Documento regulatorio

Resolución N.° 9553-2026-TCP-S2

Recurso de apelación interpuesto por el postor Industrias de Alimentos del Perú S.A.C., en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 2-2026-MPH-M/DEC-1, convocada por la Municipalidad Provincia...

Tipo
No clasificado
Fecha
02/11/2026
Fuente
gob.pe/oece/normas-legales

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Sumilla: (…) corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M pues adolece de vicios de nulidad trascendentes, al no encontrarse debidamente motivada, y como consecuencia de ello, dejar sin efecto la pérdida de la buena pro. Lima, 2 de noviembre de 2026. VISTO en sesión de fecha 2 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7399/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor Industrias de Alimentos del Perú S.A.C., en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 2-2026-MPH-M/DEC-1, convocada por la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana, para la “Contratación de bienes o servicios comunes adquisición de alimentos para el programa de complementación alimentaria (PCA - comedores y ollas) y el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC), de la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana, periodo 2026”, atendiendo a los siguientes: ANTECEDENTES: El 27 de mayo de 2026, la Municipalidad Provincial de Huarochirí -…
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Sumilla: (…) corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M pues adolece de vicios de nulidad trascendentes, al no encontrarse debidamente motivada, y como consecuencia de ello, dejar sin efecto la pérdida de la buena pro. Lima, 2 de noviembre de 2026. VISTO en sesión de fecha 2 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7399/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor Industrias de Alimentos del Perú S.A.C., en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 2-2026-MPH-M/DEC-1, convocada por la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana, para la “Contratación de bienes o servicios comunes adquisición de alimentos para el programa de complementación alimentaria (PCA - comedores y ollas) y el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC), de la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana, periodo 2026”, atendiendo a los siguientes:

  • ANTECEDENTES:
  • El 27 de mayo de 2026, la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana, en lo

sucesivo la Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 2-2026-MPH-M/DEC- 11, para la “Contratación de bienes o servicios comunes adquisición de alimentos para el programa de complementación alimentaria (PCA - comedores y ollas) y el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC), de la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana, periodo 2026”, con una cuantía total de S/ 3 576 582.55 (tres millones quinientos setenta y seis mil quinientos ochenta y dos con 55/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. El procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF y sus modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento. Del 28 de mayo al 4 de junio de 2026, se llevó a cabo el registro de participantes, así como el registro y la presentación de ofertas. El 11 de junio de 2026, a través del SEACE, se notificó el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa Dicoal & Ac 1 La Subasta Inversa Electrónica N° 2-2026-MPH-M/DEC-1 fue convocada inicialmente el 27 de febrero de 2026, no obstante, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 25-2026-GM/MPH-M, publicada el 17 de abril de 2026 en el SEACE, la Entidad declaró la nulidad del procedimiento de selección y dispuso retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria.

E.I.R.L., por el monto de su oferta ascendente a S/ 3 520 000.00 (tres millones quinientos veinte mil con 00/100 soles). Ante el recurso de apelación interpuesto por la empresa Industrias de Alimentos del Perú S.A.C., la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas emitió la Resolución N° 7372-2026-TCP-S4 del 17 de julio de 2026, mediante la cual resolvió declarar fundado dicho recurso y dispuso, entre otros, otorgar la buena pro al impugnante. El 12 de agosto de 2026, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 37-2026- GM/MPH-M, la Entidad declaró la nulidad del otorgamiento de la buena pro y dispuso adjudicar dicha buena pro a la empresa Dicoal & Ac E.I.R.L. Ante el recurso de apelación interpuesto por la empresa Industrias de Alimentos del Perú S.A.C., la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas emitió la Resolución N° 8604-2026-TCP-S4 del 10 de setiembre de 2026, mediante la cual resolvió declarar fundado dicho recurso y dispuso, entre otros, declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 37-2026-GM/MPH-M, debiendo retrotraerse la Subasta Inversa Electrónica N° 2-2026-MPH-M/DEC-1 al momento anterior a la emisión de dicha resolución, a fin de que la Entidad continúe con el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato con la empresa Industrias de Alimentos del Perú S.A.C. en el estado en que se haya encontrado previamente a la declaración de nulidad del procedimiento de selección. El 23 de setiembre de 2026, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 44- 2026-GM/MPH-M de fecha 11 de setiembre de 2026, la Entidad declaró la pérdida de la buena pro otorgada a la empresa Industrias de Alimentos del Perú S.A.C., al haberse determinado que el contrato no se perfeccionó por causa imputable al referido postor, y dispuso continuar el procedimiento de selección, conforme a lo dispuesto en el numeral 91.3 del artículo 91 del Reglamento, incluyendo el requerimiento al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, de corresponder.

  • Mediante Escritos N° 1 y 2 presentados el 5 y 7 de octubre de 2026, respectivamente,

en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor Industrias de Alimentos del Perú S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M, solicitando que: i) se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M, y ii) se disponga continuar con el perfeccionamiento del contrato, de corresponder; sobre la base de los siguientes argumentos:

La Entidad modificó la observación inicial y no acreditó el hecho que la sustentaba, vulnerando los deberes de motivación y congruencia.

  • Indica que la Carta N° 045-2026-SGA/MPH-M atribuyó a su representada haber

consignado la marca “Bransomar” en su oferta, generando una supuesta inconsistencia con la marca “Casali” indicada en el detalle de precios unitarios para la firma del contrato. Sin embargo, pese a que se negó expresamente dicha afirmación y se solicitó identificar el documento y folio que la sustentaban, la Entidad nunca acreditó ese hecho. Por el contrario, en la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M reconoció que fabricante y marca comercial son conceptos distintos, abandonando la observación original y sustituyéndola por una supuesta falta de acreditación de la correspondencia entre la marca “Casali” y el producto ofertado. De este modo, sancionó a su representada sobre la base de una observación distinta, respecto de la cual no pudo ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

  • Sostiene que dicha actuación vulnera el artículo 3 y el numeral 6.1 del TUO de la

Ley N° 27444, al no existir una relación directa entre los hechos acreditados y la decisión adoptada, conforme al criterio desarrollado por el Tribunal en la Resolución N° 8604-2026-TCP-S4, fundamentos 48 a 51. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la RGM 044, conforme al literal a) del numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley. No existió modificación de la oferta ni incumplimiento de un requisito previsto en las bases.

  • Refiere que el procedimiento corresponde a una Subasta Inversa Electrónica, en

la que el bien se encuentra definido por su ficha técnica: “filete de atún en aceite vegetal, en envase de peso neto de 170 g”. Las bases exigieron los protocolos sanitarios de registro del producto y habilitación de la planta, pero no establecieron la declaración de la marca comercial como requisito de la oferta. El detalle de precios unitarios, de naturaleza económica, mantuvo las cantidades y el precio ofertado: 84,000 latas a S/ 3.70, por un total de S/ 2 626 650.00, coincidente con la oferta económica adjudicada. Asimismo, los protocolos sanitarios de los folios 37 a 40 identifican a BRANSOMAR S.A.C. como fabricante y describen el producto, pero no contienen campos relativos a la marca comercial; por tanto, no pueden acreditar ni desvirtuar su correspondencia con “Casali”.

  • Señala que la propia Entidad reconoce que fabricante y marca son conceptos

distintos. En consecuencia, consignar “Casali” en el detalle de precios no implica modificar o sustituir el producto ofertado, ni altera sus características, cantidad, precio o documentación sanitaria. Su representada, además, ratificó su oferta y su compromiso conforme al Anexo N° 3, mediante escrito del 11 de agosto de 2026.

  • Asimismo, sostiene que, habiendo sido la oferta evaluada y adjudicada mediante

la Resolución N° 7372-2026-TCP-S4, la etapa de perfeccionamiento contractual no puede utilizarse para reabrir su evaluación ni imponer requisitos no previstos en las bases. La verificación de la correspondencia entre el producto, su marca y la planta de fabricación puede efectuarse durante la ejecución contractual y la recepción de los bienes, mediante la documentación y el etiquetado correspondientes. La observación fue indeterminada y la Entidad incumplió los principios del debido procedimiento, impulso de oficio y verdad material.

  • Refiere que la Carta N° 045-2026-SGA/MPH-M solicitó presentar “la

documentación idónea que permita verificar dicha situación”, sin identificar el documento requerido, su emisor ni el contenido que debía acreditar. La Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M tampoco precisó qué prueba resultaba exigible ni explicó por qué los documentos presentados eran insuficientes.

  • Agrega que su representada respondió oportunamente, el 11 de agosto de 2026,

explicó la diferencia entre fabricante y marca, solicitó precisiones y adjuntó documentación sanitaria y el detalle de precios. Sin embargo, la Entidad omitió analizar estos elementos y desestimó la respuesta sin motivación suficiente. Asimismo, pese a haber efectuado una verificación posterior y cursado la Carta N° 042-2026-SGA/MPH-M a BRANSOMAR S.A.C., no consta que consultara directamente al fabricante sobre la marca del producto, aunque ello habría permitido esclarecer el hecho controvertido. Esta omisión vulnera los principios de impulso de oficio y verdad material, así como los de razonabilidad, proporcionalidad, transparencia, eficacia y eficiencia, reconocidos en la normativa aplicable y desarrollados por el Tribunal en la Resolución N° 8604- 2026-TCP-S4, fundamento 32.

No concurren los presupuestos para declarar la pérdida de la buena pro, pues no existe causa imputable al postor y la decisión fue prematura.

  • Refiere que el numeral 91.3 del artículo 91 del Reglamento condiciona la pérdida

de la buena pro a que el contrato no se perfeccione por causa imputable al postor. En este caso, su representada presentó oportunamente los requisitos para el perfeccionamiento contractual, el 3 de agosto de 2026, y absolvió la observación dentro del plazo concedido, el 11 de agosto de 2026. La falta de perfeccionamiento deriva de actuaciones atribuibles a la Entidad, que primero anuló indebidamente la buena pro mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 37-2026-GM/MPH-M —posteriormente anulada por el Tribunal— y luego desestimó una subsanación sin precisar adecuadamente la exigencia.

  • Además, agrega que la propia Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-

GM/MPH-M reconoce que el plazo máximo para perfeccionar el contrato vencía el 14 de setiembre de 2026; pese a ello, la pérdida de la buena pro se declaró el 11 de setiembre, antes del vencimiento del plazo y sin convocar a su representada a suscribir el contrato. Por tanto, no se configura el supuesto de incumplimiento imputable al postor.

  • Asimismo, indica que la Entidad tampoco atribuyó falsedad o inexactitud a la

documentación presentada, sino una supuesta subsanación incompleta respecto de una exigencia no prevista en las bases. En consecuencia, aplicar la pérdida de la buena pro resulta prematuro, desproporcionado y contrario al numeral 91.3 del artículo 91 del Reglamento. La Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M desconoce los pronunciamientos previos del Tribunal y compromete la finalidad de valor por dinero.

  • Alega que, en el mismo procedimiento, el Tribunal dejó sin efecto la

descalificación de su representada mediante la Resolución N° 7372-2026-TCP-S4 y anuló la nulidad de oficio de la buena pro dispuesta por la RGM 037 mediante la Resolución N° 8604-2026-TCP-S4, comunicando los hechos al Titular de la Entidad y a la Contraloría por incumplimiento, conforme al fundamento 57. Pese a que el Tribunal ordenó continuar el perfeccionamiento contractual con su representada, la Entidad emitió la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026- GM/MPH-M al día siguiente de publicada la resolución, sustentándose en informes elaborados ese mismo día y retomando una observación sobre la marca que conocía desde el 7 de agosto de 2026. Esta actuación vuelve a privar de eficacia práctica al pronunciamiento del Tribunal y frustra la continuidad del procedimiento ordenada.

  • Finalmente, sostiene que la decisión compromete el principio de valor por dinero

previsto en el artículo 2 del Reglamento. La oferta de su representada asciende a S/ 2 626 650.00, frente a los S/ 3 520 000.00 del postor al que se pretende adjudicar, lo que representa una diferencia de S/ 893 350.00, equivalente aproximadamente al 25.4 %. Esta diferencia de recursos públicos destinados a programas alimentarios para población vulnerable no puede sacrificarse por una discrepancia formal que no altera el producto, el precio ni la capacidad de cumplimiento del proveedor.

  • A través del decreto del 9 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación y se corrió traslado a la Entidad a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal en el que debía indicar su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación, en un plazo de tres (3) días hábiles. Además, se dispuso notificar el recurso interpuesto a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin de que lo absuelvan en el mismo plazo.

  • Con decreto del 9 de octubre de 2026, en atención a la reconformación de las Salas

del Tribunal aprobada por el Acuerdo N° 001-014-2026/OECE-CD del Consejo Directivo, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 003- 2020/TCE de fecha 10 de marzo de 2020, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 19 de octubre de 2026.

  • A través del Informe Técnico – Legal N° 003-2026-WMSG-MPH-M presentado el 14 de

octubre de 2026 ante la Mesa de Partes del Tribunal, y publicado en el SEACE el 16 del mismo mes y año, la Entidad expresó su posición sobre los argumentos del recurso de apelación, en los siguientes términos:

  • Manifiesta que la documentación presentada para el perfeccionamiento del

contrato no permite determinar con certeza la marca del producto, generando una supuesta inconsistencia. Asimismo, afirma que el descargo del hoy Impugnante no fue debidamente motivado y que la documentación contradictoria impide establecer el alcance de lo ofertado.

  • Refiere que la pérdida de la buena pro en las contrataciones públicas ocurre

cuando el postor ganador no perfecciona el contrato, entre otros, por no subsanar observaciones.

  • En ese contexto, señala que, en el presente caso, la documentación

presentada para el perfeccionamiento del contrato del ahora Impugnante no permite determinar con certeza cuál es la marca que corresponde, generando una falta de claridad e inconsistencias. Agrega que la incongruencia en una documentación presentada por el adjudicatario para la formalización del contrato se materializa cuando la propia documentación presentada contiene información contradictoria o excluyente entre sí, de modo que impide a la Dependencia Encargada de Contrataciones - DEC determinar con certeza y objetividad, cuál es el alcance real de lo ofertado por el postor.

  • Indica que la documentación presentada para perfeccionar el contrato debe

guardar correspondencia con la oferta ganadora, esta exigencia no autoriza a imponer requisitos no previstos en las bases ni a presumir una modificación de la oferta, siendo la etapa de la presentación de documentos para el perfeccionamiento del contrato una etapa para acreditar y verificar documentalmente lo que se declaró bajo juramento o se prometió en la oferta.

  • En ese sentido, manifiesta que la pérdida de la buena pro solo procede cuando

la documentación presentada difiere de lo ofertado, o si no se presentan los documentos requeridos en el plazo legal, el Tribunal o la Entidad contratante declarará la pérdida de la buena pro.

  • El 19 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación del representante del Impugnante.

  • Con decreto del 19 de octubre de 2026, a fin de contar con mayores elementos para

mejor resolver, la Sala requirió lo siguiente: “A la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana (la Entidad):

Considerando que, en el marco del recurso de apelación interpuesto por el

Impugnante, se cuestiona la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026- GM/MPH-M, mediante la cual su representada declaró la pérdida de la buena pro otorgada al Impugnante por causa imputable a este último, sírvase remitir la siguiente información y documentación:

  • Sírvase remitir copia de la documentación presentada por el Impugnante

para el perfeccionamiento del contrato, en la que se pueda verificar de manera clara y fehaciente la fecha de su presentación ante su representada.

  • Sírvase remitir copia de la Carta N° 045-2026-SGA/MPH-M, mediante la

cual su representada comunicó al Impugnante las observaciones formuladas a la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato. Asimismo, deberá adjuntar la documentación que permita verificar de manera clara y fehaciente las fechas de notificación y recepción de dicha carta por parte del Impugnante.

  • Sírvase remitir copia de la respuesta del Impugnante a la Carta N° 045-

2026-SGA/MPH-M, así como la documentación que permita verificar de manera clara y fehaciente la fecha en que dicha respuesta fue presentada ante su representada. La información requerida deberá ser remitida en el plazo máximo de tres (3) días hábiles a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, a la cual se accede a través del portal web institucional del OECE, teniendo en cuenta los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para resolver.”

  • Mediante Carta N° 060-2026-SGA/MPH-M presentada el 21 de octubre de 2026 en la

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad atendió el requerimiento de información y remitió la siguiente documentación: documentación presentada por el Impugnante para el perfeccionamiento del contrato, la Carta N° 045-2026-SGA/MPH-M y la respuesta del Impugnante a la referida carta.

  • Con decreto del 26 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.
  • Mediante Escrito N° 3 presentado el 27 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Impugnante pone en conocimiento hechos sobrevinientes ocurridos durante la tramitación de las apelaciones interpuestas correspondientes a los expedientes N° 4387/2026.TCP, 6155/2026.TCP y 7399/2026 (el presente expediente) que inciden directamente en la subsistencia de la necesidad y de la existencia de crédito presupuestario que sustentan la contradicción materia de apelación cuya buena pro fue otorgada mediante Resolución N° 7372-2026-TCP-S4. Indica que la Entidad ha efectuado dos (2) contrataciones directas para cubrir el mismo requerimiento de alimentos objeto del procedimiento de selección, las cuales, en conjunto, superan en cantidad y monto al procedimiento convocado y estarían agotando el presupuesto 2026 asignado a dicha contratación.

Refiere que estos hechos deben ser valorados por la Sala al resolver, a efectos de que cualquier decisión que se adopte, no imponga a su representada la suscripción de un contrato que ya no contaría con la necesidad de bienes que atender ni con crédito presupuestario que lo respalde, y no genere, en perjuicio de su representada, imputación alguna por un eventual no perfeccionamiento del contrato que no le resulte atribuible.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M que declara la pérdida de la buena pro, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, continuar con el perfeccionamiento del contrato.

  • PROCEDENCIA DEL RECURSO
  • El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

  • Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales

  • La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para

resolverlo.

El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una Subasta Inversa Electrónica, cuya cuantía es de S/ 3 576 582.55 (tres millones quinientos setenta y seis mil quinientos ochenta y dos con 55/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

  • Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M, que declara la pérdida de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se declare su nulidad y, en consecuencia, se disponga continuar con el perfeccionamiento del contrato; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables.

  • Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso de apelación es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda a la de una licitación pública o un concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el artículo 304.4 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante una Subasta Inversa Electrónica con una cuantía correspondiente a la de una licitación pública o un concurso público, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 5 de octubre de 2026, considerando que la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M fue publicada en el SEACE el 23 de setiembre de 2026. Al respecto, se aprecia que el Impugnante interpuso su recurso de apelación mediante Escritos N° 1 y 2, presentados el 5 y 7 de octubre de 2026; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

  • El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación, se verifica que este fue suscrito por la gerente general del Impugnante, la señora Jubitza Merino Torres.

  • El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

  • El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

  • El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no admisión o

descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. En el presente caso, el Impugnante cuestionó la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M, solicitando se declare nula y se disponga continuar con el perfeccionamiento del contrato, por tanto, no se ha incurrido en la presente causal de improcedencia

  • Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, si bien el Impugnante fue adjudicado con la buena pro del procedimiento de selección, en el marco del presente recurso, impugna la decisión de la Entidad de declarar la pérdida de la buena pro otorgada a su favor, a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M, por tanto, no se ha incurrido en la presente causal de improcedencia.

  • No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. De la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

  • El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, de determinarse que la decisión adoptada por la Entidad resulta irregular, esta ocasionaría un agravio al Impugnante en su legítimo interés como postor adjudicatario de la buena pro, toda vez que se dispuso la pérdida de esta en el marco del procedimiento de perfeccionamiento del contrato, en contravención de lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases del procedimiento de selección. En consecuencia, el Impugnante cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

  • Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

II. PRETENSIONES:

  • De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a este

Tribunal lo siguiente:

  • Se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-

GM/MPH-M.

ii. Se disponga continuar con el perfeccionamiento del contrato.

III. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

  • Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa.

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención de que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos de que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 9 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 14 del mismo mes y año. No obstante, se advierte que no se ha apersonado al presente procedimiento impugnativo ningún postor además del Impugnante. Por lo tanto, los puntos controvertidos se fijarán únicamente en virtud de lo manifestado en el recurso de apelación.

  • En el marco de lo indicado, el único punto controvertido a esclarecer es el siguiente:
  • Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia

Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M y, en consecuencia, se disponga el perfeccionamiento del contrato.

IV. ANÁLISIS DEL ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO:

  • Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

  • En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo

se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Único punto controvertido: Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M y, en consecuencia, se disponga el perfeccionamiento del contrato.

  • Conforme se ha relatado en los antecedentes, el Impugnante ha cuestionado la

Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M, mediante la cual la Entidad declaró la pérdida de la buena pro otorgada en el procedimiento de selección. A continuación, se reproducen los extractos relevantes de dicha resolución:

  • Como se aprecia, la Entidad declaró la pérdida de la buena pro otorgada al

Impugnante, al considerar que el contrato no se perfeccionó por causa imputable a dicho postor, debido a que no habría subsanado las observaciones formuladas por la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) respecto de la documentación presentada para tal efecto.

  • Al respecto, el Impugnante sostiene que la Entidad modificó los términos de la

observación comunicada a través de la Carta N° 045-2026-SGA/MPH-M respecto de aquella posteriormente consignada en la Resolución de Gerencia Municipal N° 44- 2026-GM/MPH-M, incurriendo así en un vicio de falta de motivación, al no existir una relación directa entre los hechos inicialmente advertidos y la decisión finalmente adoptada. Ello, debido a que, mediante la referida resolución, la Entidad declaró la pérdida de la buena pro sobre la base de una discrepancia cuya premisa fáctica terminó descartando.

  • Por su parte, la Entidad ratifica los argumentos expuestos en la Resolución de

Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M y señala que la pérdida de la buena pro procede cuando la documentación presentada difiere de las condiciones ofertadas o cuando el postor no presenta los documentos requeridos dentro del plazo legal. En ese sentido, sostiene que, ante tales supuestos, corresponde declarar la pérdida de la buena pro.

  • Ahora bien, considerando los argumentos expuestos por el Impugnante, corresponde

analizar las razones invocadas por la Entidad en la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M para declarar la pérdida de la buena pro, así como contrastarlas con la documentación remitida por aquella en atención al requerimiento de información efectuado mediante decreto del 19 de octubre de 2026.

  • En ese sentido, de la revisión de los actuados, se advierten las siguientes actuaciones:

− El 17 de julio de 2026, mediante Resolución N° 7372-2026-TCP-S4, la Cuarta Sala del Tribunal dispuso otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante. − El 3 de agosto de 2026, el Impugnante presentó la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato.

− Conforme a lo señalado en la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026- GM/MPH-M, de la revisión de la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, la DEC advirtió una discrepancia en la identificación comercial del producto, toda vez que la documentación que sustentó la oferta estaba vinculada al producto elaborado por “BRANSOMAR” S.A.C., mientras que en el detalle de precios unitarios presentado para el perfeccionamiento del contrato se consignó la marca comercial “CASALI”.

− Mediante Carta N° 045-2026-SGA/MPH-M, notificada por correo electrónico el 7 de agosto de 2026, la Entidad comunicó al Impugnante las observaciones advertidas en la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato.

Al respecto, de la revisión de la referida comunicación, se advierte que la Entidad señaló que, como parte de su oferta, el Impugnante había presentado protocolos técnicos para el registro sanitario y la habilitación sanitaria correspondientes a la empresa BRANSOMAR S.A.C., respecto del producto “filete de atún en aceite vegetal”. No obstante, indicó que, de la revisión del documento denominado “Detalle de los precios unitarios del precio ofertado”, presentado para el perfeccionamiento del contrato como parte del requisito previsto en el literal g), se advertía que la marca del producto no guardaba concordancia con la consignada en la oferta, pues mientras que en esta última se habría identificado el producto con la denominación BRANSOMAR S.A.C., en la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato se consignó la marca “CASALI”. En consecuencia, la Entidad consideró que existía una inconsistencia respecto de las condiciones originalmente ofertadas. También cita el literal iv) del Anexo N° 3 en el que el Impugnante, bajo juramento, “se compromete a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro”. En atención a ello, otorgó al Impugnante un plazo de dos (2) días hábiles, contado desde el día hábil siguiente de notificada la comunicación, para que subsanara la observación formulada o, de corresponder, acreditara documentalmente que la marca “CASALI” correspondía al producto elaborado por BRANSOMAR S.A.C., mediante documentación idónea que permitiera verificar dicha circunstancia. − El 11 de agosto de 2026, mediante correo electrónico, el Impugnante remitió su respuesta a las observaciones formuladas por la Entidad.

De la revisión de dicha respuesta, se advierte que el Impugnante negó haber consignado la denominación “BRANSOMAR” como marca comercial del producto ofertado. En ese sentido, sostuvo que no podía atribuírsele la oferta de una marca determinada sin que previamente se identificara el documento específico de su oferta en el que supuestamente se habría consignado dicha denominación. Por ello, solicitó que la Entidad precisara en qué documento de su oferta figuraba la marca “BRANSOMAR”. Asimismo, señaló que reconocía haber presentado, como parte de su oferta, el registro sanitario y el protocolo técnico de habilitación sanitaria de planta correspondientes al fabricante BRANSOMAR S.A.C. Sin embargo, precisó que la identificación de dicha empresa como fabricante en los documentos sanitarios no significaba, por sí sola, que hubiera declarado que la marca comercial del producto ofertado era “BRANSOMAR”.

De igual manera, indicó que, en el documento presentado para el perfeccionamiento del contrato, específicamente en el detalle de precios unitarios, consignó la marca “CASALI”. En ese sentido, sostuvo que no podía afirmarse que hubiera modificado o sustituido una supuesta marca “BRANSOMAR” por “CASALI” si previamente no se acreditaba que la primera hubiera sido efectivamente consignada como marca comercial del producto en su oferta. Finalmente, resaltó que la existencia de un registro sanitario correspondiente a un fabricante determinado no constituía prueba suficiente para concluir que la marca comercial del producto ofertado era necesariamente

“BRANSOMAR”.

− El 12 de agosto de 2026, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 037- 2026-GM/MPH-M, la Entidad declaró la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro al Impugnante en el marco del procedimiento de selección. Contra dicha resolución, el referido postor interpuso recurso de apelación. − El 10 de setiembre de 2026, mediante Resolución N° 8604-2026-TCP-S4, el Tribunal declaró la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 037- 2026-GM/MPH-M y dispuso retrotraer el procedimiento de selección hasta el momento anterior a la emisión de dicha resolución, conforme a lo señalado en el fundamento 54 de la citada resolución. − El 23 de setiembre de 2026, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M, la Entidad declaró la pérdida de la buena pro otorgada al Impugnante, al considerar que el contrato no se perfeccionó por causa imputable a dicho postor. Para sustentar su decisión, señaló lo siguiente:

(…) De lo expuesto, se advierte que la Entidad sostuvo que la identificación de BRANSOMAR S.A.C. como fabricante del producto no implicaba necesariamente que dicha denominación correspondiera a su marca comercial, por tratarse de conceptos distintos. En tal sentido, precisó que la observación formulada por la DEC no estaba dirigida a cuestionar la diferencia entre el fabricante y la marca comercial del producto, sino a verificar que la marca “CASALI”, consignada en la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, correspondiera efectivamente al producto que fue objeto de la oferta y sobre cuya base se otorgó la buena pro.

Asimismo, señaló que la sola afirmación del postor respecto de que la marca “CASALI” era la efectivamente ofertada no resultaba suficiente para considerar subsanada la observación formulada por la DEC, toda vez que correspondía acreditar objetivamente la correspondencia entre la identificación comercial consignada en los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato y el producto que había sido materia de la oferta. En esa línea, la Entidad indicó que, si bien el Impugnante sostuvo que BRANSOMAR S.A.C. era el fabricante y que “CASALI” constituía la marca comercial efectivamente ofertada, no presentó documentación objetiva que permitiera verificar que esta última correspondía al producto que fue objeto de su oferta durante el procedimiento de selección. Por tanto, concluyó que la respuesta presentada no permitió levantar la observación formulada por la DEC, por lo que esta se mantenía subsistente. En consecuencia, la Entidad determina que el Impugnante no subsanó debidamente la observación formulada por la Dependencia Encargada de las Contrataciones, al no acreditar documentalmente la correspondencia entre la marca “CASALI” consignada en los documentos de perfeccionamiento y el producto que fue objeto de su oferta, y siendo dicha circunstancia atribuible al postor, corresponde declarar la pérdida automática de la buena pro, de conformidad con el numeral 91.3 del artículo 91 del Reglamento.

  • De las consideraciones expuestas, se advierte que, mediante Carta N° 045-2026-

SGA/MPH-M, la Entidad observó la documentación presentada por el Impugnante para el perfeccionamiento del contrato, al considerar que existía una discrepancia entre la identificación comercial del producto sustentada en la documentación de su oferta y aquella consignada en el detalle de precios unitarios presentado para dicha etapa. Específicamente, sostuvo que en la oferta se habría identificado el producto con la denominación BRANSOMAR S.A.C., mientras que en el documento presentado para perfeccionar el contrato se consignó la marca “CASALI”. En atención a ello, otorgó al Impugnante un plazo de dos (2) días hábiles para subsanar la observación formulada o, de corresponder, acreditar documentalmente que la marca “CASALI” correspondía al producto elaborado por BRANSOMAR S.A.C., mediante documentación idónea que permitiera verificar dicha circunstancia. Al respecto, se advierte que, si bien la Entidad otorgó al Impugnante la posibilidad de presentar documentación para acreditar la correspondencia entre la marca “CASALI” y el producto elaborado por BRANSOMAR S.A.C., no precisó qué tipo de documentación debía presentar, cuáles eran las características o condiciones que esta debía reunir ni qué información concreta debía contener para tener por subsanada la observación. De este modo, la expresión “documentación idónea” utilizada por la Entidad no delimitó objetivamente el alcance de la subsanación requerida, dejando al postor sin parámetros claros para conocer qué documentación debía presentar a efectos de superar la observación formulada. Frente a dicha observación, el Impugnante explicó que BRANSOMAR S.A.C. correspondía al fabricante del producto y no necesariamente a su marca comercial, precisando que la marca “CASALI” era la efectivamente ofertada. Asimismo, cuestionó que la Entidad le atribuyera haber ofertado la marca “BRANSOMAR” sin identificar el documento específico de su oferta en el que supuestamente se habría consignado dicha denominación.

  • No obstante, de la revisión de la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-

GM/MPH-M, se advierte que la Entidad sostuvo que la identificación de BRANSOMAR S.A.C. como fabricante no implicaba necesariamente que dicha denominación correspondiera a la marca comercial del producto, pues se trataba de conceptos distintos. En esa línea, señaló que la observación formulada por la DEC no estaba dirigida a cuestionar la diferencia entre fabricante y marca comercial, sino a verificar que la marca “CASALI”, consignada en la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, correspondiera efectivamente al producto que fue objeto de la oferta. En tal sentido, se aprecia que la Entidad modificó el enfoque de su argumentación inicial, pues pasó de sostener que existía una inconsistencia entre la marca supuestamente ofertada y aquella consignada en la documentación presentada para el perfeccionamiento contractual, a señalar que lo que correspondía acreditar era la correspondencia entre la marca “CASALI” y el producto que fue materia de la oferta. Esta circunstancia se ve reforzada si se considera que, en la Carta N° 045-2026- SGA/MPH-M, la Entidad hace referencia al Anexo N° 3, mediante el cual el postor se compromete a mantener las condiciones de la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro. De ello se desprende que la observación formulada por la Entidad estaría referida a una supuesta falta de correspondencia entre la información consignada por el Impugnante en su oferta y aquella declarada en la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato. Es decir, la Entidad habría considerado que el Impugnante modificó las condiciones de su oferta al consignar la marca “CASALI” en esta última etapa, pese a que, según su interpretación, en la oferta se habría identificado el producto con la denominación “BRANSOMAR S.A.C.”.

  • Sin embargo, en la resolución que declaró la pérdida de la buena pro, la Entidad

reconoce que BRANSOMAR S.A.C. corresponde a la identificación del fabricante y que ello no implica necesariamente que dicha denominación constituya la marca comercial del producto. Por tanto, no explica de qué manera la discrepancia inicialmente advertida suponía una modificación de las condiciones de la oferta ni identifica qué información concreta de esta última permitía concluir que el Impugnante había ofertado el producto bajo la marca “BRANSOMAR”.

  • Al respecto, este Colegiado considera que, frente a los argumentos formulados por el

Impugnante, correspondía que la Entidad efectuara un análisis concreto de la documentación presentada durante el procedimiento de selección y de aquella remitida para el perfeccionamiento del contrato, a efectos de determinar, sobre una base objetiva, si existía una modificación de las condiciones originalmente ofertadas o si, por el contrario, la identificación del fabricante y de la marca comercial respondía a conceptos distintos que no suponían una variación del producto adjudicado.

  • Sin embargo, de la motivación contenida en la Resolución de Gerencia Municipal N°

44-2026-GM/MPH-M no se advierte que la Entidad haya desarrollado dicho análisis, pues se limita a señalar que el Impugnante no presentó documentación objetiva que acreditara que la marca «CASALI» correspondía al producto ofertado, sin identificar de manera concreta qué documentos fueron evaluados, qué información contenían, qué aspecto específico resultaba insuficiente y por qué los documentos presentados no permitían establecer la correspondencia alegada por el postor, contraviniendo el deber de motivación que debe observar toda actuación administrativa.

  • Aunado a ello, de la revisión de los requisitos establecidos en las bases integradas

para el perfeccionamiento del contrato, no se advierte que se haya previsto la presentación de documentación técnica adicional destinada a acreditar la correspondencia entre la marca comercial del producto y su fabricante, en los términos exigidos posteriormente por la DEC. Sobre el particular, debe tenerse presente que, durante la etapa de perfeccionamiento del contrato, corresponde a la DEC verificar que el postor adjudicatario presente la documentación exigida en las bases integradas, así como formular las observaciones que correspondan cuando advierta que alguno de los requisitos previstos no ha sido cumplido o que la documentación presentada resulta insuficiente para acreditar su cumplimiento, y, en caso requiera documentación aclaratoria o sustentatoria, debe precisar qué aspecto requiere ser aclarado o acreditado y guardar una vinculación directa con los requisitos establecidos en las bases integradas.

En ese contexto, la facultad de formular observaciones no habilita a la Entidad a incorporar exigencias documentales adicionales que no se encuentren previstas en las bases integradas, ni a condicionar el perfeccionamiento del contrato al cumplimiento de requerimientos que no hayan sido establecidos para dicha etapa. En ese sentido, si la Entidad consideraba que existía una discrepancia entre la marca comercial consignada en el detalle de precios unitarios y la información contenida en los documentos que sustentaron la oferta, correspondía que identificara concretamente dicha discrepancia, precisara su relevancia respecto de los requisitos exigidos para el perfeccionamiento del contrato y determinara si la documentación presentada incumplía alguna exigencia expresamente prevista en las bases integradas. Sin embargo, en el presente caso, la DEC no identificó qué requisito de perfeccionamiento contractual se habría incumplido, sino que requirió al Impugnante acreditar, documentalmente, la correspondencia entre la marca “CASALI” y el producto elaborado por BRANSOMAR S.A.C., sin que dicha exigencia hubiera sido previamente delimitada como parte de los requisitos documentales de dicha etapa. Por tanto, se advierte que la observación formulada por la DEC no estuvo debidamente vinculada a la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para el perfeccionamiento del contrato, pues introdujo una exigencia documental cuyo alcance no fue precisado y respecto de la cual tampoco se identificó su sustento en las bases integradas. Esta circunstancia adquiere especial relevancia si se considera que, posteriormente, la Entidad sustentó la pérdida de la buena pro precisamente en la falta de presentación de dicha documentación, sin explicar por qué su exigencia resultaba jurídicamente procedente ni de qué manera su ausencia determinaba el incumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento contractual.

  • En consecuencia, la Entidad no solo omitió desarrollar una evaluación objetiva de los

argumentos y documentos presentados por el Impugnante, sino que sustentó la pérdida de la buena pro en el incumplimiento de una exigencia documental cuya procedencia y alcance no fueron debidamente justificados. Ello evidencia una deficiencia en la motivación de la decisión impugnada, al no existir una explicación concreta y suficiente que permita establecer la relación entre los hechos advertidos, los requisitos exigibles para el perfeccionamiento del contrato y la consecuencia jurídica adoptada.

  • En ese sentido, cabe mencionar que la deficiencia advertida vulnera lo dispuesto en

el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, que reconoce la motivación como requisito esencial de validez del acto administrativo, entendida como la exposición clara y razonada de los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión adoptada, por lo que la ausencia de una motivación suficiente en la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M impidió al Impugnante conocer con precisión qué aspectos concretos conllevaron a la determinación de la pérdida de la buena pro. Por tales razones, la motivación como elemento esencial del acto para su validez, se explica por su estrecha vinculación con el derecho de defensa y el derecho al debido proceso, pues solo una decisión motivada permitirá al administrado tomar conocimiento claro, real y oportuno de los alcances del pronunciamiento que lo vincula, así como contar con la posibilidad efectiva de cuestionar las razones concretas que lo fundamentan, en ejercicio de su derecho de defensa o contradicción. En el ámbito de las decisiones adoptadas en un procedimiento de selección, resulta imperativo que el órgano competente para efectuar la conducción del mismo, ejerza el poder que le ha sido otorgado, respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a la información relativa al procedimiento de selección, para lo cual debe exponer las razones o justificaciones objetivas que lo llevaron a adoptar una determinada decisión, pues así los administrados tendrían la posibilidad de acceder y/o conocer directamente el sustento preciso y suficiente, en este caso de la declaratoria de pérdida de la buena pro, y de considerarlo pertinente, contradecir dichas actuaciones a través de la interposición de un recurso de apelación.

  • En este punto, debe tenerse en cuenta que el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la

LPAG establece que el defecto u omisión de la motivación constituye un vicio de nulidad del acto administrativo, lo cual acarrea su nulidad de pleno derecho, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación a los que se refiere el artículo 14. Precisamente, este último artículo contempla como vicios no trascendentes del acto que ameritan su conservación, los siguientes supuestos: (i) el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación, (ii) el acto emitido con una motivación insuficiente o parcial, (iii) el acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado y (iv) cuando se concluya indubitablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio y (v) los actos emitidos con omisión de documentación no esencial.

  • En el caso que nos ocupa, la motivación en la resolución impugnada es insuficiente,

toda vez que el acto mediante el cual se declaró la pérdida de la buena pro no desarrolla de manera clara, concreta y congruente las razones por las cuales la documentación presentada por el Impugnante para el perfeccionamiento del contrato resultaba insuficiente, ni explica cómo dicha circunstancia determinaba que el contrato no pudiera perfeccionarse por causa imputable a aquel. En efecto, la Entidad no ha identificado objetivamente en qué documento de la oferta se habría consignado la denominación “BRANSOMAR” como marca comercial del producto, ni ha explicado por qué la documentación presentada por el Impugnante no permitía verificar que “CASALI” correspondía al producto que fue materia de su oferta. Asimismo, tampoco ha desarrollado las razones por las cuales resultaba necesario exigir documentación adicional para acreditar dicha correspondencia, ni su vinculación con los requisitos establecidos en las bases integradas para el perfeccionamiento del contrato. Aunado a ello, se advierte que la Entidad no ha explicado de qué manera la supuesta falta de acreditación de la correspondencia entre la marca comercial y el fabricante demostraba que el Impugnante había modificado las condiciones de su oferta, aspecto que inicialmente sustentó la observación comunicada mediante Carta N° 045- 2026-SGA/MPH-M, pero que posteriormente fue abordado desde una perspectiva distinta en la resolución impugnada. En consecuencia, la decisión adoptada por la Entidad carece de una justificación suficiente que permita establecer una relación lógica y directa entre los hechos advertidos, la documentación presentada por el Impugnante, los requisitos exigibles para el perfeccionamiento del contrato y la consecuencia jurídica de declarar la pérdida de la buena pro. Por tanto, se evidencia una vulneración al deber de debida motivación de los actos administrativos, al no haberse expresado de manera suficiente las razones fácticas y jurídicas que justificaban la decisión adoptada.

  • Atendiendo al análisis realizado, este Colegiado considera que el vicio en que ha

incurrido la Entidad resulta trascendente y no puede ser objeto de conservación, al haberse quebrantado los requisitos de validez del acto administrativo previstos en el

artículo 3 del TUO de la LPAG, generar indefensión en los postores y afectar la

transparencia del procedimiento de selección.

  • En este contexto, corresponde señalar que el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley

prevé que procede la nulidad del procedimiento en los siguientes supuestos: a) cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, b) cuando contravengan las normas legales, c) cuando contengan un imposible jurídico, d) cuando prescindan de las normas esenciales del procedimiento y, e) cuando prescindan de la forma prescrita por la normativa aplicable, solo cuando esta sea insubsanable, mientras que el literal

  • numeral 70.2, dispone que el Tribunal, solo en los casos que conozca por

interposición de recurso de apelación, puede declarar la nulidad debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco.

  • En ese sentido, corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia

Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M pues adolece de vicios de nulidad trascendentes, al no encontrarse debidamente motivada, y como consecuencia de ello, dejar sin efecto la pérdida de la buena pro.

  • En ese orden de ideas, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 313.1 del

artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación en este extremo y, por su efecto, declarar nula y sin efecto la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026-GM/MPH-M, retrotrayéndose al momento anterior a su expedición, debiendo la Entidad, verificar que los documentos presentados por el Impugnante, para el perfeccionamiento del contrato, correspondan a aquellos exigidos en las bases integradas, luego de lo cual, corresponderá proceder con el perfeccionamiento del contrato. Sin perjuicio de ello, la Entidad deberá verificar si, como consecuencia de la retroacción del procedimiento al momento anterior a la expedición de la citada resolución, aún resulta jurídicamente posible continuar con el perfeccionamiento del contrato dentro de los plazos previstos en el artículo 90 del Reglamento y de ser el caso, actuar conforme a sus competencias y atribuciones. Cabe precisar que, conforme al numeral 41.4 del artículo 41 de la Ley, las actuaciones y actos realizados en la plataforma digital tienen la misma validez y eficacia que aquellos realizados por medios manuales y se entienden notificados el mismo día de su publicación.

  • Ahora bien, respecto a lo señalado por el Impugnante mediante escrito presentado el

27 de octubre de 2026, sobre los hechos sobrevinientes ocurridos durante la tramitación de las apelaciones interpuestas correspondientes a los expedientes N° 4387/2026.TCP, 6155/2026.TCP y 7399/2026 (el presente expediente) que inciden directamente en la subsistencia de la necesidad y de la existencia de crédito presupuestario que sustentan la contradicción materia de apelación. Al respecto, cabe precisar que el análisis efectuado por esta Sala se circunscribe a las pretensiones y cuestionamientos formulados en el recurso de apelación, en el marco de las competencias atribuidas a este Tribunal y atendiendo a la controversia sometida a su conocimiento. En ese sentido, los hechos sobrevinientes comunicados por el Impugnante constituyen aspectos cuya verificación y evaluación corresponde a la Entidad, en el marco de sus competencias y conforme a las disposiciones previstas en la normativa de contratación pública. Por tanto, la decisión que se emita en el presente procedimiento no supone un pronunciamiento sobre tales circunstancias, ni exime a la Entidad de evaluar sus implicancias respecto de la continuidad del procedimiento y el eventual perfeccionamiento del contrato.

  • Finalmente, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo

315 del Reglamento, y toda vez que este Tribunal declarará fundado el recurso de apelación, corresponde devolver la garantía otorgada por el Impugnante al interponer su recurso de apelación.

  • Cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE2. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Erick Joel Mendoza Merino, y con la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025- OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

  • Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa Industrias de

Alimentos del Perú S.A.C., en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 2-2026- MPH-M/DEC-1, convocada por la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana, para la “Contratación de bienes o servicios comunes adquisición de alimentos para el programa de complementación alimentaria (PCA - comedores y ollas) y el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC), de la 2 n) Registro de la resolución que resolvió el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana, periodo 2026”. En consecuencia, corresponde: 1.1 Declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 44-2026- GM/MPH-M, que declaró la pérdida de la buena pro otorgada a la empresa Industrias de Alimentos del Perú S.A.C., retrotrayéndose al momento anterior a su expedición, debiendo la Entidad, verificar que los documentos presentados por el Impugnante, para el perfeccionamiento del contrato, correspondan a aquellos exigidos en las bases integradas, luego de lo cual, corresponderá proceder con el perfeccionamiento del contrato, conforme a los fundamentos expuestos.

  • Devolver la garantía presentada por el postor Industrias de Alimentos del Perú S.A.C.,

para la interposición de su recurso de apelación.

  • Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE- CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

  • Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

Resolución N.° 9553-2026-TCP-S2 | Documentos Regulatorios · LinkContrata