Documento regulatorio

Resolución N.° 9535-2026-TCP-S5

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SCIENCE AND TECHNOLOGY TRAINING E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 13-2026-UNAB-2, convocada por la Universidad ...

Tipo
No clasificado
Fecha
02/11/2026
Fuente
gob.pe/oece/normas-legales

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Sumilla: “(…) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación (…)“. Lima, 2 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 2 de noviembre de 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7241/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa SCIENCE AND TECHNOLOGY TRAINING E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 13-2026-UNAB-2, convocada por la Universidad Nacional de Barranca, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: ANTECEDENTES: El 19 de agosto de 2026, la Universidad Nacional de Barranca, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 13-2026-UNAB-2, para la contratación de bienes “Adquisición de equipos de atmósfera controlada para la ejecución del proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de formación de pregrado en educación superior universitaria d…
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Sumilla: “(…) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación (…)“. Lima, 2 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 2 de noviembre de 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7241/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa SCIENCE AND TECHNOLOGY TRAINING E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 13-2026-UNAB-2, convocada por la Universidad Nacional de Barranca, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

  • ANTECEDENTES:
  • El 19 de agosto de 2026, la Universidad Nacional de Barranca, en adelante la

Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 13-2026-UNAB-2, para la contratación de bienes “Adquisición de equipos de atmósfera controlada para la ejecución del proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de formación de pregrado en educación superior universitaria de la escuela profesional de contabilidad y finanzas de la Universidad Nacional de Barranca, distrito de Barranca - provincia de Barranca - departamento de Lima - componente N° 02: equipamiento, con CUI N° 256428”, con una cuantía de S/ 373,070.48 (trescientos setenta y tres mil setenta con 48/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.

  • Dicho procedimiento de selección se convocó bajo la vigencia de la Ley N° 32069,

Ley General de Contrataciones Públicas, modificada por las Leyes N° 32103, 32187 y 32515, así como por el Decreto Legislativo N° 1715, en adelante la Ley; y de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 001-2026-EF, en adelante el Reglamento.

  • El 8 de septiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas

y, el 22 del mismo mes y año, a través del SEACE, se notificó el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa KOSSODO S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 367,255.97 (trescientos sesenta y siete mil doscientos cincuenta y cinco con 97/100 soles), conforme a los resultados que se detallan a continuación:

Postor Admisión Calificación Evaluación ResultadoPrecio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación KOSSODO S.A.C. Si Cumple 367,255.97 75.00 1 Adjudicatario

SCIENCE AND

TECHNOLOGY

TRAINING E.I.R.L.

CUPRUM METAL

TRADING S.A.C. No - - - - No admitido

  • Mediante escrito s/n, recibido el 29 de septiembre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa SCIENCE AND TECHNOLOGY TRAINING E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, solicitando que dichos actos sean revocados y que, en consecuencia, se admita su oferta y se continué con las demás actuaciones del procedimiento de selección, por los siguientes argumentos: Respecto de la no admisión de su oferta:

  • El oficial de compra decidió no admitir su oferta debido a que la ficha técnica

del fabricante JP BIOINGENIERÍA S.A.S., referida a la cámara climática modelo JPCCR504-STC, consigna un rango de funcionamiento de humedad de 10% a 90 % H.R., el cual resulta inferior al 95 % H.R. a 37 °C requerido por la Entidad. Si bien en otro extremo de la oferta se declara que el equipo alcanza hasta 95 % H.R., dicha precisión no resulta concordante con el parámetro previsto en la ficha técnica.

  • Afirma que el modelo ofertado cumple con el intervalo de humedad relativa

y que el oficial de compra no habría realizado una evaluación integral de la oferta. Si bien la portada de la ficha técnica (folio 27) indica “Humedad 10 - 90 %”, dicha referencia debió ser verificada con las especificaciones descritas en la propia ficha técnica. Asimismo, en los folios 17 y 18 se consigna el rango “Temperatura ambiente a 95 % HR” y la prueba de fábrica “37 °C a 95 % HR”; en el folio 28, el catálogo repite dichas especificaciones; y en el folio 30 se señala el parámetro “Humedad 10 - 95 %”.

  • Por Decreto del 30 de septiembre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación presentado en el procedimiento de selección y se dispuso, entre otros, lo siguiente:

  • Efectuar el traslado a la Entidad para que registre en el SEACE el informe

técnico legal, indicando su posición respecto de los fundamentos del recurso impugnativo, dentro del plazo de tres (3) días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación; bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad, en caso de incumplimiento del requerimiento.

  • Que el postor o los postores emplazados, distintos al Impugnante, absuelvan

el traslado del recurso impugnativo en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de su notificación.

  • El 5 de octubre de 2026, la Entidad registró en el SEACE la Opinión Legal N° 435-

2026-OAJ/UNAB y el Informe Técnico N° 32-2026-UNAB/DGA/UA, mediante los cuales señaló lo siguiente: Sobre la no admisión de la oferta del Impugnante:

  • Afirma que el Impugnante no acreditó la humedad relativa, toda vez que la

documentación emitida por el fabricante consigna dos parámetros distintos respecto del rango máximo de humedad relativa del equipo, esto es, 90 % H.R. y 95 % H.R., lo cual impide verificar el cumplimiento de la característica técnica. Precisa que, en el pliego de absolución de consultas y observaciones se dispuso que las especificaciones técnicas debían ser acreditadas mediante folletos, catálogos, manuales, brochure o carta emitida por el fabricante.

  • Por Decreto del 9 de octubre de 2026, se remitió el expediente a la Quinta Sala del

Tribunal y se programó la audiencia pública para el 16 del mismo mes y año.

  • A través del escrito N° SCI-0511-TCP, recibido el 15 de octubre de 2026 en la Mesa

de Partes del Tribunal, el Impugnante designó a su representante para el uso de la palabra en la audiencia programada.

  • Mediante Carta N° 43-2026-UNAB/UA, recibida el 15 de octubre de 2026 en la

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad designó a su representante para el uso de la palabra en la audiencia programada.

  • El 16 de octubre de 2026, la Quinta Sala del Tribunal llevó a cabo la audiencia con

la participación de la persona autorizada por el Impugnante, dejándose constancia de que la Entidad no se presentó a dicha audiencia, pese a haber sido debidamente notificada el 9 del mismo mes y año, conforme consta en el Toma Razón Electrónico del Tribunal.

  • Por Decreto del 16 de octubre de 2026, la Quinta Sala del Tribunal corrió traslado

del posible vicio de nulidad advertido, conforme a lo siguiente: “A la UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA (Entidad), a la empresa SCIENCE AND TECHNOLOGY TRAINING E.I.R.L. (Impugnante) y a la empresa KOSSODO S.A.C. (Adjudicatario): Mediante el recurso de apelación, el Impugnante cuestiona la no admisión de su oferta, por cuanto sostiene haber acreditado el intervalo de humedad relativa de la cámara climática mediante la documentación técnica emitida por el fabricante. Al respecto, en el acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, previsto en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas, no se aprecia que la Entidad haya requerido la presentación de documentación adicional para acreditar las características técnicas de los bienes ofertados. No obstante, en el pliego de absolución de consultas y observaciones se advierte que el oficial de compra precisó —al absolver las consultas y/u observaciones N° 18 y N° 24— que, para la acreditación de las características técnicas de los bienes, los postores debían presentar “folletos, catálogos, manuales, brochure o carta emitida por el fabricante (no se aceptarán declaraciones juradas)”, conforme se verifica a continuación:

Sobre el particular, el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante el Reglamento, establece que las Bases Estándar aprobadas por la DGA son de uso obligatorio por los evaluadores. De acuerdo con lo dispuesto en las Bases Estándar de Licitación Pública Abreviada para Bienes, únicamente cuando se sustente en la estrategia de contratación que resulta indispensable verificar, durante la admisión de ofertas, determinadas características del bien objeto de la convocatoria, la Entidad contratante puede requerir —de manera excepcional— la presentación de documentación adicional en el acápite “Documentos para la admisión de la oferta”. Para ello, debe consignar expresamente la documentación que deberá ser presentada por el postor y precisar qué características y/o requisitos funcionales específicos del bien, previstos en las especificaciones técnicas, deben ser acreditados mediante dicha documentación. En el presente caso, no se advierte que el formato de estrategia de contratación haya previsto la necesidad de exigir la presentación de documentación adicional para la admisión de ofertas, conforme se muestra a continuación: A ello se suma que ni las bases ni el pliego de absolución de consultas y observaciones han identificado cuáles eran las características técnicas de los bienes que debían ser acreditadas mediante la documentación adicional requerida, esto es, folletos, catálogos, manuales, brochure o carta emitida por el fabricante.

En atención a lo expuesto, se advierte una posible vulneración de lo establecido en las Bases Estándar aplicables, del numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, así como de los principios de legalidad, transparencia y facilidad de uso, y competencia, regulados en los literales a), i) y j), respectivamente, del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.”

  • A través del escrito N° SCI-530-TCP, recibido el 23 de octubre de 2026 en la Mesa

de Partes del Tribunal, el Impugnante señaló que ningún participante cuestionó la falta de precisión de las características que debían ser acreditadas a través de la documentación adicional requerida, por lo que no existiría un vicio en tal extremo. Asimismo, precisa que la documentación presentada en su oferta permite verificar el cumplimiento del intervalo de humedad relativa, por lo que debe ser admitida.

  • Con el Oficio N° 113-2026-UNAB-CO/P-DGA, recibido el 23 de octubre de 2026 en

la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la Opinión Legal N° 467-2026- OAJ/UNAB, mediante la cual mencionó que en el pliego de absolución de consultas y observaciones se estableció que los postores debían presentar documentación técnica emitida por el fabricante y, si bien no fue incorporada dicha exigencia en las bases integradas, debía prevalecer lo establecido en el referido pliego.

  • Por Decreto del 26 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver,

de acuerdo a lo establecido en el literal g) del numeral 311.1 del artículo 311 y en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento.

II. FUNDAMENTACIÓN:

  • En principio, corresponde señalar que es materia del presente análisis el recurso

de apelación interpuesto por el Impugnante en el procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones resultan aplicables para la resolución del presente caso.

  • Procedencia del recurso
  • El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato. Asimismo, no se pueden impugnar las contrataciones no sujetas a procedimiento competitivo ni las actuaciones que establece el Reglamento.

  • Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a fin de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, ya que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor.

  • En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

  • La entidad contratante o el TCP carezca de competencia para resolverlo, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley.

  • El numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley, delimita la competencia para conocer el

recurso de apelación, estableciendo en su literal a) que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Asimismo, los actos que declaren la nulidad de oficio u otros emitidos por la autoridad de la gestión administrativa o el titular de la entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal.

  • Bajo dicha premisa, se advierte que el recurso de apelación ha sido interpuesto en

un Licitación Pública Abreviada para Bienes, cuya cuantía asciende a S/ 373,070.48, siendo dicho monto superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

  • Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.
  • El artículo 303 del Reglamento establece taxativamente que no son impugnables:
  • los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias,

incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación; b) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores; c) las bases y/o su integración; d) las actuaciones referidas al registro de participantes; e) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo; f) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos; y

  • los procedimientos no competitivos.
  • En el presente caso, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra

la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario; por tanto, se advierte que los actos impugnados no se encuentran comprendidos en la lista de actos no impugnables.

  • Sea interpuesto fuera del plazo.
  • El numeral 304.2 del artículo 304 del Reglamento dispone que la apelación contra

el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella, en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, tratándose de Concurso Público Abreviado, Licitación Pública Abreviada, Selección de Expertos y Comparación de Precios.

  • En correlato con ello, el artículo 80 del Reglamento establece que el otorgamiento

de la buena pro es el acto que declara al postor ganador del procedimiento de selección y se publica a través de la Pladicop.

  • De igual modo, el numeral 6 de la Décimo Tercera Disposición Complementaria

Transitoria del Reglamento señala que, en las disposiciones referidas al registro de información de la fase de selección que mencionen a la Pladicop, debe entenderse que dicha referencia corresponde al SEACE de la Pladicop.

  • En tal sentido, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena

pro se publicó el 22 de septiembre de 2026; por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 304 del Reglamento, el Impugnante tenía un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, es decir, hasta el 29 de septiembre de 2026.

  • Del análisis del expediente, se advierte que el recurso de apelación fue interpuesto

mediante el escrito s/n, recibido el 29 de septiembre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal. Por tanto, dicho recurso fue presentado dentro del plazo legal.

  • El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.
  • En este caso, se verifica que el recurso de apelación fue debidamente suscrito por

el señor Víctor Manuel Florian Salas, titular gerente del Impugnante.

  • El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

  • En el presente expediente no se aprecia elemento alguno que permita determinar

que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento.

  • El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
  • En el presente expediente no se advierte elemento alguno que permita inferir que

el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

  • El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

  • De la revisión del petitorio del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante

cuestiona la no admisión de su oferta, por tanto, si bien aquel también impugna la adjudicación de la buena pro, se tiene que, previamente, cuestiona su situación jurídica en el procedimiento de selección. Asimismo, el análisis respecto a si logra revertir en forma previa su no admisión será realizado al momento de examinar el punto controvertido correspondiente.

  • Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
  • De la revisión del expediente, se advierte que el Impugnante no obtuvo la buena

pro del procedimiento de selección, toda vez que su oferta no fue admitida.

  • No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo.

  • De la revisión de los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, se aprecia

que estos se encuentran orientados a sustentar las pretensiones formuladas por el Impugnante; por tanto, no se configura la causal de improcedencia bajo análisis.

  • El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.
  • El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, prevé la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación.

  • En tal caso, de determinarse irregular la decisión de la Entidad, causaría agravio al

Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que –según indica– la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario se habrían realizado transgrediendo las disposiciones establecidas en la Ley, el Reglamento y las bases; por tal razón, este cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

  • De lo antes expuesto, no se advierte la concurrencia de alguna de las causales de

improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por consiguiente, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

  • Petitorio
  • El Impugnante solicita a este Tribunal que:
  • Se revoque la no admisión de su oferta.
  • Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.
  • Se admita su oferta.
  • Se continué con las demás actuaciones del procedimiento de selección.
  • Fijación de puntos controvertidos
  • Habiéndose verificado la procedencia del recurso de apelación presentado y el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que se dilucidarán. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo previsto en el literal d) del numeral 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. (El subrayado es agregado).

  • Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En consecuencia, solo pueden ser materia de análisis los puntos controvertidos que se originen en los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la absolución de este.

  • Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del

Reglamento, según el cual “Al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso”. (El subrayado es agregado).

  • Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo

312 del Reglamento, según el cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, lo siguiente: “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”.

  • Ahora bien, conforme al numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “todos los

actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

  • En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 30 de septiembre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían hasta el 5 de octubre del mismo año para absolverlo.

  • De la revisión del presente expediente, no se advierte que algún postor con interés

legítimo, distinto al Impugnante, se haya apersonado al procedimiento recursivo.

  • Por consiguiente, el único punto controvertido que será materia de análisis es el

siguiente:

  • Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del

Impugnante y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.

  • Análisis

Consideraciones previas:

  • Con el propósito de resolver la controversia planteada, resulta pertinente señalar

que el análisis que realice este Tribunal debe partir de la premisa que la normativa de contrataciones públicas tiene como finalidad que las entidades contratantes adquieran bienes, servicios y obras en las condiciones más favorables posibles, en términos de eficacia, eficiencia y economía.

  • En adición a lo anterior, cabe destacar que las contrataciones públicas se rigen por

principios que cumplen una función esencial en el establecimiento de parámetros que orientan la actuación de aquellos involucrados en el proceso de contratación, así como en el control de la discrecionalidad administrativa en la interpretación de las normas aplicables y en la integración jurídica ante aspectos no regulados. En este marco, resultan particularmente relevantes –entre otros– los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, e igualdad de trato, recogidos en el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley.

  • De esta manera, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Tribunal deberá avocarse al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del Impugnante y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.

  • Mediante el recurso de apelación, el Impugnante cuestiona la no admisión de su

oferta y solicita que esta sea revocada. En tal sentido, a fin de abordar el presente punto controvertido, resulta pertinente analizar la razón que motivó la decisión adoptada por el comité.

  • De la revisión del acta publicada por el oficial de compra en el SEACE el 22 de

septiembre de 2026, se advierte lo siguiente: (…) (…)

  • De lo expuesto, se verifica que el oficial de compra decidió no admitir la oferta del

Impugnante debido a que la ficha técnica del fabricante JP BIOINGENIERÍA S.A.S., correspondiente a la cámara climática modelo JPCCR504-STC, consigna un rango de funcionamiento de humedad de 10% a 90 % H.R., el cual resultaría inferior al 95 % H.R. a 37 °C requerido por la Entidad. Asimismo, se mencionó que, si bien en otro extremo de la oferta se declaró que el equipo alcanzaría hasta 95 % H.R., dicha precisión no resulta concordante con el parámetro previsto en la ficha técnica.

  • Frente a lo observado por el oficial de compra, el Impugnante indica que el modelo

ofertado cumple con el intervalo de humedad relativa y que el oficial de compra no habría realizado una evaluación integral de la oferta. Señala que, si bien la portada de la ficha técnica indica “Humedad 10 - 90 %”, dicha referencia debió ser verificada con las especificaciones descritas en la propia ficha técnica. Asimismo, en los folios 17 y 18 se consigna el rango “Temperatura ambiente a 95 % HR” y la prueba de fábrica “37 °C a 95 % HR”; en el folio 28, el catálogo repite dichas especificaciones; y en el folio 30 se señala el parámetro “Humedad 10 - 95 %”.

  • Por otra parte, mediante la Opinión Legal N° 435-2026-OAJ/UNAB y el Informe

Técnico N° 32-2026-UNAB/DGA/UA, la Entidad sostiene que el Impugnante no acreditó la humedad relativa exigida, toda vez que la documentación emitida por el fabricante consigna dos parámetros distintos respecto del rango máximo de humedad relativa del equipo, esto es, 90 % H.R. y 95 % H.R., lo cual impide verificar el cumplimiento de la característica técnica. Precisa que, en el pliego de absolución de consultas y observaciones se dispuso que las especificaciones técnicas debían ser acreditadas mediante folletos, catálogos, manuales, brochure o carta emitida por el fabricante.

  • Sobre el particular, el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las

bases integradas estableció lo siguiente:

(…)

  • Como se aprecia, las bases integradas no exigieron la presentación de documentos

adicionales para la acreditación de las características de los bienes requeridos, esto es, la cámara de flujo laminar vertical y la cámara climática. Cabe señalar que, dicho extremo se encuentra igualmente regulado en las bases de la convocatoria.

  • No obstante, en el pliego de absolución de consultas y observaciones se advierte

que el oficial de compra estableció —al absolver las consultas y/u observaciones N° 18 y N° 24— que, para la acreditación de las características técnicas de los bienes, los postores debían presentar “folletos, catálogos, manuales, brochure o carta emitida por el fabricante (no se aceptarán declaraciones juradas)”, conforme se verifica a continuación:

  • Con relación a las reglas dispuestas en las bases integradas, el numeral 55.3 del

artículo 55 del Reglamento indica lo siguiente: “El contenido de las bases depende del tipo y modalidad del procedimiento de selección, e incluyen como mínimo lo siguiente: el requerimiento, los documentos necesarios para la presentación de ofertas y las condiciones para la ejecución contractual. Las bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la DGA, las cuales son de uso obligatorio por los evaluadores”. (El subrayado es agregado).

  • En concordancia con lo expuesto, y conforme a las bases estándar de Licitación

Pública Abreviada para Bienes, la Entidad se encuentra facultada para solicitar, de manera excepcional y con el sustento respectivo en la estrategia de contratación, la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de determinadas especificaciones técnicas del bien o de los bienes requeridos. Para tal efecto, la Entidad debe consignar expresamente la documentación que deberá presentar el postor en su oferta, así como detallar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien, previstos en las especificaciones técnicas, que deberán ser acreditados con dicha documentación, conforme puede verificarse en la siguiente imagen:

  • En el presente caso, no se advierte que el formato de estrategia de contratación

haya previsto la necesidad de exigir la presentación de documentación adicional para la admisión de ofertas, conforme se muestra a continuación:

  • Asimismo, se observa que ni las bases integradas ni el pliego de absolución de

consultas y observaciones determinaron qué características técnicas de los bienes debían acreditarse mediante la documentación adicional exigida, esto es, folletos, catálogos, manuales, brochure o cartas emitidas por el fabricante, máxime si en el numeral 3.4 del capítulo III (Requerimiento) de la sección específica de las bases integradas se incluyeron diversas características técnicas respecto de los bienes requeridos, conforme puede apreciarse en los siguientes extractos: (…)

  • Bajo dichas consideraciones, y en virtud de la facultad prevista en el numeral 313.2

del artículo 313 del Reglamento1, este Tribunal corrió traslado del vicio advertido al Impugnante, al Adjudicatario y a la Entidad, con el decreto del 16 de octubre de 2026.

  • En respuesta, el Impugnante señaló que ningún participante cuestionó la falta de

precisión de las características que debían ser acreditadas a través de la documentación adicional requerida, por lo que no existiría un vicio en tal extremo. Asimismo, precisó que la documentación presentada en su oferta permite verificar el cumplimiento del intervalo de humedad relativa, por lo que debe ser admitida.

  • Por su parte, mediante la Opinión Legal N° 467-2026-OAJ/UNAB, la Entidad señaló

que en el pliego de absolución de consultas y observaciones se estableció que los postores debían presentar documentación técnica emitida por el fabricante y, si bien no fue incorporada dicha exigencia en las bases integradas, debía prevalecer lo establecido en el referido pliego.

  • Cabe precisar que el Adjudicatario no absolvió el traslado del vicio identificado por

este Tribunal.

  • De lo expuesto por las partes, corresponde señalar que las bases no contemplaron

la presentación de documentación adicional para la admisión de ofertas. Al respecto, si bien la Entidad sostiene que dicha exigencia se encontraba prevista en el pliego de absolución de consultas y observaciones y que, por tanto, debía ser observada por los postores, lo cierto es que ni siquiera en dicho documento se identificaron las características técnicas y/o los requisitos funcionales específicos, previstos en el requerimiento, que debían ser acreditados mediante folletos, catálogos, manuales, brochure o cartas emitidas por el fabricante.

  • En efecto, no se precisaron los aspectos concretos de las especificaciones técnicas

cuya acreditación documental resultaba exigible, pese a que ello constituye una condición prevista en las bases estándar aplicables. Esta omisión impide que los postores conozcan de manera clara las reglas que rigen la admisión de sus ofertas, 1 “Artículo 313. Alcances de la resolución (…) 313.2. Cuando el TCP o la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante advierta de oficio posibles vicios de nulidad de la fase de selección, corre traslado a las partes, según corresponda, para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. En caso de apelaciones ante el TCP, se extiende el plazo previsto en el literal e) del numeral 311.1 del artículo 311. Tratándose de apelaciones ante la entidad contratante, se extiende el plazo previsto para resolver.” (El subrayado es agregado).

afectando la transparencia del procedimiento de selección. Asimismo, lo advertido imposibilita a este Tribunal emitir un pronunciamiento sobre los cuestionamientos formulados por el Impugnante, toda vez que estos se encuentran vinculados a una regla de admisión afectada por un vicio trascendente.

  • Cabe agregar que, este Tribunal también ha verificado que la Entidad no efectuó

en la estrategia de contratación el análisis ni la debida sustentación respecto de la necesidad excepcional de exigir documentación adicional para la admisión de ofertas. Dicha omisión contraviene lo dispuesto en las bases estándar aplicables, que establecen la obligación de justificar de manera expresa la incorporación de requisitos adicionales.

  • Asimismo, sobre el argumento del Impugnante referido a que no se formularon

consultas respecto de las características técnicas que debían acreditarse para la admisión y que, por ello, no existiría un vicio, corresponde señalar que la ausencia de consultas u observaciones no elimina ni subsana un defecto en la formulación de las bases. En efecto, la obligación de elaborar bases claras, precisas y conformes a las bases estándar recae exclusivamente en la Entidad. Aunado a ello, debe considerarse que la exigencia de presentar documentación adicional fue incorporada recién al absolverse las consultas y observaciones, por lo que los participantes no contaron con una oportunidad posterior para cuestionar dicha exigencia o solicitar precisiones respecto de su alcance. En consecuencia, aun cuando no se hayan formulado observaciones sobre este extremo, ello no enerva la falta de precisión respecto de la documentación adicional requerida ni la omisión de identificar las características técnicas que debían ser acreditadas mediante aquella, aspectos que afectan la transparencia del procedimiento de selección.

  • Por consiguiente, el vicio advertido resulta trascendente y no es susceptible de

conservación, toda vez que los postores han elaborado sus ofertas y estas fueron objeto de revisión sobre la base de reglas aplicables a la etapa de admisión que contravienen lo dispuesto en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, las bases estándar y el principio de transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal i) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley2. 2 “Art. 5. Principios rectores de la contratación pública” 5.1. Las contrataciones públicas, con independencia de su régimen legal, se rigen bajo los siguientes principios: (…)

  • Transparencia y facilidad de uso: son principios rectores de las actuaciones y decisiones de quien participe en el proceso

de contratación basados en reglas y criterios claros y accesibles. Las entidades contratantes garantizan el acceso público y

  • En este contexto, el numeral 70.1 y el literal a) del numeral 70.2 del artículo 70 de

la Ley establece que el Tribunal, solo en los casos que conozca por interposición del recurso de apelación, puede declarar nulos los actos expedidos dentro del procedimiento de selección que hayan sido dictados por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, prescindan de las normas esenciales del procedimiento o prescindan de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección.

  • Ahora bien, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a

las entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de la materia, a efectos que la contratación que se realice se encuentre arreglada a ley y no al margen de ella.

  • Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el numeral 70.1 y el literal
  • del numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley, concordantes con lo dispuesto en el

literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad del presente procedimiento de selección, debiendo retrotraerse hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, para lo cual la Entidad deberá considerar lo siguiente:

  • En caso resulte indispensable verificar durante la admisión de ofertas ciertas

características de los bienes objeto de la convocatoria, la Entidad debe detallar con claridad la documentación que deberá presentar el postor en su oferta, así como las características y/o los requisitos funcionales específicos del bien, previstos en las especificaciones técnicas, que deberán ser acreditados mediante dicha documentación. Además, dicha necesidad debe encontrarse debidamente sustentada en la estrategia de contratación.

  • En tal sentido, considerando que, en el presente caso debe declararse la nulidad

del procedimiento de selección, no corresponde pronunciarse sobre los puntos controvertidos. oportuno a dicha información, salvo las excepciones previstas en la ley de la materia. El acceso a toda plataforma, sistemas, procedimientos y trámites debe ser sencillo, amigable al usuario y oportuno, de modo que garantice la seguridad y brinde información confiable, oficial y útil. (…)”. (El subrayado es agregado).

  • Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de

la LPAG, corresponde poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a fin de que adopte las acciones pertinentes dentro del ámbito de sus competencias, así como para que exhorte a los evaluadores y a las áreas que intervengan en la elaboración de las bases a actuar en estricta observancia de la normativa de contratación pública, con el propósito de evitar futuras nulidades que puedan comprometer la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

  • Por último, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto

declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución total de la garantía otorgada por el Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Sonia Tatiana Angulo Reátegui y la intervención de los Vocales Juan Carlos Cortez Tataje y Danny William Ramos Cabezudo, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

  • Declarar de oficio la nulidad de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 13-

2026-UNAB-2, convocada por la Universidad Nacional de Barranca, para la contratación de bienes “Adquisición de equipos de atmósfera controlada para la ejecución del proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de formación de pregrado en educación superior universitaria de la escuela profesional de contabilidad y finanzas de la Universidad Nacional de Barranca, distrito de Barranca - provincia de Barranca - departamento de Lima - componente N° 02: equipamiento, con CUI N° 256428”, por los fundamentos expuestos; debiendo retrotraerse el procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, conforme a lo señalado en el fundamento 58.

  • Devolver la garantía presentada por la empresa SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRAINING E.I.R.L., para la interposición de su recurso de apelación.

  • Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Universidad

Nacional de Barranca, a fin de que proceda conforme a lo señalado en el fundamento 60.

  • Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui.

Resolución N.° 9535-2026-TCP-S5 | Documentos Regulatorios · LinkContrata