Resolución N.° 9545-2026-TCP-S5

Sumilla: “En ese sentido, la procedencia de la nulidad no se justifica en que el Consorcio Impugnante demuestre que la reducción del plazo le impidió presentar una oferta económica conforme a las bases, ni de que se determine si, contando con dos días hábiles adicionales, habría podido modificar su propuesta y obtener un resultado distinto en la evaluación. El punto principal es que la Entidad no cumplió con las disposiciones imperativas que regulaban el procedimiento de selección, lo que constituye un vicio trascendente que justifique declarar la nulidad.” Lima, 2 de noviembre del 2026. VISTO en sesión de fecha 2 de noviembre del 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7337/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Edificación, integrado por las empresas Ciba Contratistas Generales S.R.L. y Escorpión Consultores Ingenieros S.A.C. en el marco del Concurso Público para Consultoría N° 1-2026-MDA/CS-1, para la “Contratación de consultoría de obra para la supervisión de la obra: Mejoramiento de los servicios de salud de los puestos de salud de Alcamenca, Huambo y Carampa, distrito de Alcamenca - Víctor Fajardo Ayacucho con CUI N° 2352331”, y, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 23 de junio del 2026, la Municipalidad Distrital de Alcamenca, en adelante la

Entidad, convocó el Concurso Público para Consultoría N° 1-2026-MDA/CS-1, para la “Contratación de consultoría de obra para la supervisión de la obra: Mejoramiento de los servicios de salud de los puestos de salud de Alcamenca, Huambo y Carampa, distrito de Alcamenca - Víctor Fajardo Ayacucho con CUI N° 2352331”, con una cuantía de contratación ascendente a S/ 952,329.09 (novecientos cincuenta y dos mil trescientos veintinueve con 09/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento. El 11 de agosto de 2026, mediante Resolución Gerencial N° 045-2026-MDA/GM, la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección, retrotrayéndolo hasta la etapa de Absolución de Consultas y Observaciones e Integración de Bases, por las causales previstas en los literales b) y d) del artículo 70.1 de la Ley. El 16 de setiembre del 2026 se llevó a cabo la presentación de propuestas (electrónica), mientras que el 21 de setiembre del mismo año, se publicó en el SEACE la buena pro otorgada al postor CONSORCIO GB ALCAMENCA, integrado por los proveedores SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L. y DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES, en adelante el Consorcio Adjudicatario, conforme a los siguientes resultados: Postor Etapas Admisión Calificación Ev. Técnica Precio Ofertado (S/) Puntaje Total Orden Resultados

CONSORCIO

GB

ALCAMENCA

Admitido Califica 100.00 857,069.19 100 1 Adjudicado

CONSORCIO

EDIFICACIÓN Admitido Califica 100.00 - - - Descalificado

CONSORCIO

KALAC

INGENIEROS

Admitido Califica 100.00 - - - Descalificado

CONSORCIO

SUOPERVISION

SHADDAI

Admitido Califica 100.00 - - - Descalificado Fuente: Acta de Admisión, Calificación y Evaluación Técnica y Económica del 21 de setiembre del 2026 registrada en SEACE.

• Mediante escrito N° 1, subsanado con escrito N° 2, presentados el 1 y 5 de octubre

del 2026, ante la mesa de partes digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el postor CONSORCIO EDIFICACIÓN, integrado por los proveedores CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y ESCORPION CONSULTORES INGENIEROS S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, solicitó que se declare la nulidad del procedimiento de selección y, como consecuencia, se deje sin efecto el acta de buena pro, y se ordene a la Entidad la publicación de un nuevo calendario, en los siguientes términos:

• Sostiene que, mediante el Pronunciamiento N° 570-2026/OECE-DSAT del 9

de setiembre de 2026, emitido a raíz de la elevación de cuestionamientos promovida por Escorpión Consultores Ingenieros S.A.C., el OECE dispuso, en sus numerales 4.2 y 4.3, su cumplimiento obligatorio y su prevalencia sobre el pliego absolutorio y las bases integradas, y ordenó al comité modificar las fechas de registro, presentación de ofertas y buena pro, respetando un mínimo de siete (7) días hábiles desde el día siguiente de publicadas las bases integradas.

• Refiere que, pese a ello, la Entidad publicó las bases integradas definitivas el

9 de setiembre de 2026 y fijó la presentación de ofertas para el 16 de setiembre de 2026, con cierre de registro de participantes el 15 de setiembre, por lo que entre ambas fechas transcurrieron únicamente cinco días hábiles y no los siete exigidos por el numeral 68.1 del artículo 68 del Reglamento; precisa que, correspondía fijar la presentación de ofertas el 18 de setiembre de 2026.

• Manifiesta que, dicho cierre anticipado lo obligó a cargar una versión

anterior de su oferta, sin incorporar las modificaciones previstas para su componente económico, presentándola el 16 de setiembre de 2026 a las 23:54:55 con la expectativa de que la Entidad rectificaría su error.

• Agrega que, el OECE, al resolver el Cuestionamiento N° 6, dispuso que la

tarifa de la supervisión de la ejecución de obra es de carácter mensual, y que el Comité de Selección no evaluó su oferta económica porque el Anexo N° 6 consignaba 240 días calendario y una tarifa diaria, en lugar de ocho períodos mensuales, invocando para ello el mismo Pronunciamiento. Añade que, el Consorcio Supervisión Shaddai fue excluido por el mismo motivo, lo que evidenciaría que la dificultad de adecuación no se manifestó únicamente en su propuesta.

• Alega que, la reducción del plazo vulnera el principio de legalidad (literal a

del numeral 5.1 de la Ley) y configura las causales de nulidad previstas en el literal b) del numeral 70.1 de la Ley, por contravención de los numerales 68.1 y 67.5 del Reglamento, y en el literal d), por prescindir de normas esenciales del procedimiento.

• Señala que, se afectaron la libertad de concurrencia y la competencia

(literales h y j del numeral 5.1 de la Ley), pues el menor tiempo limitó la revisión de las bases, la coordinación entre consorciados y profesionales y la adecuación de la estructura económica, y restringió además el período en que otros proveedores podían registrarse, al haber cerrado el registro el 15 de setiembre; asimismo, sostiene que, la coexistencia de una integración inicial de agosto, una integración definitiva del 9 de setiembre y un cierre el 16 de setiembre generó un calendario incompatible con la orden del OECE, en contravención de los principios de transparencia e igualdad de oportunidades (literales i y k del numeral 5.1 de la Ley).

• Precisa que, no corresponde conservar los actos afectados, conforme al

literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento y a los numerales 14.2.3 y 14.2.4 del artículo 14 del TUO de la Ley N° 27444, porque el vicio es trascendente al afectar una garantía esencial para la preparación de las ofertas.

• Finalmente, invoca la Resolución N° 1270-2026-TCP-S3, que habría

considerado no conservables las infracciones al plazo de presentación y al pronunciamiento obligatorio del OECE por su afectación a la concurrencia, así como el fundamento 28 de la Resolución N° 0841-2018-TCE-S4, que vinculó el recorte de un plazo con estructuras económicas deficientes y el rechazo de dos ofertas.

• Con decreto del 6 de octubre del 2026, debidamente notificado en la misma fecha,

la Secretaría del Tribunal admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso interpuesto, a los postores distintos del Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita este Tribunal. Asimismo, se convocó a audiencia pública para el 13 de octubre del 2026.

• Con Decreto del 9 de octubre de 2026, de acuerdo al artículo 1 de la Resolución

de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en el Diario Oficial El Peruano en la misma fecha, mediante la cual se formalizó el Acuerdo N° 001-0142026/OECE-CD del Consejo Directivo que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal de Contrataciones Pública del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, se dispuso remitir el expediente a la Quinta Sala del Tribunal. Asimismo, se convocó a audiencia pública para el 16 de octubre de 2026.

• El 9 de octubre de 2026, la Entidad presentó ante la mesa de partes digital del

Tribunal su absolución del recurso de apelación mediante el Informe Técnico Legal N° 004-2026/MDA/RA-EJ, señalando, principalmente, lo siguiente:

• Reconoce que, el Pronunciamiento y las bases definitivas exigían un mínimo

de siete (7) días hábiles entre la publicación de las bases integradas y la presentación de propuestas; precisa que, desde la publicación definitiva hasta el 16 de setiembre de 2026 transcurrieron cinco días hábiles, siendo el séptimo día hábil el 18 de setiembre de 2026. Agrega que, no sostiene que la integración de agosto sustituya el plazo posterior ni presenta dicho plazo como cumplido, sino que su defensa se dirige a que el Tribunal examine si el defecto obliga a anular las actuaciones posteriores o si estas pueden conservarse, sin confundir el incumplimiento del plazo con la aceptación de una oferta económica contraria a las bases.

• Señala que, el Consorcio Impugnante registró su oferta a las 17:44:35 y la

presentó a las 23:54:55 del 16 de setiembre de 2026, lo que acredita que pudo ingresarla dentro del cierre publicado; precisa que, ello no convalida el calendario ni constituye una renuncia a impugnar.

• Sostiene que, el Cuestionamiento N° 6 del Pronunciamiento N° 570-

2026/OECE-DSAT (páginas 31 a 34) dispuso considerar la tarifa mensual para la supervisión de la ejecución de obra, siendo el pronunciamiento de cumplimiento obligatorio para la Entidad y los proveedores conforme a su numeral 4.2; refiere que, el Anexo N° 6 del Consorcio Impugnante consigna 240 días calendario y una tarifa unitaria diaria, lo que evidencia una diferencia comprobable entre la unidad de tiempo ofertada y la periodicidad mensual exigida, sin que la obtención de 100 puntos técnicos elimine dicha diferencia.

• Precisa que, reemplazar los 240 días por ocho meses exige sustituir también

la tarifa diaria por una mensual, lo que no constituye un error aritmético sino una modificación de fondo que no procede subsanar, conforme a los numerales 78.1 y 78.3 del artículo 78 del Reglamento, este último prohíbe variar los precios unitarios ofertados; agrega que mantener el mismo importe total no autoriza reformular el precio unitario ni las condiciones económicas, y que, si el Tribunal ordenara repetir la presentación, serían nuevas ofertas para todos los proveedores y no una subsanación exclusiva del apelante.

• Indica que, la explicación del Consorcio Impugnante, según la cual cargó una

versión anterior de su oferta esperando una ampliación del calendario, es una afirmación suya que no prueba que la reducción del plazo haya causado el contenido de su oferta; añade que, tampoco afirma que dos días adicionales habrían producido necesariamente el mismo resultado, y que la exclusión del Consorcio Supervisión Shaddai por una tarifa diaria no demuestra por sí sola que los errores fueran consecuencia del calendario, pues cada oferta debe examinarse según su contenido.

• Manifiesta que, respecto de la conservación de las actuaciones, el artículo

14 del TUO de la Ley N° 27444 (numerales 14.2.3 y 14.2.4) exige explicar y sustentar por qué se cumplen sus condiciones, por lo cual, solicita que, el Tribunal examine la trascendencia concreta del defecto antes de declarar la nulidad. Asimismo, precisa que, en caso el Tribunal concluya que el defecto es trascendente y no conservable, la petición principal de mantener la buena pro no podrá prevalecer.

• Señala que, la Resolución N° 1270-2026-TCP-S3 (fundamentos 15 y 16, según

la numeración rectificada por Resolución N° 2312-2026-TCP-S3) dispuso la nulidad con retroacción ante el incumplimiento del plazo de siete días y de un pronunciamiento obligatorio, existiendo en ese caso, además, la omisión de emitir el acto de nulidad ordenado por el OECE; refiere que, dicha diferencia permite solicitar un examen individual de este concurso, pero no elimina el criterio adverso sobre el plazo ni asegura la conservación. Añade que, el fundamento 28 de la Resolución N° 0841-2018-TCE-S4, referido a un plazo insuficiente para presentar el detalle de costos bajo la normativa anterior, es una referencia comparativa y no una regla directamente aplicable al mínimo de siete días.

• Indica que, la eventual nulidad del procedimiento debe evaluarse

5.1 de la Ley N.° 32069 y la necesidad de proteger el interés público, dado que la paralización del proyecto de salud podría ocasionar perjuicios sociales a la población beneficiaria; por lo que considera que debe otorgarse especial protección a la población vulnerable y evitar que una eventual nulidad basada, a su juicio, en una formalidad procedimental no trascendente retrase la ejecución del proyecto y afecte la prestación de los servicios de salud.

• Solicita que, no se declare la nulidad del procedimiento, se mantenga la

buena pro y que no se disponga un nuevo calendario si se conservan las actuaciones. Además, subsidiariamente, si el Tribunal declara un vicio trascendente no conservable, solicita que, se delimite la nulidad a las actuaciones afectadas, se preserven las anteriores válidas y se disponga una nueva programación en igualdad de condiciones.

• Finalmente, señala que, se verificó que la buena pro se otorgó al postor cuyo

Anexo N° 6 original consigna la tarifa mensual, por el monto de S/ 857,096.19, contrastado con el acta y el SEACE.

• Mediante Memorando N° D000412-2026-OECE-SDPC del 9 de octubre de 2026,

presentado el 14 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Subdirección de Supervisión de Procedimientos Competitivos del OECE remitió la solicitud de supervisión a pedido de parte del procedimiento de selección, presentada por la señora Nelly Mamani Mamani, Gerente General de la empresa Escorpión Consultores Ingenieros S.A.C., sobre presunta inobservancia del plazo mínimo para la presentación de ofertas, para conocimiento de la Sala.

• Mediante escrito s/n presentado el 14 de octubre del 2026 ante la mesa de partes

digital del Tribunal, la Entidad acreditó a sus representantes para que realicen el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante escrito N° 3 presentado el 15 de octubre del 2026 ante la mesa de partes

digital del Tribunal, el Consorcio Impugnante acreditó a su representante para que realice el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Con fecha 16 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con la

participación de los representantes de Consorcio Impugnante y de la Entidad.

• Mediante Decreto del 16 de octubre de 2026, considerando que, de la información

obrante en el expediente, se advirtió la existencia de posibles vicios de nulidad en el procedimiento de selección, se corrió traslado de tales circunstancias a las partes, para que se pronuncien respecto a lo siguiente:

A LA ENTIDAD Y AL CONSORCIO G&B ALCAMENCA [CONSORCIO ADJUDICATARIO]

Con motivo de la interposición del recurso de apelación, el Consorcio Impugnante solicitó la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección, invocando la existencia de un posible vicio insubsanable derivado del incumplimiento por parte de la Entidad de lo dispuesto expresamente por la autoridad administrativa en el numeral 4.3 del Pronunciamiento N° 570-2026/OECE.DSAT, emitido con fecha 09 de septiembre de 2026.

En específico, el Consorcio Impugnante sostiene que la Entidad omitió reajustar el cronograma del procedimiento conforme a los parámetros indicado en el referido pronunciamiento. Al respecto, de la revisión del Pronunciamiento N° 570-2026/OECE.DSAT, se verifica que el órgano rector estableció como mandato imperativo en su numeral 4.3 lo siguiente: “El comité deberá modificar las fechas de registro de participantes, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente que los proveedores deberán efectuar su registro en forma electrónica a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 64 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.” Conforme puede apreciarse, la autoridad administrativa ordenó al comité modificar las fechas de registro, presentación de ofertas y buena pro, respetando un mínimo de siete días hábiles desde el día siguiente de publicadas las bases integradas. Ahora bien, al verificar la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), se advierte que la Entidad publicó las Bases Integradas Definitivas el 9 de septiembre de 2026, tal como se aprecia a continuación: Asimismo, de la revisión del SEACE, se aprecia que la Entidad estableció como fecha de presentación de las ofertas el 16 de setiembre de 2026, según se muestra a continuación:

En ese sentido, de la contrastación de ambas fechas, se advierte que entre la publicación de la integración de bases (09/09/2026) y la fecha programada para la recepción de ofertas (16/09/2026) transcurrieron únicamente cinco (5) días hábiles. Con ello, la Entidad habría otorgado un plazo ostensiblemente menor al mínimo de siete (7) días hábiles ordenado en el Pronunciamiento del OECE e imperativo en el marco legal vigente. Sobre el particular, el numeral 68.1 del artículo 68 del Reglamento de la Ley N° 32069 (Ley General de Contrataciones Públicas), establece que la etapa de presentación de ofertas en los procedimientos de selección debe realizarse en un plazo no menor a siete (7) días hábiles, los cuales se computan a partir del día siguiente de la publicación de las bases integradas o del pronunciamiento que dispone la integración definitiva por parte del OECE. Sin embargo, tal como se detalló anteriormente, de la revisión de la información y del cronograma registrado en la plataforma del SEACE, se advierte que la Entidad habría otorgado un plazo menor al mínimo contemplado en el marco normativo de la materia. Este recorte temporal configuraría una transgresión normativa que vicia el procedimiento de selección, en tanto los plazos establecidos en las normas de contratación pública son de carácter imperativo y garantizan el correcto desarrollo del procedimiento. Al reducir de 7 a 5 días hábiles el tiempo disponible para que los agentes del mercado elaboren, validen y presenten sus propuestas, la Entidad habría generado una barrera temporal indebida que restringiría la participación de postores habilitados. Dicho accionar vulneraría el Principio de Libertad de Concurrencia, así como los principios de Competencia y Transparencia que rigen la contratación estatal. Al menoscabar el tiempo legalmente fijado para la presentación de ofertas, se habría privado a potenciales competidores de la oportunidad de presentar sus propuestas en condiciones de igualdad y suficiencia técnica, desincentivando la participación de un mayor número de proveedores e impidiendo que el Estado obtenga la propuesta de mayor valor y eficiencia para el interés público. En tal sentido, la situación expuesta habría quebrantado lo establecido en el numeral 68.1 del artículo 68 del Reglamento de la Ley N° 32069: “(…) La presentación de ofertas se realiza a través de la Pladicop en un plazo no menor de siete días hábiles contabilizados desde la publicación de la integración de bases o el pronunciamiento con la integración definitiva de bases por parte del OECE, según corresponda, salvo en las modalidades abreviadas de procedimientos de selección, en cuyo caso el plazo de presentación de ofertas es no menor de tres días hábiles contabilizados desde la publicación de la integración de bases”; así como los principios de Libertad de Concurrencia, Competencia y Transparencia. En consecuencia, los hechos expuestos estarían inmersos en lo previsto en el numeral 70.1 del Art. 70 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, por una posible contravención a las normas legales antes citadas.

• Mediante escrito N° 1, presentado el 19 de octubre de 2026 ante la mesa de partes

digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado de nulidad, indicando lo siguiente:

• Señala que, no se aprecia en el acta que algún postor haya recibido días

adicionales o trato temporal diferenciado. Esta circunstancia no elimina la exigencia del plazo mínimo del artículo 68.1 del Reglamento de la Ley N° 32069, pero resulta relevante para evaluar los efectos concretos de la irregularidad entre los participantes que efectivamente ofertaron.

• Indica que, el Consorcio Impugnante presentó su oferta, fue admitido y

superó la etapa de calificación. Su resultado desfavorable se produjo después, durante la evaluación económica, por observaciones relativas a la forma de su propuesta.

• Agrega que, del acta no se desprende que dos días adicionales hubieran

evitado las observaciones que determinaron el resultado “NO EVALÚA”.

• Manifiesta que, una retroacción que conduzca a una nueva presentación no

reproduciría las mismas condiciones informativas del 16 de septiembre de 2026. Actualmente se conocen los resultados del primer examen y las observaciones aplicadas a las ofertas económicas. Los postores cuyas propuestas fueron declaradas no evaluables podrían formular nuevas ofertas subsanando materialmente los problemas que ya conocen: tarifas, unidades de tiempo, cálculos, formatos u otros aspectos de su propuesta. Ello genera un riesgo de ventaja competitiva sobrevenida frente a la primera competencia.

• Expresa que, si se permite una nueva presentación, los participantes podrían

reemplazar propuestas anteriormente observadas por otras sustancialmente reformuladas, alterando el resultado competitivo previamente alcanzado. Pedimos que este efecto sea expresamente ponderado al fijar las consecuencias de la decisión.

• Solicita que, el Tribunal valore si procede conservar alguna actuación,

atendiendo a la especialidad del régimen de contrataciones y al carácter imperativo del plazo, así como a la presentación de cuatro ofertas, su admisión y calificación, las observaciones económicas individualizadas y los efectos de reabrir la competencia.

• Indica que, el interés público no autoriza desconocer el marco legal, pero

puede ser relevante para definir el alcance y los efectos de las medidas que sean legalmente posibles.

• Concluye que, una nueva presentación le permitiría participar otra vez con

conocimiento de las observaciones hechas a su oferta. De esta manera, la pretensión impugnatoria puede generar una ventaja competitiva sobrevenida para el apelante y para los demás postores observados.

• Con Decreto del 20 de octubre de 2026, se dispuso tener por apersonado al

Consorcio Adjudicatario y se dejó a consideración de la Sala lo remitido por el citado consorcio, respecto al traslado de nulidad.

• A través del escrito N° 3, presentado el 24 de octubre de 2026 ante la mesa de

partes digital del Tribunal, el Consorcio Impugnante absolvió el traslado de nulidad, señalando lo siguiente:

• Indica que, el numeral 4.3 del Pronunciamiento N° 570-2026/OECE.DSAT,

emitido el 9 de setiembre de 2026, ordenó expresamente al comité de selección modificar las fechas de registro de participantes, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, precisando que entre la integración de bases y la presentación de propuestas no podía mediar menos de siete (7) días hábiles, computados desde el día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE. A su vez, el numeral 4.2 del mismo pronunciamiento declaró su cumplimiento obligatorio.

• Expresa que, dicho mandato reproduce la regla imperativa del numeral 68.1

del artículo 68 del Reglamento de la Ley N° 32069, que exige que la presentación de ofertas se realice en un plazo no menor de siete días hábiles contados desde la publicación de la integración de bases o del pronunciamiento con la integración definitiva por parte del OECE. El plazo reducido de tres días hábiles solo procede en las modalidades abreviadas, supuesto que no responde a un concurso público para consultoría de obra.

• Manifiesta que, conforme lo verificó la propia Sala en el SEACE, la Entidad

publicó las Bases Integradas Definitivas el 9 de setiembre de 2026 y fijó la presentación de ofertas para el 16 de setiembre de 2026.

• Explica que, la Entidad otorgó solo cinco (5) días hábiles, cuando la

presentación de ofertas no podía programarse antes del 18 de setiembre de 2026. Incluso la calificación, evaluación y buena pro fueron programadas para el 17 de setiembre, esto es, antes de la fecha mínima en que legalmente podían recibirse las ofertas. Ante ello, se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley N° 32069, por contravención de normas legales, esto es, numeral 68.1 del artículo 68 del Reglamento y el Pronunciamiento N° 570-2026/OECE.DSAT, de cumplimiento obligatorio y por prescindir de las normas esenciales del procedimiento de selección.

• Sostiene que, con la reducción del plazo, se restringió la concurrencia de los

potenciales postores en el procedimiento de selección, pues se cerró anticipadamente el acceso a nuevos participantes.

• Agrega que, este perjuicio no puede medirse únicamente por quienes

presentaron oferta, pues el daño a la libertad de concurrencia se materializa precisamente en los proveedores que, ante un plazo insuficiente, decidieron no participar y que, por ello, no tienen voz en este procedimiento.

• Indica que, el hecho de que algunos postores hayan presentado ofertas

dentro del cronograma irregular no convalida el vicio, pues presentar una oferta en el plazo impuesto por la Entidad no equivale a haber contado con la oportunidad legalmente exigible para prepararla, ni subsana la exclusión de quienes no pudieron participar.

• Agrega que, el Tribunal, en la Resolución N° 1270-2026-TCP-S3, consideró no

conservables las infracciones al plazo de presentación de ofertas y al pronunciamiento obligatorio del OECE por su afectación a la concurrencia; y, en el fundamento 28 de la Resolución N° 0841-2018-TCE-S4, vinculó el recorte de un plazo con la formulación de estructuras económicas deficientes y el rechazo de ofertas, supuesto análogo al presente.

• Concluye que, el vicio se originó cuando la Entidad publicó las Bases

Integradas Definitivas con un cronograma que no respetaba el plazo mínimo. Por ello, corresponde retrotraer el procedimiento a la etapa de integración de bases, conservando los actos válidos previos, a fin de que la Entidad publique nuevamente las bases integradas con un cronograma que otorgue siete (7) días hábiles completos, reabriendo el registro de participantes.

• Mediante decreto de 26 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver, de conformidad con lo dispuesto en el literal g) del numeral 311.1 del

artículo 311 y numeral 313.2. del artículo 313 del Reglamento.

II. SITUACIÓN REGISTRAL:

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores – RNP, se aprecia, a la fecha, la siguiente información:

El Consorcio Impugnante: CONSORCIO EDIFICACIÓN

• El proveedor ESCORPIO CONSULTORES INGENIEROS S.A.C. (con R.U.C. N°

2040648764) cuenta con inscripción vigente como consultor de obras; asimismo, no tiene sanción vigente que le impida participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado.

• El proveedor CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L (con R.U.C. N°

20452341698) cuenta con inscripción vigente como proveedor de servicios; asimismo, no tiene sanción vigente que le impida participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado. El Consorcio Adjudicatario: CONSORCIO G&B ALCAMENCA

• El proveedor DIESING SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA INGENIEROS

CONSULTORES (con R.U.C. N° 20542380021) cuenta con inscripción vigente como consultor de obras; asimismo, no tiene sanción vigente que le impida participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado.

• El proveedor SERVICIOS GENERALES RALSAGT (con R.U.C. N° 20393504081)

cuenta con inscripción vigente como consultor de obras; asimismo, no tiene sanción vigente que le impida participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado.

• FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento.

No se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el Reglamento. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia

para resolverlo.

• El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT1 y cuando se trate de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público para consultoría, cuya cuantía de contratación asciende al monto de S/ 952,329.09 (Novecientos cincuenta y dos mil trescientos veintinueve con 09/100 soles); resulta que dicho monto es superior a 50 UIT2 (S/ 275,000.00), por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.
• El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son

impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia 1 Unidad Impositiva Tributaria. 2 Conforme al valor de la UIT (S/ 5,500.00) para el año 2026 en que fue convocado el procedimiento de selección objeto de impugnación.

de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y dialogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando la nulidad del procedimiento de selección. En consecuencia, se advierte que los actos materia de impugnación no se encuentran comprendidos dentro de la relación de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.
• El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento

de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de la subasta inversa electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. En aplicación a lo dispuesto en los precitados artículos, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue notificado el 21 de setiembre de 2026; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 1 de octubre del año en curso. Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito N° 1, subsanado con escrito N° 2, presentados el 1 y 5 de octubre de 2026, respectivamente, el Consorcio Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que este ha sido interpuesto dentro de los plazos −referidos a la presentación y subsanación, respectivamente− descritos en los artículos 304 y 307 del Reglamento.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.
• De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que este aparece

suscrito por el representante común, Sra. Nelly Mamani Mamani.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se

advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre impedido de participar en el procedimiento de selección y de contratar con el Estado.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se

advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

• De los resultados del procedimiento de selección, se advierte que el Consorcio

Impugnante tiene la condición de descalificado. Por otra parte, de la revisión del recurso de apelación, se aprecia que este ha impugnado la adjudicación de la buena pro, solicitado la nulidad del procedimiento de selección.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
• En el caso concreto, el Consorcio Impugnante no fue el ganador de la buena pro

del procedimiento de selección, por cuanto su oferta quedó descalificada.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo.

• El Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando que: i) se declare

la nulidad del procedimiento de selección, ii) como consecuencia, se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro y iii) se ordene a la Entidad la publicación de un nuevo calendario. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.
• El numeral 109.1 del artículo 109 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. Sobre el particular, la decisión de la Entidad contratante de otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Adjudicatario le causa agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar para impugnar dicho acto. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; en ese sentido, corresponde emitir un pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Consorcio Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente:

• Se declare la nulidad del procedimiento de selección.

ii. Como consecuencia de la nulidad, se deje sin efecto el acta de buena pro. iii. Se ordene a la Entidad la publicación de un nuevo calendario.

• FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo previsto en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En consecuencia, solo pueden ser materia de análisis los puntos controvertidos que se originen en los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la absolución de aquel. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, según el cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso.” (el subrayado es agregado) Dichas disposiciones resultan concordantes con lo dispuesto en el literal c) del

artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el

Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, conforme al numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “todos los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado inicialmente

a la Entidad y a los demás postores el 6 de octubre del 2026 a través del SEACE, y, posteriormente, en atención a la reconformación de las Salas del Tribunal, nuevamente, se corrió traslado del mencionado recurso a dichas partes el 9 de octubre de 2026, razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían un plazo de tres (3) días para absolverlo, es decir, hasta el 14 de octubre de 2026.

• De la revisión del expediente administrativo, se advierte que el Consorcio

Adjudicatario se apersonó a esta instancia el 19 de octubre e 2026, es decir, de manera extemporánea; por lo que, a fin de determinar los puntos controvertidos, es preciso indicar que serán considerados únicamente los cuestionamientos que el Consorcio Impugnante haya formulado en su recurso de apelación.

• Dado que el 26 de octubre del 2026 se declaró el expediente como listo para

resolver, en el presente caso, los escritos recibidos con posterioridad a la declaración del expedito no se consideran para fundamentar la resolución que expida este Tribunal, conforme a lo establecido en el literal g) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento.

• Por lo tanto, en el marco de lo indicado, el punto controvertido a esclarecer es:
• Determinar si corresponde declarar la nulidad del procedimiento de

selección.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades Contratantes adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. CUESTIÓN PREVIA: Sobre el presunto vicio de nulidad en el procedimiento de selección.

• Conforme fueron reseñados en los antecedentes, el Consorcio Impugnante solicitó

la nulidad del procedimiento de selección, indicando que, mediante el Pronunciamiento N° 570-2026/OECE-DSAT del 9 de septiembre de 2026, emitido a raíz de los cuestionamientos formulados por Escorpión Consultores Ingenieros S.A.C., el OECE ordenó al comité modificar el calendario del procedimiento, respetando un plazo mínimo de siete días hábiles desde el día siguiente de la publicación de las bases integradas definitivas. Sin embargo, señala que la Entidad publicó dichas bases el 9 de septiembre de 2026 y fijó la presentación de ofertas para el 16 de septiembre, otorgando únicamente cinco días hábiles, en contravención del numeral 68.1 del artículo 68 del Reglamento. A su juicio, correspondía programar la presentación de ofertas para el 18 de septiembre de 2026. Esta reducción del plazo lo habría obligado a presentar una versión anterior de su oferta económica el 16 de septiembre sin incorporar las modificaciones necesarias. Asimismo, refiere que el OECE, al resolver el Cuestionamiento N° 6, dispuso que la tarifa por la supervisión de la ejecución de obra debía establecerse mensualmente. No obstante, el comité de selección no evaluó su oferta económica porque el Anexo N° 6 consignaba un plazo de 240 días calendario y una tarifa diaria, en lugar de ocho períodos mensuales. Añade que el Consorcio Supervisión Shaddai fue excluido por el mismo motivo, lo que evidenciaría las dificultades para adecuar las ofertas a las disposiciones del pronunciamiento. En ese sentido, alega que la reducción del plazo vulneró el principio de legalidad y configuró las causales de nulidad previstas en los literales b) y d) del numeral 70.1 de la Ley, por contravenir los numerales 68.1 y 67.5 del Reglamento y prescindir de normas esenciales del procedimiento. Además, sostiene que se afectaron los principios de libertad de concurrencia y competencia, puesto que el plazo reducido limitó la revisión de las bases, la coordinación entre los integrantes del consorcio y los profesionales, así como la adecuación de la oferta económica. También afirma que el cierre anticipado del registro restringió la participación de otros proveedores y que la incompatibilidad entre las fechas de integración de las bases y el calendario establecido vulneró los principios de transparencia e igualdad de oportunidades. Finalmente, considera que no corresponde conservar los actos afectados, de conformidad con el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento y los numerales 14.2.3 y 14.2.4 del artículo 14 del TUO de la Ley N.° 27444, debido a que el vicio sería trascendente y habría comprometido una garantía esencial para la adecuada preparación y presentación de las ofertas. Por ello, sustenta la necesidad de declarar la nulidad del procedimiento de selección.

• Por su parte, la Entidad absolvió el recurso de apelación, indicando que el plazo

otorgado para presentar ofertas fue de cinco días hábiles, pese a que el Pronunciamiento N° 570-2026/OECE-DSAT exigía un mínimo de siete días, cuyo vencimiento correspondía al 18 de septiembre de 2026. Sin embargo, solicita que se evalúe si dicho incumplimiento justifica la nulidad del procedimiento o si es posible conservar las actuaciones, precisando que la presentación oportuna de la oferta por parte del Consorcio Impugnante no convalida el calendario. Asimismo, sostiene que la oferta económica del impugnante incumplió las bases, pues consignó una tarifa diaria por 240 días calendario, en lugar de una tarifa mensual correspondiente a ocho meses, conforme a lo dispuesto por el OECE. Considera que modificar la unidad de la tarifa constituiría una alteración sustancial de la oferta y no un error subsanable. Añade que no se ha demostrado que la reducción del plazo haya causado dicho incumplimiento ni que dos días adicionales hubieran cambiado el resultado de la evaluación. Por otra parte, indica que la eventual nulidad del procedimiento debe evaluarse

la Ley N.° 32069 y la necesidad de proteger el interés público, dado que la paralización del proyecto de salud podría ocasionar perjuicios sociales a la población beneficiaria; por lo que considera que debe otorgarse especial protección a la población vulnerable y evitar que una eventual nulidad basada, a su juicio, en una formalidad procedimental no trascendente retrase la ejecución del proyecto y afecte la prestación de los servicios de salud Respecto de la nulidad, solicita que el Tribunal determine si el defecto es trascendente y si las actuaciones pueden conservarse, tomando en cuenta los precedentes invocados. En consecuencia, pide que se mantenga la buena pro y no se declare la nulidad del procedimiento; subsidiariamente, solicita que, si se determina la existencia de un vicio no conservable, la nulidad se limite a las actuaciones afectadas, se preserven las válidas y se establezca un nuevo calendario en igualdad de condiciones.

• Ahora bien, considerando que, de la información obrante en el expediente, se

advirtió de la existencia de posibles vicios de nulidad en el procedimiento de selección, a través del decreto del 16 de octubre de 2026, este Colegiado corrió traslado a las partes, para que se pronuncien expresamente sobre lo siguiente: “(…) En específico, el Consorcio Impugnante sostiene que la Entidad omitió reajustar el cronograma del procedimiento conforme a los parámetros indicado en el referido pronunciamiento. Al respecto, de la revisión del Pronunciamiento N° 570-2026/OECE.DSAT, se verifica que el órgano rector estableció como mandato imperativo en su numeral 4.3 lo siguiente: “El comité deberá modificar las fechas de registro de participantes, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente que los proveedores deberán efectuar su registro en forma electrónica a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 64 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.” Conforme puede apreciarse, la autoridad administrativa ordenó al comité modificar las fechas de registro, presentación de ofertas y buena pro, respetando un mínimo de siete días hábiles desde el día siguiente de publicadas las bases integradas. Ahora bien, al verificar la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), se advierte que la Entidad publicó las Bases Integradas Definitivas el 9 de septiembre de 2026, tal como se aprecia a continuación: Asimismo, de la revisión del SEACE, se aprecia que la Entidad estableció como fecha de presentación de las ofertas el 16 de setiembre de 2026, según se muestra a continuación:

En ese sentido, de la contrastación de ambas fechas, se advierte que entre la publicación de la integración de bases (09/09/2026) y la fecha programada para la recepción de ofertas (16/09/2026) transcurrieron únicamente cinco (5) días hábiles. Con ello, la Entidad habría otorgado un plazo ostensiblemente menor al mínimo de siete (7) días hábiles ordenado en el Pronunciamiento del OECE e imperativo en el marco legal vigente. Sobre el particular, el numeral 68.1 del artículo 68 del Reglamento de la Ley N° 32069 (Ley General de Contrataciones Públicas), establece que la etapa de presentación de ofertas en los procedimientos de selección debe realizarse en un plazo no menor a siete (7) días hábiles, los cuales se computan a partir del día siguiente de la publicación de las bases integradas o del pronunciamiento que dispone la integración definitiva por parte del OECE. Sin embargo, tal como se detalló anteriormente, de la revisión de la información y del cronograma registrado en la plataforma del SEACE, se advierte que la Entidad habría otorgado un plazo menor al mínimo contemplado en el marco normativo de la materia. Este recorte temporal configuraría una transgresión normativa que vicia el procedimiento de selección, en tanto los plazos establecidos en las normas de contratación pública son de carácter imperativo y garantizan el correcto desarrollo del procedimiento. Al reducir de 7 a 5 días hábiles el tiempo disponible para que los agentes del mercado elaboren, validen y presenten sus propuestas, la Entidad habría generado una barrera temporal indebida que restringiría la participación de postores habilitados. Dicho accionar vulneraría el Principio de Libertad de Concurrencia, así como los principios de Competencia y Transparencia que rigen la contratación estatal. Al menoscabar el tiempo legalmente fijado para la presentación de ofertas, se habría privado a potenciales competidores de la oportunidad de presentar sus propuestas en condiciones de igualdad y suficiencia técnica, desincentivando la participación de un mayor número de proveedores e impidiendo que el Estado obtenga la propuesta de mayor valor y eficiencia para el interés público. En tal sentido, la situación expuesta habría quebrantado lo establecido en el numeral 68.1 del artículo 68 del Reglamento de la Ley N° 32069: “(…) La presentación de ofertas se realiza a través de la Pladicop en un plazo no menor de siete días hábiles contabilizados desde la publicación de la integración de bases o el pronunciamiento con la integración definitiva de bases por parte del OECE, según corresponda, salvo en las modalidades abreviadas de procedimientos de selección, en cuyo caso el plazo de presentación de ofertas es no menor de tres días hábiles contabilizados desde la publicación de la integración de bases”; así como los principios de Libertad de Concurrencia, Competencia y Transparencia. En consecuencia, los hechos expuestos estarían inmersos en lo previsto en el numeral 70.1 del Art. 70 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, por una posible contravención a las normas legales antes citadas. (…)”

• En ese contexto, el traslado de nulidad advierte que la Entidad habría incumplido

el plazo mínimo legal para la presentación de ofertas, pese a que el OECE había ordenado expresamente adecuar el cronograma del procedimiento. En efecto, el Pronunciamiento N° 570-2026/OECE-DSAT estableció, en su numeral 4.3. que el comité debía modificar las fechas de registro de participantes, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, respetando un plazo mínimo de siete días hábiles desde el día siguiente de la publicación de las bases integradas definitivas. Sin embargo, de la información registrada en el SEACE, este Colegiado advierte que las bases se publicaron el 9 de setiembre de 2026 y que la presentación de ofertas se programó para el 16 de setiembre del mismo año, por lo que únicamente habrían transcurrido cinco días hábiles, en lugar de los siete exigidos. Esta situación permitiría advertir una posible contravención del numeral 68.1 del

artículo 68 del Reglamento de la Ley N° 32069, así como del mandato obligatorio

contenido en el Pronunciamiento del OECE. Es decir, la Entidad no habría cumplido con el plazo establecido para que los proveedores preparen y presente sus ofertas, lo que podría constituir un defecto en el desarrollo del procedimiento de selección. Asimismo, el traslado de nulidad advierte que el incumplimiento no sería una simple irregularidad formal, pues el plazo mínimo tiene como finalidad garantizar que los proveedores dispongan de tiempo suficiente para revisar las bases, formular sus propuestas y participar en condiciones de igualdad. Por ello, la reducción del plazo podría haber afectado los principios de libertad de concurrencia, competencia y transparencia, al limitar las oportunidades de participación de los proveedores interesados y el desarrollo regular del procedimiento.

• Al respecto, al absolver el traslado de nulidad, el Consorcio Adjudicatario señala

que, si bien no se advierte del acta que algún postor haya recibido días adicionales o un trato temporal diferenciado, dicha circunstancia no elimina el incumplimiento del plazo mínimo previsto en el numeral 68.1 del artículo 68 del Reglamento de la Ley N.° 32069, aunque considera que debe tenerse en cuenta para evaluar los efectos concretos de la irregularidad. Asimismo, refiere que el Consorcio Impugnante presentó su oferta, fue admitido y superó la etapa de calificación, y que el resultado desfavorable se produjo durante la evaluación económica, debido a observaciones relacionadas con la forma de su propuesta. Añade que no se desprende del acta que contar con dos días adicionales hubiera evitado que su oferta fuera declarada como “NO EVALÚA”. Por otro lado, sostiene que una eventual retroacción que permita presentar nuevas ofertas modificaría las condiciones de competencia, puesto que los participantes ya conocen los resultados de la evaluación inicial y las observaciones formuladas a sus propuestas económicas. En ese sentido, advierte que los postores cuyas ofertas fueron declaradas no evaluables podrían reformularlas, corrigiendo aspectos como las tarifas, las unidades de tiempo, los cálculos o los formatos, lo que podría generarles una ventaja competitiva sobrevenida respecto de la competencia inicial y alterar el resultado previamente obtenido. En consecuencia, solicita que el Tribunal evalúe la posibilidad de conservar las actuaciones realizadas, considerando el carácter obligatorio del plazo legal, las cuatro ofertas presentadas, su admisión y calificación, las observaciones económicas individualizadas y los efectos que tendría reabrir la competencia. Finalmente, precisa que el interés público no justifica desconocer el marco normativo, aunque puede ser relevante para determinar el alcance de las medidas legalmente aplicables. Asimismo, advierte que una nueva presentación permitiría al Consorcio Impugnante y a los demás postores observados participar nuevamente con conocimiento de las deficiencias detectadas en sus ofertas, lo que podría otorgarles una ventaja competitiva respecto de la evaluación original.

• Al respecto, los argumentos expuestos por el Consorcio Adjudicatario no

desvirtúan el posible vicio advertido por el Tribunal, referido al incumplimiento del plazo mínimo para la presentación de ofertas. En efecto, si bien aquel señala que ningún postor habría recibido días adicionales ni un trato temporal diferenciado, dicha circunstancia no subsana la transgresión del numeral 68.1 del artículo 68 del Reglamento de la Ley N° 32069 ni el incumplimiento del mandato contenido en el numeral 4.3 del Pronunciamiento N° 570-2026/OECE-DSAT.

Conforme a lo anterior, cabe señalar que la observancia de los plazos previstos en la normativa de contratación pública constituye una exigencia objetiva que no depende de que se acredite un trato diferenciado entre los participantes, sino del cumplimiento de las reglas que rigen el procedimiento de selección. Asimismo, el hecho de que el Consorcio Impugnante haya presentado su oferta, esta haya sido admitida y haya superado la etapa de calificación no permite concluir que la reducción del plazo carezca de trascendencia. El plazo mínimo establecido por la normativa tiene como finalidad garantizar que todos los proveedores interesados dispongan de tiempo suficiente para revisar las bases integradas definitivas, adecuar sus propuestas a las exigencias del procedimiento y presentarlas oportunamente. En ese sentido, en el presente caso, lo relevante es determinar si la Entidad observó las reglas imperativas que regulaban el procedimiento. De otro lado, el argumento del Consorcio Adjudicatario según el cual una nueva presentación de ofertas podría otorgar una ventaja competitiva a los postores cuyas propuestas fueron observadas tampoco justifica conservar automáticamente las actuaciones realizadas. La posibilidad de que los participantes conozcan las observaciones formuladas durante la evaluación inicial no convierte en válido un procedimiento desarrollado con un plazo contrario a la normativa. La determinación de las consecuencias de una eventual nulidad debe atender, ante todo, a la necesidad de restablecer la legalidad y garantizar condiciones de participación acordes con las disposiciones aplicables. En ese sentido, el riesgo de que los proveedores reformulen sus ofertas no constituye, por sí solo, una razón suficiente para mantener los efectos de actuaciones que podrían encontrarse viciadas. En esa misma línea, la alegación referida a la existencia de cuatro ofertas presentadas, admitidas y calificadas no desvirtúa el incumplimiento advertido, pues el número de participantes que lograron intervenir en el procedimiento no acredita que se hayan respetado las condiciones legales de concurrencia ni permite determinar cuántos proveedores pudieron desistir de participar debido al plazo reducido. Al respecto, cabe recordar que el principio de libertad de concurrencia busca garantizar que los proveedores interesados tengan una oportunidad efectiva de participar, mientras que los principios de competencia y transparencia exigen que el procedimiento se desarrolle conforme a reglas previamente establecidas y de obligatorio cumplimiento, principios que se han transgredido en el presente procedimiento de selección.

• Por otro, con relación a los argumentos expuestos por la Entidad en su absolución

de la apelación, cabe señalar que, si bien la Entidad invoca los principios de eficacia y eficiencia y el interés público, alegando la necesidad de evitar retrasos en la ejecución del proyecto de salud, tales consideraciones no la eximen de cumplir las disposiciones imperativas de la normativa de contratación pública. Por tanto, la protección del interés público debe armonizarse con el principio de legalidad y no puede justificar la conservación de actuaciones afectadas por un vicio trascendente. Si bien el interés público debe considerarse al determinar las consecuencias de una eventual nulidad, este no puede invocarse para justificar la conservación de actuaciones que contravengan normas imperativas. En consecuencia, pretender la prevalencia de la finalidad pública por encima de la legalidad del procedimiento de selección implicaría convalidar un vicio estructural derivado del incumplimiento del plazo previsto para la presentación de ofertas a partir de la publicación de las bases definitivas, el cual vulnera directamente los principios de libertad de concurrencia, competencia y transparencia en el presente procedimiento de selección.

• Ahora bien, cabe recordar que, en su recurso de apelación, el Consorcio

Impugnante solicitó que se declare la nulidad del procedimiento de selección, y, como consecuencia, se deje sin efecto el acta de otorgamiento de la buena pro y se ordene a la Entidad publicar un nuevo calendario, al considerar que se habría vulnerado el plazo mínimo para la presentación de ofertas establecido en la normativa de contratación pública. En ese sentido, en atención a los argumentos expuestos por el Consorcio Impugnante (los cuales fueron reseñados en los antecedentes y en el Fundamento 18 de la presente Resolución), corresponde precisar que el análisis de la eventual nulidad del procedimiento de selección no debe centrarse en las dificultades que el Consorcio Impugnante afirma haber experimentado para adecuar su oferta económica, sino en el posible vicio advertido por este Tribunal, referido al incumplimiento del plazo mínimo para la presentación de ofertas, conforme a lo dispuesto en el Pronunciamiento N° 570-2026/OECE-DSAT y en la normativa de contratación pública aplicable. En efecto, si bien el Consorcio Impugnante sostiene que el plazo reducido le impidió modificar su propuesta económica para consignar una tarifa mensual en lugar de una tarifa diaria, dicha circunstancia constituye una alegación vinculada a su situación particular, que no determina por sí misma la existencia ni la trascendencia del vicio procedimental materia de análisis. Al respecto, de la revisión de la información registrada en el SEACE, se advierte que las bases integradas definitivas fueron publicadas el 9 de septiembre de 2026 y que la presentación de ofertas fue programada para el 16 de septiembre del mismo año, por lo que transcurrieron únicamente cinco días hábiles. Esta circunstancia debe contrastarse con el mandato contenido en el numeral 4.3 del Pronunciamiento N° 570-2026/OECE-DSAT, mediante el cual el OECE dispuso que el comité modificara el calendario respetando un plazo mínimo de siete días hábiles. En consecuencia, corresponde determinar si la Entidad observó dicho mandato y las disposiciones reglamentarias aplicables, sin que la presentación efectiva de ofertas o la ausencia de reclamos de otros participantes permitan, por sí solas, tener por subsanado el eventual incumplimiento. Si bien el Consorcio Impugnante sostiene que la reducción del plazo para la presentación de ofertas le impidió adecuar su propuesta económica a las disposiciones del Pronunciamiento N° 570-2026/OECE-DSAT, particularmente en lo referido a la consignación de una tarifa mensual en lugar de una tarifa diaria, corresponde precisar que dicha circunstancia no constituye el fundamento del vicio de nulidad materia de análisis. En efecto, la causal de nulidad advertida por este Tribunal se encuentra relacionada con el incumplimiento de la Entidad de modificar el calendario del procedimiento de selección conforme al mandato contenido en el numeral 4.3 del referido pronunciamiento, que estableció un plazo mínimo para la presentación de ofertas. En ese sentido, la procedencia de la nulidad no se justifica en que el Consorcio Impugnante demuestre que la reducción del plazo le impidió presentar una oferta económica conforme a las bases, ni de que se determine si, contando con dos días hábiles adicionales, habría podido modificar su propuesta y obtener un resultado distinto en la evaluación. El punto principal es que la Entidad no cumplió con las disposiciones imperativas que regulaban el procedimiento de selección, lo que constituye un vicio trascendente que justifique declarar la nulidad.

• Por tanto, considerando que el vicio advertido se encuentra referido al

incumplimiento del plazo mínimo para la presentación de ofertas, pese al mandato expreso contenido en el numeral 4.3 del Pronunciamiento N° 570- 2026/OECE-DSAT, se aprecia que dicha situación reviste relevancia para la validez del procedimiento de selección, en tanto comprometería el cumplimiento de las reglas que rigen su desarrollo y las condiciones en las que los proveedores debían preparar y presentar sus ofertas. En efecto, de la información registrada en el SEACE se advierte que las bases integradas definitivas fueron publicadas el 9 de septiembre de 2026 y que la presentación de ofertas fue programada para el 16 de septiembre del mismo año, otorgándose únicamente cinco (5) días hábiles, pese a que el referido pronunciamiento dispuso respetar un plazo mínimo de siete (7) días hábiles. En consecuencia, se aprecia que resultaba exigible dicho plazo y que el incumplimiento constituye un vicio trascendente no susceptible de conservación, correspondiendo declarar la nulidad del procedimiento de selección, de conformidad con el marco normativo aplicable. Así también, debe tenerse en cuenta que la controversia planteada por el Impugnante está relacionada al vicio advertido, razón suficiente para concluir que el vicio advertido resulta trascedente y, por tanto, no es conservable.

• Ahora bien, por las consideraciones expuestas, en atención a la potestad otorgada

a este Tribunal en el artículo 70 de la Ley, y en concordancia con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de integración de bases, a fin que la Entidad adecue el calendario, conforme al mandato contenido en el Pronunciamiento N.° 570-2026/OECE-DSAT y la normativa aplicable para dicho caso. Lo expuesto determina que la Entidad deberá verificar todas las disposiciones aplicables al caso concreto, no convalidando esta resolución otros extremos que no hayan sido objeto de análisis.

• Por otro lado, en atención a lo dispuesto en el numeral 70.3 del artículo 70 de la

Ley, este Colegiado considera que la presente Resolución debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad, a la Autoridad de la Gestión Administrativa y a su Órgano de Control Institucional, a fin que conozcan el vicio advertido y realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorte a las áreas que intervengan en el procedimiento de selección, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• Sin perjuicio de lo expuesto, atendiendo a que, mediante el Memorando

N° D000412-2026-OECE-SDPC del 9 de octubre de 2026, la Subdirección de Supervisión de Procedimientos Competitivos del OECE remitió la solicitud de supervisión a pedido de parte del procedimiento de selección, presentada por la señora Nelly Mamani Mamani, Gerente General de la empresa Escorpión Consultores Ingenieros S.A.C., −sobre la inobservancia del plazo mínimo para la presentación de ofertas−, corresponde remitir copia de la presente Resolución y de dicho Memorando con sus anexos al Titular de la Entidad, para su conocimiento y adopción de las acciones que sean pertinentes, en el marco de sus atribuciones.

• En atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del

Reglamento, y siendo que este Tribunal ha dispuesto declarar la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación.

• Cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007- 2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registros de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Juan Carlos Cortez Tataje y la intervención de los vocales Sonia Tatiana Angulo Reátegui y Danny William Ramos Cabezudo y, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE publicada el 5 de octubre de 2026 en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE; analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la nulidad de oficio del Concurso Público para Consultoría N° 1-2026-

MDA/CS-1, para la “Contratación de consultoría de obra para la supervisión de la obra: Mejoramiento de los servicios de salud de los puestos de salud de Alcamenca, Huambo y Carampa, distrito de Alcamenca - Víctor Fajardo Ayacucho con CUI N° 2352331”, debiéndose retrotraer el procedimiento hasta la integración de bases, conforme a los alcances señalados en la fundamentación.

• Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO EDIFICACIÓN, integrado por las

empresas CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y ESCORPIÓN CONSULTORES INGENIEROS S.A.C, para la interposición de su recurso de apelación.

• Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad, a la Autoridad de la

Gestión Administrativa y a su Órgano de Control Institucional, para que en mérito a sus atribuciones adopten las acciones que correspondan, conforme al fundamento 28.

• Remitir la presente Resolución y demás documentos al Titular de la Entidad,

conforme a lo señalado en el fundamento 29.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en Directiva N° 007-2025- OECE/CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

Ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui.