Documento regulatorio
Resolución N.° 9554-2026-TCP-S6
Procedimiento administrativo sancionador generado el señor Rondinel Borda Pavel, por su supuesta responsabilidad haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco de la contrat...
- Tipo
- No clasificado
- Fecha
- 02/11/2026
- Fuente
- gob.pe/oece/normas-legales
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Sumilla: “(…) los funcionarios públicos, servidores de confianza y demás servidores civiles con poder de dirección o decisión se encuentran impedidos de contratar con el Estado en todo proceso de contratación realizado por la Entidad a la que pertenecen (…)” Lima, 02 de noviembre de 2026. VISTO, en sesión del 02 de noviembre de 2026, por la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 6869/2025.TCP, 6870/2025.TCP, 6871/2025.TCP, 6872/2025.TCP. (Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador generado el señor Rondinel Borda Pavel, por su supuesta responsabilidad haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco de la contratación perfeccionada con el Contrato N° 11-2023-GRA/DRSA/REDHGA/DE-DA del 17 de mayo de 2023, así como haber presentado información inexacta como parte de su cotización a la Unidad Ejecutora Red de Salud Huamanga - Gobierno Regional de Ayacucho y atendiendo a lo siguiente;
- ANTECEDENTES:
- El 17 de mayo de 2023, la Unidad Ejecutora Red de Salud Huamanga – Gobierno
Regional de Ayacucho, en lo sucesivo la Entidad, suscribió el Contrato N° 11-2023- GRA/DRSA/REDHGA/DE-DA1, en lo sucesivo el Contrato, para la contratación del “Servicio de alquiler de ambientes para la unidad de admisión, CRED psicología, programa materno y consultoría de medicina del hospital de apoyo Jesús Nazareno”, por el monto de S/12 000.00 (doce mil con 00/100 soles), con el proveedor Rondinel Borda Pavel (R.U.C. N° 10727495709), en lo sucesivo el Contratista. Posteriormente, la Entidad y el Contratista suscribieron tres (3) adendas al referido Contrato: i) Adenda del 18 de julio de 2023; ii) Adenda del 29 de setiembre de 2023; y, iii) Adenda del 29 de setiembre de 2023, mediante las cuales se extendió la vigencia de la relación contractual hasta el 31 de diciembre de 2023. Dicha contratación se llevó a cabo bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y de su Reglamento aprobado por 1 Documento obrante a folio 1218 al 1222 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. Exp. 6872/2025.TCP2
- Mediante Oficio N° 000202-2025-CG/OC34463 presentado el día 22 de julio de
2025 en la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud Ayacucho comunicó que el Contratista habría incurrido en infracción administrativa en el marco de la Orden de Servicio N° 352-2023 emitida por la Entidad. A efectos de sustentar su denuncia, remitió el Informe de Control Específico N° 003-2025-2-3446-SCE4 del 5 de mayo de 2025. Exp. 6871/2025.TCP
- Mediante Oficio N° 000202-2025-CG/OC34465 presentado el 22 de julio de 2025
al Tribunal, el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, comunicó que el Contratista habría incurrido en infracción administrativa en el marco de la Orden de Servicio N° 303-2023 emitida por la Entidad. A efectos de sustentar su denuncia, remitió el Informe de Control Específico N° 003-2025-2-3446-SCE6 del 5 de mayo de 2025. Del Exp. 6870/2025.TCP
- A través del Oficio N° 000202-2025-CG/OC34467, presentado el día 22 de julio de
2025, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Órgano de Control Institucional de la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en infracción administrativa en el marco de la emisión de la Orden de Servicio N° 207-2023 emitida por la Entidad. A efectos de sustentar su denuncia, remitió el Informe de Control Específico N° 003-2025-2-3446-SCE8 del 5 de mayo de 2025. Exp. 6869/2025.TCP
- Mediante Oficio N° 000202-2025-CG/OC34469, del 22 de julio de 2025, ante la
Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Órgano de Control Institucional de la 2 Documento obrante a folio 4351 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico. 3 Documento obrante a folio 4353 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico. 4 Documento obrante a folio 4354 al 4464 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico. 5 Documento obrante a folio 2907 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico. 6 Documento obrante a folio 2908 al 3018 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico. 7 Documento obrante a folio 1459 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico. 8 Documento obrante a folio 2908 al 3018 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico. 9 Documento obrante a folio 3 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico.
Dirección Regional de Salud Ayacucho, puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en infracción administrativa, en el marco del Contrato N° 11- 2023-GRA/DRSA/REDHGA/DE-DA suscrito con la Entidad. A efectos de sustentar su denuncia, remitió el Informe de Control Específico N° 003-2025-2-3446-SCE10 del 5 de mayo de 2025, mediante el cual comunicó, entre otros, lo siguiente:
- Mediante el Contrato N° 11-2023-GRA/DRSA/REDHGA/DE-DA del 17 de mayo
de 2023, la Unidad Ejecutora Red de Salud Huamanga – Gobierno Regional de Ayacucho contrató al señor Pavel Rondinel Borda para el arrendamiento del inmueble ubicado en Jr. Ciro Alegría Mz. Q, lote s/n, urbanización Simón Bolívar, distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, destinado al funcionamiento de diversos ambientes del Hospital, correspondientes a la Unidad de Admisión, CRED, Psicología, Programa Materno y consultorio de Medicina. Asimismo, se estableció que la eficacia del contrato comprendería el periodo de enero a marzo de 2023.
- Posteriormente, las partes suscribieron tres adendas al referido contrato: la
primera, el 18 de julio de 2023; y la segunda y tercera, el 29 de setiembre de 2023, mediante las cuales extendieron la vigencia contractual hasta el 31 de diciembre de 2023.
- Al respecto, se advirtió que en la Partida Registral N° 11000400 de la Oficina
Registral de Ayacucho figuraba inscrita la compraventa del inmueble arrendado a favor de los señores John Robert Tinco Bautista y Margot Borda Gamarra, quienes, según el informe de control, tendrían la condición de servidores públicos nombrados del Hospital de Apoyo Jesús Nazareno.
- Asimismo, se identificó que los referidos propietarios suscribieron, el 19 de
mayo de 2023, un contrato de cesión en uso gratuito del inmueble a favor del señor Pavel Rondinel Borda, esto es, con posterioridad a la suscripción del contrato de arrendamiento, efectuada el 17 de mayo de 2023. Sobre el particular, el órgano de control señaló que dicha cesión no desvirtuaría el impedimento que recaería sobre los propietarios del inmueble.
- De otro lado, se advirtió que el señor Pavel Rondinel Borda habría mantenido
un vínculo laboral con el Gobierno Regional de Ayacucho durante parte del periodo de ejecución contractual, conforme a lo señalado en las Resoluciones 10 Documento obrante a folio 4 al 114 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico.
Gerenciales Generales Regionales N° 098-2023-GRA/GR-GG, N° 313-2023- GRA/GR-GG y N° 504-2023-GRA/GR-GG.
- Adicionalmente, se identificó que el señor Julio Rondinel García, quien efectuó
el requerimiento de arrendamiento en su calidad de director del Hospital de Apoyo Jesús Nazareno, sería padre del señor Pavel Rondinel Borda, conforme a la Partida de Nacimiento N° 960, del 15 de junio de 1993.
- En atención a los hechos expuestos, el órgano de control concluyó que el señor
Pavel Rondinel Borda habría contratado con la Entidad pese a encontrarse impedido para ello, en contravención de lo dispuesto en el artículo 11 del TUO de la Ley.
- Con decreto del 26 de febrero de 202611, previamente al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, se corrió traslado a la Entidad con la denuncia realizada, requiriéndole un informe técnico legal en el que debía pronunciarse sobre la procedencia de la infracción denunciada y la presunta responsabilidad del Contratista. Asimismo, se le requirió presentar, entre otros, los siguientes documentos e información: i) la cotización presentada para el perfeccionamiento del contrato; ii) la identificación y remisión de la totalidad de los documentos que contendrían información inexacta y que habrían sido presentados para la suscripción del contrato; y iii) la documentación que acreditara la presentación de los documentos cuestionados, tales como cargos de recepción, capturas de pantalla de los registros y/o correos electrónicos. De igual manera, se dispuso comunicar el citado decreto al Órgano de Control Institucional de la Entidad, a fin de que, en el marco de sus atribuciones, coadyuve con la remisión de la información solicitada.
- Mediante decreto del 23 de marzo de 202612, se dispuso la acumulación de los
actuados de los Expedientes N° 6870/2025.TCP, N° 6871/2025.TCP y N° 6872/2025.TCP al Expediente N° 6869/2025.TCP, debiendo continuar su tramitación conforme al estado de este último.
- Con decreto del 8 de abril de 202613, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador al Contratista, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando inmerso en los supuestos de impedimento previstos en los literales o), f) y h) en concordancia con el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, así como por presentar 11 Documento obrante a folios 1450 al 1452 del expediente administrativo. 12 Documento obrante a folio 5795 al 5799 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico. 13 Documento obrante a folio 5803 al 5808 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico.
información inexacta como parte de su cotización, en el marco de la contratación perfeccionada con el Contrato N° 11-2023-GRA/DRSA/REDHGA/DE-DA del 17 de mayo de 2023 y sus adendas, suscritos con la Entidad; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del mencionado cuerpo normativo. El documento cuestionado con contener presunta información inexacta es la Declaración Jurada del Proveedor, mediante la cual el Contratista declaró, entre otros aspectos, lo siguiente: i) no percibir ingresos o remuneraciones, ni encontrarse incurso en la prohibición de doble percepción o incompatibilidad de ingresos; ii) no encontrarse impedido para contratar con el Estado, conforme a lo establecido en el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias; y iii) no tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni cónyuge, que presten servicios como funcionarios, directivos y/o personal de confianza de la Red de Salud Huamanga. En tal sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles a fin de que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos.
- Mediante decreto del 28 de abril de 2026, a fin de contar con mayores elementos
probatorios para emitir pronunciamiento, la Secretaría Técnica del Tribunal requirió a la Entidad que informara la fecha en que el Contratista presentó la Declaración Jurada del Proveedor (documento cuestionado). Asimismo, solicitó la directiva y/o normativa interna que regulaba las contrataciones por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT, vigente a la fecha de presentación de la cotización por parte del Contratista para el perfeccionamiento del contrato.
- Con decreto del 11 de mayo de 2026, habiéndose verificado que el Contratista no
presentó descargos en el plazo otorgado, pese haber sido notificado con el inicio del procedimiento administrativo sancionador (vía casilla electrónica del OECE), se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la información obrante en autos.
- Mediante Informe de Instrucción N° 087-2026-ST3- CSCH del 16 de julio de 2026,
el Órgano Instructor del Tribunal emitió opinión sobre los hechos materia del procedimiento administrativo sancionador, determinando la existencia de infracción, y recomendando imponer sanción al Contratista; asimismo, dispuso que se remita el expediente a la Sala del Tribunal correspondiente.
- Con decreto del 3 de agosto de 2026, se dispuso remitir el expediente a la Sexta
Sala del Tribunal, para que resuelva siendo recibido el mismo día.
II. FUNDAMENTACIÓN:
- Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si
el Contratista cometió infracción administrativa por haber contratado con el Estado estando inmerso en los impedimentos de los literales o), f) y h) en concordancia con el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, así como por haber presentado, como parte de su cotización, información inexacta a la Entidad; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del
artículo 50 del citado cuerpo normativo (norma vigente al momento de la
ocurrencia del hecho imputado). Primera cuestión previa: Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna para la infracción relativa a contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley
- Conforme al artículo 103 de la Constitución Política del Perú, la Ley desde su
entrada en vigencia se aplica a las relaciones jurídicas existentes, no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo. En este último caso, se ha previsto la posibilidad de aplicar retroactivamente una norma, en materia penal, siempre que dicha aplicación produzca una situación beneficiosa al reo.
- Asimismo, el principio de retroactividad benigna también resulta aplicable al
derecho administrativo sancionador; en virtud de ello, en el numeral 5 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, se ha contemplado el principio de irretroactividad, según el cual: “5. Irretroactividad. - Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición”. (El subrayado es agregado).
- En ese contexto, dicho principio determina que, en los procedimientos
administrativos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción y, como excepción, se admite la posibilidad de aplicar una nueva norma que ha entrado en vigencia con posterioridad a la comisión de la infracción, siempre que ésta resulte más beneficiosa para el administrado.
- Sobre este punto, es claro que la posibilidad de aplicar retroactivamente normas
que no estuvieron vigentes al momento de la comisión de la infracción, depende de que el nuevo marco normativo represente un beneficio concreto para el administrado, no bastando simplemente comparar en abstracto los marcos normativos; así, aunque, en abstracto, establezca disposiciones sancionadoras que puedan aparecer en términos generales como más benignas, lo que se requiere para la aplicación retroactiva de la nueva norma, es que le reporte, de manera concreta, una consecuencia más ventajosa.
- Ahora bien, el numeral 5 del artículo 230 del TUO de la LPAG ha precisado en qué
aspectos una nueva norma puede aplicarse retroactivamente por favorecer al presunto infractor o al infractor; así, el referido principio de irretroactividad establece que las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo tanto en lo referido a: i) la tipificación de la infracción y la sanción, ii) los plazos de prescripción, y iii) respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.
- Al respecto, corresponde tener presente que, si bien el presente procedimiento
administrativo sancionador se inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, a la fecha del presente pronunciamiento se encuentra vigente la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas (en adelante la Ley General), y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF (en lo sucesivo el Reglamento de la Ley General). De esta manera, resulta preciso verificar si la aplicación de la normativa vigente al presente caso resulta más beneficiosa, atendiendo al principio de retroactividad benigna.
- En atención a lo expuesto, cabe traer a colación el literal c) del numeral 50.1 del
artículo 50 del TUO de la Ley:
“Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: (…)
- Contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley.
(…)”.
- Por otro lado, en el numeral 87.1 del artículo 87 de Ley General, se mantiene como
conducta infractora el contratar con el Estado estando impedido para ello, en los siguientes términos: “Artículo 87. Infracciones administrativas a participantes, postores, proveedores y subcontratistas 87.1. Son infracciones administrativas pasibles de sanción a participantes, postores, proveedores y subcontratistas las siguientes: (…)
- Contratar con el Estado estando impedido conforme a ley, con independencia
del régimen legal de contratación aplicable, conforme al artículo 30 de la presente ley. (…)”
- Como puede advertirse, en el presente caso, para el caso de la infracción por
contratar estando impedido para ello, nos encontramos frente a la tipificación de una infracción a través de una norma de remisión, conocida como norma sancionadora en blanco, en la que el contenido del tipo infractor viene dado por una norma que define la obligación o prohibición cuya inobservancia constituye la infracción.
- En este punto, debe tomarse en cuenta que, para esta clase de tipificaciones,
cuando la norma que completa el tipo sufre modificaciones, la retroactividad benigna resulta aplicable. Así, en doctrina se ha indicado que “en términos generales puede afirmarse que ambos principios o garantías –la irretroacción en lo desfavorable y la retroacción en lo beneficioso– juegan a plenitud cuando lo que se modifica no es la norma sancionadora en sí misma sino la que aporta el complemento que viene a rellenar el tipo en blanco por aquélla dibujado”14.
- En ese sentido, se advierte que la normativa vigente ha modificado los supuestos
de impedimento previstos en el TUO de la Ley, así como el periodo de inhabilitación aplicable. Al respecto, corresponde efectuar un comparativo, en primer término, del impedimento previsto en el literal o) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley con regulación en la Ley General, conforme se detalla a continuación: 14 LÓPEZ MENUDO, Francisco. “Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras”. En: LOZANO CUTANDA, Blanca (Directora). “Diccionario de Sanciones administrativas”. Madrid: Iustel. 2010. p. 724.
Texto según el TUO de la Ley Texto según la Ley General de contrataciones Públicas
Artículo 11. Impedimento
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5, las siguientes personas: (…)
- En todo proceso de contratación, las
personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares. (…).
Artículo 30. Impedimentos para contratar
30.1. Con independencia del régimen legal de contratación aplicable, los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista con la entidad contratante son los siguientes: (…)
- Impedimentos para personas jurídicas o por
representación: El alcance del impedimento para contratar con el Estado obedece a las siguientes precisiones: (…) Impedimentos para personas jurídicas o por representación de estas Alcance del impedimento (…) Tipo 3.F: (…) Personas naturales o jurídicas que, encontrándose impedidas, constituyan, absorban o se fusionen con otra persona jurídica del mismo rubro. (…). (…) Mientras dure el impedimento de la persona que lo origina, en todo proceso de contratación a nivel nacional. (…).
- En primer término, respecto del impedimento previsto en el literal o) del numeral
11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, imputado al Contratista, corresponde señalar que la Ley General no contempla un supuesto de impedimento equivalente al previsto en la citada disposición. En efecto, si bien el Tipo 3.F del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley General establece un impedimento relacionado con la constitución, absorción o fusión de personas naturales o jurídicas que se encuentran impedidas para contratar con el Estado, dicho supuesto presenta elementos que no permiten equipararlo al impedimento objeto de imputación en el presente procedimiento. En consecuencia, no se advierte una correspondencia normativa entre ambos supuestos que permita considerar que la conducta imputada continúa comprendida en la nueva regulación.
- En atención a lo expuesto, se advierte que la Ley N° 32069 resulta más favorable
al Contratista respecto del impedimento previsto en el literal o) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, toda vez que la nueva normativa no contempla un supuesto de impedimento equivalente.
- Por otro lado, respecto de los impedimentos previstos en los literales e), f) y h) del
numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, corresponde examinar las modificaciones introducidas por la Ley General en cuanto a su alcance y periodo de aplicación, conforme se detalla a continuación: TUO de la Ley N° 30225 Ley N° 32069 “Artículo 11. Impedimento 11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5, las siguientes personas: (…)
- Los titulares de instituciones o de organismos
públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión, según la ley especial de la materia, y los gerentes de las empresas del Estado. El impedimento se aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de culminado el mismo hasta doce (12) meses después sólo en la entidad a la que pertenecieron. Los directores de las empresas del Estado y los miembros de los Consejos Directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo se encuentran impedidos en el ámbito de la Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de haber culminado el mismo.
- Los servidores públicos no comprendidos en
literal anterior, y los trabajadores de las empresas del Estado, en todo proceso de contratación en la Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen su función. Luego de haber concluido su función y hasta doce (12) meses después, el impedimento se aplica para los procesos de contratación en la Entidad a la que pertenecieron, siempre que por la función “Artículo 30. Impedimentos para contratar 30.1 Con independencia del régimen legal de contratación aplicable, los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista con la entidad contratante son los siguientes:
- Impedimentos de carácter personal: aplicables
a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala esta ley. Se subdivide en siete tipos: Impedimentos de carácter personal Alcance (…) (…) Tipo 1.D: (...)
- Titulares de las
entidades contratantes y autoridades de la gestión administrativa, distintas a las autoridades de los tipos 1.A, 1.B y 1.C.
- Funcionario público,
directivo público, servidor de confianza y otros servidores civiles con poder de dirección o decisión, según la ley especial de la materia.
- Gerente de la
empresa del Estado. (...) (...) Durante el ejercicio del cargo, en todo proceso de contratación a nivel nacional y dentro de los seis meses siguientes a la culminación del cargo en los procesos de la entidad contratante a la que pertenecieron. (…)” desempeñada dichas personas hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada referida a tales procesos o conflicto de intereses. (...)
- El cónyuge, conviviente o los parientes hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios: (...) (iii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en el literal e), el impedimento se configura en la Entidad a la que pertenecen estas personas mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de concluido. (…)
Artículo 50. Infracciones y sanciones
administrativas. 50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5, cuando incurran en las siguientes infracciones: (…)
- Contratar con el Estado estando impedido
conforme a Ley. (…) 50.4 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, son: (…)
- Inhabilitación temporal: Consiste en la
privación, por un periodo determinado del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Tipo 1.F: (...) Servidor público distinto a las personas de los tipos 1.A, 1.B, 1.C, 1.D y 1.E, incluido aquel sujeto a carreras especiales y trabajadores de las empresas del Estado. (…) Durante la vigencia del vínculo laboral con la entidad en todo proceso de contratación de la entidad a la que pertenecen. Dentro de los seis meses siguientes a la culminación de dicho vínculo en los procesos de contratación de la entidad siempre que, por la función desempeñada, hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada referida a tales procesos, o presenten conflicto de intereses
- Impedimentos en razón del parentesco:
aplicables a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente y al progenitor del hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30 de la presente ley. El impedimento no aplica si el pariente hubiese suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo o hubiese ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de bienes y obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor. Para el caso de servicios, los dos años de experiencia son consecutivos. De otro modo, estos impedimentos se aplican conforme a las siguientes precisiones:
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Esta inhabilitación es no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la comisión de las infracciones establecidas en los literales c), f), infracción prevista en los literales m) y n)”. Impedimentos para personas jurídicas o por representación de estas Alcance del impedimento Tipo 2.B: Parientes de los impedidos del tipo 1.D del numeral 1 del párrafo 30.1 del
artículo 30.
Durante el ejercicio del cargo del impedido del tipo 1.D y dentro de los seis meses siguientes a la culminación del cargo respectivo. En todo proceso de contratación de la entidad contratante. Tipo 2.D: Parientes de impedidos del tipo 1.F del numeral 1 del párrafo 30.1 del
artículo 30.
Durante la vigencia del vínculo laboral del impedido del tipo 1.F en todo proceso de contratación de la entidad contratante; y dentro de los seis meses siguientes a la culminación del vínculo laboral, en todo proceso de contratación de la entidad contratante, siempre que, por la función desempeñada, hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada referida a tales procesos, o presenten conflicto de intereses.
Artículo 87. Infracciones administrativas a
participantes, postores, proveedores y subcontratistas 87.1. Son infracciones administrativas pasibles de sanción a participantes, postores, proveedores y subcontratistas las siguientes: (…)
- Contratar con el Estado estando impedido
conforme a ley, con independencia del régimen legal de contratación aplicable, conforme al
artículo 30 de la presente ley.
(…)
Artículo 90. Inhabilitación temporal
90.1 La sanción de inhabilitación temporal es impuesta en los siguientes supuestos: (…)
- Por la comisión de cualquiera de las infracciones
previstas en los literales i), j), k) y l) del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley. La sanción por imponer no puede ser menor de seis meses ni mayor de veinticuatro meses”. (El énfasis y resaltado son agregados).
- Como se aprecia, el artículo 30 de la Ley General establece que los funcionarios
públicos, servidores de confianza y demás servidores civiles con poder de dirección o decisión se encuentran impedidos de contratar con el Estado en todo proceso de contratación realizado por la Entidad a la que pertenecen, impedimento que se extiende hasta seis (6) meses después de culminado su vínculo laboral con aquella.
- Asimismo, la citada disposición establece que los servidores públicos no
comprendidos en el supuesto anterior, así como los trabajadores de las empresas del Estado, se encuentran impedidos de contratar con el Estado en todo proceso de contratación realizado por la Entidad a la que pertenecen, siempre que, por la función desempeñada, hayan tenido influencia, poder de decisión o acceso a información privilegiada referida a tales procesos, o presenten conflicto de intereses. En este supuesto, el impedimento también subsiste hasta seis (6) meses después de culminado el vínculo laboral con la Entidad. Del mismo modo, la Ley General establece que los cónyuges, convivientes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas comprendidas en los supuestos antes descritos se encuentran impedidos de contratar con el Estado en los procesos de contratación realizados por la Entidad en la que su pariente mantiene vínculo laboral, durante la vigencia de dicho vínculo y hasta seis (6) meses después de su culminación.
- Por su parte, el TUO de la Ley establecía que los cónyuges, convivientes y parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los funcionarios públicos, servidores de confianza y demás servidores civiles con poder de dirección o decisión, así como de los servidores públicos y trabajadores de las empresas del Estado no comprendidos en el supuesto anterior, se encontraban impedidos de contratar con el Estado en los procesos de contratación realizados por la Entidad en la que su pariente ejercía funciones, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido dichas funciones. En consecuencia, se advierte que la Ley General modificó el periodo durante el cual subsiste el impedimento por razón de parentesco con posterioridad al cese de funciones del funcionario o servidor público, al reducirlo de doce (12) a seis (6) meses. Por tanto, corresponde determinar si dicha modificación resulta más favorable al Contratista, atendiendo a las circunstancias particulares del presente caso.
- De otro lado, respecto de la sanción aplicable a la infracción consistente en
contratar con el Estado estando impedido, cabe señalar que ambos marcos normativos contemplan la inhabilitación temporal; sin embargo, difieren en el rango de duración de dicha sanción. Así, el TUO de la Ley establece un periodo de inhabilitación no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, mientras que la Ley General prevé un periodo no menor de seis (6) meses ni mayor de veinticuatro (24) meses. De lo expuesto, se aprecia que la Ley General reduce el límite máximo de la sanción, pero incrementa el mínimo aplicable. En tal sentido, la determinación de la norma más favorable en este extremo requiere considerar los efectos concretos que tendría la aplicación de cada régimen sancionador en el caso materia de análisis.
- En el caso concreto, de los hechos materia de imputación se advierte que el
Contratista habría perfeccionado la relación contractual con la Entidad el 17 de mayo de 2023, fecha en la que mantenía vínculo laboral con el Gobierno Regional de Ayacucho, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, desempeñándose como responsable del proyecto denominado “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica de la microcuenca Razuillca, distrito de Huanta, provincia de Huanta, región Ayacucho”. Asimismo, se advierte que su pariente en primer grado de consanguinidad, el señor Julio Rondinel García, ejerció el cargo de director del Hospital de Apoyo Jesús Nazareno desde el 2 de julio de 2020 hasta el 18 de enero de 2023. Es decir, a la fecha de perfeccionamiento de la relación contractual (17 de mayo de 2023), habían transcurrido menos de seis (6) meses desde la culminación del ejercicio de dicho cargo.
- En ese contexto, la reducción del periodo de extensión del impedimento por
parentesco, de doce (12) a seis (6) meses, introducida por la Ley General, no resulta más favorable al Contratista en el caso concreto, toda vez que, aun bajo el periodo previsto en la nueva normativa, la contratación se habría producido dentro del plazo durante el cual subsistía el impedimento.
- En tal sentido, corresponde efectuar el análisis de los supuestos de impedimentos,
la naturaleza y configuración de la infracción imputada, así como para la eventual sanción, conforme a las disposiciones del TUO de la Ley, respecto a este extremo, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2025/TCP. Segunda Cuestión previa: Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna para la infracción referida a presentar información inexacta
- Sobre este punto, de la comparación entre las disposiciones relativas a la
infracción consistente en presentar información inexacta a la Entidad, así como la sanción aplicable para dicha infracción tipificada tanto en el TUO de la Ley como en la Ley General, se desprende lo siguiente: TUO de la Ley N° 30225 Ley N° 32069
Artículo 50. Infracciones y sanciones
administrativas. 50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5, cuando incurran en las siguientes infracciones: (…)
- Presentar información inexacta a las Entidades, al
Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas–Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo
Artículo 87. Infracciones administrativas a
participantes, postores, proveedores y subcontratistas 87.1. Son infracciones administrativas pasibles de sanción a participantes, postores, proveedores y subcontratistas las siguientes: (…)
- Presentar información inexacta a las entidades
contratantes, al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP, al OECE o a Perú Compras. En el caso de las entidades contratantes, siempre que estén relacionadas con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos y que incidan necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada a Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP o al OECE, la ventaja o el beneficio concreto debe estar relacionado con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.
Artículo 90. Inhabilitación temporal
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. (…) 50.4 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, son: (…)
- Inhabilitación temporal: Consiste en la privación,
por un periodo determinado del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Esta inhabilitación es no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la comisión de las infracciones establecidas en los literales c), f), g), h) e i) y en caso de reincidencia en la infracción prevista en los literales m) y n). 90.1 La sanción de inhabilitación temporal es impuesta en los siguientes supuestos: (…)
- Por la comisión de cualquiera de las infracciones
previstas en los literales i), j), k) y l) del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley. La sanción por imponer no puede ser menor de seis meses ni mayor de veinticuatro meses. (El énfasis y resaltado son agregados).
- Como se advierte, la Ley General exige, para la configuración de la infracción de
presentar información inexacta, que ésta esté relacionada con un requisito, factor de evaluación o requerimiento del procedimiento y, además, genere un beneficio concreto y directo para el administrado. Esta exigencia representa una diferencia sustancial respecto al TUO de la Ley, el cual permitía sancionar incluso sin un beneficio materializado, bastando la mera posibilidad de ventaja indebida.
- Por lo tanto, este Colegiado considera que, respecto del tipo infractor,
corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna y evaluar la responsabilidad del Contratista conforme a la Ley General y el nuevo Reglamento.
- Por otra parte, con relación a la sanción de la infracción analizada, no se advierte
que los cambios normativos sean más favorables para el Contratista, debiendo aplicarse en dicho extremo, de corresponder, la sanción prevista en el TUO de la Ley y su Reglamento. Sobre la infracción de contratar con el Estado estando impedido para ello Naturaleza de la infracción
- En virtud de lo establecido en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO
de la Ley, constituía infracción administrativa que los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residente o supervisor de obra, contraten con el Estado estando impedidos para ello conforme a las causales previstas en el artículo 11 de la misma norma. Al respecto, el artículo 11 del TUO de la Ley establecía que cualquiera que sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5. Cabe precisar que, el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 del TUO de la Ley establecía como un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley, pero sujeto a supervisión del OSCE, lo siguiente: “Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco”. En ese orden de ideas, el numeral 50.2 del artículo 50 de la misma ley, señalaba que para los casos a que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, sólo son aplicables las infracciones previstas en los literales c), i), j) y k) del mismo artículo. De acuerdo a lo expuesto, constituían conductas administrativas sancionables la comisión de las infracciones previstas en los literales c), i), j) y k) del numeral 50.1 del referido artículo, aun cuando el monto de la contratación sea menor o igual a ocho (8) UIT.
- En relación con ello, es pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en
materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procedimientos de contratación, en el marco de los principios de libre concurrencia y de competencia previstos en los literales a) y e) del artículo 2 del TUO de la Ley. Sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona natural o jurídica, disponiendo una serie de impedimentos para participar en un procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios mencionados, los cuales deben prevalecer dentro de los procesos que llevan a cabo las Entidades y que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las funciones o labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o influencia.
- Es así como, el artículo 11 del TUO de la Ley establecía el listado de impedimentos
para contratar con el Estado; existiendo impedimentos de carácter absoluto, los cuales no permiten participar en ningún proceso de contratación pública, mientras que otros son de naturaleza relativa, vinculada ya sea al ámbito regional, de una jurisdicción, de una entidad o de un proceso de contratación determinado.
- Por la restricción de derechos que su aplicación implica, los impedimentos deben
ser interpretados en forma estricta, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no están expresamente contemplados en la Ley o norma con rango de ley.
- En este contexto, en el presente caso, corresponde verificar si, a la fecha en que
se perfeccionó la relación contractual, el Contratista estaba inmerso en algún impedimento para contratar con el Estado. Configuración de la infracción
- Ahora bien, conforme a la descripción del tipo infractor, para que se configure la
conducta imputada al Contratista, resulta necesario que se verifiquen dos requisitos:
- Que se haya perfeccionado un contrato con una Entidad del Estado, y;
ii) Que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el Contratista se haya encontrado incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley.
- Sobre el primer requisito, obra en el expediente administrativo el Contrato N° 11-
2023-GRA/DRSA/REDHGA/DE-DA suscrito el 17 de mayo de 202315, para la contratación del “Servicio de alquiler de ambientes para la unidad de admisión, CRED psicología, programa materno y consultoría de medicina del hospital de apoyo Jesús Nazareno”, por el monto de S/ 12 000.00 (doce mil con 00/100 soles). 15 Documento obrante a folios 1218 al 1222 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico.
Posteriormente, se suscribieron tres adendas del referido contrato, a efectos de ampliar el plazo de la vigencia de la relación contractual, las cuales son:
- Adenda de fecha 18 de julio de 202316.
ii) Adenda de fecha 29 de setiembre de 202317. iii) Adenda de fecha 29 de setiembre de 202318 Para mejor apreciación, se muestra los extremos relevantes del referido contrato: (…) (…)
- Al respecto, si bien el contrato fue suscrito el 17 de mayo de 2023, de la cláusula
sexta, referida al plazo del servicio y vigencia del contrato se desprende 16 Documento obrante a folios 924 al 925 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico. 17 Documento obrante a folios 952 al 953 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico. 18 Documento obrante a folios 955 al 956 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico.
expresamente lo siguiente: “(…) El plazo de ejecución del presente contrato es de tres (03) meses, computados a partir del 01 de enero de 2023 al 31 de marzo del 2023, con opción a prórroga del contrato, de acuerdo a las necesidades de el arrendatario. (…)”.
- Asimismo, de las adendas del referido contrato, se advierte lo siguiente:
(…) (…) (…) (…)
- De la información antes indicada, esta Sala aprecia que el contrato suscrito el 17
de mayo de 2023, señalando que su plazo y vigencia corresponden del 1 de enero hasta el 30 de marzo de 2023. Tal situación resulta irregular, toda vez que los servicios deben originarse en atención a una contratación anterior a su ejecución, documentación que no se aprecia en el presente caso.
- En ese sentido, se desprende que el contrato que sustenta la presente imputación
se emitió para regularizar el pago de una prestación que ya se había ejecutado con anterioridad (desde el mes de enero), por lo que, en estricto, dicho contrato no constituye el vínculo contractual que originó la contratación que ha sido cuestionada, sino que aquel vínculo se produjo con anterioridad, en una oportunidad que no se conoce y que este Colegiado requiere determinar para hallar el momento de la comisión de la infracción, que se encuentra referido a contratar con el Estado estando impedido para ello.
- En atención a ello, debe tener presente que, para establecer la responsabilidad de
un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege. Ello significa que en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa del Contratista, deberá prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al derecho administrativo sancionador, por el cual según OSSA ARBELÁEZ19: “Cuando la prueba, válidamente ingresada al expediente administrativo, se torna insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la
conclusión de que no hay elementos de juicio serios e indispensables para predicarla autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el in dubio pro reo. Asimismo, en el numeral 9 del artículo 230 del TUO de la LPAG, se reconoce el principio de presunción de licitud, en virtud de la cual las entidades deben 19 OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legis. Segunda Edición 2009. p 253.
presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.
- En ese contexto, en el presente caso, a la fecha de emisión del presente
pronunciamiento, no se cuenta con el contrato que originó el vínculo contractual (que haya sido perfeccionado con anterioridad a la ejecución de las prestaciones), ni la fecha de su perfeccionamiento, lo que imposibilita determinar con certeza el origen de la contratación y su fecha de perfeccionamiento, elementos que deben obrar en el expediente para poder determinar responsabilidad por contratar con el Estado estando impedido para ello, infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
- En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, este Colegiado
desestima la propuesta de sanción formulada en el Informe de Instrucción N° 087- 2026-ST3- CSCH del 16 de julio de 2026, emitido por la Secretaría Técnica 3 del Tribunal; y, por el contrario considera que corresponde eximir de responsabilidad a la Contratista por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley y, en consecuencia, declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra en este extremo de la imputación. Sobre la infracción consistente en presentar información inexacta a la entidad Naturaleza de la infracción
- El literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley General, establece que incurre
en responsabilidad administrativa quien presente información inexacta, entre otras instancias, a las entidades contratantes, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos y que incidan necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
- Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 230 del TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa — la Administración debe crearse convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.
- Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que
el documento cuestionado fue efectivamente presentado ante una entidad convocante y/o contratante, ante el RNP, ante el Tribunal, el OECE o Perú Compras.
- Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material contemplado en el
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la potestad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes está comprendida la información registrada en el SEACE, así como la que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante.
- Una vez verificado dicho supuesto y a efectos de determinar la configuración de la
infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la inexactitud de la información presentada, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su inexactitud, ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que a su vez integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. Ello encuentra sustento, además toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de un documento con información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, este será aprovechable directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento contiene información inexacta.
- Así, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, la información inexacta
supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, en el caso de las Entidades debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación o requisitos y que incidan necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
- En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, de manera previa a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos.
- Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada Configuración de la infracción
- En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado a la
Entidad información inexacta, como parte de su cotización, contenida en la Declaración jurada del proveedor, mediante el cual el Contratista declaró, entre otros aspectos, lo siguiente: “(…)
- No percibir ningún ingreso o remuneración y no encontrarse incurso dentro de
la prohibición de la doble percepción e incompatibilidad de ingresos.
- No tener impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo a lo señalado
en el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley N° 30225 y sus modificatorias, Ley de Contrataciones del Estado.
- No tener parientes hasta el Cuarto Grado de Consanguinidad y Segundo de
Afinidad y/o Conyugue que se encuentren prestando servicios como funcionarios, directivos y/o personal de confianza de la Red De Salud Huamanga. (…)”. Para mejor apreciación, se reproduce el mencionado documento:
- Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado a la Entidad, y; ii) la inexactitud de la información contenida en el documento presentado; en este último caso, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución del contrato.
- Ahora bien, con relación a la verificación de la efectiva presentación del
documento cuestionado a la Entidad, conforme se visualiza en la citada declaración jurada, no se advierte algún sello de recepción en la misma o algún documento a través del cual se acredite que el Contratista presentó el referido documento a la Entidad.
- Siendo así, mediante decreto del 28 de abril de 2026, a fin de contar mayores
elementos de juicio para emitir pronunciamiento, se requirió a la Entidad la documentación que pueda evidenciar dicha presentación. No obstante, a la fecha de emisión de la presente resolución, la Entidad no ha cumplido con remitir la información requerida.
- En ese sentido, no se cuenta con documentación que genere certeza sobre la
efectiva presentación del documento a la Entidad, así como la oportunidad en que ello habría sucedido. Esto se debe a que, conforme al tipo infractor, se requiere la existencia de un medio probatorio que evidencie la recepción de dicho documento, ya sea mediante un sello de recepción oficial o a través de un sistema de registro electrónico que permita verificar de manera inequívoca la presentación de la documentación en la fecha indicada.
- En ese sentido, no se cuenta con documentación que genere certeza sobre la
efectiva presentación del documento cuestionado a la Entidad, así como la oportunidad en que ello habría sucedido. Esto se debe a que, conforme al tipo infractor, se requiere la existencia de un medio probatorio que evidencie la recepción de dicho documento, ya sea mediante un sello de recepción oficial o a través de un sistema de registro electrónico que permita verificar de manera inequívoca la presentación de la documentación en la fecha indicada.
- En esa medida, corresponde enfatizar que el verbo rector o elemento principal
que describe la infracción bajo análisis es “presentar”, el cual, según el Diccionario de la Real Academia Española, se define como “Hacer manifestación de algo, ponerlo en la presencia de alguien20”. De esa manera, para la configuración de la infracción imputada la normativa requiere que el administrado haya presentado la información inexacta a la Entidad, es decir, que “ponga en presencia o entregue ante la Entidad”, el documento aludido. Es por ello por lo que, no basta un examen de acreditación de la infracción a la presunción de veracidad, sino también, y en primer lugar, se hace indispensable contar con la acreditación de su presentación efectiva por parte del presunto infractor. 20 Diccionario de la Real Academia Española.
- Ello, precisamente, porque la conducta tipificada como infracción administrativa,
está estructurada en función a la “presentación” de la información inexacta, siendo por tanto indispensable para la determinación de la responsabilidad administrativa, la constatación de dicho hecho; es decir, verificar que el administrado a quien se imputa responsabilidad haya presentado a la Entidad, la documentación (conteniendo la supuesta información inexacta) que se cuestiona.
- Siendo así, de la información obrante en el presente expediente, este Tribunal no
puede determinar, con certeza, que la declaración jurada objeto de cuestionamiento haya sido presentada por el Contratista a la Entidad, ni tampoco se cuenta con información fehaciente sobre la oportunidad en que se habría presentado.
- Cabe en este punto traer a colación el principio de presunción de licitud, regulado
en el numeral 9 del artículo 230 del TUO de la LPAG, en virtud del cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.
- Bajo tal contexto, no es posible acreditar el primer elemento constitutivo del tipo
infractor; por lo tanto, no corresponde continuar con el análisis para determinar si el documento cuestionado contiene información inexacta. Estando a lo expuesto, respecto al documento analizado, esta Sala concluye que no existen en el expediente elementos objetivos para concluir que la conducta del Contratista ha configurado la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 del TUO de Ley [actualmente en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley General], por lo que, en aplicación de los principios de tipicidad y de presunción de licitud, corresponde eximirlo de responsabilidad administrativa y, por ende, declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, no ha lugar a la imposición de sanción en su contra en este extremo.
- Finalmente, considerando el incumplimiento de la Entidad en remitir la
información solicitada con decreto del 28 de abril de 2026, corresponde comunicar dicha situación a su Órgano de Control Institucional para que, en el marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes a fin de determinar las responsabilidades a que hubiere lugar. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe el Vocal ponente Jimy Robert Ureta Aquino, y la intervención de la Vocal Lupe Mariella Merino de la Torre, y el Vocal Jorge Alfredo Quispe Crovetto, según rol de turnos de Vocales de Sala vigente; atendiendo a la reconformación de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, publicada el 6 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 11 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría;
LA SALA RESUELVE:
- Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el señor Rondinel Borda
Pavel (R.U.C. N° 10727495709), por su responsabilidad de haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco de la contratación perfeccionada con el Contrato N° 11-2023-GRA/DRSA/REDHGA/DE-DA del 17 de mayo de 2023 y sus adendas, suscritos con la Unidad Ejecutora Red de Salud Huamanga - Gobierno Regional de Ayacucho; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado [actualmente tipificada en el literal i) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas]; por los fundamentos expuestos.
- Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, no ha lugar a la imposición de
sanción contra el señor Rondinel Borda Pavel (R.U.C. N° 10727495709), por su presunta responsabilidad de haber presentado información inexacta como parte de su cotización a la Unidad Ejecutora Red de Salud Huamanga - Gobierno Regional de Ayacucho, en el marco de la contratación perfeccionada con el Contrato N° 11- 2023-GRA/DRSA/REDHGA/DE-DA del 17 de mayo de 2023 y sus adendas; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado [actualmente tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas], por los fundamentos expuestos.
- Poner el presente pronunciamiento en conocimiento del Titular de la Entidad y de
su Órgano de Control Institucional, para las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, de conformidad con lo señalado en la fundamentación.
- Archivar de manera definitiva el presente expediente.
Regístrese, comuníquese y publíquese,
LUPE MARIELLA MERINO DE LA TORRE
PRESIDENTE
DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
JORGE ALFREDO QUISPE CROVETTO
VOCAL
DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
ss. Merino De La Torre. Quispe Crovetto.
VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JIMY ROBERT URETA AQUINO
El vocal que suscribe el presente voto manifiesta, respetuosamente, su discordia respecto al voto en mayoría, con respecto a la configuración de la infracción consistente en contratar estando impedido, conforme a lo siguiente:
- Como se indicó en los fundamentos precedentes, para la configuración de la
infracción, debe corroborarse la concurrencia de dos circunstancias: i) el perfeccionamiento de la relación contractual con la Entidad; y, ii) que, al momento de perfeccionamiento de la relación contractual, el Contratista se haya encontrado en alguno de los impedimentos establecido en el artículo 11 del TUO de la Ley.
- En cuanto al primer requisito, obra en el expediente administrativo la Contrato N°
11-2023-GRA/DRSA/REDHGA/DE-DA suscrito el 17 de mayo de 202321, para la contratación del “Servicio de alquiler de ambientes para la unidad de admisión, CRED psicología, programa materno y consultoría de medicina del hospital de apoyo Jesús Nazareno”, por el monto de S/ 12 000.00 (doce mil con 00/100 soles). Posteriormente, se suscribieron tres adendas del referido contrato, a efectos de ampliar el plazo de la vigencia de la relación contractual, las cuales son: iv) Adenda de fecha 18 de julio de 202322.
- Adenda de fecha 29 de setiembre de 202323.
vi) Adenda de fecha 29 de setiembre de 202324 Para mejor apreciación, se muestra los extremos relevantes del referido contrato: 21 Documento obrante a folios 1218 al 1222 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico. 22 Documento obrante a folios 924 al 925 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico. 23 Documento obrante a folios 952 al 953 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico. 24 Documento obrante a folios 955 al 956 del archivo PDF publicado en el Toma Razón Electrónico.
(…) (…)
- Al respecto conforme se advierte la relación contractual entre la Entidad y el
Contratista se perfeccionó el 17 de mayo de 2023, fecha en la cual se suscribió el Contrato N° 011-2023-GRA/DRSA/REDHGA/DE-DA. No obstante, sin perjuicio de ello cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena N° 008-2021/TCE25, en el cual se dispuso que “la existencia del contrato en contrataciones a las que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, puede acreditarse mediante la recepción de la Orden de Servicio o de servicio, o con otros documentos que evidencien la realización de otras actuaciones, siempre que estos medios probatorios permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la 25 Publicado el 10 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial El Peruano contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor”. (El resaltado es agregado).
- En atención a ello, obra en el expediente la conformidad del servicio del 31 de
mayo de 202326, mediante la cual se otorgó conformidad a las prestaciones ejecutadas en el marco del referido contrato, precisándose que estas correspondían al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023. Asimismo, obran los comprobantes de pago N° 91427, N° 91528 y N° 91629, todos de fecha 20 de julio de 2023, correspondientes, respectivamente, al pago de los servicios prestados durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, en el marco del Contrato N.º 011-2023-GRA/DRSA/REDHGA/DE-DA. Para mayor abundamiento se muestra los referidos documentos: 26 Obrante a folios 5243 del expediente administrativo en PDF. 27 Obrante a folios 5246 del expediente administrativo en PDF. 28 Obrante a folios 5250 del expediente administrativo en PDF. 29 Obrante a folio 5254 del expediente administrativo en PDF.
- En tal sentido, conforme a la lectura conjunta de los documentos antes
reproducidos, se verifica que concurre el primer requisito, esto es, que el Contratista perfeccionó un contrato con una entidad del Estado, el 17 de mayo de 2023.
Sobre el impedimento establecido en el literal f) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley
- Con relación al impedimento establecido en el literal f) del numeral 11.1 del
artículo 11 del TUO de la Ley, los servidores públicos se encuentran impedidos de contratar con la Entidad a la que pertenecen mientras ejerzan el cargo y luego de concluida su función hasta doce (12) meses después. En ese sentido, para acreditar la configuración del impedimento, corresponde determinar si el Contratista contrató con la misma Entidad en la que ejerce o ejerció función dentro del periodo de doce (12) meses de haber dejado el cargo.
- En el caso concreto, de la revisión de la denuncia formulada por el Órgano de
Control Institucional de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, se tiene que este informó que el Contratista suscribió el Contrato N° 11-2023- GRA/DRSA/REDHGA/DE-DA del 17 de mayo de 2023, así como sus respectivas adendas, con la Unidad Ejecutora N° 406 – Red de Salud Huamanga; pese a que se encontraría impedido para ello.
- Al respecto, el impedimento del señor Rondinel Borda Pavel (el Contratista), se
debería a que, mantendría un vínculo laboral con el Gobierno Regional de Ayacucho, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, como responsable del Proyecto: “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica de la microcuenca Razuillca distrito de Huanta, provincia de Huanta Región Ayacucho”.
- Al respecto, se advierte que, con Resolución Gerencial General Regional N° 098-
2023- GRA/GR-GG del 10 de marzo de 202330, la Resolución Gerencial General Regional N° 313- 2023-GRA/GR-GG del 23 de mayo de 202331 y la Resolución Gerencial General Regional N° 504-2023-GRA/GR-GG del 7 de agosto de 202332; el señor Rondinel Borda Pavel fue contratado por el Gobierno Regional de Ayacucho, desde el 16 de febrero de 2023 al 31 de agosto de 2023, en calidad de responsable de obra en el Proyecto: “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica de la microcuenca Razuillca distrito de Huanta, provincia de Huanta Región Ayacucho”. En ese sentido, considerando que, desde el 16 de febrero de 2023 ya contaba con 30 Obrante a folio 868 al 870 del expediente administrativo en PDF. 31 Obrante a folio 871 al 873 del expediente administrativo en PDF. 32 Obrante a folio 874 al 876 del expediente administrativo en PDF.
la condición de servidor público, para el 17 de mayo de 2023, fecha que suscribió el Contrato N° 11-2023-GRA/DRSA/REDHGA/DE-DA, se verifica que, aquel, ya mantenía una relación laboral con el Gobierno Regional de Ayacucho.
- En atención a ello, corresponde determinar si la contratación cuestionada (con la
Unidad Ejecutora N° 406 – Red de Salud Huamanga), ha sido realizada con la Entidad a la que pertenece en su condición de servidor público durante la vigencia de su vínculo laboral, esto es el Gobierno Regional de Ayacucho.
- Al respecto, el Reglamento de Organización y Funciones de la Red de Salud
Huamanga, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 018-2018-GRA/CR del 9 de octubre de 2018 –vigente al momento de los hechos expuestos–, señala que la Red de Salud Huamanga es el órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, de la cual depende administrativamente, normativamente y funcionalmente, conforme se muestra: (…)
- Asimismo, en el artículo 67 del Manual de Operaciones de la Dirección Regional
de Salud Ayacucho, aprobado mediante Decreto Regional N° 0010-2025-GRA/GR del 21 de octubre de 2025, señala que la Red de Salud depende jerárquicamente de la Dirección Regional de Salud y que los recursos financieros son asignados por este, conforme se muestra;
- Sumado a ello, debe tenerse en cuenta que, mediante Resolución Ministerial N°
405- 2005/MINSA del 30 de mayo de 2005, se reconoció que las Direcciones Regionales de Salud constituyen la única autoridad de Salud en cada Gobierno Regional, siendo estos últimos los que aprueban la organización administrativa de las dependencias del sector salud en su ámbito, según los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud. En razón a lo expuesto, se concluye que la Red de Salud Huamanga, es un órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, de la cual depende administrativa y financieramente.
- A su turno, la Dirección Regional de Salud de Ayacucho es el órgano
desconcentrado del Gobierno Regional de Ayacucho con dependencia administrativa de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ayacucho, según el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 018- 2018- GRA/CR del 9 de octubre de 2018 –vigente al momento de los hechos expuestos, conforme se muestra:
- El numeral 3.2. del artículo 3 del TUO de la Ley establece que los órganos
desconcentrados tienen el mismo tratamiento que las Entidades señaladas en el numeral 3.1. Asimismo, conforme a los instrumentos de organización y gestión examinados precedentemente, la Unidad Ejecutora N° 406 – Red de Salud Huamanga constituye un órgano desconcentrado que integra la estructura organizacional y presupuestaria del Gobierno Regional de Ayacucho, como parte del Pliego 44433. En consecuencia, aunque cuente con capacidad operativa para realizar sus propias contrataciones, pertenece al Gobierno Regional de Ayacucho.
- Por ello, el Contrato cuestionado, perfeccionado con el Gobierno Regional de
Ayacucho – Unidad Ejecutora N° 406 – Red de Salud Huamanga, fue celebrado en el ámbito de la misma Entidad a la que pertenecía el Contratista (Rondinel Borda Pavel) en su condición de servidor público, pues tanto la dependencia en la que prestaba servicios como la unidad ejecutora contratante forman parte del Gobierno Regional de Ayacucho.
- Por tanto, se verifica el elemento relativo a que la contratación se haya
perfeccionado con la Entidad a la que pertenecía el servidor público, exigido por el literal f) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley; en consecuencia, se configura el supuesto de impedimento previsto en dicha disposición.
- En consecuencia, en el presente caso, se ha verificado que, a la fecha del
perfeccionamiento del Contrato, el Contratista se encontraba impedido para contratar con el Estado en el ámbito de la Entidad a la que pertenecía. Por tanto, su conducta se subsume en la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. Respecto al impedimento establecido en el literal e) en concordancia con el literal
- del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley
- Del referido impedimento, se advierte que en el literal e) del numeral 11.1 del
artículo 11 del TUO de la Ley, los funcionarios públicos, empleados de confianza o servidores públicos con poder de dirección o decisión no pueden ser participantes, postores, contratistas ni subcontratistas, en todo proceso de contratación duranta 33 Ministerio de Economía y Finanzas, Anexo 02 del Decreto Supremo N° 106-2019-EF, p. 1, en el que se identifica a la Unidad Ejecutora 406 – Red de Salud Huamanga como integrante del Pliego 444 – Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho. Disponible en: https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivosdescarga/Anexo_02_DS106_2019EF.pd el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo, solo en la entidad en que pertenecieron.
- Asimismo, el literal h) del numeral acotado contempla que los parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad- entre ellos, los hijos- de los funcionarios públicos, empleados de confianza o servidores públicos con poder de dirección o decisión no pueden ser participante, postor, contratista ni subcontratista, en la Entidad a la pertenecen estos últimos, mientras ejerce el cargo y hasta doce (12) meses después de concluido.
- Según el Informe de Control Específico N° 003-2025-2-3446-SCE, emitido por el
Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, se denunció que el Contratista se encontraba impedido de contratar con la Entidad debido a su vínculo en primer grado de consanguinidad (hijo) con el señor Julio Rondinel García, quien habría sido director del Hospital de Apoyo Jesús Nazareno (La Entidad).
- En dicho contexto, para la configuración del referido impedimento corresponde
verificar la situación jurídica del señor Julio Rondinel García (servidor público) y la existencia del vínculo de consanguinidad con el Contratista.
- Al respecto, debe considerarse que el impedimento analizado exige que el señor
Julio Rondinel García se desempeñe como servidor público con poder de dirección o decisión, por lo que es necesario tener en cuenta la definición prevista en el numeral 3 del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, que señala lo siguiente: “Artículo 4.- Clasificación El personal del empleo público se clasifica de la siguiente manera: (...)
- Servidor público. - Se clasifica en:
- Directivo superior. - El que desarrolla funciones administrativas relativas a
la dirección de un órgano programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de actuación administrativa y la colaboración en la formulación de políticas de gobierno.
- Ejecutivo. - El que desarrolla funciones administrativas, entiéndase por
ellas al ejercicio de autoridad, de atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría legal preceptiva, supervisión, fiscalización, auditoría y, en general, aquellas que requieren la garantía de actuación administrativa objetiva, imparcial e independiente a las personas. Conforman un grupo ocupacional.
- Especialista. - El que desempeña labores de ejecución de servicios públicos.
No ejerce función administrativa. Conforman un grupo ocupacional.
- De apoyo. - El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o
complemento. Conforman un grupo ocupacional.”
- Sobre el particular, de la revisión de la documentación obrante en el expediente,
se advierte que el señor Julio Rondinel García asumió el cargo de director del Hospital de Apoyo Jesús Nazareno [hospital adscrito a la Unidad Ejecutora N° 406 – Red de Salud Huamanga], según Resolución Directoral N° 149-2020-GRA/GG- GRDS-DRSA-RSHGA-DE de 2 de julio de 2020; cargo que ejerció hasta el 18 de enero de 2023, fecha en la cual se emite la Resolución Directoral N° 019-2023- GRA/GG-GRDS-DRSA-RSHGA-DE y se le asigna el cargo de directora del referido hospital a la señora Miriam Edith Veliz Quispe. Para mayor abundamiento se muestra los referidos documentos:
- Sin perjuicio de ello, obra en el expediente administrativo prueba del ejercicio de
dicho cargo, en los Oficios N° 0003A-2023-GRAGRDS/DIRESA/REDHGA-HAJN/DIR del 03 de enero de 202334 y N° 0335.2022-GRAGRDS/DIRESA/REDHGA-HAJN/DIR del 13 de julio de 202235 , se advierte que el señor Julio Rondinel García suscribe dichos documentos como director del Hospital de Apoyo Jesús Nazareno (hospital adscrito a la Unidad Ejecutora N° 406 – Red de Salud Huamanga).
- Bajo dicho contexto, es pertinente traer a colación lo establecido en el Manual de
Clasificación de Cargos del Ministerio de Salud, aprobado mediante la Resolución Secretarial N° 230-2022/MINSA del 18 de noviembre de 2022, que clasifica como Servidor Público – Directivo Superior (SP-DS) al cargo de Director de Hospital II, conforme se muestra a continuación:
- Asimismo, en el referido manual, se aprecia que el Director de Hospital II, en su
calidad de servidor público tiene funciones de representación, conducción, dirección, supervisión, entre otros.
- Aunado a ello, de la revisión del Reglamento de Organización y Funciones de la
Hospital de Apoyo Jesús Nazareno –vigente al momento de los hechos expuestos– , en adelante el ROF de Hospital de Apoyo Jesús Nazareno, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 018-2018-GRA/CR del 9 de octubre de 2018, se advierte que el Director tiene por funciones dirigir y representa legalmente a la institución, gestionar recursos humanos, materiales y financieros y tecnológicos para el logro de objetivos institucionales, proponer convenios, contratos y acuerdos con instituciones públicas y privadas, entre otros.
- De lo antes mencionado, se desprende que el señor Julio Rondinel García ocupó
el cargo de director del Hospital de Apoyo Jesús Nazareno desde el 2 de julio de 2020 hasta el 18 de enero de 2023; cargo que, según el MCC y el ROF de Hospital de Apoyo Jesús Nazareno, está clasificado como servidor público-directivo superior, cuyas atribuciones son de representación, conducción, dirección, 34 Obrante a folio 832 del expediente administrativo en PDF. 35 Obrante a folio 770 del expediente administrativo en PDF.
supervisión; así como, el de gestionar recursos humanos, materiales y financieros y tecnológicos para el logro de objetivos institucionales, proponer convenios, contratos y acuerdos con instituciones públicas y privadas, entre otros. Por tanto, se trata de un servidor público con poder de dirección o decisión.
- En atención a lo expuesto en los fundamentos precedentes, en aplicación de lo
dispuesto en el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, el señor Julio Rondinel García, en su calidad de director del Hospital de Apoyo Jesús Nazareno (hospital adscrito a la Unidad Ejecutora N° 406 – Red de Salud Huamanga), desempeño la labor de servidor público con poder de dirección o decisión y, por tanto, se encontraba impedido para ser participante, postor y/o contratista en todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo, esto es, desde el 2 de julio de 2020 hasta el 18 de enero de 2023; y hasta doce (12) meses después de haber cesado, sólo en la entidad a la que perteneció (Entidad), esto es, hasta el 18 de enero de 2024.
- Por lo tanto, a la fecha de perfeccionamiento del Contrato, el 17 de mayo de 2023,
el señor Julio Rondinel García se encontraba dentro del periodo de doce meses posterior al cese, durante el cual permanecía impedido para contratar en el ámbito de la Entidad a la que perteneció. Respecto al impedimento establecido en el numeral iii) del literal h) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley
- Con relación al impedimento establecido en el numeral iii) del literal h) del
numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, se aprecia que, en el caso de cónyuge, conviviente y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de funcionarios públicos, empleados de confianza o servidores públicos con poder de dirección o decisión, están también impedidos para contratar con la Entidad a la que estos últimos pertenecieron; impedimento que se extiende hasta doce (12) meses de concluido dicho cargo. En este punto, es pertinente traer a colación el Acuerdo de Sala Plena N° 003- 2022/TCE del 16 de diciembre de 2022, en el que, respecto al literal h) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225, se acordó lo siguiente:
“ACUERDO
(…)
- En cuanto al numeral [iii] del literal h) del artículo 11.1 del TUO de la Ley, se
establece lo siguiente:
- Sobre el particular, de la revisión del Acta de Nacimiento N° 960, expedida por el
Registro del Estado Civil de la Municipalidad Provincial de Huamanga, se deslinda que el Contratista es hijo de Julio Rondinel García, acreditándose así el vínculo de parentesco en primer grado de consanguinidad existente entre ambos. Para mayor abundamiento se muestra la referida acta de nacimiento:
- En ese sentido, considerando la conclusión arribada en el numeral 64 del presente
informe, el Contratista en su condición de hijo del señor Julio Rondinel García, se encontraba comprendido en el impedimento previsto en el numeral iii) del literal h), en concordancia con el literal e), del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley. Dicho impedimento resultaba aplicable en los procesos de contratación de la Entidad a la que perteneció el señor Julio Rondinel García, mientras ejerció el cargo de director del Hospital de Apoyo Jesús Nazareno –hospital adscrito a la Unidad Ejecutora N° 406 - Red de Salud Huamanga– y hasta doce (12) meses después de haberlo concluido.
- En el presente caso, el Contrato fue perfeccionado el 17 de mayo de 2023, cuando
aún no habían transcurrido doce (12) meses desde el cese del señor Julio Rondinel García ocurrido el 18 de enero de 2023. En consecuencia, a dicha fecha el Contratista se encontraba comprendido en el impedimento previsto en el numeral iii) del literal h), en concordancia con el literal e), del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley.
- Por tanto, se acredita que el Contratista perfeccionó el Contrato encontrándose
comprendido en el impedimento previsto en el literal h), en concordancia con el literal e), por lo que su conducta se subsume en la infracción tipificada en el literal
- del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley.
(…) Graduación de la sanción
- En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 230 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta.
- En este contexto, se estima conveniente determinar la sanción a imponer al
Contratista, conforme a los criterios de graduación de la sanción previstos en el
artículo 264 del Reglamento, en los siguientes términos.
- Naturaleza de la infracción: la infracción referida a contratar con el Estado
estando impedido para ello, materializa el incumplimiento de parte del proveedor de una disposición legal de orden público que persigue dotar al sistema de compras públicas de transparencia y garantizar el trato justo e igualitario de postores, sobre la base de la restricción y/o eliminación de todos aquellos factores que puedan afectar la imparcialidad y objetividad en la contratación de proveedores.
- Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto a este criterio de
graduación, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se puede apreciar que no existen elementos probatorios que acrediten la intencionalidad en la comisión de la infracción, objeto de análisis, por parte del Contratista.
- La existencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso que
nos avoca, debe tenerse en cuenta que el perfeccionamiento de la relación contractual con la Entidad por parte del Contratista, pese a contar con impedimento vigente para contratar con el Estado; afectó la transparencia, imparcialidad y libre competencia, que deben prevalecer en las contrataciones que llevan a cabo las entidades.
- Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fueran detectada.
- Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la base
de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que el Contratista no cuenta con antecedentes de sanción registrada por parte del Tribunal.
- Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Contratista no se
apersonó al presente procedimiento sancionador ni presentó descargos.
- La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere
el numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: de la revisión de la documentación que obra en el expediente, no hay información que acredite que el Contratista haya adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el numeral 50.10 del artículo 50 del TUO de la Ley.
- Afectación de las actividades productivas o de abastecimiento en tiempos
de crisis sanitarias tratándose de MYPE36: en el caso particular, no se advierten elementos que acredite el cumplimiento de este criterio.
- Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal
- del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, por parte del Contratista,
cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 17 de mayo de 2023, fecha en la cual perfeccionó el contrato con la Entidad.
III. CONCLUSIONES:
Por los fundamentos expuestos, el vocal que suscribe el presente voto es de la opinión que corresponde:
- SANCIONAR al señor Rondinel Borda Pavel (con R.U.C. N° 10727495709), con
inhabilitación temporal por el periodo de tres (03) meses en su derecho de 36 Criterio incorporado mediante el Decreto Supremo N° 308-2022-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344- 2018-EF.
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida para ello, en el marco de la contratación perfeccionada con el Contrato N° 11-2023-GRA/DRSA/REDHGA/DE-DA del 17 de mayo de 2023 y sus Adendas, suscritos con la Unidad Ejecutora Red de Salud Huamanga - Gobierno Regional de Ayacucho; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; sanción que entrará en vigencia una vez que quede consentida o administrativamente firme la presente resolución, por los fundamentos expuestos.
- Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Unidad Funcional de Gestión, Mesa de Partes y Ejecución del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente.
JIMY ROBERT URETA AQUINO
VOCAL
Ss. Ureta Aquino.