Resolución N.° 9547-2026-TCP-S2

Sumilla: (…) corresponde disponer que el órgano evaluador le otorgue al Impugnante un plazo máximo de dos (2) días hábiles a fin que subsane las referidas constancias; ello, de conformidad con lo establecido en los fundamentos precedentes manteniéndose vigente su oferta, bajo condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado. Lima, 2 de noviembre de 2026. VISTO en sesión de fecha 2 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7182/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor Rectificaciones América Motor Víctor Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 02- 2026-MP-FN-GA-CUSCO, convocada por el Ministerio Público - Gerencia Administrativa del Cusco, para la “Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos del ministerio público - distrito fiscal del Cusco”, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 4 de setiembre de 2026, el Ministerio Público - Gerencia Administrativa del Cusco,

en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público Abreviado de Servicios N° 02- 2026-MP-FN-GA-CUSCO, para la “Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos del ministerio público - distrito fiscal del Cusco”, con una cuantía de S/ 481 585.00 (cuatrocientos ochenta y un mil quinientos ochenta y cinco con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento. El 15 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el 21 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al postor SCA-VOL E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 376 694.35 (trescientos setenta y seis mil seiscientos noventa y cuatro con 35/100 soles); en mérito a los siguientes resultados: Postor Etapas Buena pro Admisión Calificación Evaluación Oferta Económica S/ Puntaje total Orden de prelación SCA-VOL E.I.R.L. Admitida Calificada 376 694.35 97.7256 1 Sí

CONSORCIO

AUTOMOTRIZ VALLE

SAGRADO S.R.L.

Admitida Calificada 383 120.00 97.1418 2

RECTIFICACIONES

AMÉRICA MOTOR

VÍCTOR EMPRESA

INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD

LIMITADA

Admitida Calificada 311 435.00 92.4 3

• Mediante Escritos N° 1 y 2 presentados el 28 y 29 de setiembre de 2026 en la Mesa

de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor Rectificaciones América Motor Víctor Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que: i) se revoque el puntaje otorgado a su representada en la evaluación técnica de su oferta y se reevalúe el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”, ii) se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, y iii) se le otorgue la buena pro; sobre la base de los siguientes argumentos:

• Señala que, como parte de la documentación presentada para acreditar la

experiencia adicional del postor, su representada incorporó, en el folio 49 de su oferta, la Constancia de Cumplimiento de Prestación de fecha 8 de enero de 2018, vinculada al Contrato N° 02-2017-MP-FN-Gerencia Administrativa de Cusco, cuyo objeto fue el servicio de mantenimiento vehicular para la flota de vehículos del Ministerio Público – Distrito Fiscal del Cusco. De su contenido se identifican el Ministerio Público como entidad emisora, el procedimiento de selección, el contrato, el objeto contractual, el monto adjudicado de S/ 175 200.00, el servicio ejecutado y la participación del Consorcio América Motors, correspondiendo a su representada una participación del 50 %. Asimismo, la constancia señala que la prestación se ejecutó oportunamente y a satisfacción, sin incurrir en penalidades, motivo por el cual se otorgó la conformidad correspondiente. En la copia presentada también se aprecia una firma al pie del documento, acompañada de un texto identificativo cuya impresión resulta tenue. Por tanto, la observación formulada por la Entidad no se refiere a la ausencia de firma, sino a la insuficiente legibilidad del nombre y sello del suscriptor.

• Indica que, en el folio 70 de su oferta, presentó la Constancia de Cumplimiento de

Prestación de fecha 4 de marzo de 2019, vinculada al Contrato N° 05-2018-MP- FN-GA-CUSCO. Dicho documento identifica al Ministerio Público como entidad emisora y contiene información sobre el procedimiento de selección, el contrato, el objeto contractual, el monto adjudicado de S/ 214 176.00, el plazo de ejecución y la inexistencia de penalidades. Además, señala expresamente que “la prestación se efectuó a satisfacción”. En la parte inferior también se aprecia una firma, por lo que la deficiencia advertida se limita a la dificultad para leer adecuadamente el nombre y sello del funcionario suscriptor.

• Por consiguiente, sostiene que no se trata de constancias carentes de firma ni de

experiencias que se pretendan incorporar por primera vez después del cierre del plazo de presentación de ofertas. Ambos documentos fueron presentados oportunamente y contienen los elementos necesarios para individualizar las prestaciones correspondientes. La controversia se circunscribe, por tanto, a la legibilidad de los datos identificativos de sus suscriptores.

• Alega que, como consecuencia de la exclusión de las experiencias cuestionadas,

su representada obtuvo únicamente 30 puntos en el factor de experiencia adicional del postor, 40 puntos en el factor de experiencia adicional del personal clave y 10 puntos en el factor de mejoras a los términos de referencia, alcanzando un total de 80 puntos técnicos. En la evaluación económica, presentó la oferta de menor monto, ascendente a S/ 311 435.00, por la que obtuvo 100 puntos. Por su parte, el Adjudicatario ofertó S/ 376 694.35 y obtuvo 82.68 puntos económicos, mientras que el Consorcio Automotriz Valle Sagrado S.R.L. ofertó S/ 383 120.00 y obtuvo 81.29 puntos. Como resultado de la evaluación, su representada alcanzó un puntaje final de 92.4 puntos y ocupó el tercer lugar, mientras que el Adjudicatario obtuvo 97.7256 puntos y la buena pro, otorgada el 21 de septiembre de 2026.

• Refiere que la controversia no radica en determinar si su representada presentó

documentos para acreditar las experiencias cuestionadas, sino en establecer la consecuencia jurídica de la deficiente legibilidad de dos documentos incorporados oportunamente a su oferta, cuya entidad emisora, contratos, objetos, montos y prestaciones pueden identificarse. Esta precisión resulta fundamental, pues impide equiparar el presente caso con uno en el que el postor pretenda incorporar, después del cierre de ofertas, experiencias o documentos que nunca formaron parte de su propuesta.

• Señala que las bases no establecieron expresamente que las constancias debían

contener los nombres y apellidos perfectamente legibles de sus suscriptores, bajo sanción de desconocer íntegramente la experiencia acreditada. Ello no implica sostener que la identificación del suscriptor carezca de relevancia, sino que, dadas las circunstancias particulares del caso, la dificultad para leer dicho dato no convierte automáticamente en inexistente una experiencia cuyos elementos objetivos y cuya procedencia institucional pueden identificarse. Menos aún justifica prescindir del mecanismo de subsanación previsto en el Reglamento.

• Sostiene que la normativa aplicable establece la posibilidad de subsanar errores u

omisiones en documentos emitidos por entidades públicas o por entidades privadas que ejerzan función pública, incluso cuando se hubiera omitido su presentación, siempre que aquellos hubieran sido emitidos antes de la fecha límite para presentar ofertas. La disposición incluye expresamente, entre otros documentos, las autorizaciones, los permisos, los títulos, las constancias y las certificaciones. El presente caso se encontraría comprendido en dicha regla, pues se trata de dos Constancias de Cumplimiento de Prestación emitidas por el Ministerio Público en los años 2018 y 2019, respectivamente, varios años antes de la presentación de ofertas, efectuada el 15 de septiembre de 2026.

• Además, señala que la normativa vigente no autorizaba a los evaluadores a aplicar

mecánicamente criterios jurisprudenciales anteriores sobre documentos ilegibles, sin analizar previamente si la deficiencia advertida se encontraba comprendida en la regla especial de subsanación prevista para determinados documentos emitidos por entidades públicas.

• Considera que la referencia normativa a los documentos que acreditan “estar

inscrito o integrar un registro” constituye una categoría autónoma dentro de la enumeración del numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento, y no una condición restrictiva aplicable a todas las categorías documentales precedentes. En consecuencia, una constancia no necesita acreditar la inscripción o pertenencia a un registro para quedar comprendida en dicha disposición. Esta precisión resulta relevante, puesto que las Constancias de Cumplimiento de Prestación constituyen documentos expresamente comprendidos en la categoría de “constancias” emitidas por una entidad pública, aunque su finalidad sea acreditar la ejecución satisfactoria de una prestación y no la inscripción en un registro. Una interpretación contraria introduciría una restricción no prevista en el texto normativo y privaría de autonomía a las categorías documentales expresamente enumeradas.

• Finalmente, manifiesta que la subsanación solicitada consiste en presentar copias

fieles y más nítidas de las mismas constancias emitidas en 2018 y 2019, a fin de que puedan apreciarse adecuadamente los datos del funcionario que las suscribió. Esta situación debe distinguirse de aquella en la que la firma o los datos identificativos nunca hubieran existido en el documento original, elementos que constan en el original, pero su legibilidad se vio afectada por la calidad de la reproducción incorporada al SEACE, la presentación de una copia más clara del mismo documento permitiría corregir la deficiencia sin modificar el contenido esencial de la oferta.

• Manifiesta que la Resolución N° 04104-2026-TCP-S1, emitida bajo el régimen de

la Ley, constituye un precedente especialmente pertinente. En sus fundamentos 71 y 74, el Tribunal reconoció que la ilegibilidad de las firmas y los nombres de los suscriptores de un certificado presentado para acreditar experiencia constituía un defecto formal subsanable y ordenó otorgar un plazo no mayor de dos días hábiles para presentar el mismo documento en condiciones legibles. Asimismo, en el fundamento 75, precisó que solo ante el incumplimiento de la subsanación correspondía reevaluar el puntaje. Este criterio demuestra que el hecho de que un documento incida en un factor de evaluación no lo convierte automáticamente en insubsanable. Lo determinante es si la corrección altera los elementos esenciales de la oferta, circunstancia que no ocurre en nuestro caso. Sin embargo, la Entidad adoptó el criterio contrario: redujo directamente el puntaje de su representada sin permitirle subsanar previamente la deficiencia formal advertida.

• Indica que los evaluadores centraron su análisis en la prohibición de modificar el

contenido esencial de la oferta, prevista en el numeral 78.1 del Reglamento, sin otorgar el debido efecto a la regla especial del numeral 78.2, relativa a la subsanación de determinados errores u omisiones en documentos emitidos por entidades públicas. Asimismo, las Resoluciones N° 4191-2022-TCE-S4, N° 04816-2023-TCE-S2 y N° 0758-2025-TCE-S6, invocadas por la Entidad, corresponden al régimen anterior y no podían aplicarse automáticamente sin analizar su compatibilidad con la regulación vigente y las particularidades del presente caso.

• Refiere que en sus constancias existen firma, sello, membrete institucional e

información relativa a la entidad emisora, los contratos, los objetos, los montos, las fechas y la conformidad de las prestaciones. La controversia se limita a la legibilidad de los datos del funcionario suscriptor. Por su parte, la Resolución N° 3517-2026-TCP-S2 aporta un criterio complementario sobre la valoración integral de documentos cuando los datos del suscriptor pueden identificarse a partir de otros elementos del propio documento.

En cuanto a la Resolución N° 00174-2026-TCP-S5, su aplicación debe examinarse

naturaleza pública de las constancias cuestionadas y la modificación del numeral 78.2 del Reglamento introducida por el Decreto Supremo N° 001-2026-EF, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de enero de 2026, con posterioridad a la emisión de aquel pronunciamiento.

• Resalta que las dos constancias cuestionadas fueron emitidas por el propio

Ministerio Público, entidad que también conduce el procedimiento de selección. Por ello, existe la posibilidad de verificar sus antecedentes contractuales y contrastar los documentos presentados con la información que obre en sus archivos. Precisamente, su representada ha solicitado copias simples y/o fedateadas de dichas constancias, con el objeto de obtener reproducciones que permitan apreciar claramente la firma, el nombre, el cargo y el sello de sus suscriptores.

• Esta actuación no busca acreditar experiencias nuevas, sino obtener copias

legibles de documentos cuya existencia es muy anterior al procedimiento impugnado. En consecuencia, refuerza la naturaleza formal del defecto y la pertinencia de aplicar el mecanismo de subsanación correspondiente.

• Indica que la negativa a permitir la subsanación tuvo una incidencia directa en la

evaluación de la oferta y en el orden de prelación, lo que evidencia la trascendencia de la controversia y justifica la intervención correctiva del Tribunal.

• En consecuencia, solicita que el Tribunal declare fundado el cuestionamiento en

este extremo y disponga que se permita la subsanación de las constancias, se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases y se efectúe la reevaluación del puntaje correspondiente, con las consecuencias que legalmente procedan sobre el resultado del procedimiento de selección.

• Con decreto del 30 de setiembre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación

y se corrió traslado a la Entidad a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal en el que debía indicar su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación, en un plazo de tres (3) días hábiles. Además, se dispuso notificar el recurso interpuesto a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin de que lo absuelvan en el mismo plazo.

Adicionalmente, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 6 de octubre de 2026.

• Mediante la Carta N° 000470-2026-MP-FN-UEDFCUSC-ARAB que adjunta el Informe

Técnico N° 01-2026-MP-FN-GA-CUSCO y el Informe Legal N° 0003-2026-MP-FN- UEDFCUSC-AAJ registrados en el SEACE el 5 de octubre de 2026, la Entidad expresó su posición sobre los argumentos del recurso, en los siguientes términos:

• Señala que la evaluación del factor de evaluación de la Experiencia adicional del

postor en la especialidad de la documentación presentada por el Impugnante se realizó conforme a las bases integradas y a los artículos 69, 73 y 78 del Reglamento.

• Indica que las constancias observadas no permiten identificar a la persona que las

suscribe, conforme al criterio reiterado del Tribunal (Resoluciones N° 4191-2022- TCE-S4, N° 04816-2023-TCE-S2 y N° 0758-2025-TCE-S6), porque carecen de trazabilidad y fehaciencia y no son idóneas para acreditar la experiencia del postor en la especialidad.

• Refiere que la ilegibilidad es imputable al postor en virtud del numeral 2.2.4 de

las bases integradas y no constituye un error u omisión del documento público comprendido en el numeral 78.2, al no acreditar estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga; admitir su subsanación alteraría el contenido esencial de la oferta y vulneraría la igualdad de trato.

• Con relación al cotejo con los archivos de la Entidad solicitado por el Impugnante,

sostiene que se debe considerar que la evaluación debe realizarse sobre la oferta presentada y la existencia de documentos en poder de la Entidad no sustituye la acreditación a cargo del postor, además, admitir que la Entidad efectúe el cotejo vulneraría el deber de imparcialidad e igualdad de trato, pues favorecería a quienes hubieran contratado con la Entidad.

• Indica que el puntaje total, el orden de prelación y el otorgamiento de la buena

pro se ajustan a las bases integradas y a la normativa vigente, por lo que corresponde declarar infundado el recurso de apelación.

• Mediante escrito s/n presentado el 5 de octubre de 2026 a la Mesa de Partes del

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el recurso de apelación solicitando que se declare infundado, sobre la base de los siguientes argumentos:

Respecto a las constancias observadas por el comité.

• Señala que el Impugnante pretende presentar como un simple defecto formal una

deficiencia que, a su juicio, afecta directamente la posibilidad de verificar la autenticidad, autoría y valor probatorio de los documentos con los que pretende obtener puntaje adicional.

• Respecto de la Resolución N° 4104-2026-TCP-S1, invocada por el Impugnante

como sustento de la posibilidad de subsanar un certificado cuyas firmas y nombres resultaban ilegibles, precisa que dicho precedente debe analizarse atendiendo a sus circunstancias particulares y no interpretarse como una regla automática que permita admitir posteriormente cualquier documento ilegible. En ese sentido, invoca la Resolución N° 147-2026-TCP-S1, en la que el Tribunal rechazó la subsanación de un certificado emitido por una entidad privada para acreditar la experiencia del personal clave, debido a que el nombre completo de su suscriptor no resultaba legible. Asimismo, sostiene que el Impugnante yerra al considerar que la diferencia entre ambos pronunciamientos radica únicamente en la naturaleza pública o privada de la entidad emisora y que, por haber sido las constancias cuestionadas emitidas por una entidad pública, corresponde aplicar necesariamente el criterio de la Resolución N° 4104-2026-TCP-S1.

• Adicionalmente, señala que ambas resoluciones se refieren a certificados

presentados para acreditar la experiencia del personal clave, mientras que, en el presente caso, se cuestionan documentos destinados a acreditar la experiencia del postor en la especialidad. A su juicio, el criterio determinante en ambos pronunciamientos consiste en establecer si la ilegibilidad afecta el contenido esencial del documento, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso, lo que explicaría las distintas conclusiones adoptadas por el Tribunal. En esa línea, sostiene que la identidad y el cargo del suscriptor constituyen elementos esenciales de la constancia, pues permiten determinar quién emite la declaración y en qué calidad lo hace. Afirma que no se trata de una deficiencia visual que pueda aclararse a partir de la información contenida en el documento, sino de una ausencia total de identificación del suscriptor y de su cargo.

• En consecuencia, considera que la subsanación no puede convertir un documento

que originalmente carecía de identificación y cargo de su suscriptor en otro que incorpore posteriormente dichos elementos esenciales mediante la presentación de documentación nueva. Añade que el propio Impugnante habría reconocido que tales datos no pueden determinarse a partir de las copias inicialmente presentadas y que, además, solicita subsidiariamente que el Tribunal requiera al Ministerio Público información que permita identificar a los funcionarios suscriptores.

• Finalmente, sostiene que el Impugnante no puede trasladar a la Entidad las

consecuencias derivadas de no haber presentado documentos legibles. Respecto al error en el Anexo N° 6.

• Señala que el Anexo N° 6 presentado por el Impugnante, obrante en el folio 17 de

su oferta, contiene un error en el ítem 35 respecto de la cantidad, el precio unitario y el precio total. Si bien el Reglamento permite corregir errores aritméticos, sostiene que, en este caso, la corrección implicaría modificar el precio unitario expresamente ofertado y no simplemente efectuar una operación matemática. En particular, indica que los datos consignados generan una incongruencia entre dos posibles interpretaciones del precio ofertado, por lo que los evaluadores no podrían asumir que el precio unitario correcto era de S/180.00, dado que el Impugnante consignó expresamente S/150.00. A su juicio, ello supondría modificar uno de los elementos económicos de la oferta y no corregir un simple error aritmético.

• Por consiguiente, considera que no resulta procedente la subsanación del defecto

advertido y solicita que el Anexo N° 6 del Impugnante sea declarado inadmisible. Respecto a la capacitación del personal clave propuesto por el Impugnante.

• Refiere que las bases integradas establecen que el personal clave debe acreditar

ocho (8) horas de capacitación en materias relacionadas con la mecánica automotriz, mediante constancias, certificados u otros documentos que permitan acreditar fehacientemente la realización de dicha capacitación.

• No obstante, sostiene que los certificados no pueden evaluarse únicamente en

función del número de horas consignado, sino también atendiendo a su contenido y a la relación de las materias impartidas con el objeto de la contratación.

• En ese sentido, señala que los certificados presentados en los folios 45 al 47

corresponden a los cursos “Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM)”, “SAP S/4HANA PM mantenimiento de planta” y “SAP S/4HANA PM mantenimiento de planta”, respectivamente. A su juicio, dichas capacitaciones no permiten acreditar, por su sola denominación, conocimientos relacionados con la mecánica automotriz, pese a que el objeto de la contratación consiste en el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Entidad.

• Por tanto, considera que los documentos presentados no acreditan

fehacientemente el cumplimiento del requisito de calificación referido a la capacitación del personal clave y solicita que se disponga la descalificación de la oferta del Impugnante. Respecto a la infraestructura estratégica del Impugnante.

• Señala que la Entidad exigió la presentación de una licencia de funcionamiento

vigente y compatible con las actividades objeto del servicio, a fin de verificar la disponibilidad efectiva y legal del taller ofertado. Sin embargo, sostiene que, de la revisión de la oferta del Impugnante, se advierte que dicho documento no fue presentado.

• Asimismo, indica que, debido a la naturaleza de la contratación, los trabajos

deben ejecutarse necesariamente en las instalaciones del taller ofrecido por el postor. En ese sentido, considera que la disponibilidad efectiva y legal de dicha infraestructura constituye un elemento esencial para garantizar la capacidad operativa y el cumplimiento de la normativa municipal, conforme a los criterios expuestos en los numerales 18 y 19 de la Resolución N° 6246-2026-TCP-S5.

• En consecuencia, sostiene que la licencia de funcionamiento vigente y compatible

con las actividades materia del servicio era necesaria para acreditar la disponibilidad efectiva y legal del taller ofertado. Por ello, al no haberse presentado dicho documento, solicita que se descalifique la oferta del Impugnante. Respecto a la experiencia del personal clave y la presunta información inexacta.

• Advierte presuntas inconsistencias en la experiencia declarada por el personal

clave propuesto por el Impugnante, el señor Rutwin Cjuno Mayo. Al respecto, señala que se presentó una constancia de trabajo de fecha 15 de mayo de 2026, emitida por el propio Impugnante, en la que se indica que el referido profesional labora en dicha empresa desde el 10 de enero de 2022 hasta el 15 de mayo de 2026, desempeñándose como “Técnico especialista y supervisor de taller en el área de mecánica automotriz”.

• Sin embargo, sostiene que en el perfil profesional público del señor Rutwin Cjuno

Mayo en LinkedIn se consigna que presta servicios para Transportes/Turismo Internacional Palomino S.A.C., como jefe de mantenimiento de unidades, bajo una modalidad de trabajo a tiempo completo y presencial, desde febrero de 2020 hasta la actualidad. A su juicio, esta información presenta una superposición temporal significativa con el periodo laboral consignado en la constancia presentada por el Impugnante.

• Precisa que dicha circunstancia no permite concluir, por sí sola, que la constancia

contenga información falsa o inexacta; sin embargo, considera que constituye un elemento objetivo que genera dudas razonables respecto de la efectiva prestación de los servicios, el periodo laborado, la modalidad de trabajo y las funciones que el Impugnante pretende acreditar.

• Por tal motivo, solicita a la Sala que disponga las actuaciones que considere

pertinentes para verificar la veracidad de la constancia cuestionada y que, mientras no se esclarezca la aparente contradicción y se compruebe objetivamente la experiencia declarada, no se le otorgue valor probatorio para acreditar la experiencia del personal clave.

• Con decreto del 9 de octubre de 2026, en atención a la reconformación de las Salas

del Tribunal aprobada por el Acuerdo N° 001-014-2026/OECE-CD del Consejo Directivo, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 003- 2020/TCE de fecha 10 de marzo de 2020, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 15 de octubre de 2026.

• El 15 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación de los representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad.

• Con decreto del 15 de octubre de 2026, a fin de contar con mayores elementos para

mejor resolver, la Sala requirió lo siguiente: “Al Ministerio Público - Gerencia Administrativa del Cusco (la Entidad):

• Considerando que, en el marco de la absolución del recurso de apelación

interpuesto por el Impugnante, el Tercero Administrado ha formulado cuestionamientos contra la oferta presentada por aquel; en ese sentido, sírvase remitir un informe técnico-legal complementario, en el que se exponga de manera expresa, individualizada y debidamente sustentada la posición de la Entidad respecto de cada uno de los cuestionamientos formulados por el Tercero Administrado, precisando, además, los fundamentos técnicos y jurídicos, así como las razones objetivas que motivaron la validación de los documentos cuestionados, en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 02-2026-MP-FN-GA-CUSCO. La información requerida deberá ser remitida en el plazo máximo de tres (3) días hábiles a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, a la cual se accede a través del portal web institucional del OECE: https://apps.osce.gob.pe/mesa-partes-digital/, teniendo en cuenta los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para resolver.”

• Mediante Escrito S/N presentado el 19 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Impugnante, respecto a los cuestionamientos del Adjudicatario a su oferta, manifiesta lo siguiente:

• Indica que, en el trámite del recurso de apelación, el Adjudicatario ha formulado

cuestionamientos adicionales contra su oferta, referidos al Anexo N° 6, la capacitación del personal clave, la infraestructura estratégica y la experiencia del señor Rutwin Cjuno Mayo. Al respecto, cumple con absolverlos y solicita que sean desestimados por carecer de sustento fáctico y jurídico. En particular, solicita que se aplique la regla de corrección aritmética prevista en el numeral 78.3 del artículo 78 del Reglamento; se mantenga por acreditada la capacitación del personal clave; se reconozca que las bases no exigieron presentar la licencia de funcionamiento como parte de la oferta; y se desestime la imputación de información falsa o inexacta respecto de la experiencia del señor Rutwin Cjuno Mayo.

• Respecto al error aritmético en el Anexo N° 6, alega que el Adjudicatario cuestiona

que, en uno de los conceptos del mantenimiento correctivo, se haya consignado una cantidad de una (1) unidad, un precio unitario de S/ 150.00 y un precio total de S/ 180.00, alegando que dicha discrepancia impediría determinar la voluntad económica de su representada y justificaría la inadmisibilidad de la oferta. Si bien existe una diferencia aritmética, esta no constituye causal de inadmisibilidad, pues resulta directamente aplicable el numeral 78.3 del artículo 78 del Reglamento, que establece que, en las ofertas presentadas bajo la modalidad de precios unitarios, los errores aritméticos deben ser corregidos por los evaluadores, manteniéndose invariables los precios unitarios ofertados y dejándose constancia de la rectificación en el acta correspondiente.

En el presente caso, el precio unitario fue consignado expresamente en S/ 150.00 y la cantidad corresponde a una (1) unidad. Por tanto, la operación correcta es 1 × S/ 150.00 = S/ 150.00. Pretender considerar que el precio unitario podría ser S/ 180.00 implicaría modificar precisamente el dato que la norma ordena conservar. En consecuencia, corresponde corregir el precio total del concepto observado y adecuar los subtotales y el monto total de la oferta, que originalmente asciende a S/ 311 435.00, integrado por S/ 86,890.00 de mantenimiento preventivo y S/ 224 545.00 de mantenimiento correctivo. La rectificación implica una reducción de S/ 30.00, sin modificar el precio unitario ofertado. Por tanto, sostiene que corresponde aplicar la corrección aritmética prevista en el Reglamento, sin que la discrepancia advertida pueda sustentar la inadmisibilidad de su oferta.

• Respecto a la capacitación del personal, sostiene que los certificados del señor

Rutwin Cjuno Mayo, propuesto como Supervisor de Taller, no acreditarían capacitación relacionada con mecánica automotriz, al considerar que deberían comprender materias específicas como motores, transmisiones, frenos, suspensión, dirección y electricidad automotriz. Sin embargo, las bases integradas, en el requisito B.2, únicamente exigen ocho (8) horas de capacitación en temas relacionados con mecánica automotriz, sin establecer una denominación obligatoria del curso ni un listado cerrado de materias que deban acreditarse. Su representada presentó el certificado del Diplomado en Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM), cursado por Rutwin Cjuno Mayo, con una duración de 240 horas académicas. Este comprende fundamentos del mantenimiento, análisis de funciones y fallas, evaluación de criticidad y riesgos, estrategias de mantenimiento, pruebas de confiabilidad y gestión e implementación del RCM. Manifestando que dichos contenidos guardan relación funcional con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, pues comprenden el análisis de fallas, la planificación de intervenciones, la confiabilidad y la gestión del mantenimiento, materias vinculadas directamente con las funciones de un Supervisor de Taller. El Adjudicatario pretende introducir una lista de materias específicas que no fue establecida en las bases. Admitir dicha interpretación supondría incorporar exigencias restrictivas con posterioridad a la presentación de ofertas, vulnerando las reglas que rigieron el procedimiento. Asimismo, indica que su oferta incluye documentación correspondiente a SAP S/4HANA PM – Mantenimiento de Planta, vinculada con la gestión y planificación del mantenimiento. No obstante, el Diplomado RCM acredita por sí solo 240 horas académicas, superando ampliamente las ocho horas exigidas. En consecuencia, corresponde mantener por acreditado el requisito de capacitación del personal clave y desestimar el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario.

• Respecto a la infraestructura estratégica y la licencia de funcionamiento, refiere

que el Adjudicatario solicita la descalificación de su oferta por no haber adjuntado la licencia de funcionamiento del taller. Sin embargo, confunde la obligación de contar con una infraestructura que reúna las condiciones exigidas con los documentos que debían presentarse para acreditar su disponibilidad durante la etapa de presentación de ofertas. Las bases integradas, al regular el requisito B.4 – Infraestructura Estratégica, exigieron presentar documentos que acreditaran la propiedad, posesión, compromiso de compraventa, alquiler u otra forma de disponibilidad de la infraestructura requerida. No establecieron que la copia de la licencia de funcionamiento debiera integrar la oferta. Por el contrario, las propias bases regularon expresamente la presentación de la licencia como requisito para el perfeccionamiento del contrato, estableciendo que el postor ganador debía entregar copia legalizada de la licencia de funcionamiento vigente desde la fecha de presentación de ofertas. De esta manera, las bases diferenciaron dos obligaciones: contar con una licencia vigente desde la presentación de ofertas y presentar documentalmente dicha licencia durante el perfeccionamiento contractual. No corresponde trasladar esta última exigencia a una etapa en la que no fue prevista. Su representada acreditó la disponibilidad de la infraestructura estratégica mediante el contrato de arrendamiento del inmueble destinado al taller, documentación registral, plano, fotografías y demás documentos de ubicación correspondientes. Por tanto, habiéndose presentado la documentación exigida para acreditar el requisito B.4, la ausencia de la copia de la licencia de funcionamiento dentro de la oferta no constituye causal de descalificación. En consecuencia, corresponde desestimar este cuestionamiento.

• Con relación a la experiencia del señor Rutwin Cjuno Mayo y la imputación de

información falsa o inexacta, manifiesta que el Adjudicatario cuestiona la experiencia del señor Rutwin Cjuno Mayo sobre la base de capturas atribuidas a un perfil de LinkedIn, en las que supuestamente se indicaría que mantuvo una relación con Turismo Internacional Palomino S.A.C. durante parte del periodo certificado por su representada. Al respecto, ratifica la autenticidad y veracidad de la experiencia declarada en su oferta. El señor Rutwin Cjuno Mayo prestó servicios para su empresa desde el 10 de enero de 2022 hasta el 15 de mayo de 2026, desempeñándose como Técnico Especialista y Supervisor de Taller en el área de Mecánica Automotriz, conforme consta en la documentación presentada. Asimismo, sostiene que el señor Rutwin Cjuno Mayo rechaza las imágenes atribuidas a su persona y las conclusiones que el Adjudicatario pretende derivar de ellas, toda vez que una captura de una red social no constituye, por sí misma, prueba suficiente para desvirtuar una experiencia laboral o profesional debidamente certificada. Cabe destacar que el Adjudicatario reconoce que la información obtenida de LinkedIn “no permite afirmar, por sí sola, que la constancia tenga información inexacta o falsa”. Por tanto, su cuestionamiento no acredita falsedad ni inexactitud, sino que se limita a plantear una duda que el mismo adjudicatario reconoce como insuficiente. Incluso si, únicamente a efectos argumentativos, se admitiera la posibilidad de que el profesional hubiera desarrollado actividades simultáneas para otra empresa, ello no determinaría la inexistencia de la experiencia acreditada por su representada. Las bases integradas contemplan expresamente la experiencia ejecutada en periodos paralelos o traslapados y establecen que el periodo coincidente se computa una sola vez. En consecuencia, la eventual simultaneidad de actividades únicamente tendría efectos en el cómputo de los periodos de experiencia, pero no permite presumir la falsedad de una de las prestaciones ni desconocer automáticamente la relación profesional certificada. Para desvirtuar la experiencia presentada sería necesario contar con elementos objetivos que demuestren que el señor Rutwin Cjuno Mayo no realizó las labores certificadas para su empresa. Sin embargo, SCA-VOL no ha aportado prueba suficiente en ese sentido. Por tanto, ratifica íntegramente la experiencia acreditada del señor Rutwin Cjuno Mayo y rechazamos la imputación de haber presentado información falsa o inexacta, correspondiendo desestimar este cuestionamiento.

• En consecuencia, solicita desestimar los cuestionamientos efectuados por el

Adjudicatario en todos sus extremos.

• Mediante Carta N° 495-2026-MP-EUDFCUC-ARAB presentada el 19 de octubre de

2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, la cual adjunta Informe Técnico N° 02-2026- MP-FN-GA-CUSCO-LPABREV-02 y Informe Legal N° 00358-2026-MP-FN- UEDFCUSC- AAJ, en atención al requerimiento de información, la Entidad se pronunció que respecto de los cuestionamientos efectuados por el Adjudicatario a la oferta del Impugnante, en los siguientes términos:

• Sobre los cuestionamientos relativos a la legibilidad de las constancias: Manifiesta

que coincide en que, dadas las circunstancias verificadas durante la evaluación, no correspondía requerir su subsanación, ratificando lo señalado en el Informe Técnico N° 01-2026-MP-FN-GA-CUSCO y el Informe Legal N° 0003-2026-MP-FN-

UEDFCUSC-AAJ.

Precisa que no declaró inadmisible ni descalificó la oferta por la ilegibilidad de las constancias, sino que únicamente dejó de computar aquellas cuya eficacia probatoria no pudo verificarse y valoró la experiencia adicional que sí se encontraba acreditada, por un importe de S/ 613 054.62. Esta decisión resultó proporcional, pues limitó sus efectos a la asignación de puntaje del factor correspondiente, sin excluir al postor del procedimiento. En ese sentido, sostiene que la decisión de no otorgar puntaje a las constancias obrantes en los folios 49 y 70 se ajustó a las bases integradas y al artículo 78 del Reglamento. Asimismo, coincide con el Adjudicatario en que dichos documentos carecen de trazabilidad y fehaciencia, siendo imputable al postor la falta de legibilidad. Añade que no correspondía su subsanación, toda vez que el numeral 78.2 del artículo 78 no resulta aplicable en las circunstancias del caso, pues una constancia de prestación no acredita la inscripción en un registro ni constituye un documento de naturaleza análoga. Además, su subsanación implicaría alterar el contenido esencial de la oferta y vulnerar el principio de igualdad de trato.

• Sobre el error aritmético del Anexo N° 6: Refiere que el numeral 78.3 del artículo

78 del Reglamento establece que los errores aritméticos deben corregirse sin modificar los precios unitarios ofertados. En el presente caso, la operación matemática es objetiva: una (1) unidad por un precio unitario de S/ 150.00 equivale a un precio total de S/ 150.00. Por tanto, considerar que el precio unitario debería ser S/ 180.00 supondría modificar precisamente el dato que la norma ordena preservar, en lugar de corregir el resultado aritmético. Agrega que dicha corrección reduce el importe del ítem en S/ 30.00, por lo que corresponde verificar la sumatoria del Anexo N° 6, actualizar el monto total de la oferta y dejar constancia expresa de la rectificación en el acta correspondiente. No obstante, precisa que, según los antecedentes de evaluación, el Impugnante obtuvo el puntaje económico máximo de 100 puntos por haber presentado la oferta de menor precio; en consecuencia, la reducción de S/ 30.00 no modifica el puntaje económico ni el orden de prelación. Reconoce que el acta de evaluación del 21 de setiembre de 2026 no dejó constancia de la corrección aritmética, por lo que dicha omisión deberá transparentarse y subsanarse por la vía que determine el Tribunal. Sin embargo, sostiene que la falta de anotación en el acta no convierte un error expresamente corregible en una causal de inadmisibilidad no prevista en el numeral 78.3 del

artículo 78 del Reglamento.

En consecuencia, considera que no corresponde declarar inadmisible el Anexo N° 6, sino conservar el precio unitario de S/ 150.00, corregir el precio total del ítem a dicho importe y actualizar, de corresponder, la sumatoria general, dejando constancia formal de la rectificación.

• Sobre la capacitación del personal clave: Manifiesta que el Diplomado en

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM), obrante en el folio 45, cumple con el requisito exigido, pues su temario comprende fundamentos y principios del mantenimiento, análisis de funciones, fallas y modos de falla, evaluación de criticidad y riesgos, así como estrategias y planes de mantenimiento basados en confiabilidad. Señala que dichos contenidos guardan relación técnica y funcional con las labores de un Supervisor de Taller, quien debe planificar, priorizar y supervisar intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, identificar fallas y establecer estrategias para reducir riesgos y recurrencias. En ese sentido, el mantenimiento centrado en confiabilidad proporciona herramientas pertinentes para analizar fallas, determinar su criticidad, planificar acciones y priorizar intervenciones. Asimismo, destaca que las 180 horas lectivas acreditadas superan ampliamente las ocho (8) horas mínimas exigidas por las Bases Integradas. Por tanto, considera que el certificado del folio 45 es suficiente, por sí solo, para acreditar el requisito B.2.2.

• Sobre los certificados adicionales de capacitación de los folios 46 y 47: Manifiesta

que dichos documentos no resultan determinantes para acreditar el requisito, toda vez que el Diplomado RCM del folio 45 supera por sí solo las ocho horas exigidas y contiene materias relacionadas con las funciones del Supervisor de Taller. En consecuencia, cualquier discusión sobre la pertinencia o suficiencia de los certificados adicionales no desvirtúa el cumplimiento del requisito ya acreditado mediante el referido diplomado.

• Sobre la interpretación de los temas de capacitación exigidos en las bases: Señala

que el Adjudicatario pretende restringir la capacitación a materias específicas, como frenos, suspensión, transmisiones o electricidad automotriz, pese a que las bases integradas no establecieron un listado cerrado de contenidos. Admitir dicha interpretación supondría sustituir la expresión amplia “temas relacionados con mecánica automotriz” por una exigencia más restrictiva que no fue contemplada en las reglas del procedimiento. Asimismo, refiere que verificó que el certificado del folio 45 identifica al participante, la institución emisora, la duración, el periodo de capacitación y la fecha de emisión, la cual es anterior a la presentación de ofertas del 15 de setiembre de 2026. En consecuencia, no advirtió elementos que impidieran atribuir el documento a su emisor, por lo que considera acreditado el cumplimiento del requisito de calificación por parte del Impugnante.

• Sobre la licencia de funcionamiento del taller: Señala que se mantiene la

obligación de contar con una infraestructura apta y legalmente habilitada para la prestación del servicio; sin embargo, la presentación de la copia legalizada de la licencia de funcionamiento fue prevista por las propias Bases para la etapa de perfeccionamiento del contrato. Por ello, no corresponde adelantar dicha exigencia ni considerar que la ausencia de la copia en la oferta constituye automáticamente una causal de descalificación, cuando no fue incluida entre los documentos exigidos para acreditar el requisito de infraestructura estratégica. Agrega que la Resolución N° 6246-2026-TCP-S5, invocada por el Adjudicatario, se refiere a un supuesto en el que la licencia debía documentarse como parte de la oferta. En cambio, en el presente procedimiento, las Bases Integradas diferencian la acreditación de la disponibilidad de la infraestructura durante la presentación de ofertas de la entrega de la copia legalizada de la licencia en el perfeccionamiento contractual. Por tanto, considera que no corresponde trasladar automáticamente la consecuencia jurídica de dicho precedente sin verificar previamente la identidad de las reglas documentales aplicables. En consecuencia, sostiene que la falta de presentación de la copia de la licencia en la oferta no constituye, por sí sola, causal de descalificación, sin perjuicio de que se verifique su existencia, vigencia y compatibilidad en la etapa prevista para el perfeccionamiento del contrato.

• Sobre la experiencia del personal clave y la impresión del perfil de LinkedIn:

Manifiesta que la constancia presentada en la oferta se encuentra amparada por la presunción de veracidad, la cual admite prueba en contrario siempre que esta permita una corroboración objetiva de los hechos cuestionados. Al respecto, señala que la impresión del perfil de LinkedIn no fue emitida por Turismo Internacional Palomino S.A.C., ni por una autoridad o registro institucional, sino que constituye una captura de información atribuida al propio titular, obtenida e impresa con posterioridad a la presentación de ofertas y al otorgamiento de la buena pro. Asimismo, precisa que la eventual coincidencia temporal entre dos experiencias no demuestra necesariamente falsedad ni imposibilidad material de prestación de servicios, pues podrían existir vínculos simultáneos bajo distintas modalidades contractuales, jornadas no coincidentes o información desactualizada en el perfil profesional. Además, las Bases Integradas contemplan expresamente que los periodos de experiencia traslapados se computen una sola vez, cuando corresponda, sin establecer que la coincidencia de fechas invalide automáticamente las constancias presentadas. En consecuencia, considera que no corresponde restar valor probatorio a la constancia de trabajo únicamente sobre la base de una impresión de LinkedIn. Una eventual superposición de periodos deberá ser objeto de verificación formal, siempre que existan elementos objetivos adicionales, sin prejuzgar responsabilidades ni desvirtuar la documentación presentada a partir de una fuente autodeclarativa aislada.

• Sobre los límites de la evaluación y las facultades de fiscalización: Finalmente,

indica que la evaluación de las ofertas debe efectuarse sobre la base de la documentación efectivamente presentada por los postores y de las exigencias establecidas en las Bases Integradas. En ese sentido, el evaluador no puede completar la oferta mediante información externa ni incorporar requisitos de acreditación que no fueron previstos en las reglas del procedimiento. Particularmente, una búsqueda en redes profesionales no puede sustituir los documentos exigidos en las Bases Integradas ni constituir, sin corroboración adicional, prueba concluyente de información inexacta o falsa. Sin perjuicio de ello, la Entidad y el Tribunal conservan las facultades de verificación reconocidas por el ordenamiento jurídico, las cuales deben ejercerse mediante actuaciones formales y debidamente motivadas, diferenciando la evaluación de las ofertas de las actuaciones de fiscalización posterior.

• Mediante Escrito S/N presentado el 20 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Impugnante presentó, como medio probatorio, la Declaración Jurada de Prestación de Servicios y Disponibilidad suscrita por el señor Rutwin Cjuno Mayo, con firma certificada notarialmente, mediante la cual ratifica la prestación efectiva de servicios para su representada, el cargo y periodo consignados en la Constancia de Trabajo presentada con su oferta, así como su disponibilidad para ejercer las funciones del personal clave propuesto. Asimismo, manifiesta que prestación de servicios para su representada no le impedía desarrollar actividades laborales o profesionales para otra empresa o entidad.

• Mediante Escrito S/N presentado el 20 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Adjudicatario se pronuncia respecto a lo señalado por la Entidad en su Informe Técnico N° 02-2026-MP-FN-GA-CUSCO-LPABREV-02, en los siguientes términos:

• Con relación a la capacitación del personal clave, sostiene que el temario del

certificado presentado por el Impugnante no permite identificar que la capacitación esté relacionada con temas de mecánica automotriz. Por el contrario, señala que parte del contenido ha sido omitido en el informe de la Entidad, el cual hace referencia a “sistemas industriales”. En ese sentido, considera que el diplomado podría estar referido a sistemas industriales de sectores como manufactura, alimentos o textiles, entre otros, cuyos contenidos no necesariamente guardan relación con la mecánica automotriz. Asimismo, señala que los diplomados no exigen que sus participantes cuenten con una carrera profesional o técnica específica para acceder a ellos. Por tanto, considera que tampoco resulta válido asumir que la formación técnica del profesional propuesto como Supervisor de Taller confiere al certificado la condición de capacitación en temas relacionados con mecánica automotriz.

• Sobre la interpretación del contenido del diplomado RCM, indica que la Entidad

ha inferido, sin contar con elementos verificables en el propio certificado, que el contenido del Diplomado en Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) se encuentra vinculado con las actividades de mantenimiento vehicular y, por tanto, con temas de mecánica automotriz. Ello, únicamente sobre la base de que comprende materias como análisis de fallas, criticidad y estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo, las cuales también son aplicables a sistemas industriales.

Sin embargo, considera que dicho razonamiento no resulta suficiente para acreditar el requisito de calificación, pues aceptar esa interpretación permitiría que prácticamente cualquier capacitación relacionada con mantenimiento sea considerada válida para acreditar conocimientos vinculados con la mecánica automotriz, desnaturalizando el alcance de la exigencia establecida en las Bases Integradas.

• Sobre la falta de acreditación documental de la relación con la mecánica

automotriz, solicita al Tribunal que advierta que el certificado presentado no señala que el diplomado haya comprendido temas relacionados con mecánica automotriz. Por ello, considera que la Entidad ha efectuado una inferencia indebida al atribuirle dicha vinculación, sin que el documento permita verificar objetivamente que el contenido de la capacitación cumple con el requisito exigido en las bases integradas.

• Sobre el cumplimiento de las exigencias de las bases integradas, señala que

aceptar como válido el certificado del Diplomado en Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM), conforme a lo sostenido por la Entidad en el numeral 4.3.4 de su informe, sin que el propio documento permita verificar el cumplimiento del requisito, equivaldría a dejar sin efecto la expresión “en temas relacionados con mecánica automotriz” contenida en las Bases Integradas. En consecuencia, considera que no se estaría realizando una interpretación del requisito, sino suprimiendo una exigencia expresamente establecida.

• Sobre la supuesta incorporación de requisitos adicionales, refiere que el

Adjudicatario no pretende que el Tribunal incorpore exigencias no previstas en las Bases Integradas, como sostiene la Entidad. Precisa que las referencias a materias como frenos, suspensión y transmisión fueron formuladas únicamente a título ejemplificativo, lo cual se desprende del uso de la expresión “como” y de la referencia a “otros temas propios de la mecánica automotriz”, sin que exista intención de restringir el requisito a dichas materias específicas. En ese sentido, sostiene que su cuestionamiento se limita a exigir el cumplimiento íntegro de la disposición que establece la capacitación en “temas relacionados con mecánica automotriz”. Por tanto, considera que solicitar una acreditación documental objetiva y verificable de dicha vinculación no constituye la incorporación de un requisito adicional, sino la exigencia de demostrar el cumplimiento de las condiciones efectivamente previstas en las Bases Integradas.

• Sobre la licencia de funcionamiento de la infraestructura estratégica, en relación

con la exigencia de contar con una licencia de funcionamiento vigente desde la fecha de presentación de ofertas, trae a colación lo absuelto por la Entidad en el pliego de absolución de consultas y observaciones, en el cual acogió parcialmente una observación y precisó que, a efectos de brindar mayor claridad, coherencia y trazabilidad documental a la acreditación de la infraestructura estratégica, correspondía establecer que el taller propuesto debía contar con una licencia de funcionamiento vigente y compatible con las actividades materia de contratación. A partir de ello, considera que resulta pertinente la presentación de la licencia de funcionamiento, u otro documento que permita acreditar el cumplimiento de dicha exigencia, pues no basta con demostrar su vigencia, sino que también debe verificarse su compatibilidad con las actividades objeto de contratación. Asimismo, sostiene que la presentación de dicho documento permitiría garantizar la trazabilidad documental respecto del cumplimiento de las condiciones exigidas para la infraestructura estratégica.

• Sobre la verificación de la experiencia del personal clave, finalmente, solicita al

Tribunal que, antes de emitir pronunciamiento definitivo sobre este extremo de la controversia, requiera al Impugnante o al tercero que corresponda la documentación necesaria para corroborar la información consignada en el certificado de trabajo presentado, particularmente respecto de la continuidad de la relación laboral del personal clave desde el año 2022 hasta la actualidad.

• Con decreto del 26 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la evaluación técnica de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para

resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público abreviado de servicios, cuya cuantía asciende a S/ 481 585.00 (cuatrocientos ochenta y un mil quinientos ochenta y cinco con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos.

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la evaluación técnica de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el artículo 304.4 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante un concurso público abreviado, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 28 de septiembre de 2026, considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 21 del mismo mes y año. Al respecto, se aprecia que el Impugnante presentó los Escritos N° 1 y 2 el 28 y 29 de setiembre de 2026; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación, se verifica que este fue suscrito por el titular gerente del Impugnante, el señor Víctor Quispe Romoacca.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no admisión o

descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. La presente causal de improcedencia no es aplicable al presente caso, pues el Impugnante quedó en tercer lugar en orden de prelación, solicitando que se reevalúe su oferta y se le otorgue la buena pro a favor de su representada.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, el Impugnante no fue ganador de la buena pro, sino que quedó en tercer lugar en orden de prelación.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. De la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS y modificatorias, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la evaluación técnica de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, habrían sido realizados transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

II. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a este

Tribunal lo siguiente:

• Se incluyan las constancias de cumplimiento de prestación de servicios para

acreditar el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”. ii. Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. iii. Se le otorgue la buena pro.

• Por su parte, el Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente:
• Se confirme el puntaje otorgado a la oferta del Impugnante en la evaluación

técnica. ii. Se confirme el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. iii. Se declare no admitida la oferta del Impugnante. iv. Se declare descalificada la oferta del Impugnante.

III. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención de que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos de que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 30 de septiembre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 5 de octubre del mismo año.

• Sobre el particular, se aprecia que el 5 de octubre de 2026, el Adjudicatario se

apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, formulando cuestionamientos contra la oferta del Impugnante; por lo que, corresponde tomar en Con decreto del 19 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver. consideración los argumentos del Adjudicatario para la fijación de los puntos controvertidos.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes:
• Determinar si corresponde revocar la decisión del oficial de compra de no

considerar la experiencia de las constancias de cumplimiento de prestación de servicios del 8 de enero de 2018 y 4 de marzo de 2019 para la acreditación del factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad” y si como consecuencia de ello, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro del Adjudicatario. ii. Determinar si corresponde no admitir y/o descalificar la oferta del Impugnante. iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante.

IV. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo

se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del oficial de compra de no considerar la experiencia de las constancias de cumplimiento de prestación de servicios del 8 de enero de 2018 y 4 de marzo de 2019para la acreditación del factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad” y si como consecuencia de ello, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro del Adjudicatario.

• De la revisión del Acta de admisión, calificación, evaluación técnica - económica de

ofertas y otorgamiento de buena pro, publicada en el SEACE, se advierte que, durante la evaluación técnica de las ofertas que cumplieron con los requisitos de calificación, el oficial de compra dejó constancia de su decisión de asignar al Impugnante treinta (30) puntos en el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”, exponiendo para ello la siguiente motivación:

• Como se aprecia, el oficial de compra señala que, luego de revisar y verificar la

documentación sustentatoria de la experiencia del postor en la especialidad, identificó dos (2) observaciones en las constancias de cumplimiento de prestación correspondientes a los Contratos N° 02-2017-MP-FN-GERENCIA ADMINISTRATIVA CUSCO y N° 05-2018-MP-FN-GERENCIA ADMINISTRATIVA CUSCO, debido a que el sello y el nombre del suscriptor resultaban ilegibles, impidiendo identificar plenamente sus nombres y apellidos. En consecuencia, consideró que dichos documentos incumplían la exigencia de identificación del suscriptor. Asimismo, señaló que el Tribunal, en reiterados pronunciamientos sobre supuestos similares, ha establecido como criterio que la falta de identificación legible del suscriptor de una constancia de prestación constituye una deficiencia sustancial que resta idoneidad al documento como medio probatorio de la experiencia invocada. Para sustentar dicha posición, citó las Resoluciones N° 758-2025-TCE-S6, 4813-2023- TCE-S2 y 4191-2022-TCE-S4. Adicionalmente, sostuvo que no correspondía requerir la subsanación de los documentos observados, pues ello supondría permitir que el postor acredite un requisito mediante documentación corregida con posterioridad a la presentación de su oferta. Consideró que dicha actuación implicaría una modificación sustancial de esta, toda vez que la experiencia adicional incide directamente en la asignación del puntaje del factor de evaluación, lo que podría vulnerar el principio de igualdad de trato respecto de los demás participantes del procedimiento de selección. En consecuencia, al no ser posible identificar de manera legible los nombres y apellidos de los suscriptores de las constancias observadas, y en atención a los criterios establecidos por el Tribunal en los pronunciamientos citados, concluyó que dichos documentos no resultaban idóneos para acreditar la experiencia invocada, por lo que no correspondía considerarlos para efectos de la evaluación técnica. Por tanto, determinó que el postor acreditaba únicamente una experiencia ascendente a S/ 613 054.62, correspondiéndole treinta (30) puntos en el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”.

• Frente a dicha decisión, conforme se aprecia de los antecedentes, el Impugnante

interpuso recurso de apelación, sustentado en los argumentos desarrollados en los

que la normativa establece la posibilidad de subsanar errores u omisiones, conforme al 78.2 del artículo 78 del Reglamento. Asimismo, sostiene que dicha situación debe distinguirse de aquella en la que la firma o los datos identificativos nunca hubieran existido en el documento original, elementos que constan en el original, pero su legibilidad se vio afectada por la calidad de la reproducción incorporada al SEACE, la presentación de una copia más clara del mismo documento permitiría corregir la deficiencia sin modificar el contenido esencial de la oferta. Por su parte, la Entidad y el Adjudicatario manifestaron sus respectivas posiciones sobre el recurso impugnativo en los términos que se desarrollan en los antecedentes (numerales 4 y 5, respectivamente), afirmando que dichas constancias no son susceptibles de subsanación y no son idóneas para acreditar la experiencia del postor en la especialidad.

• Atendiendo a los argumentos expuestos por el Impugnante y a las posiciones

formuladas por el Adjudicatario y la Entidad, corresponde traer a colación lo dispuesto en las bases integradas sobre el requisito de calificación y el factor de evaluación de ofertas, pues aquellas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el órgano conductor del procedimiento al momento de evaluar las ofertas.

• Considerando que el cuestionamiento materia del presente punto controvertido está

referido al factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”, el cual se encuentra vinculado al requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, corresponde remitirnos a las disposiciones establecidas en las Bases Integradas sobre ambos aspectos.

• Así, sobre el requisito de calificación, en el literal A del capítulo III de la sección

específica de las bases integradas, se establece lo siguiente:

Como se puede apreciar, para cumplir con el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, el postor debe acreditar un monto facturado acumulado de S/ 550 000.00. No obstante, en caso de tener la condición de micro o pequeña empresa, el monto mínimo exigido es de S/ 120 000.00, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los quince (15) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas. Para tal efecto, se consideran servicios similares los servicios de mantenimiento automotriz en general y/o de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos en general. Para lo cual, el postor debe presentar copia simple de i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, o comprobantes de retención electrónico emitido por SUNAT por la retención del IGV. En el caso, el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizada con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral ii) del presente párrafo.

• Por otro lado, en el capítulo IV de las bases integradas, obran los factores de

evaluación técnicas, estableciéndose en el literal A del numeral 4.1.2, el factor “Experiencia adicional del postor en la especialidad”, cuyos parámetros son los siguientes: Sobre el particular, el referido factor de evaluación establece que el postor debe acreditar un monto facturado acumulado superior a S/ 550 000.00, bajo las mismas condiciones y requisitos previstos para el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”. Asimismo, establece la siguiente metodología para la asignación del puntaje: si el monto facturado es superior a S/ 750 000.00, se asignan 50 puntos; si es superior a S/ 650 000.00 y menor o igual a S/ 750 000.00, se asignan 40 puntos; y si es superior a S/ 550 000.00 y menor o igual a S/ 650 000.00, se asignan 30 puntos.

• Ahora bien, al remitirnos a la oferta presentada por el Impugnante, en el folio 48 obra

el Anexo N° 11 – Experiencia del postor en la especialidad, en la que se advierte que declara el monto total facturado de S/ 807 742.62. Asimismo, en los folios 49 y 70 se encuentran las constancias observadas por el Oficial de Compra, las cuales se reproducen a continuación: Constancia de cumplimiento de prestación del 8 de enero de 2018 – folio 49 Constancia de cumplimiento de prestación del 4 de marzo de 2019 – folio 70

• Como se aprecia, de la revisión de las referidas constancias se advierte que, si bien

estas fueron emitidas por la Gerencia Administrativa de la Entidad convocante, la firma y los nombres y apellidos de quienes las suscriben resultan ilegibles, lo que impide identificar a dichos funcionarios.

• Ahora bien, de la revisión de las bases integradas, se advierte que, para acreditar el

requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, se exigió demostrar un monto facturado acumulado de S/ 550 000.00 por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria. Para tal efecto, el Impugnante presentó los contratos correspondientes, la promesa de consorcio y las respectivas constancias de prestación, cumpliendo, en principio, con presentar la documentación prevista en las bases, específicamente la señalada en el numeral i), referida a contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestación.

• En ese contexto, se advierte que el oficial de compra no consideró la experiencia

respaldada por las dos (2) constancias observadas debido a que las firmas y los nombres y apellidos de sus suscriptores resultaban ilegibles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Impugnante presentó los documentos expresamente requeridos en las bases integradas para acreditar el requisito de calificación y el factor de evaluación, esto es, los contratos y sus respectivas constancias de prestación, correspondientes a servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria. En consecuencia, la observación no está relacionada con la ausencia de los documentos exigidos ni con la falta de información sobre la prestación, sino específicamente con la ilegibilidad de las firmas y los datos de identificación de quienes suscribieron las constancias, información que se encuentra consignada en dichos documentos, pero cuya lectura no resulta posible.

• En este punto, corresponde traer a colación lo establecido en los numerales 78.1, 78.2

y 78.4 del artículo 78 del Reglamento: “Artículo 78. Subsanación de las ofertas. 78.1. Durante el desarrollo de la fase de selección, los evaluadores pueden solicitar a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos emitidos por privados o entidades públicas presentados en la precalificación y/o presentación de ofertas, siempre que no alteren su contenido esencial, respetando el principio de igualdad de trato. Esta subsanación es preclusiva a cada etapa y se realiza a través de la Pladicop. 78.2. En el caso de errores u omisiones en documentos emitidos por entidades públicas o privados ejerciendo función pública, o la omisión de su presentación, estos son subsanables, siempre que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. (…)

• 4. Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo

efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo de dos días hábiles contabilizados desde el día siguiente de la notificación al postor, pudiendo la entidad contratante otorgar al postor un plazo adicional de dos días hábiles para la subsanación pertinente a solicitud del postor. La solicitud de ampliación de plazo se otorga en un plazo no mayor de dos días hábiles de recibida, caso contrario se considera autorizada.” (El resaltado es agregado).

• De las disposiciones citadas se desprende que los errores u omisiones de carácter

formal en documentos emitidos por entidades públicas, entre ellos, las constancias, pueden ser objeto de subsanación, siempre que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha de presentación de ofertas y que su corrección no altere el contenido esencial de la documentación presentada. En el presente caso, si bien las constancias de prestación presentadas por el Impugnante contienen firmas y datos de identificación ilegibles, dicha deficiencia está referida a un aspecto formal del documento, pues no compromete la información relativa a la prestación ejecutada, el objeto de la contratación, el monto ni los periodos de inicio y culminación de la experiencia acreditada. Estos últimos elementos pueden ser contrastados con los contratos y la promesa de consorcio que también fueron incorporados en la oferta. Por tanto, la corrección de la ilegibilidad advertida no supondría incorporar una experiencia distinta ni modificar las condiciones de la prestación originalmente acreditada, sino únicamente permitir la identificación de quienes suscribieron las constancias presentadas. En consecuencia, dicha deficiencia no implica, por sí misma, una alteración del contenido esencial de la oferta.

• En atención a lo expuesto, corresponde disponer que la Entidad solicite al Impugnante

la subsanación de su oferta respecto de las dos (2) constancias de cumplimiento de prestación cuestionadas, toda vez que la deficiencia advertida tiene carácter formal y se encuentra comprendida en los supuestos de subsanación previstos en el artículo 78 del Reglamento. Cabe precisar que la subsanación deberá limitarse a presentar las mismas constancias con las firmas y los nombres y apellidos de sus respectivos suscriptores debidamente legibles, sin modificar su contenido ni incorporar información distinta a la originalmente consignada. De esta manera, podrá verificarse la identidad de quienes emitieron dichos documentos, preservándose la integridad de la oferta.

• En este punto, corresponde analizar los argumentos expuestos por la Entidad, quien

sostiene que la evaluación del factor “Experiencia adicional del postor en la especialidad” se efectuó conforme a las bases integradas y a la normativa vigente. Al respecto, este Colegiado considera que la evaluación de las ofertas no solo debe observar las disposiciones contenidas en las bases integradas, sino también las reglas que regulan la subsanación de ofertas, particularmente aquellas previstas en el artículo 78 del Reglamento, que permiten corregir determinados errores u omisiones documentales, siempre que no se altere el contenido esencial de la oferta y se respete el principio de igualdad de trato. Por su parte, el Adjudicatario sostiene que el Impugnante pretende presentar como un simple defecto formal una deficiencia que afecta directamente la posibilidad de verificar la autenticidad, autoría y valor probatorio de los documentos presentados para obtener puntaje adicional. Sobre el particular, este Colegiado reconoce que la identificación de quien suscribe una constancia constituye un aspecto relevante para verificar su autenticidad y determinar si esta proviene efectivamente de la entidad que aparece como emisora. En ese sentido, la ilegibilidad de la firma y de los nombres y apellidos del suscriptor dificulta dicha verificación y, por tanto, incide en la posibilidad de valorar el documento como medio acreditativo de la experiencia invocada. Sin embargo, el hecho de que una deficiencia documental dificulte la verificación de su autenticidad no determina, necesariamente, que esta afecte de manera insubsanable el contenido esencial de la oferta. Para establecerlo, corresponde analizar si la información cuya verificación se encuentra impedida existía al momento de la emisión del documento y si su esclarecimiento posterior supondría incorporar o modificar algún elemento sustancial de la experiencia acreditada. En el presente caso, la observación formulada por la Entidad se encuentra referida a la ilegibilidad de las firmas y de los nombres y apellidos de los funcionarios que suscribieron las dos (2) constancias cuestionadas, mas no a la inexistencia de las prestaciones ejecutadas, a la modificación de sus condiciones o a la ausencia de los documentos exigidos en las bases integradas.

Por consiguiente, corresponde distinguir entre la necesidad de verificar la autenticidad y autoría de las constancias y la posibilidad de esclarecer la identidad de sus suscriptores mediante la subsanación de documentos públicos preexistentes, posibilidad que se encuentra contemplada en el artículo 78 del Reglamento, siempre que se preserve el contenido esencial de la oferta.

• De otro lado, la Entidad sostiene que la ilegibilidad de las constancias es imputable al

Impugnante, conforme al numeral 2.2.4 de las bases integradas, y que dicha deficiencia no se encuentra comprendida en el supuesto previsto en el numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento, pues no se trata de documentos destinados a acreditar una inscripción o integración en un registro. Asimismo, considera que admitir su subsanación supondría alterar el contenido esencial de la oferta y vulnerar el principio de igualdad de trato. Sobre el particular, este Colegiado considera que, si bien los postores tienen la obligación de presentar documentación clara y legible, dicha obligación debe interpretarse conjuntamente con las disposiciones que regulan la subsanación de ofertas. En ese sentido, el hecho de que la deficiencia sea atribuible al postor no determina, por sí mismo, que esta se encuentre excluida de los supuestos de subsanación previstos en el Reglamento. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el numeral 78.2 del artículo 78 contempla expresamente a las constancias entre los documentos susceptibles de subsanación, siempre que hayan sido emitidas con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas. Por tanto, no resulta amparable una interpretación según la cual únicamente serían subsanables las constancias destinadas a acreditar una inscripción o integración en un registro, pues dicha disposición también comprende otros documentos de naturaleza análoga. Ahora bien, lo anterior no supone que cualquier defecto de legibilidad de una constancia sea automáticamente subsanable. Para determinar su procedencia, corresponde verificar que la información cuya aclaración se pretende existía al momento de la emisión del documento y que su corrección no implique incorporar una experiencia distinta, modificar sus condiciones o sustituir a las personas que originalmente lo suscribieron. En el presente caso, las dos (2) constancias cuestionadas fueron presentadas como parte de la oferta del Impugnante y la observación formulada por la Entidad se encuentra circunscrita a la ilegibilidad de las firmas y de los nombres y apellidos de sus suscriptores. Asimismo, los contratos y la promesa de consorcio incorporados en la oferta contienen información relativa a las prestaciones cuya experiencia se pretende acreditar. En consecuencia, la subsanación deberá limitarse a permitir la identificación de los funcionarios que suscribieron las constancias originalmente presentadas, sin incorporar nuevas prestaciones ni modificar los objetos, montos o periodos de ejecución de la experiencia invocada. Para ello, deberá verificarse que la información proporcionada corresponda a los emisores originales y que los documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la presentación de ofertas. Por tanto, este Colegiado considera que la deficiencia advertida puede ser susceptible de subsanación, siempre que se observen los límites antes señalados, por lo que corresponde desestimar los argumentos de la Entidad en este extremo.

• En cuanto a las resoluciones invocadas por la Entidad, tanto en el acta de evaluación

como en su informe técnico legal, corresponde señalar que los criterios desarrollados en dichos pronunciamientos deben analizarse atendiendo a las particularidades de cada caso y al marco normativo aplicable al presente procedimiento. Asimismo, cabe precisar que tales resoluciones no constituyen, por sí mismas, precedentes de observancia obligatoria, condición que corresponde a los acuerdos adoptados en Sala Plena. En ese sentido, la aplicación de los criterios contenidos en dichos pronunciamientos exige examinar las circunstancias concretas de la controversia, sin que resulte suficiente invocarlos de manera aislada para determinar la improcedencia de una subsanación. En el presente caso, debe tenerse en cuenta que las dos (2) constancias cuestionadas fueron incorporadas en la oferta del Impugnante y que la deficiencia advertida se circunscribe a la ilegibilidad de las firmas y de los nombres y apellidos de sus suscriptores. No se ha señalado que los documentos carezcan de información relativa a las prestaciones ejecutadas ni que los montos o periodos consignados resulten ilegibles o contradictorios con los contratos presentados. Por consiguiente, corresponde analizar la posibilidad de subsanación atendiendo a las características de los documentos cuestionados y a los límites establecidos en el

artículo 78 del Reglamento.

• Asimismo, el Adjudicatario señala que las Resoluciones N° 4104-2026-TCP-S1 y N°

147-2026-TCP-S1 se refieren a certificados presentados para acreditar la experiencia del personal clave, mientras que, en el presente caso, se cuestionan documentos destinados a acreditar la experiencia del postor en la especialidad. Adicionalmente, sostiene que la identidad y el cargo del suscriptor constituyen elementos esenciales de las constancias, pues permiten determinar quién emite la declaración y en qué calidad lo hace, por lo que su ilegibilidad no constituiría una simple deficiencia visual susceptible de aclaración. Ahora bien, respecto de la relevancia de la identidad y del cargo del suscriptor, este Colegiado reconoce que tales datos permiten verificar la autoría de la declaración contenida en la constancia y la calidad en la que intervino quien la emitió. Por ello, no se desconoce que constituyen información relevante para determinar la idoneidad del documento. Sin embargo, corresponde distinguir entre la ausencia de dicha información y su ilegibilidad. En el primer supuesto, podría tratarse de información no incorporada al documento, cuya inclusión posterior supondría completar su contenido. En cambio, en el segundo supuesto, si se verifica que los datos de identificación y la firma fueron efectivamente consignados en el documento original, aunque no puedan leerse en la copia presentada, su esclarecimiento podría constituir una actuación dirigida a hacer verificable información preexistente. En ese sentido, la circunstancia determinante para establecer la procedencia de la subsanación no radica únicamente en la relevancia de los datos del suscriptor, sino en determinar si estos fueron incorporados en las constancias originales y si su identificación posterior permite verificar la autoría de los documentos sin modificar su contenido. Por tanto, la ilegibilidad advertida no debe equipararse automáticamente a la ausencia de identificación del suscriptor, correspondiendo verificar si la información cuya lectura se encuentra impedida se encontraba efectivamente consignada en las constancias emitidas con anterioridad a la presentación de ofertas.

• De otro lado, el Adjudicatario sostiene que admitir la subsanación supondría convertir

documentos que originalmente carecían de identificación y del cargo de sus suscriptores en otros que incorporen posteriormente tales elementos esenciales. Añade que el propio Impugnante habría reconocido que dicha información no puede determinarse a partir de las copias inicialmente presentadas y que, incluso, solicitó subsidiariamente que el Tribunal requiera al Ministerio Público información que permita identificar a los funcionarios suscriptores. Al respecto, este Colegiado considera necesario precisar que la posibilidad de subsanar las constancias no implica autorizar que estas sean modificadas, reemitidas con información distinta o complementadas con nuevos elementos que no formaban parte de los documentos originales. En efecto, la subsanación que pudiera admitirse debe tener por finalidad exclusiva permitir la verificación de la identidad de quienes suscribieron las constancias originalmente presentadas, así como de la calidad en la que intervinieron, siempre que se acredite que dicha información correspondía a los documentos emitidos antes de la fecha de presentación de ofertas. En ese sentido, el hecho de que la identidad de los suscriptores no pueda determinarse a partir de la lectura de las copias incorporadas en la oferta no implica necesariamente que dicha información no existiera al momento de la emisión de las constancias. Precisamente, la finalidad de la subsanación sería esclarecer ese aspecto, sin que ello habilite al Impugnante a incorporar funcionarios distintos, modificar la autoría de los documentos o introducir información que no se encontraba consignada originalmente. Por otro lado, respecto de la solicitud subsidiaria del Impugnante para que se requiera información a la Entidad a efectos de identificar a los funcionarios que suscribieron las constancias cuestionadas, este Colegiado considera que no corresponde ampararla, toda vez que corresponde al propio postor aportar los elementos necesarios para acreditar la autenticidad de la documentación presentada, sin trasladar dicha carga al Tribunal. Además, acceder a tal solicitud podría generar una ventaja para el Impugnante respecto de los demás postores, al disponer actuaciones adicionales para esclarecer información vinculada con sus contrataciones, en contravención del principio de igualdad de trato.

• Finalmente, el Adjudicatario sostiene que el Impugnante no puede trasladar a la

Entidad las consecuencias derivadas de no haber presentado documentos legibles. Sobre el particular, este Colegiado considera que la obligación de presentar documentación clara y legible corresponde, en principio, al postor; sin embargo, dicha responsabilidad no determina que toda deficiencia documental deba generar automáticamente la exclusión de la documentación presentada, pues corresponde analizar si el defecto advertido se encuentra comprendido en los supuestos de subsanación previstos en el artículo 78 del Reglamento. En efecto, la posibilidad de subsanar una oferta no constituye un mecanismo destinado a relevar al postor de sus obligaciones ni a otorgarle una ventaja respecto de los demás participantes, sino una facultad reglamentariamente prevista para corregir determinados defectos documentales, siempre que no se altere el contenido esencial de la oferta y se respete el principio de igualdad de trato. En el presente caso, la subsanación no tiene por objeto trasladar a la Entidad la carga de acreditar la experiencia del Impugnante, sino permitir que se esclarezca la identidad de quienes suscribieron dos (2) constancias que fueron presentadas oportunamente como parte de su oferta. En consecuencia, corresponde que el Impugnante proporcione los elementos necesarios para dicha verificación, mientras que la Entidad deberá evaluar su correspondencia con los documentos originalmente emitidos.

• Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que los argumentos

formulados por la Entidad y el Adjudicatario no desvirtúan la posibilidad de subsanar las dos (2) constancias cuestionadas, siempre que la actuación correctiva se limite a esclarecer información preexistente relativa a la identidad de sus suscriptores y no implique incorporar, modificar o sustituir elementos esenciales de la experiencia originalmente acreditada.

• En consecuencia, corresponde revocar la decisión del oficial de compra de no

considerar la experiencia consignada en la constancia de cumplimiento de prestación del 8 de enero de 2018 (folio 49) y en la constancia de cumplimiento de prestación del 4 de marzo de 2019 (folio 70) en la oferta del Impugnante y, por ende, revocar el otorgamiento de la buena pro. En consecuencia, corresponde disponer que el órgano evaluador le otorgue al Impugnante un plazo máximo de dos (2) días hábiles a fin que subsane las referidas constancias; ello, de conformidad con lo establecido en los fundamentos precedentes manteniéndose vigente su oferta, bajo condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado.

• Por lo tanto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación y

revocar el otorgamiento de la buena pro, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde no admitir la oferta del Impugnante.

• Conforme se desprende de los antecedentes (numeral 5), mediante su escrito de

absolución del recurso de apelación, el Adjudicatario formuló cuestionamientos adicionales contra la oferta del Impugnante, señalando que, además de la observación efectuada por el oficial de compra, esta no debió ser admitida.

• Por su parte, el Impugnante rechazó los cuestionamientos formulados por el

Adjudicatario (numeral 9). Asimismo, en atención al requerimiento de información efectuado mediante decreto del 15 de octubre de 2026, la Entidad presentó un informe complementario en el que desvirtuó dichos cuestionamientos y ratificó la admisión y calificación de la oferta del Impugnante (numeral 10). Respecto a la admisión de la oferta del Impugnante.

• En atención al cuestionamiento del Adjudicatario respecto a que el Anexo N° 6

presentado por el Impugnante contiene un error en el ítem 35 respecto de la cantidad, el precio unitario y el precio total. Si bien el Reglamento permite corregir errores aritméticos, sostiene que, en este caso, la corrección implicaría modificar el precio unitario expresamente ofertado y no simplemente efectuar una operación matemática.

• A fin de resolver la controversia planteada, corresponde señalar que el Anexo N° 6 no

constituye un requisito de admisión de ofertas, contrariamente a lo señalado por el Adjudicatario. Sin perjuicio de ello, corresponde remitirnos a las disposiciones de las bases integradas relativas a la presentación de la oferta económica, específicamente a lo establecido en el literal B del Capítulo II de la Sección Específica, que señala lo siguiente: En este punto, cabe señalar que, conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 3.4 del Capítulo III de la Sección Específica de las bases integradas, la modalidad de pago del contrato es a precios unitarios, según se aprecia a continuación:

• Ahora bien, de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, se advierte que,

a folios 8 al 19, incorporó el Anexo N° 6, así como los Anexos N° 1 y 2, conforme al siguiente detalle: (…)

• Sobre el particular, de la revisión de los documentos que conforman el Anexo N° 6, se

advierte que, en el ítem N° 35 del cuadro de mantenimiento correspondiente a uno de los vehículos (folio 17 de la oferta), el Impugnante consignó como cantidad uno (1), un precio unitario de S/ 150.00 y un precio total de S/ 180.00, situación que también fue advertida por el Adjudicatario.

• Al respecto, si bien se advierte una discrepancia aritmética entre el precio unitario y

el precio total consignados en el referido ítem, corresponde tener en cuenta lo establecido en el numeral 78.3 del artículo 78 del Reglamento, que dispone lo siguiente: “Artículo 78. Subsanación de las ofertas. (…) 78.3. En las modalidades de pago a precios unitarios, esquema mixto, pago por consumo y tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección a los evaluadores, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados. (El resaltado es agregado).

• De la disposición citada se desprende que, en las modalidades de pago a precios

unitarios, cuando los evaluadores adviertan errores aritméticos en las ofertas económicas, corresponde que efectúen su corrección, dejando constancia de ello en el acta respectiva. Asimismo, dicha rectificación debe realizarse sin modificar los precios unitarios originalmente ofertados. En ese sentido, corresponde al evaluador efectuar la corrección aritmética del precio total, considerando que en el ítem N° 35 se consignó una cantidad de uno (1) y un precio unitario de S/ 150.00.

• En este punto, es preciso manifestar que, contrariamente a lo alegado por el

Adjudicatario, este Colegiado considera que, en efecto, de la revisión del ítem N° 35 del Anexo N° 6 se advierte que este consignó expresamente una cantidad de uno (1), un precio unitario de S/ 150.00 y un precio total de S/ 180.00. Por tanto, no se aprecia una omisión de información que impida determinar los elementos de la operación aritmética, sino una discrepancia entre el precio unitario y el precio total consignados. En ese sentido, considerando que la modalidad de pago del contrato es a precios unitarios, resulta aplicable el numeral 78.3 del artículo 78 del Reglamento, que establece expresamente que, cuando se adviertan errores aritméticos en dicha modalidad de pago, corresponde a los evaluadores efectuar su corrección, dejando constancia de ello en el acta respectiva, sin que dicha rectificación implique variar los precios unitarios ofertados. Así, en el presente caso, al haberse consignado expresamente una cantidad de uno (1) y un precio unitario de S/ 150.00, la operación aritmética permite determinar objetivamente que el precio total correspondiente asciende a S/ 150.00. En consecuencia, no corresponde asumir que el precio unitario ofertado fue de S/ 180.00, como pretende sostener el Adjudicatario, pues ello supondría modificar un dato expresamente consignado por el propio Impugnante, contraviniendo precisamente la regla prevista en el numeral 78.3 del artículo 78 del Reglamento.

• En ese sentido, en observancia de los establecido en el numeral 78.3 del artículo 78

del Reglamento, corresponde la rectificación del ítem N° 35, lo que implica mantener el precio unitario ofertado de S/ 150.00 y disponer que el oficial de compra efectúe la corrección aritmética respectiva y deje constancia de dicha actuación en el acta correspondiente, conforme a la disposición reglamentaria citada.

• En consecuencia, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por el

Adjudicatario en este extremo, toda vez que la discrepancia advertida constituye un error aritmético susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el numeral 78.3 del artículo 78 del Reglamento, por lo que no constituye una causal para declarar la no admisión de la oferta del Impugnante

• Sin perjuicio de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente exhortar al oficial de

compra a que, en futuras actuaciones, observe estrictamente lo dispuesto en el numeral 78.3 del artículo 78 del Reglamento, respecto de la corrección de errores aritméticos en las ofertas económicas, debiendo dejar constancia expresa de las rectificaciones efectuadas en el acta correspondiente. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante.

• Conforme se desprende de los antecedentes (numeral 5), mediante su escrito de

absolución del recurso de apelación, el Adjudicatario formuló cuestionamientos adicionales contra la oferta del Impugnante, señalando que, además de la observación efectuada por el oficial de compra, esta debió ser descalificada.

• Por su parte, el Impugnante rechazó los cuestionamientos formulados por el

Adjudicatario (numeral 9). Asimismo, en atención al requerimiento de información efectuado mediante decreto del 15 de octubre de 2026, la Entidad presentó un informe complementario en el que desvirtuó dichos cuestionamientos y ratificó la admisión y calificación de la oferta del Impugnante (numeral 10).

• En este punto, corresponde señalar que el Adjudicatario ha cuestionado el

cumplimiento de tres (3) requisitos de calificación por parte del Impugnante, alegando que este no habría acreditado debidamente tales exigencias. En ese sentido, corresponde analizar cada uno de los cuestionamientos formulados, a efectos de determinar si resultan amparables. ➢ Capacitación del personal clave

• El Adjudicatario señala que los certificados presentados por el Impugnante a folios 45

al 47 corresponden a capacitaciones que, por su sola denominación, no permiten acreditar conocimientos relacionados con la mecánica automotriz, pese a que el objeto de la contratación consiste en el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Entidad. Por tal motivo, considera que el Impugnante no ha cumplido con acreditar el requisito de calificación correspondiente y solicita que se disponga la descalificación de su oferta.

• A fin de dilucidar la controversia planteada, corresponde remitirnos a las bases

integradas, específicamente al numeral B.2.2. “Capacitación del personal clave” del

Como se advierte, las bases integradas establecieron que el personal clave propuesto para el cargo de supervisor debía acreditar una capacitación de ocho (8) horas en temas relacionados con mecánica automotriz. Para tal efecto, se dispuso que dicho requisito se acreditaría mediante la presentación de copia simple de constancias, certificados u otros documentos que demostraran haber realizado la capacitación.

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se advierte que, a folios 45 al

47, presentó tres (3) certificados de capacitación para acreditar el referido requisito, correspondientes a los siguientes temas: − “Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM)”. − “SAP S/4HANA PM Mantenimiento de planta”. − “Implementación de un Sistema de Control de Gestión

(2026_NANO_ISC401N)”.

• Al respecto, el cuestionamiento del Adjudicatario se encuentra referido a que los

temas de las capacitaciones acreditadas no guardarían relación con la mecánica automotriz, conforme a lo exigido en las bases integradas.

• En atención a ello, mediante decreto del 15 de octubre de 2026, la Sala requirió a la

Entidad que emitiera un pronunciamiento técnico respecto de los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario contra la oferta del Impugnante. En respuesta a dicho requerimiento, la Entidad remitió el Informe Técnico N° 02-2026- MP-FN-GA-CUSCO-LPABREV-02, en el cual centró su análisis en el certificado correspondiente a la capacitación denominada “Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM)”, por ser el documento que acredita la mayor cantidad de horas de capacitación.

Al respecto, la Entidad manifestó que el contenido de dicha capacitación guarda relación técnica y funcional con las actividades que debe desarrollar un supervisor de taller, quien tiene a su cargo planificar, priorizar y supervisar las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, conforme se aprecia del siguiente extracto:

• Como se aprecia, la Entidad, a través del referido informe técnico, ha señalado que la

capacitación en “Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM)” proporciona herramientas para analizar fallas, establecer niveles de criticidad, planificar acciones de mantenimiento y priorizar intervenciones, conocimientos que resultan pertinentes para las actividades de supervisión del mantenimiento de unidades vehiculares. Sobre el particular, este Colegiado considera que, para determinar el cumplimiento del requisito de calificación, no corresponde atender únicamente a la denominación de la capacitación, sino también a los contenidos y conocimientos que esta comprende, a efectos de establecer si guardan una relación objetiva con la materia exigida en las bases integradas. En efecto, la exigencia de que la capacitación esté relacionada con la mecánica automotriz no supone necesariamente que su denominación deba coincidir literalmente con dicha especialidad, sino que sus contenidos permitan acreditar conocimientos vinculados con las actividades que comprende la materia requerida. Una interpretación estrictamente literal de la denominación del curso podría restringir injustificadamente la acreditación de capacitaciones que, por su contenido, sí resultan pertinentes para las funciones del personal clave.

• Asimismo, resulta relevante que la propia Entidad, en su condición de entidad

convocante de los servicios objeto de contratación, haya efectuado una evaluación técnica del contenido de la capacitación y explicado su vinculación con las actividades de supervisión del mantenimiento de vehículos. Dicha apreciación no constituye, por sí sola, una validación automática del requisito, pero aporta elementos que permiten a este Colegiado evaluar la pertinencia de la capacitación frente a lo expresamente exigido en las bases integradas. Por tanto, atendiendo al contenido de la capacitación y a la justificación técnica expuesta por la Entidad, este Colegiado considera que el certificado denominado “Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM)” acredita conocimientos relacionados con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de unidades vehiculares y, por ende, guarda relación con la materia exigida en las bases integradas.

• Ahora bien, en cuanto a la duración de la capacitación, se advierte que el referido

certificado acredita doscientas cuarenta (240) horas académicas, cantidad que supera ampliamente las ocho (8) horas exigidas en las bases integradas. En consecuencia, dicho documento permite acreditar tanto la pertinencia temática como la duración mínima requerida para el personal clave propuesto.

• En esa línea, si bien la Sala requirió a la Entidad que también se pronunciara sobre los

otros dos (2) certificados presentados por el Impugnante, aquella señaló que la capacitación en “Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM)” resultaba suficiente para acreditar las ocho (8) horas exigidas. Al respecto, este Colegiado considera que, habiéndose determinado que dicho certificado cumple con la exigencia temática y supera el mínimo de horas requerido, en el presente caso, no resulta necesario emitir un pronunciamiento adicional sobre la pertinencia de las otras dos capacitaciones, pues estas no son determinantes para establecer el cumplimiento del requisito cuestionado.

• Cabe traer a colación lo alegado por el Adjudicatario, quien sostiene que los

certificados presentados por el Impugnante no pueden ser valorados únicamente en función de las horas de capacitación que consignan, sino que también debe verificarse que sus contenidos guarden relación con la mecánica automotriz, conforme a lo exigido en las bases integradas. En ese sentido, considera que las capacitaciones denominadas “Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM)”, “SAP S/4HANA PM Mantenimiento de planta” e “Implementación de un Sistema de Control de Gestión” no permiten acreditar, por su denominación, conocimientos vinculados con dicha especialidad.

Al respecto, este Colegiado coincide con el Adjudicatario en que el cumplimiento del requisito de capacitación no se determina exclusivamente por el número de horas consignadas en los certificados, sino que también resulta necesario verificar que los contenidos de la capacitación guarden relación con la materia exigida en las bases integradas. Sin embargo, dicha circunstancia no determina que la denominación del curso deba coincidir literalmente con la especialidad requerida, pues lo relevante es que los conocimientos impartidos permitan establecer una vinculación objetiva con esta. En ese sentido, conforme se ha desarrollado en los fundamentos precedentes, la capacitación denominada “Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM)” comprende contenidos relacionados con el análisis de fallas, la identificación de criticidades, la planificación de acciones de mantenimiento y la priorización de intervenciones, aspectos que, conforme a la evaluación técnica efectuada por la Entidad, guardan relación con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de unidades vehiculares y con las funciones que corresponden al supervisor de taller. Por tanto, el cuestionamiento del Adjudicatario, sustentado principalmente en la denominación del diplomado, no resulta suficiente para desvirtuar la pertinencia de sus contenidos ni la evaluación técnica efectuada por la Entidad.

• Por otro lado, con relación a la pertinencia del diplomado RCM en contenidos

referidos a sistemas industriales, este Colegiado considera que la sola referencia a sistemas industriales no permite concluir que la capacitación resulte ajena a la materia requerida en las bases integradas. Para determinar su pertinencia, corresponde examinar los contenidos específicos del diplomado y establecer si estos comprenden conocimientos que puedan vincularse con las actividades de mantenimiento de vehículos objeto de la contratación. En el presente caso, la Entidad ha identificado que el diplomado comprende conocimientos relacionados con el análisis de fallas, la determinación de criticidades y la planificación y priorización de intervenciones de mantenimiento, explicando su vinculación con las funciones de supervisión del mantenimiento preventivo y correctivo de unidades vehiculares. En consecuencia, el hecho de que determinados conocimientos también puedan aplicarse a otros tipos de sistemas o sectores productivos no determina, por sí mismo, que carezcan de pertinencia para la materia exigida, siempre que se encuentre acreditada su relación con las actividades comprendidas en el objeto de la contratación. Lo determinante no es la exclusividad de los conocimientos respecto de la mecánica automotriz, sino que estos guarden una relación objetiva con dicha materia.

• Otro cuestionamiento es que los diplomados no exigen necesariamente que sus

participantes cuenten con una carrera profesional o técnica específica para acceder a ellos. Sin embargo, la evaluación del requisito de capacitación debe efectuarse atendiendo a las características y contenidos de la capacitación acreditada, así como a las exigencias expresamente previstas en las bases integradas, y no sobre la base de requisitos adicionales que no fueron contemplados en estas. En efecto, las bases integradas no establecieron que la capacitación debiera estar dirigida exclusivamente a profesionales o técnicos de una determinada especialidad, ni que su validez dependiera de los requisitos de acceso al programa formativo. Por consiguiente, no corresponde introducir tales exigencias durante la evaluación de ofertas.

• Finalmente, el Adjudicatario sostiene que la Entidad habría inferido, sin contar con

elementos verificables en el certificado, que el diplomado en “Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM)” se encuentra vinculado con las actividades de mantenimiento vehicular, sobre la base de que comprende materias como análisis de fallas, criticidad y estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo. A su juicio, admitir dicha interpretación permitiría considerar válidas prácticamente todas las capacitaciones relacionadas con mantenimiento, desnaturalizando la exigencia establecida en las bases integradas. Sobre el particular, este Colegiado considera que, en el presente caso, la Entidad no se ha limitado a señalar que el diplomado contiene conocimientos generales sobre mantenimiento, sino que ha identificado materias específicas vinculadas con el análisis de fallas, la determinación de criticidades, la planificación de intervenciones y la priorización de actividades, explicando su utilidad para la supervisión de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos. En ese sentido, la conclusión de este Colegiado no supone que cualquier capacitación relacionada con mantenimiento resulte suficiente para acreditar el requisito de calificación, sino que, en el caso concreto, los contenidos identificados y la justificación técnica proporcionada por la Entidad permiten establecer una relación objetiva entre el diplomado presentado y las actividades comprendidas en la mecánica automotriz exigida en las bases integradas. Por tanto, no se advierte que la Entidad haya efectuado una interpretación extensiva del requisito de calificación, sino una valoración de los contenidos de la capacitación a partir de la materia expresamente requerida en las bases integradas.

• Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que el Impugnante

cumplió con acreditar el requisito de calificación “Capacitación del personal clave”, toda vez que presentó un certificado cuyo contenido guarda relación con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y cuya duración supera las ocho (8) horas exigidas en las bases integradas. En consecuencia, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario en este extremo. ➢ Respecto a la infraestructura estratégica.

• El Adjudicatario señala que la Entidad exigió la presentación de una licencia de

funcionamiento vigente y compatible con las actividades objeto del servicio, a fin de verificar la disponibilidad efectiva y legal del taller ofertado. Sin embargo, sostiene que, de la revisión de la oferta del Impugnante, se advierte que dicho documento no fue presentado.

• A fin de dilucidar la controversia planteada, corresponde remitirnos a las bases

integradas, específicamente al numeral B.4. “Infraestructura estratégica” del Capítulo III de la Sección Específica, en el cual se estableció lo siguiente:

• Como se advierte, las bases integradas establecieron como requisito de calificación

que el postor cuente con un taller (local propio o alquilado) ubicado dentro de un radio urbano de diez (10) kilómetros del local central, el cual debe reunir determinadas características y contar con licencia de funcionamiento vigente y compatible con las actividades materia del servicio. Asimismo, se estableció que la disponibilidad de dicha infraestructura estratégica debía acreditarse mediante la presentación de copia simple de los documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura requerida para la ejecución del contrato.

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se advierte que, a folios 25 al

42, presentó el contrato de arrendamiento del inmueble, el plano perimétrico y el mapa de ubicación del taller en la ciudad, conforme se aprecia del siguiente extracto del contrato:

• Como se puede apreciar, mediante la documentación presentada, el Impugnante

acredita la disponibilidad del inmueble destinado a funcionar como taller, aspecto que no ha sido cuestionado por el Adjudicatario.

• No obstante, el Adjudicatario sostiene que el Impugnante no habría cumplido con

acreditar el requisito de calificación, debido a que no presentó la licencia de funcionamiento vigente del establecimiento, pese a que dicho documento se encuentra mencionado en las condiciones previstas para la infraestructura estratégica. Al respecto, corresponde remitirnos a lo establecido por la propia Entidad en el pliego de absolución de consultas y observaciones, en el cual, al atender una consulta formulada por un participante respecto de la oportunidad de presentación de la licencia de funcionamiento, precisó lo siguiente: Como se advierte, la Entidad estableció que, si bien el taller mecánico debía contar con licencia de funcionamiento vigente y compatible con las actividades materia del servicio, la presentación de dicho documento correspondía a la etapa de perfeccionamiento del contrato.

• Sobre el particular, este Colegiado considera necesario distinguir entre las

condiciones que debe reunir la infraestructura estratégica para la ejecución del contrato y los documentos que deben presentarse durante la etapa de selección para acreditar el cumplimiento del requisito de calificación. En efecto, si bien las bases integradas contemplan que el taller debe contar con una licencia de funcionamiento vigente y compatible con las actividades objeto de la contratación, la propia Entidad, al absolver la consulta formulada durante el procedimiento de selección, precisó expresamente que dicho documento debía presentarse para el perfeccionamiento del contrato. En ese sentido, no resulta válido exigir al Impugnante, durante la etapa de evaluación de ofertas, la presentación de un documento cuya oportunidad de acreditación fue expresamente establecida por la Entidad para una etapa posterior del procedimiento, pues ello supondría desconocer las reglas definitivas de las bases integradas y las precisiones efectuadas en el pliego de absolución de consultas y observaciones.

• Por otro lado, el Adjudicatario invoca la importancia de contar con una licencia de

funcionamiento para garantizar que el establecimiento pueda desarrollar legalmente las actividades materia del servicio. Sin embargo, dicho argumento no desvirtúa lo señalado precedentemente, pues no se encuentra en discusión la obligación de que el taller cuente con la licencia correspondiente, sino la oportunidad en que dicho documento debe ser presentado ante la Entidad. En ese sentido, debe precisarse que la conclusión a la que arriba este Colegiado no supone exonerar al Impugnante de contar con la licencia de funcionamiento exigida, sino reconocer que su presentación corresponde a la etapa de perfeccionamiento del contrato, conforme a lo expresamente establecido por la Entidad en el pliego de absolución de consultas y observaciones.

• En consecuencia, considerando que el Impugnante presentó documentación que

acredita la disponibilidad del inmueble destinado a funcionar como taller y que la licencia de funcionamiento debía ser presentada para el perfeccionamiento del contrato, este Colegiado concluye que no corresponde exigir dicho documento como medio de acreditación del requisito de calificación durante la etapa de selección. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario en este extremo y tener por acreditado el requisito de calificación “Infraestructura estratégica”, sin perjuicio de la obligación del Impugnante de presentar la licencia de funcionamiento correspondiente en la oportunidad prevista para el perfeccionamiento del contrato. ➢ Respecto a la experiencia del personal clave y la presunta presentación de documento falso o información inexacta.

• El Adjudicatario sostiene que ha advertido inconsistencias en la experiencia declarada

por el personal clave propuesto por el Impugnante, señor Rutwin Cjuno Mayo, que podrían evidenciar la presentación de documentación falsa o información inexacta.

En particular, señala que el Impugnante presentó una constancia de trabajo de fecha 15 de mayo de 2026, emitida por su propia representada, en la cual se indica que el referido profesional laboró desde el 10 de enero de 2022 hasta el 15 de mayo de 2026, desempeñándose como “Técnico especialista y supervisor de taller en el área de mecánica automotriz”. Sin embargo, refiere que, de la revisión del perfil profesional público del señor Rutwin Cjuno Mayo en la plataforma LinkedIn, se advierte que este habría prestado servicios para Transportes/Turismo Internacional Palomino S.A.C., en el cargo de jefe de mantenimiento de unidades, bajo una modalidad de trabajo a tiempo completo y presencial, desde febrero de 2020 hasta la actualidad. A juicio del Adjudicatario, dicha información evidencia una superposición temporal significativa entre ambas relaciones laborales, lo que pondría en cuestionamiento la veracidad de la experiencia declarada por el Impugnante.

• A fin de dilucidar la controversia planteada, corresponde remitirnos a las bases

integradas, específicamente al numeral B.1. “Experiencia del personal clave” del

• Como se advierte, las bases integradas establecieron como requisito de calificación

que el personal clave propuesto para el cargo de supervisor de taller cuente con una experiencia mínima de dos (2) años en la prestación de servicios de supervisión en el mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos.

Asimismo, se estableció que dicha experiencia debía acreditarse mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: i) contratos y su respectiva conformidad; ii) constancias; iii) certificados; o iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se advierte que, a folio 44, obra

la constancia de trabajo cuya veracidad ha sido cuestionada por el Adjudicatario, conforme se aprecia a continuación: De la revisión del referido documento, se advierte que la constancia fue emitida a favor del señor Rutwin Cjuno Mayo, por haber prestado servicios para el Impugnante desde el 10 de enero de 2022 hasta el 15 de mayo de 2026, desempeñándose como “Técnico especialista y supervisor de taller en el área de mecánica automotriz”.

• Sobre el particular, el cuestionamiento del Adjudicatario se sustenta en que el

referido profesional habría mantenido, durante el mismo periodo, una relación laboral con otra empresa, conforme a la información consignada en su perfil de LinkedIn, en el cual se indica que habría desempeñado el cargo de jefe de mantenimiento de unidades para Transportes/Turismo Internacional Palomino S.A.C., bajo una modalidad de trabajo a tiempo completo y presencial.

Al respecto, este Colegiado considera que la información consignada en una plataforma profesional como LinkedIn puede constituir un elemento que justifique efectuar una verificación sobre la experiencia declarada; sin embargo, su sola existencia no permite concluir, de manera automática, que la constancia presentada por el Impugnante contiene información falsa o inexacta. En efecto, la coincidencia temporal entre las experiencias declaradas para dos empresas distintas no acredita, por sí misma, que alguna de ellas sea inexistente o que el profesional no haya prestado efectivamente los servicios consignados en la constancia cuestionada. Para arribar a dicha conclusión, resulta necesario contar con elementos objetivos que permitan determinar que las actividades laborales declaradas resultaban incompatibles entre sí o que alguno de los periodos o funciones consignados no se corresponde con la realidad. En particular, la referencia a una modalidad de trabajo a tiempo completo y presencial en el perfil de LinkedIn no constituye, por sí sola, prueba suficiente de que el profesional se encontraba impedido de prestar servicios para otra empresa durante el mismo periodo, ni desvirtúa automáticamente la experiencia declarada por el Impugnante. En ese sentido, de los elementos obrantes en el expediente, no se advierte documentación adicional suficiente que permita corroborar que el señor Rutwin Cjuno Mayo no prestó los servicios declarados por el Impugnante o que la información consignada en la constancia cuestionada no corresponda a la realidad.

• Aunado a lo expuesto, se advierte que el Impugnante presentó ante el Tribunal, el 20

de octubre de 2026, una Declaración jurada de prestación de servicios y disponibilidad, suscrita por el señor Rutwin Cjuno Mayo, cuya firma se encuentra certificada notarialmente. Mediante dicho documento, el referido profesional ratifica haber prestado servicios para el Impugnante durante el periodo comprendido entre el 10 de enero de 2022 y el 15 de mayo de 2026, en el cargo consignado en la constancia de trabajo presentada con la oferta. Asimismo, declara que la prestación de servicios para el Impugnante no le impedía desarrollar actividades laborales o profesionales para otra empresa o entidad, y manifiesta su disponibilidad para desempeñarse como personal clave propuesto. Al respecto, este Colegiado considera que dicha declaración constituye un elemento adicional que respalda la posición del Impugnante respecto de la prestación de los servicios cuestionados.

• En consecuencia, este Colegiado considera que la información obtenida del perfil de

LinkedIn del señor Rutwin Cjuno Mayo, aunada a la coincidencia temporal advertida por el Adjudicatario, no resulta suficiente para desvirtuar, por sí sola, la experiencia declarada en la constancia de trabajo presentada por el Impugnante, toda vez que no se han aportado elementos objetivos que permitan concluir que los servicios consignados no fueron efectivamente prestados o que los periodos y funciones declarados sean contrarios a la realidad.

• Por tanto, en aplicación del principio de presunción de veracidad, y al no haberse

aportado elementos probatorios suficientes que permitan desvirtuar la información contenida en el documento cuestionado, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario en este extremo y considerar válida la experiencia acreditada por el señor Rutwin Cjuno Mayo para efectos del cumplimiento del requisito de calificación.

• Por las consideraciones expuestas, corresponde confirmar la admisión y calificación

de la oferta del Impugnante. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante.

• Sobre el particular, el Impugnante solicita se le otorgue la buena pro. Al respecto, si

bien por efecto del análisis del primer punto controvertido, se ha determinado que corresponde que el oficial de compra solicite la subsanación de la oferta del Impugnante, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de apelación, pues la oferta del Impugnante mantendrá el puntaje otorgado respecto del factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad” a condición de la efectiva subsanación de su oferta.

• En consecuencia, el recurso impugnativo será declarado fundado en parte: fundado

en el extremo que solicita revocar la exclusión de las constancias de cumplimiento de prestación de servicios observadas por el oficial de compra para acreditar el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”; e infundado en el extremo que solicita se le otorgue la buena pro.

• Finalmente, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo

315 del Reglamento, y toda vez que este Tribunal declarará fundado en parte el recurso de apelación, corresponde devolver la garantía que fue otorgada por el Impugnante al interponer su recurso de apelación.

• Cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE1. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Erick Joel Mendoza Merino, y con la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025- OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa

Rectificaciones América Motor Víctor Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 02-2026-MP- FN-GA-CUSCO, para la “Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos del ministerio público - distrito fiscal del Cusco”, siendo fundado en el extremo que solicita revocar la exclusión de las constancias de cumplimiento de prestación de servicios observadas por el oficial de compra para acreditar el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”; e infundado en el extremo que solicita se le otorgue la buena pro. En consecuencia, corresponde: 1.1 Revocar el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 02-2026-MP-FN-GA-CUSCO a favor de la empresa SCA-VOL E.I.R.L. 1.2 Confirmar la admisión y calificación de la oferta del postor Rectificaciones América Motor Víctor Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 1.3 Disponer que el oficial de compra solicite la subsanación de la oferta del postor Rectificaciones América Motor Víctor Empresa Individual de Responsabilidad Limitada conforme al marco normativo aplicable, y continúe con las demás 1 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

actuaciones del procedimiento de selección otorgando la buena pro al postor que corresponda.

• Devolver la garantía otorgada por la empresa Rectificaciones América Motor Víctor

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, por la interposición de su recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad, al día siguiente de publicada la resolución, registre en el

SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE