Documento regulatorio

Resolución N.° 9543-2026-TCP-S3

Solicitud de retroactividad benigna presentada por la empresa Goals S.A., en contra de la Resolución N.º 1782-2024-TCE-S3 del 13 de mayo de 2024, emitida por la Tercera Sala del Tribunal de Contrat...

Tipo
No clasificado
Fecha
02/11/2026
Fuente
gob.pe/oece/normas-legales

Vista previa del PDF

Puedes leer el documento directamente en la página.

Si tu navegador bloquea el visor, usa este enlace directo al PDF.

Extracto del texto

Extracto del contenido extraído del PDF para facilitar lectura e indexación.

Sumilla: “(…) al resultar esta última disposición más favorable al Recurrente, corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna y, en consecuencia, declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción por la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido”. Lima, 2 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 2 de noviembre de 2026, de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N.º 3079-2022.TCE, sobre la solicitud de retroactividad benigna presentada por la empresa Goals S.A., en contra de la Resolución N.º 1782-2024-TCE-S3 del 13 de mayo de 2024, emitida por la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora, Tribunal de Contrataciones Públicas); y atendiendo a lo siguiente: ANTECEDENTES: Mediante Resolución N.º 1782-2024-TCE-S3 del 13 de mayo de 2024, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado [ahora Tribunal de Contrataciones Públicas], en adelante el Tribunal, sancionó a la empresa Goals S.A., con inhabilitación definitiva1, en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos p…
Ver texto completo extraído

Sumilla: “(…) al resultar esta última disposición más favorable al Recurrente, corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna y, en consecuencia, declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción por la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido”. Lima, 2 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 2 de noviembre de 2026, de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N.º 3079-2022.TCE, sobre la solicitud de retroactividad benigna presentada por la empresa Goals S.A., en contra de la Resolución N.º 1782-2024-TCE-S3 del 13 de mayo de 2024, emitida por la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora, Tribunal de Contrataciones Públicas); y atendiendo a lo siguiente:

  • ANTECEDENTES:
  • Mediante Resolución N.º 1782-2024-TCE-S3 del 13 de mayo de 2024, la Tercera

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado [ahora Tribunal de Contrataciones Públicas], en adelante el Tribunal, sancionó a la empresa Goals S.A., con inhabilitación definitiva1, en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber contratado pese a estar impedido para ello conforme a Ley, y haber presentado información inexacta en el marco de la Orden de Compra N.º 183-2019-C del 29 de mayo de 2019, en adelante la Orden de Compra, emitida por el Ministerio de Energía y Minas; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el TUO de la Ley N.º 30225, en concordancia con su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 350-2015- EF, en adelante el Reglamento. Por medio del Escrito s/n, presentado el 20 de mayo de 2024 ante la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, la empresa Goals S.A., interpusó recurso de reconsideración contra la Resolución N.º 1782-2024-TCE-S3 del 13 del mismo mes 1Voto discordante del Vocal Herrera Guerra respecto de la configuración de la infracción consistente en presentar información inexacta.

y año, el cual fue declarado infundado, por mayoría2, a través de la Resolución N.º 2169-2024-TCE-S3 del 11 de junio del mismo año. La sanción impuesta entró en vigor a partir del sexto día hábil de notificada la resolución, esto es, a partir del 12 de junio de 2024, conforme se aprecia en la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP).

  • Mediante Carta CA-24-2026, presentado el 25 de setiembre de 2026 en la Mesa

de Partes [Digital] del Tribunal, la empresa Goals S.A., en adelante el Recurrente, solicitó la aplicación del principio de retroactividad benigna, exponiendo los siguientes argumentos:

  • Solicita la revocación, con efectos a futuro, de la sanción de inhabilitación

definitiva impuesta mediante la Resolución N.º 1782-2024-TCE-S3, del 13 de mayo de 2024, confirmada por la Resolución N.º 2169-2024-TCE-S3, del 11 de junio del mismo año; para lo cual, invoca la causal prevista en el numeral 203.1.3 del artículo 203 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, aprobado por el Decreto Supremo N.º 006-2026-JUS, y la aplicación del principio de retroactividad benigna.

  • Añade que su pedido no debe confundirse con uno de nulidad, pues solo

busca que la sanción quede sin efecto a futuro.

  • Indica que la sanción se le impuso por incumplir el impedimento por razón de

parentesco previsto en los literales h) y k), concordados con el literal b), del

artículo 11 del TUO de la Ley N.º 30225, aplicable a los parientes de los

ministros de Estado, y por presentar información inexacta a la Entidad.

  • Refiere que el 10 de mayo de 2019 su representante legal, presentó al

Ministerio de Energía y Minas su cotización y propuesta técnico-económica para el “Servicio de Acondicionamiento y Ordenamiento de los Gabinetes de Comunicaciones y Conectividad de Datos y Eléctrica del Centro de Datos del Ministerio de Energía y Minas”, y con fecha 29 de mayo de 2019, se emitió la Orden de Compra a su favor. En ese momento, el señor Miguel Luis Estrada Mendoza, cuñado de su representante, había asumido el cargo de ministro de Vivienda, Construcción 2Voto singular del Vocal Herrera Guerra respecto de la configuración de la infracción consistente en presentar información inexacta..

y Saneamiento, que es un sector distinto al de la entidad contratante [Ministerio de Energía y Minas].

  • Sostiene que la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas,

vigente desde el 22 de abril de 2025, constituye un elemento de juicio sobreviniente que la favorece por dos razones: (i) la norma precisa que el impedimento por parentesco con ministros y viceministros no se configura cuando la contratación se realiza en un sector distinto a su ámbito de competencia sectorial y (ii) la norma establece que no corresponde imponer inhabilitación definitiva cuando la infracción se produjo en un contrato menor.

  • Señala que el tipo 2.A del numeral 2 del párrafo 30.1 del artículo 30 de la Ley

N.º 32069 regula los impedimentos por razón de parentesco; según el cual, el impedimento referido a los parientes de los ministros y viceministros se extiende solo al ámbito de competencia sectorial del ministerio involucrado, que para el presente caso corresponde al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dicha situación no se encuentra contemplada como supuesto de infracción bajo el nuevo marco normativo, por lo cual corresponde se deje sin efecto la sanción impuesta en su contra al amparo del principio de retroactividad benigna.

  • Agrega que el numeral 34.1 del artículo 34 de la Ley N.º 32069 define como

contratos menores aquellos cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT vigentes al momento de la contratación; y añade que el numeral 91.2 del

artículo 91 dispone que, para aplicar la inhabilitación definitiva, no se

consideran las sanciones impuestas por contratos menores.

  • Precisa que la Orden de Compra se encuentra comprendida en contrataciones

que no superaba las ocho (8) UIT; por lo cual, a la fecha, no corresponde la aplicación de la sanción de inhabilitación definitiva.

  • Afirma que la revocación no genera perjuicio a terceros, pues la sanción solo

la afecta a ella; y sostiene que, por el contrario, la revocación beneficia al Estado y al mercado de las contrataciones públicas.

  • Con Decreto del 28 de setiembre de 2026 se tuvo por presentado la Carta CA-24-

2026 por parte del Recurrente, y se dispuso remitir el expediente administrativo a la Tercera Sala del Tribunal.

  • A través de la Carta CA-30-2026 presentado el 30 de setiembre de 2026 en la Mesa

de Partes [Digital] del Tribunal, el Recurrente solicitó la aplicación del silencio administratrivo positivo.

  • Mediante Decreto del 30 de octubre de 2026, se tuvo por presentada la Carta CA-

30-2026.

II. FUNDAMENTACIÓN:

  • Es materia del presente análisis la solicitud de aplicación del principio de

retroactividad benigna respecto de la sanción de inhabilitación definitiva impuesta a GOALS S.A. mediante la Resolución N.º 1782-2024-TCE-S3, del 13 de mayo de 2024, confirmada por la Resolución N.º 2169-2024-TCE-S3, del 11 de junio del mismo año, por su responsabilidad en la comisión de las infracciones consistentes en contratar con el Estado estando impedido para ello y presentar información inexacta ante la Entidad, tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del

artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225.

  • Sobre el particular, cabe señalar que el Tribunal de Contrataciones Públicas, en el

ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas, actúa con autonomía respecto de los demás órganos del OECE. En ese marco, corresponde a este Colegiado atender y tramitar los documentos que son presentados directamente ante su Mesa de Partes, conforme a las disposiciones de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; por consiguiente, el cómputo de los plazos previstos en dicha ley se inicia en la fecha en que la solicitud es recibida por la Mesa de Partes del Tribunal.

  • Como marco referencial, el Tribunal Constitucional, a través de reiterada

jurisprudencia [véase Expedientes N.º 2389-2007-PHC/TC, N.º 2744-2010-PHC/TC, entre otros] ha señalado lo siguiente: “…el Principio de retroactividad benigna implica, por tanto, la aplicación de una norma jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo, con la condición de que dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo. Ello se sustenta en razones político-criminales, en la medida que el Estado pierde interés (o el interés sea menor) en sancionar un comportamiento que ya no constituye delito (o cuya pena ha sido disminuida).

Pero primordialmente se justifica en virtud del principio de humanidad de las penas, el mismo que se fundamenta en el principio-derecho de dignidad de la persona humana (artículo 1 de la Constitución)”. Con base en dicha disposición constitucional, y considerando que tanto el Derecho Penal como el Derecho Administrativo Sancionador son manifestaciones del poder punitivo del Estado, resulta que el principio de retroactividad benigna también sería aplicable a la norma administrativa sancionadora, al formar parte del conjunto normativo del Derecho Sancionador. En esa línea, la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Casación N.º 3988-2011-Lima, ha reconocido, con carácter de precedente vinculante, la aplicabilidad de la retroactividad benigna en materia administrativa sancionadora, señalando lo siguiente: “…la aplicación de la retroactividad benigna en materia administrativa presupone la existencia de dos juicios disímiles por parte del legislador sobre un mismo supuesto de hecho conductual (un cambio de valoración sobre la conducta infractora): Uno anterior, más severo, y otro posterior, más tolerante.”

  • Al respecto, el numeral 5 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley

N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N.º 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, ha contemplado el principio de irretroactividad, según el cual “son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición”. (El resaltado y subrayado es agregado). Atendiendo a lo señalado, se aprecia que el principio de retroactividad benigna también resulta aplicable al derecho administrativo sancionador.

  • En ese contexto, dicho principio determina que, en los procedimientos

administrativos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción y, como excepción, se admite la posibilidad de aplicar una norma nueva que haya entrado en vigor con posterioridad a dicho hecho, siempre que ésta resulte más beneficiosa para el administrado.

Cabe traer a colación lo señalado por Guzmán Napuri (2011), quien sostiene que “…la aplicación retroactiva de la norma administrativa sancionadora es posible solamente cuando se trata de sanciones ya generadas, pero todavía no ejecutadas. A la inversa, si una pena ya ha sido ejecutada durante el periodo de vigencia de la norma administrativa sancionadora inicial y posteriormente otra norma establece una pena menor, ésta no es posible de ser aplicada para el caso ya agotado.”3 A mayor abundamiento, Baca Oneto (2017) señala que “(…) en caso ya hubiera sido ejecutada, no tiene sentido pretender que la nueva norma (o criterio administrativo o jurisprudencial) se apliquen retroactivamente. En este caso, la situación o relación jurídica existente entre el administrado infractor y la Administración ya se ha agotado.”4 Consecuentemente, si la nueva norma no reporta ningún beneficio a la situación del administrado, carece de objeto que se la aplique retroactivamente, dado que no es más favorable, pues, aunque, en abstracto, establezca disposiciones sancionadoras que puedan parecer en términos generales como más benignas, lo que se requiere para la aplicación retroactiva de la nueva norma, es que le reporte, de manera concreta, una consecuencia más ventajosa.

  • Ahora bien, el numeral 5 del artículo 230 del TUO de la LPAG ha precisado en qué

aspectos una nueva norma puede aplicarse retroactivamente por favorecer al presunto infractor o al infractor; así, el referido principio de irretroactividad establece que las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo tanto en lo referido a: i) la tipificación de la infracción y la sanción, ii) los plazos de prescripción, y iii) respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. Por lo tanto, corresponde a este Colegiado analizar si, en el presente caso, existe una nueva normativa de contratación pública vigente que resulte más beneficiosa a la situación actual de los administrados, respecto a la sanción de inhabilitación temporal y definitiva que les fue impuesta por el Tribunal, a través de la Resolución N.º 1782-2024-TCE-S3 del 13 de mayo de 2024 [confirmada por la Resolución N.º 2169-2024-TCE-S3 del 11 de junio del mismo año], 3 GUZMÁN NAPURI, Christian. Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo. Ediciones Caballero Bustamante. Lima: 2011. Pág. 817. 4 BACA ONETO, Víctor Sebastián. La Retroactividad Favorable en Derecho Administrativo Sancionador, en https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/09/2.-VICTOR-BACA-FIDA-2015-La-retroactividad-favorable-en- Derecho-administrativo-sancionador.pdf

  • En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de emisión del

presente pronunciamiento, se encuentra vigente la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley N.º 32069, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento vigente.

  • Ahora bien, el Recurrente solicita que, en aplicación del principio de retroactividad

benigna, el Tribunal deje sin efecto la sanción de inhabilitación definitiva impuesta en su contra, para lo cual, principalmente, señala lo siguiente:

  • Señala que el artículo 11 de la Ley [vigente al momento de la comisión de

los hechos] establecía como impedimento para contratar con todos los organismos estatales a los parientes de los congresistas hasta el segundo grado de consanguinidad, sin embargo, el artículo 30 de la Ley General, vigente desde el 22 de abril de 2025, establece que la referida restricción no es de aplicación nacional, sino que se limita a su esfera de competencia directa (Poder Legislativo).

  • Por lo cual, sostiene que habiendo sido sancionado bajo una norma que ya

no se ajusta al criterio legal actual, se cumple la condición de que el impacto del cambio normativo favorece al imputado; y ello porque ha operado una “destipificación” de la conducta imputada, por lo que, bajo el principio de retroactividad benigna, carece de sustento jurídico mantener una inhabilitación definitiva que lo priva de su derecho constitucional al trabajo y a contratar con el Estado.

  • Precisa que, (i) a la fecha la conducta sancionada no configura infracción

administrativa, (ii) la imputación de inexactitud carece de sustento, (iii) las sanciones impuestas no son válidas, (iv) la sanción de inhabilitación definitiva carece de causa jurídica y (v) corresponde que el Tribunal actúe con celeridad y predictibilidad en defensa del proveedor.

  • Atendiendo lo expuesto precedentemente, el Recurrente señala que la nueva

normativa [Ley N.º 32069] ha reducido el alcance del impedimento por razón de parentesco de los ministros de Estado, siendo que a la fecha solo se aplica al ámbito de competencia institucional; por lo cual, dicha modificatoria le sería más favorable, toda vez que su contratación se efectuó con el Ministerio de Energía y Minas, esto es, una entidad distinta al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Por lo tanto, es preciso verificar si la aplicación de la normativa vigente en el presente caso resulta más beneficiosa al administrado, en aplicación del principio de retroactividad benigna.

  • En ese orden de ideas, es de mencionar que la infracción correspondiente a

contratar con el Estado estando impedido para ello, tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, ésta ahora ha sido tipificada en el literal i) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N.º 32069, de la siguiente manera: “(…)

  • Contratar con el Estado estando impedido conforme a ley, con independencia del

régimen legal de contratación aplicable, conforme al artículo 30 de la presente ley. [El resaltado es agregado] Cabe anotar que, respecto al tipo infractor relativo a contratar con el Estado estando impedido para ello, la Ley N.º 32069 ha previsto en su artículo 30 los impedimentos que se deberá tener en cuenta para ser participante, postor, contratista o subcontratista; siendo que, respecto al caso en concreto, se deberá tener en cuenta lo siguiente: Respecto al impedimento en el que se enmarcaría el Recurrente: Ley [Ley N.º 30225] Ley N.º 32069

Artículo 11, numeral 11.1, literales a) y f).

“Artículo 11. Impedimentos: 11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5, las siguientes personas: (…)

  • Los Ministros y Viceministros de Estado en

todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta (12) meses después y solo en el ámbito de su sector. (…)

Artículo 30, numeral 30.1 de la Ley N.º 32069.

“Artículo 30. Impedimentos para contratar: 30.1 Con independencia del régimen legal de contratación aplicable, los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista con la entidad contratante son los siguientes: (…)

  • Impedimentos de carácter personal: aplicables a

autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala esta ley. Se subidivide en siete tipos: (…) Impedimentos de carácter personal Alcance del impedimento Tipo 1.A:

  • El cónyuge, conviviente o los parientes hasta

el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios:

  • Cuando la relación existe con las personas

comprendidas en los literales a) y b), el impedimento se configura respecto del mismo ámbito y por igual tiempo que los establecidos para cada una de estas; (…). (…)

  • En el ámbito y tiempo establecidos para las

personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicos cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales sean las referidas personas. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las citadas personas.” “(…) Ministro de Estado (…)” “Durante el ejercicio del cargo y dentro de los seis meses siguientes a la culminación de este, en todo proceso de contratación a nivel nacional. (…)”

  • Impedimentos en razón del parentesco: aplicables a

los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad (…). El impedimento no aplica si el pariente hubiese suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo o hubiese ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de bienes y obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor. Para el caso de servicios, los dos años de experiencia son consecutivos. De otro modo, estos impedimentos se aplican conforme a las siguientes precisiones: Impedimentos en razón del parantesco Alcance del impedimento Tipo 2.A: Parientes de los impedidos de los tipos 1.A, 1.B y 1.C del numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30. (…)” Durante el ejercicio del cargo de los impedidos de los tipos 1.A, 1.B y 1.C, y dentro de los seis meses siguientes a la culminación del ejercicio del cargo respectivo. En el caso de los parientes del presidente de la República y vicepresidentes de la República, el impedimento aplica para todo proceso de contratación a nivel nacional. En los demás casos de los impedidos del tipo 1.A, 1.B y 1.C, según corresponda, en todo proceso de contratación en el ámbito de competencia institucional (Congreso de la República y organismos constitucionalmente autónomos), sectorial (ministros y viceministros), (...). (…)”

  • Impedimentos para personas jurídicas o por

representación. El alcance del impedimento para contratar con el Estado obedece a las siguientes precisiones Impedimentos para personas jurídicas o por representación. Alcance del impedimento Tipo 2.C: Personas jurídicas, salvo las empresas del Estado, donde los impedidos establecidos en los numerales 1 y 2 del párrafo 30.1 del artículo 30 se desempeñen como miembros de los órganos de administración, apoderados o representantes legales en asuntos vinculados a contrataciones públicas. En el caso de los apoderados, el poder debe estar referido a actuaciones o actos que como proveedor le corresponde en el marco de un proceso de contratación ante una entidad contratante (…)” El alcance y la temporalidad aplicables para los impedidos son los mismos de los numerales 1 y 2 del párrafo 30.1 del artículo 30, según el impedido que corresponda. El impedimento para la persona jurídica se produce al inicio del cargo de la persona impedida, sea con su designación o juramentación en el cargo, conforme lo determine la normativa de la materia. (…)”

  • Tal como se aprecia, el impedimento previsto en el literal k), en concordancia con

los literales b) y h) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley N.º 30225, que complementaba la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la misma ley, comprendía a las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales fueran parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los ministros de Estado, quienes se encontraban impedidos de contratar con el Estado en todo proceso de contratación pública mientras ejercieran el cargo y hasta doce (12) meses después de haberlo dejado. Sin embargo, la Ley N.º 32069 ha delimitado el alcance del impedimento por razón de parentesco, estableciendo que, tratándose de los parientes de los ministros de Estado, este se circunscribe al ámbito de competencia sectorial del ministerio correspondiente y resulta aplicable durante el ejercicio del cargo y hasta seis (6) meses después de su culminación. Asimismo, dicho régimen contempla el impedimento de las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales se encuentren comprendidos en los supuestos previstos en la referida disposición. En el caso concreto, se advierte que GOALS S.A. fue sancionada por haber contratado con el Ministerio de Energía y Minas, pese a que dos integrantes de su órgano de administración mantenían vínculos de parentesco con el entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En ese sentido, considerando que ambas entidades pertenecen a sectores distintos, el supuesto que sustentó la configuración del impedimento bajo la normativa anterior ya no se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley N.º 32069. Por tanto, al resultar esta última disposición más favorable al Recurrente, corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna y, en consecuencia, declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción por la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido.

  • Ahora bien, cabe precisar que la sanción impuesta al Recurrente no se sustentó

únicamente en la comisión de la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido, sino también en la presentación de información inexacta, prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225. En efecto, ambas infracciones concurrieron en el presente caso y fueron consideradas para la determinación de la sanción de inhabilitación definitiva impuesta mediante la Resolución N.º 1782-2024-TCE-S3, confirmada por la Resolución N.º 2169-2024-TCE-S3. En ese sentido, si bien, por aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde dejar sin efecto la sanción respecto de la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido, ello no determina que deba descartarse la responsabilidad atribuida por la presentación de información inexacta, toda vez que esta última conducta debe ser evaluada de manera independiente. Al respecto, se advierte que el Recurrente presentó el Anexo N.º 5 – Declaración jurada de no estar incurso en impedimento o incompatibilidades para contratar con el Ministerio de Energía y Minas, mediante el cual declaró no encontrarse impedido para contratar con el Estado. Sin embargo, a la fecha de presentación de dicho documento, el Recurrente se encontraba comprendido en el impedimento previsto en la normativa entonces vigente, por lo que lo declarado no se correspondía con la realidad, configurándose así la infracción consistente en presentar información inexacta. Sobre lo expuesto, conviene precisar que, respecto de la infracción consistente en presentar información inexacta, no se advierte la existencia de una disposición normativa más favorable al Recurrente. En efecto, la evaluación de la retroactividad benigna no supone revertir la valoración de una conducta que ya fue objeto de pronunciamiento por este Tribunal, sino determinar si la nueva regulación sancionadora establece un tratamiento más favorable respecto de dicha conducta. En el presente caso, no se identifica una disposición posterior que resulte más favorable al Recurrente en relación con la infracción por presentación de información inexacta; por tanto, corresponde mantener la responsabilidad administrativa determinada en dicho extremo.

  • Por tanto, de la documentación obrante en el expediente administrativo, este

Colegiado considera que subsiste la configuración de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225, toda vez que se ha acreditado que el Recurrente presentó el Anexo N.º 5 – Declaración jurada de no estar incurso en impedimento o incompatibilidades para contratar con el Ministerio de Energía y Minas, en el cual declaró no encontrarse impedido para contratar con el Estado, pese a que, al 13 de mayo de 2019, se encontraba comprendido en el impedimento previsto en el literal k), concordado con los literales b) y h) del numeral 11.1 del artículo 11 de la citada ley.

  • Asimismo, se advierte que el documento cuestionado fue presentado como parte

de la cotización del Recurrente y constituyó un elemento necesario para que la Entidad emitiera la Orden de Compra a su favor, por lo que su presentación le generó un beneficio concreto. En consecuencia, aun cuando corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna respecto de la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido, ello no desvirtúa la responsabilidad del Recurrente por la presentación de información inexacta.

  • Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde precisar que la imposición de la

inhabilitación definitiva al Recurrente se sustentó en que, durante los últimos cuatro (4) años, registraba más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumaban ochenta y cuatro (84) meses, superando así el umbral de treinta y seis (36) meses previsto en la normativa entonces vigente. No obstante, la Ley N.º 32069 ha establecido, en el numeral 91.2 de su artículo 91, que para efectos de la aplicación de la inhabilitación definitiva no se consideran las sanciones impuestas por infracciones cometidas en el marco de contratos menores, salvo aquellas derivadas de la infracción prevista en el literal m) del numeral 87.1 del artículo 87 de la citada ley.

  • En ese contexto, considerando que la infracción por presentación de información

inexacta cuya responsabilidad subsiste en el presente caso se encuentra vinculada a la Orden de Compra N.º 183-2019-C, cuyo monto ascendió a S/ 9 907,67, correspondiente a una contratación menor, la sanción que se determine por dicha infracción no podrá ser considerada para efectos de configurar el supuesto de inhabilitación definitiva previsto en el artículo 91 de la Ley N.º 32069. Por consiguiente, corresponde graduar la sanción aplicable por la infracción subsistente, conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente. Graduación de la sanción

  • En este contexto, se estima conveniente determinar la sanción a imponer al

Recurrente, conforme a los criterios de graduación de la sanción previstos en el

artículo 366 del Reglamento vigente, en los siguientes términos:

  • Naturaleza de la Infracción: En el presente caso, la infracción referida a la

presentación de información inexacta reviste de gravedad, toda vez que vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad que deben regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dichos principios, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados.

  • Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en

el expediente, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del Recurrente, en la comisión de la infracción atribuida.

  • La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener

en consideración que el daño causado se evidencia con la presentación del documento con información inexacta, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad en perjuicio del interés público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. En el caso particular, el daño causado se verifica al constatarse que se presentó información inexacta ante la Entidad, creando una falsa apariencia de veracidad en el marco de la emisión de la Orden de Compra.

  • Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:

conforme a la documentación obrante en el expediente, el Recurrente no reconoció su responsabilidad en la comisión de la infracción antes de que esta sea detectada.

  • Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de

conformidad con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP) se advierte que, a la fecha de emisión del pronunciamiento de origen, el Recurrente contaba con antecedentes, según el siguiente detalle:

  • Conducta procesal: conforme a la información obrante en el expediente, se

aprecia que, en su momento, el Recurrente se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos.

  • Multa impaga: de conformidad con la información obrante en el RNP, se

advierte que el Recurrente no contaba con multa impaga a la fecha de emisión del pronunciamiento de origen.

Asimismo, debe tenerse en consideración lo establecido en el principio de razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 230 del TUO de la LPAG, el cual indica que las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Recurrente. Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe indicar que la presente solicitud se encuentra dentro de los treinta (30) días hábiles previstos para emitir pronunciamiento al respecto; por tanto, carece de objeto efectuar análisis respecto de la solicitud de aplicación del silencio administrativo positivo, formulada por el Recurrente mediante Carta CA-30-2026 presentado el 30 de setiembre de 2026.

  • Por lo expuesto, en aplicación retroactiva de la Ley N.º 32069, corresponde variar

la sanción impuesta al Recurrente mediante la Resolución N.º 1782-2024-TCE-S3 del 13 de mayo de 2024 [confirmada por la Resolución N.º 2169-2024-TCE-S3 del 11 de junio del mismo año], reduciéndola de inhabilitación definitiva a dieciocho (18) meses de inhabilitación temporal para efectos de los antecedentes respectivos, recalcando que ello no afecta ni la validez ni la eficacia del periodo de inhabilitación temporal ya transcurrido, salvo para efectos de los antecedentes que queden registrados. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente César Alejandro Llanos Torres y la intervención de los Vocales Juan Carlos Cortez Tataje y Jimy Robert Ureta Aquino, en reemplazo de los Vocales Steven Aníbal Flores Olivera, y Héctor Ricardo Morales González según Rol de Turnos de Vocales vigente y atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º D000293-2026-OECE-PRE publicada el 5 de octubre de 2026 en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º D000002-2025-OECE-PRE; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

  • SUSTITUIR la sanción impuesta a la empresa GOALS S.A., con R.U.C. N.º

20291059792, mediante la Resolución N.º 1782-2024-TCE-S3 del 13 de mayo de 2024, confirmada por la Resolución N.º 2169-2024-TCE-S3 del 11 de junio de 2024, de inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por una sanción de dieciocho (18) meses de inhabilitación temporal, en aplicación del principio de retroactividad benigna.

  • DISPONER que la Unidad Funcional de Gestión de Mesa de Partes y Ejecución del

Tribunal registre la sustitución del periodo de la sanción de inhabilitación temporal en el módulo informático correspondiente, a fin de que así quede consignado para los efectos de los antecedentes registrados en relación con el administrado indicado en el numeral anterior. Regístrese, comuníquese y publíquese,

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

CÉSAR ALEJANDRO LLANOS TORRES

VOCAL

JIMY ROBERT URETA AQUINO

VOCAL

ss. Cortez Tataje Llanos Torres Ureta Aquino

Resolución N.° 9543-2026-TCP-S3 | Documentos Regulatorios · LinkContrata