Documento regulatorio

Resolución N.° 9534-2026-TCP-S5

Recurso de apelación interpuesto por la empresa INDUSTRIA METÁLICA SARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMSA S.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 34-2026-GR ...

Tipo
No clasificado
Fecha
02/11/2026
Fuente
gob.pe/oece/normas-legales

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Sumilla: “(…) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación (…)“. Lima, 2 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 2 de noviembre de 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7189/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa INDUSTRIA METÁLICA SARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMSA S.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 34-2026-GR CUSCO-3 (Tercera convocatoria), convocada por el Gobierno Regional de Cusco Sede Central, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: ANTECEDENTES: Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, el 3 de septiembre de 2026, el Gobierno Regional de Cusco Sede Central, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 34-2026-GR CUSCO-3 (Tercera convocatoria), para la contratación de bienes…
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Sumilla: “(…) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación (…)“. Lima, 2 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 2 de noviembre de 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7189/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa INDUSTRIA METÁLICA SARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMSA S.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 34-2026-GR CUSCO-3 (Tercera convocatoria), convocada por el Gobierno Regional de Cusco Sede Central, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

  • ANTECEDENTES:
  • Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, el 3

de septiembre de 2026, el Gobierno Regional de Cusco Sede Central, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 34-2026-GR CUSCO-3 (Tercera convocatoria), para la contratación de bienes “Contratación: Adquisición de equipos para el procesamiento de chocolate para el proyecto: Mejoramiento del proceso de transformación del grano seco de cacao del AEO Ruta del Cacao S.A.C. distrito de San Jerónimo, provincia de Cusco, región Cusco”, con una cuantía de contratación ascendente a S/ 289,909.00 (doscientos ochenta y nueve mil novecientos nueve con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.

  • Dicho procedimiento de selección se convocó bajo la vigencia de la Ley N° 32069,

Ley General de Contrataciones Públicas, modificada por las Leyes N° 32103, 32187 y 32515, así como por el Decreto Legislativo N° 1715, en adelante la Ley, y de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 001-2026-EF, en adelante el Reglamento.

  • El 15 de septiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas

y, el 22 del mismo mes y año, a través del SEACE, se notificó el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa DRAF MÁQUINAS INDUSTRIALES E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 261,500.00 (doscientos sesenta y un mil quinientos con 00/100 soles), conforme a los resultados que se detallan a continuación: Postor Admisión Calificación Evaluación ResultadoPrecio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación

DRAF MAQUINAS

INDUSTRIALES E.I.R.L. Si Cumple 261,500.00 57.75 1 Adjudicatario

INDUSTRIA METALICA

SARA SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD

LIMITADA - IMSA S.R.L.

  • Mediante escrito s/n, recibido el 28 de septiembre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa

INDUSTRIA METÁLICA SARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMSA

S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, solicitando que dichos actos sean revocados y que, en consecuencia, se califique su oferta y se le otorgue la buena pro, en razón de los siguientes argumentos: Respecto de la descalificación de su oferta:

  • El comité descalificó su oferta por no acreditar el requisito de calificación

“Experiencia del personal clave” debido a que el certificado de trabajo (folios 92 y 93) emitido por el Impugnante señala que el profesional laboró “desde el 2 de abril de 2018 hasta la fecha”, mas no consigna la fecha de emisión del documento.

  • Considera que el comité no realizó una evaluación integral de su oferta, toda

vez que para acreditar la experiencia del personal clave, señor Fidel Junior Sara García, presentó lo siguiente: Anexo N° 19 (folio 51), certificado de trabajo (folios 92 y 93), boleta de pago generada por el PDT PLAME - SUNAT (folio 86), certificado de trabajo del 29 de agosto de 2025 (folio 90), constancias de conformidad y buena ejecución (folios 84 y 85), cargos de entrega, fichas de servicio y fichas de mantenimiento (folios 56 al 83) y constancia de prestación N° 12-2026-ITP/UA (folio 87). Con dicha documentación sostiene que se acredita el inicio de labores (2 de abril de 2018) y que se encontraba activo a enero de 2026. Así también, se acredita que dicho profesional ejerció funciones de instalación, puesta en marcha, mantenimiento y capacitación en maquinaria para el procesamiento de cacao, conforme a las constancias de conformidad emitidas por terceros en abril de 2019 y agosto de 2022. Precisa que, la experiencia acreditada es de 7 años y 9 meses. Asimismo, afirma que la omisión de la fecha de emisión es un defecto formal subsanable.

  • Respecto del acta del 22 de septiembre de 2026, señala que el comité omitió

pronunciarse sobre la totalidad de la documentación presentada en la oferta para la acreditación de la experiencia del personal clave y sobre la posibilidad de subsanación.

  • Por Decreto del 29 de septiembre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación presentado en el procedimiento de selección y se dispuso, entre otros, lo siguiente:

  • Efectuar el traslado a la Entidad para que registre en el SEACE el informe

técnico legal, indicando su posición respecto de los fundamentos del recurso impugnativo, dentro del plazo de tres (3) días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación; bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad.

  • Que el postor o los postores emplazados, distintos al Impugnante, absuelvan

el traslado del recurso impugnativo en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de su notificación.

  • El 2 de octubre de 2026, la Entidad registró en el SEACE la Carta N° 1-2026-CS/GR-

CUSCO/CP-SERV-07, mediante la cual señaló lo siguiente: Sobre la descalificación de la oferta del Impugnante:

  • El Anexo N° 19 no consigna el tiempo de experiencia específica en años,

meses y días, sino que describe actividades y la expresión “2018 - presente".

  • El certificado de trabajo obrante en los folios 92 y 93 señala que el señor

Fidel Junior Sara García labora desde el 2 de abril de 2018 “hasta la fecha”; sin embargo, el documento no consigna la fecha de emisión, situación que impide determinar objetivamente el tiempo de experiencia que se pretende acreditar. Además, el certificado presenta una incongruencia en el número del DNI del profesional, pues el número le pertenece a la gerente general del emisor.

  • Con la Carta N° 1-2026-GR CUSCO/LPA03-2026, recibida el 2 de octubre de 2026,

la Entidad designó a sus representantes para el uso de la palabra en la audiencia programada.

  • Por Decreto del 9 de octubre de 2026, se remitió el expediente a la Quinta Sala del

Tribunal y se programó la audiencia pública para el 16 del mismo mes y año.

  • A través del escrito s/n, recibido el 14 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Impugnante designó a sus representantes para el uso de la palabra en la audiencia programada.

  • El 16 de octubre de 2026, la Quinta Sala del Tribunal llevó a cabo la audiencia

pública con la participación de las personas autorizadas por el Impugnante y por la Entidad.

  • Por Decreto del 16 de octubre de 2026, la Quinta Sala del Tribunal corrió traslado

del posible vicio de nulidad advertido, conforme a lo siguiente: “Al GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL (Entidad), a la empresa INDUSTRIA METÁLICA SARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMSA S.R.L. (Impugnante) y a la empresa DRAF MÁQUINAS INDUSTRIALES E.I.R.L. (Adjudicatario): Mediante el recurso de apelación, el Impugnante cuestiona la descalificación de su oferta, por cuanto sostiene haber acreditado el requisito de calificación “Experiencia del personal clave”. En relación con dicho extremo se advierte lo siguiente:

  • Respecto del requisito de calificación “Experiencia del personal clave”:

El literal C.1 del numeral 3.5 (Requisitos de calificación) del capítulo III de la sección específica de las bases integradas establece lo siguiente:

(…) Como se aprecia, las bases integradas establecieron que el personal clave debía acreditar tres años de experiencia mínima en procesamiento de cacao y operación de equipos para la industria del cacao, incluyendo actividades como catación de cacao y chocolate, instalación, puesta en marcha, calibración y capacitación de equipos iguales o similares a los requeridos, así como transformación y análisis sensorial del grano. Al respecto, el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante el Reglamento, establece que las bases estándar aprobadas por la DGA son de uso obligatorio por los evaluadores. Precisamente, las bases estándar de la Licitación Pública Abreviada para Bienes establecen que el requisito de experiencia del personal clave solo puede solicitarse cuando el objeto de la convocatoria corresponda a la adquisición de bienes bajo el sistema de entrega llave en mano o llave en mano con mantenimiento, en aquellos casos en que se requiera personal para la instalación y puesta en funcionamiento, y siempre que en la estrategia de contratación se haya sustentado la necesidad del personal clave para garantizar el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación. Asimismo, disponen que dicho requisito debe consignar, de manera diferenciada y precisa: i) el tiempo mínimo de experiencia; ii) los trabajos o prestaciones vinculados con la actividad requerida; y iii) la denominación del puesto, cargo y/o posición respecto del cual se debe acreditar dicha experiencia. En el presente caso, no se advierte que el formato de estrategia de contratación haya previsto la necesidad de contar con personal clave para la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes objeto de la convocatoria, ni que haya sustentado la pertinencia de exigir experiencia específica, según se muestra a continuación: A ello se suma que las bases del procedimiento de selección no cumplirían con las exigencias previstas en las Bases Estándar, toda vez que no se señaló, de manera adecuada, la denominación del puesto, cargo y/o posición respecto del cual debía acreditarse la experiencia, incluyendo, además, actividades que no guardan relación directa con la instalación y puesta en marcha de la maquinaria objeto de contratación, sino que se ha requerido experiencia en procesamiento de cacao y operación de equipos para la industria del cacao como de catador de cacao y chocolate, así como en la capacitación de equipos iguales o similares a los requeridos. Así, en lugar de delimitar los trabajos o prestaciones en la actividad relacionada con la instalación y puesta en marcha de la maquinaria objeto de contratación, las bases consideraron un conjunto de actividades heterogéneas que no se articulan con un puesto clave previsto. En razón de lo expuesto, se advierte una posible vulneración de lo establecido en las Bases Estándar, el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, así como de los principios de legalidad, transparencia y facilidad de uso, regulados en los literales a) e i), respectivamente, del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas”.

  • Mediante Carta N° 3-2026-CS/GR-CUSCO/LPA-34, recibida el 21 de octubre de

2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad señaló que la imprecisión en la delimitación del cargo, así como la omisión advertida en el formato de estrategia de contratación respecto de la necesidad de calificar la experiencia específica del personal clave no constituyen aspectos trascendentes, toda vez que la necesidad de contar con dicho requisito de calificación se encuentra vinculada al sistema de entrega elegido, resultando necesario contar con personal clave idóneo para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos.

  • Por Decreto del 26 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver,

de acuerdo a lo establecido en el literal g) del numeral 311.1 del artículo 311 y en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento.

II. FUNDAMENTACIÓN:

  • En principio, corresponde señalar que es materia del presente análisis el recurso

de apelación interpuesto por el Impugnante en el procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones resultan aplicables para la resolución del presente caso.

  • Procedencia del recurso
  • El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato. Asimismo, no se pueden impugnar las contrataciones no sujetas a procedimiento competitivo ni las actuaciones que establece el Reglamento.

  • Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a fin de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, ya que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor.

  • En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

  • La entidad contratante o el TCP carezca de competencia para resolverlo, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley.

  • El numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley, delimita la competencia para conocer el

recurso de apelación, estableciendo en su literal a) que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Asimismo, los actos que declaren la nulidad de oficio u otros emitidos por la autoridad de la gestión administrativa o el titular de la entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal.

  • Bajo dicha premisa, se advierte que el recurso de apelación ha sido interpuesto en

un Licitación Pública Abreviada para Bienes, cuya cuantía asciende a S/ 289,909.00, siendo dicho monto superior a 50 UIT1, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

  • Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.
  • El artículo 303 del Reglamento establece taxativamente que no son impugnables:
  • los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias,

incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación; b) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores; c) las bases y/o su integración; d) las actuaciones referidas al registro de participantes; e) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo; f) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos; y

  • los procedimientos no competitivos.
  • En el presente caso, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra

la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario; por tanto, se advierte que los actos impugnados no se encuentran comprendidos en la lista de actos no impugnables.

  • Sea interpuesto fuera del plazo.
  • El numeral 304.2 del artículo 304 del Reglamento dispone que la apelación contra

el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella, en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, tratándose de Concurso Público Abreviado, Licitación Pública Abreviada, Selección de Expertos y Comparación de Precios.

  • En correlato con ello, el artículo 80 del Reglamento establece que el otorgamiento

de la buena pro es el acto que declara al postor ganador del procedimiento de selección y se publica a través de la Pladicop.

  • De igual modo, el numeral 6 de la Décimo Tercera Disposición Complementaria

Transitoria del Reglamento señala que, en las disposiciones referidas al registro de 1 La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2026 es de S/ 5,500. Este valor fue establecido mediante el Decreto Supremo N° 301-2025-EF. Por lo tanto, 50 UIT equivale a S/ 275,000.00.

información de la fase de selección que mencionen a la Pladicop, debe entenderse que dicha referencia corresponde al SEACE de la Pladicop.

  • En tal sentido, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena

pro se publicó el 22 de septiembre de 2026; por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 304 del Reglamento, el Impugnante tenía un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, es decir, hasta el 29 de septiembre de 2026.

  • Del análisis del expediente, se advierte que el recurso de apelación fue interpuesto

mediante el escrito s/n, recibido el 28 de septiembre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal. Por tanto, dicho recurso fue presentado dentro del plazo legal.

  • El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.
  • En este caso, se verifica que el recurso de apelación fue debidamente suscrito por

la señora Anggela Sara García, gerente general del Impugnante.

  • El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

  • En el presente expediente no se aprecia elemento alguno que permita determinar

que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento.

  • El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
  • En el presente expediente no se advierte elemento alguno que permita inferir que

el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

  • El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

  • De la revisión del petitorio del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante

cuestiona la descalificación de su oferta, por tanto, si bien aquel también impugna la adjudicación de la buena pro, se tiene que, previamente, cuestiona su situación jurídica en el procedimiento de selección. Asimismo, el análisis respecto a si logra revertir en forma previa su descalificación será realizado al momento de examinar el punto controvertido correspondiente.

  • Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
  • De la revisión del expediente, se advierte que el Impugnante no obtuvo la buena

pro del procedimiento de selección, toda vez que su oferta fue descalificada.

  • No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo.

  • De la revisión de los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, se aprecia

que estos se encuentran orientados a sustentar las pretensiones formuladas por el Impugnante; por tanto, no se configura la causal de improcedencia bajo análisis.

  • El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.
  • El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, prevé la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación.

  • En tal caso, de determinarse irregular la decisión de la Entidad, causaría agravio al

Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que –según indica– la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario se habrían realizado transgrediendo las disposiciones establecidas en la Ley, el Reglamento y las bases; por tal razón, este cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

  • De lo antes expuesto, no se advierte la concurrencia de alguna de las causales de

improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por consiguiente, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

  • Petitorio
  • El Impugnante solicita a este Tribunal que:
  • Se revoque la descalificación de su oferta.
  • Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.
  • Se califique su oferta y se le otorgue la buena pro.
  • Fijación de puntos controvertidos
  • Habiéndose verificado la procedencia del recurso de apelación presentado y el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que se dilucidarán. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo previsto en el literal d) del numeral 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. (El subrayado es agregado).

  • Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En consecuencia, solo pueden ser materia de análisis los puntos controvertidos que se originen en los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la absolución de este.

  • Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del

Reglamento, según el cual “Al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso”. (El subrayado es agregado).

  • Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo

312 del Reglamento, según el cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, lo siguiente: “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”.

  • Ahora bien, conforme al numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “todos los

actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

  • En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 29 de septiembre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían hasta el 2 de octubre del mismo año para absolverlo.

  • De la revisión del presente expediente, no se advierte que algún postor con interés

legítimo, distinto al Impugnante, se haya apersonado al procedimiento recursivo.

  • Por consiguiente, los puntos controvertidos que serán materia de análisis son los

siguientes:

  • Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del

Impugnante y, si como consecuencia de ello, debe tenerse por calificada la misma y, por su efecto, revocarse el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. ii) Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.

  • Análisis

Consideraciones previas:

  • Con el propósito de resolver la controversia planteada, resulta pertinente señalar

que el análisis que realice este Tribunal debe partir de la premisa que la normativa de contrataciones públicas tiene como finalidad que las entidades contratantes adquieran bienes, servicios y obras en las condiciones más favorables posibles, en términos de eficacia, eficiencia y economía.

  • En adición a lo anterior, cabe destacar que las contrataciones públicas se rigen por

principios que cumplen una función esencial en el establecimiento de parámetros que orientan la actuación de aquellos involucrados en el proceso de contratación, así como en el control de la discrecionalidad administrativa en la interpretación de las normas aplicables y en la integración jurídica ante aspectos no regulados. En este marco, resultan particularmente relevantes –entre otros– los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, e igualdad de trato, recogidos en el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley.

  • De esta manera, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Tribunal deberá avocarse al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante y, si como consecuencia de ello, debe tenerse por calificada la misma y, por su efecto, revocarse el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.

  • Mediante el recurso de apelación, el Impugnante cuestiona la descalificación de su

oferta y solicita que esta sea revocada. En tal sentido, a fin de abordar el presente punto controvertido, resulta pertinente analizar la razón que motivó la decisión adoptada por el comité.

  • De la revisión del acta publicada por el comité en el SEACE el 22 de septiembre de

2026, se advierte lo siguiente:

(…)

  • De lo expuesto, se verifica que el comité descalificó la oferta del Impugnante por

no acreditar el requisito de calificación “Experiencia del personal clave” debido a que el certificado de trabajo (folios 92 y 93) emitido por el Impugnante señala que el profesional laboró “desde el 2 de abril de 2018 hasta la fecha”, mas no consigna la fecha de emisión del documento.

  • Frente a lo observado por el comité, el Impugnante sostiene que este no realizó

una evaluación integral de su oferta, pues omitió considerar la totalidad de la documentación presentada para acreditar la experiencia del personal clave, señor Fidel Junior Sara García. Refiere que los documentos aportados acreditan tanto el inicio y continuidad de la relación laboral como la ejecución de funciones vinculadas a la instalación, puesta en marcha, mantenimiento y capacitación en maquinaria para el procesamiento de cacao, con lo cual dicho profesional acumularía 7 años y 9 meses de experiencia. Asimismo, señala que la omisión de la fecha de emisión constituye un defecto formal susceptible de subsanación y que, en el acta del 22 de septiembre de 2026, el comité tampoco se pronunció sobre dicha posibilidad.

  • Por otro lado, mediante la Carta N° 1-2026-CS/GR-CUSCO/CP-SERV-07, la Entidad

refirió que el Anexo N° 19 presentado para acreditar la experiencia del personal clave no consigna el tiempo de experiencia en años, meses y días, limitándose a describir actividades e indicar el periodo “2018 - presente”. Asimismo, señaló que el cuestionado certificado de trabajo obrante en los folios 92 y 93 no contiene fecha de emisión, lo que impide determinar objetivamente el periodo de experiencia acreditado; además, advirtió una incongruencia en el número de DNI consignado para dicho profesional, pues este correspondería a la gerente general de la empresa emisora.

  • Al respecto, el literal C.1 del numeral 3.5 (Requisitos de calificación) del capítulo III

de la sección específica de las bases integradas establece lo siguiente: (…)

  • Como se aprecia, las bases integradas establecieron que el personal clave debía

acreditar tres años de experiencia mínima en procesamiento de cacao y operación de equipos para la industria del cacao, incluyendo actividades como catación de cacao y chocolate, instalación, puesta en marcha, calibración y capacitación de equipos iguales o similares a los requeridos, así como transformación y análisis sensorial del grano.

  • Cabe señalar que dicho extremo se encuentra igualmente regulado en las bases de

la convocatoria.

  • Con relación a las reglas dispuestas en las bases integradas, el numeral 55.3 del

artículo 55 del Reglamento indica lo siguiente: “El contenido de las bases depende del tipo y modalidad del procedimiento de selección, e incluyen como mínimo lo siguiente: el requerimiento, los documentos necesarios para la presentación de ofertas y las condiciones para la ejecución contractual. Las bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la DGA, las cuales son de uso obligatorio por los evaluadores”. (El subrayado es agregado).

  • Precisamente, las bases estándar de la Licitación Pública Abreviada para Bienes

establecen que el requisito de experiencia del personal clave solo puede solicitarse cuando el objeto de la convocatoria corresponda a la adquisición de bienes bajo el sistema de entrega llave en mano o llave en mano con mantenimiento, en aquellos casos en que se requiera personal para la instalación y puesta en funcionamiento, y siempre que en la estrategia de contratación se haya sustentado la necesidad del personal clave para garantizar el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación. Asimismo, disponen que dicho requisito debe consignar, de manera diferenciada y precisa: i) el tiempo mínimo de experiencia; ii) los trabajos o prestaciones vinculados con la actividad requerida; y iii) la denominación del puesto, cargo y/o posición respecto del cual se debe acreditar dicha experiencia, tal como se muestra en la siguiente imagen:

  • En el presente caso, no se advierte que el formato de estrategia de contratación

haya previsto la necesidad de contar con personal clave para la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes objeto de la convocatoria, ni que haya sustentado la pertinencia de exigir experiencia específica, según se muestra a continuación:

  • Asimismo, se observa que las bases del procedimiento de selección no se habrían

adecuado plenamente a las disposiciones previstas en las bases estándar, pues no identificaron con precisión el puesto, cargo o posición cuya experiencia debía acreditarse. Adicionalmente, incorporaron actividades que exceden el ámbito propio de la instalación y puesta en marcha de la maquinaria objeto de contratación, al requerir experiencia vinculada al procesamiento de cacao, la operación de equipos para dicha industria, labores de catación de cacao y chocolate, así como capacitación en equipos iguales o similares a los requeridos. De este modo, en lugar de circunscribir la experiencia exigida a prestaciones directamente relacionadas con el objeto de la contratación, las bases contemplaron diversas actividades que no se encuentran claramente asociadas a un puesto clave determinado.

  • Bajo dichas consideraciones, y en virtud de la facultad prevista en el numeral 313.2

del artículo 313 del Reglamento2, este Tribunal corrió traslado del vicio advertido al Impugnante, al Adjudicatario y a la Entidad, con el Decreto del 16 de octubre de 2026.

  • En respuesta, a través de la Carta N° 3-2026-CS/GR-CUSCO/LPA-34, la Entidad

sostuvo que la imprecisión advertida en la delimitación del cargo, así como la omisión identificada en la estrategia de contratación respecto de la inclusión de la experiencia específica como requisito de calificación del personal clave no constituyen aspectos trascendentes. Al respecto, indicó que la exigencia de dicho requisito se encuentra directamente vinculada al sistema de entrega previsto para la contratación, por lo que resulta necesario contar con personal clave idóneo para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos.

  • Cabe precisar que ni el Impugnante ni el Adjudicatario absolvieron el traslado del

vicio de nulidad identificado por este Tribunal.

  • En atención a lo expuesto, corresponde señalar que las bases del procedimiento

de selección no observaron las disposiciones previstas en las bases estándar aplicables. En efecto, contrariamente a lo sostenido por la Entidad, el solo 2 “Artículo 313. Alcances de la resolución (…) 313.2. Cuando el TCP o la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante advierta de oficio posibles vicios de nulidad de la fase de selección, corre traslado a las partes, según corresponda, para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. En caso de apelaciones ante el TCP, se extiende el plazo previsto en el literal e) del numeral 311.1 del artículo 311. Tratándose de apelaciones ante la entidad contratante, se extiende el plazo previsto para resolver.” (El subrayado es agregado).

argumento de contar con personal idóneo para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos no exime del cumplimiento de las condiciones expresamente establecidas para la incorporación de la experiencia del personal clave como requisito de calificación. Así, no solo se advierte que la estrategia de contratación no sustentó la necesidad de exigir dicho requisito, sino que, además, las bases omitieron identificar de manera precisa el puesto, cargo o posición respecto del cual debía acreditarse la experiencia, incorporando actividades que exceden el ámbito de la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes objeto de la contratación, tal como fue descrito en el traslado de nulidad.

  • Debe tenerse en cuenta que la Entidad ha señalado que la experiencia como

catador resulta necesaria debido a que ello coadyuva a la calibración de la máquina, lo que no resulta coherente, dado que un profesional calificado para la instalación puede realizar la instalación y puesta en marcha, resultando excesiva esa exigencia, además de no estar acorde a lo previsto en las bases estándar.

  • Asimismo, el vicio advertido no constituye una simple “deficiencia en la técnica de

redacción del requerimiento que puede ser subsanada sin necesidad de retrotraer el procedimiento”, como sostiene la Entidad mediante la Carta N° 3-2026-CS/GR- CUSCO/LPA-34. Ello, porque la normativa ha previsto la nulidad como el único mecanismo legal para corregir las deficiencias del requerimiento, como la identificada en el presente caso. Siendo así, los efectos de la nulidad no pueden ser restringidos bajo el argumento de la existencia de un interés público, puesto que es precisamente la deficiencia advertida la que compromete la contratación materia de análisis, resultando necesario que la Entidad la corrija en una nueva convocatoria.

  • En consecuencia, se verifica la existencia de un vicio de nulidad en las bases del

procedimiento, toda vez que el requisito de calificación “Experiencia del personal clave” fue incorporado sin considerar lo dispuesto en las bases estándar de uso obligatorio. Por tanto, dicho vicio resulta trascendente y no es susceptible de conservación, toda vez que los postores formularon sus ofertas y estas fueron revisadas sobre la base de reglas de calificación que contravienen lo dispuesto en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, las bases estándar y los principios de legalidad y de transparencia y facilidad de uso previstos en los literales a) e i), respectivamente, del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley3. 3 “Art. 5. Principios rectores de la contratación pública” 5.1. Las contrataciones públicas, con independencia de su régimen legal, se rigen bajo los siguientes principios:

  • En este contexto, el numeral 70.1 y el literal a) del numeral 70.2 del artículo 70 de

la Ley establece que el Tribunal, solo en los casos que conozca por interposición del recurso de apelación, puede declarar nulos los actos expedidos dentro del procedimiento de selección que hayan sido dictados por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, prescindan de las normas esenciales del procedimiento o prescindan de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección.

  • Ahora bien, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a

las entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de la materia, a efectos que la contratación que se realice se encuentre arreglada a ley y no al margen de ella.

  • Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el numeral 70.1 y el literal
  • del numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley, concordantes con lo dispuesto en el

literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad del presente procedimiento de selección, debiendo retrotraerse hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, para lo cual la Entidad deberá considerar lo siguiente:

  • Al elaborar las nuevas bases del procedimiento, la Entidad deberá observar

estrictamente las disposiciones contenidas en las bases estándar aplicables, sustentando adecuadamente en la estrategia de contratación la necesidad de incorporar el requisito de calificación “Experiencia del personal clave” y estableciendo de manera clara, precisa y objetiva las condiciones para su acreditación, a fin de garantizar la transparencia del procedimiento y que los postores cuenten con reglas correctamente definidas para la formulación de sus ofertas y su posterior evaluación.

  • Legalidad: las partes involucradas en el proceso de contratación deben actuar con respeto a la Constitución Política del

Perú, la Ley y al derecho dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo con los fines conferidos. (…)

  • Transparencia y facilidad de uso: son principios rectores de las actuaciones y decisiones de quien participe en el proceso

de contratación basados en reglas y criterios claros y accesibles. Las entidades contratantes garantizan el acceso público y oportuno a dicha información, salvo las excepciones previstas en la ley de la materia. El acceso a toda plataforma, sistemas, procedimientos y trámites debe ser sencillo, amigable al usuario y oportuno, de modo que garantice la seguridad y brinde información confiable, oficial y útil. (…)”. (El subrayado es agregado).

  • Cabe precisar que, el contenido de las bases que no ha sido objeto de análisis se

encuentra premunido de la presunción de validez establecida en el artículo 9 del TUO de la LPAG.

  • En tal sentido, considerando que, en el presente caso debe declararse la nulidad

del procedimiento de selección, no corresponde pronunciarse sobre los puntos controvertidos.

  • Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el numeral 70.3 del artículo 70 de la Ley,

corresponde poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a fin de que adopte las acciones pertinentes dentro del ámbito de sus competencias, así como para que exhorte a los evaluadores y a las áreas que intervengan en la elaboración de las bases a actuar en estricta observancia de la normativa de contratación pública, con el propósito de evitar futuras nulidades que puedan comprometer la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

  • Por último, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto

declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución total de la garantía otorgada por el Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Danny William Ramos Cabezudo y la intervención de los Vocales Juan Carlos Cortez Tataje y Sonia Tatiana Angulo Reátegui, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

  • Declarar de oficio la nulidad de Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 34-

2026-GR CUSCO-3 (Tercera convocatoria), convocada por el Gobierno Regional de Cusco Sede Central, para la contratación de bienes “Contratación: Adquisición de equipos para el procesamiento de chocolate para el proyecto: Mejoramiento del proceso de transformación del grano seco de cacao del AEO Ruta del Cacao S.A.C. distrito de San Jerónimo, provincia de Cusco, región Cusco”, por los fundamentos expuestos; debiendo retrotraerse el procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, conforme a lo señalado en el fundamento 56.

  • Devolver la garantía presentada por la empresa INDUSTRIA METÁLICA SARA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMSA S.R.L., para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

  • Poner la presente resolución en conocimiento del Titular del Gobierno Regional de

Cusco Sede Central, a fin de que proceda conforme a lo señalado en el fundamento 59.

  • Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui.

Resolución N.° 9534-2026-TCP-S5 | Documentos Regulatorios · LinkContrata