Resolución N.° 9546-2026-TCP-S6

Sumilla: “(…) considerando que el recurso de apelación será declarado fundado en parte, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía que el Consorcio Impugnante presentó como requisito de admisibilidad de su recurso”. Lima, 2 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 2 de noviembre de 2026 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7360/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor San Martin II, integrado por el señor Genaro Roberto Horna Yalta y la empresa Contratistas Norperu Ingenieros Asociados S.R.L., en el marco del Concurso Público Abreviado para Consultoría de Obra N° 001-2026-MDS/CS – Primera Convocatoria, para la “Contratación de consultoría de obra para la supervisión de obra: Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del Jr. San Martin cuadras: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13; 15, 16, 17, de la localidad de Sauce del distrito de Sauce – provincia de San Martín – departamento de San Martín, CUI N° 2500292”; y, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 10 de julio de 2026, la Municipalidad Distrital de Sauce, en adelante la Entidad,

convocó el Concurso Público Abreviado para Consultoría de Obra N° 001-2026- MDS/CS – Primera Convocatoria, para la “Contratación de consultoría de obra para la supervisión de obra: Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del Jr. San Martin cuadras: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13; 15, 16, 17, de la localidad de Sauce del distrito de Sauce – provincia de San Martín – departamento de San Martín, CUI N° 2500292”, con una cuantía de S/ 409,096.63 (cuatrocientos nueve mil noventa y seis con 63/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento.

El 22 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el 25 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Ingenieros Sauce, integrado por los señores Roosvelt Niguert Mejia Loarte y Heymi Lilebet Sifuentes Rosales, en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de S/ 312,022.86 (trescientos doce mil veintidós con 86/100 soles), de acuerdo a lo siguiente: Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado

CONSORCIO INGENIEROS

SAUCE S/ 312,022.86 105.00 1 Adjudicado. CONSORCIO VALLE REAL S/ 345,600.00 103.98 2 Calificado.

CSA CONSULTING Y

PROJECTS E.I.R.L. S/ 346,380.00 103.96 3 Calificado.

CONSORCIO SUPERVISOR

SAN MARTIN II S/ 368,186.97 103.40 4 Calificado.

FREDDY GONZALES

GONZALES - - - Descalificado.

• Mediante Escrito N° 01 presentado el 2 de octubre de 2026, y subsanado mediante

Escrito N° 02 presentado el 6 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el Consorcio Supervisor San Martin II, integrado por el señor Genaro Roberto Horna Yalta y la empresa Contratistas Norperu Ingenieros Asociados S.R.L., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que: i) se declare la descalificación de la oferta del Adjudicatario y como consecuencia de ello, se revoque la buena pro, ii) se declare la descalificación del Consorcio Valle Real, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, iii) se declare la descalificación de la empresa CSA Consulting y Projects E.I.R.L., postor que ocupó el tercer lugar en el orden de prelación, y iv) se otorgue la buena pro a su favor; para lo cual expuso los siguientes argumentos: Sobre la oferta del Consorcio Adjudicatario 2.1. Cuestiona la presentación de documentación con información no concordante con la realidad para acreditar la experiencia del supervisor de obra.

➢ Respecto del certificado de trabajo emitido por la Municipalidad Distrital de Chillia el 25 de abril de 2008, sostiene que el documento atribuye al profesional labores entre julio y diciembre de 2007; sin embargo, el SEACE sitúa en 2011 la contratación para ejecutar el pavimento rígido y las veredas del Jr. Comercio de Chilia, así como una contratación diferenciada para su supervisión. ➢ Respecto del certificado emitido por la Municipalidad Distrital de Chillia el 14 de julio de 2008, señala que este acredita labores en el Jr. Prolongación Aurora entre febrero y junio de 2008, mientras que el SEACE identifica la pavimentación del Jr. La Aurora dentro de la secuencia contractual de 2009-2010. ➢ Respecto del certificado emitido por la Municipalidad Distrital de Chillia el 29 de marzo de 2010, cuestiona que se atribuyan al profesional funciones de Ingeniero Inspector desde el 2 de agosto de 2009, pese a que, según los registros del SEACE, en ese periodo aún se tramitaban actuaciones relacionadas con la elaboración del expediente técnico y la contratación para ejecutar la obra se produjo posteriormente. ➢ Respecto del certificado emitido por la Municipalidad Distrital de Pias el 5 de setiembre de 2011, indica que este acredita labores como Ingeniero Inspector entre el 11 de abril y el 15 de agosto de 2011; sin embargo, la información del SEACE ubicaría la ejecución de la intervención en 2013 y bajo la modalidad de contrata. 2.2. Sobre el factor de evaluación “Experiencia específica adicional del personal clave”, cuestiona las experiencias del especialista ambiental y del especialista en calidad, conforme a lo siguiente: ➢ En relación con el especialista ambiental, señala que no acredita los doce meses adicionales exigidos, por lo que no integra el porcentaje de profesionales que superan el requisito de experiencia. ➢ Respecto del especialista en calidad, cuestiona la idoneidad de la experiencia acreditada mediante el certificado de trabajo del 13 de marzo de 2020, emitido por la empresa Mejesa S.R.L., debido a que describe trabajos ejecutados dentro de un centro de esparcimiento y recreación, sin acreditar que estos formen parte de una vía urbana integrada a la red vial de una ciudad. Por consiguiente, sostiene que la sola referencia a “pasajes peatonales” no permite subsumir automáticamente la intervención en la subespecialidad exigida. 2.3. Adicionalmente, señala que la intervención Mejoramiento y ampliación de los pasajes peatonales en el centro de esparcimiento y recreación El Tigre fue cuestionada en el Expediente N° 8613/2025.TCP, resuelto mediante Resolución N° 06961-2025-TCP-S2, debido a una constancia emitida por la empresa Mejesa S.R.L. para otro profesional. 2.4. Refiere que en otro procedimiento de selección se presentó al señor Juan Carlos García Cárdenas como profesional propuesto y como experiencia incorporó un certificado emitido por la empresa 3D Ingenieros. Al respecto, advierte que, el documento acredita que se desempeñó como ingeniero supervisor en dos obras privadas durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 14 de marzo de 2020. Se trata del mismo profesional cuyo certificado de la empresa Mejesa S.R.L. pretende acreditar como especialista en calidad en el “Centro de esparcimiento y recreación El Tigre” del 22 de abril de 2019 al 15 de noviembre 2019 y del 6 de enero de 2020 al 10 de marzo de 2020. Sobre la oferta del Consorcio Valle Real, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación 2.5. Sobre la experiencia del especialista ambiental, presenta una carta con firma legalizada, de fecha 2 de octubre de 2026, suscrita por el ingeniero Amaranto Junior Olivos Aguilar. En ella, el profesional manifiesta que no autorizó el uso de su nombre, colegiatura, certificados o documentación profesional. 2.6. Por otro lado, cuestiona que ninguna de las ocho constancias presentadas acredita que el profesional se haya desempeñado como especialista ambiental o SSOMA, ni describe funciones ambientales que permitan reconocer equivalencia con el cargo requerido.

2.7. Sobre el factor de evaluación “Gestión de calidad”, señala que la oferta contiene un compromiso de alquiler de herramienta tecnológica suscrito con la empresa Soluciones y Servicios Integrales Valle Real S.A.C. 2.8. Refiere que la intervención de un tercero como arrendador no resta validez al documento. En tal sentido, corresponde evaluar integralmente dicho compromiso, el plan y sus anexos, incluidas las capturas y el material descriptivo de los folios finales. Sobre la oferta de la empresa CSA Consulting Y Projects E.I.R.L., postor que ocupó el tercer lugar en el orden de prelación 2.9. Sobre la experiencia del supervisor de obra, cuestiona los certificados presentados para acreditar la experiencia del señor Carlos Nicolás Reyna Flores, emitidos por la Municipalidad Distrital de San Martín-Alao, e invoca como antecedente la Resolución N° 1617-2024-TCE-S3. 2.10. Señala que, en dicho procedimiento, el Tribunal valoró informes de la municipalidad y determinó que los certificados cuestionados, correspondientes al mismo profesional y a periodos de 2004 y 2005, no habían sido emitidos por aquella; que las obras descritas no fueron ejecutadas por la entidad; que no existían pagos a favor del profesional y que el membrete y los sellos no correspondían a los utilizados oficialmente en esos años. Sobre esa base, se concluyó que la información no se ajustaba a la realidad y se sancionó al integrante responsable de presentar los documentos. 2.11. Sostiene que en la página 169 de la oferta figura un certificado que atribuye al profesional labores como Supervisor de Obra del 1 de noviembre de 2004 al 3 de marzo de 2005; sin embargo, dicho periodo se superpone con el comprendido entre el 2 de agosto y el 30 de diciembre de 2004, consignado en uno de los certificados examinados en la Resolución N° 1617-2024-TCE- S3. 2.12. Asimismo, cuestiona que en la página 170 se presenta otro certificado que acredita labores como Supervisor del 4 de marzo al 2 de julio de 2005, periodo que coincide exactamente con el de otro certificado previamente cuestionado en la Resolución N° 1617-2024-TCE-S3.

2.13. Sobre la experiencia del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, cuestiona los siguientes documentos: ➢ Respecto del certificado de trabajo de fecha 5 de abril de 2024, emitido por el Consorcio Supervisor San Pedro, que acredita labores entre el 13 de noviembre de 2023 y el 2 de abril de 2024, cuestiona que el Asiento N° 91 del Cuaderno de Obra, de fecha 10 de noviembre de 2023, sea suficiente para acreditar la participación del profesional durante todo el periodo. ➢ Respecto del certificado de trabajo del 4 de setiembre de 2026, emitido por el Consorcio Consultor Edi, cuestiona la existencia de suspensiones en el periodo de experiencia acreditado. Al respecto, sostiene que, INFOBRAS registra una primera suspensión de la obra del 3 de marzo al 30 de abril de 2026, por 59 días calendario, motivada por lluvias. Asimismo, indica que la valorización de junio registra ejecución hasta el día 16, mientras que el cronograma actualizado al 25 de setiembre de 2026 muestra que no hubo ejecución del 17 de junio al 31 de agosto, periodo equivalente a 76 días calendario. La obra se habría reiniciado el 1 de setiembre de 2026. 2.14. En consecuencia, solicita descontar los periodos de suspensión de la experiencia acreditada y ratifica la imputación de inexactitud del periodo continúo certificado. 2.15. Sobre el factor de evaluación “Gestión de Calidad”, señala que el postor identifica expresamente a KOBOTOOLBOX como la herramienta que utilizará, pero presenta imágenes de una interfaz denominada “QC Obra - Panel de control de calidad”, rotuladas como ilustraciones del aplicativo, sin elementos que permitan vincularlas con la plataforma declarada.

• A través del decreto del 7 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, el cual fue notificado a través del toma razón electrónico del SEACE de la PLADICOP en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP o remita, de ser el caso, el informe técnico legal correspondiente indicando su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores distintos del Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 15 de octubre del mismo año.

• Mediante Escrito N° 01, presentado el 13 de octubre de 2026 al Tribunal, el

Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, conforme al siguiente detalle: Sobre los cuestionamientos a su oferta 4.1. Sobre la experiencia del supervisor de obra, señala lo siguiente: ➢ Respecto del certificado del 25 de abril de 2008, emitido por la Municipalidad Distrital de Chilia, precisa que este corresponde a la obra “Pavimentación del Jr. Comercio del Centro Poblado de Chilia, distrito de Chilia, provincia de Pataz, departamento de La Libertad”, mientras que el registro del SEACE refiere a la ejecución de pavimento rígido y veredas en los jirones Bolognesi, Cruz Blanca, Vallejo, Comercio, Vista Florida y Miraflores. ➢ En cuanto a los certificados del 14 de julio de 2008 y del 29 de marzo de 2010, cuestiona que se equipare la intervención denominada “Jr. Prolongación Aurora” con la pavimentación del Jr. La Aurora registrada en el SEACE, sin acreditar que ambas correspondan al mismo tramo u objeto contractual. ➢ Respecto del certificado del 5 de setiembre de 2011, emitido por la Municipalidad Distrital de Pías, señala que corresponde a una intervención ejecutada por administración directa, mientras que el registro del SEACE invocado por el Impugnante se refiere a una contratación por contrata en 2013. 4.2. Sobre la experiencia específica adicional del personal clave, sostiene lo siguiente: ➢ Especialista en calidad, respecto del certificado emitido por la empresa MEJESA S.R.L., señala que su objeto no es la construcción o remodelación del centro recreativo, sino el mejoramiento y ampliación de los pasajes peatonales ubicados en dicho predio. 4.3. Sostiene que la experiencia debe calificarse atendiendo a la naturaleza de los trabajos efectivamente certificados y no exclusivamente al uso o denominación del inmueble donde se ejecutaron. 4.4. Asimismo, señala que la Resolución N° 06961-2025-TCP-S2 no contiene un pronunciamiento específico que invalide el certificado presentado para acreditar la experiencia del señor Juan Carlos García Cárdenas. 4.5. En cuanto a la titularidad privada del predio, afirma que esta circunstancia no constituye una causal de exclusión de la experiencia, pues las Bases exigen evaluar la naturaleza y las características de los trabajos ejecutados, sin establecer una restricción basada exclusivamente en la propiedad del inmueble. 4.6. Sobre los demás certificados vinculados con el Centro de Esparcimiento y Recreación El Tigre, sostiene que corresponden a otros profesionales o periodos y que no desvirtúan la experiencia presentada en su oferta. Añade que la existencia de múltiples certificados relativos a un mismo predio no demuestra que el documento cuestionado sea inválido o inexacto. Sobre la oferta del Consorcio Impugnante 4.7. Sobre el aporte de experiencia del postor en la especialidad, señala que, en la promesa formal de consorcio, la empresa Contratistas Norperu Ingenieros Asociados S.R.L. asumió, entre otras obligaciones, aportar experiencia del postor en la especialidad, con una participación del 40%. Sin embargo, dicha empresa no presentó documentación que sustente el aporte comprometido, lo que evidenciaría una falta de correspondencia entre las obligaciones declaradas y la documentación de la oferta. 4.8. Sobre la experiencia N° 1 del postor y la acreditación de los pagos, indica que el Consorcio Impugnante presentó la factura N° E001-1, de fecha 27 de febrero de 2026, por S/ 140,873.85, emitida a favor del Gobierno Regional de Loreto, acompañada de documentos denominados “Notas de Pago”. 4.9. Sostiene que estos documentos no demostrarían la cancelación íntegra de la factura, sino aparentemente abonos a cuentas del fideicomiso. En particular, cuestiona que no se haya acreditado la devolución efectiva a favor de la empresa de la suma correspondiente a la retención por fiel cumplimiento. 4.10. Añade que los estados de cuenta incorporados en la oferta contienen movimientos resaltados, pero no permiten identificar de manera inequívoca el número de factura, la entidad depositante ni el desembolso efectivo de los importes cuestionados. Por ello, considera que la documentación no permite verificar fehacientemente la cancelación de la prestación. 4.11. Asimismo, señala que las Bases establecen que la antigüedad de la experiencia se computa desde la fecha de la conformidad o de la emisión del comprobante de pago final, según corresponda. Sin embargo, sostiene que la oferta no permite determinar cuándo se efectuaron los pagos que cuestiona ni acredita un comprobante de pago final o una conformidad final del servicio. 4.12. En esa línea, indica que el Contrato N° 01 fue suscrito el 27 de octubre de 2025 y contempla un plazo de ejecución de 480 días calendario, vinculado al plazo de ejecución de la obra. Por ello, considera que las facturas presentadas podrían corresponder a valorizaciones parciales y no acreditar la culminación satisfactoria del servicio de consultoría. 4.13. En consecuencia, solicita que dicha experiencia no sea considerada válida para acreditar el requisito, al no haberse demostrado su culminación ni cumplido, a su criterio, las condiciones documentales previstas en las Bases Integradas.

4.14. Sobre las inconsistencias en la documentación del personal clave, advierte que, en los folios 77 y 78 de la oferta, se consignan números de RUC distintos para una misma empresa emisora de certificados, esta discrepancia genera dudas sobre la identificación del emisor y exige verificar si los documentos corresponden efectivamente a la misma persona jurídica. 4.15. Asimismo, señala que el Anexo N° 19 identifica al ingeniero Luis Paul Cabanillas Flores con DNI N° 42672200, mientras que el certificado de trabajo emitido por el Consorcio Tres Cruces consigna el DNI N° 426720. Considera que esta discrepancia debe esclarecerse para determinar si el certificado corresponde al profesional propuesto y si la experiencia puede serle atribuida. 4.16. Sobre las inconsistencias en el cómputo de la experiencia del personal clave, identifica diferencias entre los periodos declarados en el resumen del Anexo N° 19 y los totales de días consignados en los cuadros detallados: ➢ Especialista Ambiental: el resumen declara tres años, un mes y quince días, mientras que el detalle registra 1,140 días. ➢ Especialista en Control de Calidad, ingeniero JUAN MIGUEL DELGADO VALERA: el resumen consigna dos años, ocho meses y diez días, frente a un total detallado de 980 días. ➢ Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, ingeniera KAREN ESTHEFANY CHÁNAME SÁNCHEZ: el resumen declara tres años, un mes y dos días, mientras que el detalle registra 1,127 días. 4.17. Sostiene que estas diferencias generan inconsistencias en la información presentada y solicita verificar si los periodos declarados se corresponden con la experiencia efectivamente acreditada y con la metodología de cómputo prevista en las Bases Integradas. 4.18. Sobre la situación del ingeniero Luis Paul Cabanillas Flores, señala que el ingeniero Luis Paul Cabanillas Flores figura en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) con una sanción de inhabilitación permanente impuesta por la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

4.19. En atención a ello, solicita verificar el contenido, alcance y vigencia de la resolución sancionadora, así como sus efectos sobre la habilitación del profesional para participar en el procedimiento o ejercer las funciones correspondientes. Precisa que las consecuencias deberán determinarse conforme a la normativa aplicable y a las exigencias de las Bases Integradas. 4.20. Sobre la experiencia de la especialista en seguridad en obra, sostiene que no se habría incorporado el certificado correspondiente a la experiencia N° 6 de la ingeniera Karen Esthefany Cháname Sánchez, por un periodo declarado de 60 días. En consecuencia, afirma que no es posible verificar documentalmente el cargo desempeñado ni el periodo efectivamente laborado, por lo que solicita que dicha experiencia no sea computada. 4.21. Sobre la superposición de periodos de experiencia de la especialista en seguridad en obra, advierte una superposición temporal entre el certificado N° 4, referido a la “Construcción de pistas, veredas y obras complementarias en la habilitación urbana Los Parques de Piura”, y la experiencia correspondiente al “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en HU Sánchez Segura”, en la que la profesional se habría desempeñado como ingeniera en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4.22. Sostiene que el ejercicio simultáneo de funciones de seguridad en dos obras distintas requiere acreditar que las labores fueron efectivamente desarrolladas en los periodos certificados. Por ello, solicita verificar la compatibilidad de ambas experiencias y su correspondencia con los requisitos establecidos en las Bases. 4.23. Sobre la experiencia del ingeniero Kevin Fernando Sánchez Vera como Especialista Ambiental, cuestiona las experiencias N° 4 y 5 del ingeniero Kevin Fernando Sánchez Vera, correspondientes a los periodos del 11 de marzo al 10 de setiembre de 2024 y del 2 de octubre al 28 de noviembre de 2024, respectivamente. 4.24. Señala que el profesional habría desempeñado simultáneamente funciones de Jefe de Supervisión en la obra “Ampliación y mejoramiento de los servicios del Cementerio Municipal Divino Maestro de la ciudad de Jayanca, distrito de Jayanca, provincia y departamento de Lambayeque – II Etapa, con

CUI N° 2095879.

4.25. Alega que la superposición debe contrastarse con las exigencias de permanencia y participación efectiva aplicables al personal de supervisión, a fin de determinar si las experiencias ambientales declaradas corresponden a labores efectivamente ejecutadas durante los periodos certificados. 4.26. Adicionalmente, cuestiona el certificado presentado en el folio 146 para acreditar la experiencia del mismo profesional como especialista ambiental en la obra “Construcción de pavimento flexible, veredas y sardineles en las vías internas del Condominio Los Parques de San Isidro”. 4.27. Sostiene que, durante ese periodo, el profesional también habría ejercido como residente de obra en los siguientes proyectos: ➢ Renovación de puente en el camino vecinal EMP. 103 Bronce San Pedro (Puente Cuchulia), distrito de Lonya Chico, provincia de Luya, departamento de Amazonas, con CUI N° 2636019. ➢ Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable y red de alcantarillado en la calle Mártires de Chan Chan y pasaje Los Ciruelos, distrito de Mochumí, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque», con CUI N° 2657241. 4.28. A partir de estas coincidencias temporales, invoca la Opinión N° 005-2012- DTN, relativa a la permanencia y supervisión directa durante la ejecución de obras, y solicita verificar si la simultaneidad de funciones resulta compatible con la prestación efectiva de los servicios certificados. 4.29. Sobre el factor de evaluación “Gestión de Calidad”, solicita reducir el puntaje otorgado en este factor, al considerar que no acreditó la implementación de herramientas tecnológicas para el control de calidad. 4.30. Refiere que el acuerdo de Microsoft presentado no demostraría que la licencia permita implementar un sistema de gestión de calidad, realizar inspecciones automatizadas o mantener registros digitales para el control de la obra. Cuestiona, además, que el documento se encuentre en inglés y sin traducción al español, por lo que considera que no permite verificar el cumplimiento del factor. 4.31. Asimismo, sostiene que los documentos incorporados entre los folios 177 y 207 contienen referencias generales al uso de software, teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, pero no identifican ni acreditan herramientas específicas que satisfagan los componentes tecnológicos exigidos por las Bases. 4.32. En consecuencia, considera que la oferta no demuestra la implementación de una herramienta tecnológica de control de calidad y solicita reducir el puntaje asignado, aplicando el nivel que corresponda a la documentación efectivamente acreditada. 4.33. Sobre la experiencia específica adicional del especialista ambiental, cuestiona el cómputo de la experiencia adicional del ingeniero Kevin Fernando Sánchez Vera, acreditada mediante constancia del 10 de junio de 2025, por los servicios prestados como especialista ambiental entre el 2 de octubre y el 28 de diciembre de 2024 en la consultoría de supervisión y liquidación de la obra “Construcción de pavimento en la calle Tacna, entre calle Atahualpa y calle Víctor Haya de la Torre, distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque”. 4.34. Sostiene que, durante parte de ese periodo, el profesional también habría desempeñado funciones de Jefe de Supervisión en la obra del Cementerio Municipal Divino Maestro de Jayanca, lo que justificaría verificar la efectiva prestación de ambos servicios. 4.35. Reitera, además, que el profesional habría ejercido simultáneamente funciones de residente, durante el periodo en que se le atribuye experiencia como Especialista Ambiental en el proyecto del Condominio Los Parques de San Isidro.

• Mediante decreto del 13 de octubre de 2026, y en atención a lo dispuesto en la

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en el Diario Oficial El Peruano en esa misma fecha, que aprobó la reconformación de las Salas del Tribunal, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal y, se programó la audiencia pública para el 20 de octubre de 2026.

• Con Escrito N° 002-2026 – CONSORCIO VALLE REAL, presentado el 14 de octubre

de 2026 al Tribunal, el Consorcio Valle Real, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, conforme al siguiente detalle: 6.1. Respecto de la experiencia del Consorcio Adjudicatario, el Consorcio Valle Real formuló diversos cuestionamientos orientados a cuestionar la validez de la experiencia acreditada por dicho consorcio y, como consecuencia, sustentar la descalificación de su oferta. Sobre la oferta del Consorcio Impugnante 6.2. Respecto de la experiencia del supervisor de obra, el certificado obrante a folio 78, consigna como entidad emisora a la empresa Cabanillas Y Flores Ingenieros S.A.C; sin embargo, de la verificación efectuada en la SUNAT, se advierte que el número de RUC consignado en dicho documento corresponde a una persona jurídica distinta, identificada con la denominación Consorcio C&F.

• A través del Escrito N° 01, presentado el 14 de octubre de 2026 al Tribunal, el

Consorcio Adjudicatario reiteró lo señalado en el numeral 4 de los antecedentes del presente pronunciamiento.

• Con Escrito N° 03, presentado el 14 de octubre de 2026 al Tribunal, el Consorcio

Impugnante acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante decreto del 14 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Consorcio

Adjudicatario considerando que es el ganador de la buena pro del procedimiento de selección.

• El 15 de octubre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico Legal

N° 01-2026-MDS/C, en el cual expuso su posición sobre los argumentos del recurso impugnativo, en los siguientes términos:

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Valle Real, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación 10.1. Respecto del Especialista Ambiental, sostiene que las Bases permitían considerar profesionales del ámbito de prevención en obra, sin restringir la evaluación a quienes tuvieran una denominación estrictamente ambiental. 10.2. Precisa que la experiencia debía evaluarse de manera integral y no exclusivamente literal, conforme a la advertencia del numeral B.2 de las Bases. En ese sentido, las nueve constancias correspondían a obras de la misma subespecialidad, en las que la prevención de riesgos y el control ambiental se desarrollaban en un mismo frente de trabajo. 10.3. Sobre la carta del profesional cuestionado, señala que esta constituía una declaración unilateral, emitida a solicitud del competidor, que no desvirtuaba la veracidad de las constancias presentadas. 10.4. En cuanto al factor de evaluación “Gestión de Calidad”, indica que, si las Bases reconocían el compromiso de alquiler como medio para acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico, correspondía aplicar el mismo criterio a las herramientas tecnológicas. Asimismo, precisó que la

pues admitía que estos estuvieran a nombre de cualquiera de los integrantes del consorcio o de este último. Sobre los cuestionamientos a la oferta de la empresa CSA Consulting Y Projects E.I.R.L., postor que ocupó el tercer lugar en el orden de prelación 10.5. Respecto de las constancias del supervisor de obra, señala que la Resolución N° 1617-2024-TCE-S3 no se pronunció sobre dichos documentos, sino sobre certificados distintos, correspondientes a otras obras y cargos, presentados por otro administrado. 10.6. Añade que la similitud de membretes en las copias no acreditaba la existencia de información inexacta, pues correspondía al supuesto emisor determinar su autenticidad. En tanto ello no ocurriera, debía prevalecer la presunción de veracidad.

10.7. Asimismo, sostiene que las constancias cuestionadas no generaban una ventaja en la calificación, dado que, aun excluyéndolas, el profesional acreditaba 1,728 días de experiencia, superando los 36 meses exigidos. 10.8. En relación con la experiencia del Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo, defendió la validez del certificado emitido por el Consorcio Consultor EDI, correspondiente a la obra con CUI N° 2503738. Al respecto, señaló que: ➢ El Consorcio Impugnante debía acreditar la exclusión de ambos intervalos cuestionados; sin embargo, respecto del periodo comprendido entre el 17 de junio y el 31 de agosto de 2026, únicamente presentó un cronograma de obra, sin actas de suspensión o reinicio ni registros de INFOBRAS que demostraran la interrupción de los servicios del especialista. ➢ Aun excluyendo el primer periodo cuestionado, la experiencia restante ascendía a 426 días (14.20 meses), por encima de los 12 meses exigidos. ➢ La eventual paralización de la obra no acreditaba que el profesional hubiera dejado de prestar servicios, pues el estado de ejecución de la obra no determinaba necesariamente la actividad del personal de supervisión. ➢ La firma del representante común no invalidaba el certificado, toda vez que las Bases no prohibían dicha suscripción por cuenta del consorcio. 10.9. Respecto del factor de evaluación “Gestión de Calidad”, indica que las Bases definían las herramientas tecnológicas de manera amplia, incluyendo softwares, smartphones, tablets y laptops, sin exigir marcas, licencias comerciales ni programas de pago. 10.10. En ese contexto, sostiene que KoboToolbox constituía una herramienta tecnológica válida, al tratarse de una plataforma de acceso libre cuya disponibilidad no dependía de la adquisición de una licencia.

10.11. Asimismo, señaló que la ilustración denominada QC Obra – Panel de control de calidad era compatible con una interfaz configurada en dicha plataforma y que no había identificado cuál de los cinco aspectos mínimos exigidos por las Bases se encontraba incumplido. Sobre los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario 10.12. Respecto de las constancias del supervisor de obra, sostiene que no se había acreditado la existencia de información inexacta, pues los documentos fueron emitidos por las Municipalidades Distritales de Chilia y Pías. Añadió que las capturas del SEACE presentadas únicamente evidenciaban contrataciones correspondientes a otros años, mas no desvirtuaban la ejecución de las obras ni la participación del profesional. 10.13. En cuanto al Factor A, referido a la experiencia específica adicional, señaló que la asignación de los 40 puntos era correcta, dado que, conforme al Pliego de Absolución N° 04, únicamente se evaluaba la experiencia del Especialista Ambiental y del Especialista en Calidad. Por tanto, bastaba que uno de ellos superara el requisito mínimo en un año para alcanzar dicho puntaje. 10.14. Sobre la experiencia del Especialista en Calidad, indica que este acreditaba 946 días (31.53 meses), superando el umbral de 24 meses. Si bien el Consorcio Impugnante cuestionó la constancia emitida por MEJESA S.R.L., correspondiente a 273 días, sostuvo que: ➢ La obra “Mejoramiento y ampliación de los pasajes peatonales en el Centro de Esparcimiento y Recreación El Tigre, Puente Piedra» correspondía a la tipología de «pasajes peatonales”, expresamente comprendida en la subespecialidad “Vías urbanas” de las Bases Integradas. ➢ Las partidas ejecutadas evidenciaban la naturaleza vial urbana de la intervención. ➢ Las Bases no exigían que los pasajes peatonales fueran de uso público ni que formaran parte de la red vial municipal. Incorporar tales exigencias supondría establecer condiciones no previstas.

➢ La clasificación de la obra debía atender a sus características técnicas y no a la actividad económica del predio en el que se ejecutó. Asimismo, precisó que la Resolución N° 02341-2026-TCP-S2 no resultaba aplicable, pues en dicho caso no existía correspondencia entre la obra y la tipología requerida. 10.15. En esa misma línea, reitera que la ubicación de la obra dentro de un centro de esparcimiento no modificaba su naturaleza, pues la tipología debía determinarse en función de las características de los trabajos ejecutados y no del uso del inmueble en el que se desarrollaron. 10.16. Respecto de la supuesta superposición de experiencia con el certificado emitido por 3D Ingenieros, señala que: ➢ Dicho certificado no formaba parte de la oferta del Consorcio Adjudicatario, por lo que no resultaba aplicable la regla de traslape prevista en las Bases. ➢ La obligación de permanencia del supervisor, prevista en el numeral 187.1 del artículo 187 del Reglamento, estaba referida a la supervisión de obras públicas y no resultaba extensible a las prestaciones privadas acreditadas mediante los certificados de la empresa Mejesa S.R.L. y 3D Ingenieros. ➢ La coincidencia de periodos no demostraba una incompatibilidad material, pues se trataba de distintos empleadores, proyectos y cargos, sin que se hubiera acreditado una exigencia de exclusividad o dedicación a tiempo completo. ➢ El Consorcio Impugnante no había identificado hechos concretos que demostraran que el profesional no participó en la obra o no desempeñó el cargo certificado. Incluso, reconoció que la regla de traslape no constituía una prohibición general de prestar servicios simultáneos. 10.17. Sobre la trazabilidad de los certificados emitidos por la empresa Mejesa S.R.L., indica que la ubicación de la obra en un predio vinculado a dicha empresa y la existencia de otros certificados correspondientes al mismo inmueble no acreditaban falsedad o inexactitud. Precisó que podían haberse ejecutado distintas obras o etapas en diferentes periodos y que el Consorcio Impugnante reconoció que tales circunstancias no constituían prueba autónoma de falsedad, sino cuestionamientos que podían ser materia de fiscalización posterior. 10.18. Respecto de la Resolución N° 06961-2025-TCP-S2, sostuvo que dicho antecedente carecía de eficacia para desvirtuar los certificados cuestionados, puesto que el recurso fue declarado improcedente y el Tribunal no emitió pronunciamiento sobre su falsedad o inexactitud ni excluyó la obra “El Tigre” de la subespecialidad correspondiente.

• Mediante Escrito N° 04, presentado el 16 de octubre de 2026 al Tribunal, el

Consorcio Impugnante remitió información adicional, señalando lo siguiente: Sobre los cuestionamientos a su oferta 11.1. Respecto al aporte de experiencia de los integrantes del consorcio, señala que la promesa formal de consorcio establece expresamente las obligaciones asumidas por cada integrante y atribuye a cada uno la responsabilidad por la documentación presentada para acreditar su experiencia. En ese sentido, precisa que, si bien NORPERU asumió la elaboración de la oferta, se exceptuó expresamente la documentación aportada por Genaro Roberto Horna Yalta para acreditar dicho requisito. Por tanto, sostiene que la distribución de responsabilidades debe interpretarse de manera integral, considerando también el cuadro de experiencia y las contrataciones incorporadas. 11.2. Sobre la experiencia acreditada mediante el Contrato N° 055-2025-GRL-GRI, refiere que las Bases, en el literal A del numeral 3.4.1, establecen un requisito de experiencia ascendente a S/ 409,096.63 y admiten, para los servicios de ejecución periódica o continuada, la acreditación de las prestaciones efectivamente ejecutadas mediante sus respectivas conformidades o comprobantes de pago cancelados, sin exigir que la totalidad del contrato haya culminado.

11.3. En esa línea, precisa que las tres valorizaciones presentadas corresponden a noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026, por lo que el hecho de que el contrato contemple un plazo de 480 días y continúe en ejecución no impide reconocer las prestaciones efectivamente realizadas. Añade que exigir la culminación integral del contrato, su liquidación y la devolución de la garantía como condiciones acumulativas supondría desconocer las reglas específicas de las Bases. 11.4. Respecto a la acreditación de los pagos, indica que el folio 48 contiene el estado de cuenta del Consorcio Supervisor Independencia, mientras que los folios 49 a 57 incluyen las tres facturas y las respectivas notas de pago emitidas por el Gobierno Regional de Loreto. Sostiene que estas últimas permiten identificar las valorizaciones, facturas, proyecto, beneficiario, expediente SIAF, conformidades vinculadas y fecha de pago, correspondiente al 4 de marzo de 2026. 11.5. Asimismo, señala que los abonos netos y las retenciones identificadas corresponden, en conjunto, al importe total facturado. Precisa que las notas de pago hacen referencia a las conformidades N° 105-2025-GRI/FVRU, N° 30-2026-GRI/FVRU y N° 80-2026-GRI/FVRU, por lo que considera que existe correspondencia documental entre las valorizaciones, facturas y movimientos bancarios, sin necesidad de efectuar inferencias sobre depósitos no identificados. 11.6. En cuanto a la retención por fiel cumplimiento, sostiene que esta explica la diferencia entre el importe facturado y el monto de libre disposición, pues una parte del pago fue destinada a garantizar el cumplimiento contractual. Aclara que no afirma que los importes retenidos hayan sido devueltos, sino que la retención documentada no desvirtúa la ejecución de las prestaciones ni condiciona el reconocimiento de la experiencia a la liberación de la garantía. 11.7. Finalmente, señala que las tres valorizaciones ascienden a S/ 812,733.75 y que, considerando la participación del 40 % de GENARO ROBERTO HORNA YALTA en el Consorcio Supervisor Independencia, corresponde computar S/ 325,093.50. Agrega que, sumados los S/ 138,720.00 correspondientes a la experiencia de Requena, se obtiene un total de S/ 463,813.50, superior al requisito mínimo de S/ 409,096.63. Precisa que únicamente se ha considerado la participación efectiva del integrante, sin atribuirle el monto total del contrato ni la participación del otro consorciado. 11.8. Sobre las inconsistencias advertidas en los certificados del ingeniero Luis Paul Cabanillas Flores, señala que el documento del folio 78 identifica al profesional por su nombre completo, DNI N° 42672200 y CIP N° 128023, e indica que se desempeñó como residente de obra en el proyecto de veredas, rampas y pavimento rígido vehicular de la urbanización Los Sauces, Pimentel, entre el 27 de junio y el 29 de noviembre de 2017. Asimismo, identifica como emisora a Cabanillas y Flores Ingenieros S.A.C. y como suscriptora a Cynthia Lizeth Celis Bringas. 11.9. Respecto a la discrepancia en el número de RUC, reconoce que el certificado del folio 78 consigna el RUC N° 20601751802, mientras que el documento del folio 77, también emitido a nombre de Cabanillas y Flores Ingenieros S.A.C. y suscrito por la misma gerente, registra el RUC N° 20601187761. No obstante, sostiene que dicha diferencia debe valorarse conjuntamente con la denominación empresarial, la identidad de la suscriptora y el contenido de los certificados, pues la consulta tributaria no demuestra que la empresa o su representante hayan desconocido la emisión del documento ni que el profesional no haya prestado los servicios certificados. 11.10. En cuanto al DNI consignado en el certificado de los folios 80 y 134, precisa que este identifica al profesional por su nombre completo y CIP N° 128023, además de señalar su desempeño como residente de obra en el proyecto de rehabilitación de pistas y veredas de la urbanización Túpac Amaru, Pimentel, durante el periodo comprendido entre el 24 de noviembre de 2020 y el 3 de julio de 2021. Por ello, considera que la consignación incompleta del DNI no impide identificar al profesional, al coincidir los demás datos de individualización. 11.11. Respecto a la sanción registrada en el RNSSC, cuestiona que se pretenda disponer su descalificación automática sobre la base de una captura que consigna una inhabilitación permanente al 31 de agosto de 2021. En tal sentido, solicita que se identifique la resolución o sentencia que impuso la sanción, la normativa que determina sus efectos y su aplicación concreta al profesional propuesto, antes de atribuirle consecuencias en el procedimiento de selección.

11.12. Añade que la existencia de una anotación sancionadora no desvirtúa la realización de los servicios profesionales acreditados ni convierte retroactivamente los periodos certificados en experiencia inexistente. En ese sentido, sostiene que debe distinguirse entre la veracidad de las prestaciones y la eventual existencia de una restricción jurídica para ejercer determinadas funciones, pues cada cuestión requiere una evaluación independiente conforme a la normativa aplicable. 11.13. Sobre las diferencias en el cómputo de experiencia del personal clave, señala que estas se originan en la metodología de conversión empleada por el Consorcio Adjudicatario, que considera cada año equivalente a 360 días. Por el contrario, sostiene que los periodos resumidos en el Anexo N° 19 guardan correspondencia con los días consignados en los cuadros detallados cuando se utiliza una equivalencia de 365 días por año y 30 días por mes. En consecuencia, solicita que se evalúen los periodos efectivamente acreditados. 11.14. Respecto a la experiencia de Karen Esthefany Cháname Sánchez como especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, precisa que la experiencia N° 6 del cuadro del folio 151 corresponde a COAR Ingenieros S.A.C., por trabajos de reparación de pavimento y vereda en la segunda etapa de la calle Grau, entre Cantón y San José, en Pimentel, durante el periodo del 16 de mayo al 14 de julio de 2025, equivalente a 60 días. Aclara que no corresponde a un servicio prestado al Consorcio San Martín. 11.15. No obstante, reconoce que la constancia correspondiente a dicha experiencia no fue incorporada en el archivo de la oferta. Precisa que no pretende que el cuadro resumen sustituya el documento faltante, sino que se valore la experiencia restante que sí cuenta con sustento documental, la cual asciende a 1,067 días, incluso descontando los 60 días observados, superando ampliamente los doce meses exigidos para el perfil. Por tanto, sostiene que dicha omisión no determina el incumplimiento del requisito de calificación. 11.16. Sobre la supuesta superposición de la experiencia de Karen Esthefany Cháname Sánchez en la obra Los Parques de Piura con su participación en una visita de inspección en Motupe, señala que el Acta de Visita de Inspección de Información N° 001-2024-OCI-MDMSVC únicamente acredita su presencia en dicha diligencia el 26 de marzo de 2024, pero no demuestra que durante todo el periodo certificado, comprendido entre el 11 de marzo y el 10 de setiembre de 2024, haya sido imposible prestar los servicios de seguridad en la obra privada. 11.17. En ese sentido, considera que la existencia de una visita puntual en otra localidad no acredita una incompatibilidad material entre ambas experiencias. Sostiene que para cuestionar la prestación efectiva debían contrastarse las funciones desempeñadas, jornadas, obligaciones de permanencia y condiciones contractuales de cada servicio, sin presumir que una prestación privada se encuentra sujeta automáticamente a las exigencias de permanencia propias de otros cargos o regímenes. 11.18. Respecto a la experiencia del ingeniero Kevin Fernando Sánchez Vera como especialista ambiental, señala que la experiencia acreditada mediante el certificado de FLAIZA culminó el 10 de setiembre de 2024, mientras que, según el acta de recepción presentada por el adjudicatario, el contrato de la obra del Cementerio Municipal Divino Maestro de Jayanca fue suscrito y el terreno entregado el 12 de setiembre de 2024, iniciándose el plazo de ejecución el 17 de setiembre del mismo año. Por ello, sostiene que dichos hitos son posteriores al término de la experiencia cuestionada y que la referencia a una valorización de setiembre no acredita que las labores de supervisión hayan comenzado el primer día de dicho mes. 11.19. En cuanto a la experiencia acreditada mediante la constancia de TYC, correspondiente al periodo del 2 de octubre al 28 de diciembre de 2024, señala que la eventual superposición con las funciones desempeñadas en Jayanca y como residente de obra en Puente Cuchulía debe evaluarse atendiendo a las actividades efectivamente desarrolladas y a las condiciones de cada prestación. En ese sentido, considera que la sola coincidencia temporal con otros vínculos profesionales no demuestra que el servicio ambiental certificado no se haya ejecutado, ni que existiera una incompatibilidad material entre las funciones desempeñadas. 11.20. Asimismo, respecto al certificado del folio 146, que acredita la experiencia como especialista ambiental entre el 6 de enero y el 3 de agosto de 2025, señala que su coincidencia parcial con las actividades desarrolladas en Puente Cuchulía y en la obra de agua potable y alcantarillado de Mochumí no permite concluir automáticamente que el servicio ambiental haya sido imposible. Sostiene que debían contrastarse las funciones, jornadas, actividades y obligaciones de permanencia correspondientes a cada proyecto, sin extender automáticamente las exigencias aplicables a un residente o supervisor de obra a una prestación privada de carácter ambiental. Añade que tampoco se ha presentado una declaración de WCB que desconozca los servicios certificados ni otros elementos objetivos que acrediten su inexactitud. 11.21. Sobre el cuestionamiento al cómputo de la experiencia específica adicional del especialista ambiental, reitera la validez de las constancias presentadas para acreditar la experiencia de Kevin Fernando Sánchez Vera, así como los 1,140 días declarados para dicho profesional y los 980 días correspondientes a Juan Miguel Delgado Valera, especialista en Control de Calidad. En ese sentido, sostiene que las diferencias aritméticas advertidas no acreditan una alteración de los periodos certificados y que la eventual reducción del puntaje debe efectuarse conforme a la metodología prevista en las Bases, considerando expresamente la regla del 50% y la experiencia de ambos especialistas, sin atribuir 20 puntos individualmente a cada uno. 11.22. Finalmente, sobre el factor de evaluación “Gestión de Calidad”, sostiene que los folios 177 a 207 contienen un plan específico de supervisión para el proyecto del Jr. San Martín, implementado mediante Microsoft SharePoint Online y Microsoft Lists, que contempla una biblioteca documental, formularios, campos obligatorios, vistas, archivos adjuntos y control de versiones. Precisa que el folio 188 identifica el sitio del proyecto y sus cinco listas, mientras que los folios siguientes contienen información sobre su configuración y funcionamiento, por lo que considera que no se trata de una simple referencia general al uso de software. 11.23. Añade que el folio 192 acredita la suscripción activa de Microsoft 365 Business Básico (sin Teams), adquirida el 14 de setiembre de 2026 a nombre de Contratistas Norperu Ingenieros Asociados S.R.L., lo que considera compatible con las Bases, que permiten que la herramienta tecnológica se encuentre a nombre de uno de los integrantes del consorcio. Asimismo, sostiene que la ausencia de Teams no desvirtúa la implementación de SharePoint Online y Microsoft Lists, pues las funcionalidades acreditadas no dependen de dicho componente. 11.24. Precisa que el plan de trabajo, la descripción de las cinco funcionalidades, la identificación de la licencia y el compromiso de disponibilidad de la herramienta se encuentran desarrollados en castellano. Respecto al acuerdo general de cliente de Microsoft, incorporado en inglés entre los folios 196 y 206, reconoce que debe considerarse la regla sobre idioma prevista en el

artículo 69.5 del Reglamento y el numeral 2.2.3 de las Bases. Sin embargo,

sostiene que la acreditación del factor no depende de dicho documento, sino del plan y de la documentación en castellano que identifican la titularidad de la suscripción, su vigencia y las funcionalidades implementadas.

• A través del Escrito N° 02, presentado el 16 de octubre de 2026 al Tribunal, el

Consorcio Adjudicatario acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Con Escrito s/n, presentado el 19 de octubre de 2026 al Tribunal, la Entidad

acreditó a sus representantes para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante Escrito N° 05, presentado el 20 de octubre de 2026 al Tribunal, el

Consorcio Impugnante acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• A través del Escrito N° 06, presentado el 20 de octubre de 2026 al Tribunal, el

Consorcio Impugnante remitió información adicional.

• El 20 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la

participación de los representantes del Consorcio Impugnante, del Consorcio Adjudicatario y de la Entidad.

• Con decreto del 20 de octubre de 2026, la Sexta Sala del Tribunal solicitó

información adicional a fin de verificar la autenticidad de los documentos cuestionados.

• Mediante Escrito s/n, presentado el 22 de octubre de 2026 al Tribunal, la empresa

Flaiza Consulting S.A.C. remitió la información solicitada por decreto del 20 de octubre de 2026.

• Con Escrito s/n, presentado el 22 de octubre de 2026 al Tribunal, la empresa TyC

Pizarro Ingenieros E.I.R.L. remitió la información solicitada por decreto del 20 de octubre de 2026.

• A través del Escrito s/n, presentado el 22 de octubre de 2026 al Tribunal, la

empresa WCB Mantenimiento y Construcción S.A.C. remitió la información solicitada por decreto del 20 de octubre de 2026.

• Mediante Escrito N° 07, presentado el 23 de octubre de 2026 al Tribunal, el

Consorcio Impugnante remitió información adicional.

• Con decreto del 26 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el

Consorcio Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• Procedencia del recurso.
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (cuantía superior a 50 UIT).1 Concurso Público Abreviado para Consultoría de Obra, con una cuantía de S/ 409,096.63. Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2 Contra el otorgamiento de la buena pro. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 La notificación del acto impugnado fue el 25.09.2026, venciendo el plazo de 5 días hábiles, el 02.10.2026. El recurso de apelación se presentó el 02.10.2026. Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente El recurso es suscrito por el señor Juan Miguel Delgado Valera en calidad de representante común del Consorcio Impugnante, conforme a la promesa de consorcio, anexa al recurso. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. La oferta del Consorcio Impugnante fue admitida y calificada. No corresponde Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro El Consorcio Impugnante buena pro, ocupó el cuarto lugar en el orden de prelación. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Sí tiene interés y legitimidad para impugnar el otorgamiento de la buena pro. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que el cuestionamiento dirigido al otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario se encuentra condicionado a que el Consorcio Impugnante logre desplazar previamente a los postores que ocuparon el tercer y segundo lugar en el orden de prelación. Sí

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• Petitorio.
• El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal que:

✓ Se declare la descalificación del postor CSA Consulting y Projects E.I.R.L., que ocupó el tercer lugar en el orden de prelación. ✓ Se declare la descalificación de la oferta del Consorcio Valle Real, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación ✓ Se declare la descalificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario. ✓ Se le otorgue la buena pro.

• El Consorcio Adjudicatario solicita a este Tribunal que:

✓ Se ratifique la calificación de su oferta. ✓ Se ratifique el otorgamiento de la buena pro a su favor. ✓ Se declare la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante.

• El Consorcio Valle Real solicita a este Tribunal que:

✓ Se declare la descalificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario. ✓ Se declare la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante. ✓ Se le otorgue la buena pro.

• Fijación de puntos controvertidos.
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso” (subrayado nuestro). Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 7 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían hasta el 13 de octubre de 20264 para absolverlo. En ese sentido, según se aprecia, con Escrito N° 01, presentado el 13 de octubre de 2026 al Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió el recurso de apelación; esto es, dentro del plazo legal establecido.

• Cabe traer a colación que, mediante Escrito N° 002-2026 – CONSORCIO VALLE

REAL, presentado el 14 de octubre de 2026, el Consorcio Valle Real se apersonó al 4 Considerando que el 8 de octubre fue feriado nacional por el “Combate de Angamos”.

presente procedimiento y formuló cuestionamientos contra la oferta del Consorcio Adjudicatario. Al respecto, de la revisión de las actas de evaluación y calificación de ofertas, se advierte que el Consorcio Valle Real ocupó el segundo lugar en el orden de prelación del procedimiento de selección. En tal condición, si consideraba que la evaluación de su oferta no se había efectuado conforme a las disposiciones aplicables, tenía expedito su derecho a interponer el recurso de apelación correspondiente. No obstante, el referido consorcio no ejerció dicho derecho y, en su lugar, formuló cuestionamientos contra la oferta del Consorcio Adjudicatario en el marco de la absolución del traslado del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, mecanismo que no constituye una vía prevista para controvertir los resultados del procedimiento de selección. En consecuencia, este Colegiado no puede emitir pronunciamiento sobre los cuestionamientos formulados contra la oferta del Consorcio Adjudicatario, toda vez que aquellos no fueron sometidos oportunamente a conocimiento del Tribunal mediante el recurso impugnativo correspondiente, con observancia de los requisitos y garantías previstos en la normativa de contratación pública.

• Sin perjuicio de ello, corresponde poner los hechos advertidos en conocimiento

del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, evalúen y adopten las acciones que estimen pertinentes.

• De otro lado, se advierte que el Consorcio Valle Real también formuló

cuestionamientos contra la calificación de la oferta del Consorcio Impugnante al absolver el traslado del recurso de apelación; sin embargo, estos fueron presentados de manera extemporánea, por lo que tampoco corresponde emitir pronunciamiento al respecto.

• Teniendo ello en cuenta, para la determinación de los puntos controvertidos

deben tomarse en cuenta únicamente los aspectos propuestos por el Consorcio Impugnante y el Consorcio Adjudicatario.

En consecuencia, los puntos controvertidos materia de análisis en el presente procedimiento impugnativo consisten en:

• Determinar si corresponde descalificar la oferta de la empresa CSA

Consulting y Projects E.I.R.L., postor que ocupó el tercer lugar en el orden de prelación. ii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Valle Real, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. iii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro. iv. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Impugnante.

• Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Consorcio Impugnante.
• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Consideraciones previas:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Tribunal se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación.

Primer punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta de la empresa CSA Consulting y Projects E.I.R.L., postor que ocupó el tercer lugar en el orden de prelación.

• El Consorcio Impugnante cuestiona la oferta presentada por la empresa CSA

Consulting y Projects E.I.R.L., alegando que habría presentado documentación con información inexacta para acreditar la experiencia del personal clave propuesto, conforme a los argumentos que se desarrollan en el acápite de antecedentes de la presente resolución.

• Sobre dicha posicipon, la Entidad ratificó la evaluación efectuada por el comité,

conforme a lo señalado en los antecedentes del presente pronunciamiento.

• Al respecto, el literal B.2 “Experiencia del personal clave” del capítulo III de la

en seguridad en obra y salud en el trabajo, lo siguiente: (...)

• De acuerdo con dicho requisito, los postores debían acreditar que el especialista

en seguridad en obra y salud en el trabajo propuesto, cuente con una experiencia mínima de doce (12) meses desempeñándose como especialista en seguridad y/o seguridad y/o salud y/o SSOMA, y/o denominaciones equivalentes, siempre que las actividades efectivamente desarrolladas correspondan a las funciones propias del cargo.

Asimismo, establecieron que la experiencia del personal clave podía acreditarse mediante cualquiera de los siguientes documentos: i) contratos y su respectiva conformidad; ii) constancias; iii) certificados; o iv) cualquier otra documentación que demostrara fehacientemente la experiencia del personal propuesto. Del mismo modo, las bases integradas exigieron que dicha documentación contenga, como mínimo, los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación, con indicación del día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien lo suscribe.

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del postor CSA Consulting y Projects E.I.R.L.,

se advierte que propuso para el cargo de especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo al señor Manuel Angel Becerra Goicochea, en tanto que, a folio 188, presentó documentación destinada a acreditar la experiencia de dicho profesional, entre la cual se encuentra el certificado de trabajo del 4 de setiembre de 2026, emitido por el Consorcio Consultor Edi, cuyo contenido se reproduce a continuación:

• Del referido certificado se aprecia que el señor Manuel Ángel Becerra Goicochea

se desempeñó en el cargo de especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, en la supervisión de la ejecución de la obra “Creación de pistas y veredas del sector II de la localidad de Naranjillo del distrito de Nueva Cajamarca – provincia de Rioja – departamento de San Martín, con CUI N° 2503738”, desde el 25 de setiembre de 2025 hasta el 2 de setiembre de 2026.

• Sobre el particular, el cuestionamiento del Consorcio Impugnante radica en que el

periodo consignado en el referido certificado como experiencia continua comprende lapsos durante los cuales la ejecución de la obra habría estado suspendida.

• En ese sentido, de la verificación efectuada por este Colegiado en la plataforma

INFOBRAS de la Contraloría General de la República, respecto de la obra consignada en el fundamento 18 supra, se advierte que, conforme al Acta de Suspensión de Obra N° 01 del 3 de marzo de 2026, emitida por la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, la ejecución de la obra se suspendió el 3 de marzo de 2026, conforme se aprecia a continuación: (...)

• Asimismo, dicha información fue contrastada con el Calendario de Avance de Obra

Valorizado – Actualizado con Suspensión de Plazo N° 02, del cual se advierte que el último avance de obra correspondió al 2 de marzo de 2026, mientras que el 3 de marzo de 2026 se inició el primer periodo de suspensión, el cual se extendió hasta el 30 de abril de 2026. Cabe precisar que, durante dicho periodo, el referido calendario no registra avances de obra, conforme se aprecia a continuación:

• En ese contexto, se advierte que el periodo de suspensión de la ejecución de la

obra, comprendido entre el 3 de marzo y el 30 de abril de 2026, se encuentra incluido dentro del periodo que el certificado de trabajo del 4 de setiembre de 2026 consigna como experiencia continua del señor Manuel Ángel Becerra Goicochea.

• Sobre este aspecto, corresponde precisar que la experiencia exigida en las bases

debe estar vinculada al ejercicio efectivo de las funciones propias del cargo durante un determinado periodo, por lo que su acreditación no puede sustentarse únicamente en la consignación de fechas de inicio y culminación en un documento, sino que debe existir correspondencia entre el periodo declarado y la prestación efectivamente desarrollada. De ese modo, cuando se presenta una suspensión en la ejecución de la obra en la que el profesional habría prestado servicios, resulta necesario determinar si el periodo comprendido en dicha suspensión puede ser considerado como parte de la experiencia que se pretende acreditar, para lo cual debe verificarse que durante ese lapso se hayan desarrollado efectivamente las funciones inherentes al cargo.

• En el presente caso, se encuentra acreditado, mediante el Acta de Suspensión de

Obra N° 01 y el Calendario de Avance de Obra Valorizado – Actualizado con Suspensión de Plazo N° 02, que la ejecución de la obra permaneció suspendida desde el 3 de marzo hasta el 30 de abril de 2026. En consecuencia, al no advertirse en la documentación oficial de la obra elementos que acrediten la ejecución de actividades durante dicho periodo, no corresponde reconocer esos días como experiencia efectiva del profesional propuesto. Por tanto, el periodo de experiencia consignado en el certificado de trabajo debía guardar correspondencia con el tiempo durante el cual se desarrollaron efectivamente las funciones cuya acreditación se pretende, sin incluir aquellos lapsos respecto de los cuales no existe sustento suficiente de la prestación realizada. Cabe señalar en este punto que el postor CSA Consulting y Projects E.I.R.L. no se apersonó al presente procedimiento recursivo y, por ende, no ha aportado elementos que permitan siquiera evaluar alguna situación que desvirtúe la situación que cuestiona el Consorcio Impugnante.

• Por lo expuesto, este Colegiado considera que existen elementos suficientes que

evidencian la existencia de información discrepante de la realidad en el certificado de trabajo del 4 de setiembre de 2026, presentado por la empresa CSA Consulting y Projects E.I.R.L. como parte de su oferta.

• Cabe en este punto, traer a colación que en el Acuerdo de Sala Plena N° 004-

2026/TCP del 16 de octubre de 2026, este Tribunal estableció el siguiente criterio: “Si, durante la tramitación de un recurso de apelación, el Tribunal corrobora que la oferta de un postor o los documentos que presenta para el perfeccionamiento del contrato contienen información inexacta, corresponde disponer su no admisión, descalificación o pérdida de la buena pro, según corresponda, y ordenar la apertura del expediente administrativo sancionador respectivo. Para adoptar la decisión en el procedimiento recursivo no resulta necesario determinar si dicha información incidió en la obtención de una ventaja o beneficio concreto; este elemento deberá ser examinado, junto con los demás presupuestos del tipo infractor, en el procedimiento administrativo sancionador”.

• En relación con ello, corresponde señalar que la presentación de información no

concordante con la realidad constituye una vulneración del Pacto de Integridad contenido en el Anexo N° 2 de las bases integradas, mediante el cual la empresa CSA Consulting y Projects E.I.R.L. asumió el compromiso de actuar con probidad, honestidad, veracidad y buena fe durante todas las etapas del procedimiento de contratación. Dicho compromiso no se limita a la obligación de abstenerse de presentar documentación falsa, sino que comprende también el deber de presentar información veraz y concordante con la realidad. En consecuencia, la conducta advertida en el presente caso evidencia el incumplimiento de dicho compromiso y, adicionalmente, supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad previsto en el literal e) del artículo 5 de la Ley.

• Asimismo, corresponde traer a colación el principio de integridad previsto en el

literal d) del artículo 5 de la Ley, conforme al cual la conducta de los participantes, postores y contratistas en cualquier etapa del proceso de contratación debe estar guiada por criterios de honestidad, veracidad, transparencia y corrección, proscribiéndose cualquier actuación orientada a obtener ventajas indebidas mediante la presentación de información falsa o inexacta.

• En consecuencia, se advierte elementos que podrían constituir indicios de la

presunta comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del

artículo 87 de la Ley, referida a la presentación de información inexacta a la

Entidad, motivo por el cual corresponde poner los actuados en conocimiento de la Secretaría Técnica del Tribunal, a efectos que, de corresponder, abra el respectivo expediente administrativo sancionador contra la empresa CSA Consulting y Projects E.I.R.L. por la presentación del certificado de trabajo de fecha 4 de setiembre de 2026, emitido por el Consorcio Consultor Edi.

• De ese modo, este Colegiado considera que resulta inoficioso emitir

pronunciamiento respecto de los demás cuestionamientos formulados contra la oferta de la empresa CSA Consulting y Projects E.I.R.L., toda vez que la presentación de información inexacta constituye una razón suficiente para disponer la descalificación de su oferta. En tal sentido, el análisis de los restantes cuestionamientos no modificará la decisión adoptada.

• Por lo expuesto, esta Sala considera amparable el cuestionamiento formulado por

el Consorcio Impugnante. En consecuencia, corresponde declarar fundado dicho extremo del recurso de apelación, debiéndose descalificar la oferta de la empresa CSA Consulting y Projects E.I.R.L. Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Valle Real, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.

• El Consorcio Impugnante cuestiona la oferta del Consorcio Valle Real, alegando

que el especialista ambiental no acredita el periodo mínimo de experiencia solicitado en las bases integradas.

• Frente a dicha pretensión, el Consorcio Valle Real presentó argumentos

destinados a sustentar la validez de su oferta, conforme a lo expuesto en los

• Por su parte, la Entidad ratificó la evaluación efectuada por el comité, conforme a

lo señalado en los antecedentes del presente pronunciamiento.

• Al respecto, el literal B.2 “Experiencia del personal clave” del capítulo III de la

ambiental, lo siguiente:

(...)

• De acuerdo con dicho requisito, el especialista ambiental debía acreditar una

experiencia mínima de doce (12) meses desempeñándose como especialista ambiental y/o SSOMA, y/o denominaciones equivalentes, siempre que las actividades efectivamente desarrolladas correspondan a las funciones propias del cargo requerido. Asimismo, la acreditación de dicha experiencia debía cumplir las condiciones establecidas en el fundamento 16 supra.

• Cabe precisar en este punto que SSOMA es el acrónimo de seguridad, salud

ocupacional y medio ambiente; denominación que comprende un enfoque integrado de gestión de los riesgos laborales y ambientales. Por tanto, para considerar equivalente una denominación distinta a la expresamente prevista en las bases, no basta con atender al nombre del cargo, sino que corresponde verificar que las funciones efectivamente desempeñadas comprendan actividades vinculadas con la gestión ambiental.

• En ese contexto, el Consorcio Impugnante cuestionó los ocho (8) documentos

presentados para acreditar la experiencia del especialista ambiental, conforme a lo señalado en el subnumeral 2.6 del numeral 2 de los antecedentes del presente pronunciamiento.

• De la revisión de la oferta del Consorcio Villa Real, se advierte que propuso para el

cargo de especialista ambiental al ingeniero Amaranto Junior Olivos Aguilar, en tanto que, en los folios 459 al 466, obran los documentos presentados para acreditar su experiencia, conforme se muestra a continuación:

• De la revisión de dichos documentos, se aprecia que acreditan experiencia en los

siguientes cargos: “ingeniero especialista en seguridad y salud en el trabajo”, “especialista en seguridad”, “especialista en seguridad higiene y salud ocupacional”, “ingeniero en seguridad y salud en el trabajo”, “especialista en seguridad de obra” y “especialista en seguridad”. Al respecto, si bien las bases integradas admitieron la acreditación de experiencia mediante denominaciones equivalentes, dicha equivalencia debía sustentarse en las funciones efectivamente desarrolladas. En el presente caso, los cargos consignados en los documentos evaluados están vinculados con actividades de seguridad y salud en el trabajo; sin embargo, no se advierte que las funciones acreditadas comprendan actividades relacionadas con la gestión ambiental. En consecuencia, tales denominaciones no pueden considerarse equivalentes al cargo de especialista ambiental ni al de especialista SSOMA, pues no se ha acreditado el componente ambiental exigido para el perfil requerido.

• Por consiguiente, los ocho (8) documentos cuestionados no resultan idóneos para

acreditar la experiencia mínima exigida para el cargo de especialista ambiental propuesto por el Consorcio Valle Real, por lo que corresponde excluir los periodos consignados en aquellos del cómputo de experiencia del profesional propuesto.

• En ese sentido, al excluirse la totalidad de los documentos presentados para

acreditar la experiencia del especialista ambiental, el Consorcio Valle Real no acredita que el profesional que propone cuenta con el mínimo de doce (12) meses exigidos en las bases integradas, configurándose el incumplimiento del requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave.

• Finalmente, considerando que la falta de acreditación de la experiencia mínima

del especialista ambiental constituye una razón suficiente para determinar el incumplimiento del requisito de calificación y, consecuentemente, descalificar la oferta del Consorcio Valle Real, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los demás cuestionamientos formulados contra dicha oferta, toda vez que su análisis no modificaría la decisión adoptada.

• Por lo expuesto, esta Sala considera amparable el cuestionamiento formulado por

el Consorcio Impugnante. En consecuencia, corresponde declarar fundado dicho extremo del recurso de apelación, debiéndose descalificar la oferta del Consorcio Valle Real. Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• El Consorcio Impugnante cuestionó la oferta del Consorcio Adjudicatario,

conforme a los argumentos expuestos en los antecedentes del presente pronunciamiento.

• Frente a dicha pretensión, el Consorcio Adjudicatario presentó argumentos

destinados a sustentar la validez de su oferta, conforme a lo desarrollado en los

• Por su parte, la Entidad ratificó su decisión de tener por calificada la oferta del

Consorcio Adjudicatario, de acuerdo con los argumentos desarrollados en el acápite de antecedentes de la presente resolución. Respecto de la experiencia del supervisor de obra

• Al respecto, el literal B.2 “Experiencia del personal clave” del capítulo III de la

de obra, lo siguiente:

(...)

• De acuerdo con el requisito citado, los postores debían acreditar que el supervisor

de obra propuesto cuente con una experiencia mínima de treinta y seis (36) meses desempeñándose como residente y/o supervisor y/o inspector y/o director residente y/o jefe de supervisión y/o denominaciones equivalentes, siempre que las actividades efectivamente desarrolladas correspondieran a las funciones propias del cargo requerido. Asimismo, la acreditación de dicha experiencia debía cumplir las condiciones establecidas en el fundamento 16 supra.

• Ahora bien, el Consorcio Impugnante cuestionó los documentos presentados para

acreditar las experiencias N° 1, 2, 4 y 6 del supervisor de obra, al considerar que contendrían información discordante con la realidad.

• Sobre el particular, de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se

advierte que a folios 203, 205, 209 y 213 obran, respectivamente, los documentos presentados para acreditar las experiencias N° 1, 2, 4 y 6, conforme se detalla a continuación: Experiencia N° 1 Experiencia N° 2 Experiencia N° 4 Experiencia N° 6

• De la revisión de los documentos presentados, se advierte lo siguiente:

➢ Experiencia N° 1: El certificado acredita que el señor Freddy Chiroque Noriega se desempeñó como ingeniero inspector en la obra “Pavimentación del Jr. Comercio del Centro Poblado de Chillia – distrito de Chillia, provincia Pataz, departamento La Libertad”, durante el periodo comprendido entre el 18 de julio y el 20 de diciembre de 2007. ➢ Experiencia N° 2: El documento acredita que el señor Freddy Chiroque Noriega se desempeñó como ingeniero inspector en la obra “Pavimentación del Jr. Prolongación Aurora, distrito de Chilia – Pataz – La Libertad”, durante el periodo comprendido entre el 4 de febrero y el 10 de junio de 2008. ➢ Experiencia N° 4: El certificado señala que el referido profesional se desempeñó como inspector en la obra “Ejecución de la obra construcción de pavimento rígido y veredas de los jirones Miraflores – San Cristóbal de la localidad de Chilia – distrito de Chilia – Pataz – La Libertad”, desde el 2 de agosto de 2009 hasta el 12 de febrero de 2010. ➢ Experiencia N° 6: El documento acredita que el profesional se desempeñó como inspector en la obra ejecutada bajo la modalidad de administración directa “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de las vías locales del Centro Poblado de Cruz Colorada, distrito de Pías, Pataz, La Libertad”, desde el 11 de abril hasta el 15 de agosto de 2011.

• Respecto de la experiencia N° 1, se advierte que la denominación de la obra

consignada en el certificado de trabajo (Pavimentación del Jr. Comercio del Centro Poblado de Chillia – distrito de Chillia, provincia Pataz, departamento La Libertad) difiere de aquella registrada en el SEACE (Construcción de pavimento rígido y veredas en los jirones Bolognesi – Cruz Blanca – Vallejo – Comercio – Vista Florida y Miraflores en la localidad de Chillia, distrito de Chillia – Pataz – La Libertad). Asimismo, de la documentación obrante en el expediente no se identifican elementos objetivos comunes que permitan establecer que ambas denominaciones corresponden a una misma intervención.

• En ese sentido, la coincidencia parcial en la denominación de las obras,

específicamente en la referencia al jirón Comercio y a la localidad de Chillia, no constituye un elemento suficiente para establecer que se trata de una misma inversión.

• Por tanto, al no haberse acreditado objetivamente que la obra consignada en el

certificado corresponda a la intervención identificada en el SEACE, tampoco se ha demostrado que la información contenida en aquel sea falsa o inexacta. En consecuencia, corresponde mantener la presunción de veracidad del documento y considerar válida la experiencia N° 1 para efectos del cómputo de la experiencia del supervisor de obra.

• Respecto de la experiencia N° 2, se advierte que el certificado de trabajo identifica

la obra como “Pavimentación del Jr. Prolongación Aurora, distrito de Chilia – Pataz – La Libertad”, mientras que en el SEACE figura una intervención denominada “Pavimentación del Jr. La Aurora”. Si bien ambas denominaciones presentan cierta similitud, no son coincidentes. Asimismo, de la documentación examinada no se advierten elementos objetivos comunes que permitan establecer que ambas referencias corresponden a una misma intervención.

• En consecuencia, la sola similitud entre las denominaciones no permite concluir

que se trate de una misma obra ni establecer que exista una discordancia entre los periodos de ejecución consignados en el certificado y aquellos correspondientes a la intervención registrada en el SEACE. Por tanto, al no haberse acreditado objetivamente que ambas referencias correspondan a una misma obra, ni que la información contenida en el certificado sea falsa o inexacta, no existen elementos suficientes para desvirtuar su presunción de veracidad. En consecuencia, corresponde considerar válida la experiencia N° 2 para efectos del cómputo de la experiencia del supervisor de obra.

• En cuanto a la experiencia N° 4, se advierte que el certificado identifica la obra

como “Ejecución de la obra construcción de pavimento rígido y veredas de los jirones Miraflores – San Cristóbal de la localidad de Chilia – distrito de Chilia – Pataz – La Libertad”.

Por su parte, la información registrada en el SEACE da cuenta de actuaciones vinculadas al expediente técnico durante agosto de 2009 y de una contratación para la ejecución de una obra con posterioridad a dicha fecha. Sin embargo, tales registros no permiten establecer que correspondan a la misma intervención consignada en el certificado de trabajo. En efecto, de la documentación examinada no se identifican elementos objetivos que permitan vincular ambas intervenciones y establecer que la contratación registrada en el SEACE corresponde a la obra respecto de la cual el profesional acreditó haberse desempeñado como inspector.

• En ese sentido, la información referida a las actuaciones previas a la ejecución de

una obra distinta o cuya correspondencia no ha sido acreditada no resulta suficiente para concluir que el profesional desempeñó labores de inspección antes del inicio de la ejecución de la obra consignada en el certificado. Por consiguiente, al no haberse acreditado objetivamente que ambas referencias correspondan a una misma intervención ni que la información contenida en el certificado sea falsa o inexacta, corresponde mantener la presunción de veracidad del documento y considerar válida la experiencia N° 4 para efectos del cómputo de la experiencia del supervisor de obra.

• Finalmente, respecto de la experiencia N° 6, se advierte que el certificado

identifica expresamente que la obra “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de las vías locales del centro poblado de Cruz Colorada, distrito de Pías, Pataz, La Libertad” fue ejecutada bajo la modalidad de administración directa. En ese contexto, la existencia de un registro en el SEACE correspondiente al año 2013, referido a una contratación para la ejecución de una obra en el Centro Poblado de Cruz Colorada, no permite concluir que se trate de la misma intervención acreditada mediante el certificado ni que el periodo consignado en este último sea inexacto. En efecto, no se cuenta con elementos objetivos que permitan establecer la correspondencia entre ambas intervenciones. Por tanto, el registro invocado no resulta suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del certificado presentado.

• Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que los

cuestionamientos formulados respecto de las experiencias N° 1, 2, 4 y 6 no cuentan con sustento probatorio suficiente para desvirtuar la validez de los documentos presentados. En consecuencia, corresponde considerar dichas experiencias para efectos del cómputo de la experiencia del supervisor de obra. Respecto del factor de evaluación “Experiencia específica adicional del personal clave”

• Al respecto, el literal B.2 “Experiencia del personal clave” del capítulo III de la

en calidad, lo siguiente:

• Conforme al requisito citado, el especialista en calidad debía acreditar una

experiencia mínima de doce (12) meses desempeñándose como especialista de control de calidad y/o especialista en calidad, o mediante denominaciones equivalentes, siempre que las actividades efectivamente desarrolladas correspondieran a las funciones propias del cargo requerido. Asimismo, se estableció que dicha experiencia debía corresponder a la especialidad y subespecialidad de la obra, y que su acreditación debía cumplir las condiciones previstas en el fundamento 16 supra.

• Por su parte, el literal A “Experiencia del postor en la especialidad” del numeral

3.4 del capítulo III de la sección específica de las bases integradas estableció la especialidad, subespecialidad y tipología de obra aplicables, conforme al siguiente detalle:

• De acuerdo con las bases integradas, se establecieron los siguientes parámetros:

➢ Especialidad: Obras viales, puertos y afines. ➢ Subespecialidad: Vías urbanas. ➢ Tipología: Vías expresas, arterias, colectoras y locales; pistas, veredas, ciclovías, puentes peatonales, puentes vehiculares urbanos, pasajes peatonales y carreteras vecinales; vías de acceso y terminales terrestres.

• Sobre el particular, conforme a la Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01, la

especialidad “Obras viales, puertos y afines” comprende, entre otras, la subespecialidad “Vías urbanas”, que incluye las tipologías de obras previstas en el listado aprobado mediante dicha disposición.

• En ese sentido, para determinar si una experiencia resulta computable para

acreditar la experiencia específica del personal clave, corresponde verificar que la obra en la que fue adquirida, atendiendo a su objeto y naturaleza, se encuentre comprendida en la especialidad y subespecialidad exigidas en las bases integradas.

En particular, cuando estas contemplan expresamente determinadas tipologías, la evaluación debe atender a la naturaleza de la intervención acreditada, sin incorporar condiciones o restricciones que no hayan sido previstas en las bases.

• Ahora bien, de la revisión del capítulo IV de la sección específica de las bases

integradas, se advierte que se estableció el factor de evaluación “Experiencia específica adicional del personal clave”, en los siguientes términos:

• De acuerdo con dicho factor, la asignación de puntaje dependía del porcentaje de

profesionales del personal clave comprendidos en el listado que acreditaran una experiencia específica superior a la exigida como requisito de calificación. Para tal efecto, se consideró al especialista ambiental y al especialista en calidad. Asimismo, se estableció que un integrante del personal clave superaba el requisito de experiencia específica cuando acreditaba, como mínimo, un (1) año adicional al tiempo exigido como requisito de calificación. En consecuencia, para el especialista en calidad, quien debía acreditar doce (12) meses como requisito de calificación, correspondía demostrar un total de veinticuatro (24) meses para acceder a la evaluación de la experiencia adicional. La acreditación debía efectuarse mediante los documentos previstos en el fundamento 16 del presente pronunciamiento. La asignación de puntaje se sujetó a los siguientes criterios:

• 40 puntos: cuando el 50% o más del personal clave considerado en el

listado supera el requisito de experiencia específica. ii. 20 puntos: cuando menos del 50% del personal clave considerado en el listado supera dicho requisito. iii. 0 puntos: cuando no se acredita personal clave que supere el requisito de experiencia específica. En este punto, dado que el listado comprendía a dos (2) profesionales, bastaba que uno de ellos acreditara la experiencia adicional exigida para alcanzar el umbral del 50% y, por tanto, acceder a los cuarenta (40) puntos. De la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se advierte que sustentó la obtención del puntaje máximo en la experiencia adicional del especialista en calidad, quien representaba el 50% del personal clave considerado para este factor.

• En primer lugar, corresponde analizar el cuestionamiento referido a la experiencia

N° 1 del especialista en calidad, adquirida en la empresa Mejesa S.R.L., respecto de la cual se ha señalado que las actividades se habrían desarrollado dentro de un centro de esparcimiento y recreación, sin que se hubiera acreditado que los pasajes peatonales intervenidos formaran parte de la red vial urbana de una ciudad.

• Sobre el particular, de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se

advierte que a folio 239 obra el certificado de trabajo de fecha 13 de marzo de 2020, emitido por la empresa Mejesa S.R.L., cuyo contenido se reproduce a continuación:

• Del referido certificado se aprecia que la empresa Mejesa S.R.L. dejó constancia

de que el señor Juan Carlos García Cárdenas se desempeñó como especialista en calidad en la obra “Mejoramiento y ampliación de los pasajes peatonales en el centro de esparcimiento y recreación El Tigre, Puente Piedra, Lima, Lima”, durante los periodos comprendidos entre el 22 de abril y el 15 de noviembre de 2019, y entre el 6 de enero y el 10 de marzo de 2020.

• Al respecto, este Colegiado advierte que la tipología “pasajes peatonales” se

encuentra expresamente comprendida en la subespecialidad “Vías urbanas”, conforme a las bases integradas. En ese sentido, la obra acreditada tiene por objeto el mejoramiento y ampliación de pasajes peatonales; infraestructura que corresponde a una de las tipologías expresamente previstas en las bases como válida para el caso concreto. Si bien dicha intervención se encuentra ubicada dentro de un centro de esparcimiento y recreación, tal circunstancia no modifica la naturaleza de la infraestructura ejecutada ni excluye su correspondencia con la tipología requerida. En efecto, las bases integradas no establecieron que los pasajes peatonales debieran encontrarse necesariamente fuera de espacios recreativos ni que debieran formar parte de una red vial urbana con determinadas características para ser considerados computables. Exigir tales condiciones supondría incorporar restricciones no contempladas en las reglas del procedimiento de selección. Por tanto, considerando que el objeto de la intervención corresponde a la tipología “pasajes peatonales”, este Colegiado concluye que la experiencia N° 1 fue adquirida en la subespecialidad exigida y, en consecuencia, resulta computable para acreditar la experiencia específica del especialista en calidad.

• En segundo lugar, corresponde analizar el cuestionamiento referido a que la

intervención “Mejoramiento y ampliación de los pasajes peatonales en el centro de esparcimiento y recreación El Tigre” habría sido materia de cuestionamiento en el Expediente N° 8613/2025.TCP, resuelto mediante la Resolución N° 06961- 2025-TCP-S2, debido a la presentación de una constancia emitida por la empresa Mejesa S.R.L. a favor de otro profesional. Al respecto, de la revisión de la citada resolución se advierte que el recurso de apelación fue declarado improcedente, por lo que no existió un pronunciamiento de fondo sobre los cuestionamientos formulados respecto de la documentación vinculada a dicha intervención. Asimismo, debe considerarse que el certificado cuestionado en aquel procedimiento fue emitido a favor de un profesional distinto del propuesto en el presente procedimiento de selección. Por tanto, no corresponde trasladar automáticamente los cuestionamientos formulados respecto de dicho documento al certificado presentado por el Consorcio Adjudicatario, pues se trata de documentos referidos a profesionales distintos y cuya validez debe ser evaluada individualmente. En consecuencia, la sola existencia de un cuestionamiento formulado en otro procedimiento de selección, respecto de una constancia emitida por la misma empresa y vinculada a la misma intervención, no constituye un elemento suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del certificado materia de análisis.

• Finalmente, corresponde analizar el cuestionamiento formulado respecto del

certificado de trabajo, al que se hace referencia en los fundamentos 73 y 74 del presente pronunciamiento, cuya experiencia acreditó durante los periodos comprendidos entre el 22 de abril y el 15 de noviembre de 2019, y entre el 6 de enero y el 10 de marzo de 2020. En concreto, dicho cuestionamiento se sustenta en que el señor Juan Carlos García Cárdenas habría sido propuesto como profesional en otro procedimiento de selección, en el cual presentó un certificado de trabajo emitido por la empresa 3D Ingenieros, mediante el cual acreditó haberse desempeñado como ingeniero supervisor en dos obras privadas, durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 14 de marzo de 2020. Al respecto, se reproduce el documento presentado en dicho procedimiento:

• De la revisión del certificado emitido por la empresa 3D Ingenieros, se advierte

que el señor Juan Carlos García Cárdenas habría desempeñado funciones como ingeniero supervisor desde el 1 de abril de 2019 hasta el 14 de marzo de 2020, periodo que se superpone parcialmente con aquel acreditado mediante el certificado emitido por la empresa Mejesa S.R.L.

• Sobre el particular, la coincidencia temporal entre dos certificados de experiencia

no determina la invalidez de alguno de ellos. Para que dicha circunstancia permita desconocer la experiencia acreditada, debe verificarse la existencia de una incompatibilidad objetiva entre las prestaciones declaradas, de tal magnitud que permita concluir que el profesional no pudo haber desempeñado las funciones certificadas en ambos proyectos.

• En el presente caso, se advierte que los certificados hacen referencia a

prestaciones vinculadas a obras privadas. Sin embargo, no se cuenta con información sobre las condiciones de ejecución de ambas intervenciones, la dedicación exigida al profesional, los horarios de prestación de servicios u otras circunstancias que permitan establecer que la participación en uno de los proyectos impedía materialmente el desempeño de las funciones correspondientes al otro. En ese sentido, la sola superposición de los periodos certificados no acredita que el profesional haya dejado de prestar alguno de los servicios declarados ni que exista una incompatibilidad material entre ambas experiencias.

• Asimismo, no se ha presentado documentación que acredite la suspensión o

interrupción de alguno de los vínculos contractuales, la exigencia de dedicación exclusiva o alguna otra circunstancia que permita desvirtuar la información consignada en el certificado emitido por la empresa Mejesa S.R.L. En consecuencia, para desconocer la experiencia acreditada no resulta suficiente constatar que el profesional fue vinculado a otro proyecto durante parte del mismo periodo, sino que deben existir elementos objetivos que evidencien que no participó en alguna de las intervenciones o que las funciones y periodos consignados en los certificados no corresponden a la realidad.

• Siendo así, no se han identificado elementos adicionales que permitan establecer

una incompatibilidad material entre ambas prestaciones. Por tanto, el cuestionamiento formulado no cuenta con sustento probatorio suficiente para desvirtuar la información consignada en el certificado presentado por el Consorcio Adjudicatario.

• En consecuencia, el certificado emitido por la empresa Mejesa S.R.L. conserva la

presunción de veracidad que le corresponde, al no haberse acreditado que la experiencia declarada sea inexistente, que el profesional no haya participado en la obra o que los periodos consignados resulten materialmente incompatibles.

• Por las consideraciones expuestas, de la evaluación conjunta de los

cuestionamientos formulados contra la experiencia N° 1 del especialista en calidad propuesto por el Consorcio Adjudicatario, este Colegiado no advierte elementos objetivos suficientes para concluir que el certificado emitido por Mejesa S.R.L. sea falso, inexacto o insuficiente para acreditar la experiencia declarada.

• En consecuencia, corresponde considerar válida y computable la experiencia N° 1

del especialista en calidad, tanto para acreditar el requisito de calificación por parte del Consorcio Adjudicatario como para determinar el cumplimiento de la experiencia específica adicional prevista en las bases integradas.

• Por tanto, al haberse verificado que el especialista en calidad, quien representa el

50% del personal clave considerado para el factor de evaluación, acredita la experiencia específica adicional exigida, se cumple el umbral previsto en las bases integradas para la asignación de cuarenta (40) puntos. En consecuencia, corresponde mantener el puntaje otorgado por el comité a la oferta del Consorcio Adjudicatario en dicho factor de evaluación.

• Por lo tanto, corresponde declarar infundado el recurso de apelación en este

extremo. Cuarto punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Impugnante.

• El Consorcio Adjudicatario cuestionó la acreditación de la experiencia N° 1 del

postor en la especialidad por parte del Consorcio Impugnante, conforme a los argumentos expuestos en los antecedentes del presente pronunciamiento.

• Frente a dicho cuestionamiento, el Consorcio Impugnante formuló argumentos

destinados a sustentar el cumplimiento del requisito de calificación referido a la experiencia del postor en la especialidad, conforme a lo señalado en los

• Al respecto, de la revisión del literal A “Experiencia del postor en la especialidad”

del numeral 3.4 del capítulo III de la sección específica de las bases integradas, se advierte que se estableció lo siguiente: (...)

• Conforme a dicha disposición, los postores debían acreditar un monto facturado

acumulado equivalente a S/ 409,096.63, en servicios de supervisión de ejecución de obras correspondientes a la especialidad y subespecialidades establecidas en las bases integradas, durante los veinticinco (25) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas. Para el cómputo de dicho periodo, debía considerarse la fecha de conformidad o la fecha de emisión del comprobante de pago final, según correspondiera.

Asimismo, se estableció que la experiencia del postor en la especialidad podía acreditarse con un máximo de veinte (20) contrataciones, mediante copia simple de los siguientes documentos:

• Contratos u órdenes de servicios, acompañados de su respectiva

conformidad, constancia de prestación o liquidación; o, ii. Comprobantes de pago cuya cancelación se acreditará documental y fehacientemente mediante constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta u otro documento emitido por una entidad del sistema financiero que demostrará el abono; o mediante la cancelación consignada en el propio comprobante de pago o el comprobante de retención electrónico emitido por la SUNAT por la retención del IGV.

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, se advierte que,

a folios 32 al 57, presentó documentación para acreditar la experiencia N° 1, consistente en lo siguiente: ➢ Contrato N° 055-2025-GRL-GRI, suscrito el 12 de noviembre de 2025, por el monto de S/ 4,746,609.00 y con un plazo de ejecución de cuatrocientos ochenta (480) días calendario. ➢ Contrato de consorcio suscrito entre el señor Genaro Roberto Horna Yalta, integrante del Consorcio Impugnante, y el señor Cristian Roldán Polonio Ramos. ➢ Factura electrónica N° E001-1, por el monto de S/ 140,873.85. ➢ Nota de Pago N° 2616.26.118.2604277, por el monto de S/ 73,065.15. ➢ Nota de Pago N° 2616.26.118.2604272, por el monto de S/ 67,808.70. ➢ Factura electrónica N° E001-2, por el monto de S/ 335,929.95. ➢ Nota de Pago N° 2617.26.118.2604288, por el monto de S/ 268,121.25. ➢ Nota de Pago N° 2617.26.118.2604286, por el monto de S/ 67,808.70. ➢ Factura electrónica N° E001-3, por el monto de S/ 335,929.95. ➢ Nota de Pago N° 2618.26.118.2604126, por el monto de S/ 268,121.25. ➢ Nota de Pago N° 2618.26.118.2604123, por el monto de S/ 67,808.70.

• De la revisión de dicha documentación, este Colegiado advierte que las facturas y

notas de pago presentadas corresponden a pagos parciales vinculados a las prestaciones ejecutadas en el marco del Contrato N° 055-2025-GRL-GRI. Sin embargo, no se identifica cuál de los comprobantes presentados corresponde al pago final del servicio ni se cuenta con una conformidad final que permita establecer la fecha a partir de la cual debe computarse el periodo de antigüedad de la experiencia, conforme a lo previsto en las bases integradas.

• Sobre el particular, si bien el Consorcio Impugnante sostiene que los documentos

presentados corresponden a valorizaciones de noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026, dicha circunstancia no permite establecer que alguno de los comprobantes corresponda al pago final del servicio. En efecto, las facturas y notas de pago acreditan la existencia de pagos por determinadas prestaciones; sin embargo, no permiten determinar que se haya producido la culminación del servicio ni identificar la fecha del comprobante de pago final. Ello resulta relevante porque las bases integradas establecieron expresamente que, para el cómputo del periodo de antigüedad de la experiencia, debía considerarse la fecha de conformidad o la fecha de emisión del comprobante de pago final, según correspondiera. En ese sentido, el hecho de que el contrato contemple un plazo de ejecución de cuatrocientos ochenta (480) días calendario y que se hayan efectuado pagos parciales por prestaciones ejecutadas no permite prescindir de la regla prevista en las bases para determinar la antigüedad de la experiencia. Por tanto, no corresponde computar los montos de las valorizaciones presentadas sin que se haya acreditado el hito temporal exigido para dicho efecto.

• Al respecto, debe precisarse que la experiencia objeto de evaluación corresponde

a un servicio de supervisión de ejecución de obra, es decir, a una prestación cuya ejecución se desarrolla durante un periodo determinado y que puede comprender pagos parciales conforme al avance del servicio. Sin embargo, la existencia de valorizaciones o pagos parciales no equivale a la acreditación de la culminación del servicio ni permite establecer que se cuenta con el comprobante de pago final exigido por las bases integradas. En consecuencia, aun cuando los documentos presentados permitan identificar prestaciones y pagos efectuados durante la ejecución contractual, no acreditan la fecha de conformidad o del comprobante de pago final que permita verificar el cumplimiento de la condición temporal prevista para el cómputo de dicha experiencia.

• Por lo expuesto, corresponde excluir la experiencia N° 1 del cómputo de la

experiencia del postor en la especialidad. En consecuencia, únicamente corresponde considerar la experiencia N° 2, por el monto facturado de S/ 138,720.00 (ciento treinta y ocho mil setecientos veinte con 00/100 soles), el cual resulta inferior al monto mínimo de S/ 409,096.63 exigido en las bases integradas.

• En ese sentido, al no alcanzar el monto facturado mínimo requerido, el Consorcio

Impugnante no cumple con el requisito de calificación referido a la experiencia del postor en la especialidad. Por tanto, corresponde tener por no acreditado dicho requisito. 100. Finalmente, considerando que el incumplimiento del requisito de calificación referido a la experiencia del postor en la especialidad constituye razón suficiente para descalificar la oferta del Consorcio Impugnante, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los demás cuestionamientos formulados contra esta, toda vez que su análisis no modificaría la consecuencia derivada del incumplimiento advertido. 101. En ese sentido, corresponde atender uno de los cuestionamientos alegados por el Consorcio Adjudicatario y, por su defecto, declarar la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante. Quinto punto controvertido: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Impugnante. 102. Sobre este punto, el Consorcio Impugnante solicitó que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 103. Al respecto, corresponde señalar que, al resolver el cuarto punto controvertido, este Colegiado determinó que correspondía descalificar la oferta del Consorcio Impugnante. 104. Siendo así, no corresponde otorgar la buena pro al Consorcio Impugnante, por lo que corresponde declarar infundado el recurso de apelación en este extremo. 105. Finalmente, considerando que el recurso de apelación será declarado fundado en parte, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía que el Consorcio Impugnante presentó como requisito de admisibilidad de su recurso.

CUESTIÓN DE INTERÉS PÚBLICO

106. El Consorcio Impugnante presentó una carta con firma legalizada, de fecha 2 de octubre de 2026, suscrita por el ingeniero Amaranto Junior Olivos Aguilar, mediante la cual dicho profesional manifestó no haber autorizado el uso de su nombre, número de colegiatura, certificados ni documentación profesional. 107. Sobre el particular, considerando la relevancia de los hechos comunicados y que la fiscalización posterior constituye una potestad de la Entidad orientada a verificar la autenticidad y veracidad de la documentación presentada por los postores durante el procedimiento de selección, corresponde ponerlos en su conocimiento para que, en el marco de sus competencias, adopte las acciones que resulten pertinentes. 108. Asimismo, el Consorcio Impugnante cuestionó la veracidad de determinados documentos presentados en la oferta del Consorcio Adjudicatario. En atención a ello, corresponde que la Entidad continúe con las acciones de fiscalización posterior respecto de los siguientes documentos: ➢ Certificado de Trabajo de fecha 25 de abril de 2008, emitido por la Municipalidad Distrital de Chillia, y suscrito por el señor Pio Villanueva Gadea, en calidad de Alcalde, a favor del ingeniero Freddy Chiroque Noriega con DNI N° 40024369 por haber ocupado el cargo de INGENIERO INSPECTOR de la obra “Pavimentación del Jr. Comercio del Centro Poblado de Chillia – distrito de Chillia, provincia Pataz, departamento La Libertad” desde el 18 de julio de 2007 al 20 de diciembre de 2007. ➢ Certificado de fecha 14 de julio de 2008, emitido por la Municipalidad Distrital de Chillia, y suscrito por el señor Pio Villanueva Gadea, en calidad de Alcalde, a favor del ingeniero Freddy Chiroque Noriega con DNI N° 40024369 por haber ocupado el cargo de INGENIERO RESIDENTE de la obra “Pavimentación de Jr. Prolongación Aurora, distrito de Chilia – Pataz – La Libertad” desde el 4 de febrero de 2008 al 10 de junio de 2008.

➢ Certificado de fecha 29 de marzo de 2010, emitido por la Municipalidad Distrital de Chillia, y suscrito por el señor Pio Villanueva Gadea, en calidad de Alcalde, a favor del ingeniero Freddy Chiroque Noriega con DNI N° 40024369 por haber ocupado el cargo de INSPECTOR de la obra “Ejecución de la obra construcción de pavimento rígido y veredas de los Jirones Miraflores – San Cristóbal de la localidad de Chilia – distrito de Chilia – Pataz – La Libertad” desde el 2 de agosto de 2009 al 12 de febrero de 2010. ➢ Certificado de fecha 5 de setiembre de 2011, emitido por la Municipalidad Distrital de Pias, y suscrito por el señor Giomar Roberto Villanueva Correa, en calidad de Alcalde, a favor del ingeniero Freddy Chiroque Noriega con DNI N° 40024369 por haber ocupado el cargo de INSPECTOR en la obra ejecutada en la modalidad de administración directa denominada “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de las vías locales del Centro Poblado de Cruz Colorada, distrito de Pias, Pataz, La Libertad” desde el 11 de abril de 2011 al 15 de agosto de 2011. ➢ Certificado de Trabajo de fecha 13 de marzo de 2020, emitido por la empresa MEJESA S.R.L. y suscrito por el señor Jesús José Escriba Sulca, en calidad de Gerente General, a favor del señor Juan Carlos García Cárdens con DNI N° 44007540, por haber trabajado en el cargo de ESPECIALISTA EN CALIDAD de la obra “Mejoramiento y ampliación de los pasajes peatonales en el centro de esparcimiento y recreación “El Tigre”, Puente Piedra, Lima, Lima del 22 de abril de 2019 al 15 de noviembre de 2019 y del 6 de enero de 2020 al 10 de marzo de 2020. 109. Por otro lado, el Consorcio Impugnante también cuestionó la veracidad de determinados documentos presentados en la oferta de la empresa CSA Consulting Y Projects E.I.R.L. Por tanto, corresponde que la Entidad prosiga con la fiscalización posterior de los siguientes documentos: ➢ Certificado de fecha 5 de julio de 2005, emitido por la Municipalidad Distrital de San Martín – Alao, a favor del ingeniero Carlos Nicolás Reyna Flores con CIP N° 76929, por haber trabajado en la obra “Rehabilitación y mejoramiento del puente peatonal Alto Roque sector Alfaro La Libertad” como SUPERVISOR DE OBRA del 1 de diciembre de 2004 al 3 de marzo de 2005.

➢ Certificado de fecha 5 de julio de 2005, emitido por la Municipalidad Distrital de San Martín – Alao, a favor del ingeniero Carlos Nicolás Reyna Flores con CIP N° 76929, por haber trabajado en la obra “Mejoramiento del puente vehicular urbano San Martín de Alao – San Martín de Alao – El Dorado San Martín” como SUPERVISOR DE OBRA del 4 de marzo de 2005 al 2 de julio de 2005. ➢ Certificado de Trabajo de fecha 5 de abril de 2024, emitido por el CONSORCIO SUPERVISOR SAN PEDRO y suscrito por el señor Lleyson Leder Mera Vargas, en calidad de Representante Común, a favor del ingeniero Manuel Ángel Becerra Goicochea con DNI N° 60129234, por haber laborado en el cargo de ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, en el servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la infraestructura vial urbana de los jirones: Jr. Bolognesi C-1 a C-3, Jr. Inclán C-1 a C-4, Jr. San Pedro C-2 a C-6, en la localidad de Morales del distrito de Morales – provincia de San Martín – departamento de San Martín” desde el 13 de noviembre de 2023 al 2 de abril de 2024. 110. A su vez, el Consorcio Adjudicatario cuestionó la veracidad de determinados documentos presentados en la oferta del Consorcio Impugnante. En consecuencia, corresponde que la Entidad efectúe las acciones de fiscalización posterior respecto de los siguientes documentos: ➢ Certificado de Trabajo de fecha 28 de setiembre de 2024, emitido por la empresa FLAIZA CONSULTING S.A.C. y suscrito por el señor Kirld Eduardo Aguilar Espiche, en calidad de Gerente General, a favor de la ingeniera Karen Esthefany Chaname Sánchez con DNI N° 75875129 por haber laborado en dicha empresa bajo el cargo de ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO en la “Construcción de pistas, veredas y obras complementarias en la habilitación urbana los parques de Piura, distrito de Piura, provincia y departamento de Piura” desde el 11 de marzo de 2024 al 10 de setiembre de 2024. ➢ Certificado de Trabajo de fecha 28 de setiembre de 2024, emitido por la empresa FLAIZA CONSULTING S.A.C. y suscrito por el señor Kirld Eduardo Aguilar Espiche, en calidad de Gerente General, a favor del ingeniero Kevin Fernando Sánchez Vera con DNI N° 77529843 por haber laborado en dicha empresa bajo el cargo de ESPECIALISTA AMBIENTAL, en la “Construcción de pistas, veredas y obras complementarias en la habilitación urbana los parques de Piura, distrito de Piura, provincia y departamento de Piura” desde el 11 de marzo de 2024 al 10 de setiembre de 2024. ➢ Constancia de Trabajo de fecha 10 de junio de 2025, emitido por la empresa TYC PIZARRO INGENIEROS E.I.R.L. y suscrito por el señor Cesar Jhonatan Pizarro Santisteban, en calidad de Titular Gerente, a favor del ingeniero Kevin Fernando Sánchez Vera con DNI N° 77529843 por haberse desempeñado como ESPECIALISTA AMBIENTAL en la consultoría de obra “Supervisión y liquidación de la obra: Construcción de pavimento en la calle Tacna, entre calle Atahualpa y calle Víctor Haya de la Torre, distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque, con Código Único de Inversión (CUI) N° 2598704” desde el 2 de octubre de 2024 al 28 de diciembre de 2024. ➢ Certificado de Trabajo de fecha 12 de agosto de 2025, emitido por la empresa WCB MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.C. y suscrito por el señor Willy Franco Correa Bautista, en calidad de Gerente General, a favor del ingeniero Kevin Fernando Sánchez Vera con DNI N° 77529843 por haberse desempeñado como ESPECIALISTA AMBIENTAL en la obra “Construcción de pavimento flexible, veredas y sardineles en las vías internas del condominio Los Parques de San Isidro, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad” desde el 6 de enero de 2025 al 3 de agosto de 2025. 111. En atención a lo expuesto, corresponde requerir a la Entidad que, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contado desde el día siguiente de notificada la presente resolución, remita a este Tribunal un informe detallado que dé cuenta de las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos en el marco de la fiscalización posterior de la documentación antes identificada. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Lupe Mariella Merino de la Torre, y con la intervención de los Vocales Jorge Alfredo Quispe Crovetto y Jimy Robert Ureta Aquino, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el

Consorcio Supervisor San Martin II, integrado por el señor Genaro Roberto Horna Yalta y la empresa Contratistas Norperu Ingenieros Asociados S.R.L., en el marco del Concurso Público Abreviado para Consultoría de Obra N° 001-2026-MDS/CS – Primera Convocatoria, convocado por la Municipalidad Distrital de Sauce para la “Contratación de consultoría de obra para la supervisión de obra: Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del Jr. San Martin cuadras: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13; 15, 16, 17, de la localidad de Sauce del distrito de Sauce – provincia de San Martín – departamento de San Martín, CUI N° 2500292”, fundado en el extremo que se solicita la descalificación de las ofertas del Consorcio Villa Real y de la empresa CSA Consulting Y Projects E.I.R.L., e infundado respecto de la descalificación de la oferta del Consorcio Ingenieros Sauce, integrado por los señores Roosvelt Niguert Mejia Loarte y Heymi Lilebet Sifuentes Rosales y respecto a su solicitud de otorgarle la buena pro, conforme a los fundamentos expuesto. En consecuencia, corresponde: 1.1 Declarar la descalificación de la oferta del Consorcio Villa Real. 1.2 Declarar la descalificación de la oferta de la empresa CSA Consulting Y Projects E.I.R.L. 1.3 Ratificar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Ingenieros Sauce, integrado por los señores Roosvelt Niguert Mejia Loarte y Heymi Lilebet Sifuentes Rosales.

• Declarar la descalificación de la oferta del Consorcio Supervisor San Martin II,

integrado por el señor Genaro Roberto Horna Yalta y la empresa Contratistas Norperu Ingenieros Asociados S.R.L.

• Devolver la garantía presentada por el Consorcio Supervisor San Martin II,

integrado por el señor Genaro Roberto Horna Yalta y la empresa Contratistas Norperu Ingenieros Asociados S.R.L., para la interposición de su recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad contratante cumpla con su obligación de registrar en el

SEACE, al día siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de las ofertas del

Consorcio Supervisor San Martin II, integrado por el señor Genaro Roberto Horna Yalta y la empresa Contratistas Norperu Ingenieros Asociados S.R.L., del Consorcio Ingenieros Sauce, integrado por los señores Roosvelt Niguert Mejia Loarte y Heymi Lilebet Sifuentes Rosales y de la empresa CSA Consulting Y Projects E.I.R.L., debiendo informar al Tribunal, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, los resultados obtenidos como consecuencia de dicha fiscalización, conforme a lo señalado en los fundamentos 111 y siguientes del presente pronunciamiento.

• Disponer remitir los actuados a la Secretaría del Tribunal, en su calidad de órgano

instructor, a efectos que realice las investigaciones correspondientes y, de corresponder, disponga abrir expediente administrativo sancionador contra la empresa CSA Consulting Y Projects E.I.R.L., por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, conforme a lo señalado en la fundamentación.

• Poner, en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control, los

hechos expuestos en el fundamento 11 del presente pronunciamiento para la adopción de las acciones que correspondan.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss. Merino de la Torre. Quispe Crovetto. Ureta Aquino.

JIMY ROBERT URETA

AQUINO

VOCAL

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JORGE ALFREDO QUISPE

CROVETTO

VOCAL

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LUPE MARIELLA MERINO DE LA

TORRE

PRESIDENTE

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