Documento regulatorio
Resolución N.° 9552-2026-TCP-S6
Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Santa Rosa, integrado por las empresas Proyectos Rotana S.A.C. e Ica Grupo Contratistas Generales S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Abre...
- Tipo
- No clasificado
- Fecha
- 02/11/2026
- Fuente
- gob.pe/oece/normas-legales
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Sumilla: “(…) se ha quebrantado el principio de presunción de veracidad, previsto en el literal e) del artículo 5 de la Ley, toda vez que el Consorcio Adjudicatario presentó un documento cuyo contenido no se encuentra acorde con la realidad respecto del cargo ejercido por el señor Alejandro Alberto Benites Moreno.” Lima, 2 de noviembre de 2026. VISTO, en sesión del 2 de noviembre de 2026 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7524/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Santa Rosa, integrado por las empresas Proyectos Rotana S.A.C. e Ica Grupo Contratistas Generales S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 006-2026-MPS/CS Primera Convocatoria, convocado por la Municipalidad Provincial de Sihuas, y atendiendo a lo siguiente;
- ANTECEDENTES:
- El 14 de setiembre de 2026, la Municipalidad Provincial de Sihuas, en adelante la
Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 006-2026-MPS/CS Primera Convocatoria, para la “Contratación para la ejecución de la obra: Mejoramiento de servicios de espacios públicos urbanos en la plaza de Sihuas Histórico del distrito de Sihuas de la provincia de Sihuas del departamento de Áncash, CUI 2626576”, con una cuantía de S/ 1,260,947.81 (un millón doscientos sesenta mil novecientos cuarenta y siete con 81/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias. El 25 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas electrónicas y, el 28 del mismo mes y año, se publicó a través del SEACE el otorgamiento de la buena pro en favor del Consorcio Histórico, integrado por las empresas Constructora D. Wasichay E.I.R.L. y Dambez Company E.I.R.L., en adelante el Consorcio Adjudicatario, de acuerdo a lo siguiente: Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado CONSORCIO HISTÓRICO 1,197,900.42 103.53 1 Calificado CONSORCIO CHASQUI 1,197,900.42 88.10 2 Calificado CONSORCIO SANTA ROSA - - - Descalificado CONSORCIO HUASCARAN - - - Descalificado
- Mediante Escrito N° 01 presentado el 9 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes
del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado mediante Escrito N° 02 y Escrito S/N presentados el 13 del mismo mes y año, el Consorcio Santa Rosa, integrado por las empresas Proyectos Rotana S.A.C. e Ica Grupo Contratistas Generales S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando: i) que se revoque la descalificación de su oferta y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro; ii) que se declare no admitida y/o descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario; iii) que se descalifique la oferta del segundo lugar en el orden de prelación; y iv) que se le otorgue la buena pro. Para dichos efectos, el Consorcio Impugnante expuso los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta 2.1. Indica que el Comité le asignó cero (0) puntos en el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”, al considerar, mediante la Nota N° 02 del cuadro de evaluación técnica, que la experiencia correspondiente a la obra “Remodelación de campo menor (multideportivo recreativo) en el parque recreacional infantil de Nasca”, con CUI N° 2509327, pertenecía a la subespecialidad “Establecimientos o espacios deportivos” y no a la de “Espacios públicos y recreacionales”, conforme a la Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01. Al respecto, sostiene que dicha decisión no contiene un análisis individualizado de las características, metas, componentes y partidas de la obra, por lo que solicita que se evalúe integralmente su expediente técnico y se reconozca su correspondencia con la subespecialidad exigida en las bases integradas. 2.2. Sostiene que la obra ejecutada para la Municipalidad Provincial de Nasca corresponde a la remodelación de un parque recreacional infantil y no a un establecimiento deportivo, pues comprende la recuperación de una piscina para niños, juegos acuáticos y mecánicos, mobiliario urbano, pisos, veredas, áreas verdes, cerco perimétrico, servicios higiénicos y otras instalaciones destinadas al esparcimiento de la población. Además, señala que el Contrato N° 025-2022-SGLGSG-GAF/MPN, del 18 de enero de 2022, identifica expresamente el parque recreacional infantil como espacio intervenido y que la ficha del Banco de Inversiones del Invierte.pe clasifica el proyecto como “Espacios públicos para el esparcimiento y recreación”. En ese sentido, invoca el numeral 72.3 del artículo 72 y el numeral 157.3 del artículo 157 del Reglamento de la Ley N° 32069, así como el Acuerdo de Sala Plena N° 002- 2023/TCE, para sostener que la clasificación debe atender al tipo y objeto integral de la obra, y no únicamente a uno de sus componentes. 2.3. Indica que, de reconocerse la experiencia de la Municipalidad Provincial de Nasca, cuyo monto facturado asciende a S/ 1,098,290.44, el monto acumulado de las experiencias presentadas alcanzaría S/ 3,992,562.28, superando el umbral de S/ 3,782,843.43 previsto en las bases integradas para obtener treinta y cinco (35) puntos en el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”. Por ello, solicita que se revoque la asignación de cero (0) puntos y se otorguen treinta y cinco (35) puntos, con lo cual su oferta alcanzaría noventa y ocho (98) puntos en la evaluación técnica. 2.4. De manera subordinada, sostiene que, aun cuando no se reconozca la experiencia de la Municipalidad Provincial de Nasca, las demás experiencias presentadas, que no fueron cuestionadas, acumulan S/ 2,894,271.85, monto que supera el umbral de S/ 2,521,895.62 y permite obtener quince (15) puntos. En consecuencia, señala que el Comité no debió asignarle cero (0) puntos por el cuestionamiento de una sola experiencia, pues correspondía evaluar el monto acumulado de las restantes. Por ello, solicita que se le otorguen quince (15) puntos y se determine un puntaje técnico total de setenta y ocho (78) puntos, que le permita continuar con la evaluación económica. Sobre los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario Cuestionamientos a la admisión del Consorcio Adjudicatario - promesa formal de consorcio 2.5. Indica que la Promesa de Consorcio presentada por el Consorcio Adjudicatario, integrada por Constructora D. Wasichay E.I.R.L. y Dambez Company E.I.R.L., contiene una contradicción en la distribución de responsabilidades, pues atribuye a la primera empresa la condición de “único y exclusivo responsable de las causas que determinen la resolución de contrato”, mientras que la segunda asume expresamente la ejecución de la obra. Sostiene que dicha estipulación genera incertidumbre sobre el alcance de las obligaciones de los integrantes y pretende concentrar en uno de ellos las consecuencias del incumplimiento contractual, pese a que ambos deben responder solidariamente frente a la Entidad conforme al numeral 2.3.13 del Capítulo II de las bases integradas. 2.6. Asimismo, invoca la Resolución N° 8947-2026-TCP-S3, cuyos fundamentos 34 al 42 establecen que la atribución exclusiva de responsabilidad económica a uno de los consorciados resulta incompatible con la responsabilidad solidaria prevista en las bases integradas y no puede excluir al otro integrante de las responsabilidades que le corresponden frente a la Entidad. En ese sentido, sostiene que la Promesa de Consorcio no permite determinar de manera coherente las responsabilidades asumidas por sus integrantes y que la estipulación cuestionada no constituye una mera distribución interna de obligaciones, sino una cláusula incompatible con las reglas del procedimiento. Por ello, solicita que la oferta del Consorcio Adjudicatario sea declarada no admitida y se revoque el otorgamiento de la buena pro. Cuestionamientos a la calificación del Consorcio Adjudicatario - experiencia del personal clave residente de obra 2.7. Respecto del Acta de Recepción de Obra y la Conformidad de Consultoría en Supervisión de Obra correspondientes a la obra “Mejoramiento del área recreativa de la I.E. del caserío Icchal, distrito de Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad”, presentadas para acreditar la experiencia de Alejandro Alberto Benites Moreno, indica que el acta identifica al profesional en el campo “Inspector o Supervisor”, pero no acredita fehacientemente el periodo efectivo de ejercicio del cargo. Asimismo, señala que la conformidad de consultoría no permite establecer, por sí sola, que el profesional desempeñó el cargo específico exigido en las bases integradas. Para sustentar su cuestionamiento, invoca la Resolución N° 3990-2026-TCP-S5 y la Resolución N° 0007-2018-TCE-S3, que desarrollan los criterios de acreditación fehaciente del periodo de experiencia del personal clave y precisan que las actas de recepción de obra no acreditan, por sí solas, el ejercicio efectivo e ininterrumpido de un cargo durante un periodo determinado. 2.8. Sobre la Constancia de Trabajo emitida por la Municipalidad Distrital de Alfonso Ugarte, correspondiente a la construcción del techo de la capilla del cementerio del caserío del Porvenir, indica que acredita que Alejandro Alberto Benites Moreno se desempeñó como inspector de obra entre el 3 de julio y el 15 de setiembre de 2018. Sin embargo, sostiene que dicha experiencia no corresponde a la subespecialidad de espacios públicos y recreacionales, debido a que su objeto es la construcción de una infraestructura destinada a una capilla, por lo que no resulta válida para acreditar la experiencia exigida. 2.9. Respecto de la Constancia de Trabajo emitida por la Municipalidad Distrital de Curgos, correspondiente al proyecto “Creación de servicio recreativo y deportivo en los centros poblados de Casa Blanca y Huayllagual, distrito de Curgos - Sánchez Carrión - La Libertad”, indica que Alejandro Alberto Benites Moreno se desempeñó como ingeniero supervisor de obra entre el 2 de octubre y el 16 de diciembre de 2018. No obstante, sostiene que la sola denominación del proyecto no permite determinar que corresponda a la subespecialidad de espacios públicos y recreacionales, por lo que debe contrastarse su objeto y alcance con la clasificación oficial aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01. En consecuencia, considera que esta experiencia no resulta válida. 2.10. Sobre la Constancia de Conformidad de Consultoría de Obra correspondiente al proyecto “Mejoramiento de la infraestructura turística- plaza de armas, cementerio y principales lugares turísticos del distrito de Huandoval, provincia de Pallasca, Áncash”, señala que el documento identifica a Alejandro Alberto Benites Moreno como responsable de la ejecución de la obra, pero no precisa el cargo específico desempeñado ni las funciones realizadas. Además, indica que su contenido es ilegible y no permite validar el periodo de experiencia, por lo que no resulta idóneo para acreditar el requisito exigido. 2.11. Respecto del Certificado de Trabajo emitido por el Consorcio El Dorado, correspondiente a la obra “Remodelación de espacio de recreación pasiva; en el (la) Mz. D Lote 1 del H.T.P. El Dorado, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Áncash”, con CUI N° 2630052, sostiene que contiene información inexacta sobre el periodo de experiencia de Alejandro Alberto Benites Moreno, propuesto como ingeniero residente de obra. Indica que, según la información consultada en el sistema INFOBRAS, el asiento del cuaderno de obra registra que el supervisor verificó la culminación de la ejecución el 25 de noviembre de 2024, mientras que el certificado consigna labores hasta el 20 de enero de 2025. Por ello, sostiene que existe una contradicción objetiva entre el documento presentado y la información pública de la obra, que impide determinar fehacientemente el periodo real de prestación y no puede ser subsanada mediante presunciones del Comité.
2.12. Asimismo, invoca la Resolución N° 04881-2026-TCP-S4, cuyos fundamentos 29 y 49 desarrollan los criterios sobre información inexacta y la exigencia de preservar los principios de integridad y presunción de veracidad en la contratación pública. En ese sentido, sostiene que la información cuestionada incide directamente en la acreditación de la experiencia del residente de obra y que su eventual subsanación implicaría modificar sustancialmente la oferta. Por ello, solicita que se descalifique la oferta del Consorcio Histórico por la presentación de documentación con información inexacta. 2.13. Finalmente, respecto del Certificado de Trabajo correspondiente al proyecto “Mejoramiento de los espacios recreativos en el Complejo Deportivo Tambo Trujillo”, ubicado en la urbanización El Bosque, distrito de Trujillo, señala que acredita la experiencia de Alejandro Alberto Benites Moreno como ingeniero residente de obra entre el 6 de mayo y el 23 de noviembre de 2017. Sin embargo, sostiene que el proyecto está vinculado directamente con un complejo deportivo y que la inclusión del término “recreativos” no permite considerarlo automáticamente comprendido en la subespecialidad de espacios públicos y recreacionales. Por ello, solicita que dicha experiencia no sea validada y que, al no cumplir el Consorcio Histórico con los requisitos exigidos en las bases integradas, se descalifique su oferta. Sobre los cuestionamientos a la oferta del segundo lugar en el orden de prelación Cuestionamientos sobre la experiencia del postor en la especialidad Experiencia N° 1 2.14. Indica que el Consorcio Chasqui presentó, para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, el contrato, el contrato de consorcio, el acta de inicio y el acta de recepción de obra; sin embargo, sostiene que esta última no acredita por sí sola el monto final efectivamente ejecutado, pues no necesariamente contiene información financiera suficiente para determinarlo fehacientemente. Para sustentar su cuestionamiento, invoca la Resolución N° 1269-2022-TCE-S4, el Acuerdo de Sala Plena N° 002- 2023/TCE, la Resolución N° 2992-2025-TCP-S1 y la Resolución N° 5484-2025- TCP-S4, que establecen que el monto computable debe desprenderse de la documentación presentada y corresponder al importe total efectivamente ejecutado, sin que el órgano evaluador tenga que efectuar presunciones o deducciones. En consecuencia, solicita que la Experiencia N° 1 no sea validada.
Experiencia N° 3 2.15. Respecto de la Experiencia N° 3, señala que el Consorcio Chasqui presentó el contrato, el contrato de consorcio, el presupuesto, el acta de inicio y el acta de recepción de obra, pero sostiene que dichos documentos no permiten verificar fehacientemente el monto final ejecutado. En ese sentido, reitera los criterios desarrollados en la Resolución N° 1269-2022- TCE-S4, el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2023/TCE, la Resolución N° 2992- 2025-TCP-S1 y la Resolución N° 5484-2025-TCP-S4, conforme a los cuales la experiencia solo puede computarse cuando la documentación acredita que la obra fue concluida y permite determinar el monto total ejecutado. Por ello, solicita que esta experiencia no sea validada y señala que, al contar únicamente con la Experiencia N° 2 validada, el Consorcio Chasqui no alcanzaría a acreditar el requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad, por lo que correspondería descalificar su oferta. Cuestionamientos sobre el personal clave residente de obra del segundo lugar en el orden de prelación 2.16. Finalmente, respecto de las experiencias N° 6 y N° 7 del residente de obra propuesto por el Consorcio Chasqui, indica que estas fueron acreditadas mediante una liquidación técnica de obra y una orden de servicio, documentos que, a su criterio, no permiten acreditar fehacientemente el periodo efectivo de prestación en el cargo. En consecuencia, sostiene que dichas experiencias no deben ser validadas y que, al no cumplirse los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas, corresponde descalificar la oferta del Consorcio Chasqui. Sobre el otorgamiento de la buena pro 2.17. Indica que, de reconocerse la experiencia de la Municipalidad Provincial de Nasca, su oferta alcanzaría noventa y ocho (98) puntos en la evaluación técnica y podría acceder a la evaluación económica, en la que obtendría cien (100) puntos, al coincidir su oferta económica de S/ 1,197,900.42 con la del Consorcio Adjudicatario. Sostiene que, al producirse un empate en el puntaje total, corresponde aplicar el criterio de desempate referido a las empresas promocionales de personas con discapacidad, pues el Consorcio Adjudicatario no habría adjuntado la planilla de pago correspondiente al mes anterior a la fecha de postulación, por lo que no acreditaría dicha condición, mientras que el Consorcio Impugnante sí la acreditaría. Para sustentar este argumento, invoca la Resolución N° 1489-2022-TCE-S3 y el
artículo 56 de la Ley N° 32069. En consecuencia, solicita que se revoque la
buena pro otorgada al Consorcio Histórico y se le otorgue a su representada; subsidiariamente, solicita que, de no acreditarse la condición de empresa promocional por ninguno de los consorcios, el empate se resuelva mediante sorteo.
- A través del Decreto del 14 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de
apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, el cual fue notificado a través del Toma Razón Electrónico del SEACE de la PLADICOP en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP o remita, de ser el caso, el informe técnico legal correspondiente indicando su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 20 de octubre de 2026 a las 12:00 horas.
- Mediante Escrito N° 01-2026 presentado el 19 de octubre de 2026 ante el Tribunal,
el Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, indicando principalmente lo siguiente: 4.1. Respecto del cuestionamiento a la Promesa de Consorcio del Consorcio Histórico, indica que los argumentos del Consorcio Impugnante carecen de sustento técnico y legal, pues considera que su representada ha cumplido las exigencias establecidas en las bases integradas para la participación en consorcio. 4.2. Por otro lado, respecto de la Promesa de Consorcio del Consorcio Impugnante, sostiene que Proyectos Rotana S.A.C. asume la responsabilidad de no incurrir en la infracción consistente en ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, mientras que Ica Grupo Contratistas Generales S.A.C. asume, entre otras obligaciones, la ejecución y liquidación de la obra y la ejecución del contrato. 4.3. En ese sentido, sostiene que, si la distribución de responsabilidades contenida en la Promesa de Consorcio del Consorcio Histórico determina la no admisión de su oferta, el mismo criterio debe aplicarse al Consorcio Santa Rosa, debido a que su promesa también distribuye obligaciones entre sus integrantes y atribuye a uno de ellos la responsabilidad relacionada con las causas que ocasionen la resolución del contrato. 4.4. Asimismo, indica que las bases integradas, en el apartado referido a la participación en consorcio y en el numeral 2.3.3, establecen las condiciones y el contenido de la promesa de consorcio, y sostiene que su representada cumplió dichas exigencias. Por ello, solicita que se desestimen los cuestionamientos formulados contra su oferta. 4.5. En consecuencia, solicita que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante y se descalifique su oferta, al considerar que sus cuestionamientos también evidencian incumplimientos que justificarían ello.
- Mediante Informe Técnico – Legal de la Entidad N° 001-20226-MPS/CS-1
registrado en el SEACE el 19 de octubre de 2026 ante el Tribunal, la Entidad expresó su opinión técnico legal respecto del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, expresando lo siguiente: Sobre la descalificación del Consorcio Impugnante 5.1. Respecto del cuestionamiento a la experiencia adicional del postor en la especialidad correspondiente a la obra “Remodelación de campo menor (multideportivo recreativo); en el (la) parque recreacional infantil de Nasca, distrito de Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica”, con CUI N° 2509327, acreditada mediante el Contrato N° 025-2022-SGLGSG-GAF/MPN, sostiene que las Bases Integradas exigían que la experiencia correspondiera a la subespecialidad de “Espacios Públicos y Recreacionales”; sin embargo, considera que la denominación de la obra evidencia que comprende un componente multideportivo, propio de la subespecialidad “Establecimientos o espacios deportivos”, conforme a la clasificación establecida en la Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01. 5.2. Asimismo, indica que el hecho de que la infraestructura se encuentre ubicada dentro de un parque recreacional infantil no modifica la naturaleza de las prestaciones ejecutadas. Agrega que el Consorcio Impugnante no presentó presupuestos desagregados, metrados analíticos, liquidación aprobada u otra documentación que permita identificar y determinar el valor económico correspondiente exclusivamente a los componentes de espacios públicos y recreacionales. Por ello, sostiene que no correspondía presumir ni calcular qué porcentaje del monto contractual podía considerarse válido para la subespecialidad requerida. Finalmente, señala que el Tribunal no puede revisar, reevaluar o complementar la documentación de la oferta con información que el postor no presentó oportunamente, pues ello afectaría los principios de igualdad de trato, transparencia y trato justo en perjuicio de los demás participantes. Sobre los cuestionamientos contra la oferta del Consorcio Adjudicatario 5.3. Respecto al cuestionamiento contra la Promesa de Consorcio del adjudicatario, sostiene que su oferta fue correctamente admitida, debido a que su Promesa de Consorcio, obrante a folios 41 y 42, cumple con las exigencias previstas en los artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 5.4. Indica que dicho documento identifica a sus integrantes, representante común, domicilio legal común, porcentajes de participación de 22% y 78%, respectivamente, y las obligaciones asumidas por cada consorciado. Asimismo, señala que ambos integrantes asumieron conjuntamente la responsabilidad de ejecutar la obra y que, por tanto, cumplen con el compromiso de participar materialmente en la ejecución de las prestaciones. 5.5. En cuanto a la cláusula que atribuye a Constructora D. Wasichay E.I.R.L. la responsabilidad exclusiva por las causas que determinen la resolución del contrato, sostiene que esta constituye un acuerdo interno de distribución de riesgos, costos y contingencias financieras entre los consorciados, válido en el ámbito de sus relaciones privadas. Sin embargo, precisa que dicho acuerdo no puede oponerse a la Entidad ni limitar la responsabilidad solidaria de los integrantes del consorcio frente a esta. En ese sentido, indica que la responsabilidad solidaria es automática e indisponible para las partes, por lo que cualquier distribución interna de responsabilidades carece de eficacia para excluirla o restringirla. Por ello, considera que la cláusula cuestionada no genera contradicción jurídica ni técnica que afecte la validez de la Promesa de Consorcio del adjudicatario. 5.6. Adicionalmente, cuestiona que el Consorcio Impugnante formule dicha observación contra su competidor, pues sostiene que su propia Promesa de Consorcio, presentada como Anexo N° 4, contiene una distribución de obligaciones similar. Al respecto, indica que Proyectos Rotana S.A.C., pese a contar con una participación consignada en el documento de 7%, asume la responsabilidad por la gestión, documentación, garantías, obligaciones económicas, financieras, tributarias, laborales, legales y por los incumplimientos contractuales de todos los integrantes; mientras que ICA Grupo Contratistas Generales S.A.C., con una participación del 93%, asume la ejecución y liquidación de la obra, así como el aporte de experiencia del postor. En consecuencia, sostiene que el impugnante no puede considerar inválida la distribución interna de responsabilidades del adjudicatario cuando su propia promesa contiene una estipulación de naturaleza semejante. 5.7. Respecto de la experiencia N° 01 del Consorcio Adjudicatario, indica que el consorcio adjudicatario presentó el Contrato N° 002-2023-UE 009 La Libertad, junto con su respectiva Acta de Recepción de Obra. Sostiene que el Capítulo IV de las Bases Integradas permite acreditar la experiencia del postor mediante contratos acompañados de sus respectivas actas de recepción de obra, resoluciones de liquidación, constancias de prestación u otros documentos que demuestren fehacientemente la culminación de la obra. Por tanto, considera que el consorcio adjudicatario presentó documentación expresamente admitida por las Bases Integradas. 5.8. Asimismo, informa que el Acta de Recepción de Obra, el Contrato N° 002- 2023-UE 009 La Libertad, al Consorcio Takaynamo como contratista ejecutor y un monto contractual de S/ 2 369 014.92, incluido IGV, bajo las modalidades de suma alzada y llave en mano, con un plazo de ejecución de 180 días calendario. Añade que el acta fue emitida por la Unidad Ejecutora 009 y acredita que la obra fue ejecutada, culminada y recibida por la Entidad. 5.9. Respecto de la experiencia N° 03 del Consorcio Adjudicatario, sostiene que el consorcio impugnante incurre en un formalismo al cuestionar la documentación presentada por el Consorcio Adjudicatario, pues este adjuntó el Contrato N° 0017-2023-UE 008 Proyectos Especiales, correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 005-2023-UE008PE, tercera convocatoria, junto con su respectiva Acta de Recepción de Obra. 5.10. Asimismo, indica que el Acta de Recepción de Obra deja constancia de que las observaciones formuladas el 29 de enero de 2024 y reiteradas mediante el Acta de Persistencia de Observaciones del 14 de marzo de 2025 fueron levantadas y subsanadas satisfactoriamente, conforme al numeral 208.9 del
artículo 208 del Reglamento. Añade que el documento identifica el CUI N°
2456690, la modalidad de suma alzada y un monto contractual de S/ 2 715 223.67, incluido IGV. Por ello, considera que el acta acredita la culminación de la obra y que la documentación presentada por el consorcio adjudicatario cumple con las exigencias de las Bases Integradas.
Cuestionamientos adicionales a la oferta del Consorcio Impugnante 5.11. Respecto de la experiencia del residente de obra propuesto por el consorcio impugnante, señala que, luego de revisar los cuestionamientos formulados por este contra la experiencia del residente propuesto por el Consorcio Adjudicatario, también examinó la documentación presentada para acreditar la experiencia de su propio residente, el ingeniero Paul Yervo Vargas Vigo. Al respecto, indica que las Bases Integradas permiten acreditar la experiencia del personal clave mediante contratos acompañados de su respectiva conformidad o cualquier otra documentación que demuestre fehacientemente dicha experiencia. No obstante, formula las siguientes observaciones:
- En primer lugar, cuestiona la experiencia acreditada mediante el Acta de
Entrega de Terreno y el Acta de Recepción de Obra de la obra “Mejoramiento del servicio recreativo en el parque Virgen de Fátima en la Urb. Los Cedros, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad”. Al respecto, sostiene que, aplicando el mismo criterio invocado por el consorcio impugnante contra la experiencia del residente del consorcio adjudicatario, dichos documentos no serían suficientes para acreditar el periodo durante el cual el ingeniero Paul Yervo Vargas Vigo ejerció efectivamente el cargo de residente de obra. La Entidad identifica que el Acta de Entrega de Terreno está fechada el 6 de julio de 2010 y que el Acta de Recepción de Obra consigna como contratista a Constructora Puquio E.I.R.L. y un plazo de ejecución de 45 días calendario. Por ello, considera que esos documentos no acreditan, por sí solos, el periodo efectivo de desempeño del profesional.
- En segundo lugar, cuestiona el certificado de trabajo presentado para
acreditar la experiencia del referido profesional en la obra “Creación del servicio recreativo en el parque recreativo en el sector Natasha Alta, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad”. Indica que el documento señala como emisor al Consorcio Natasha Alta y consigna a Luis Alberto Cueva Sifuentes como su representante legal; sin embargo, advierte que el sello y la firma que aparecen en el certificado corresponden a dicha persona en calidad de gerente general del Consorcio Chrisver S.A.C. En consecuencia, sostiene que existiría una discrepancia entre la persona jurídica identificada como emisora y aquella a la que correspondería la firma y el sello del documento, lo que, a su criterio, comprometería la veracidad de la información presentada.
- En tercer lugar, la Entidad cuestiona la documentación presentada para
acreditar la experiencia del ingeniero Paul Yervo Vargas Vigo en distintas obras. Así, respecto del documento obrante en el folio 168, referido a la obra “Mejoramiento del complejo deportivo y recreativo en el lote 1, Mz. 6 del AA.HH. Los Pinos, del distrito de La Esperanza, Trujillo-La Libertad”, señala que presenta deficiencias de legibilidad. Asimismo, menciona los documentos de los folios 173, 176 y 180, correspondientes a una conformidad de prestación de servicios de consultoría y un certificado de trabajo, y cuestiona que estos permitan acreditar la experiencia en la especialidad y subespecialidad exigidas en las Bases Integradas. En esa misma línea, observa el certificado obrante en el folio 186, referido a la obra “Creación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en complejo polideportivo del centro poblado Lagunas de San Pablo, distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, departamento de Piura”, con CUI N° 2617765, emitido el 21 de diciembre de 2025. Sobre este último documento, sostiene que la experiencia acreditada no corresponde a la subespecialidad requerida en las Bases Integradas. 5.12. De otro lado, la Entidad formula observaciones a la experiencia del profesional propuesto como especialista en seguridad y salud ocupacional (SOMA), Lening Russbel Domínguez Quiroz. Al respecto, cuestiona dos certificados de trabajo presentados para acreditar su experiencia:
- Certificado de trabajo emitido el 11 de julio de 2025 por Linder Acuña
Galindos, en calidad de titular-gerente de Corporation Galindos Group E.I.R.L., con RUC N° 20600167571, a favor de Lening Russbel Domínguez Quiroz, por su desempeño como ingeniero de seguridad en la obra “Creación del centro de comercialización en la ciudad de Pataz del distrito de Pataz, provincia de Pataz, departamento de La Libertad - II etapa”. Indica que el documento consigna dos periodos de prestación: del 2 de setiembre de 2024 al 21 de marzo de 2025 y del 5 de mayo al 10 de julio de 2025. Sin embargo, la Entidad indica que, al consultar el RUC N° 20600167571 en la plataforma de la SUNAT, identificó como titular a Grupo Galindos S.A.C., y no a Corporation Galindos Group E.I.R.L. Por ello, sostiene que existiría una discrepancia entre la persona jurídica que figura como emisora del certificado y la registrada ante la SUNAT.
- Certificado de trabajo presentado para acreditar la experiencia de Lening
Russbel Domínguez Quiroz como especialista en seguridad en obra y salud ocupacional en la obra “Creación del parque recreativo en la calle Buenos Aires en el asentamiento humano Dignidad Nacional del distrito de Mala, provincia de Cañete, departamento de Lima”, con CUI N° 2521961. La Entidad indica que el certificado identifica como emisor al Consorcio Piero, representado por Carlos Waldyr Cuya Mendoza; sin embargo, sostiene que la consulta del RUC N° 20600518110 arroja como titular a El Zeta Sociedad Anónima Cerrada, y no al Consorcio Piero. En consecuencia, considera que dicha diferencia genera dudas sobre la identificación del emisor y la veracidad de la documentación presentada.
- Mediante Escrito N° 03, el Consorcio Impugnante acreditó a sus representantes
para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada mediante Decreto de fecha 14 de octubre de 2026.
- El 20 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada
mediante decreto del 14 del mismo mes y año, con la participación de los representantes del Consorcio Impugnante y del Consorcio Adjudicatario.
- El 20 de octubre de 2026, la Entidad remitió ante el Tribunal el Informe Técnico –
Legal de la Entidad N° 001-20226-MPS/CS-1, registrado en el SEACE el 19 del mismo mes y año.
- Mediante Decreto del 20 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Consorcio
Adjudicatario y tuvo por acreditado a su representante para hacer uso de la palabra.
- Mediante Decreto del 20 de octubre de 2026, se efectuó un requerimiento de
información al Consorcio el Dorado, al señor Alejandro Benites Moreno y a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, a fin de determinar la veracidad del Certificado de Trabajo emitido el 7 de febrero de 2025, presentado en la oferta del Consorcio Adjudicatario.
- Mediante Carta N° 001-2026-CONSORCIO EL DORADO presentada ante el Tribunal
el 23 de octubre de 2026, el Consorcio el Dorado dio respuesta al requerimiento de información efectuado mediante Decreto del 20 del mismo mes y año.
- Mediante Decreto del 26 de octubre de 2026, se declaró listo para resolver el
expediente.
II. FUNDAMENTACIÓN:
- Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el
Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.
- Procedencia del recurso.
- El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan
entre la Entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (cuantía superior a 50 UIT).1 Licitación Pública Abreviada De Obras con una cuantía de S/ 1,260,947.81. Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente.
2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2 Contra el otorgamiento de la buena pro. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 El otorgamiento de la buena pro fue notificado a través del SEACE el 1 de octubre de 2026, teniendo los postores para impugnar dicho acto hasta el 9 de octubre de 2026. Se aprecia que el Consorcio Impugnante interpuso su recurso de apelación el 9 de octubre de 2026, subsanándolo el 13 del mismo mes y año. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente El recurso es suscrito por el señor Alexander Fidel Floriano Valerio, en calidad de representante común del Consorcio Impugnante, conforme a la promesa de consorcio adjunta en su oferta y en el recurso. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Consorcio Impugnante cuestiona expresamente la descalificación de su oferta. Sí Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro El Consorcio Impugnante buena pro; su oferta fue descalificada. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del
artículo 304 del Reglamento.
9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. El Consorcio Impugnante tiene interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la descalificación de su oferta. De otro lado, tiene interés para obrar y legitimidad procesal para cuestionar la oferta del postor que obtuvo el segundo lugar en el orden de prelación y del Consorcio Adjudicatario, en caso logre revertir su condición de descalificado. Sí
- Por las consideraciones expuestas, no se advierte la concurrencia de alguna de las
causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.
- Petitorio.
- El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal que:
✓ Se revoque la descalificación de su oferta y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. ✓ Se declare no admitida y/o descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario. ✓ Se descalifique la oferta del postor que ocuó el segundo lugar en el orden de prelación. ✓ Se le otorgue la buena pro.
- El Consorcio Adjudicatario solicita a este Tribunal que:
✓ Se declare infundado el recurso de apelación del Consorcio Impugnante. ✓ Se declare no admitida la oferta del Consorcio Impugnante.
- Fijación de puntos controvertidos.
- Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio
señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del
artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus
pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso”. Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.
- En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad
y a los demás postores el 14 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados por la decisión del Tribunal tenían hasta el 19 del mismo mes y año para absolverlo. Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que, mediante Escrito N° 01-2026 presentado el 19 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, por lo que, a efectos de determinar los puntos controvertidos, serán considerados los argumentos expuestos por el Consorcio Impugnante en su recurso de apelación y aquellos expuestos por el Consorcio Adjudicatario en su absolución del mismo. En ese sentido, los puntos controvertidos materia de análisis son los siguientes:
- Determinar si corresponde revocar la descalificación del Consorcio
Impugnante. ii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación del procedimiento de selección. iii. Determinar si corresponde declarar no admitida y/o descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario. iv. Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Consorcio Impugnante.
- Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Consorcio Impugnante.
- ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
Consideraciones previas:
- Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que
el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.
- Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.
- En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este
Tribunal se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación.
Primer punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la descalificación del Consorcio Impugnante.
- En el Acta de presentación, calificación, evaluación y otorgamiento de la buena
pro, el Comité no consideró válida la Experiencia N° 3 declarada por el consorcio impugnante, correspondiente al Contrato N° 025-2022-SGLGSG-GAF/MPN, para efectos de obtener puntaje en el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”. Ello, debido a que consideró que la obra “Remodelación de campo menor (multideportivo recreativo); en el (la) parque recreacional infantil de Nasca, distrito de Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica”, con CUI N° 2509327, no correspondía a la especialidad de edificaciones y afines ni a la subespecialidad de espacios públicos y recreacionales requeridas en las Bases Integradas.
- Frente a dicha decisión, el Consorcio Impugnante interpuso recurso de apelación,
sobre la base de los argumentos desarrollados en los antecedentes de la presente resolución (numeral 2). En ese sentido, el consorcio impugnante señala que, si bien cumplió con el requisito de calificación referido a la experiencia del postor en la especialidad, al no habérsele reconocido la Experiencia N° 3 para efectos del factor de evaluación antes mencionado, no alcanzó el puntaje técnico mínimo de setenta (70) puntos, exigido para acceder a la evaluación económica. Por tal motivo, su oferta fue descalificada.
- Al respecto, el numeral 4.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases
Integradas, referido al requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, estableció que los postores debían acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 260 974.82 (un millón doscientos sesenta mil novecientos setenta y cuatro con 82/100 soles). Por su parte, el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad” estableció que se otorgarían treinta y cinco (35) puntos a quien acreditara un monto facturado igual o superior a S/ 3 782 843.43 (tres millones setecientos ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y tres con 43/100 soles); quince (15) puntos a quien acreditara un monto menor a dicha cantidad, pero igual o soperior a S/ 2’521,895.62 (dos millones quinientos veintiún mil ochocientos noventa y cinco con 62/100 soles); y cinco (5) puntos a quien acreditara un monto menor a dicha cantidad pero igual o superior a S/ 1 260 947.81 (un millón doscientos sesenta mil novecientos cuarenta y siete con 81/100 soles). Asimismo, las Bases Integradas establecieron que la experiencia podía acreditarse, entre otros medios, mediante contratos y sus respectivas actas de recepción de obra.
- En relación con la Experiencia N° 3 declarada en el Anexo N° 11 de su oferta, el
consorcio impugnante presentó la siguiente documentación:
- El Contrato N° 025-2022-SGLGSG-GAF/MPN, suscrito el 18 de enero de 2022
entre la Municipalidad Provincial de Nasca y la empresa Ica Grupo Contratistas Generales S.A.C., integrante del consorcio impugnante, para la ejecución de la obra “Remodelación de campo menor (multideportivo recreativo); en el (la) parque recreacional infantil de Nasca, distrito de Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica”, con CUI N° 2509327.
- El Acta de Recepción de Obra, de fecha 12 de setiembre de 2022, mediante la
cual se dejó constancia de la recepción de la obra antes mencionada.
- La Resolución de Gerencia Municipal N° 243-2022-GM/MPN, de fecha 13 de
diciembre de 2022, mediante la cual se aprobó la liquidación del contrato de ejecución de la referida obra.
- Sobre el particular, el
consorcio impugnante sostiene en su recurso de apelación que la obra ejecutada no corresponde a un establecimiento o espacio deportivo, sino a la remodelación de un parque recreacional infantil. Para sustentar su posición, indica que la intervención comprendió la recuperación de una piscina para niños, juegos acuáticos y mecánicos, mobiliario urbano, pisos, veredas, áreas verdes, cerco perimétrico, servicios higiénicos y otras instalaciones destinadas al esparcimiento de la población. Asimismo, señala que el Contrato N° 025-2022-SGLGSG-GAF/MPN identifica expresamente como objeto de la intervención al parque recreacional infantil de Nasca y que la ficha del Banco de Inversiones del Invierte.pe clasifica el proyecto como “Espacios públicos para el esparcimiento y recreación”. En ese sentido, invoca los numerales 72.3 del artículo 72 y 157.3 del artículo 157 del Reglamento de la Ley N° 32069, así como el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2023/TCE, para sostener que la clasificación de la experiencia debe atender al objeto y a las características integrales de la obra, y no únicamente a uno de sus componentes. Finalmente, indica que, si se reconoce esta experiencia por el monto de S/ 1 098 290.44 (un millón noventa y ocho mil doscientos noventa con 44/100 soles), el monto acumulado de sus experiencias ascendería a S/ 3 992 562.28 (tres millones novecientos noventa y dos mil quinientos sesenta y dos con 28/100 soles), por lo que le corresponderían treinta y cinco (35) puntos en el factor de evaluación. De manera subordinada, solicita que se le otorguen quince (15) puntos por las demás experiencias que no fueron cuestionadas.
- La Entidad, en su Informe Técnico-Legal N° 001-20226-MPS/CS-1, registrado en el
SEACE el 19 de octubre de 2026, sostiene que la experiencia presentada corresponde a la subespecialidad “Establecimientos o espacios deportivos”, debido a que la propia denominación de la obra evidencia que comprende la remodelación de un campo menor multideportivo. Asimismo, indica que el hecho de que dicho campo se encuentre ubicado dentro de un parque recreacional infantil no modifica la naturaleza de las prestaciones ejecutadas. Agrega que el consorcio impugnante no presentó presupuestos desagregados, metrados analíticos, liquidación aprobada u otros documentos que permitan identificar y determinar el valor económico correspondiente exclusivamente a los componentes de espacios públicos y recreacionales. Por ello, considera que no corresponde presumir ni calcular qué porcentaje del monto contractual podría reconocerse como experiencia en la subespecialidad requerida. Finalmente, señala que el Tribunal no puede complementar la documentación de la oferta con información que el postor no presentó oportunamente, pues ello afectaría los principios de igualdad de trato, transparencia y trato justo.
- En ese contexto, este Colegiado considera que, para determinar si la Experiencia
N° 3 corresponde a la subespecialidad de espacios públicos y recreacionales, no resulta suficiente atender únicamente a que la obra se haya ejecutado dentro del parque recreacional infantil de Nasca o a que su denominación incluya la expresión “parque recreacional”. Corresponde examinar el objeto concreto de la intervención y las prestaciones efectivamente ejecutadas, a fin de establecer si estas guardan correspondencia con la tipología exigida en las Bases Integradas.
- Al respecto, la Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01, que aprueba la
clasificación de tipologías, contempla, entre otras, la tipología de “Espacios públicos para el esparcimiento y recreación” dentro de la subespecialidad “espacios públicos y recreacionales”. Sin embargo, la sola ubicación de una obra dentro de un espacio recreativo no determina que su objeto corresponda necesariamente a dicha tipología. Para ello, debe verificarse que las prestaciones ejecutadas estén vinculadas con la creación, mejoramiento o recuperación del espacio público destinado al esparcimiento y la recreación, y no únicamente con la intervención de una infraestructura o instalación específica que forme parte de aquel espacio público.
- En el presente caso, de la revisión del Contrato N° 025-2022-SGLGSG-GAF/MPN,
se advierte que su objeto fue la ejecución de la obra denominada “Remodelación de campo menor (multideportivo recreativo); en el (la) parque recreacional infantil de Nasca”. Es decir, aunque la intervención se encontraba ubicada dentro del parque recreacional infantil, el objeto contractual identifica de manera específica la remodelación de un campo menor multideportivo. Esta delimitación también se aprecia en la documentación presentada por el propio consorcio impugnante: el contrato, el Acta de Recepción de Obra del 12 de setiembre de 2022 y la Resolución de Gerencia Municipal N° 243-2022-GM/MPN, de fecha 13 de diciembre de 2022, que aprobó la liquidación de la obra; estos documentos identifican la intervención como la remodelación de dicho campo menor multideportivo. En particular, el acta de recepción y la resolución de liquidación no permiten advertir que el objeto ejecutado hubiera comprendido la intervención integral del parque recreacional infantil ni que se hubieran ejecutado prestaciones adicionales destinadas a la recuperación o mejoramiento de otros espacios públicos del parque.
- En efecto, lo que se observa es que el contrato delimita el objeto de la intervención
a la remodelación de un campo menor multideportivo; el Acta de Recepción de Obra acredita la recepción de esa obra; y la resolución de liquidación aprueba la liquidación del mismo contrato, sin que de su contenido se desprenda que la intervención hubiera comprendido otros componentes del parque recreacional, que pudieran modificar la naturaleza del objeto contractual.
- Por consiguiente, la ubicación de la obra dentro de un parque recreacional infantil
y la denominación general del lugar intervenido no desvirtúan que la prestación acreditada estuvo específicamente dirigida a la remodelación de un campo menor multideportivo, lo cual corresponde a la subespecialidad establecimientos o espacios deportivos. Tampoco corresponde presumir que la contratación comprendió la intervención integral del parque ni atribuirle prestaciones que no se encuentran acreditadas en los documentos presentados por el consorcio impugnante en su oferta.
- En consecuencia, este Colegiado considera que la documentación presentada para
acreditar la Experiencia N° 3 declarada, no corresponde a la subespecialidad de espacios públicos y recreacionales exigida en las Bases Integradas, sino a la de establecimientos o espacios deportivos.
- Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde precisar que la exclusión de la
Experiencia N° 3 no determina que el consorcio impugnante deba obtener cero puntos en el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”. En efecto, de la revisión del Acta de presentación, calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro, se advierte que el Comité únicamente cuestionó la Experiencia N° 3, correspondiente al Contrato N° 025-2022-SGLGSG- GAF/MPN, sin formular observaciones respecto de las demás experiencias declaradas en el Anexo N° 11. En ese sentido, al no haberse cuestionado su validez en el Acta de presentación, calificación, evaluación y otorgamiento de buena pro, corresponde considerar para el cálculo del puntaje, las experiencias N° 1, 2, 4, 5 y 6, aplicando los porcentajes de participación de los respectivos contratos de consorcio en los que participa la empresa ICA Grupo Contratistas Generales S.A.C., integrante del Consorcio Impugnante. Así, la Experiencia N° 1, correspondiente a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, asciende a S/ 468 512.46, con una participación del 100%; la Experiencia N° 2, correspondiente a la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, asciende a S/ 69 597.82, luego de aplicar el 50% de participación; la Experiencia N° 4, correspondiente a la Municipalidad Distrital de Mache, asciende a S/ 833 525.59, luego de aplicar el 61% de participación; la Experiencia N° 5, correspondiente a la Municipalidad Distrital de Cachicadán, asciende a S/ 1 238 963.40, luego de aplicar el 30% de participación; y la Experiencia N° 6, correspondiente a la Municipalidad Provincial de Julcán, asciende a S/ 283 672.58, luego de aplicar el 70% de participación. Por tanto, excluyendo la Experiencia N° 3, el monto facturado acumulado atribuible al Consorcio Impugnante asciende a S/ 2 894 271.84 (dos millones ochocientos noventa y cuatro mil doscientos setenta y uno con 84/100 soles).
- Ahora bien, de acuerdo con el factor de evaluación “Experiencia adicional del
postor en la especialidad” previsto en las Bases Integradas, corresponde otorgar quince (15) puntos cuando el monto facturado acumulado sea igual o superior a S/ 2 521 895.62 (dos millones quinientos veintiún mil ochocientos noventa y cinco con 62/100 soles), pero inferior a S/ 3 782 843.43 (tres millones setecientos ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y tres con 43/100 soles). En el presente caso, el monto de S/ 2 894 271.84 acreditado por el consorcio impugnante, aun excluyendo la Experiencia N° 3, supera el umbral mínimo establecido para la asignación de quince (15) puntos y es inferior al monto requerido para obtener treinta y cinco (35) puntos. En consecuencia, correspondía asignarle quince (15) puntos en dicho factor de evaluación y no cero (0) puntos, como consignó el Comité en el Acta de presentación, calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro.
- En ese sentido, considerando que en el Acta de presentación, calificación,
evaluación y otorgamiento de la buena pro se consignó que el consorcio impugnante obtuvo 63 puntos en la evaluación técnica, corresponde adicionar los 15 puntos que debieron asignársele por el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”. De este modo, obtiene un puntaje técnico total de 78 puntos, superior al mínimo de 70 puntos exigido en las Bases Integradas para acceder a la evaluación económica. Por tanto, corresponde revocar la descalificación de su oferta, y disponer que el Comité continúe con la evaluación de la misma.
- En consecuencia, corresponde declarar fundado el presente extremo del recurso
de apelación, revocar la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta del segundo lugar en el orden de prelación del procedimiento de selección.
- Al respecto, el consorcio impugnante cuestiona la calificación de la oferta del
Consorcio Chasqui, que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación del procedimiento de selección, conforme a los siguientes argumentos:
- Sobre el requisito de calificación «experiencia del postor en la especialidad»,
cuestiona las Experiencias N° 1 y 3 declaradas en el Anexo N° 11, conforme a los argumentos expuestos en los numerales 2.14 y 2.15 de los antecedentes.
- Sobre el requisito de calificación de experiencia del personal clave propuesto
como residente de obra, cuestiona las Experiencias N° 6 y 7, conforme a los argumentos expuestos en el numeral 2.16 de los antecedentes.
- Sin embargo, respecto de los cuestionamientos dirigidos contra las Experiencias
N° 6 y 7 del residente de obra propuesto por el Consorcio Chasqui, se advierte que estas no fueron consideradas por el Comité para determinar el cumplimiento del requisito de calificación correspondiente al personal clave. En consecuencia, dado que la calificación de la oferta no se sustentó en dichas experiencias, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los cuestionamientos formulados contra ellas.
- En ese sentido, corresponde analizar los cuestionamientos formulados por el
consorcio impugnante contra las Experiencias N° 1 y 3 presentadas por el Consorcio Chasqui para acreditar el requisito de calificación «Experiencia del postor en la especialidad». Sobre los cuestionamientos a la experiencia de postor en la especialidad
- El consorcio impugnante cuestiona las Experiencias N° 1 y 3 declaradas por el
Consorcio Chasqui en el Anexo N° 11, por considerar que la documentación presentada no permite determinar fehacientemente el monto final efectivamente ejecutado en cada contratación. Al respecto, cuestiona lo siguiente:
- Experiencia N° 3: Contrato N° 0017-2023-UE 008 Proyectos Especiales, de
fecha 27 de noviembre de 2023; Contrato de Consorcio Bicentenario; Acta de Inicio de Obra; y Acta de Recepción de Obra, de fecha 3 de junio de 2025.
- Experiencia N° 1: Contrato N° 002-2023-UE 009 La Libertad; Contrato de
Consorcio Takaynamo; Acta de Inicio de Obra; y Acta de Recepción de Obra, de fecha 14 de febrero de 2024.
- Al respecto, el Consorcio Impugnante sostiene que la documentación presentada
por el Consorcio Chasqui no permite determinar fehacientemente el monto total efectivamente ejecutado en cada obra. Para sustentar sus cuestionamientos, invoca la Resolución N° 1269-2022-TCE-S4, el Acuerdo de Sala Plena N° 002- 2023/TCE, la Resolución N° 2992-2025-TCP-S1 y la Resolución N° 5484-2025-TCP- S4, señalando que, conforme a los criterios desarrollados en dichos pronunciamientos, el monto computable debe desprenderse de la documentación presentada, la cual debe acreditar la culminación de la obra y permitir determinar el importe total ejecutado, sin recurrir a presunciones o deducciones por parte del órgano evaluador. En consecuencia, solicita que ambas experiencias no sean validadas y que, al no alcanzar el Consorcio Chasqui el monto mínimo exigido con la experiencia restante, se descalifique su oferta.
- Por su parte, la Entidad, mediante el Informe Técnico-Legal N° 001-20226-MPS/CS-
1, registrado en el SEACE el 19 de octubre de 2026, se pronunció sobre ambos cuestionamientos. Así, respecto de la experiencia correspondiente al Contrato N° 002-2023-UE 009 La Libertad, sostiene que el Consorcio Chasqui presentó dicho contrato junto con su respectiva Acta de Recepción de Obra, documentación que se encuentra expresamente prevista en las Bases Integradas para acreditar la experiencia del postor. Asimismo, indica que el acta identifica el CUI N° 2281822, al Consorcio Takaynamo como contratista ejecutor y un monto contractual de S/ 2 369 014.92, incluido IGV, bajo las modalidades de suma alzada y llave en mano, con un plazo de ejecución de 180 días calendario. Por otro lado, respecto del Contrato N° 0017-2023-UE 008 Proyectos Especiales, la Entidad señala que el Consorcio Chasqui presentó el contrato y su respectiva Acta de Recepción de Obra, la cual deja constancia de que las observaciones formuladas el 29 de enero de 2024 y reiteradas mediante el Acta de Persistencia de Observaciones del 14 de marzo de 2025 fueron levantadas y subsanadas satisfactoriamente, conforme al numeral 208.9 del artículo 208 del Reglamento. Añade que dicho documento identifica el CUI N° 2456690, la modalidad de suma alzada y un monto contractual de S/ 2 715 223.67, incluido IGV, por lo que considera que se encuentra acreditada la culminación de la obra.
- En este punto, cabe precisar que, en el primer punto controvertido, se han
expuesto las disposiciones de las Bases Integradas referidas a la acreditación del requisito de calificación «Experiencia del postor en la especialidad», de las cuales corresponde recordar que la experiencia puede acreditarse, entre otros medios, mediante contratos y sus respectivas actas de recepción de obra. Asimismo, cuando la experiencia proviene de una contratación ejecutada en consorcio, debe verificarse el porcentaje de participación del integrante cuya experiencia se pretende acreditar, para lo cual corresponde examinar la promesa o el contrato de consorcio, conforme a lo establecido en el numeral 2.3.7 de la sección general de las Bases Integradas.
- En ese sentido, respecto de la Experiencia N° 1 declarada en el Anexo N° 11, se
aprecia que el Consorcio Chasqui presentó el Contrato N° 0017-2023-UE 008 Proyectos Especiales, suscrito el 27 de noviembre de 2023 entre la Unidad Ejecutora 008: Proyectos Especiales del Pliego 003 del Ministerio de Cultura y el Consorcio Bicentenario, integrado por las empresas Inversiones y Proyectos Ucayali S.A.C. e IVAL Contratistas E.I.R.L., para la ejecución de la obra «Reparación de edificación y obras exteriores, construcción de baño o servicios sanitarios, adquisición de grupo electrógeno y museografía, en el (la) Monumento a los Vencedores de Junín, ubicado en la Pampa de Chacamarca, Casa Hacienda San Francisco de Chichausiri, distrito de Junín, provincia de Junín, departamento de Junín», con CUI N° 2456690. Asimismo, presentó el Contrato de Consorcio de Ejecución de Obra denominado «Consorcio Bicentenario», en cuya cláusula tercera se establece que Inversiones y Proyectos Ucayali S.A.C. asumió el 40% de las obligaciones e IVAL Contratistas E.I.R.L. el 60%. Si bien al aplicar este último porcentaje al monto contractual de S/ 2 715 223.67 se obtiene S/ 1 629 134.20, importe que coincide con el declarado en el Anexo N° 11, dicha coincidencia no permite verificar que ese haya sido el monto efectivamente ejecutado. En efecto, el Acta de Recepción de Obra consigna un adicional neto de S/ 10 470.79 y una disminución de S/ 16 947.28 por la Adenda N° 02; además, registra que, a diciembre de 2024, se había valorizado el 97.87% de la obra y que el 2.13% restante no había sido valorizado. Por tanto, el monto declarado en el Anexo N° 11 corresponde al 60% del monto contractual original, pero no guarda trazabilidad con el monto de ejecución que se desprende del Acta de Recepción de Obra.
- Por otro lado, respecto de la Experiencia N° 3 declarada en el Anexo N° 11, se
aprecia que el Consorcio Chasqui presentó el Contrato N° 002-2023-UE 009 La Libertad, suscrito el 15 de junio de 2023 para la ejecución de la obra «Construcción de infraestructura turística en el proyecto Recuperación de la Huaca Takaynamo del Complejo Arqueológico Chan Chan, distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad – IV etapa», con CUI N° 2281822. Asimismo, presentó el Contrato de Consorcio mediante el cual se constituyó el Consorcio Takaynamo, integrado por IVAL Contratistas E.I.R.L. y J2C Proyectos S.A.C., estableciéndose que la primera asumió el 85% de las obligaciones y la segunda el 15%; así como el Acta de Recepción de Obra de fecha 15 de febrero de 2024, en la que se identifica el referido contrato, al Consorcio Takaynamo como contratista ejecutor y un monto contractual de S/ 2 369 014.92, incluido IGV. Al respecto, se verifica que el 85% del monto contractual equivale a S/ 2 013 662.68, importe que coincide con el declarado en el Anexo N° 11. Asimismo, el Acta de Recepción de Obra consigna un adicional de S/ 203 228.34 y una deducción por el mismo importe, por lo que ambos conceptos se compensan y no modifican el monto contractual. En consecuencia, existe trazabilidad entre el monto declarado en el Anexo N° 11 y la documentación presentada.
- De este modo, se advierte que el Consorcio Chasqui presentó la documentación
exigida en las Bases Integradas para acreditar las experiencias cuestionadas, consistente en los contratos y las respectivas actas de recepción de obra, así como los contratos de consorcio correspondientes. Sin embargo, respecto de la Experiencia N° 1 declarada en el Anexo N° 11, no se ha podido verificar la trazabilidad entre el monto declarado y lo que se desprende del Acta de Recepción de Obra. Por ello, de conformidad con el criterio previsto en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2023/TCE4, dicha experiencia no puede ser considerada para acreditar el monto facturado del postor en la especialidad.
- Por otro lado, sí corresponde validar la Experiencia N° 3, por cuanto existe
correspondencia entre el monto declarado en el Anexo N° 11 y la documentación presentada para acreditarla. En consecuencia, para determinar la experiencia acreditada del Consorcio Chasqui, corresponde considerar los montos de las Experiencias N° 2 y N° 3, consignados en el Anexo N° 11, que ascienden a S/ 322 149.06 y S/ 2 013 662.68, respectivamente, cuya suma es S/ 2 335 811.74. Dicho importe supera el monto mínimo de S/ 1 260 947.81 exigido en las Bases Integradas como requisito de calificación «Experiencia del postor en la especialidad». Por tanto, corresponde mantener la calificación de la oferta del Consorcio Chasqui.
- Sin embargo, del Acta de presentación, calificación, evaluación y otorgamiento de
buena pro se aprecia que el Consorcio Chaqui obtuvo el puntaje máximo (35 puntos) por el factor de evaluación experiencia adicional del postor en la especialidad. En ese sentido, con la experiencia acreditada de S/ 2 335 811.74, le corresponde únicamente el puntaje correspondiente a conco (5) puntos, por el referido factor de evaluación, obteniendo un puntaje técnico total de cincuenta y tres (53) puntos, lo que no supera el mínimo requerido de setenta (70) puntos para pasar a la evaluación económica.
- Por tales consideraciones, corresponde declarar fundado este extremo del
recurso de apelación y descalificar la oferta del Consorcio Chasqui. 4 Según el cual, el monto que será valorado para calcular la facturación del postor será el plasmado en el documento que se adjunte al contrato; es decir, en el acta de recepción de obra, resolución de liquidación constancia de prestación u otro similar, siempre que evidencie que la obra fue concluida y que el monto consignado corresponde al monto que implicó su ejecución, entre otros.
Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde declarar no admitida y/o descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario.
- El Consorcio Impugnante cuestiona la oferta del Consorcio Adjudicatario en dos
aspectos. En primer lugar, respecto de su admisión, cuestiona la Promesa de Consorcio, conforme a los argumentos expuestos en los numerales 2.5 y 2.6 de los
antecedentes. En segundo lugar, respecto de su calificación, formulacuestionamientos a la documentación presentada para acreditar la experiencia del personal clave propuesto como residente de obra, conforme a lo señalado en los numerales 2.7 al 2.13 de los antecedentes. En atención a ello, los cuestionamientos formulados comprenden los siguientes aspectos:
- Promesa de consorcio.
ii. Experiencia del personal clave propuesto como residente de obra.
- En ese sentido, corresponde analizar en este apartado los cuestionamientos
formulados respecto de dichos aspectos. Sobre los cuestionamientos a la experiencia del personal clave propuesto como residente de obra
- El Consorcio Impugnante cuestiona la documentación presentada por el Consorcio
Adjudicatario para acreditar la experiencia de Alejandro Alberto Benites Moreno, propuesto como residente de obra. En particular, formula observaciones respecto de las siguientes experiencias:
- Acta de Recepción de Obra y Conformidad de Consultoría en Supervisión de Obra
correspondientes a la obra “Mejoramiento del área recreativa de la I.E. del caserío Icchal, distrito de Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad”. ii) Constancia de Trabajo emitida por la Municipalidad Distrital de Alfonso Ugarte, correspondiente a la construcción del techo de la capilla del cementerio del caserío del Porvenir. El documento acredita, según lo señalado por el Impugnante, que Alejandro Alberto Benites Moreno se desempeñó como inspector de obra entre el 3 de julio y el 15 de setiembre de 2018. iii) Constancia de Trabajo emitida por la Municipalidad Distrital de Curgos, correspondiente al proyecto “Creación de servicio recreativo y deportivo en los centros poblados de Casa Blanca y Huayllagual, distrito de Curgos - Sánchez Carrión - La Libertad”.
iv) Constancia de Conformidad de Consultoría de Obra correspondiente al proyecto “Mejoramiento de la infraestructura turística-plaza de armas, cementerio y principales lugares turísticos del distrito de Huandoval, provincia de Pallasca, Áncash”.
- Certificado de Trabajo emitido por el Consorcio El Dorado, correspondiente a la
obra “Remodelación de espacio de recreación pasiva; en el (la) Mz. D Lote 1 del H.T.P. El Dorado, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Áncash”, con CUI N° 2630052. vi) Certificado de Trabajo correspondiente al proyecto “Mejoramiento de los espacios recreativos en el Complejo Deportivo Tambo Trujillo”, ubicado en la urbanización El Bosque, distrito de Trujillo. Sobre el Certificado de Trabajo emitido por el Consorcio El Dorado
- Sobre el Certificado de Trabajo emitido por el Consorcio El Dorado,
correspondiente a la obra “Remodelación de espacio de recreación pasiva; en el (la) Mz. D Lote 1 del H.T.P. El Dorado, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Áncash”, con CUI N° 2630052, el Consorcio Impugnante sostiene que contiene información inexacta respecto del periodo de experiencia de Alejandro Alberto Benites Moreno, propuesto como ingeniero residente de obra. Al respecto, señala que, de acuerdo con la información consultada en la plataforma INFOBRAS, el asiento del cuaderno de obra registra que el supervisor verificó que la ejecución de la obra culminó el 25 de noviembre de 2024; sin embargo, el certificado consigna que el referido profesional prestó servicios hasta el 20 de enero de 2025.
- En ese sentido, considera que existe una contradicción entre la información
registrada en dicha plataforma y la consignada en el certificado, que impide determinar fehacientemente el periodo real de prestación del servicio y que no puede ser superada mediante presunciones del comité. Asimismo, invoca la Resolución N° 04881-2026-TCP-S4, específicamente sus fundamentos 29 y 49, referidos a los criterios sobre información inexacta y a la necesidad de preservar los principios de integridad y presunción de veracidad en la contratación pública. Añade que la información cuestionada incide directamente en la acreditación de la experiencia del residente de obra y que su eventual subsanación supondría modificar sustancialmente la oferta. Por tales razones, solicita que se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario por haber presentado documentación que contendría información inexacta
- Al respecto, cabe señalar que el Consorcio Adjudicatario no formuló un
pronunciamiento específico sobre el cuestionamiento referido al Certificado de Trabajo emitido por el Consorcio El Dorado. Del mismo modo, la Entidad no expresó una posición sobre dicha observación en el Informe Técnico-Legal.
- Mediante decreto del 20 de octubre de 2026, este Tribunal requirió información
al Consorcio El Dorado, al señor Alejandro Alberto Benites Moreno, en su calidad de representante común del referido consorcio y suscriptor del documento cuestionado, así como a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, en su condición de entidad contratante de la obra materia del certificado, a fin de que se pronuncien sobre la veracidad de dicho documento. En particular, se solicitó a la Municipalidad que informe si el señor Alejandro Alberto Benites Moreno había ejercido el cargo de residente de obra y, de ser el caso, remita la documentación que permita determinar el periodo durante el cual habría desempeñado dicha función.
- En atención a dicho requerimiento, mediante Carta N° 001-2026-CONSORCIO EL
DORADO, presentada ante el Tribunal el 23 de octubre de 2026, el Consorcio El Dorado manifestó que el documento cuestionado era veraz. Cabe precisar que dicha carta fue suscrita por el señor Alejandro Alberto Benites Moreno, en su condición de representante común del consorcio y, a su vez, profesional cuya experiencia se pretende acreditar mediante el referido certificado.
- Por su parte, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la Municipalidad
Distrital de Nuevo Chimbote no ha atendido el requerimiento de información formulado por este Tribunal.
- Ahora bien, de la información obrante en la plataforma INFOBRAS, este Colegiado
advierte la existencia del Acta de Recepción de la obra materia de cuestionamiento, de fecha 20 de enero de 2025, en la cual se consigna como residente de obra al señor Julio Cesar Puicón Segura.
- De igual manera, de la revisión de la información registrada en el SEACE respecto
del procedimiento de selección mediante el cual se contrató la ejecución de la obra (Adjudicación Simplificada N° 059-2024-MDNCH/CS – Primera Convocatoria), se aprecia el Contrato N° 263-2024-OLOCP-MDNCH, de fecha 12 de setiembre de 2024, en cuyo contenido se identifica como residente de obra propuesto al señor Julio Cesar Puicón Segura, y no al señor Alejandro Alberto Benites Moreno.
- Asimismo, de la revisión de las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada N°
059-2024-MDNCH/CS – Primera Convocatoria, se advierte que para la ejecución de la referida obra se requirió la participación de un “residente de obra” y de un “especialista de seguridad de obra y salud en el trabajo”, mas no de un profesional en el cargo de “director residente”.
- En ese contexto, este Colegiado advierte que tanto el Contrato N° 263-2024-
OLOCP-MDNCH como el Acta de Recepción de Obra identifican al señor Julio Cesar Puicón Segura como residente de obra, sin que de dichos documentos se desprenda que el señor Alejandro Alberto Benites Moreno hubiera desempeñado tal función. A ello se suma que las Bases Integradas del procedimiento de selección no contemplaron el cargo de “director residente”.
- Si bien el Consorcio El Dorado, mediante la Carta N° 001-2026-CONSORCIO EL
DORADO, manifestó que el certificado cuestionado era veraz, debe considerarse que dicha comunicación fue suscrita por el propio señor Alejandro Alberto Benites Moreno, quien es, precisamente, el profesional cuya experiencia se pretende acreditar. En tal sentido, dicha manifestación, por sí sola, no resulta suficiente para desvirtuar las inconsistencias advertidas ni para tener por acreditado que la información consignada en el Certificado de Trabajo cuestionado se corresponde con la realidad de la ejecución de la obra.
- En tal sentido, este Colegiado concluye que, en el presente caso, se ha
quebrantado el principio de presunción de veracidad, previsto en el literal e) del
artículo 5 de la Ley, toda vez que el Consorcio Adjudicatario presentó un
documento cuyo contenido no se encuentra acorde con la realidad respecto del cargo ejercido por el señor Alejandro Alberto Benites Moreno. En consecuencia, de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 004- 2026/TCP5, corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario, al haberse acreditado que la documentación presentada contiene información inexacta relevante para la acreditación de la experiencia del personal clave residente de obra.
- Cabe traer a colación, asimismo, el principio de integridad, previsto en el literal d)
del artículo 5 de la Ley, según el cual la conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación debe estar guiada por la honestidad y la veracidad.
- Como consecuencia de ello, este Colegiado concluye que corresponde descalificar
la oferta del Consorcio Adjudicatario, al haberse acreditado que el certificado de trabajo emitido el 7 de febrero de 2025 por el Consorcio El Dorado contiene 5 Según el cual, si durante la tramitación de un recurso de apelación el Tribunal verifica que la oferta de un postor o los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato contienen información inexacta, corresponde disponer su no admisión, descalificación o la pérdida de la buena pro, según corresponda, y ordenar la apertura del expediente administrativo sancionador respectivo. Para adoptar dicha decisión en el procedimiento recursivo, no es necesario determinar si la información inexacta incidió en la obtención de una ventaja o beneficio concreto, pues este aspecto debe ser evaluado en el procedimiento administrativo sancionador, junto con los demás elementos de la infracción información inexacta respecto del cargo ejercido por el profesional propuesto como residente de obra.
- Asimismo, corresponde remitir los actuados a la Secretaría Técnica del Tribunal, a
efectos de que, de corresponder, disponga la apertura de expediente sancionador contra los integrantes del Consorcio Adjudicatario, a fin de que se determine su eventual responsabilidad por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley.
- En atención a los fundamentos expuestos, corresponde declarar fundado este
extremo del recurso de apelación y, en consecuencia, descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario.
- En razón de ello, carece de objeto anocarse al análisis de los demás
cuestionamientos formulados contra la oferta del Consorcio Adjudicatario, en la medida en que su condición de descalificada no variará. Cuarto punto controvertido: Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Consorcio Impugnante.
- En su escrito de absolución del recurso de apelación, el Consorcio Adjudicatario
cuestiona la Promesa de Consorcio presentada por el Consorcio Impugnante, integrada por Proyectos Rotana S.A.C. e ICA Grupo Contratistas Generales S.A.C. Al respecto, sostiene que dicho documento contiene una distribución de obligaciones que atribuye a Proyectos Rotana S.A.C. diversas responsabilidades relacionadas con la gestión documentaria, administrativa, financiera y legal del consorcio, así como la responsabilidad por los incumplimientos contractuales y las infracciones que pudieran cometerse; mientras que ICA Grupo Contratistas Generales S.A.C. asume principalmente la ejecución y liquidación de la obra, además del aporte de experiencia del postor. En ese sentido, considera que dicha distribución resulta semejante a la que el Consorcio Impugnante cuestiona en la Promesa de Consorcio del Consorcio Adjudicatario, por lo que solicita que se aplique el mismo criterio y se declare no admitida la oferta del Consorcio Impugnante, conforme a los argumentos expuestos en los numerales 4.2 al 4.5 de los antecedentes.
- Por su parte, mediante el Informe Técnico-Legal de la Entidad N° 001-20226-
MPS/CS-1, la Entidad también cuestionó la Promesa de Consorcio del Consorcio Impugnante. Al respecto, señaló que Proyectos Rotana S.A.C., con una participación consignada del 7%, asume responsabilidades relacionadas con la gestión documentaria, las garantías, las obligaciones económicas, financieras, tributarias, laborales y legales, así como aquellas derivadas de los incumplimientos contractuales; mientras que ICA Grupo Contratistas Generales S.A.C., con una participación del 93%, asume la ejecución y liquidación de la obra y el aporte de experiencia del postor. En tal sentido, considera que el Consorcio Impugnante no podría cuestionar la distribución de responsabilidades contenida en la promesa del Consorcio Adjudicatario cuando su propia promesa contempla una estipulación de naturaleza semejante, conforme a lo expuesto en el numeral 5.6 de los antecedentes.
- Al respecto, el literal 2) del numeral 2.2.1.1 de la sección específica de las Bases
Integradas establece que, para la admisión de la oferta, los postores deben presentar, entre otros documentos, la promesa de consorcio con firmas digitales o, en su defecto, con firmas legalizadas, conforme se muestra a continuación:
- En atención a dicha exigencia, el Consorcio Impugnante presentó el Anexo N° 4 –
Promesa de Consorcio, suscrito por los representantes de Proyectos Rotana S.A.C. e ICA Grupo Contratistas Generales S.A.C., cuyas firmas fueron objeto de certificación notarial. En dicho documento se identifica a los integrantes del consorcio, a su representante común, el domicilio legal común y las obligaciones que asume cada integrante. Así, se aprecia que Proyectos Rotana S.A.C. figura con una participación del 7% e ICA Grupo Contratistas Generales S.A.C. con una participación del 93%; asimismo, en el detalle de obligaciones se asigna a la primera empresa una serie de responsabilidades vinculadas con la gestión administrativa, documentaria, financiera y legal del consorcio, mientras que a la segunda se le atribuyen la ejecución y liquidación de la obra, el aporte de experiencia del postor y la ejecución del contrato:
- Sobre el particular, este Colegiado considera necesario distinguir entre la
distribución de obligaciones que los integrantes de un consorcio acuerdan para organizar su participación y las responsabilidades que, por mandato de la normativa de contratación pública, deben asumir frente a la Entidad. En efecto, la promesa de consorcio constituye un documento mediante el cual sus integrantes formalizan los compromisos que asumen para participar conjuntamente en el procedimiento de selección y, de resultar adjudicatarios, ejecutar el contrato. En ese marco, la asignación de actividades, aportes y obligaciones entre los consorciados responde a la organización interna que estos acuerdan para desarrollar las prestaciones objeto del contrato.
- Sin embargo, dicha distribución interna no puede interpretarse como una
modificación de las responsabilidades que la normativa de contratación pública establece frente a la Entidad, ni como un mecanismo para excluir o limitar la responsabilidad que corresponda a cualquiera de los integrantes del consorcio. Por consiguiente, las estipulaciones de la promesa de consorcio deben entenderse dentro de los límites previstos por el ordenamiento jurídico y no pueden producir efectos contrarios a las disposiciones imperativas que regulan la participación en consorcio y la ejecución contractual.
- En el presente caso, de la revisión de la Promesa de Consorcio del Consorcio
Impugnante se advierte que a Proyectos Rotana S.A.C. se le asignan diversas obligaciones relacionadas con la gestión administrativa, documentaria, financiera y legal, así como responsabilidades vinculadas con determinados incumplimientos e infracciones, y la ejecución y liquidación de obra; mientras que a ICA Grupo Contratistas Generales S.A.C. se le atribuyen principalmente las actividades de ejecución y liquidación de la obra y el aporte de experiencia del postor. No obstante, dicha distribución debe ser entendida como una asignación de obligaciones en el ámbito de las relaciones internas entre los consorciados, sin que ello implique que ICA Grupo Contratistas Generales S.A.C. quede liberada de las responsabilidades que le correspondan frente a la Entidad conforme a la normativa aplicable.
- En ese sentido, las estipulaciones mediante las cuales los integrantes distribuyen
internamente las consecuencias económicas o las responsabilidades derivadas de determinados incumplimientos no tienen la capacidad de modificar el régimen de responsabilidad exigible frente a la Entidad. Por tanto, aun cuando uno de los consorciados asuma internamente determinadas responsabilidades, ello no supone que el otro quede exonerado de las obligaciones y responsabilidades que legalmente le corresponden. La eficacia de tales acuerdos se circunscribe a las relaciones internas entre sus integrantes y no puede oponerse a la Entidad para restringir los derechos que le reconoce la normativa de contratación pública.
- Al respecto, la Entidad y el Consorcio Adjudicatario sostienen que la Promesa de
Consorcio del Consorcio Impugnante contiene una distribución de obligaciones semejante a la cuestionada en la promesa del Consorcio Adjudicatario. En esa línea, consideran que, si se acoge el cuestionamiento formulado contra la oferta del Consorcio Adjudicatario por el contenido de su promesa de consorcio, también debería acogerse el cuestionamiento contra la oferta del Consorcio Impugnante, debido a que su documento contiene una distribución interna de obligaciones de naturaleza similar.
- No obstante, conforme a lo expuesto, las obligaciones asignadas a Proyectos
Rotana S.A.C. y a ICA Grupo Contratistas Generales S.A.C. deben interpretarse en el ámbito de la organización interna del consorcio, sin que de su contenido se desprenda que la segunda empresa se encuentre liberada de las responsabilidades que le resulten exigibles frente a la Entidad por mandato de la normativa aplicable. Por tanto, la distribución de obligaciones consignada en la promesa no determina, por sí misma, un incumplimiento de las exigencias previstas para la admisión de ofertas.
- Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que los argumentos
formulados por el Consorcio Adjudicatario no permiten determinar que la Promesa de Consorcio presentada por el Consorcio Impugnante incumpla las exigencias establecidas en las Bases Integradas para la admisión de ofertas.
- En consecuencia, no corresponde amparar el cuestionamiento formulado por el
Consorcio Adjudicatario contra la Promesa de Consorcio del Consorcio Impugnante ni declarar no admitida su oferta por dicho motivo. Quinto punto controvertido: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Consorcio Impugnante.
- El Consorcio Impugnante solicita que se le otorgue la buena pro del procedimiento
de selección, al considerar que, como consecuencia de que el Tribunal ampare de sus pretensiones, su oferta sería la única calificada y evaluada.
- Al respecto, en el primer punto controvertido, este Colegiado determinó que
corresponde revocar la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante y, por tanto, que el comité realice la evaluación económica de la misma. Asimismo, conforme al análisis desarrollado en el segundo y tercer punto controvertido, se determinó, respectivamente, descalificar las ofertas del Consorcio Chasqui (segundo lugar en el orden de prelación) y del Consorcio Adjudicatario.
- En ese contexto, si bien la oferta del Consorcio Impugnante es la única oferta
calificada, queda pendiente su evaluación económica, siendo esta atribución exclusiva del evaluador del procedimiento de selección, esto es, del Comité. Por tanto, corresponde que el Comité continúe con el desarrollo del procedimiento de selección y efectúe la evaluación económica de la oferta del Consorcio Impugnante, de acuerdo con las reglas establecidas en las Bases Integradas.
- En consecuencia, considerando que aún se encuentra pendiente la evaluación
económica de la oferta del Consorcio Impugnante, no corresponde otorgarle la buena en esta instancia.
- Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar infundado este extremo
del recurso de apelación, y disponer que el comité continúe con la evaluación económica de la oferta del Consorcio Impugnante y determine al ganador de la buena pro.
- En razón de lo expuesto, corresponde declarar fundado en parte el recurso de
apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante.
- Asimismo, considerando que el recurso será declarado fundado en parte, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada como requisito de admisibilidad de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Lupe Mariella Merino de la Torre, y la intervención de los Vocales Jimy Robert Ureta Aquino y Jorge Alfredo Quispe Crovetto, atendiendo a la reconformación de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, publicada el 6 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
- Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio
Santa Rosa, integrado por las empresas Proyectos Rotana S.A.C. e Ica Grupo Contratistas Generales S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 006-2026-MPS/CS – Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Sihuas, para la “Contratación para la ejecución de la obra: Mejoramiento de servicios de espacios públicos urbanos en la plaza de Sihuas Histórico del distrito de Sihuas de la provincia de Sihuas del departamento de Áncash, CUI 2626576 "; fundado en los extremos que solicita que se revoque su descalificación y el otorgamiento de la buena pro, y que se descalifiquen las ofertas del Consorcio Chasqui (segundo lugar en el orden de prelación) y del Consorcio Histórico (adjudicatario); e infundado en el extremo que solicita el otorgamiento de la buena pro. En tal sentido, corresponde: 1.1 Revocar la descalificación de la oferta del Consorcio Santa Rosa, integrado por las empresas Proyectos Rotana S.A.C. e Ica Grupo Contratistas Generales S.A.C., y tenerla por calificada, con 78 puntos en la evaluación técnica. 1.2 Descalificar la oferta del Consorcio Histórico, integrado por las empresas Constructora D. Wasichay E.I.R.L. y Dambez Company E.I.R.L. y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro. 1.3 Descalificar la oferta del Consorcio Chasqui, integrado por las empresas Ival Contratistas E.I.R.L. y Empresa Contratista CAL & MUR. 1.4 Disponer que el comité continúe con la evaluación económica de la oferta del Consorcio Santa Rosa, integrado por las empresas Proyectos Rotana S.A.C. e Ica Grupo Contratistas Generales S.A.C. y, de ser el caso, le otorgue la buena pro.
- Devolver la garantía presentada por el Consorcio Santa Rosa, integrado por las
empresas Proyectos Rotana S.A.C. e Ica Grupo Contratistas Generales S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación.
- Remitir los actuados a la Secretaría Técnica del Tribunal a efectos de que, de
corresponder, disponga el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra las empresas Constructora D. Wasichay E.I.R.L. y Dambez Company E.I.R.L., integrantes del Consorcio Histórico, de conformidad con lo señalado en el fundamento 57; por su responsabilidad en la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069.
- Disponer que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad registre en
el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.
- Dar por agotada la vía administrativa.
ss. Merino de la Torre. Ureta Aquino. Quispe Crovetto.