Documento regulatorio
Resolución N.° 9537-2026-TCP-S2
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra el proveedor BIENES Y SERVICIOS E & M E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello,...
- Tipo
- No clasificado
- Fecha
- 02/11/2026
- Fuente
- gob.pe/oece/normas-legales
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Sumilla: “(…) no se cuenta con los elementos de convicción suficientes que acrediten que el Proveedor hubiera incurrido en la infracción que estuvo prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; por lo que, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción y disponer el archivo del expediente”. Lima, 2 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 2 de noviembre de 2026, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 09032/2024.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido contra el proveedor BIENES Y SERVICIOS E & M E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco de la Orden de Servicio N° 565 de 20 de junio de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Mariano Nicolás Valcárcel; y, atendiendo a lo siguiente:
- ANTECEDENTES:
- El 20 de junio de 2023, la Municipalidad Distrital de Mariano Nicolás Valcárcel, en
lo sucesivo la Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 565, en adelante la Orden de Servicio, a favor del proveedor BIENES Y SERVICIOS E & M E.I.R.L., en lo sucesivo el Proveedor, por el importe de S/ 135,948.00 (ciento treinta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho con 00/100 soles).
- Mediante Memorando N° D000311-2024-OSCE-DGR del 2 de agosto de 20241,
presentado el 19 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora Tribunal de Contrataciones Públicas), en adelante el Tribunal, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE puso en conocimiento que el Proveedor habría incurrido en infracción, al haber contratado con el Estado estando impedido para ello. A fin de sustentar su comunicación, remitió el Reporte N° 828-2024/DGR-SIRE del 6 de junio de 20242, en el cual, se señala lo siguiente: 1 Obrante a folio 2 del expediente administrativo en formato PDF. 2 Obrante a folios 15 al 18 del expediente administrativo en formato PDF.
- El domingo 7 de octubre de 2018 se llevaron a cabo las elecciones
regionales y provinciales del Perú, para elegir a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores Provinciales para el período 2019-2022; así, según información del Portal Institucional del Jurado Nacional de Elecciones, se aprecia que el señor Helarf Portocarrero Carnero fue elegido Alcalde Distrital de Mariano Nicolás Valcárcel, Provincia de Camaná, Región Arequipa, en el periodo de tiempo indicado. ii. Por consiguiente, el señor Helarf Portocarrero Carnero se encontraba impedido de contratar con el Estado en el ámbito de su competencia territorial durante el periodo en el que ejerció el cargo como Alcalde Distrital, el cual se extiende hasta doce (12) meses después de culminado el mismo. iii. Según información consignada por el señor Helarf Portocarrero Carnero en su Declaración Jurada de Intereses presentada ante la Contraloría General de la República, se aprecia que consignó que el señor Erick Helarf Portocarrero Chauca es su hijo. En consecuencia, se encuentra impedido de contratar con el Estado dentro del ámbito de competencia territorial del señor Helarf Portocarrero Carnero, durante el periodo en que aquel ejerció el cargo de Alcalde Distrital de Mariano Nicolás Valcárcel, y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo. iv. Asimismo, de la información obrante en el Buscador de Proveedores del Estado de CONOSCE, se advierte que, el Proveedor tiene como titular y representante al señor Erick Helarf Portocarrero Chauca. Igualmente, de acuerdo con lo señalado en la Partida Registral N° 12021610 de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa - Oficina Registral de Camaná, se aprecia que el señor Erick Helarf Portocarrero Chauca figura como gerente general.
- De acuerdo con lo anterior, se identificó que la Entidad contrató con el
Proveedor, el cual tendría como accionista, integrante del órgano de administración y representante al señor Erick Helarf Portocarrero Chauca, aun cuando los impedimentos señalados en el artículo 11 del TUO de la Ley le eran aplicables al señor Helarf Portocarrero Carnero. vi. Por lo expuesto, advierte indicios de la comisión de una infracción a la normativa de contrataciones del Estado, tal como lo señala el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
- Por decreto del 23 de enero de 2026, previo al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, se corrió traslado a la Entidad, para que cumpla con remitir un informe técnico legal sobre la procedencia y supuesta responsabilidad del Proveedor, donde debía señalar de forma clara y precisa en cuál de los impedimentos habría incurrido; asimismo, se le solicitó remitir, entre otros, copia de la cotización y de la Orden de Servicio, donde se aprecie que ésta fue recibida por el Proveedor. De la misma manera, se solicitó que señale si el Proveedor presentó algún anexo o declaración jurada, mediante el cual haya manifestado no tener impedimento para contratar con el Estado, debiendo adjuntar dicha documentación, e informar si su presentación generó un perjuicio a la Entidad. A efectos de remitir la referida documentación, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. Asimismo, se notificó al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Camaná para que, en el marco de sus atribuciones, coadyuve con la remisión de la documentación requerida.
- Con decreto del 8 de mayo de 2026, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador al Proveedor, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, al encontrarse inmerso en el supuesto de impedimento que estaba previsto en los literales i) y k) en concordancia con los literales d) y h) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, en el marco de la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
Para tal efecto, se le otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles, a fin de que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos.
- Mediante decreto del 13 de mayo de 2026, se reiteró a la Entidad que cumpla con
remitir la información requerida mediante el decreto del 23 de enero de 2026.
- Mediante el decreto del 12 de junio de 2026, se indicó que, habiendo la Secretaría
Técnica del Tribunal verificado que el Proveedor no se apersonó ni presentó descargos, pese a haber sido debidamente notificado el 19 de mayo del mismo año con el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en el expediente.
- Mediante decreto de 21 de julio de 2026, se dispuso el registro del Informe de
Instrucción N° 0106-2026/HSVC/ST2 de la misma fecha en el Sistema Informático del Tribunal, mediante el cual la Secretaría Técnica N° 2 del Tribunal formuló las siguientes recomendaciones: “1. Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el proveedor BIENES Y SERVICIOS E & M E.I.R.L. (R.U.C. N° 20606397624), por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco de la Orden de Servicio N° 565 de 20 de junio de 2023, emitida por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL, infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019- EF; por los fundamentos expuestos.
- DISPONER el archivamiento definitivo del presente expediente.
- DISPONER que, una vez efectuada la notificación del presente Informe de
Instrucción al imputado, el expediente administrativo sancionador sea remitido, conjuntamente con el citado informe, a la Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas que corresponda, en su calidad de órgano sancionador, conforme a lo establecido en el literal l) del numeral 361.1 del
artículo 361 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”.
- Mediante decreto del 7 de agosto de 2026, se dispuso remitir el expediente a la
Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en la misma fecha.
II. FUNDAMENTACIÓN:
- Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar la
presunta responsabilidad del Proveedor, por haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Naturaleza de la infracción
- Sobre el particular, el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se
impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residentes o supervisores de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5, entre otros, cuando contraten con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 del TUO de la Ley. En la misma línea, el referido artículo 11 de la Ley establece que cualquiera que sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluyendo las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5. A partir de lo anterior, se tiene que la Ley contempla como supuesto de hecho necesario e indispensable para la configuración de la infracción: i) el perfeccionamiento del contrato o de la orden de compra o de servicio; y, ii) que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista esté incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la misma Ley.
- Ahora bien, cabe indicar que los impedimentos para ser participante, postor,
contratista y/o subcontratista en las contrataciones que lleven a cabo las entidades, deben ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no estén expresamente contemplados en la normativa de contrataciones del Estado; razón por la cual, debe verificarse, en cada caso en particular, si existen elementos suficientes para determinar que alguno de los impedimentos taxativamente establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley, le sea de alcance a aquél proveedor que desee participar en procedimientos de selección o contratar con el Estado; o, de haberse materializado el perfeccionamiento contractual, si en dicha fecha aquél se encontraba con impedimento vigente para tal efecto.
- En este contexto, conforme a lo expuesto, corresponde verificar si, a la fecha, que
se perfeccionó la relación contractual, el Proveedor estaba inmerso en impedimento. Configuración de la infracción.
- Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la infracción imputada
al Proveedor, resulta necesario que se verifiquen dos requisitos: i) que se haya celebrado un contrato con una Entidad del Estado; y ii) que al momento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato, el proveedor se encuentre impedido conforme a Ley.
- Cabe precisar que para las contrataciones por montos menores a ocho (8) UIT, por
estar excluidas de su ámbito de aplicación, aun cuando están sujetas a supervisión del OSCE, no son aplicables las disposiciones previstas en la Ley y el Reglamento respecto del procedimiento de perfeccionamiento del contrato. Por consiguiente,
considerando la naturaleza de este tipo de contratación, para acreditar elperfeccionamiento de aquel, es necesario verificar la existencia de documentación suficiente que acredite la efectiva contratación y, además, que permita identificar si al momento de dicho perfeccionamiento, el Proveedor se encontraba incurso en alguna de las causales de impedimento. Al respecto, debe precisarse que mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 008- 2021/TCE3, se dispuso que “la existencia del contrato en contrataciones a las que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, puede acreditarse mediante la recepción de la orden de compra o de servicio, o con otros documentos que evidencien la realización de otras actuaciones, siempre que estos medios probatorios permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor”. (El resaltado es agregado) Debe recordarse que en la Administración Pública toda contratación transcurre por diversas etapas que comprenden, entre otras: el requerimiento, las indagaciones en el mercado, la selección del proveedor, el perfeccionamiento del contrato, la recepción de la prestación y su conformidad, su trámite de pago, entre otros elementos, a partir de los cuales la Entidad puede acreditar no solo la contratación, sino además el momento en que se perfeccionó aquella.
- En tal contexto, ante la ausencia de una orden de compra o de servicio
debidamente recibida por el proveedor imputado como impedido para participar o contratar con el Estado, resulta posible verificar la relación contractual con otra documentación, emitida por cualquiera de dichos actores, como sería la relacionada al procedimiento de pago de la prestación contratada, desde las cotizaciones, facturas y recibos por honorarios emitidos por el proveedor, hasta la constancia de prestación que eventualmente emite la entidad para dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones, incluyendo la conformidad del área usuaria y documentos de carácter financiero emitidos por las dependencias que intervienen en el flujo que finaliza con el pago al proveedor, entre otros; documentos que pueden ser valorados de manera individual o conjunta, según corresponda en cada caso. En relación al perfeccionamiento de la relación contractual entre la Entidad y el Proveedor
- Considerando lo expuesto, en cuanto al primer requisito, de la revisión de la
plataforma SEACE, se aprecia que la Entidad realizó el registro de la Orden de Servicio de fecha 20 de junio de 2023, emitida por la Entidad a favor del Proveedor, por el monto de S/ 135,948.00 (ciento treinta y cinco mil novecientos cuarenta y 3 Publicado el 10 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial El Peruano.
ocho con 00/100 soles), conforme a lo siguiente:
- Como puede observarse, si bien la Orden de Servicio figura registrada en la
plataforma del SEACE, dicho sistema no permite a este Colegiado tener certeza de si aquella fue recibida por el Proveedor. Por otro lado, en el expediente tampoco obra documentación que permita corroborar, de forma indubitable, el vínculo contractual.
- Cabe señalar, que mediante decretos del 23 de enero de 2026 y del 13 de mayo
de 2026, se requirió a la Entidad que remita la documentación que acredite el perfeccionamiento de la Orden de Servicio, sin embargo, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la Entidad no cumplió con remitir la documentación requerida por el Tribunal; por lo que, dicho incumplimiento deberá ser puesto en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, para las acciones de su competencia ante la falta de colaboración evidenciada.
- Asimismo, tal conducta configura un incumplimiento a su deber de colaboración,
pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante, el TUO de la LPAG, las entidades deben, entre otros, proporcionar directamente los datos e información que posean, sin más limitación que la establecida por la Constitución o la ley, prestar la cooperación y asistencia activa que otras entidades puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones, así como brindar una respuesta de manera oportuna a las solicitudes de información formuladas por otra entidad pública en ejercicio de sus funciones.
- Ahora bien, resulta pertinente recordar que, este Tribunal, a efectos de verificar
la comisión de la infracción imputada, en primer término, debe identificar si se ha celebrado un contrato o, de ser el caso, si se ha perfeccionado una orden de servicio o de compra, y que, en dicho momento, el proveedor se encontraba impedido para contratar con el Estado.
- Por consiguiente, en el presente caso, de la verificación de la documentación que
obra en el expediente, no se advierte elemento alguno que permita identificar, de modo fehaciente, que el contrato fue perfeccionado a través de la Orden de Servicio, al no obrar la misma orden, ni la constancia de recepción de esta por parte del Proveedor, ni otra documentación que permita acreditar el vínculo contractual; no habiendo brindado la Entidad información para el análisis del presente extremo, pese al requerimiento formulado por este Tribunal.
- En consecuencia, se concluye que, en el presente caso, no se cuenta con los
elementos de convicción suficientes que acrediten que el Proveedor hubiera incurrido en la infracción que estuvo prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; por lo que, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción y disponer el archivo del expediente. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Marlon Luis Arana Orellana, y la intervención de los vocales Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada el mismo día, en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad.
LA SALA RESUELVE:
- Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, no ha lugar a la imposición de sanción
al proveedor BIENES Y SERVICIOS E & M E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20606397624), por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco de la Orden de Servicio N° 565 de 20 de junio de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Mariano Nicolás Valcárcel; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, por los fundamentos expuestos.
- Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la
Entidad y de su Órgano de Control Institucional.
- Disponer el archivamiento definitivo del presente expediente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.