el presente análisis se advirtiera la aplicación de una disposición más favorable al administrado, se aplicará en atención al principio de retroactividad benigna. Respecto a la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley: Naturaleza de la infracción

  • En virtud de lo establecido en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO

de la Ley, constituía infracción administrativa al contratar con el Estado, estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley.

  • Al respecto es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia de

contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad que toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de libre acceso e igualdad en los procedimientos de selección6 que llevan a cabo las Entidades del 6 Ello en concordancia con los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia regulados en el artículo 2 de la Ley, como se señala a continuación:

  • Libertad de concurrencia. - Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de

contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

  • Igualdad de trato. - Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas,

encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

Estado. Sin embargo, dicho propósito constituye, a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer restricciones a la libre concurrencia en los procesos de selección, en la medida que existen determinadas personas cuya participación en un procedimiento de contratación podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia que se debe resguardar en ellos, debido a la posición que poseen en el propio Estado, la naturaleza de sus atribuciones o por la sola condición que ostentan (su vinculación con las personas antes mencionadas, por ejemplo). Esas restricciones o incompatibilidades están previstas en el artículo 11 del TUO de la Ley, evitándose con su aplicación situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés en los procedimientos de contratación.

  • Debido a su naturaleza restrictiva, los impedimentos para contratar con el Estado

sólo pueden establecerse mediante ley o norma con rango de ley, sin que sea admisible su aplicación por analogía a supuestos que no hayan sido expresamente contemplados en la Ley.

  • En ese contexto, en el presente caso corresponde verificar si, al perfeccionarse el

Contrato, el Contratista tenía el impedimento que se le imputa. Configuración de la infracción.

  • Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde determinar si el Contratista incurrió

en la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, la cual, conforme ha sido señalado anteriormente, contempla dos requisitos de necesaria verificación para su configuración:

  • Que, se haya perfeccionado el contrato con una Entidad del Estado (según

sea el caso, si ha suscrito un documento contractual con la Entidad o que haya recibido la orden de compra o de servicio); y

  • Competencia. - Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de

competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

ii) Que, al momento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato, el Contratista haya incurrido en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley.

  • Cabe precisar que, para las contrataciones por montos menores a ocho (8) UIT,

por estar excluidas de su ámbito de aplicación, no son aplicables las disposiciones previstas en el TUO de la Ley y su Reglamento respecto del procedimiento de perfeccionamiento del contrato. Por consiguiente, considerando la naturaleza de este tipo de contratación, para acreditar el perfeccionamiento de aquel, es necesario verificar la existencia de documentación suficiente que acredite la realización de la contratación y, además, que permita identificar si, al momento de dicho perfeccionamiento, el Contratista se encontraba incurso en alguna de las causales de impedimento.

  • Bajo dichas consideraciones, de la revisión de la plataforma del Sistema

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), se aprecia el registro de la Orden de Servicio efectuado por la Entidad a favor del Contratista, por el importe de S/ 720.00.00 (setecientos veinte con 00/100 soles), conforme se advierte a continuación:

  • Teniendo en consideración lo anterior, en el presente caso, en relación con el

primer requisito, en el expediente administrativo obra la Orden de Servicio del 22 de septiembre de 20237, la cual fue recibida por el Contratista el 22 de septiembre de 2023, tal como consta a continuación: 7 Obrante de folios 63 al 64 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

En ese sentido, este Colegiado considera que se ha acreditado el perfeccionamiento de la relación contractual entre la Entidad y el Contratista, el cual tuvo lugar el 22 de septiembre de 2023, mediante recepción de la Orden de Servicio; por tanto, en los párrafos posteriores corresponderá determinar si, a su perfeccionamiento, este último estaba incurso en alguna causal de impedimento. Respecto al impedimento establecido en el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley

  • En cuanto al segundo requisito del tipo infractor, debe tenerse presente que la

imputación efectuada contra el Contratista, en el caso concreto, radica en haber perfeccionado el contrato pese a encontrarse inmerso en el supuesto de impedimento establecido en el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, según el cual: “Artículo 11. Impedimentos 11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las siguientes personas: (…)

  • Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y los Regidores.

Tratándose de los Jueces de las Cortes Superiores y de los Alcaldes, el impedimento aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su competencia territorial. En el caso de los Regidores el impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo. (...)”. (El resaltado y subrayado es agregado).

  • De acuerdo con las disposiciones citadas, los regidores están impedidos de ser

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido en el mismo.

  • En este punto corresponde precisar que, como parte de los hechos materia de

análisis, se imputa al Contratista haber contratado con la Entidad estando impedida por ley, toda vez que dicha contratación se habría realizado dentro de los doce meses siguientes de haber dejado el cargo de regidor provincial de la provincia de Huancayo, región Junín.

  • En tal contexto, cabe señalar que, conforme al periodo en el que la autoridad

ocupó el cargo de regidor provincial, su impedimento comprendía durante el ejercicio del cargo, desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, y hasta un año después, esto es hasta el 31 de diciembre de 2023; de manera que, la contratación mediante la Orden de Servicio (22 de septiembre 2023) se habría realizado estando impedido.

No obstante, considerando que la nueva norma prevé un periodo distinto (menor), en el caso particular, corresponde evaluar lo indicado en la nueva ley.

  • Ahora bien, cabe precisar que la nueva Ley, sobre el impedimento imputado al

Contratista, lo ha tipificado como de Tipo 1.C. establecido en su numeral 1 del

artículo 30, conforme se advierte:

“Artículo 30. Impedimentos para contratar 30.1. Con independencia del régimen legal de contratación aplicable, los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista con la entidad contratante son los siguientes:

  • Impedimentos de carácter personal: aplicables a autoridades, funcionarios o

servidores públicos de acuerdo con lo que señala esta ley. Se subdivide en siete tipos: Tipo 1.C:

  • Titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
  • Titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

•Titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

  • Miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú.
  • Viceministro de Estado.
  • Gobernador y vicegobernador regional y consejero regional.
  • Alcalde y regidor.
  • Juez superior de las cortes superiores de justicia.
  • Fiscales superiores del Ministerio Público.

(…) Los consejeros regionales y regidores, en todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio del cargo y hasta los seis meses siguientes de la culminación de este. En los demás casos de los impedidos del tipo 1.A, 1.B y 1.C, según corresponda, en todo proceso de contratación en el ámbito de competencia institucional (Congreso de la República y organismos constitucionalmente autónomos), sectorial (ministros y viceministros), territorial (autoridades de los gobiernos regionales y locales en el ámbito de sus funciones) o jurisdiccional (jueces y fiscales)”. (El resaltado y subrayado es agregado).

De acuerdo con las disposiciones citadas, la normativa vigente establece que los regidores están impedidos de participar como postores, contratistas y/o subcontratistas, en todo proceso de contratación pública, en el ámbito de su competencia territorial, tanto durante el ejercicio de su cargo como hasta seis (6) meses después de haber cesado en él.

  • Ahora bien, en virtud de lo expuesto, en el caso concreto, se verifica que la

presunta comisión de la infracción imputada al Contratista es por haber contratado estando impedido conforme a Ley, toda vez que a la fecha del perfeccionamiento de la Orden de Servicio (22 de septiembre de 2023), el Contratista estuvo dentro de los doce meses siguientes de haber ejercido el cargo de regidor provincial de la Provincia de Huancayo, región Junín. Estando a lo señalado previamente, en aplicación a la norma más favorable para el administrado, el impedimento actual contempla la prohibición de contratación con el Estado tanto durante el ejercicio del cargo y hasta seis (6) meses de que éste haya cesado, es decir, en el caso concreto, desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 20228, y hasta el 30 de junio de 2023. En ese sentido, al evidenciarse que la contratación materia de cuestionamiento, se realizó 22 de septiembre de 2023 (con posterioridad al 30 de junio de 2023), no se configura impedimento; por lo que, corresponde declarar no ha lugar a la comisión de la infracción, en aplicación al principio de retroactividad benigna.

  • Por tanto, en observancia del principio de retroactividad benigna, este Colegiado

considera que, para el caso en concreto, las disposiciones contenidas en la nueva normativa, en el extremo de la configuración del impedimento imputado, resultan más favorables al administrado.

  • Es importante reiterar que lo dispuesto en el párrafo que antecede obedece al

tratamiento más beneficioso que las nuevas normas realizan sobre el ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador en materia de 8 El artículo 194 de la Constitución Política del Estado, establece que los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un periodo de cuatro (4) años. Asimismo, la Ley N° 26864, Ley de elecciones municipales, establece lo siguiente: “(…)

Artículo 34. Asunción y juramento de cargos.

Los alcaldes y regidores electos y debidamente proclamados y juramentados asumen el primer día del mes de enero del año siguiente al de la elección”.

contratación pública. En ese sentido, en observancia del principio de legalidad, corresponde a este Tribunal aplicar las disposiciones vigentes a partir de su entrada en vigor. Respecto de la infracción consistente en presentar información inexacta Naturaleza de la infracción

  • El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, establece que

incurren en responsabilidad administrativa los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas – Perú Compras, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

  • En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento

administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la utilización de la técnica de integración jurídica. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

  • Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar que los documentos

cuestionados (con información inexacta) fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP, el Tribunal, el OSCE o ante Perú Compras.

  • Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante.

  • Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de

dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a la inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. En ese orden de ideas, cabe recordar que la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, deberá acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

  • En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos.

  • Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar

del TUO de la LPAG lo dispone, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. Configuración de la infracción

  • En el presente caso, se atribuye responsabilidad administrativa al Contratista, por

haber presentado, como parte de su cotización, información inexacta ante la Entidad, consistente en:

  • Anexo N° 7 y 8 Declaración Jurada de Proveedor9, suscrito por el señor

Waldo Félix Baltazar Navarro a través del cual declaró, entre otros, no estar impedido para contratar con el Estado, de acuerdo a lo señalado en el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley N° 30225 y sus modificatoria, Ley de Contrataciones del Estado. Para un mejor detalle, se reproduce la referida declaración: 9 Obrante a folios 70 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

  • Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad; ii) la inexactitud de la información presentada, en este último caso, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

  • En cuanto al primer requisito, mediante Decreto emitido el 3 de febrero de 2026,

se requirió a la Entidad se sirva remitir copia de la presentación del documento cuestionado (cargos de recepción, captura de pantalla de registros del SEACE, correos electrónicos, etc.); sin embargo, pese a estar debidamente notificada, a la fecha de la emisión de la presente resolución, no ha sido remitida. Tal incumplimiento debe ser puesto en conocimiento de la Entidad, así como de su Órgano de Control Institucional, al haber faltado a su deber de colaboración establecido en el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS, en adelante, el TUO de la LPAG, la cual señala que las entidades deben, entre otros, proporcionar directamente los datos e información que posean, sin más limitación que la establecida por la Constitución. Debe tenerse en cuenta, además, que la información requerida permitiría verificar si, en el presente caso, se ha vulnerado la normativa de contratación pública, los principios que la rigen, así como el adecuado uso de los recursos públicos.

  • En tal sentido, del análisis integral de los actuados que obran en el expediente

administrativo sancionador, no se advierten elementos objetivos que permitan acreditar de manera indubitable la presentación efectiva del documento observado, ya sea mediante constancia de recepción en la Mesa de Partes de la Entidad o a través de otro medio válido. Por lo tanto, al no haberse configurado el primer elemento con relación a la infracción de presentar documento con información inexacta, con los medios probatorios objetivos requeridos en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción. Asimismo, habiendo quedado desvirtuado uno de los presupuestos exigidos para la configuración de la infracción administrativa, resulta innecesario efectuar un pronunciamiento respecto de los demás elementos constitutivos de la misma.

  • Por tales consideraciones, en el presente caso, no corresponde imponer sanción,

en este extremo, al Contratista, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez y la intervención de los vocales Christian Cesar Chocano Davis y César Arturo Sánchez Caminiti; atendiendo a la reconformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en edición extraordinaria del Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 11 de abril de 2025; analizados los

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente; por unanimidad,

LA SALA RESUELVE:

  • Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción, en aplicación del principio de

retroactividad benigna, contra el proveedor WALDO FÉLIX BALTAZAR NAVARRO (con R.U.C. N° 10200423611), por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, en el marco de la Orden de Servicio N° 0001079 del 22 de septiembre de 2023 emitida por la Municipalidad Distrital de Chilca - Huancayo para la contratación del “Servicio de una persona natural para el dictado de clases presenciales de la asignatura de Razonamiento Verbal, para el ciclo de primera selección 2023-II, en la academia de preuniversitaria Munichilca”; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos.

  • Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de

sanción contra el señor WALDO FÉLIX BALTAZAR NAVARRO (con R.U.C. N° 10200423611), por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su cotización, información inexacta, en el marco de la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio N° 0001079 del 22 de septiembre de 2023 emitida por la Municipalidad Distrital de Chilca - Huancayo para la contratación del “Servicio de una persona natural para el dictado de clases presenciales de la asignatura de Razonamiento Verbal, para el ciclo de primera selección 2023-II, en la academia de preuniversitaria Munichilca”; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos.

  • Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad y de su Órgano de

Control Institucional, en atención a lo expuesto en los fundamentos de la presente Resolución, para las acciones que correspondan.

  • Archivar de manera definitiva el presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ANNIE ELIZABETH PEREZ GUTIERREZ

VOCAL

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DIGITALMENTE

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Chocano Davis. Pérez Gutiérrez. Sánchez Caminiti.

Resolución N.° 9531-2026-TCP-S4 | Documentos Regulatorios · LinkContrata