Documento regulatorio

Resolución N.° 9526-2026-TCP-S5

Solicitud de retroactividad benigna efectuada por el proveedor RBG INGENIEROS S.A.C., en contra de la Resolución N° 1727-2025-TCE-S5 del 13 de marzo de 2025, confirmada con la Resolución N° 2606-20...

Tipo
No clasificado
Fecha
02/11/2026
Fuente
gob.pe/oece/normas-legales

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Sumilla: “Ante lo expuesto, este Colegiado procedió a la revisión de la normativa vigente, advirtiendo que, respecto al rango de sanción impuesta por la comisión de las infracciones atribuidas al Recurrente mediante Resolución N° 1727-2025-TCE-S5 del 13 de marzo de 2025, la normativa vigente resulta más beneficiosa, toda vez que la Ley N° 32069 ha establecido que, ante la presentación de información inexacta corresponde imponer una inhabilitación temporal no menor de seis (6) meses ni mayor de veinticuatro (24) meses, y respecto a la infracción referente a presentar documentación falsa, no menor de veinticuatro (24) meses ni mayor de sesenta (60) meses.” Lima, 2 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 2 de noviembre de 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 1897/2021.TCP, sobre solicitud de retroactividad benigna efectuada por el proveedor RBG INGENIEROS S.A.C., en contra de la Resolución N° 1727-2025-TCE-S5 del 13 de marzo de 2025, confirmada con la Resolución N° 2606-2025-TCE-S5 del 14 de abril de 2025, emitidas por la Quinta Sala del Tribu…
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Sumilla: “Ante lo expuesto, este Colegiado procedió a la revisión de la normativa vigente, advirtiendo que, respecto al rango de sanción impuesta por la comisión de las infracciones atribuidas al Recurrente mediante Resolución N° 1727-2025-TCE-S5 del 13 de marzo de 2025, la normativa vigente resulta más beneficiosa, toda vez que la Ley N° 32069 ha establecido que, ante la presentación de información inexacta corresponde imponer una inhabilitación temporal no menor de seis (6) meses ni mayor de veinticuatro (24) meses, y respecto a la infracción referente a presentar documentación falsa, no menor de veinticuatro (24) meses ni mayor de sesenta (60) meses.” Lima, 2 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 2 de noviembre de 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 1897/2021.TCP, sobre solicitud de retroactividad benigna efectuada por el proveedor RBG INGENIEROS S.A.C., en contra de la Resolución N° 1727-2025-TCE-S5 del 13 de marzo de 2025, confirmada con la Resolución N° 2606-2025-TCE-S5 del 14 de abril de 2025, emitidas por la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora, Tribunal de Contrataciones Públicas); y, atendiendo a lo siguiente:

  • ANTECEDENTES:
  • Mediante Resolución N° 1727-2025-TCE-S5 del 13 de marzo de 2025, la Quinta

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora Tribunal de Contrataciones Públicas), en adelante el Tribunal, dispuso sancionar a la empresa RBG INGENIEROS S.A.C., integrante del Consorcio Convecal, con treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de documentación falsa e información inexacta ante el Gobierno Regional de Lambayeque – Sede Central, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 36- 2020-GR.LAMB-1 (Primera Convocatoria), infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082- 2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 30225, en concordancia con su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y sus modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento.

  • Mediante Resolución N° 2606-2025-TCE-S5 del 14 de abril de 2025, el Tribunal

resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa RBG INGENIEROS S.A.C., y confirmó en todos sus extremos la sanción impuesta mediante Resolución N° 1727-2025-TCE-S5. La sanción entró en vigencia el 14 de abril de 2025, conforme a la información consignada en el Registro Nacional de Proveedores.

  • Mediante Resolución N° 6454-2025-TCP-S5 del 29 de septiembre de 2025, la

Quinta Sala del Tribunal declaró NO HA LUGAR la solicitud de aplicación del principio de retroactividad benigna formulada por la empresa RBG INGENIEROS S.A.C. Al respecto, el Proveedor había solicitado que se declare la caducidad del procedimiento administrativo sancionador y se deje sin efecto la sanción impuesta. Sin embargo, el Tribunal determinó que la caducidad no resulta aplicable a procedimientos sancionadores concluidos mediante resolución firme.

  • Mediante el Escrito S/N del 14 de setiembre de 2026, presentado el 16 del mismo

mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa RBG INGENIEROS S.A.C., en adelante el Recurrente, integrante del Consorcio Convecal, solicitó la aplicación del principio de retroactividad benigna y, en consecuencia, la reducción de la sanción impuesta en su contra mediante la Resolución N° 1727-2025-TCE-S5 del 13 de marzo de 2025, al considerar que la normativa vigente le resulta más beneficiosa. Para sustentar su solicitud, expuso los siguientes argumentos:

  • El 13 de marzo de 2025, el Tribunal, mediante la Resolución N° 1727-2025-

TCE-S5, impuso a su representada una sanción de inhabilitación temporal por treinta y seis (36) meses, por haber incurrido en la infracción consistente en presentar documentación falsa e información inexacta ante el Gobierno Regional de Lambayeque – Sede Central, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 36-2020-GR.LAMB-1 (Primera Convocatoria). Dicha sanción fue confirmada mediante la Resolución N° 2606-2025-TCE- S5 del 14 de abril de 2025.

  • El 24 de junio de 2024, se publicó la Ley N° 32069, Ley General de

Contrataciones Públicas, mientras que su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, se publicó el 22 de enero de 2025. Esta nueva normativa regula las contrataciones públicas y entró en vigor el 22 de abril de 2025.

  • Señala que la sanción impuesta a su representada por la presentación de

documentación falsa e información inexacta se sustentó en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del

artículo 50 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 30225. Al

respecto, indica que la normativa vigente, específicamente el literal m) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, contempla la infracción consistente en presentar documentación falsa.

  • Asimismo, señala que la sanción impuesta se encontraba regulada en el

literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, que establecía, para la infracción consistente en presentar documentación falsa o adulterada, una sanción de inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. En cambio, el literal d) del numeral 90.1 del artículo 90 de la Ley N° 32069, actualmente vigente, establece que la sanción por dicha infracción no puede ser menor de veinticuatro (24) meses ni mayor de sesenta (60) meses.

  • Por tanto, considera que, al haberse establecido en la normativa vigente

un período mínimo de inhabilitación temporal inferior para la infracción consistente en presentar documentación falsa, corresponde que el Tribunal aplique el principio de retroactividad benigna al presente caso, toda vez que dicha normativa resulta más favorable para su representada.

  • Con Decreto del 17 de setiembre de 2026, se puso a disposición de la Quinta Sala

del Tribunal el presente expediente, a efectos de que evalúe la solicitud de aplicación del principio de retroactividad benigna respecto a la sa1nción impuesta al Recurrente, realizándose el pase a vocal el 23 del mismo mes y año.

  • Cabe indicar que mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º D000293-

2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026 [publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el mismo día] se dispuso formalizar el Acuerdo N.º 001-014-2026/OECE- CD del Consejo Directivo que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal siendo que la Quinta Sala del Tribunal se conforma por los vocales Juan Carlos Cortez Tataje (Presidente), Danny William Ramos Cabezudo y Sonia Tatiana Angulo Reátegui.

II. FUNDAMENTACIÓN:

  • Es materia del presente análisis, la solicitud de aplicación del principio de

retroactividad benigna, respecto de la sanción de inhabilitación temporal de treinta y seis (36) meses impuesta al Recurrente mediante la Resolución N° 1727- 2025-TCE-S5 del 13 de marzo de 2025, confirmada por la Resolución N° 2606- 2025-TCE-S5 del 14 de abril de 2025, por su responsabilidad en la comisión de las infracciones consistentes en presentar documentación falsa e inexacta ante la Entidad; infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225. Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna

  • Como marco referencial, el Tribunal Constitucional, a través de reiterada

jurisprudencia [véase Expedientes N° 2389-2007-PHC/TC, N° 2744-2010-PHC/TC, entre otros] ha señalado lo siguiente: “…el Principio de retroactividad benigna implica, por tanto, la aplicación de una norma jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo, con la condición de que dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo. Ello se sustenta en razones político-criminales, en la medida que el Estado pierde interés (o el interés sea menor) en sancionar un comportamiento que ya no constituye delito (o cuya pena ha sido disminuida). Pero primordialmente se justifica en virtud del principio de humanidad de las penas, el mismo que se fundamenta en el principio-derecho de dignidad de la persona humana (artículo 1 de la Constitución)”. En base a dicha disposición constitucional, y considerando que tanto el Derecho Penal como el Derecho Administrativo Sancionador son manifestaciones del poder punitivo del Estado, resulta que el principio de retroactividad benigna también sería aplicable a la norma administrativa sancionadora, al formar parte del conjunto normativo del Derecho Sancionador. En esa línea, la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Casación N° 3988-2011-Lima, ha reconocido, con carácter de precedente vinculante, la aplicabilidad de la retroactividad benigna en materia administrativa sancionadora, señalando lo siguiente: “…la aplicación de la retroactividad benigna en materia administrativa presupone la existencia de dos juicios disimiles por parte del legislador sobre un mismo supuesto de hecho conductual (un cambio de valoración sobre la conducta infractora): Uno anterior, más severo, y otro posterior, más tolerante.”

  • Al respecto, el numeral 5 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, ha contemplado el principio de irretroactividad, según el cual “son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición”. (El resaltado y subrayado es agregado). Atendiendo a lo señalado, se aprecia que el principio de retroactividad benigna también resulta aplicable al derecho administrativo sancionador.

  • En ese contexto, dicho principio determina que, en los procedimientos

administrativos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción y, como excepción, se admite la posibilidad de aplicar una norma nueva que haya entrado en vigencia con posterioridad a dicho hecho, siempre que ésta resulte más beneficiosa para el administrado. Cabe traer a colación lo señalado por Christian Guzmán Napuri1, quien sostiene que “…la aplicación retroactiva de la norma administrativa sancionadora es 1 GUZMÁN NAPURI, Christian. Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo. Ediciones Caballero Bustamante. Lima: 2011. Pág. 817.

posible solamente cuando se trata de sanciones ya generadas, pero todavía no ejecutadas. A la inversa, si una pena ya ha sido ejecutada durante el periodo de vigencia de la norma administrativa sancionadora inicial y posteriormente otra norma establece una pena menor, ésta no es posible de ser aplicada para el caso ya agotado.” A mayor abundamiento, Baca Oneto, Víctor Sebastián2 señala que “(…) en caso ya hubiera sido ejecutada, no tiene sentido pretender que la nueva norma (o criterio administrativo o jurisprudencial) se apliquen retroactivamente. En este caso, la situación o relación jurídica existente entre el administrado infractor y la Administración ya se ha agotado.” Consecuentemente, si la nueva norma no reporta ningún beneficio a la situación del administrado, carece de objeto que se la aplique retroactivamente, dado que no es más favorable, pues, aunque, en abstracto, establezca disposiciones sancionadoras que puedan parecer en términos generales como más benignas, lo que se requiere para la aplicación retroactiva de la nueva norma, es que le reporte, de manera concreta, una consecuencia más ventajosa.

  • Ahora bien, el numeral 5 del artículo 230 del TUO de la LPAG ha precisado en qué

aspectos una nueva norma puede aplicarse retroactivamente por favorecer al presunto infractor o al infractor; así, el referido principio de irretroactividad establece que las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo tanto en lo referido a: i) la tipificación de la infracción y la sanción, ii) los plazos de prescripción, y iii) respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. Por lo tanto, corresponde a este Colegiado analizar si, en el presente caso, existe una nueva normativa de contratación pública vigente que resulte más beneficiosa a la situación actual del administrado, respecto a la sanción de inhabilitación temporal que le fue impuesta por el Tribunal a través de la Resolución N° 1727- 2025-TCE-S5 del 13 de marzo de 2025.

  • En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha del presente

pronunciamiento, se encuentra vigente la Ley N° 32069, Ley General de 2 BACA ONETO, Víctor Sebastián. La Retroactividad Favorable en Derecho Administrativo Sancionador, en https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/09/2.-VICTOR-BACA-FIDA-2015-La-retroactividad-favorable-en-Derecho- administrativo-sancionador.pdf Contrataciones Públicas, en adelante la Ley N° 32069, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento vigente. Cabe precisar que, de la revisión de la citada normativa, se advierte que la presentación de documentación falsa e información inexacta ante determinadas entidades, continúan tipificadas como infracciones administrativas punibles de sanción, y respecto a la última, la actual normativa señala que la ventaja o beneficio a obtener con su presentación debe ser concreta, es así que de la revisión del expediente administrativo, se evidencia que la documentación catalogada como inexacta fue presentada como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección y estaba vinculada al cumplimiento de un requisito obligatorio para la admisión de la oferta, ante lo cual el Consorcio integrado por el Recurrente obtuvo la buena pro y el posterior perfeccionamiento del contrato, evidenciándose así el beneficio concreto; por tanto, en dicho extremo, no existe ningún cambio que favorezca la situación del Recurrente.

  • En este punto, cabe precisar que, mediante Resolución N° 6454-2025-TCP-S5 del

29 de septiembre de 2025, este Tribunal declaró no ha lugar la anterior solicitud de aplicación del principio de retroactividad benigna formulada por el Recurrente, al considerar que la caducidad no resultaba aplicable a un procedimiento administrativo sancionador concluido mediante resolución firme. Sin embargo, la presente solicitud tiene un objeto distinto, pues el Recurrente pretende la reducción de la sanción de inhabilitación temporal impuesta, en aplicación de las disposiciones sancionadoras más favorables previstas en la Ley N° 32069. Por tanto, corresponde evaluar esta nueva pretensión, a fin de determinar si dicha normativa resulta concretamente más beneficiosa para el Recurrente.

  • Ante lo expuesto, este Colegiado procedió a la revisión de la normativa vigente,

advirtiendo que, respecto al rango de sanción impuesta por la comisión de las infracciones atribuidas al Recurrente mediante Resolución N° 1727-2025-TCE-S5 del 13 de marzo de 2025, la normativa vigente resulta más beneficiosa, toda vez que la Ley N° 32069 ha establecido que, ante la presentación de información inexacta corresponde imponer una inhabilitación temporal no menor de seis (6) meses ni mayor de veinticuatro (24) meses, y respecto a la infracción referente a presentar documentación falsa, no menor de veinticuatro (24) meses ni mayor de sesenta (60) meses. Bajo esa premisa, resulta más favorable para el Recurrente que se efectúe la imposición de sanción según el periodo previsto en la Ley Nº 32069, incluyendo con ello los criterios de graduación de sanción.

  • Cabe precisar que, para la determinación de la sanción originaria, se aplicó lo

dispuesto en el artículo 228 del Reglamento, referido al concurso de infracciones, en virtud del cual se impuso la sanción de mayor gravedad, criterio que de igual forma se encuentra recogido en el artículo 367 del Reglamento vigente.

  • Por otro lado, si bien el numeral 92.4 del artículo 92 de la Ley N° 32069 establece

la posibilidad de imponer una sanción por debajo del mínimo previsto para el caso de la infracción consistente en presentar documentación falsa, lo cual resultaría más beneficioso para el Recurrente, resulta necesario verificar la aplicación concreta de dicha estipulación, toda vez que, para su configuración, requiere el cumplimiento de determinados requisitos. Para mayor detalle, se reproduce el citado artículo:

Artículo 92. Criterios para la aplicación de sanciones por el Tribunal de

Contrataciones Públicas (…) 92.4. En el caso de las infracciones establecidas en los literales l) y m) del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, se establece una sanción por debajo del mínimo previsto siempre que:

  • Se demuestre que la información inexacta o el documento falso o

adulterado haya sido entregado al participante, postor, proveedor o subcontratista por un tercero distinto a él.

  • Se demuestre que este actuó con la debida diligencia para constatar

la veracidad de la documentación o información presentada. A fin de que proceda esta reducción en la sanción, los participantes, postores, proveedores o subcontratistas deben acreditar ante el Tribunal de Contrataciones Públicas que han iniciado las acciones legales para la determinación de la responsabilidad originaria de quien presentó la información inexacta o el documento falso o adulterado. (…)”. [El resaltado y subrayado es agregado]. Al respecto, si bien en el procedimiento sancionador de origen el Recurrente atribuyó a un tercero la responsabilidad por la presentación de los documentos cuestionados, no se advierten medios probatorios suficientes que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la citada normativa. Asimismo, conforme a lo determinado en dicho procedimiento, se evidenció una falta de diligencia en la revisión de la documentación antes de su presentación ante la Entidad, sin que se haya acreditado el inicio de acciones legales destinadas a determinar la responsabilidad originaria de quien proporcionó los documentos cuestionados. Por tanto, sobre la posibilidad de imponer una sanción por debajo del mínimo previsto para el caso de la infracción consistente en presentar documentación falsa o inexacta, no corresponde aplicar lo establecido en el numeral 92.4 del artículo 92 de la Ley N° 32069, al no verificarse el cumplimiento de los criterios para su aplicación.

  • Por lo expuesto, en el caso concreto, en virtud del principio de retroactividad

benigna, corresponde aplicar la Ley N° 32069 al resultar más beneficiosa para el Recurrente, en el extremo referido a que, por la infracción consistente en presentar documentación falsa [infracción con sanción de mayor gravedad], la sanción a imponerse debe ser una inhabilitación temporal no menor de veinticuatro (24) meses ni mayor de sesenta (60) meses, previo análisis de la graduación de la sanción. Cabe señalar que, si bien se puede sustituir una sanción impuesta a un proveedor con la finalidad de reducir el periodo de sanción registrado, siempre que ello corresponda de acuerdo al análisis de cada caso concreto, lo cierto es que, dicha sustitución de sanción no desvirtúa ni pone en cuestionamiento la validez del periodo de sanción ya ejecutado, ni de los efectos que produjo la inhabilitación durante su ejecución. Graduación de la sanción

  • En este contexto, se estima conveniente determinar la sanción a imponer al

Recurrente, conforme a los criterios de graduación de la sanción previstos en el

artículo 366 del Reglamento vigente, en los siguientes términos:

  • Naturaleza de la Infracción: En el presente caso, las infracciones referidas a

la presentación de documentación falsa e inexacta revisten gravedad, toda vez que vulneran los principios de presunción de veracidad e integridad que deben regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dichos principios, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados.

  • Ausencia de intencionalidad del infractor: de conformidad con los medios

de prueba aportados en el procedimiento de origen, se observó que no era posible determinar si hubo intención por parte del Recurrente, sin embargo, se evidenció su falta de diligencia en la correcta revisión de los documentos de manera previa a su presentación ante la Entidad.

  • La inexistencia o grado mínimo de daño a la Entidad contratante: Se

evidenció en el procedimiento de origen que las infracciones cometidas conllevaron a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, toda vez que se quebrantó el principio de buena fe que debe regir en las contrataciones públicas, bajo el cual se presume que las actuaciones de los involucrados se encuentran premunidas de veracidad. En el caso de autos, se advierte que la documentación adulterada y con información inexacta fue presentada para acreditar un requisito obligatorio de admisión de la oferta, lo que permitió que esta fuera admitida y que, posteriormente, el Consorcio al que pertenecía el Recurrente obtuviera la buena pro y perfeccionara el contrato. Dicha circunstancia evidencia la afectación a la presunción de veracidad y a la integridad que deben regir las contrataciones públicas.

  • Reconocimiento de la infracción: conforme a la documentación obrante en

el expediente de origen, el Recurrente no reconoció su responsabilidad en la comisión de las infracciones.

  • Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de

conformidad con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP) se advierte que, a la fecha de emisión del pronunciamiento de origen, el Recurrente no contaba con antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal.

  • Conducta procesal: debe considerarse que el Recurrente en su momento,

se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos.

  • Multa impaga: de conformidad con la información obrante en el RNP, se

advierte que el Recurrente no cuenta con multas impagas.

  • En atención a la valoración conjunta de los criterios de graduación antes

desarrollados, este Colegiado considera razonable y proporcional sustituir la sanción de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal por una de veinticuatro (24) meses, correspondiente al mínimo legal previsto en la Ley N° 32069 para la infracción consistente en presentar documentación falsa o adulterada, en aplicación del principio de retroactividad benigna. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Juan Carlos Cortez Tataje, y la intervención de los vocales Danny William Ramos Cabezudo y Sonia Tatiana Angulo Reátegui, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

  • SUSTITUIR la sanción impuesta a la empresa RBG INGENIEROS S.A.C. (con R.U.C.

N° 20570706170), a través de la Resolución N° 1727-2025-TCE-S5 del 13 de marzo de 2025 y confirmada por la Resolución N° 2606-2025-TCE-S5 del 14 de abril de 2025, de inhabilitación temporal de treinta y seis (36) meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y/o contratar con el Estado, por una inhabilitación temporal de veinticuatro (24) meses, conforme a los fundamentos expuestos.

  • Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sustitución del periodo de

sanción de inhabilitación temporal, en el módulo informático correspondiente, a fin que así quede consignado incluso para efectos de los antecedentes registrados en relación al administrado al que se alude en el numeral anterior. Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui.

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