Documento regulatorio

Resolución N.° 9550-2026-TCP-S6

Recurso de apelación interpuesto por el postor Gatt Perú S.R.L., en el marco de la Licitación Pública para bienes N° 001-2026-MDM – Primera Convocatoria, para la “Adquisición de un (1) camión ciste...

Tipo
No clasificado
Fecha
02/11/2026
Fuente
gob.pe/oece/normas-legales

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Sumilla: “(…) el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.” Lima, 2 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 2 de noviembre de 2026, de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7026/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor Gatt Perú S.R.L., en el marco de la Licitación Pública para bienes N° 001-2026-MDM – Primera Convocatoria, para la “Adquisición de un (1) camión cisterna para el servicio de riego de áreas verdes en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad; y atendiendo a lo siguiente: ANTECEDENTES El 21 de julio de 2026, la Municipalidad Distrital de Moche, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública para bienes N° 001-2026-MDM – Primera Convocatori…
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Sumilla: “(…) el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.” Lima, 2 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 2 de noviembre de 2026, de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7026/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor Gatt Perú S.R.L., en el marco de la Licitación Pública para bienes N° 001-2026-MDM – Primera Convocatoria, para la “Adquisición de un (1) camión cisterna para el servicio de riego de áreas verdes en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad; y atendiendo a lo siguiente:

  • ANTECEDENTES
  • El 21 de julio de 2026, la Municipalidad Distrital de Moche, en adelante la Entidad,

convocó la Licitación Pública para bienes N° 001-2026-MDM – Primera Convocatoria, para la “Adquisición de un (1) camión cisterna para el servicio de riego de áreas verdes en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad”, con una cuantía de S/ 662 000.00 (seiscientos sesenta y dos mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. El 7 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas electrónicas y, el 10 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, la buena pro al Consorcio Maquinarias del Perú, integrado por las empresas Titanmaq S.R.L. y Corporation Withmory S.R.L., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 609 900.00 (seiscientos nueve mil novecientos con 00/100 soles), de acuerdo a lo siguiente:

Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado Consorcio Maquinarias del Perú S/ 609 900.00 100.00 1 Adjudicado Gatt Perú S.R.L. - - - No admitido.

  • Mediante Escrito s/n, presentado el 22 de setiembre de 2026, y subsanado mediante

Escrito s/n presentado el 24 de setiembre del mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor Gatt Perú S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando: i) se revoque la no admisión de su oferta, y se tenga por admitida, ii) se continúe con su calificación y evaluación, iii) se declare descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario, y iv) se revoque la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario. Para dicho efecto, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: Sobre la no admisión de su oferta 2.1. Refiere que el comité no admitió su oferta debido a que el certificado de inscripción en el registro de casas comercializadoras, que obra en su oferta, está emitido a nombre de la empresa Control de Combustible Perú S.A.C. y no a nombre de su representada. 2.2. Indica que, en el literal g) del numeral 2.2.1.1 se requirió lo siguiente: “A fin de acreditar el cumplimiento del sistema de monitoreo, el postor debe adjuntar, entre otros, el Certificado de inscripción en el registro de casas comercializadoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones a nombre del postor, emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dicho requisito, inicialmente, estaba previsto en la documentación para el perfeccionamiento del contrato, sin embargo, en atención a la Observación N° 10, se requirió ello para la presentación de las ofertas. 2.3. Precisó que las bases estándar, aplicables al procedimiento de selección, ha previsto que, en la etapa de admisión de las ofertas, las entidades requieran la presentación de autorizaciones del producto, folletos, instructivos para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien. En ese literal, no debe exigirse ningún documento vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como capacidad legal, capacidad técnica, entre otros. 2.4. La expresión “a nombre del postor” también fue materia del pliego. En el marco de la Observación N° 18, se pidió suprimirla porque el registro de casas comercializadoras corresponde a quien comercializa el equipo de monitoreo y no a quien vende el vehículo. Sin embargo, el comité la rechazó y explicó la finalidad de dicho requerimiento. 2.5. Respecto a dicho requerimiento “a nombre del postor”, indicó que, ello no se cumple en el caso de un postor que vende vehículos. Su representada tiene por actividad la venta de vehículos, según la acreditación REMYPE que obra en la página 7 de su oferta. En tal sentido, como parte de su oferta, presentó el certificado de casa comercializadora de la que proviene el equipo. 2.6. Precisó que, en las páginas 27 a la 32 de la oferta de su oferta, se adjuntó el sustento del sistema de monitoreo ofertado. 2.7. Indicó que, en su oferta, la trazabilidad está completa: fabricante homologado, comercializadora inscrita y representación acreditada por carta. El soporte y la atención están a cargo de la empresa que, según su carta, mantiene la representación oficial para el soporte técnico y los servicios asociados al sistema. Es decir, Control de Combustible Perú S.A.C. no es un tercero ajeno al contrato. 2.8. La otra lectura adoptada por el comité exige que un vendedor de camiones se inscriba ante el MTC como comercializador de equipos de telecomunicaciones, como condición para ofertar un camión cisterna. Esa inscripción es una habilitación sectorial que solo puede obtener quien ejerce la actividad regulada y que no se transfiere; pedirla a quien no comercializa equipos de telecomunicaciones no añade trazabilidad ni soporte. Sobre la oferta del Consorcio Adjudicatario 2.9. Refiere que en la página 47 de su oferta, el Consorcio Adjudicatario presentó un certificado de homologación emitido por el MTC a nombre de una empresa domiciliada en la República Popular China. En las páginas 49 y 50 de su oferta, presentó los certificados de inscripción en el registro de casas comercializadoras de Corporation Withmory S.R.L. y de Titanmaq S.R.L. En ningún folio de su oferta obra carta de representación, contrato de distribución, autorización ni documento de otra naturaleza que relacione al fabricante titular de la homologación con alguno de los consorciados, ni documento que identifique el equipo homologado como el sistema de monitoreo que el consorcio ofrece para el camión cisterna. 2.10. Considera que el acta del 9 de setiembre de 2026 confirma que el comité no realizó esa verificación. Al evaluar la Mejora 1 consignó que el Consorcio Adjudicatario presentó “el certificado de homologación emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a nombre del fabricante del sistema de monitoreo, y los certificados de inscripción en el Registro de casas y comercializadores de equipos y aparatos de telecomunicaciones emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a nombre de ambos consorciados”. El comité comprobó la existencia de los tres certificados y el nombre de sus titulares; sin embargo, no comprobó que el sistema ofertado fuera el homologado ni que los consorciados comercialicen el equipo de ese fabricante. 2.11. Advierte que, al absolver la Observación N° 18, la Entidad indicó que, la exigencia de los certificados del MTC persigue “trazabilidad, responsabilidad directa, soporte y atención durante la ejecución contractual, sin depender de autorizaciones o actuaciones de terceros ajenos al contrato”. Al respecto, precisó que, la oferta del Consorcio Adjudicatario no ofrece trazabilidad alguna entre el fabricante extranjero cuya homologación exhibe y las empresas que se presentan como comercializadoras.

  • A través del Decreto del 25 de setiembre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante, el cual fue notificado a través del toma razón electrónico del SEACE de la PLADICOP en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP o remita, de ser el caso, el informe técnico legal correspondiente indicando su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. Además, se dispuso notificar a través del SEACE el recurso de apelación al postor o postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados por la resolución del Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso.

De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 1 de octubre del mismo año a las 09:00 horas.

  • Mediante Escritos N° 1, presentados el 28 y 29 de setiembre de 2026 ante el Tribunal,

el Consorcio Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y acreditó a su representante para la audiencia programada.

  • Con Escrito N° 2, presentado el 29 de setiembre de 2026 ante la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, conforme al siguiente detalle: 5.1. Sostiene que el Impugnante no ha cumplido con presentar el Certificado de inscripción en el registro de casas comercializadoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones a su nombre. 5.2. Refiere que el Impugnante pretende impugnar los actos preparatorios, sin embargo, precisa que, la etapa de consultas y observaciones tuvo su oportunidad. 5.3. Señala que el recurso de apelación del Impugnante debe declararse improcedente porque pretende cuestionar actos no impugnables, específicamente las bases integradas y la etapa de consultas y observaciones.

  • Por decreto del 30 de setiembre de 2026, se tuvo por apersonado al Consorcio

Adjudicatario, en calidad de tercero administrado, y por acreditado al representante designado.

  • El 30 de setiembre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico N°

0001-2026-CS y el Informe Legal N° 0195-2026-OGAJ/MDM, en el cual expuso su posición frente a los argumentos del recurso impugnativo, en los siguientes términos:

  • Sobre los requisitos para la admisión de ofertas, precisa que las bases integradas

exigieron el certificado de homologación emitido por el MTC y el certificado de inscripción en el Registro de Casas Comercializadoras de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones, estén a nombre del postor. Asimismo, dicha documentación fue contemplada para acreditar el sistema de monitoreo ofertado.

  • Con respecto a los alcances del recurso de apelación, la Entidad advierte que el

Impugnante cuestiona la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, pero pretende flexibilizar o sustituir la exigencia expresa de que los certificados se encuentren a nombre del postor, lo que supondría modificar las reglas definitivas después de presentadas las ofertas.

  • Sobre la falta de titularidad del certificado de inscripción, señala que la no

admisión del Impugnante se sustentó en que dicho documento fue emitido a nombre de Control de Combustible Perú S.A.C. y no a nombre del Impugnante. Por tanto, la controversia no radica en determinar si presentó algún certificado, sino en verificar si cumplió con la titularidad expresamente requerida en las bases integradas.

  • Acerca de la exigencia de titularidad de los certificados, sostiene que esta fue

materia de cuestionamiento mediante la Observación N° 18, cuya pretensión de flexibilización no fue acogida por la Entidad. Asimismo, precisa que el comité no podía modificar unilateralmente una exigencia expresa de las bases integradas.

  • Indica que, en el marco de la revisión de las ofertas, no correspondía admitir

equivalencias ni construir una cadena documental de terceros que las bases no contemplaron.

  • Sostiene que la condición de vendedor de vehículos del Impugnante, la

participación de Control de Combustible Perú S.A.C., como proveedor del sistema de monitoreo, y las declaraciones juradas mediante las cuales asume obligaciones contractuales no modifican la titularidad de un certificado sectorial emitido por el MTC. Dichas declaraciones acreditan compromisos respecto de la prestación, pero no permiten tener por cumplido un requisito documental exigido a nombre del postor.

  • Con respecto a la documentación de la oferta adjudicada, la Entidad señala que

las bases no exigieron una carta de representación, contrato de distribución, autorización u otro documento que vincule al fabricante con los integrantes del consorcio. Por tanto, no correspondía imponer durante la evaluación requisitos adicionales ni exigir al adjudicatario acreditar una relación contractual o comercial no prevista en las condiciones de admisión.

  • Sobre el cuestionamiento referido a un supuesto doble estándar en la evaluación,

sostiene que no existe trato desigual, pues el Consorcio Adjudicatario acreditó la condición exigida mediante documentación correspondiente a sus integrantes, mientras que GATT presentó un certificado a nombre de una persona jurídica distinta. La incorporación voluntaria de cartas por parte del Impugnante, para explicar la intervención de un tercero, no genera la obligación de exigir documentación equivalente al adjudicatario.

  • Acerca de los principios de contratación pública invocados, la Entidad precisa que

la libertad de concurrencia, competencia, eficacia, eficiencia e igualdad de trato orientan el procedimiento, pero no habilitan al evaluador a establecer excepciones individuales ni a sustituir una condición documental expresa por otra que resulte conveniente para determinado postor. En ese sentido, aplicar la misma regla a todos los participantes no constituye un trato desigual.

  • Mediante decreto del 1 de octubre de 2026, se tuvo por absuelto traslado del recurso

de apelación, por el Consorcio Adjudicatario.

  • Con decreto del 1 de octubre de 2026, se dispuso reprogramar la audiencia pública

para el 6 de octubre de 2026, a las 14:30 horas.

  • El 2 de octubre de 2026, el Impugnante y la Entidad acreditaron a sus representantes,

para hacer uso de la palabra en la audiencia pública convocada.

  • Con decreto del 9 de octubre de 2026, se indicó que mediante el artículo 1 de la

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE-PRE de fecha 5 de octubre de 2026, publicada en el Diario Oficial El Peruano en la misma fecha, se formalizó el Acuerdo Nº 001-014-2026/OECE-CD del Consejo Directivo que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal de Contrataciones Pública del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes. En tal sentido, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 16 de octubre del mismo año a las 16:00 horas.

  • Mediante Oficio N° 339-2026-GM-MDM, presentado el 13 de octubre de 2026 ante la

el Tribunal, la Entidad acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

  • Mediante Escrito s/n, presentado el 14 de octubre de 2026 ante el del Tribunal, el

Impugnante acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

  • Mediante Escrito s/n, presentado el 15 de octubre de 2026 ante el del Tribunal, el

Consorcio Adjudicatario acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

  • EL 16 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de

los representantes del Impugnante, el Consorcio Adjudicatario y la Entidad.

  • Mediante decreto del 16 de octubre de 2026, se advirtieron posibles vicios de nulidad

debido a que, i) este Tribunal no advierte en qué medida la presentación del “Certificado de inscripción en el registro de casas comercializadores de equipos y aparatos de telecomunicaciones a nombre del postor”, sea un documento que acredite una característica técnica; ii) se advertiría que, la obligación de contar con el “Certificado de inscripción en el Registro de Casas Comercializadoras de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones a nombre del postor” podría constituir una restricción injustificada para la participación de proveedores.

  • Mediante el escrito s/n, presentado el 19 de octubre de 2026 ante el Tribunal, el

Impugnante absolvió el traslado del presunto vicio de nulidad, indicando su conformidad con la posición de la Sala.

  • Mediante el Oficio N° 382-2026-GM-MDM que adjunta el Informe N° 02-2026-

MDM/CS, presentados el 26 de octubre de 2026 ante el Tribunal, la Entidad absolvió el traslado del presunto vicio de nulidad, manifestando lo siguiente:

  • Señaló que, la exigencia de titularidad, a nombre del postor, cuenta con

justificación técnica, operativa y contractual, pues guarda relación con el componente tecnológico incorporado al camión cisterna y no es una barrera arbitraria de acceso al mercado.

  • Sin embargo, tras evaluar el alcance del artículo 244 del Reglamento General de

la Ley de Telecomunicaciones, advierte que la obligación de inscripción recae exclusivamente sobre las casas comercializadoras de dichos equipos especializados. En tal sentido, exigir de manera obligatoria que los postores del rubro automotriz cuenten con dicho documento, genera una restricción que vulnera el principio de libertad de concurrencia.

  • El requisito advertido se incorporó a través de la Observación N° 5 del Pliego, en

tal sentido, no es viable corregir la no admisión del Impugnante, sin subsanar previamente la regla que originó el error.

  • A fin de salvaguardar la transparencia y libre competencia, se debe reformular el

Pliego de absolución para suprimir la exigencia restrictiva del certificado.

  • Mediante el Informe Técnico Legal S/N, presentado el 26 de octubre de 2026 ante el

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado del presunto vicio de nulidad, manifestando lo siguiente:

  • Manifestó que la exigencia de titularidad a nombre del postor cuenta con una

justificación técnica, operativa y contractual, pues guarda relación con el requerimiento tecnológico incorporado al camión cisterna. Asimismo, respecto de la oportunidad de presentación de los certificados, sostiene que su incorporación en la oferta respondió a la necesidad de verificar oportunamente el respaldo sectorial del sistema de monitoreo ofertado.

  • Precisó que, el objeto contractual no se agota en la entrega de un chasis y una

cisterna. El requerimiento exige una unidad vehicular funcionalmente, en la que, el sistema de monitoreo constituye un componente tecnológico incorporado al bien y destinado a operar durante un periodo mínimo determinado. Por ello, el contratista no se limita a entregar físicamente un dispositivo, sino que responde frente a la Entidad por la provisión, integración, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, continuidad y soporte del sistema ofrecido, en los términos de las bases y de su oferta. Si bien el objeto principal es la adquisición de un camión cisterna, el bien requerido incluye expresamente un subsistema de telecomunicaciones que debe operar legal y técnicamente como parte de la unidad.

  • Indica que el Certificado de Homologación tiene una función vinculada

directamente con el equipo, pues permite verificar que una determinada marca y modelo ha sido objeto del control sectorial correspondiente y que su utilización se encuentra comprendida dentro del marco regulatorio aplicable.

  • El Certificado de inscripción en el Registro de Casas Comercializadoras cumple una

función distinta y complementaria. No acredita las prestaciones físicas del dispositivo, sino que acredita que la persona natural o jurídica se encuentra inscrita ante el MTC para desarrollar la actividad comprendida en dicho registro. El artículo 244 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones impone la obligación de inscripción a las casas comercializadoras y les exige, además, reportar las ventas efectuadas, lo que evidencia una finalidad de control y trazabilidad sectorial de la comercialización de equipos y aparatos de telecomunicaciones.

  • La condición se estableció porque el postor que formula la oferta asume, frente a

la Entidad, la obligación de entregar un camión cisterna que incorpora un sistema de monitoreo, y de resultar adjudicado, será el único obligado contractual frente a la Entidad por la totalidad de la prestación.

  • Cuando la inscripción recae en el propio postor, la Entidad mantiene una relación

directa con el sujeto que: i) presenta la oferta; ii) asume la obligación de entregar el bien; iii) incorpora el sistema de monitoreo como parte de la configuración ofrecida; iv) garantiza su funcionamiento; y v) responde contractual y patrimonialmente frente a la Entidad. La titularidad directa reduce espacios de indeterminación y facilita el control durante la ejecución.

  • La participación de proveedores especializados no se encuentra prohibida. El

contratista puede organizar internamente su cadena de suministro, adquirir equipos a fabricantes o proveedores especializados y recurrir a soporte técnico de terceros. Lo que la exigencia evita es que esa organización interna desplace la responsabilidad que el contratista debe mantener frente a la Entidad o que la única inscripción sectorial relevante pertenezca a un tercero respecto del cual la Municipalidad no posee la misma capacidad de exigencia contractual.

  • La exigencia establecida en las bases integradas no constituye un criterio aislado,

pues los Pronunciamientos N° 227-2026/OECE-DSAT, 584-2026/OECE-DSAT, 296- 2024/OSCE-DGR, 486-2023/OSCE-DGR, 400-2022/OSCE-DGR y 004-2022/OSCE- DG revisados contienen antecedentes vinculados directamente con sistemas de monitoreo incorporados a vehículos o maquinaria y con la exigencia del Certificado de inscripción en el Registro de Casas Comercializadoras emitido por el MTC a nombre del postor, postor participante o postor ganador de la buena pro. Su análisis conjunto evidencia una línea consistente en cuanto a la vinculación entre el contratista y la inscripción sectorial correspondiente al componente de monitoreo.

  • El decreto de traslado señala que no todos los proveedores que comercializan

camiones cisterna tienen la condición de casas comercializadoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones. Sin embargo, de ella no se desprende que el requisito sea necesariamente restrictivo o inválido. La libertad de concurrencia no exige que la totalidad de empresas existentes en un mercado puedan satisfacer cada condición técnica o funcional del requerimiento. Lo jurídicamente relevante es que la condición tenga una justificación objetiva.

  • Las bases estándar permiten que, de manera excepcional y con el sustento

correspondiente, la Entidad solicite autorizaciones del producto: folletos, instructivos, catálogos o similares destinados a acreditar características y/o requisitos funcionales específicos del bien. El concepto de requisito funcional comprende aquellas condiciones objetivas que resultan necesarias para que un componente tecnológico pueda cumplir válidamente la función para la cual se incorpora al bien.

  • Además, indicó que, el sistema de monitoreo no solo formaba parte de las

especificaciones técnicas mínimas, sino que, fue incorporado como el factor de evaluación Mejora 1.

  • La exigencia cuestionada fue formulada de manera previa, expresa y verificable.

Todos los participantes tuvieron acceso al mismo texto, pudieron formular consultas u observaciones. Además, conocieron que la Entidad había rechazado expresamente la alternativa de presentar un certificado a nombre de un tercero. No existió una regla oculta, una modificación posterior a la presentación de ofertas ni una aplicación diferenciada entre postores.

  • Desde la perspectiva de competencia, la existencia de pluralidad de proveedores

capaces de cumplir el requisito descarta que la condición haya sido diseñada para un único operador. La competencia no se mide por la posibilidad de participación de todos los agentes existentes en el mercado, sino por la existencia de concurrencia efectiva entre alternativas capaces de satisfacer razonablemente la necesidad definida por la Entidad.

  • En esa misma línea, indica que el Pronunciamiento N° 400-2022/OSCE-DGR

evidencia que la existencia de pluralidad se determina respecto del requerimiento definido por la Entidad y puede sustentarse con información objetiva de mercado y antecedentes de contrataciones, sin que la sola imposibilidad de participación de un operador concreto convierta automáticamente el requerimiento en restrictivo.

  • Asimismo, la igualdad de trato exige aplicar la misma regla a quienes se

encuentran en la misma situación. Indica que la titularidad del certificado fue verificada, respecto de cada postor. Su representada presentó certificados a nombre de sus integrantes; el Impugnante presentó un certificado perteneciente a un tercero. Admitir este último documento como equivalente después de la presentación de ofertas habría supuesto modificar la regla para acomodarla a la estructura comercial particular de un postor y, precisamente por ello, habría afectado la igualdad de trato respecto de quienes sí asumieron el costo organizacional y regulatorio de cumplir con la exigencia establecida.

  • La titularidad directa cuenta con un sustento funcional y contractual concreto:

evita separar al contratista del sujeto inscrito ante el MTC respecto del componente de monitoreo, fortalece la trazabilidad, facilita la determinación y exigibilidad de responsabilidades y reduce el riesgo de controversias en la provisión, integración, funcionamiento, garantía y soporte. Esta misma lógica ha sido considerada razonable por el OECE en los Pronunciamientos N° 227- 2026/OECE-DSAT y N° 584-2026/OECE-DSAT, en los cuales no se acogió la pretensión de sustituir al postor por un proveedor especializado como titular del certificado.

  • Precisó que, la documentación del MTC estuvo vinculada a un requisito funcional

específico del sistema de monitoreo y a una mejora evaluable, y que su presentación permitió efectuar una verificación objetiva y oportuna del respaldo sectorial de dicho componente. No fue utilizada como requisito de experiencia, capacidad financiera, infraestructura o capacidad técnica y profesional del postor, sino como acreditación de un componente tecnológico definido en el requerimiento.

  • En materia administrativa, la declaración de nulidad exige evaluar la

trascendencia concreta del defecto y sus efectos sobre el debido procedimiento, la igualdad de trato y el resultado del proceso. El principio de conservación del acto administrativo reconoce que los vicios no trascendentes deben ser objeto de conservación cuando la formalidad observada no afecta aspectos esenciales ni el debido proceso. Asimismo, cuando se declara una nulidad, deben conservarse las actuaciones cuyo contenido hubiera permanecido igual de no haberse producido el vicio.

  • Solicita que, antes de adoptar una medida de nulidad y retroacción, la Sala

determine si existe una afectación material y trascendente que haga indispensable invalidar las actuaciones realizadas. La nulidad no debe operar como una consecuencia automática, ante una discrepancia interpretativa sobre la acreditación documental, cuando la regla sustantiva cuenta con fundamento, fue transparente, tuvo una finalidad objetiva y se aplicó uniformemente

  • Mediante decreto del 26 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

  • PROCEDENCIA DEL RECURSO:
  • El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

  • Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (cuantía superior a 50 UIT).1 Licitación pública con una cuantía de S/ 662 000.00 Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2 Si bien el Consorcio Adjudicatario sostiene que el Impugnante cuestiona las bases del procedimiento de selección, es importante precisar que, de la revisión del recurso, se advierte que está orientado a cuestionar la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 La notificación del acto impugnado fue el 10.09.2026, venciendo el plazo de 5 días hábiles, el 22.09.2026. El recurso de apelación se presentó el 22.09.2026, y se subsanó el 24.09.2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente El recurso es suscrito por el señor Jorge Antonio Dueñas Santana, en calidad de gerente general del Impugnante. Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Impugnante cuestionó la no admisión de su oferta. Sí Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro El Impugnante no es el ganador de la buena pro Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Cuenta con interés para obrar y legitimidad para cuestionar la no admisión de su oferta. No obstante, para cuestionar la buena pro del procedimiento de selección otorgada al Adjudicatario, debe revertir su condición de no admitido en el procedimiento de selección. Sí

  • Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de improcedencia

previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

  • PRETENSIONES:
  • El Impugnante ha solicitado a este Tribunal que:
  • Se revoque la no admisión de su oferta y, como consecuencia de ello, se

disponga que la Entidad admita su oferta.

  • Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.
  • Se declare la no admisión de la oferta del Adjudicatario.
  • El Consorcio Adjudicatario ha solicitado a este Tribunal que:
  • Se confirme el otorgamiento de la buena pro.
  • FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
  • Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en cuenta lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 y en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, que indica que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados deben absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificados con el respectivo recurso a través del SEACE. Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En ese contexto, se aprecia que el decreto de admisión del recurso fue publicado de manera electrónica por el Tribunal en el SEACE el 25 de setiembre de 2026, por lo que la absolución del recurso de apelación podía efectuarse hasta el 30 del mismo mes y año. Al respecto, de la revisión del toma razón electrónico, se advierte que el Consorcio Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado del recurso, a través del escrito que presentó el 30 de setiembre de 2026, es decir, dentro del plazo legal; en ese sentido, a fin de determinar los puntos controvertidos, serán considerados por este Tribunal los asuntos controvertidos planteados en el recurso de apelación y en el escrito de absolución del referido recurso de apelación.

  • En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer consisten en:
  • Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de no admitir la oferta

del Impugnante y, como consecuencia de ello, disponer la admisión de su oferta y revocar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. ii) Determinar a quién corresponde otorgarle la buena pro del procedimiento de selección.

  • ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
  • Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el análisis

que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento; por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso e igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de no admitir la oferta del Impugnante y, como consecuencia de ello, disponer la admisión de su oferta y revocar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario.

  • Considerando que el acto cuestionado es la no admisión de la oferta del Impugnante

por parte del comité, corresponde remitirnos a la motivación que dicho colegiado consignó en el “Acta de admisión, calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro” del 9 de setiembre de 2026, conforme a los siguientes términos: Figura 1. Ficha del procedimiento de selección Nota: extraído del SEACE Como se aprecia, según indica la Entidad, el literal g) del numeral 2.2.1.1 de los documentos para la admisión de la oferta exige -entre otra documentación-, la presentación del Certificado de inscripción en el registro de casas comercializadoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones a nombre del postor. En atención a ello, la Entidad declaró como no admitida la oferta del Impugnante, pues – como parte de su oferta-, presentó el Certificado de inscripción en el registro de casas comercializadoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones a nombre de Control de Combustible Perú S.A.C.

  • Frente a este extremo de la decisión de no admitir la oferta del Impugnante, este ha

interpuesto recurso de apelación sobre la base de los argumentos que se desarrollan en los antecedentes de la presente resolución (numeral 2); asimismo, la Entidad ha expresado su posición conforme a lo detallado en los mismos antecedentes (numeral 5).

  • En ese contexto, a fin de resolver el cuestionamiento planteado, cabe traer a colación

lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron someter los participantes y postores, así como el comité al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento.

  • Ahora bien, la denominación de la contratación, contenida en el Capítulo III

Requerimiento de las bases integradas del procedimiento de selección, fue la siguiente: Figura 1. Denominación de la contratación Nota: extraído de las bases integradas Tal como se observa, la denominación del objeto de la contratación es la “Adquisición de un (1) camión cisterna para el servicio de riego de áreas vedes en el distrito de Moche, provincia Trujillo, departamento La Libertad”.

  • Ahora bien, en el marco del Pliego Absolutorio de Consultas y Observaciones, se

dispuso lo siguiente: Figura 2. Pliego absolutorio de consultas y observaciones Nota: extraído del SEACE Tal como se aprecia, en el marco de la Observación N° 10, el postor Volcan Force S.A.C. solicitó que, el Certificado de Homologación emitido por el MTC y el Certificado de Inscripción en el Registro de Casas Comercializadoras sean presentados como parte de la oferta, a fin de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de la mejora; siendo dicha observación acogida por la Entidad.

  • En atención a ello, de la revisión del numeral 2.2.1.1 “Documentos para la admisión

de la oferta” del Capítulo II de la sección específica de las bases integradas, se advierte que se establecieron expresamente los documentos que debían ser presentados para efectos de la admisión de las ofertas, conforme se aprecia a continuación: Figura 3. Ficha del procedimiento de selección Nota: extraído de las bases integradas De lo expuesto, se observa que, para la admisión de las ofertas, se requirió -entre otros— que, a fin de acreditar el cumplimiento del sistema de monitoreo, el postor debe adjuntar los siguientes certificados del Ministerio de Transportes y Comunicaciones:

  • Certificado de Homologación emitido por el MTC.
  • Certificado de inscripción en el registro de casas comercializadoras de equipos

y aparatos de telecomunicaciones a nombre del postor.

  • En este punto, es importante traer a colación, las bases estándar aplicables al

presente procedimiento de selección, en las cuales, se ha indicado que, de manera excepcional, la entidad puede solicitar como requisito de admisión de la oferta, lo siguiente: Figura 4. Bases estándar aplicables Nota: extraído de las bases estándar Tal como se aprecia, de manera excepcional, la Entidad puede requerir la presentación de autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares, para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien, previstos en las especificaciones técnicas.

  • Al respecto, es importante precisar que, este Tribunal no advierte en qué medida la

presentación del “Certificado de inscripción en el registro de casas comercializadores de equipos y aparatos de telecomunicaciones a nombre del postor”, sea un documento que acredite una característica técnica y/o requisito funcional específico del bien. Por lo tanto, esta Sala advirtió que la Entidad habría incorporado un requisito de admisión que no cumple con acreditar una característica técnica. En ese contexto, y conforme a lo dispuesto en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento, mediante decreto de fecha 16 de octubre de 2026, este Colegiado corrió traslado del posible vicio de nulidad a las partes, a fin de que formulen sus respectivos descargos.

  • Cabe precisar que, el Impugnante, la Entidad y el Consorcio Adjudicatario se

pronunciaron sobre los posibles vicios de nulidad advertidos, conforme a lo desarrollado en los numerales 17, 18 y 19, respectivamente, de los antecedentes.

  • En tal sentido, corresponde a este Tribunal determinar si el hecho expuesto constituye

un vicio del procedimiento de selección que amerite declarar su nulidad.

  • En este punto, es oportuno traer a colación el artículo 244 del del Reglamento General

de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por D.S. N° 020- 2007-MTC, y sus modificatorias, en el cual, se ha previsto lo siguiente: Artículo 244.- Registro de Casas Comercializadoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones 244.1 La casa comercializadora se dedica a la importación, venta y distribución de equipos y aparatos de telecomunicaciones importados legalmente, los cuales requieren ser homologados de manera previa a su comercialización. Se trata de actividades que pueden ser desarrolladas por personas naturales o jurídicas, a quienes, para efectos de la presente norma, se les denomina en cualquier caso Casas Comercializadoras. 244.2 La casa comercializadora de equipos y aparatos de telecomunicaciones, está obligada a inscribirse en el registro que para el efecto tiene a su cargo la Dirección de Gestión Contractual de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones del Ministerio. Para la inscripción, el administrado debe presentar una solicitud vía electrónica a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE. Según el artículo referido anteriormente, las personas naturales o jurídicas que se dedican a la importación, venta y distribución de equipos y aparatos de telecomunicaciones tienen la obligación de inscribirse en el Registro de Casas Comercializadoras a cargo del MTC. Por lo tanto, estar inscrito en dicho registro constituye un requisito legal necesario para estar habilitado para desarrollar dichas actividades.

  • Como se observa, en el marco de la absolución de consultas y observaciones, la

Entidad incorporó la presentación de la constancia de inscripción en el Registro de Casas Comercializadoras del MTC, como parte de la documentación destinada a acreditar el cumplimiento de las características técnicas de los equipos ofertados Sin embargo, dicha exigencia no se encuentra vinculada a la acreditación de una característica o especificación técnica del bien objeto de contratación, que es un (1) camión cisterna para el servicio de riego de áreas vedes, sino al cumplimiento de una condición de carácter legal y administrativa que habilita a una persona natural o jurídica a desarrollar actividades de importación, venta y distribución de equipos y aparatos de telecomunicaciones. En ese sentido, la inscripción en el referido registro no permite acreditar las características técnicas del equipo ofertado, sino únicamente verificar que el proveedor cuenta con la habilitación para ejercer dicha actividad comercial. Por tanto, incorporar dicha constancia como documentación destinada a acreditar las características técnicas del bien supone confundir dos aspectos de distinta naturaleza: por un lado, el cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto de contratación y, por otro, el cumplimiento de los requisitos legales exigibles al proveedor para desarrollar determinada actividad económica.

  • En relación a lo señalado por el Consorcio Adjudicatario en el marco de la absolución

al traslado del presunto vicio advertido, es importante precisar que, si bien las bases estándar contemplan que, las entidades requieran la acreditación de los requisitos funcionales del bien, dicha disposición no habilita a las Entidades a exigir documentos destinados a acreditar que el postor cuenta con, habilitación o inscripción en un registro, pues su finalidad es verificar que los bienes ofertados cumplan con determinadas características y especificaciones técnicas requeridas. Así, de manera excepcional, para dicha verificación, las bases estándar contemplan la posibilidad de requerir documentación técnica, tales como folletos, instructivos, catálogos o similares, que permita constatar las características del bien ofertado, más no documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos de distinta naturaleza.

  • Sobre el particular, corresponde precisar que las bases estándar contienen

disposiciones de obligatorio cumplimiento para las entidades contratantes al elaborar los documentos del procedimiento de selección, conforme a lo establecido en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento. En tal sentido, la incorporación de la inscripción en el Registro de Casas Comercializadoras, requerido como requisito de admisión, contraviene las disposiciones de las Bases Estándar aplicables y, por consiguiente, lo establecido en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento. Asimismo, dicha actuación compromete los principios de transparencia y facilidad de uso, y de competencia, previstos en los literales i) y j) del artículo 5 de la Ley, en tanto introduce una exigencia documental no contemplada en las reglas estándar que debían observarse y que incidió en la evaluación de las ofertas.

En efecto, la transparencia exige que las reglas del procedimiento sean claras, accesibles y coherentes, mientras que la competencia requiere que las condiciones de participación y evaluación no incorporen exigencias que restrinjan la concurrencia de los postores.

  • Ahora bien, los numerales 70.1 y 70.2. del artículo 70 de la Ley disponen que el

Tribunal, en los casos que conozca, declarará nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita en la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, son causales de nulidad de los actos administrativos, los mismos que no son conservables.

  • En esa línea, resulta necesario precisar que la nulidad constituye una figura jurídica

destinada a dotar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, de una herramienta legítima para sanear el procedimiento de selección frente a irregularidades que vicien la contratación, con la finalidad de garantizar un proceso transparente y conforme a la normativa vigente. La anulación del acto administrativo puede tener origen tanto en acciones u omisiones de la propia Administración como de otros participantes del procedimiento, siempre que tales actuaciones incidan en la decisión final adoptada.

  • En dicho escenario, resulta pertinente destacar que el procedimiento administrativo

se rige por principios que constituyen elementos básicos considerados por el legislador, tanto para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados, como para controlar la discrecionalidad administrativa en la interpretación de las normas aplicables, la integración jurídica frente a vacíos normativos y la emisión de regulaciones administrativas complementarias.

  • Asimismo, es preciso recalcar que el análisis efectuado por este Tribunal parte de la

premisa de que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas es que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario que garantice la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos.

  • De acuerdo con lo expuesto, se advierte que el vicio incurrido resulta trascendente,

en tanto contravienen lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento y los principios de transparencia y facilidad de uso y competencia, en virtud del cual las Entidades deben proporcionar reglas y criterios claros y accesibles, así como información coherente que permita comprender todas las etapas del procedimiento y garantice la libertad de concurrencia, así como disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y la obtención de la propuesta más ventajosa, lo cual no puede lograrse cuando las bases presentan deficiencias como la descrita.

  • En ese sentido, en el presente caso no resulta posible conservar el acto viciado, pues

ha incidido directamente en la regularidad del procedimiento de selección. En consecuencia, al encontrarse comprometidas la validez y la legalidad de los actos emitidos, este Tribunal no puede convalidarlos, por lo que corresponde declarar, de oficio, la nulidad del procedimiento de selección.

  • Por estas consideraciones, y al amparo de lo dispuesto en el literal d) del numeral

313.1 del artículo 313 del Reglamento, así como en el artículo 70 de la Ley, en concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG, habiéndose verificado que el vicio advertido afecta sustancialmente la validez del procedimiento de selección, corresponde declarar su nulidad y disponer que este se retrotraiga hasta la etapa de absolución de consultas y observaciones, para lo cual la Entidad deberá considerar lo siguiente:

  • Las Bases Estándar permiten requerir documentación para acreditar las

características y/o requisitos funcionales de los bienes, tales como folletos, catálogos, fichas técnicas, manuales u otros documentos que permitan verificar sus especificaciones técnicas. En ese sentido, no corresponde considerar la constancia de inscripción en el Registro de Casas Comercializadoras del MTC como documentación para dicha acreditación, toda vez que dicha inscripción en el registro corresponde a quienes se dedican a la importación, venta y distribución de equipos y aparatos de telecomunicaciones importados legalmente.

Sobre otro vicio de nulidad

  • Por otro lado, es importante precisar que, el objeto del procedimiento de selección es

la “Adquisición de un (1) camión cisterna para el servicio de riego de áreas vedes en el distrito de Moche, provincia Trujillo, departamento La Libertad”.

  • Aunado a ello, de la revisión de las bases administrativas del procedimiento de

selección, se advierte que, en la descripción general del requerimiento previsto en el literal G.2 del Capítulo III Requerimiento, se ha previsto que, para la acreditación del sistema de monitoreo del bien requerido [camión cisterna], se debía presentar, entre otros, un Certificado de Inscripción en el registro de casas comercializadoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones a nombre del postor, tal como se aprecia a continuación: Figura 5. Ficha del procedimiento de selección Nota: extraído de las bases administrativas

  • En este punto, es oportuno traer a colación el artículo 244 del Texto Único Ordenado

del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por D.S. N° 020- 2007-MTC, en el cual, se ha previsto lo siguiente: La casa comercializadora de equipos y aparatos de telecomunicaciones, está obligada a inscribirse en el registro que para el efecto tiene a su cargo la Dirección de Gestión Contractual de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones del Ministerio. Para la inscripción, el administrado debe presentar una solicitud vía electrónica a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE Tal como se advierte de lo indicado en el artículo 244 del referido decreto supremo, la obligación de inscribirse en el registro correspondiente recae sobre las casas comercializadoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones.

  • Conforme se aprecia en la Figura 5, en el presente procedimiento de selección se

habría exigido que la “inscripción en el registro de casas comercializadoras”, se encuentre a nombre del postor. En ese sentido, dicha exigencia podría constituir una restricción injustificada para la participación de potenciales postores, vulnerando el principio de libertad de concurrencia, al establecer una condición que limitaría la participación de proveedores sin una justificación vinculada al objeto de la contratación. En ese contexto, y conforme a lo dispuesto en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento, mediante decreto de fecha 16 de octubre de 2026, este Colegiado corrió traslado del posible vicio de nulidad a las partes, a fin de que formulen sus respectivos descargos.

  • Cabe precisar que, tanto el Impugnante, el Consorcio Adjudicatario y la Entidad se

pronunciaron sobre el traslado al presunto vicio de nulidad.

  • Ahora bien, de la revisión de las bases del procedimiento de selección, no se advierte

que el objeto de la contratación esté referido a la adquisición o comercialización de equipos y aparatos de telecomunicaciones, sino a la adquisición de un camión cisterna, el cual, como parte de sus características y condiciones técnicas, debe incorporar un sistema de monitoreo En ese sentido, si bien dicho sistema constituye un componente tecnológico que debe formar parte del bien ofertado y cumplir con las condiciones técnicas y regulatorias que resulten aplicables, ello no implica necesariamente que el postor deba ser, además, quien comercialice directamente el equipo de monitoreo. Por el contrario, no se advierte que las bases administrativas establezcan que el postor deba suministrar dicho componente de manera directa, ni que se encuentre impedido de recurrir a un proveedor especializado para su adquisición, instalación o integración en el camión cisterna ofertado. Así, el hecho de que el contratista asuma la responsabilidad integral por el cumplimiento de las prestaciones contractuales, incluido el correcto funcionamiento del sistema de monitoreo, no determina que deba desarrollar necesariamente actividades de comercialización de equipos de telecomunicaciones.

Por tanto, no se advierte una justificación suficiente para exigir que el Certificado de inscripción en el Registro de Casas Comercializadoras se encuentre necesariamente a nombre del postor, en tanto dicha exigencia presupone que este debe comercializar directamente el sistema de monitoreo incorporado al camión cisterna, pese a que el objeto de la contratación no consiste en la adquisición de dicho equipo de manera independiente, sino en la adquisición de un vehículo que debe contar con tal componente [sistema de monitoreo] como parte de sus características técnicas.

  • Cabe reiterar que el objeto del procedimiento de selección consiste en la “Adquisición

de un (1) camión cisterna para el servicio de riego de áreas verdes en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad”. Al respecto, es importante precisar que la obligación de contar con el referido certificado recae sobre quienes desarrollan dicha actividad comercial, por lo que, no correspondería exigirlo necesariamente a todos los postores del presente procedimiento de selección. En efecto, no todos los proveedores que participan en la comercialización de camiones cisterna tienen la condición de casas comercializadoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones.

  • Respecto a la absolución del Consorcio Adjudicatario al traslado de los presuntos

vicios de nulidad, es importante precisar que, conforme al artículo 244 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, la obligación de inscripción recae sobre las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades de importación, venta y distribución de equipos y aparatos de telecomunicaciones; no estableciéndose que dicha obligación se extienda a todo proveedor que comercialice bienes que incorporen tales equipos como parte de sus componentes. En efecto, no se advierte que la sola provisión de un camión cisterna que incorpora un sistema de monitoreo implique necesariamente que el postor sea quien importe, comercialice o distribuya directamente el equipo de telecomunicaciones. En ese escenario, el contratista principal mantendría la responsabilidad integral frente a la Entidad por el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas, sin que ello suponga que deba ostentar necesariamente la condición de casa comercializadora de equipos de telecomunicaciones. En ese sentido, si bien la Entidad puede exigir que el sistema de monitoreo cumpla con las condiciones técnicas y regulatorias aplicables, así como que el contratista garantice su correcto funcionamiento durante el periodo requerido, ello no justifica, por sí mismo, exigir que la inscripción en el Registro de Casas Comercializadoras se encuentre a nombre del postor, pues dicha exigencia no guarda correspondencia necesaria con las actividades que este debe desarrollar para cumplir con el objeto de la contratación. Por consiguiente, el hecho de que el contratista sea el único responsable frente a la Entidad por la ejecución de la prestación no constituye fundamento suficiente para trasladarle una obligación de inscripción sectorial.

  • Además, es importante precisar que, si bien el principio de libertad de concurrencia

no supone que todas las empresas del mercado deban encontrarse en condiciones de cumplir la totalidad de las exigencias previstas en un procedimiento de selección, ello no exime a la Entidad de sustentar objetivamente las condiciones que establece. En el presente caso, resulta relevante que la propia Entidad haya indicado que exigir que el certificado de inscripción en el Registro de Casas Comercializadoras se encuentre necesariamente a nombre del postor podría distorsionar el objeto de la contratación, lo que podría constituir una restricción a la participación de potenciales proveedores. Al respecto, si bien es cierto que el principio de libertad de concurrencia no exige que la totalidad de proveedores existentes en el mercado se encuentren en condiciones de cumplir todas las exigencias previstas en un procedimiento de selección, ello no significa que cualquier condición pueda incorporarse al requerimiento. En el presente caso, debe considerarse que el objeto principal de la contratación es la adquisición de un camión cisterna, siendo el sistema de monitoreo una de sus características técnicas de dicho camión. Por tanto, exigir que los proveedores dedicados a la comercialización de camiones cisterna cuenten, además, con inscripción en el Registro de Casas Comercializadoras del MTC a su nombre, supone imponerles una condición vinculada a una actividad económica distinta de aquella que constituye el objeto principal de la contratación. Cabe precisar que la Entidad no ha señalado por qué dicho registro de casa comercializadora, debe encontrarse necesariamente a nombre del postor y no podría corresponder a un tercero que se encargue de suministrar o comercializar el referido sistema al postor, quien es precisamente quien desarrollaría dicha actividad comercial. Por tanto, no se advierte por qué la exigencia de inscripción deba recaer sobre el proveedor del camión, en lugar de recaer sobre quien efectivamente realiza la actividad de comercialización de los equipos de telecomunicaciones. Por otro lado, si bien el Consorcio Adjudicatario ha sustentado sus argumentos en determinados pronunciamientos emitidos por la Dirección de Supervisión y Asistencia Técnica del OECE, debe tenerse presente que estos se emiten en el marco de procedimientos de selección concretos, cuyos requerimientos, objetos contractuales y circunstancias particulares pueden diferir entre sí. En consecuencia, los criterios desarrollados en dichos pronunciamientos deben ser analizados atendiendo a los hechos y particularidades del caso que fue materia de evaluación, sin que ello suponga su aplicación automática a cualquier otro procedimiento de selección.

  • Cabe precisar que, la exigencia prevista por la Entidad tuvo incidencia en el desarrollo

del procedimiento de selección. En efecto, la oferta del Impugnante fue declarada como no admitida, al no haber presentado el documento conforme a lo requerido en las bases.

  • Sobre el particular, corresponde precisar que la incorporación de la inscripción en el

Registro de Casas Comercializadoras a nombre del postor, vulnera los principios de transparencia y facilidad de uso, y de concurrencia, previstos en los literales i) y j) del artículo 5 de la Ley, en tanto introduce una exigencia documental no contemplada en las reglas estándar que debían observarse, restringiendo injustificadamente la participación de potenciales postores y afectando la libre concurrencia en el procedimiento de selección.

  • Ahora bien, los numerales 70.1 y 70.2. del artículo 70 de la Ley disponen que el

Tribunal, en los casos que conozca, declarará nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita en la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, son causales de nulidad de los actos administrativos, los mismos que no son conservables.

  • En esa línea, resulta necesario precisar que la nulidad constituye una figura jurídica

destinada a dotar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, de una herramienta legítima para sanear el procedimiento de selección frente a irregularidades que vicien la contratación, con la finalidad de garantizar un proceso transparente y conforme a la normativa vigente. La anulación del acto administrativo puede tener origen tanto en acciones u omisiones de la propia Administración como de otros participantes del procedimiento, siempre que tales actuaciones incidan en la decisión final adoptada.

  • En dicho escenario, resulta pertinente destacar que el procedimiento administrativo

se rige por principios que constituyen elementos básicos considerados por el legislador, tanto para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados, como para controlar la discrecionalidad administrativa en la interpretación de las normas aplicables, la integración jurídica frente a vacíos normativos y la emisión de regulaciones administrativas complementarias.

  • Asimismo, es preciso recalcar que el análisis efectuado por este Tribunal parte de la

premisa de que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas es que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario que garantice la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos.

  • De acuerdo con lo expuesto, se advierte que el vicio incurrido resulta trascendente,

pues se incorporó una condición que incide directamente en la posibilidad de participación de los potenciales proveedores en el procedimiento de selección. En efecto, al requerirse que la inscripción en el Registro de Casas Comercializadoras del MTC se encuentre necesariamente a nombre del postor, se restringe la participación a aquellos proveedores que, además de encontrarse en condiciones de suministrar el camión requerido y acreditar el cumplimiento de sus características técnicas, cuenten con dicha inscripción. Dicha situación, vulnera los principios de transparencia y facilidad de uso, y de concurrencia, previstos en los literales i) y j) del artículo 5 de la Ley.

  • En ese sentido, en el presente caso no resulta posible conservar el acto viciado, toda

vez que la afectación de la participación de los postores ha incidido directamente en la regularidad del procedimiento de selección. En consecuencia, al encontrarse comprometidas la validez y la legalidad de los actos emitidos, este Tribunal no puede convalidarlos, por lo que corresponde declarar, de oficio, la nulidad del procedimiento de selección.

  • Por estas consideraciones, y al amparo de lo dispuesto en el literal d) del numeral

313.1 del artículo 313 del Reglamento, así como en el artículo 70 de la Ley, en concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG, habiéndose verificado que el vicio advertido afecta sustancialmente la validez del procedimiento de selección, corresponde declarar su nulidad y disponer que este se retrotraiga hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases administrativas, para lo cual la Entidad deberá considerar lo siguiente:

  • La exigencia de contar con “Certificado de inscripción en el registro de casas

comercializadoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones” debe estar a nombre del postor o de la casa comercializadora que le comercializa el sistema de monitoreo.

  • Por otro lado, en atención a lo dispuesto en el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO

de la LPAG, este Colegiado considera que la presente Resolución debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, a fin de que tomen conocimiento del vicio advertido y adopten las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorten al comité y a las áreas que intervienen en la elaboración de las bases a actuar conforme a la normativa de contrataciones públicas, con el objeto de evitar futuras nulidades que no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

  • Por lo expuesto, en atención de lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, y considerando que este Tribunal procederá a declarar la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Lupe Mariella Merino de la Torre, y con la intervención de los Vocales Jimy Robert Ureta Aquino y Cesar Alejandro Llanos Torres, quien interviene en reemplazo del Vocal Jorge Alfredo Quispe Crovetto, según el rol de turnos de Vocales de Sala vigente, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026- OECE- PRE, del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

  • Declarar la NULIDAD de oficio de la Licitación Pública para bienes N° 001-2026-MDM

– Primera Convocatoria, para la “Adquisición de un (1) camión cisterna para el servicio de riego de áreas verdes en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad”, debiendo retrotraerse el procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases administrativas, conforme a los fundamentos expuestos.

  • DEVOLVER la garantía presentada por la empresa Gatt Perú S.R.L., para la

interposición de su recurso de apelación.

  • Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano

de Control Institucional, a fin de que realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, de acuerdo a lo señalado en el fundamento 48 de la presente resolución.

  • Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JIMY ROBERT URETA AQUINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

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CESAR ALEJANDRO LLANOS TORRES

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

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LUPE MARIELLA MERINO DE LA TORRE

PRESIDENTA

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

Resolución N.° 9550-2026-TCP-S6 | Documentos Regulatorios · LinkContrata