Resolución N.° 9539-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) El vicio advertido resulta trascendente y no puede ser subsanado mediante una explicación posterior o una nueva evaluación, pues ello supondría definir las reglas de admisión después de presentadas las ofertas. En este caso, la deficiencia se produjo al absolver la Observación N° 4 e incorporar la exigencia de muestras sin desarrollar la metodología correspondiente (...)”. Lima, 2 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 2 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7162/2026.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa Seguridad Industrial Piura S.A.C., en el marco de la Licitación Pública para Bienes N° 02-2026-MDVO-COMITÉ - Primera Convocatoria, efectuado por la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según obra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 24 de julio

de 2026, la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública para Bienes N° 02-2026-MDVO-COMITÉ - Primera Convocatoria, para la “Contratación de bienes adquisición de accesorios de prestación para el personal de serenazgo, destinados a fortalecer la identificación institucional y el adecuado cumplimiento de sus funciones operativas y de atención a la ciudadanía durante el año 2027”, con una cuantía de la contratación de S/ 486,010.00 (cuatrocientos ochenta y seis mil diez con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento.

• El 3 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas (Electrónica); y, el

15 del mismo mes y año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa Suministros y Servicios Industriales Diego Sociedad Anónima Cerrada, en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 485,000.00 (cuatrocientos ochenta y cinco mil con 00/100 soles), conforme al cuadro siguiente: Postor Admisión Calificación de oferta Evaluación ResultadoPrecio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación

SUMINISTROS Y

SERVICIOS

INDUSTRIALES

DIEGO

SI CALIFICA S/ 485,000.00 100.00 1 Adjudicado

• Mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentados el 25 y 29 de setiembre

de 2026, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa Seguridad Industrial Piura S.A.C., en adelante el Impugnante, presentó recurso de apelación contra la no admisión de su oferta, la admisión y el otorgamiento de la buena pro en el procedimiento de selección, argumentando fundamentalmente lo siguiente: Sobre la no admisión de su oferta

• El Impugnante señaló que el comité declaró no admitida su oferta sobre la base

del literal g) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas, que exigía la presentación de fichas técnicas para acreditar las características de los bienes ofertados, sin establecer de manera clara y precisa qué características técnicas debían acreditarse mediante dichos documentos. A su criterio, dicha exigencia vulnera los principios de transparencia y competencia, al permitir una evaluación subjetiva de las ofertas.

• Asimismo, sostuvo que el comité realizó una evaluación arbitraria de sus fichas

técnicas, pues rechazó su oferta por no consignar literalmente determinadas características exigidas en las bases, como el código de color Pantone 655 CP del casco y el material de tecnopor de la bolilla del silbato, pese a que no se habían establecido previamente criterios objetivos para efectuar dicha verificación.

• Agregó que, mediante la Resolución N° 6254-2026-TCP-S4, el Tribunal ya había

advertido un vicio similar en otro procedimiento convocado por la misma Entidad, relacionado con la exigencia de documentación técnica adicional sin precisar las características específicas que debían acreditarse, por lo que considera que corresponde declarar la nulidad del procedimiento.

• El Impugnante sostuvo que la exigencia de presentar muestras físicas carecía de

una metodología objetiva de evaluación, puesto que las bases no precisaban los procedimientos, instrumentos ni criterios técnicos que se utilizarían para verificar su cumplimiento.

• Finalmente, manifestó que, pese a que presentó las 14 muestras físicas

requeridas, el comité no efectuó pronunciamiento alguno respecto de su

SEGURIDAD

INDUSTRIAL PIURA

S.A.C.

DIEGO Y CLAUDIA

SERVICIOS

GENERALES E.I.R.L

evaluación, limitándose a revisar las fichas técnicas. Por ello, consideró que dicha exigencia constituía una carga económica y administrativa desproporcionada que vulneraba los principios de competencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato y eficacia y eficiencia.

• En consecuencia, solicitó que se declare fundado su recurso de apelación.

Respecto de la oferta del Adjudicatario:

• El Impugnante cuestionó la admisión de la oferta del Adjudicatario, alegando que

el comité vulneró el principio de igualdad de trato, al admitir dicha oferta pese a que sus fichas técnicas presentarían incumplimientos de las especificaciones técnicas. En particular, señaló que el silbato contenía una bolilla de corcho endurecido en lugar de tecnopor; la porta vara no acreditaba el cierre de doble corchete; los guantes tácticos no acreditaban los parches conductivos ni la certificación exigida; las coderas y rodilleras presentaban un material distinto al requerido; y el aerosol de pimienta consignaba un peso neto de 21.3 gramos, en lugar de los 22 gramos exigidos en las bases.

• Mediante Decreto del 30 de setiembre de 2026, notificado a través del Toma Razón

Electrónico del SEACE en la misma fecha, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores, distintos del Impugnante, que tengan interés legítimo en la resolución que emita el Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación existente. Finalmente, se programó audiencia pública para el 7 de octubre de 2026, precisándose que la misma se realizará de manera virtual a través de la plataforma Google Meet.

• El 5 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE el Informe Técnico N° 01-2026-LP-

SM-2-2026-MDVO-COMITÉ-1, a través del cual absolvió el recurso de apelación indicando lo siguiente:

Respecto de los presuntos vicios de nulidad del procedimiento de selección:

• La Entidad señaló que la exigencia de presentar fichas técnicas y muestras físicas

fue incorporada previamente a la presentación de ofertas, mediante la absolución de la Observación N° 4, en la cual se establecieron su finalidad, oportunidad, responsables y mecanismo de verificación, consistente en contrastar directamente las muestras y fichas técnicas con las especificaciones técnicas de los bienes requeridos. Asimismo, precisó que la Resolución N° 6254-2026-TCP-S4, invocada por el Impugnante, corresponde a circunstancias distintas, por lo que no acredita, por sí sola, la existencia de un vicio de nulidad en el presente procedimiento. Respecto de la no admisión de la oferta del Impugnante:

• La Entidad sostuvo que la no admisión de la oferta del Impugnante se sustentó en

la falta de acreditación de determinadas características técnicas y en la existencia de información discordante con las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas. Precisó que las observaciones relacionadas con el color del casco y la composición interna del silbato no obedecieron a la falta de una transcripción literal de las bases, sino a que la documentación presentada no permitió acreditar el cumplimiento de las características exigidas. En ese sentido, consideró que el comité aplicó criterios previamente establecidos, sin incurrir en una evaluación subjetiva o arbitraria. Respecto de los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario:

• La Entidad manifestó que no se vulneró el principio de igualdad de trato, toda vez

que las ofertas fueron evaluadas conforme a los mismos criterios y parámetros establecidos en las bases integradas. Asimismo, indicó que el cuadro comparativo presentado por el Impugnante constituye una apreciación unilateral que no acredita, por sí misma, que se hayan aplicado criterios diferenciados ni que la oferta del Adjudicatario incumpla las especificaciones técnicas. Por tanto, consideró que los argumentos formulados no resultan suficientes para desvirtuar la actuación del comité. Respecto de la exigencia de muestras físicas:

• La Entidad indicó que la presentación de muestras fue incorporada mediante la

absolución de la Observación N° 4, estableciéndose que su verificación estaría a cargo del área usuaria y la DEC, mediante la comparación directa de las muestras y fichas técnicas con las características exigidas. En consecuencia, sostuvo que no se introdujeron reglas nuevas durante la evaluación y que los pronunciamientos del OSCE invocados por el Impugnante no acreditan que la metodología empleada haya sido arbitraria o contraria a la normativa.

• Finalmente, la Entidad concluyó que no se acreditó la existencia de un trato

desigual, una actuación arbitraria ni vicios que justifiquen declarar la nulidad del procedimiento de selección, por lo que consideró que las decisiones adoptadas por el comité se encuentran sustentadas en las reglas establecidas en las bases integradas, sin perjuicio de la evaluación que corresponde efectuar al Tribunal sobre los cuestionamientos formulados.

• Con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE de fecha 5 de

octubre de 2026, publicada en el Diario Oficial El Peruano en la misma fecha, se formalizó el Acuerdo N° 001-014-2026/OECE-CD del Consejo Directivo que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal y en atención al Acuerdo de Sala Plena N° 003- 2020/TCE de fecha 10 de marzo de 2020, se dispuso la reasignación del expediente a la Segunda Sala, reprogramándose la audiencia para el 16 de octubre de 2026 a las 12:00 horas.

• El 16 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia con la participación del

representante del Impugnante, dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad y del Adjudicatario.

• Mediante Decreto del 16 de octubre de 2026, se corrió traslado a la Entidad, al

Impugnante y al Adjudicatario, para que se pronuncien sobre los posibles vicios de nulidad advertidos en las bases del procedimiento de selección, conforme a lo siguiente: “(…)

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE (ENTIDAD), A SEGURIDAD

INDUSTRIAL PIURA S.A.C. (IMPUGNANTE) Y A SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES

DIEGO S.A.C. (ADJUDICATARIO):

El Impugnante cuestionó la no admisión de su oferta y sostuvo, entre otros argumentos, que cumplió con presentar las catorce (14) muestras físicas exigidas, pese a lo cual estas no habrían sido objeto de evaluación por parte del comité de selección. Asimismo, alegó que las bases integradas no establecieron los instrumentos, procedimientos técnicos ni parámetros específicos aplicables a la verificación de las características de los bienes, circunstancia que, a su criterio, permitiría una evaluación subjetiva y discrecional. En atención a la controversia planteada, este Tribunal procedió a revisar las bases integradas, cuyas disposiciones deben ofrecer reglas claras y objetivas tanto para la formulación de las ofertas como para la verificación de su cumplimiento.

Sobre el particular, se advierte que el literal g) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas estableció, como requisito de admisión de ofertas, la presentación de muestras de los bienes ofertados, acompañadas de sus respectivas fichas técnicas, en los siguientes términos: De la disposición citada se aprecia que la Entidad precisó la oportunidad y el lugar de entrega de las muestras, los responsables de su evaluación y, en términos generales, que la verificación se efectuaría mediante su comparación directa, junto con las fichas técnicas, con las especificaciones técnicas del requerimiento. Sin embargo, no se identificaron de manera individualizada las características y/o requisitos funcionales concretos que serían objeto de verificación mediante las muestras, ni se desarrollaron la metodología y los mecanismos o pruebas objetivas que se aplicarían para determinar su cumplimiento. Tampoco se advierte, en el capítulo III – Requerimiento de las bases integradas, una disposición complementaria que desarrolle tales aspectos. Al respecto, las bases estándar aplicables a la Licitación Pública para Bienes contemplan, para los supuestos en que excepcionalmente se requiera la presentación de muestras, las siguientes condiciones: Importante para la entidad contratante “(...)

• Cuando excepcionalmente y con el sustento respectivo en la estrategia de

contratación la entidad contratante requiera la presentación de muestras, debe precisar lo siguiente: (i) los aspectos de las características y/o requisitos funcionales que son verificados mediante la presentación de la muestra, los cuales no pueden hacer referencia a la totalidad de características y/o requisitos funcionales de los bienes; además, estas deben corresponder a las características y/o requisitos funcionales consignados en el requerimiento; (ii) la metodología que se utilizará; (iii) los mecanismos o pruebas a los que son sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que la entidad contratante ha considerado pertinente verificar, las cuales no deben hacer referencia al método organoléptico, sino a metodologías y mecanismos o pruebas objetivas (como por ejemplo aquellas consignadas en normas nacionales y/o internacionales, ISO, etc.) que no estén sujetos a interpretación del órgano que se encargará de realizar la evaluación de las muestras (iv) el número de muestras solicitadas por cada producto; (v) el órgano que se encargará de realizar la evaluación de dichas muestras; y (vi) dirección, lugar exacto y horario1 para la presentación de muestras.

• No corresponde exigir la presentación de muestras si en la estrategia de la

contratación se determina que esta exigencia representa un costo que afecta los principios de Competencia y Libertad de Concurrencia. *El resaltado es agregado. Como se aprecia, las bases estándar exigen que, cuando se soliciten muestras, se determinen previamente los aspectos específicos que serán verificados y se establezcan una metodología y mecanismos o pruebas de evaluación objetivos, además de las demás condiciones allí previstas. No obstante, en las bases integradas del presente procedimiento únicamente se contempló, una comparación directa de las muestras y fichas técnicas con las especificaciones técnicas, sin desarrollar cómo se verificaría objetivamente cada característica seleccionada ni qué pruebas concretas se emplearían. Asimismo, se advertiría una posible contravención de las disposiciones contenidas en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección, cuyo uso obligatorio se encuentra establecido en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Del mismo modo, la situación descrita podría vulnerar el principio de transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal i) del numeral 5.1 del artículo 5 de la citada Ley, en virtud del cual las actuaciones de las entidades contratantes deben sustentarse en reglas y criterios claros y accesibles, toda vez que, la falta de precisión de los aspectos y de la metodología de verificación de las muestras podría dar lugar a apreciaciones no uniformes durante la admisión de las ofertas. En atención a lo expuesto, sin que ello implique adelantar opinión acerca de la configuración definitiva del vicio advertido ni del sentido de la decisión que corresponda adoptar, y de conformidad con el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento de la Ley N° 32069, se corre traslado del posible vicio de nulidad a la Entidad, al Impugnante y al Adjudicatario, a fin de que, dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles, formulen su pronunciamiento sobre los hechos y consideraciones expuestos. (…)”. 1 Las muestras se presentan el mismo día programado en el calendario para la presentación de ofertas. Al consignar el horario debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a 8 (ocho) horas.

• A través del Escrito N° 3, presentado el 26 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Impugnante absolvió el decreto de traslado de nulidad.

• El 26 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.
• Mediante Memorando N° D000398-2026-OECE-SDPC del 1 de octubre de 2026, la

Subdirección de Supervisión de Procedimientos Competitivos remitió al Tribunal la Carta N° 121-2026 del 31 de agosto de 2026, presentada por la empresa CORPORACIÓN FDK NEGOCIOS S.A.C., mediante la cual cuestionó presuntas deficiencias en las bases integradas del procedimiento de selección, relacionadas con la falta de precisión de la metodología y los criterios objetivos para la evaluación de muestras.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente procedimiento el análisis del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la no admisión de su oferta, la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro en el procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos.

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO:

• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias surgidas entre la Entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor.

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo

El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT2 y cuando se trate de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Por su parte, en el numeral 302.2 del artículo 302 del Reglamento, se dispone que, en los procedimientos de selección competitivos según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, la cuantía total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública para bienes, cuya cuantía total asciende al monto de S/ 486,010.00 (cuatrocientos ochenta y seis mil diez con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoquen dichas decisiones. Por consiguiente, se advierte que los actos que son objeto de apelación no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables. 2 Unidad Impositiva Tributaria.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de la subasta inversa electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la decisión del comité de otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario se notificó el 15 de setiembre de 2026; por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, considerando que el procedimiento de selección se efectuó mediante una licitación pública para bienes, el Impugnante contaba con el plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, esto es, hasta el 25 de setiembre de 2026. Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentados el 25 y 29 de setiembre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que este ha sido interpuesto dentro de los plazos -referidos a la presentación y subsanación, respectivamente- descritos en los artículos 304 y 307 del Reglamento.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que este aparece suscrito por el gerente general, Carla Paola Otoya Atoche, cuyo certificado de vigencia obra en el expediente.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección

y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda concluirse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro sin cuestionar la no admisión o

descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. De la revisión del escrito del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y la admisión de la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

En el caso concreto, el Impugnante no es el ganador de la buena pro, puesto que su oferta no fue admitida.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo.

El Impugnante, a través de su recurso de apelación ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro. En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho y derecho del citado recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar las pretensiones del Impugnante, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia.

• El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026- JUS, en adelante TUO de la LPAG, prevé la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación.

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad contratante, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la no admisión de su oferta habría sido determinada transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. Cabe precisar que la procedencia de sus cuestionamientos contra la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro se encuentra supeditada a que revierta su condición de no admitido.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de

alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; en ese sentido, corresponde emitir un pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

IV. PRETENSIONES:

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la no admisión de su oferta y, como consecuencia de ello, revocar el

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario.
• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa.

• Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de

selección fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 30 de setiembre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 5 de octubre de 2026; sin embargo, en la fecha indicada y, hasta la emisión del presente pronunciamiento, no se presentó absolución alguna al recurso de apelación. En ese sentido, a efectos de fijar los puntos controvertidos debe tomarse en consideración únicamente los cuestionamientos formulados por el Impugnante en el escrito del recurso de apelación.

• En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a

dilucidar son los siguientes:

• Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de no admitir la oferta

del Impugnante y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario.
• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Con el propósito de esclarecer la presente controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Además de lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se

rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el

artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado

se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de no admitir la oferta del Impugnante y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Mediante Acta de admisión, calificación, evaluación de oferta técnica, económica y

otorgamiento de la buena pro del 15 de setiembre de 2026, el Comité declaró no admitida la oferta del Impugnante, al considerar que las fichas técnicas presentadas no acreditaban íntegramente las características exigidas en las especificaciones técnicas de las bases integradas. En particular, identificó omisiones y discrepancias relacionadas con los materiales de fabricación, colores, sistemas de sujeción, certificaciones, características de funcionamiento y composición de los bienes ofertados. En ese sentido, consideró que dichas deficiencias no constituían errores formales subsanables, sino incumplimientos vinculados con la acreditación de las especificaciones técnicas requeridas, conforme se aprecia a continuación: “(…) *Extracto del Acta de admisión, calificación, evaluación de oferta técnica, económica y otorgamiento de la buena pro del 15 de setiembre de 2026.

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante cuestionó la no

admisión de su oferta, señalando que cumplió con presentar las catorce (14) muestras físicas exigidas en las bases integradas. Sin embargo, sostuvo que el comité no habría evaluado dichas muestras, pues únicamente se limitó a revisar las fichas técnicas presentadas. Asimismo, alegó que las bases integradas no establecieron los instrumentos, procedimientos técnicos ni parámetros específicos que debían emplearse para verificar las características de los bienes ofertados, lo que, a su criterio, habría permitido que la evaluación se realizara de manera subjetiva y discrecional

• Por su parte, la Entidad señaló que la no admisión de la oferta del Impugnante se sustentó

en que las fichas técnicas presentadas no permitían acreditar el cumplimiento de determinadas características exigidas en las bases integradas, y no en la falta de una reproducción literal de las especificaciones técnicas. Asimismo, precisó que el Comité efectuó la verificación contrastando la información consignada en dichos documentos con las características requeridas, identificando omisiones y discrepancias que justificaban la no admisión de la oferta. En ese sentido, sostuvo que la evaluación se realizó conforme a las reglas previamente establecidas, sin aplicar criterios subjetivos o arbitrarios.

• En atención a la controversia planteada, este Tribunal procedió a revisar las bases

integradas, cuyas disposiciones deben ofrecer reglas claras y objetivas tanto para la formulación de las ofertas como para la verificación de su cumplimiento.

• Sobre el particular, se advierte que el literal g) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la

ofertas, la presentación de muestras de los bienes ofertados, acompañadas de sus respectivas fichas técnicas, en los siguientes términos:

• De la disposición citada se aprecia que la Entidad precisó la oportunidad y el lugar de

entrega de las muestras, los responsables de su evaluación y, en términos generales, que la verificación se efectuaría mediante su comparación directa, junto con las fichas técnicas, con las especificaciones técnicas del requerimiento. Sin embargo, no se identificaron de manera individualizada las características y/o requisitos funcionales concretos que serían objeto de verificación mediante las muestras, ni se desarrollaron la metodología y los mecanismos o pruebas objetivas que se aplicarían para determinar su cumplimiento. Tampoco se advierte, en el capítulo III – Requerimiento de las bases integradas, una disposición complementaria que desarrolle tales aspectos.

• Cabe precisar el requerimiento de las muestras en las bases integradas, fue incorporado

en atención a la Observación Nº 4, presentada el 10 de agosto de 2026 por la empresa JJ DELTA E.I.R.L., en el cual advirtió que el requerimiento contemplaba muestras, pero estas no figuraban entre los documentos obligatorios para la admisión. Por ello, el participante solicitó incorporar dicha exigencia y detallar el procedimiento o metodología de evaluación. La Entidad acogió la observación e incorporó la presentación de muestras y fichas técnicas; sin embargo, se limitó a indicar que serían comparadas directamente con las especificaciones técnicas, sin precisar las características que serían verificadas ni las pruebas objetivas que se emplearían. Respuesta a la observación N° 4, según pliego de absolución y consultas publicado en el SEACE

• Adicionalmente a ello, corresponde señalar que las bases estándar aplicables a la

Licitación Pública para Bienes establecen determinadas condiciones que las entidades contratantes deben observar cuando, de manera excepcional, requieran la presentación de muestras como parte de la oferta, conforme se detalla a continuación:

Importante para la entidad contratante “(...)

• Cuando excepcionalmente y con el sustento respectivo en la estrategia de contratación

la entidad contratante requiera la presentación de muestras, debe precisar lo siguiente: (i) los aspectos de las características y/o requisitos funcionales que son verificados mediante la presentación de la muestra, los cuales no pueden hacer referencia a la totalidad de características y/o requisitos funcionales de los bienes; además, estas deben corresponder a las características y/o requisitos funcionales consignados en el requerimiento; (ii) la metodología que se utilizará; (iii) los mecanismos o pruebas a los que son sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que la entidad contratante ha considerado pertinente verificar, las cuales no deben hacer referencia al método organoléptico, sino a metodologías y mecanismos o pruebas objetivas (como por ejemplo aquellas consignadas en normas nacionales y/o internacionales, ISO, etc.) que no estén sujetos a interpretación del órgano que se encargará de realizar la evaluación de las muestras (iv) el número de muestras solicitadas por cada producto; (v) el órgano que se encargará de realizar la evaluación de dichas muestras; y (vi) dirección, lugar exacto y horario3 para la presentación de muestras.

• No corresponde exigir la presentación de muestras si en la estrategia de la contratación

se determina que esta exigencia representa un costo que afecta los principios de Competencia y Libertad de Concurrencia.

• Como se aprecia, las bases estándar exigen que, cuando se soliciten muestras, se

determinen previamente los aspectos específicos que serán verificados y se establezcan una metodología y mecanismos o pruebas de evaluación objetivos. No obstante, en atención a la absolución de la Consulta N° 4 del pliego de consultas y observaciones, en las bases integradas del presente procedimiento únicamente se contempló una comparación directa de las muestras y fichas técnicas con las especificaciones técnicas, sin desarrollar cómo se verificaría objetivamente cada característica seleccionada ni qué pruebas concretas se emplearían.

• En atención a lo expuesto, se advirtió un posible vicio de nulidad en las bases del

procedimiento de selección, debido a que la Entidad no precisó las características técnicas y/o requisitos funcionales que serían verificados mediante las muestras, ni estableció la metodología y los mecanismos o pruebas objetivas para su evaluación. Por ello, de conformidad con el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento, mediante decreto del 3 Las muestras se presentan el mismo día programado en el calendario para la presentación de ofertas. Al consignar el horario debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a 8 (ocho) horas.

16 de octubre de 2026, este Tribunal corrió traslado del posible vicio a las partes para que emitan su pronunciamiento.

• En respuesta, el Impugnante manifestó su conformidad con el posible vicio de nulidad

advertido por el Tribunal, señalando que las bases integradas exigieron la presentación de muestras físicas y fichas técnicas sin precisar las características que serían verificadas ni establecer una metodología o mecanismos objetivos para su evaluación, lo que, a su criterio, contraviene las bases estándar aplicables, el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento y el principio de transparencia y facilidad de uso. Asimismo, sostuvo que dicha deficiencia permitió una evaluación arbitraria de su oferta y un trato desigual respecto del Adjudicatario. Agregó que, pese a haber presentado las catorce (14) muestras físicas requeridas, estas no fueron evaluadas por el comité.

• Cabe precisar que, a la fecha de emisión de la presente resolución, la Entidad y el

Adjudicatario no han presentado pronunciamiento alguno respecto del traslado de nulidad efectuado por este Colegiado.

• De la revisión de las bases integradas y de la absolución de la Observación N.º 4, se

advierte que la Entidad incorporó la presentación obligatoria de muestras, pero no atendió el pedido de detallar su metodología de evaluación. Aunque señaló que se compararían las muestras y las fichas técnicas con las especificaciones técnicas, no precisó qué características concretas se verificarían ni las pruebas objetivas para determinar su cumplimiento. En consecuencia, los postores no contaron con reglas suficientes para conocer de antemano cómo se evaluarían las muestras

• En tal sentido, la omisión advertida constituye una inobservancia de las disposiciones de

las bases estándar de uso obligatorio y, por consiguiente, una contravención del numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento. Asimismo, vulnera el principio de transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal i) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, debido a que los postores no contaron con reglas claras y objetivas sobre el alcance y la forma de evaluación de las muestras exigidas como requisito de admisión.

• En ese contexto, el literal b) del numeral 70.1 y el literal a) del numeral 70.2 del artículo

70 de la Ley establecen que el Tribunal, en los procedimientos sometidos a su conocimiento mediante recurso de apelación, puede declarar la nulidad de los actos expedidos cuando estos contravengan las normas legales, debiendo precisar la etapa a la cual corresponde retrotraer el procedimiento.

• Por consiguiente, este Colegiado concluye que la Entidad contravino las disposiciones de

las bases estándar de uso obligatorio, incumpliendo lo establecido en el numeral 55.3 del

artículo 55 del Reglamento. Asimismo, dicha situación vulneró el principio de

transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal i) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, al no haberse establecido reglas claras y objetivas para la evaluación de las muestras. En consecuencia, se configura la causal de nulidad prevista en el literal b) del numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley.

• Debe considerarse que la nulidad constituye un mecanismo jurídico excepcional

orientado a restablecer la legalidad del procedimiento de selección cuando se verifican irregularidades sustanciales que afectan su validez y no pueden ser corregidas mediante mecanismos de conservación. Su finalidad es asegurar que la contratación pública se desarrolle bajo reglas claras, transparentes y compatibles con los principios que rigen la actuación administrativa.

• El vicio advertido resulta trascendente y no puede ser subsanado mediante una

explicación posterior o una nueva evaluación, pues ello supondría definir las reglas de admisión después de presentadas las ofertas. En este caso, la deficiencia se produjo al absolver la Observación N° 4 e incorporar la exigencia de muestras sin desarrollar la metodología correspondiente.

• Cabe precisar que, en el presente caso, la deficiencia advertida tiene incidencia en los

resultados del procedimiento de selección y en la controversia incoada a través del recurso de apelación. Por tanto, corresponde retrotraer el procedimiento a la etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases, a fin que la Entidad subsane dicha omisión antes de continuar con el procedimiento.

• Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la

LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, los mismos que no son conservables.

• Bajo este orden de ideas, de conformidad con el numeral 70.1 y el literal a) del numeral

70.2 del artículo 70 de la Ley, concordantes con el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección y retrotraerlo a la etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases, a fin de corregir la absolución de la Observación N° 4 e integrar las reglas correspondientes. Para ello, la Entidad deberá considerar lo siguiente:

• En caso resulte necesario exigir la presentación de muestras físicas de los bienes

ofertados, la Entidad deberá precisar en el acápite correspondiente qué características técnicas y/o requisitos funcionales serán verificados mediante dichas muestras, así como establecer la metodología y los mecanismos o pruebas objetivas que se utilizarán para su evaluación, conforme a lo previsto en las bases estándar aplicables. Asimismo, deberá señalar la cantidad de muestras requeridas por cada producto, los responsables de su evaluación y las condiciones para su presentación, de manera que los postores conozcan previamente cómo se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.

• En tal sentido, considerando que en el presente caso debe declararse la nulidad del

procedimiento de selección, carece de objeto pronunciarse respecto de los puntos controvertidos.

• Ahora bien, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de la

LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad contratante la presente resolución, a fin que conozca el vicio advertido y realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones. Asimismo, corresponde exhortar al Comité y a las áreas responsables de la formulación del requerimiento y elaboración de las bases para que observen estrictamente las disposiciones previstas en la normativa de contratación pública y en las bases estándar aplicables, a fin de evitar la reiteración de situaciones similares que puedan generar nuevas declaraciones de nulidad y afectar la continuidad, oportunidad y eficiencia de las contrataciones públicas.

• Por último, según lo establecido en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del

Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución total de la garantía otorgada por el Impugnante para la interposición de su recurso de apelación.

• Por último, cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registros de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE4. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, y con la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 4 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la nulidad de la Licitación Pública para Bienes N° 02-2026-MDVO-

COMITÉ - Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre, para la “Contratación de bienes adquisición de accesorios de prestación para el personal de serenazgo, destinados a fortalecer la identificación institucional y el adecuado cumplimiento de sus funciones operativas y de atención a la ciudadanía durante el año 2027”, por los fundamentos expuestos; debiendo retrotraerse el procedimiento de selección a la etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases, conforme a la fundamentación.

• Devolver la garantía presentada por la empresa Seguridad Industrial Piura S.A.C., con

motivo de la interposición del recurso de apelación.

• Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Municipalidad Distrital Veintiséis

de Octubre, a fin de que proceda conforme a lo señalado en el fundamento 32.

• Disponer que la Entidad contratante cumpla con registrar en el SEACE, al día siguiente de

publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.

ERICK JOEL MENDOZA

MERINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ

WINCHEZ

VOCAL

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MARLON LUIS ARANA

ORELLANA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

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