Resolución N.° 9544-2026-TCP-S5

Sumilla: “(…) corresponde revocar la pérdida automática de la buena pro y disponer que la Entidad contratante prosiga con el trámite de suscripción del contrato derivado del procedimiento de selección con el Impugnante.” Lima, 2 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 2 de noviembre de 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7244/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO VIAL DEL SUR, integrado por las empresas INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y GRUPO PAVE CONTRATISTAS & CONSULTORES E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras Nº 023- 2025-CTE/MPT-3, convocado por la Municipalidad Provincial de Tacna; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el 17

de junio de 2026, la Municipalidad Provincial de Tacna, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada de Obras Nº 023-2025-CTE/MPT-3, para la “Ejecución de la obra: creación del servicio de movilidad urbana en vías locales en la Urbanización Levano, Urbanización Carrasco y Lotización Armando Carrasco del Dist. de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna”, con una cuantía de contratación ascendente a S/ 3,107,836.17 (tres millones ciento siete mil ochocientos treinta y seis mil con 17/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. El referido procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento.

• Según el cronograma del procedimiento de selección, el 16 de julio de 2026 se

presentaron las ofertas y el 13 de agosto del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro en favor del postor CONSORCIO VIAL DEL SUR, integrado por las empresas INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y GRUPO PAVE CONTRATISTAS & CONSULTORES E.I.R.L.; cuyo consentimiento fue registrado en el SEACE el 21 de agosto de 2026.

• El 22 de septiembre de 2026 se publicó en el SEACE el Acta de pérdida automática

de la buena pro y otorgamiento de a buena pro al postor que ocupó el siguiente lugar en el orden de prelación de la misma fecha, mediante la cual se declaró retirar la buena pro al postor CONSORCIO VIAL DEL SUR por no haber subsanado la totalidad de observaciones a la documentación para el perfeccionamiento del contrato y disponer el inicio del procedimiento sancionador contra el referido postor. Asimismo, se dispuso otorgar la buena pro al postor PRECYSSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación

• Con escrito N° 1, subsanado con escrito N° 2, presentados el 29 de septiembre de

2026 y 1 de octubre del mismo año, respectivamente, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el postor CONSORCIO VIAL DEL SUR, integrado por las empresas INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y GRUPO PAVE CONTRATISTAS & CONSULTORES E.I.R.L., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la pérdida de la buena pro dispuesta por la Entidad, solicitando que se deje sin efecto dicho acto y se prosiga con la suscripción del contrato; conforme a lo siguiente:

• Cuestiona la decisión de la Entidad de declarar la pérdida de la buena pro,

porque presuntamente la carta fianza emitida por la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS S.A., presentada para la firma del contrato, no se encuentra registrada en la base de datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) ni cuenta con una clasificación de riesgo vigente emitida por clasificadoras autorizadas por la SBS.

• Precisa que su representada cumple con presentar la documentación

requerida para el perfeccionamiento del contrato.

• Asimismo, respecto a la garantía observada, aclara que la empresa

NACIONAL DE SEGUROS S.A. ha sido debidamente autorizada por la SBS y está habilitada para emitir garantías en el marco de las compras públicas, conforme lo acredita con la Resolución SBS N° 01317-2026.

• Refiere que dicha información le fue comunicada a la Entidad con una carta

emitida por la propia empresa NACIONAL DE SEGUROS S.A.

• Agrega que, con ocasión de la interposición de este recurso de apelación,

ha solicitado a la SBS que confirme que la empresa NACIONAL DE SEGUROS S.A. ha sido debidamente autorizada por la SBS y, por tanto, se encuentra plenamente validada para la emisión de garantías en el marco de las compras públicas, respuesta que remitirá en cuanto sea atendida.

• Concluye que el hecho de que la Entidad no haya encontrado en su

búsqueda a la empresa NACIONAL DE SEGUROS S.A., no enerva que dicha empresa se encuentra debidamente autorizada por la SBS y, por tanto, se encuentra plenamente validada para la emisión de garantías en el marco de las compras públicas.

• A través del Decreto del 2 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto ante este Tribunal por el Consorcio Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos del Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles absuelvan el mismo. En ese sentido, se remitió el expediente a la Tercera Sala para que evalúe la información y se programó audiencia pública para el 12 de octubre de 2026.

• Con Informe N°8112026-OGAJ-GM/MPT registrado en el SEACE el 9 de octubre de

2026, la Entidad absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando lo siguiente:

• Precisa que, el 21 de agosto de 2026, se registró en el SEACE el

consentimiento de la buena pro en favor del Consorcio Impugnante; por lo cual, dicho postor contaba con plazo de 8 días hábiles para presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

• Agrega que con Carta N° 001-2026-CVS/TACNA del 2 de septiembre de

2026 el Consorcio Impugnante presentó los documentos para la suscripción del contrato, pero dicha documentación fue materia de observación por parte de la Entidad, por lo que, mediante Carta N°351- 2026-OAB-OGAYF/MPT notificada al Consorcio Impugnante el 7 de septiembre de 2026, la Entidad comunicó las observaciones advertidas y le otorgó el plazo de cuatro días hábiles para subsanar las mismas.

• En atención a ello, el 11 de septiembre de 2026, el Consorcio Impugnante

remitió la Carta N° 003-2026-CVS/TACNA y la Carta N° 004-2026- CVS/TACNA con las cuales presentó parte de los documentos observados y solicitó plazo adicional para la presentación de la garantía de fiel cumplimiento, respectivamente.

• Indica que mediante Carta N° 358-2026-OAB-OGAYF/MPT notificada al

Consorcio Impugnante el 15 de septiembre de 2026, la Entidad otorgó el plazo excepcional de cuatro días hábiles para presentar la garantía de fiel cumplimiento.

• A través de la Carta N°005-2026-CVS/TCNA del 16 de septiembre de 2026

el Consorcio Impugnante presentó el original de la Carta Fianza; sin embargo, la Entidad verificó que la empresa NACIONAL DE SEGUROS S.A. (emisora de la Carta fianza) no cumple con las condiciones establecidas en las bases integradas, toda vez que, al realizar la consulta en el portal institucional de la SBS a la fecha de evaluación, se advirtió que dicha empresa no figura en el listado de empresas con la clasificación e riesgo mínima exigida, lo cual quedaría evidenciado en las capturas del mencionado portal de la SBS en la fecha de la evaluación.

• Precisa que la autorización operativa presentada por el Consorcio

Impugnante no acredita la idoneidad en el marco de contrataciones públicas, para lo cual se debe cumplir con lo requerido en las bases. Por lo tanto, la regularización extemporánea de la empresa emisora de la carta fianza (su inclusión en la clasificación correspondiente a septiembre de 2026) vulneraría el principio de igualdad de trato.

• Con escrito N°3 presentado el 9 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Impugnante acreditó a su representante para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• A través del Decreto del 9 de octubre de 2026, considerando que, mediante

artículo 1 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE-PRE

de fecha 5 de octubre de 2026, publicada en el Diario Oficial El Peruano en la misma fecha, se formalizó el Acuerdo Nº 001-0142026/OECE-CD del Consejo Directivo que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal, se dispuso remitir el expediente a la Quinta Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 16 de octubre de 2026.

• Mediante escrito N°4 presentado el 9 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Impugnante acreditó a su representante para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• El 16 de octubre de 2026 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación

del Consorcio Impugnante y la inasistencia de la Entidad.

• A través del Decreto del 16 de octubre de 2026, a fin que la Quinta Sala del Tribunal

tenga mayores elementos al momento de emitir pronunciamiento respecto al recurso de apelación, se requirió a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones la siguiente información adicional: “(…) En el marco de un procedimiento de selección, el postor ganador de la buena pro debía presentar ante la Entidad, para el perfeccionamiento del contrato, una garantía financiera - carta fianza, bajo las siguientes condiciones: ✓ Estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. ✓ Las empresas que emitan garantías financieras deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contar con clasificación de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. ✓ La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo). ✓ Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. Para fines de lo establecido en el artículo 61 de la Ley, se requiere la clasificación de riesgo B o superior. ✓ Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en la Ley ✓ Además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de- empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). Teniendo en cuenta ello, sírvase informar si la Carta Fianza N°49013940017200, emitida por la empresa NACIONAL DE SEGUROS cumple con las condiciones antes descritas; para tal efecto deberá precisar lo siguiente:

• Informar si, al 16 de septiembre de 2026 (fecha de presentación de la carta

fianza, cuya copia se adjunta, ante la Entidad), la empresa NACIONAL DE SEGUROS, emisora de la Carta Fianza N°49013940017200, se encontraba bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y contaba con clasificación de riesgo B o superior, y estaba autorizada para emitir garantías o estaba considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

• Informar si, al 16 de septiembre de 2026 (fecha de presentación de la carta

fianza, cuya copia se adjunta, ante la Entidad), la clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía (NACIONAL DE SEGUROS, emisora de la Carta Fianza N°49013940017200) se encontraba listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- financiero/clasificadoras-de-riesgo).

• Informar si, al 16 de septiembre de 2026 (fecha de presentación de la carta

fianza, cuya copia se adjunta, ante la Entidad) la empresa emisora (NACIONAL DE SEGUROS, emisora de la Carta Fianza N°49013940017200) se encontraba autorizada por la SBS para emitir garantías, y ello pudo corroborarse en la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se- encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza), en la fecha indicada.

• En caso que, al 16 de septiembre de 2026, la empresa NACIONAL DE

SEGUROS, emisora de la Carta Fianza N°49013940017200 no se haya encontrado autorizada por la SBS para emitir garantías y/o ello no haya sido debidamente registrado en la sede digital de dicha su entidad; sírvase precisar la fecha exacta de su inclusión”.

• A través del Decreto del 26 de octubre de 2026 se declaró el expediente listo para

resolver.

• Con Oficio N°68192-2026-SBS presentado el 29 de octubre de 2026 en la Mesa de

Partes del Tribunal, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones remitió la información solicitada, manifestando, fundamentalmente, lo siguiente:

• Precisa que, la Superintendencia no cuenta con información

individualizada sobre las fianzas emitidas por las empresas de seguros. En consecuencia, no resulta posible brindar información respecto de una fianza en específico como la indicada en el requerimiento, por lo que dicho aspecto debería ser consultado directamente con la compañía de seguros correspondiente.

• De manera textual señala lo siguiente:

“(…) mediante Resolución SBS N° 1317-2026, de fecha 05.05.2026, esta Superintendencia autorizó a Nacional de Seguros S.A. a operar como empresa de seguros de riesgos generales, autorización que no ha sido suspendida ni revocada desde su otorgamiento. Dicha autorización faculta a la compañía a emitir fianzas destinadas a garantizar obligaciones distintas de las obligaciones crediticias. (…) Por otro lado, se informa que Nacional de Seguros S.A. cuenta con autorización de funcionamiento desde el 05.05.2026 e inició operaciones el 03.08.2026. Asimismo, figura registrada como “Nacional de Seguros” en el Directorio del Sistema de Seguros disponible en el portal institucional de esta Superintendencia, a través del siguiente enlace: https://www.sbs.gob.pe/supervisados-yregistros/ empresassupervisadas/directorio-del-sistema-de- seguros/empresas-de-seguros.”

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la descalificación de su oferta y, consecuentemente, la declaratoria de desierto del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso.

• VERIFICACIÓN DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, así como aquellas que se generen en los procedimientos orientados a implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento, siempre que hayan sido emitidos antes del perfeccionamiento del contrato. En ese sentido, no procede la interposición del recurso respecto de las contrataciones no sujetas a procedimiento competitivo ni contra aquellas actuaciones que establece el Reglamento.

• En relación con ello, debe tenerse presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa están sujetos a dos niveles de control: uno formal, referido a los requisitos de admisibilidad; y otro sustancial, vinculado a la verificación de su procedencia. En este último caso, el análisis está orientado a determinar si concurren los requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada mediante el recurso, habilitando así un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, corresponde remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto resulta jurídicamente procedente.

• La entidad contratante o el TCP carezca de competencia para resolver, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley. No aplica en estos casos lo establecido en el artículo 130 de la LPAG, o disposición que la sustituya, referido a la presentación de escritos ante entidades que no resultan competentes. El literal a) del artículo 308 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley1. Este señala que el recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) unidades impositivas tributarias, así como en los procedimientos 1 “Artículo 74. Órgano competente para resolver el recurso de apelación 74.1. El recurso de apelación es conocido y resuelto por las siguientes autoridades:

• El Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a

cincuenta UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio u otros emitidos por la autoridad de la gestión administrativa o el titular de la entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

• La autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante, en los demás casos. Esta autoridad verifica que, en

las actuaciones del recurso, al interior de la entidad contratante, no participen quienes hayan intervenido en el mismo proceso de contratación. 74.2. En el caso de las compras corporativas, compras por encargo y compras centralizadas, las atribuciones de la entidad contratante son ejercidas por la entidad que conduce el procedimiento de selección correspondiente”.

para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. En el presente caso, el recurso ha sido interpuesto en el marco de una Licitación Pública Abreviada de Obras, cuya cuantía de contratación asciende a S/ 3,107,836.17 (tres millones ciento siete mil ochocientos treinta y seis mil con 17/100 soles), monto que supera las 50 UIT2. En consecuencia, el Tribunal es el órgano competente para conocer y resolver el recurso interpuesto, no configurándose en este caso la causal de improcedencia referida a la competencia.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación; ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores; iii) las bases y/o su integración; iv) las actuaciones referidas al registro de participantes; v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo; vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos; y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Consorcio Impugnante cuestiona la perdida de la buena pro dispuesta por la Entidad, solicitando que se deje sin efecto y se prosiga con la suscripción del contrato; por lo tanto, las actuaciones cuestionadas no configuran como actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado la buena pro a través de la Pladicop. En el caso los casos de licitación pública abreviada, concurso público abreviado, 2 La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2026 es de S/ 5,500. Este valor fue establecido mediante el Decreto Supremo N° 301-2025-EF. Por lo tanto, 50 UIT equivale a S/275,000.00.

selección de expertos y comparación de precios, la apelación se presenta dentro de los cinco días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el presente caso, considerando que se trata de un Licitación Pública Abreviada de Obras en la cual se ha declarado la pérdida de la buena pro, corresponde aplicar el plazo de ocho (8) días hábiles. En ese sentido, de la revisión del SEACE de la Pladicop se aprecia que la pérdida de la buena pro fue publicada el 22 de septiembre de 2026. Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 304 del Reglamento, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, esto es, hasta el 2 de octubre de 2026. Al respecto, del expediente se verifica que el recurso de apelación fue interpuesto mediante escrito N° 1 el 29 de septiembre de 2026 y subsanado el 1 de octubre del mismo año; por lo tanto, fue presentado dentro del plazo establecido por la normativa vigente.

• El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que este aparece suscrito por el señor Jimy Williams Patiña Vega, representante común del Consorcio Impugnante.

• El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren inmerso en alguna causal de impedimento para participar en el presente procedimiento de selección o para contratar con el Estado.

• El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento que permita concluir que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren legalmente incapacitados para ejercer actos civiles

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. En el presente caso, la oferta del Consorcio Impugnante es el ganador de la buena pro; sin embargo, la misma le fue revocada. Por lo tanto, el Consorcio Impugnante no incumple la presente causal de procedencia.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

En el caso concreto, si bien la oferta del Consorcio Impugnante fue el ganador de la buena pro, esta le fue revocada.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y su petitorio.

Como se aprecia de lo reseñado, el Consorcio Impugnante cuestiona el Acta de pérdida de la buena pro, solicitando que se revoque la misma y se disponga la suscripción del contrato. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se advierte que estos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, en virtud de la cual, frente a un acto administrativo que viole, desconozca o lesione un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente, que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación.

En ese contexto, de determinarse que la decisión adoptada por la Entidad contratante resultó irregular, ello generaría un agravio al interés legítimo del Consorcio Impugnante en su calidad de postor, al haberse afectado su derecho a competir de obtener la buena pro. En particular, si la el Acta de pérdida de buena pro se emitió en contravención de la Ley, el Reglamento o las bases del procedimiento, se configura un supuesto en el cual el Consorcio Impugnante cuenta con interés para obrar. Por lo tanto, el Consorcio Impugnante cuenta con legitimidad para cuestionar la perdida de la buena pro dispuesta por la Entidad, solicitando que se deje sin efecto y se prosiga con la suscripción del contrato.

• En consecuencia, atendiendo a las consideraciones desarrolladas, corresponde

continuar con la fijación de los puntos controvertidos planteados.

• PRETENSIONES:
• De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Consorcio Impugnante

solicitó al Tribunal, lo siguiente:

• Se revoque la pérdida de la buena pro dispuesta por la Entidad, y, como

consecuencia de ello, se prosiga con la suscripción del contrato.

• DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, resulta pertinente tener en cuenta lo dispuesto en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que: “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento” (el subrayado es agregado).

En ese sentido, serán materia de análisis los puntos controvertidos que se originen a partir de los argumentos contenidos en el recurso de apelación y en la absolución del traslado correspondiente, conforme a lo previsto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, el cual establece: “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación” (el subrayado es agregado). Por otro lado, conforme a lo previsto en el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento según el cual: “Al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso” (el subrayado es agregado). Asimismo, cabe indicar que de acuerdo con el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “todos los actos que emite el Tribunal en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

contratante y a los demás postores el 2 de octubre de 2026 a través de la Pladicop, razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían un plazo de tres (3) días para absolverlo, es decir, hasta el 7 de octubre de 2026.

• Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que, el 7 de

octubre de 2026, ningún postor se apersonó.

• En tal sentido, el punto controvertido a esclarecer es el siguiente:
• Determinar si corresponde revocar la pérdida de la buena pro dispuesta

por la Entidad; y, consecuentemente, disponer que se prosiga con la suscripción del contrato

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la pérdida de la buena pro dispuesta por la Entidad; y, consecuentemente, disponer que se prosiga con la suscripción del contrato.

• El Consorcio Impugnante cuestiona la decisión de la Entidad de declarar la pérdida

de la buena pro otorgada a su representada; por lo tanto, en principio, corresponde remitirnos al Acta de pérdida automática de la buena pro y otorgamiento de a buena pro al postor que ocupó el siguiente lugar en el orden de prelación del 22 de septiembre de 2026, cuyos extractos pertinentes se muestran a continuación:

• Nótese que, la Entidad declaró la pérdida de la buena pro otorgada al Consorcio

Impugnante por presuntamente no cumplir con subsanar la totalidad de las observaciones, debido a que la carta fianza emitida por la empresa NACIONAL DE SEGUROS S.A. presentada por el Consorcio Impugnante no cumpliría las condiciones establecidas en las bases; toda vez que, al realizar la consulta en la sede digital y base de datos oficial de la SBS se verificó que la mencionada empresa NACIONAL DE SEGUROS S.A. no se encuentra registrada ni cuenta con una clasificación de riesgo vigente emitida por clasificadoras autorizadas por la SBS.

• Al respecto, el Consorcio Impugnante sostiene que la empresa NACIONAL DE

SEGUROS S.A. ha sido debidamente autorizada por la SBS y está habilitada para emitir garantías en el marco de las compras públicas, conforme lo acredita con la Resolución SBS N° 01317-2026.

• A su turno, la Entidad sostiene que, al realizar la consulta en el portal institucional

de la SBS, la empresa NACIONAL DE SEGUROS S.A. (emisora de la Carta fianza) no figura en el listado de empresas con la clasificación de riesgo mínima exigida, lo cual quedaría evidenciado en las capturas del mencionado portal de la SBS en la fecha de la evaluación.

• En este extremo del análisis se debe traer a colación lo señalado en el artículo 90

del Reglamento, respecto a los plazos y procedimiento para perfeccionar el contrato, el cual se reproduce a continuación: “Artículo 90. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del contrato 90.1. El postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato dentro del plazo de ocho días hábiles contabilizados desde el día siguiente al registro del consentimiento de la buena pro en la Pladicop o de que ésta haya quedado administrativamente firme. 90.2. En caso no se requiera de la presentación de la garantía de fiel cumplimiento, el postor ganador presenta los requisitos para perfeccionar el contrato dentro del plazo de cinco días hábiles. 90.3. En un plazo no mayor a tres días hábiles contabilizados desde el día siguiente de la presentación de los requisitos por parte del postor ganador de la buena pro, se perfecciona el contrato, con su suscripción o con la recepción de la orden de compra o de servicio, según corresponda. En el mismo plazo, la DEC puede notificar la observación de los requisitos, otorgando un plazo máximo de cuatro días hábiles contabilizados desde el día siguiente de la notificación, para la subsanación. 90.4. En caso la garantía de fiel cumplimiento se encuentre en trámite, a solicitud expresa del postor ganador de la buena pro, la DEC puede otorgar un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles contabilizados desde el día siguiente al vencimiento del plazo indicado en el numeral anterior para su presentación. 90.5. En un plazo máximo de tres días hábiles contabilizados desde el día siguiente de haberse subsanado las observaciones o presentado la garantía se perfecciona el contrato. 90.6. Es responsabilidad de la DEC la revisión de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, estando facultada a solicitar el apoyo que requiera del área usuaria y/u otra dependencia, la que está obligada a brindarle la información que solicite” (el resaltado es agregado).

• Teniendo en cuenta dicho procedimiento, de la revisión de la información obrante

en el SEACE y la documentación presentada por las partes, se aprecia que el Consorcio Impugnante cumplió con presentar los documentos dentro de los plazos previstos para tal efecto; sin embargo, la Entidad efectúa observaciones a la carta fianza. A mayor detalle, se reproduce el siguiente cuadro de resumen: Actuación Fecha Documento de sustento Efecto Publicación del Otorgamiento de la Buena Pro 13 de agosto de

SEACE

Plazo de 5 días hábiles para el consentimiento de la buena pro (numeral 82.1 del art. 82 del Reglamento) Publicación del Consentimiento de la Buena Pro 21 de agosto de

SEACE

Plazo de 8 días hábiles para presentar la documentación para el perfeccionamiento del contrato (numeral 90.1 del art. 90 del Reglamento) Presentación de la documentación para perfeccionamiento del contrato 2 de septiembre de 2026 Carta N°001-

CVS/TACNA

- Notificación de Observaciones a la documentación 7 de septiembre de 2026 Carta N°351- 2026-OAB-

OGAYF/MPT

Otorga 4 días hábiles adicionales para presentar la subsanación. Presenta documentos para subsanar 11 de septiembre de 2026 Carta N°003-

CVS/TACNA

- Solicita plazo adicional para garantía 11 de septiembre de 2026 Carta N°004-

CVS/TACNA

90.4 del Art. 90 del Reglamento Notificación de plazo excepcional de 4 días 15 al 20 de septiembre de 2026 Carta N°358- 2026-OAB-

OGAYF/MPT

90.4 del Art. 90 del Reglamento Presentó carta fianza 16 de septiembre de 2026 Carta N°005-

CVS/TCNA

Observada debido a que la empresa NACIONAL

DE SEGUROS S.A.

(emisora de la Carta fianza) no cumpliría con las condiciones establecidas en las bases integradas Publicación de la Pérdida de la Buena Pro 22 de septiembre de 2026 Acta de pérdida de la buena pro y otorgamiento de a buena pro del 22 de septiembre de Declara la pérdida de la buena pro por no subsanación de observaciones.

• De ese modo, a fin de resolver la controversia planteada sobre la carta fianza,

corresponde remitirnos, en primer término, a las bases integradas del procedimiento de selección, toda vez que estas constituyen las reglas definitivas que rigen el procedimiento, vinculan tanto a la Entidad como a los participantes y postores y establecen el parámetro con base en el cual corresponde efectuar la evaluación y calificación de las ofertas.

• Sobre el particular, el numeral 2.3 Requisitos para perfeccionar el contrato del

debe presentar, entre otros, una garantía de fiel cumplimiento. Asimismo, en el numeral 4.4 – Consideraciones para las garantías financieras del Capítulo IV del contrato de la sección general del contrato, se especifica lo siguiente:

Nótese que, de acuerdo a las bases se exige ciertas condiciones para la emisión de las garantías financieras, a saber: 1) las empresas que emitan garantías financieras deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 2) contar con clasificación de riesgo B o superior, y 3) deben estar autorizadas para emitir garantías. Respecto a la clasificación de riesgo, se exige que: 1) la clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- financiero/clasificadoras-de-riesgo) y 2) se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. Para fines de lo establecido en el artículo 61 de la Ley, se requiere la clasificación de riesgo B o superior.

Asimismo, se precisa que, caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

• A fin de acreditar ello, el 16 de septiembre de 2026, el Consorcio Impugnante

presentó la Carta Fianza N°49013940017200 del 4 de septiembre de 2026 emitida por la empresa NACIONAL SEGUROS S.A., conforme se aprecia:

• Ahora bien, en el Acta de pérdida de la buena pro, la Entidad observa que al

realizar la consulta en la sede digital y base de datos oficial de la SBS verificó que la mencionada empresa NACIONAL DE SEGUROS S.A. no se encuentra registrada ni cuenta con una clasificación de riesgo vigente emitida por clasificadoras autorizadas por la SBS. Por lo tanto, al no figurar en el listado oficial de la SBS ni acreditar una clasificación de riesgo igual o superior a B, a la fecha e la emisión, no cumple con lo requerido en las bases. A fin de sustentar ello, en la mencionada Acta se adjuntan capturas de pantalla, que darían cuenta de la consulta digital efectuada por la Entidad en el portal de la SBS.

• Respecto a ello, este Colegiado ha advertido que las capturas de pantalla, que

darían cuenta de la búsqueda efectuada por la Entidad, consignan como periodo de búsqueda “2026-marzo”, cuando el periodo a verificar debía ser “2026 - septiembre”, pues la emisión de la carta fianza data del 4 de septiembre de 2026 y el plazo adicional otorgado de 4 días para presentar la garantía fue del 16 al 21 de septiembre de 2026. A mayor detalle se reproduce dicho extremo del Acta:

• Por lo tanto, el sustento de la Entidad (capturas de pantallas) para afirmar que, a

la fecha de la evaluación de la carta fianza y/o a la fecha de emisión de la misma, la empresa NACIONAL DE SEGUROS S.A. no se encontraba listada o registrada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras- de-riesgo) no se condice con el periodo que correspondía verificarse, pues, como hemos visto el periodo correspondiente es septiembre 2026.

• Teniendo en cuenta ello, mediante decreto del 16 de octubre de 2026 se requirió

a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones precisar, entre otros, lo siguiente:

• Informar si, al 16 de septiembre de 2026 (fecha de presentación de la carta

fianza, cuya copia se adjunta, ante la Entidad), la empresa NACIONAL DE SEGUROS, emisora de la Carta Fianza N°49013940017200, se encontraba bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y contaba con clasificación de riesgo B o superior, y estaba autorizada para emitir garantías o estaba considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

• Informar si, al 16 de septiembre de 2026 (fecha de presentación de la carta

fianza, cuya copia se adjunta, ante la Entidad), la clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía (NACIONAL DE SEGUROS, emisora de la Carta Fianza N°49013940017200) se encontraba listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- financiero/clasificadoras-de-riesgo).

• Informar si, al 16 de septiembre de 2026 (fecha de presentación de la carta

fianza, cuya copia se adjunta, ante la Entidad) la empresa emisora (NACIONAL DE SEGUROS, emisora de la Carta Fianza N°49013940017200) se encontraba autorizada por la SBS para emitir garantías, y ello pudo corroborarse en la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se- encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza), en la fecha indicada. En caso que, al 16 de septiembre de 2026, la empresa NACIONAL DE SEGUROS, emisora de la Carta Fianza N°49013940017200 no se haya encontrado autorizada por la SBS para emitir garantías y/o ello no haya sido debidamente registrado en la sede digital de dicha su entidad; sírvase precisar la fecha exacta de su inclusión”.

• Con Oficio N°68192-2026-SBS presentado el 29 de octubre de 2026 en la Mesa de

Partes del Tribunal, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones informó lo siguiente:

• Nótese que, de acuerdo a lo informado por la Superintendencia de Banca, Seguros

y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, se colige que: 1) la empresa NACIONAL DE SEGUROS S.A. que emitió la garantía financiera en cuestión se encuentra bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 2) se encuentra autorizada para emitir garantías desde el 5 de mayo de 2026, fecha desde la cual la autorización no ha sido suspendida ni revocada desde su otorgamiento.

Sobre la clasificación de riesgos B o más requerido en las bases, la SBS indica que esta puede pueden ser consultada en el portal institucional de dicha Superintendencia(https://www.sbs.gob.pe/app/iece/paginas/MostrarResumenCl asificaciones.aspx) y que, los informes de clasificación de riesgo suelen consignar la fecha de la clasificación y el período de corte de la información evaluada.

• Dicho ello, se procedió a verificar la clasificación de riesgo de la emisora de la carta

fianza cuestionada, advirtiendo lo siguiente:

• Conforme se aprecia, para el periodo de septiembre de 2026, la empresa

NACIONAL DE SEGUROS figura con una clasificación de riesgo de B.

• En ese contexto, aun cuando la Entidad sostiene que la carga de la prueba le

corresponda al Consorcio Impugnante, lo cierto es que, de la información y capturas de pantalla, obrante en el Acta de pérdida de la buena pro, no es posible determinar con certeza que, a la fecha de verificación de la Entidad, la empresa NACIONAL DE SEGUROS no se encontraba listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo) y que no era posible identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía; más aún cuando, las propias bases facultan a la Entidad a que, en caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva, aspecto que tampoco acredita haber efectuado.

• Por el contrario, la propia SBS informa que la empresa Nacional de Seguros S.A.

(emisora de la carta fianza cuestionada) cuenta con autorización de funcionamiento desde el 5 de mayo de 2026 e inició operaciones el 3 de agosto de 2026. Asimismo, que figura registrada como “Nacional de Seguros” en el Directorio del Sistema de Seguros disponible en el portal institucional de dicha Superintendencia, a través del siguiente enlace: https://www.sbs.gob.pe/supervisados-yregistros/ empresassupervisadas/directorio-del-sistema-de-seguros/empresas-de-seguros, de cuya verificación la Sala aprecia que figura con una clasificación de riesgo de B.

• Por lo expuesto, este Tribunal considera que la decisión de la Entidad contratante

de declarar la pérdida automática de la buena pro no se encuentra conforme a derecho, pues no se advierte que la falta de perfeccionamiento del contrato sea atribuida al Consorcio Impugnante; por consiguiente, corresponde revocar la pérdida automática de la buena pro y disponer que la Entidad contratante prosiga con el trámite de suscripción del contrato derivado del procedimiento de selección con el Impugnante.

• Asimismo, como consecuencia de lo anterior, corresponde dejar sin efecto la

buena pro otorgada al postor PRECYSSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., quien ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, la cual fue registrada en el SEACE el 22 de septiembre de 2026. En consecuencia, corresponde revocar la decisión de la Entidad de declarar la pérdida de la buena pro al Consorcio Impugnante y disponer que la Entidad continué con el procedimiento previsto para la suscripción del contrato.

• Conforme a los argumentos expuestos, el recurso de apelación presentado por el

Impugnante debe ser declarado fundado.

• Cabe precisar que, todos los aspectos que no han sido objeto de cuestionamiento

en el presente procedimiento se presumen válidos, en virtud del principio de presunción de validez previsto en el artículo 9 del TUO de la LPAG.

• En atención a los argumentos expuestos, y considerando que el recurso de

apelación ha sido declarado fundado, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante para la interposición del presente recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Finalmente, corresponde que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en

el SEACE, al día siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registros de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE3. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Sonia Tatiana Angulo Reátegui y la intervención de los Vocales Juan Carlos Cortez Tataje y Danny William Ramos Cabezudo, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 3 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registra en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

LA SALA RESUELVE:

• Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor CONSORCIO

VIAL DEL SUR, integrado por las empresas INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y GRUPO PAVE CONTRATISTAS & CONSULTORES E.I.R.L. en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras Nº 023-2025-CTE/MPT-3, para la “Ejecución de la obra: creación del servicio de movilidad urbana en vías locales en la Urbanización Levano, Urbanización Carrasco y Lotización Armando Carrasco del Dist. de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna”, convocado por la Municipalidad Provincial de Tacna. 1.1 Revocar la decisión de la Entidad contratante de declararla pérdida de la buena pro otorgada al postor CONSORCIO VIAL DEL SUR, integrado por las empresas INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y GRUPO PAVE CONTRATISTAS & CONSULTORES E.I.R.L.; como consecuencia de lo anterior, corresponde dejar sin efecto la buena pro otorgada al postor PRECYSSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., quien ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, la cual fue registrada en el SEACE el 22 de septiembre de 2026. 1.2 Disponer que la Entidad contratante prosiga con el trámite de suscripción del contrato derivado del procedimiento de selección con el postor CONSORCIO VIAL DEL SUR, integrado por las empresas INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y GRUPO PAVE CONTRATISTAS &

CONSULTORES E.I.R.L.

• Devolver la garantía presentada por el postor CONSORCIO VIAL DEL SUR,

integrado por las empresas INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y GRUPO PAVE CONTRATISTAS & CONSULTORES E.I.R.L., para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui.