Resolución N.° 9533-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. (...)” Lima, 2 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 2 de noviembre de 2026 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 7294/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor YAKU SERVICIOS GENERALES E.I.R.L., en el marco del Concurso Público de Servicios N° 28-2026-SEDAPAL, convocado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, el 7

de agosto de 2026, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, en adelante la Entidad contratante, convocó el Concurso Público de Servicios N° 28-2026-SEDAPAL, para la “Contratación de servicio de proceso de extracción de residuos sólidos en las unidades de la planta de tratamiento de la atarjea”, con una cuantía de contratación ascendente a S/ 3’455,182.00 (tres millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento ochenta y dos con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. El referido procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento. De acuerdo al respectivo cronograma, el 9 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas (por vía electrónica); y, el 18 del mismo mes y año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a favor del postor JEMAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: Según el “Acta de admisión, calificación, evaluación y buena pro”, registrada en el SEACE el 18 de setiembre de 2026, el comité descalificó la oferta del postor YAKU SERVICIOS GENERALES E.I.R.L., por los motivos que se exponen:

POSTOR

ETAPAS RESULTADO

ADMISIÓN CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

BUENA PRO

TÉCNICA OFERTA ECONÓMICA S/ PUNTAJE

TOTAL OP.

JEMAR CONTRATISTAS

GENERALES S.A.C. ADMITIDO CALIFICADO 70 3’017,777.70 30 100 1 SÍ

TECNISAN E.I.R.L. ADMITIDO CALIFICADO 70 3,280,000.00 27.60 97.60 2 -

YAKU SERVICIOS

GENERALES E.I.R.L. ADMITIDO DESCALIFICADO - - - - - -

• Mediante el Escrito N° 1 presentado el 30 de setiembre de 2026, subsanado el 2

de octubre del del mismo año, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el postor YAKU SERVICIOS GENERALES E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación solicitando se revoque la descalificación de su oferta, se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario y se ordene que el comité evalúe su oferta y otorgue la buena pro a su favor, conforme a los argumentos que se exponen: Respecto de la Experiencia N° 1

• Señala que, como parte de la Experiencia N° 1, presentó el Contrato N° 088-

2022-SEDAPAL, vinculado a la PTAP La Atarjea, respecto del cual declaró como experiencia el monto de S/ 2’156 096,88. Asimismo, precisa que adjuntó el detalle de los precios unitarios correspondiente a dicha contratación, así como la Carta N° 015-2022-YAKU del 3 de marzo de 2022, documento que, según sostiene, acredita que dicho detalle fue presentado ante SEDAPAL para el perfeccionamiento del contrato y, por tanto, no constituiría un documento elaborado unilateralmente por su representada, sino documentación presentada y conocida por la Entidad en el marco de la referida contratación.

• Asimismo, indica que el mencionado contrato comprendía el mantenimiento

de las unidades de tratamiento de agua potable de La Atarjea, con la finalidad de realizar labores de limpieza, mantenimiento y resane de la infraestructura civil; por ello, considera que no se advierte en qué medida dicho objeto no guardaría correspondencia con los servicios similares previstos en las bases integradas. En tal sentido, sostiene que el argumento según el cual “el objeto del servicio difiere de la experiencia solicitada” no se condice con el contenido del contrato presentado.

• Agrega que el importe de S/ 2’156 096,88 declarado como Experiencia N° 1

en el Anexo N° 11 fue determinado a partir de trece (13) partidas correspondientes exclusivamente al bloque de mantenimiento preventivo consignado en el detalle de precios unitarios. En este punto, indica que, al costo directo de dichas partidas, se adicionaron los gastos generales (8 %), la utilidad (12 %) y el IGV (18 %), sin incluir partidas correspondientes al bloque de mantenimiento correctivo, tales como fisuras, juntas, pintura, inyección e impermeabilización. En ese sentido, sostiene que el monto declarado corresponde únicamente a las prestaciones que su representada identificó como similares a las exigidas en las bases integradas.

• Acota que, en el presente caso, no existe una “conformidad parcial”, pues el

Acta de Conformidad Final acredita la ejecución del 100 % del contrato antes mencionado, por el importe total de S/ 3’864 600,00; por lo que queda claro que las partidas consignadas en el detalle de precios unitarios fueron ejecutadas en su integridad.

• Finalmente, sostiene que las imprecisiones contenidas en el Anexo N 11

respecto de esta experiencia —entre ellas, la referencia al Contrato N° 205- 2018-SEDAPAL en lugar del Contrato N° 088-2022-SEDAPAL— constituyen errores materiales, pues la fecha, el procedimiento, el objeto, el cliente, el monto y la documentación adjunta permitirían identificar de manera inequívoca la contratación ofertada. Respecto de la Experiencia N° 2

• Indica que, para acreditar la Experiencia N° 2, presentó el Contrato N° 177-

2020-SEDAPAL vinculado a la PTAP Huachipa, respecto del cual declaró en el Anexo N° 11 como experiencia el importe de S/ 1’625,738,06, correspondiente al 70 % de participación de su representada en el consorcio ejecutor, sobre un monto total de S/ 2’322 482,94, asociado al bloque completo de mantenimiento preventivo consignado en el folio 64 de su oferta.

• Al respecto, precisa que las bases que dieron origen a dicha contratación

también exigían la presentación del detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato, y que las valorizaciones mensuales se efectuaban sobre los metrados ejecutados, valorizados mediante precios unitarios por partida.

• Bajo dicho contexto, indica que el documento obrante en el folio 64 de su

oferta reproduce el metrado oficial de SEDAPAL y contiene los precios unitarios utilizados para determinar el monto contractual, aspecto que, a su criterio, debió ser valorado por el comité. Respecto de la Experiencia N° 5

• Sostiene que el comité rechazó la Experiencia N° 5 al considerar que el

“Servicio de mantenimiento correctivo de la infraestructura hidráulica” no correspondía al objeto de la convocatoria ni constituía un servicio similar; sin embargo, cuestiona dicha conclusión, pues señala que esta se sustentó únicamente en la denominación del servicio, sin analizar el contenido de los términos de referencia adjuntos a su oferta.

• Asimismo, refiere que el objeto del Contrato N° 269-2020-SEDAPAL

comprendía, entre otras actividades, la extracción de arena, limpieza, mantenimiento correctivo de obras civiles, impermeabilización, desinfección y estanquidad de las unidades de tratamiento de agua potable. Asimismo, refiere que los términos de referencia de dicha contratación, obrantes en el folio 131 de su oferta, incluían actividades como extracción, traslado y

con ácido, limpieza de cámaras y desinfección interna de las unidades de filtración.

• En ese contexto, sostiene que dichas prestaciones guardan correspondencia

con la extracción de residuos sólidos y la limpieza y desinfección de unidades de tratamiento previstas como servicios similares en las bases integradas.

• Por lo tanto, solicita que dicha experiencia sea validada por el monto

declarado de S/ 1’517 064,00 y que, en aplicación del principio de verdad material, se requiera a SEDAPAL el expediente correspondiente al perfeccionamiento del contrato, incluyendo las Cartas N° 141-2020-YAKU y

145-2020-YAKU.

• Finalmente, a efectos de sustentar su posición, cita la Resolución N° 0442-

2019-TCE-S3, señalando que dicho pronunciamiento reconoció la posibilidad de acreditar la parte de la experiencia siempre que el postor acredite de manera fehaciente el monto exacto de la experiencia, precisándose que dicha fehaciencia puede corroborarse por el tercero que recibió la prestación.

• Sin perjuicio de lo expuesto, precisa que en la fila 5 del Anexo N° 11 se

consignó por error la fecha “19/03/2019”, pese a que la buena pro fue adjudicada el 25 de noviembre de 2020, conforme al folio 132 de su oferta; aspecto que, según sostiene, constituye un error material.

• En atención a los argumentos expuestos, concluye que corresponde declarar

fundado el recurso de apelación y; por consiguiente, revoca la descalificación de su oferta. Respecto del presunto vicio de nulidad en las bases integradas

• Señala que las bases integradas adolecerían de un vicio de nulidad, toda vez

que no establecieron la documentación que debía presentarse para acreditar el requisito de calificación referido a la “Experiencia del postor en la especialidad”.

• Solicitó el uso de la palabra.
• Por medio del Decreto del 5 de octubre de 2026, notificado a través del Toma

Razón Electrónico del SEACE en la misma fecha, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles absuelvan el mismo. Del mismo modo, se programó audiencia pública para el 13 de octubre de 2026, precisándose que la misma se realizaría a través de la plataforma Google Meet. Finalmente, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información y resuelva el caso dentro del plazo legal.

• Por medio del Informe Técnico Legal N° 031 -2026-Concurso Público de Servicios

N° 028-2026-SEDAPAL presentado el 9 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad contratante absolvió el traslado de los fundamentos del recurso impugnativo, señalando, principalmente, que ratifica la decisión del comité de descalificar la oferta del Impugnante, al considerar que no cumplió con acreditar el requisito de calificación referido a la “Experiencia del postor en la especialidad”, conforme a lo establecido en las bases integradas.

• Con escrito s/n presentado el 9 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes Digital

del Tribunal, la Entidad contratante acreditó a sus representes para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante el escrito s/n presentado el 9 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado de los fundamentos del recurso de apelación, señalando, principalmente, que la oferta del Impugnante no contiene los documentos establecidos en las bases integradas para acreditar el requisito de calificación referido a la “Experiencia del postor en la especialidad”; razón por la cual, concluye que la experiencias observadas por el comité no se encontraban conforme con las bases integradas.

• Por medio del Decreto del 9 de octubre de 2026, en virtud de la Resolución de

Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE-PRE que formalizó el Acuerdo N° 001-0142026/OECE-CD del Consejo Directivo que aprobó la reconformación de las Salas del Tribunal y a lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 003-2020/TCE, se remitió el presente expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. Asimismo, se programó la audiencia pública para el 16 del mismo mes y año.

• A través del Decreto del 13 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al

presente procedimiento al Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado de los fundamentos del recurso impugnativo.

• Mediante el Escrito N° 2 presentado el 14 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Adjudicatario acreditó a sus representes para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Por medio del escrito s/n presentado el 16 de octubre de 2026 en la Mesa de

Partes Digital del Tribunal, la Entidad contratante acreditó a sus representes para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Con escrito s/n presentado el 16 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes Digital

del Tribunal, el Impugnante acreditó a su represente para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• El 16 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación de los representantes designados por el Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad contratante1.

• A través del Decreto del 16 de octubre de 2026, se solicitó al Impugnante,

Adjudicatario y a la Entidad contratante pronunciarse respecto a posibles vicios de nulidad en el procedimiento de selección, en los siguientes términos: 1 En representación del Impugnante hizo el uso de la palabra la señora Anyi Solanche Villanueva Chigne; en representación del Adjudicatario la señora Marimar Lorenzo Paitan y; en representación de la Entidad contratante los señores Grecia Mishelle Zumaeta Calienes y Luis Renan Araujo Vásquez.

“(…)

• De la revisión de las bases administrativas, se advierte que la Entidad contratante, en

relación al requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, estableció las siguientes exigencias:

• Como se aprecia, la Entidad contratante estableció, entre otros aspectos, que la experiencia

del postor en la especialidad debía acreditarse mediante copia simple de: ➢ Contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o ➢ Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondiente a un máximo de veinte contrataciones. Asimismo, se precisó que los postores debían presentar el Anexo N° 11, denominado “Experiencia del Postor en la Especialidad”, en el cual debían detallar las contrataciones ofrecidas para acreditar dicho requisito de calificación.

• Sin embargo, se advierte que, con ocasión de la integración de las bases, se habría

suprimido las disposiciones referidas a la forma de acreditación de la experiencia del postor en la especialidad, así como la exigencia de presentar el Anexo N° 11, pese a que dichas disposiciones se encuentran previstas en las bases estándar (aplicables al presente caso) de observancia obligatoria para la Entidad contratante, sin que, además, hayan sido objeto de cuestionamiento durante la etapa de consultas y observaciones, consignándose en las bases integradas información parcial respecto de dicho requisito, referidas al monto facturado acumulado exigido y a los servicios considerados similares al objeto de la convocatoria, conforme se expone en el siguiente extracto:

• En consecuencia, la situación expuesta, revelaría que el comité habría contravenido las

bases estándar; asimismo, los principios de transparencia y facilidad de uso y el de competencia recogidos en los literales i) y j) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Del mismo modo, el numeral 66.4 del artículo 66 del Reglamento de la mencionada Ley. Cabe precisar que, lo expuesto de manera precedente tendría incidencia en la controversia que es materia del presente recurso de apelación. (…)”.

• Mediante el escrito s/n presentado el 23 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Adjudicatario remitió argumentos complementarios para mejor resolver.

• Con escrito s/n presentado el 23 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes Digital

del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado de presuntos vicios de nulidad, señalando, principalmente, que se disponga la conservación del acto, al considerar que los supuestos vicios advertido no resultan trascedentes.

• Por medio del Informe Técnico Legal Complementario N° 34-2026-Concurso

Público de Servicios N° 028-2026-SEDAPAL presentado el 23 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad contratante absolvió el traslado de presuntos vicios de nulidad, señalando, principalmente, que no se habría configurado un vicio de nulidad trascendente, toda vez que el requisito de calificación referido a la “Experiencia del postor en la especialidad” no fue suprimido en su totalidad, manteniendo la información prevista en las bases estándar aplicables.

• Mediante el Escrito N° 4 presentado el 23 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Impugnante absolvió el traslado de presuntos vicios de nulidad, precisando, principalmente, que las bases integradas adolecen de vicios de nulidad, al haberse suprimido las disposiciones obligatorias referidas a la acreditación del requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, lo que comprometería los principios de transparencia y competencia.

• A través del Escrito N° 5 presentado el 26 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Adjudicatario remitió argumentos complementarios para mejor resolver.

• Por medio del Decreto del 26 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo

para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, en el marco del procedimiento de selección convocado estando en vigencia la Ley y el Reglamento; por tanto, tales normas son aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple

(SÍ/NO)

1 Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (Valor superior a 50 UIT).2 Concurso público de servicios con una cuantía de S/ 3’455,182.00 (tres millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento ochenta y dos con 00/100 soles) Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable.3 En este punto, se aprecia que el Impugnante cuestionó, entre otros, la integración de bases, referido a la experiencia del postor en la especialidad; sin embargo, se advierte que dicho extremo configura la causal de improcedencia recogido en el literal c) del artículo 303 del Reglamento, según el cual, el recurso de apelación es declarado improcedente cuando sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables, tales como las bases y/o su integración. Por lo tanto, corresponde declarar improcedente dicho extremo del recurso de apelación. Sí 2 Este requisito se aplica en observancia de lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 3 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento.

Por otro lado, se aprecia que el recurso de apelación contiene otras pretensiones, las cuales se dirigen contra la descalificación la buena pro a favor del Adjudicatario. Por lo tanto, corresponde continuar con la evaluación de los demás criterios de procedencia. Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles.4 La notificación del acto impugnado fue el 18.09.2026, venciendo el plazo de 8 días hábiles el 30.09.2026. El recurso de apelación fue interpuesto el 30.09.2026, debidamente subsanado el 02.10.2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente. El recurso fue suscrito por el señor Jesús Anegel Rengifo Cenas en calidad de titular gerente del Impugnante, conforme al certificado de vigencia adjunto al recurso. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e) y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Impugnante cuestiona la descalificación de su oferta y por consiguiente el otorgamiento de la buena pro. Sí Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro. El Impugnante no fue ganador de la buena pro, su oferta fue descalificada. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 4 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. La decisión de la Entidad contratante, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que la decisión de declarar descalificada su oferta se habría realizada transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. Sí

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES
• El Impugnante ha solicitado a este Tribunal, lo siguiente:
• Se revoque la descalificación de su oferta.
• Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.
• Se ordene que el comité evalúe su oferta y otorgue la buena pro a su favor.

Por su parte, el Adjudicatario solicitó lo siguiente

• Se confirme la descalificación de la oferta del Impugnante
• Se confirme el otorgamiento de la buena pro a favor de su representada.
• Se declare infundado el recurso de apelación.
• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso.

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad contratante y a los postores distintos a los impugnantes que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles.

• Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente

procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 5 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE5, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 9 del mismo mes y año6. Al respecto, de la revisión al expediente administrativo se advierte que mediante el escrito s/n presentado, precisamente el 9 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Adjudicatario presentó su escrito, en el cual absolvió el traslado del recurso de apelación. En razón de lo expuesto, se advierte que aquél 5 De acuerdo al literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 6 Considerando que el 8 de octubre de 2026, fue declarado feriado por “Combate de Angamos”.

cumplió con presentar la absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido, por lo que corresponde considerar los cuestionamientos que haya podido formular contra la oferta del Impugnante en la determinación de los puntos controvertidos.

• En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos

a dilucidar, son los siguientes: ➢ Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante; y si, como consecuencia de ello, debe tenerse por calificada la misma y, por su efecto, revocarse el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. ➢ Determinar si corresponde ordenar que el comité evalúe la oferta y otorgue la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante.

• ANÁLISIS DE PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante; y si, como consecuencia de ello, debe tenerse por calificada la misma y, por su efecto, revocarse el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.

• Según el “Acta de admisión, calificación, evaluación y buena pro”, registrada en el

SEACE el 18 de setiembre de 2026, el comité descalificó la oferta del Impugnante al considerar que no cumplía con acreditar el requisito de calificación referido a la “Experiencia del postor en la especialidad”. Al respecto, no validó las Experiencias N° 1 y N° 2, debido a que los detalles de precios unitarios presentados no habían sido elaborados, aceptados ni ratificados por la entidad contratante; ni la Experiencia N° 5, por corresponder a un servicio de mantenimiento correctivo de infraestructura hidráulica que supuestamente no calificaba como similar. En consecuencia, dicho órgano solo reconoció un monto facturado acumulado de S/ 1’080,359.35, el cual, según se indica, resultaba inferior a los S/ 3’000,000.00 exigidos en las bases integradas.

• Frente a dicha decisión, el Impugnante en su recurso de apelación sostuvo que las

bases integradas únicamente exigen el monto facturado mas no contienen el apartado referido a la forma de acreditación de la experiencia del postor en la especialidad, por lo que considera que su oferta cumple con dicho requisito de calificación. Estos argumentos se encuentran desarrollados en el numeral 2 de los

• Es preciso indicar que, tanto el Adjudicatario como la Entidad contratante

presentaron sus argumentos, los cuales se encuentran desarrollados en los numerales 6 y 4 de los antecedentes, respectivamente.

• Precisando lo anterior, cabe traer a colación lo señalado en las bases integradas

del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se sometieron los participantes y/o postores, así como el órgano evaluador (en este caso el comité) al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento.

Así, en el literal B) del numeral 3.5.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, para efectos de acreditar el requisito de calificación referido a la experiencia del postor en la especialidad, se solicitó lo siguiente:

• De la disposición citada, se advierte que la Entidad contratante exigió acreditar un

monto facturado acumulado equivalente a S/ 3’000 000,00 (tres millones con 00/100 soles) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los quince (15) años anteriores a la presentación de ofertas, estableciendo, además, los servicios que serían considerados similares para tal efecto. Sin embargo, se observa que dichas bases no contemplaron el apartado correspondiente a la forma de acreditación del requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, incluido el Anexo N° 11, dejando a criterio de los postores la presentación de los documentos que consideraran pertinentes para acreditar su cumplimiento, ante la ausencia absoluta de reglas claras y objetivas que permitan determinar la documentación exigible para tal efecto.

• Ahora bien, de la revisión de las bases administrativas del procedimiento de

selección, se aprecia que estas contenían el apartado referido a la acreditación, en el que se establecían los documentos mediante los cuales los postores debían acreditar la experiencia exigida, conforme al siguiente detalle:

Nótese que dichas bases establecían expresamente la documentación que los postores debían presentar para acreditar su experiencia, incluido el Anexo N° 11, conforme al siguiente detalle:

• contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia

de prestación; o ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, o comprobante de retención electrónico emitido por SUNAT por la retención del IGV. Adicionalmente, establecía que, en caso que un postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados, debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del párrafo anterior; precisándose, además, que no resulta posible acreditar la experiencia únicamente con la presentación de contratos u órdenes de servicio con conformidad o constancia de prestación.

• En este punto, nótese que las bases administrativas establecían expresamente el

apartado referido a la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad (aspecto que incluso no fue objeto de consultas ni observaciones, conforme se desprende del pliego absolutorio); no obstante, se evidencia que, con ocasión de la integración de las bases, la Entidad contratante suprimió dicho extremo, pese a que tal disposición se encontraba prevista en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección, cuya observancia resultaba obligatoria para la Entidad contratante, conforme se aprecia a continuación:

• En este sentido, este Tribunal, aprecia que al no haberse considerado en las bases

integradas las disposiciones referidas a la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad, la Entidad contratante alteró la forma de acreditación de dicho requisito de calificación, contraviniendo así las disposiciones de las bases estándar aplicables al procedimiento de selección. Por lo tanto, resulta evidente que las bases integradas no se ajustaron a las disposiciones de las bases estándar; situación que, incluso incide en la resolución de la presente controversia; toda vez que el comité descalificó la oferta del Impugnante al considerar que la documentación presentada no cumplía con las exigencias correspondientes; pese a que, conforme se ha expuesto anteriormente, dichas bases no establecían qué documentación resultaba exigible para acreditar dicho requisito de calificación.

• En ese contexto, teniendo en cuenta que este Colegiado ha advertido la existencia

de posibles vicios de nulidad, vinculados al tema en controversia, se corrió traslado a la Entidad contratante, al Impugnante y al Adjudicatario, concediéndoles un plazo de cinco (5) días hábiles para que, de considerarlo, emitan pronunciamiento sobre una posible contravención a los principios de transparencia y facilidad de uso y el de competencia recogidos en los literales i) y

• del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, así como el numeral 66.4 del artículo 66

del Reglamento.

• Al respecto, el Impugnante sostuvo que las bases integradas adolecen de vicios de

nulidad, al haberse suprimido las disposiciones obligatorias referidas a la acreditación del requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, lo que comprometería los principios de transparencia y competencia.

• A su turno, el Adjudicatario solicitó se disponga la conservación del acto, al

considerar que los supuestos vicios advertido no resultan trascedentes.

• Por su parte, la Entidad contratante manifestó que no se habría configurado un

vicio de nulidad trascendente, toda vez que el requisito de calificación referido a la “Experiencia del postor en la especialidad” no fue suprimido en su totalidad, manteniendo la información prevista en las bases estándar aplicables.

• Llegado a este punto, es importante señalar que, conforme al principio de

transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal i) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, las Entidades contratantes deben proporcionar reglas y criterios claros y accesibles, de manera que todas las etapas del proceso de contratación sean comprensibles para los proveedores, garantizando, además el acceso público y oportuno a la información. Además, el acceso a plataformas, sistemas, procedimientos y trámites debe ser sencillo, amigable para el usuario y oportuno, de modo que se garantice la seguridad y brinde información confiable, oficial y útil. Asimismo, según el principio de competencia se entiende que los procesos de contratación deben incluir disposiciones que aseguren condiciones de competencia efectiva y que permitan obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público subyacente en la contratación.

• Asimismo, es importante precisar que, conforme con el numeral 55.3 del artículo

55 del Reglamento las bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la DGA, las cuales son de uso obligatorio por los evaluadores. Ello implica que su contenido —específicamente la forma de acreditación de la experiencia del postor en la especialidad— no puede ser suprimida, alterada y/o modificado por las entidades contratantes, debiendo ser aplicadas en estricto cumplimiento; por lo tanto, las bases integradas que no establezcan dicho apartado de las bases estándar constituyen una transgresión al marco normativo aplicable.

• En el presente caso, ha quedado acreditado que la Entidad contratante, con

ocasión de la integración de las bases, suprimió el apartado referido a la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad, previsto inicialmente en las bases administrativas, pese a que su inclusión resultaba obligatoria conforme a las bases estándar aplicables al procedimiento de selección. En este punto, nótese que, conforme al numeral 66.4 del artículo 66 del Reglamento, el pliego de absolución de consultas y observaciones se publica en la Pladicop conjuntamente con las bases integradas, las cuales contienen las modificaciones o precisiones formuladas y se constituyen en las reglas definitivas del procedimiento de selección. No obstante, en el presente caso, queda claro que contrariamente a dicha disposición normativa, el comité integró las bases suprimiendo disposiciones de carácter obligatorio previstas en las bases estándar, sin que ello hubiera derivado de la absolución de consultas u observaciones, conforme se desprende del pliego absolutorio. Con ello, no se pretende sostener que la supresión de dicho apartado habría resultado válida de haberse efectuado mediante la absolución de consultas u observaciones, sino principalmente de identificar la etapa en la que se configuró el vicio advertido; toda vez que la supresión de disposiciones de carácter obligatorio (como el advertido), incluso a través de dicho mecanismo, resultaría contraria al marco normativo aplicable.

• Asimismo, cabe precisar que, si bien las bases administrativas establecían la forma

de acreditación de la experiencia del postor en la especialidad, ello no enerva el vicio advertido, pues, debe tenerse en cuenta que las bases integradas, al constituir las reglas definitivas del procedimiento de selección, debían ajustarse a las disposiciones de las bases estándar y establecer reglas claras y objetivas, conforme a lo expuesto anteriormente. Por lo tanto, este Colegiado considera que las bases integradas no pueden ser empleadas como un parámetro válido y suficiente para resolver la presente controversia, dado el vicio advertido en los párrafos precedentes.

• En consecuencia, contrariamente a lo expuesto por la Entidad contratante; este

Tribunal concluye que se ha contravenido las bases estándar aplicables, los principios de transparencia y facilidad de uso y el de competencia recogidos en los literales i) y j) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, así como el numeral 66.4 del

artículo 66 del Reglamento.

• Bajo dicho contexto, cabe traer a colación el numeral 70.1 del artículo 70 de La

Ley, el cual dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos emitidos si advierte que los mismos han sido expedidos por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto.

• En esa línea, en el presente caso, los vicios incurridos resultan trascendentes, toda

vez que se ha vulnerado el principio transparencia y facilidad de uso previsto en el literal i) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley. Debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, los mismos que no son conservables toda vez que guardan relación directa con el punto controvertido referido a la descalificación de la oferta del Impugnante7. En consecuencia, en el presente caso, no se verifica que exista la posibilidad de conservar el acto viciado, hecho que determina que este Tribunal no pueda convalidar los actos emitidos en el presente procedimiento, al estar comprometida la validez y legalidad del mismo; razón por la cual no corresponde amparar el argumento formulado por el Adjudicatario referido a la aplicación de la conservación el acto. Por lo tanto, corresponde se disponga de oficio la nulidad del procedimiento de selección.

• En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido

en el literal b) del numeral 70 del artículo 70 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de integración de bases, a efectos que se corrijan los vicios advertidos anteriormente. Siendo así, considerando que este Tribunal declarará de oficio la nulidad del procedimiento de selección y lo retrotraerá hasta la etapa de integración de bases corresponde que la Entidad contratante tenga en consideración lo siguiente:

• La Entidad contratante debe efectuar la integración de las bases,

como las modificaciones o precisiones derivadas de la absolución de consultas y observaciones, sin omitir ni alterar las exigencias obligatorias previstas en las bases estándar, en observancia del principio de transparencia y facilidad de uso. 7 Cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el inicio 2 del citado artículo, en concordancia con el artículo 14 de la LPAG, solo serán conservables cuando el vicio del acto administrativo, por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente (negrita agregada).

• Por tanto, y en la medida que el procedimiento de selección será declarado nulo,

carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los puntos controvertidos formulados en el presente caso.

• En tal sentido, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, y toda vez que este Tribunal declarará de oficio la nulidad del procedimiento de selección sin pronunciamiento sobre el petitorio del Impugnante, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por aquél, para la interposición de su recurso de apelación.

• Finalmente, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO

de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse la presente resolución en conocimiento de la Entidad contratante, a fin de que conozcan de los vicios advertidos y adopten las medidas del caso conforme a sus facultades. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente César Arturo Sánchez Caminiti y la intervención de los vocales Christian César Chocano Davis y Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en esa misma fecha en el diario oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la NULIDAD del Concurso Público de Servicios N° 28-2026-

SEDAPAL, convocado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL, para la “Contratación de servicio de proceso de extracción de residuos sólidos en las unidades de la planta de tratamiento de la atarjea”, y retrotraerla hasta la etapa de integración de bases, conforme a los fundamentos expuestos.

• DEVOLVER la garantía otorgada por el postor YAKU SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

presentada al interponer su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• PONER la presente resolución en conocimiento de la Entidad contratante, a fin de

que se realicen las acciones de su competencia, conforme a lo señalado en el fundamento 32.

• DECLARAR que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANNIE ELIZABETH PÉREZ GUTIÉRREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Chocano Davis. Pérez Gutiérrez. Sánchez Caminiti.