Documento regulatorio

Resolución N.° 9551-2026-TCP-S5

Recurso de apelación interpuesto por GATT PERU S.R.L., en el marco de la Licitación Pública para Bienes N° 01 2026-CS-MDSJB, convocado por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista – Loreto.

Tipo
No clasificado
Fecha
02/11/2026
Fuente
gob.pe/oece/normas-legales

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Sumilla: “(…) las bases estándar son de obligatorio cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento.” Lima, 1 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 1 de noviembre de 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7382/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por GATT PERU S.R.L., en el marco de la Licitación Pública para Bienes N° 01- 2026-CS-MDSJB, convocado por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista – Loreto; y, atendiendo a lo siguiente: ANTECEDENTES Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el 11 de mayo de 2026, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista – Loreto, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública para Bienes N° 01-2026-CS- MDSJB, para la contratación de bienes “Adquisición de (04) camión compactador de 22m3 para el mejoramiento de la prestación de servicio de limpieza pública a cargo de la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto”, con…
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Sumilla: “(…) las bases estándar son de obligatorio cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento.” Lima, 1 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 1 de noviembre de 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7382/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por GATT PERU S.R.L., en el marco de la Licitación Pública para Bienes N° 01- 2026-CS-MDSJB, convocado por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista – Loreto; y, atendiendo a lo siguiente:

  • ANTECEDENTES
  • Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el 11

de mayo de 2026, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista – Loreto, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública para Bienes N° 01-2026-CS- MDSJB, para la contratación de bienes “Adquisición de (04) camión compactador de 22m3 para el mejoramiento de la prestación de servicio de limpieza pública a cargo de la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto”, con una cuantía de contratación ascendente a S/ 2,500,000.00 (dos millones quinientos mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. El 15 de junio de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas electrónicas y, el 17 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la empresa UNIMAQ S.A., por el monto de S/ 2,499,700.00 (dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos con 00/100 soles), de acuerdo a lo siguiente: Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado UNIMAQ S.A. S/ 2,499,700.00 100.00 1 Adjudicado GATT PERU S.R.L. S/ 3,199,960.00 81.25 2 Calificado.

CONSORCIO VEHÍCULOS

PERÚ - - - Descalificado. El 30 de junio de 2026, la empresa GATT PERU S.R.L., interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el cual fue resuelto mediante la Resolución N° 7542-2026-TCP-S6 de fecha 24 de julio de 2026. En dicha resolución, la Sexta Sala del Tribunal dispuso declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse hasta la etapa de absolución de consultas y observaciones. Posteriormente, el 14 de agosto de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas electrónicas y, el 20 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la empresa UNIMAQ S.A., por el monto de S/ 2,479,700.00 (dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos con 00/100 soles), de acuerdo a lo siguiente: Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado UNIMAQ S.A. S/ 2,479,700.00 85.00 1 Adjudicado GATT PERU S.R.L. - - - No admitido.

  • EL 1 de septiembre de 2026, la empresa GATT PERU S.R.L. interpuso recurso de

apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que: i) se revoque la no admisión de su oferta, y se tenga por admitida, ii) se revoque la buena pro otorgada al postor UNIMAQ S.A., y iii) se declare la descalificación de la oferta del postor UNIMAQ S.A.

  • Con Resolución N°08761-2026-TCP-S1 publicada el 18 de septiembre de 2026 se

resolvió el recurso de apelación, disponiendo, principalmente, lo siguiente:

El 22 de septiembre de 2026, se publicó en el SEACE el otorgamiento de la buena pro la empresa UNIMAQ S.A., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 2,479,700.00 (dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos con 00/100 soles), de acuerdo a los siguientes resultados obtenidos del Acta de admisión, calificación, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro del 22 de septiembre de 2026, en adelante el Acta: Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado UNIMAQ S.A. S/ 2,479,700.00 85.00 1 Adjudicado

GATT PERU S.R.L. S/2,500,000.00 74.68 2 -

  • Mediante Escrito s/n presentado el 2 de octubre de 2026, ante la Mesa de Partes

del Tribunal, la empresa GATT PERU S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el puntaje otorgado en la evaluación técnica de su oferta, solicitando que: i) se le asigne puntaje en los factores de evaluación “Disponibilidad de servicios y repuestos” y “Mejoras a las especificaciones técnicas”, y consecuentemente, ii) se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario, y iii) se otorgue la buena pro a su representada. Para dicho efecto, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: Sobre el factor de evaluación “Disponibilidad de servicios y repuestos”

  • Cuestiona la decisión del comité evaluador de no asignar puntaje a su

presentada en el factor de evaluación G - “Disponibilidad de servicios y repuestos”, pese a cumplir con lo requerido en las bases.

  • Sostiene que, de acuerdo a las bases integradas, dicho factor se evaluará “en

función a la cobertura de concesionarios y/o talleres autorizados con capacidad de suministro de repuestos que oferte el postor dentro de la Provincia de Maynas, el taller debe contar con un área mínima de 1,000 m2, con la finalidad de contar con el espacio suficiente y equipado para las labores de mantenimiento y reparación de las unidades a adquirir. LOCALIDAD 1: Provincia de Maynas”. Asimismo, en dichas bases se precisa que se acreditaría mediante declaración jurada, no habiendo otorgado ningún formato referencial.

  • En virtud de ello, a fojas 15 y 16 de su oferta, su representada cumple con

presentar la “Declaración jurada – Disponibilidad de talleres de servicio y suministro de repuestos y soporte post venta”. En el numeral 7 de dicho documento, se declara de manera expresa lo siguiente: “contamos con taller autorizado por la marca ofertada dentro de la provincia de Maynas, equipado para labores de mantenimiento y reparación de las unidades a adquirir”; asimismo, en los numerales 5 y 6 se garantiza el suministro de repuestos durante la vigencia de la garantía y por no menos de diez años.

  • No obstante, el comité evaluador no asignó puntaje a su representada,

alegando que: “si bien es cierto el postor presenta la declaración jurada, conforme se puede apreciar en la página 15, numeral 7, de su oferta, este no consigna que el taller cuente con el área mínima de 1,000 m², tal como se establece en las Bases Integradas”.

  • Por lo tanto, resalta que el comité evaluador acepta que la declaración jurada

existe, que obra en la oferta y que se ofrece un taller autorizado dentro de la provincia de Maynas. No obstante, observa que no se consigna de manera expresa y literal la cifra del área mínima requerida.

  • Respecto a ello, señala que las bases no exigen la transcripción expresa de la

evaluación, y tampoco brindan un formato de declaración jurada, por lo que el área y otros debían ser comprobados con la licencia de funcionamiento la misma que se exige recién pata la firma del contrato.

  • Sostiene que el exigir una cifra exacta del área requerida en la declaración

jurada, adelanta una comprobación de una exigencia requerida recién para la firma del contrato.

  • Sin perjuicio de ello, sostiene que su declaración jurada da cuenta que su

representada declara “contar con el espacio suficiente y equipado para las labores de mantenimiento y reparación de las unidades a adquirir”, por lo cual se da cuenta que se cuenta con el área requerida.

  • Agrega que, en reiterados pronunciamientos del Tribunal, se precisa que no

se puede incorporar, durante la evaluación, una exigencia que no fue prevista en las bases integradas. Sobre el factor de evaluación “Mejoras a las especificaciones técnicas”

  • Refiere que, de acuerdo a las bases integradas, se requiere como MEJORA 1,

lo siguiente “Camión compactador. Potencia mayor a 310 Cv y torque mayor a 1200 Nm. MEJORA 2: Caja compactadora. Peso: mayor a 6,000 kg. MEJORA 1: Relación de reducción de la corona mayor a 5.90:1”. Asimismo, dichas bases precisan que, se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada y ficha técnica del equipo que se corrobore en la página web del fabricante y/o en la página web del representante oficial de la marca en el Perú (indicar dirección electrónica), copia del certificado de PRODUCE.

  • En atención a ello, su representada cumple con presentar a fojas 28 de su

oferta una declaración jurada en la que ofrece la mejora 1 con el valor “relación de reducción de la corona: 5.92.1” e indica la dirección electrónica.

Sumado a ello, también adjunto a fojas 45 de su oferta la ficha técnica que confirma la mejora declarada.

  • Sin embargo, el comité evaluador no validó dicha declaración jurada por

considerar que la dirección electrónica consignada en la misma no se encuentra disponible.

  • Alega que la mejora es una característica del vehículo, esto es, una relación

de corona superior a 5.90:1. Por lo tanto, su oferta cumple con declarar el valor superior requerido (esto es 5.92:1), el cual queda confirmado en cuatro documentos coincidentes, entre ellos la declaración jurada y la ficha técnica obrante en la oferta. El comité evaluador no afirma que el valor sea distinto ni que la ficha lo omita.

  • De ese modo, lo único que se cuestiona es la disponibilidad de la dirección

electrónica, mas no los valores de la mejora. Sin perjuicio de ello, precisa que el Acta no registra la fecha de esa consulta; por lo que, la disponibilidad de un sitio web el día en que el evaluador lo visita es un hecho posterior y ajeno a la oferta, lo cual no altera lo declarado ni lo que la ficha técnica consigna.

  • A través del Decreto del 5 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante, el cual fue notificado a través del toma razón electrónico del SEACE de la PLADICOP en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP o remita, de ser el caso, el informe técnico legal correspondiente indicando su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. Además, se dispuso notificar a través del SEACE el recurso de apelación al postor o postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Quinta Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha.

Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 12 de octubre del mismo año a las 10:00 horas.

  • Mediante Escrito s/n, presentado el 9 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

del Tribunal, el Impugnante acreditó a sus representantes para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

  • Con Oficio N° 1821-2026-OA-OGA-MDSJB, presentado el 9 de octubre de 2026

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

  • Mediante Informe Legal N°611-2026-OGAJ-MDSJB, presentado el 9 de octubre de

2026 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad expuso su posición frente a los argumentos del recurso impugnativo, señalando lo siguiente:

  • Sobre el factor de evaluación “Disponibilidad de servicios y repuestos” precisa

que el distrito atraviesa una emergencia sanitaria y ambiental por acumulación de residuos sólidos, motivo por el cual existe un procedimiento preventivo abierto por la Segunda fiscalía provincial de Prevención del Delito de Loreto que exige la compra inmediata de las compactadoras; sin embargo, el Impugnante continúa presentando apelaciones infundadas.

  • Por otro lado, sostiene que el Impugnante registra como domicilio fiscal y

establecimiento único en Lima, careciendo de sucursales o locales propios autorizados inscritos en Maynas/Loreto. Por lo tanto, pretender un puntaje adicional si poseer la infraestructura propia requerida, devendría en una subcontratación encubierta, acto prohibido en la normativa.

  • A ello, resalta que la declaración jurada del Impugnante presenta una omisión

de un parámetro técnico cuantitativo evaluable en tanto que las bases fijaron que el taller debía contar con un área mínima 1,000 m2.

  • Respecto al segundo factor de evaluación cuestionado, mejora 1, sostiene que

las bases integradas exigieron tres elementos, de comprobación concurrente:

  • declaración jurada, 2) ficha técnica y 3) corroboración obligatoria en la

página web indicada.

  • Sin embargo, durante el acto de calificación del 22 de septiembre de 2026 y

su posterior verificación 7 de octubre de 2026, el comité evaluador que la dirección electrónica consignada por el Impugnante en su declaración jurada no existe.

  • En consecuencia, no corresponde otorgar puntaje, debiendo declararse

infundado el recurso de apelación.

  • A través del Decreto del 9 de octubre de 2026, considerando que, mediante

artículo 1 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE-PRE

de fecha 5 de octubre de 2026, publicada en el Diario Oficial El Peruano en la misma fecha, se formalizó el Acuerdo N° 001-0142026/OECE-CD del Consejo Directivo que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal, se dispuso remitir el expediente a la Quinta Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 16 de octubre de 2026.

  • Con escrito s/n presentado el 9 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, manifestando lo siguiente:

  • Respecto al primer punto controvertido, sostiene que, la Declaración Jurada

del Impugnante señala textualmente: "Que contamos con taller autorizado por la marca ofertada dentro de la provincia de Maynas, equipado para labores de mantenimiento y reparación...". Sin embargo, omitió declarar que su taller cumplía con el área mínima de 1,000 m2. Sostiene que, pretender que el comité evaluador asuma, presuma o infiera que un "taller equipado" equivale automáticamente a un "taller de 1,000 m2" constituye un despropósito jurídico, pues no puede interpretar información que no ha sido debidamente consignada.

  • Sobre la no asignación de puntaje en la mejora 1 al Impugnante, alega que el

propio Impugnante consignó de manera voluntaria en su Declaración Jurada la dirección: “Sinotrukoficial.com/ftsjb-howoNX”. Con ello, asumió la ineludible carga procesal y técnica de garantizar que dicha web estuviera operativa, pública y accesible durante todo el periodo de evaluación de ofertas.

  • Sin embargo, al realizar la revisión, el comité evaluador documentó

objetivamente que el enlace arrojaba un "Error 404 - This Page Does Not Exist".

  • Por lo tanto, considera que se debe mantener la no asignación de puntaje

adicional al Impugnante.

  • A través del Decreto del 13 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al

Adjudicatario y por absuelto el traslado del recurso de apelación.

  • Mediante Escrito s/n, presentado el 16 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

del Tribunal, al Impugnante acreditó a sus representantes para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública.

  • El 16 de octubre de 2026 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación

del Impugnante y la Entidad.

  • Mediante Decreto del 16 de octubre de 2026, al haberse advertido los siguientes

vicios de nulidad, se corrió traslado al Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad para que, precisen si dicha situación, en su opinión, configuraría un vicio que justifique la declaración de nulidad del procedimiento de selección: “(…) En atención a los cuestionamientos efectuados el Impugnante, se procedió a revisar las bases del procedimiento de selección, advirtiendo que, en el literal G – Disponibilidad de servicios y repuestos, del Capítulo IV – de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, la Entidad requiere, como factor de evaluación, la acreditación de lo siguiente:

Nótese que, en dicho factor de evaluación la Entidad describe la localidad: Provincia de Maynas y el área mínima del taller requerido. Respecto a ello, se resalta que las bases estándar de la licitación pública para bienes, aplicable al presente procedimiento, las cuales, de acuerdo al numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, son de uso obligatorio, prevé lo siguiente:

Nótese que, de acuerdo a las bases estándar, para el presente factor de evaluación, la Entidad debe consignar: 1) localidades donde se entregarán los bienes y/o localidades aledañas, según necesidad y 2) tiempo de disponibilidad de servicios y repuestos. Sin embargo, en el presente caso, si bien la Entidad, en las bases integradas describe la localidad: Provincia de Maynas, no señala el tiempo de disponibilidad de servicios y/o repuestos; por el contrario, agrega, en dicho extremo, una especificación técnica referida al área mínima del taller requerido, no prevista en las bases estándar. En consecuencia, de determinarse así, dichas situaciones vulnerarían el principio de transparencia y facilidad de uso, según el cual las actuaciones y decisiones de quien participe en el proceso de contratación basados en reglas y criterios claros y accesibles, y, además, se estaría vulnerando las bases estándar aprobada por el OSCE y, con ello, lo dispuesto en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento.

  • Mediante escrito s/n presentado el 20 de octubre de 2026, en la Mesa de Partes

del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado de presuntos vicios, manifestando lo siguiente.

  • Precisa que la nulidad es una figura jurídica excepcional, que exige un vicio

real y trascendente.

  • En el presente caso, si bien el factor de evaluación G- “disponibilidad de

servicios y repuestos”, no repite el período de disponibilidad, este sí estaba determinado en las Bases Integradas y era el mismo para todos los postores.

  • Precisa que, de acuerdo a las especificaciones técnicas de soporte posventa

se exige la “disponibilidad de servicios y de suministro de repuestos originales por 10 años”. Así lo entendió el Impugnante, quien en su Declaración Jurada garantizó dicha disponibilidad “por un período no menor de diez (10) años, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas”.

  • En consecuencia, dicho extremo, era conocido por todos los postores y no fue

graduado de manera distinta entre ellos. Asimismo, sostiene que, el área mínima del taller, no desnaturaliza el factor, el cual conserva su estructura.

  • Precisa que, el área mínima no modifica las características del camión

compactador ni las obligaciones de ejecución contractual. Es, más bien, un parámetro objetivo que permite determinar cuándo un taller cuenta con la “capacidad” que el propio factor estándar ya exige evaluar. Su finalidad, además, consta expresamente en la regla: asegurar que el taller disponga de espacio suficiente y equipado para el mantenimiento y la reparación de las unidades.

  • Por lo tanto, no se acredita una afectación al objeto de la convocatoria, y

tampoco al principio de transparencia.

  • Aun si se advirtiera alguna diferencia entre las bases integradas y las bases

estándar en este extremo, esta no justifica anular el procedimiento. En primer lugar, no afectó la igualdad de trato, ya que las mismas reglas rigieron para todos los postores desde la integración de las bases, y su redacción no favoreció a uno frente a otro. En segundo lugar, la nulidad agraviaría el interés público.

  • A través del escrito s/n presentado el 22 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal, la Entidad absolvió el traslado de presuntos vicios, manifestando lo siguiente:

  • Sostiene que el hecho de que no se haya detallado el tiempo de servicio en el

factor de evaluación, no quiere decir que este no haya estado previsto en las especificaciones técnicas. De ese modo, precisa que dicha precisión obra en las especificaciones de post venta del requerimiento: “disponibilidad de servicios de suministros de repuestos originales por 10 años”.

  • Por otro lado, si bien se incluyó un área de 1000m2, este no debe entenderse

como un requisito aislado, sino que forma parte del taller donde se quiere que se realicen los servicios de mantenimiento de los vehículos.

  • En consecuencia, alega que no se transgrede el principio de transparencia, por

lo que le vicio advertido no es trascedente.

  • Por el contrario, la declaración de nulidad, podría hacer que la Entidad pierda

una buena oferta para satisfacer su necesidad, y afectar los principios del valor por dinero y competencia.

  • Con Decreto del 26 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

  • Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el

Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

  • Procedencia del recurso.
  • El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

  • La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia

para resolverlo.

  • El numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el

recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT1, así como de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Por su parte, en el numeral 302.2 del artículo 302 del Reglamento, se dispone que, en los procedimientos de selección competitivos según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, la cuantía total del procedimiento original determina la autoridad ante la que se presenta el recurso de apelación. Bajo tal premisa normativa, considerando que el recurso de apelación ha sido presentado en el marco de la Licitación Pública para Bienes, con una cuantía de S/ 2,500,000.00 (dos millones quinientos mil con 00/100 soles), monto que es superior al equivalente a 50 UIT; este Tribunal es competente para conocerlo.

  • Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.
  • El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son

impugnables, tales como: a) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, b) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, c) las bases y/o su integración, d) las actuaciones referidas al registro de participantes, e) los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y diálogo competitivo, f) el puntaje en el 1 El valor de la UIT para el año 2026 asciende a S/ 5,500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles).

factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y g) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante interpuso recurso de apelación contra el puntaje otorgado en la evaluación técnica de su oferta, solicitando que: i) se le asigne puntaje en los factores de evaluación “Disponibilidad de servicios y repuestos” y “Mejoras a las especificaciones técnicas”, y consecuentemente, ii) se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario, y iii) se otorgue la buena pro a su representada; por tanto, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.

  • Sea interpuesto fuera del plazo.
  • En el numeral 304.1 del artículo 304 del Reglamento se establece que la apelación

contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos debe interponerse como máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, mientras que, según el numeral 304.2 de la norma citada, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el recurso se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado la buena pro. Según el numeral 304.4 de la norma, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados anteriormente se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En ese sentido, de la revisión del SEACE de la Pladicop se aprecia que el 22 de setiembre de 2026, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección; por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba con el plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, esto es, hasta el 2 de octubre de 2026. Siendo así, de la revisión del expediente se aprecia que el recurso de apelación fue interpuesto mediante el Escrito s/n presentado el 2 de octubre de 2026; esto es, en el plazo legal.

  • El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.
  • De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia

que éste aparece suscrito por su Gerente General, esto es, por el señor Jorge Antonio Dueñas Santana, conforme a la información del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, cuya copia obra en el expediente.

  • El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

  • De los actuados obrantes en el expediente administrativo, no se advierte ningún

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre impedido de participar en el procedimiento de selección y de contratar con el Estado.

  • El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
  • De los actuados obrantes en el expediente administrativo, a la fecha, no se

advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

  • El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta.

  • De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que el Impugnante

cuestiona el puntaje otorgado en la evaluación técnica de su oferta, solicitando que: i) se le asigne puntaje en los factores de evaluación “Disponibilidad de servicios y repuestos” y “Mejoras a las especificaciones técnicas”, y consecuentemente, ii) se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario, y iii) se otorgue la buena pro a su representada, no verificándose la configuración de la presente causal de improcedencia.

  • Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
  • En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro.
  • No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio

formulado.

  • Cabe indicar que, mediante su recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado

que: i) se le asigne puntaje en los factores de evaluación “Disponibilidad de servicios y repuestos” y “Mejoras a las especificaciones técnicas”, y consecuentemente, ii) se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario, y iii) se otorgue la buena pro a su representada; por lo tanto, este Colegiado considera que el petitorio guarda coherencia con los hechos expuestos en el recurso de apelación.

  • El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para

impugnar el acto objeto de cuestionamiento.

  • El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar

la evaluación de su oferta y, consecuentemente, el otorgamiento de la buena pro, debido a que la decisión de la Entidad de no otorgar puntaje a su oferta afecta de manera directa su interés de contratar con aquélla.

  • Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento.

  • Petitorio.
  • El Impugnante solicita a este Tribunal que:

✓ Se le asigne puntaje en los factores de evaluación “Disponibilidad de servicios y repuestos” y “Mejoras a las especificaciones técnicas”, y consecuentemente, ii) se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. ✓ Se le otorgue la buena pro.

  • El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente:

✓ Se mantenga el puntaje otorgado al Impugnante en los factores de evaluación “Disponibilidad de servicios y repuestos” y “Mejoras a las especificaciones técnicas”.

✓ Se mantenga la buena pro otorgada a su favor.

  • Fijación de puntos controvertidos.
  • Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso” (subrayado nuestro). Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

  • En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 5 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados por la decisión del Tribunal tenían hasta el 9 de octubre de 2026 para absolverlo. Sobre el particular, de la revisión del expediente se aprecia que el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento mediante el Escrito s/n, presentado el 9 de octubre de 2026; razón por la cual los argumentos que ha presentado serán valorados para la fijación de los puntos controvertidos.

  • En consecuencia, los puntos controvertidos materia de análisis son los siguientes:
  • Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de no otorgar

puntaje a la oferta del Impugnante en el factor de evaluación “Disponibilidad de servicios y repuestos” y, como consecuencia de ello, otorgarle puntaje en dicho factor. ii. Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de no otorgar puntaje a la oferta del Impugnante en el factor de evaluación “Mejoras a las especificaciones técnicas” y, como consecuencia de ello, otorgarle puntaje en dicho factor. iii. Determinar si corresponde, revocar la buena pro al Adjudicatario y otorgar la misma al Impugnante.

  • ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Consideraciones previas:

  • Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

  • Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

  • En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación, de acuerdo a lo siguiente: Primer punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la decisión del comité evaluador de no otorgar puntaje a la oferta del Impugnante en el factor de evaluación “Disponibilidad de servicios y repuestos” y, como consecuencia de ello, otorgarle puntaje en dicho factor.

  • El Impugnante cuestiona la decisión del comité de no otorgarle puntaje en el factor

de evaluación “Disponibilidad de servicios y repuestos”. En tal sentido, corresponde examinar los fundamentos expuestos por dicho órgano colegiado en el Acta de Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro, a efectos de determinar las razones que sustentaron la decisión cuestionada. A mayor abundamiento, se reproduce el extracto pertinente del acta:

  • Al respecto, el Impugnante sostiene que las bases integradas no exigían que la

declaración jurada reprodujera expresamente la información relativa al área mínima del taller, ni establecían un formato específico para su presentación. Asimismo, señala que la acreditación de dicha exigencia debía efectuarse mediante la licencia de funcionamiento, documento cuya presentación, según refiere, se encuentra prevista para la etapa de perfeccionamiento del contrato.

  • Por su parte, la Entidad ratificó la decisión del comité de no otorgar puntaje al

Impugnante, bajo el argumento de que la declaración jurada presentada no consignaba expresamente el área mínima requerida para acreditar el referido factor de evaluación.

  • En la misma línea, el Adjudicatario manifestó su conformidad con la decisión del

comité, precisando que dicho órgano no se encontraba facultado para inferir, presumir o efectuar interpretaciones respecto del contenido de la oferta del Impugnante, a efectos de tener por acreditado un requisito que no habría sido expresamente declarado.

  • En ese contexto, a efectos de resolver la controversia planteada, resulta necesario

acudir, en primer término, a las disposiciones contenidas en las bases integradas del procedimiento de selección, toda vez que estas constituyen las reglas definitivas que rigen el procedimiento y vinculan tanto a los participantes y postores como a la propia Entidad, incluido el comité evaluador, quien debe sujetar su actuación a las condiciones y exigencias previamente establecidas al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento de selección.

  • Así, de la revisión del literal G, correspondiente al factor de evaluación

“Disponibilidad de servicios y repuestos”, contenido en el Capítulo IV de la Sección Específica de las bases integradas, se advierte que la Entidad estableció como aspecto objeto de evaluación la acreditación de lo siguiente:

  • Como puede apreciarse, a través del referido factor de evaluación, la Entidad

identificó la provincia de Maynas como localidad de referencia y estableció, adicionalmente, un área mínima que debía tener el taller destinado a la prestación de los servicios correspondientes. Asimismo, determinó que la acreditación de tales condiciones debía efectuarse mediante la presentación de una declaración jurada.

  • No obstante, corresponde contrastar dicha regulación con las disposiciones

contenidas en las bases estándar de la Licitación Pública para la contratación de bienes, aplicables al presente procedimiento de selección, cuyo uso resulta obligatorio de conformidad con lo establecido en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento. Al respecto, dichas bases estándar contemplan lo siguiente:

  • De la disposición reproducida se advierte que, para la incorporación del factor de

evaluación “Disponibilidad de servicios y repuestos”, las bases estándar establecen que la Entidad debe consignar, como mínimo, los siguientes aspectos:

  • las localidades en las que se entregarán los bienes y/o las localidades aledañas,

según corresponda a las necesidades de la contratación; y ii) el tiempo durante el cual se garantizará la disponibilidad de los servicios y repuestos.

  • Sin embargo, en el presente caso, si bien la Entidad identificó como ámbito

geográfico de prestación de los servicios a la provincia de Maynas, omitió establecer el tiempo de disponibilidad de los servicios y/o repuestos exigidos por las bases estándar. En su lugar, incorporó como condición de evaluación una exigencia relativa al área mínima del taller, la cual constituye una especificación de naturaleza distinta y que no se encuentra contemplada dentro de los parámetros previstos para dicho factor en las bases estándar aplicables.

En consecuencia, se advierte que la Entidad no se limitó a desarrollar los parámetros establecidos en las bases estándar, sino que modificó su contenido al sustituir uno de los elementos que debían integrar el factor de evaluación por una exigencia adicional no prevista en dicho instrumento normativo.

  • En ese sentido, considerando que la configuración del referido factor de

evaluación podría comprometer el principio de transparencia, en virtud del cual las actuaciones y decisiones de quienes intervienen en el proceso de contratación deben sustentarse en reglas y criterios claros, objetivos y accesibles; así como contravenir las disposiciones de las bases estándar, cuyo uso obligatorio se encuentra establecido en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, mediante decreto de fecha 16 de octubre de 2026, y al amparo de lo dispuesto en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento, se corrió traslado a las partes para que expresaran su posición respecto de los hechos advertidos y precisaran si, a su criterio, estos configuraban un vicio que justificara la declaración de nulidad del procedimiento de selección.

  • En atención al traslado efectuado, el Adjudicatario sostiene que la nulidad

constituye una medida excepcional que exige la configuración de un vicio real y trascendente, circunstancia que, a su juicio, no se presenta en el caso concreto. Para sustentar dicha posición, señala principalmente lo siguiente: i) si bien el factor de evaluación G, referido a la «Disponibilidad de servicios y repuestos», no reproduce expresamente el periodo de disponibilidad, este último habría estado determinado en las bases integradas y habría sido aplicable por igual a todos los postores; y ii) la incorporación de la exigencia relativa al área mínima del taller no habría desnaturalizado el factor de evaluación, toda vez que este habría mantenido su estructura esencial.

  • Por su parte, la Entidad también considera que el defecto advertido no reviste

carácter trascendente. Al respecto, sostiene que la omisión de consignar expresamente el tiempo de disponibilidad de los servicios en el apartado correspondiente al factor de evaluación no implica que dicha exigencia haya estado ausente del requerimiento, pues se encontraba prevista en las especificaciones técnicas, específicamente en el apartado relativo a los servicios de posventa, en el que se estableció la “disponibilidad de servicios de suministros de repuestos originales por 10 años”.

  • Sobre el particular, aun cuando el Adjudicatario como la Entidad sostienen que la

irregularidad advertida carecería de trascendencia y no justificaría la declaración de nulidad del procedimiento, este Colegiado considera que tales argumentos no desvirtúan el defecto identificado. En efecto, la circunstancia de que el requerimiento técnico contemple un periodo de disponibilidad de repuestos por diez años no subsana la omisión advertida en la configuración del factor de evaluación, dado que las bases estándar exigían dicha precisión en el mismo factor de evaluación; sin perjuicio de ello, sí cabe tener en cuenta que el periodo exigido fue contemplado como parte del requerimiento. En relación con ello, debe tenerse en cuenta que la exigencia prevista en las especificaciones técnicas no puede sustituir ni suplir la obligación de configurar el factor de evaluación conforme a las disposiciones de las bases estándar. Admitir lo contrario supondría permitir que una exigencia prevista en una sección de las bases sea utilizada para integrar o modificar los criterios de evaluación establecidos en otra, afectando la claridad y previsibilidad de las reglas que rigen la asignación de puntajes; sin embargo, la Entidad ha informado que tal aspecto fue considerado Asimismo, la incorporación deliberada por parte del comité de un requisito relativo al área mínima del taller, en sustitución del parámetro referido al tiempo de disponibilidad de los servicios y repuestos, no constituye una mera precisión formal, sino una modificación sustancial de los elementos que debían ser objeto de evaluación, más aún cuando, dicho requisito ni siquiera forma parte de las especificaciones técnicas. Tal circunstancia incide directamente en la forma en que los postores estructuran y acreditan sus ofertas, así como en la metodología que debe emplear el comité evaluador para asignar los puntajes correspondientes. Por tanto, la irregularidad advertida tiene incidencia directa en la evaluación de las ofertas y en las condiciones de competencia entre los postores, pues estos fueron sometidos a un factor de evaluación cuya configuración no se ajustó a las disposiciones obligatorias de las bases estándar.

  • Bajo tales consideraciones, este Colegiado advierte que la disposición contenida

en las bases integradas, referida al factor de evaluación «Disponibilidad de servicios y repuestos», no puede conservarse, toda vez que su configuración contraviene el marco normativo aplicable y los lineamientos de las bases estándar de obligatorio cumplimiento. En efecto, la Entidad se encontraba obligada a estructurar dicho factor de evaluación conforme a los parámetros establecidos en las bases estándar, sin que resultara jurídicamente admisible sustituir uno de sus elementos por una exigencia distinta, no contemplada para tal efecto. En consecuencia, la actuación de la Entidad vulnera los principios de transparencia y legalidad recogidos en el artículo 5 de la Ley, así como lo dispuesto en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento.

  • En ese orden de ideas, corresponde señalar que, de conformidad con el numeral

70.1 del artículo 70 de la Ley, el Tribunal de Contrataciones Públicas se encuentra facultado para declarar la nulidad de los actos expedidos cuando estos contravengan las normas legales, entre otros supuestos, siempre que el vicio identificado tenga carácter insubsanable. En el presente caso, se advierte un vicio de nulidad originado en la configuración irregular de las bases integradas, al haberse incorporado un factor de evaluación que no se ajusta a las disposiciones obligatorias de las bases estándar. Dicha irregularidad, además, se encuentra directamente vinculada con uno de los puntos controvertidos formulados por el Impugnante, referido precisamente a la acreditación del factor de evaluación «Disponibilidad de servicios y repuestos». En efecto, para resolver el cuestionamiento planteado por el Impugnante, este Colegiado tendría que pronunciarse sobre la forma en que debía acreditarse el referido factor y, por consiguiente, validar previamente su configuración. Sin embargo, al haberse advertido que dicha configuración contraviene las disposiciones normativas aplicables, no resulta jurídicamente posible emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia sin convalidar, directa o indirectamente, una regla de evaluación contraria al ordenamiento jurídico. Por tanto, el vicio identificado no solo compromete la legalidad de las bases integradas, sino que también incide directamente en la delimitación de la materia controvertida y en los resultados del procedimiento de selección. En tales circunstancias, se trata de un defecto trascendente que impide recurrir a los supuestos de conservación del acto administrativo previstos en el TUO de la LPAG.

  • En consecuencia, este Colegiado considera que no se configura un supuesto que

permita conservar los actos administrativos afectados por el vicio advertido, toda vez que ello supondría convalidar actuaciones sustentadas en reglas de evaluación contrarias a las disposiciones normativas de obligatorio cumplimiento. Así, al encontrarse comprometida la validez jurídica del procedimiento de selección desde la configuración de sus reglas de evaluación, corresponde que este Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, declare de oficio la nulidad del procedimiento de selección.

  • Al respecto, cabe precisar que el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley establece

que el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos cuando, entre otros supuestos, estos hayan sido dictados por órgano incompetente o contravengan las normas legales, siempre que el vicio identificado sea insubsanable. Asimismo, dicha disposición establece que la resolución que declare la nulidad debe precisar la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, según corresponda. En el presente caso, al haberse determinado que la configuración del factor de evaluación contraviene disposiciones normativas de obligatorio cumplimiento y que dicha irregularidad tiene incidencia sustancial en las reglas que rigieron la evaluación de las ofertas, se configura un supuesto que justifica la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en la citada disposición legal.

  • Sobre el particular, resulta pertinente señalar que la nulidad constituye una

institución jurídica destinada a restablecer la legalidad de las actuaciones administrativas cuando estas se encuentran afectadas por vicios que comprometen su validez. En el ámbito de la contratación pública, dicha institución permite a las Entidades y, en el marco de sus competencias, al Tribunal, adoptar las medidas necesarias para sanear los procedimientos de selección frente a irregularidades que puedan comprometer su desarrollo regular, garantizando que estos se conduzcan con sujeción a los principios, disposiciones y garantías establecidos en la normativa de contratación pública. En ese sentido, la declaración de nulidad constituye una medida de carácter excepcional, reservada para aquellos supuestos en los que la gravedad del vicio identificado impide reconocer eficacia jurídica al acto administrativo afectado y en los que no resulta posible preservar su validez mediante los mecanismos de conservación previstos en el ordenamiento jurídico. Ello responde a que, como regla general, los actos administrativos se encuentran amparados por la presunción de validez. Por tanto, su declaración de nulidad exige que se configure alguna de las causales expresamente previstas en la ley y que se observen las garantías correspondientes, tanto respecto del procedimiento en el que se declara la nulidad como de los derechos e intereses de los administrados que pudieran verse afectados por dicha decisión.

  • En concordancia con lo expuesto, debe tenerse presente que el artículo 10 del

TUO de la LPAG, establece como causales de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos, entre otras, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. En ese sentido, cuando el acto administrativo adolece de un vicio consistente en la contravención del ordenamiento jurídico, corresponde examinar si dicho defecto admite la aplicación de los mecanismos de conservación previstos en la normativa administrativa. No obstante, cuando la infracción normativa reviste carácter sustancial y afecta la validez del acto, no resulta jurídicamente viable su conservación.

  • En el presente caso, conforme se ha desarrollado precedentemente, el vicio

identificado no constituye una irregularidad meramente formal o accesoria, sino una contravención al marco normativo que regula la elaboración de las bases estándar y la configuración de los factores de evaluación. Asimismo, su incidencia en la evaluación de las ofertas y en las condiciones de competencia entre los postores impide considerar que se trate de un defecto susceptible de subsanación o conservación. Por consiguiente, este Colegiado no puede convalidar los actos emitidos sobre la base de reglas de evaluación contrarias a la normativa de contratación pública, al encontrarse comprometidas la validez y la legalidad del procedimiento de selección. En tal sentido, corresponde disponer, de oficio, su nulidad.

  • Por las consideraciones expuestas, al amparo de lo dispuesto en el numeral 313.2

del artículo 313 del Reglamento, y de conformidad con el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, en concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG, este Colegiado considera que los vicios advertidos afectan sustancialmente la validez del procedimiento de selección y no resultan susceptibles de conservación. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y disponer que este se retrotraiga a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, a efectos de que la Entidad corrija la configuración del factor de evaluación “Disponibilidad de servicios y repuestos” y adecúe su contenido a las disposiciones de las bases estándar de obligatorio cumplimiento. Cabe precisar que dicha medida resulta necesaria, además, porque de la revisión de las bases primigenias se advierte que la misma omisión ya se encontraba presente en su contenido, por lo que la reformulación debe comprender la corrección de dicha deficiencia desde la etapa inicial del procedimiento, a fin de evitar que se reproduzca el vicio identificado.

  • En atención a lo expuesto, considerando que se ha dispuesto la nulidad de oficio

del procedimiento de selección y su retroacción a la etapa de convocatoria, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los demás cuestionamientos formulados por el Impugnante, toda vez que las actuaciones posteriores a dicha etapa quedarán sin efecto como consecuencia de la declaración de nulidad.

  • Por otra parte, corresponde poner la presente resolución en conocimiento del

Titular de la Entidad, a efectos de que tome conocimiento del vicio advertido y adopte las medidas que correspondan en el marco de sus atribuciones. Asimismo, corresponde exhortarlo a que disponga las acciones pertinentes para que los evaluadores y las áreas responsables de la elaboración de las bases observen estrictamente las disposiciones contenidas en la normativa de contratación pública y en las bases estándar de uso obligatorio, a fin de prevenir la reiteración de irregularidades como la identificada en el presente caso, cuya eventual ocurrencia podría generar nuevas declaraciones de nulidad y afectar la satisfacción oportuna de las necesidades públicas que sustentan la contratación.

  • En atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del

Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Juan Carlos Cortez Tataje y la intervención de los Vocales Danny William Ramos Cabezudo y Sonia Tatiana Angulo Reátegui, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría;

LA SALA RESUELVE:

  • Declarar la nulidad de oficio de la Licitación Pública para Bienes N° 01-2026-CS-

MDSJB, para la contratación de bienes “Adquisición de (04) camión compactador de 22m3 para el mejoramiento de la prestación de servicio de limpieza pública a cargo de la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto”, convocada por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista – Loreto, debiendo retrotraerse hasta la etapa de su convocatoria, previa reformulación de las bases, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

  • Devolver la garantía presentada por el postor GATT PERU S.R.L. para la

interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

  • Poner en conocimiento del Titular de la Entidad la presente resolución, de

conformidad con lo previsto en el fundamento 45. Dar por agotada la vía administrativa. Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

ss. Cortez Tataje. Angulo Reátegui.

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

El vocal que suscribe el presente voto manifiesta respetuosamente su desacuerdo con la decisión adoptada en mayoría, conforme a lo siguiente:

  • En el presente caso, para la incorporación del factor de evaluación “Disponibilidad de

servicios y repuestos”, las bases estándar establecen que la Entidad debe consignar, como mínimo, los siguientes aspectos: i) las localidades en las que se entregarán los bienes y/o las localidades aledañas, según corresponda a las necesidades de la contratación; y ii) el tiempo durante el cual se garantizará la disponibilidad de los servicios y repuestos. Asimismo, precisan que la acreditación es mediante una declaración jurada, respecto de la localidad o localidades ofertadas.

  • Teniendo en cuenta ello, el suscrito aprecia que el factor de evaluación “Disponibilidad

de servicios y repuestos” de las bases integradas identificó a la provincia de Maynas como localidad de referencia y precisó que la acreditación del factor debía efectuarse mediante la presentación de una declaración jurada, omitiendo consignar el tiempo de disponibilidad de servicios y repuestos.

  • Dicho ello, si bien “el tiempo durante el cual se garantizará la disponibilidad de los

servicios y repuestos” no fue expresado en dicho factor, lo cierto es que el mismo se encuentra en las especificaciones técnicas en el acápite referido al “Soporte post venta”, por lo que el suscrito considera que fue puesto oportunamente en conocimiento de las partes, no evidenciándose que dicha condición haya sido desconocida por los 2 postores que presentaron su oferta, según informó la Entidad absolver el traslado de nulidad. Aunado a ello, se debe tener en cuenta que el factor bajo análisis no puede mejorarse respecto del periodo.

  • Por otro lado, respecto a la inclusión del área mínima del taller de 1000 m2, el suscrito

aprecia que la misma no es una condición prevista en las bases estándar para la acreditación del factor de evaluación “Disponibilidad de servicios y repuestos”, y tampoco podría afirmarse que es una condición para la acreditación del factor de evaluación materia de observación, pues aquel solo exige la presentación de una declaración jurada, cuyo criterio de asignación de puntaje solo contempla la acreditación de la localidad de Maynas.

  • Sin perjuicio de lo expuesto, si bien Entidad puede agregar una condición inherente al

metraje del taller en las especificaciones técnicas, lo cierto es que, en el presente caso, dicha exigencia no forma parte del requerimiento del área usuaria, sino que fue incorporado indebidamente por el comité en el factor de evaluación “Disponibilidad de servicios y repuestos”, lo que no solo se aprecia de la revisión de las bases, sino que fue indicado por la Entidad al absolver el traslado de nulidad: “Ahora bien, si bien el comité incluyó el área de 1000 m2 (…)”.

  • En consecuencia, el suscrito aprecia un vicio de nulidad referido a que el comité ha

incorporado una exigencia técnica referida al metraje del taller en el factor de evaluación “Disponibilidad de servicios y repuestos”, pese a que no era su competencia, sino del área usuaria, lo que constituye una exigencia ilegal, independientemente el extremo de las bases en el que fue previsto.

  • Por lo tanto, a criterio del vocal que suscribe el presente voto, en el presente caso,

correspondía que, en virtud de lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del Reglamento, la Sala corra traslado del vicio señalado anteriormente a la Entidad y a las partes con la finalidad que puedan expresar su posición con respecto al citado hecho, de considerarlo pertinente, para luego evaluar la eventual declaratoria de nulidad de oficio del procedimiento de selección, en atención a la facultad otorgada a este Tribunal en el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, con la finalidad que el mismo se retrotraiga hasta la convocatoria, previa reformulación de las bases.

CONCLUSIÓN:

El vocal que suscribe el presente voto considera que:

  • Correspondía correr traslado del vicio de nulidad relativo a la deficiencia en el factor de

evaluación “Disponibilidad de servicios y repuestos”, al haber establecido el comité una exigencia técnica que no era de su competencia, con la finalidad de que, previa evaluación de la Sala, se proceda a declarar la nulidad del procedimiento de selección y se retrotraiga hasta la convocatoria, previa reformulación de las bases; en atención a la facultad otorgada al Tribunal en el artículo 70 de la Ley, a fin de garantizar un procedimiento de selección sujeto a la legalidad y a los principios que rigen la contratación pública.

DANNY WILLIAN RAMOS CABEZUDO

VOCAL

Resolución N.° 9551-2026-TCP-S5 | Documentos Regulatorios · LinkContrata