Documento regulatorio

Resolución N.° 9549-2026-TCP-S5

Recurso de apelación interpuesto por el proveedor Q & Q Consultores Y Ejecutores S.A.C. en el marco del Concurso Público para Consultoría de Obra N° 4-2026-GSRCHOTA-1, para la “Contratación del ser...

Tipo
No clasificado
Fecha
02/11/2026
Fuente
gob.pe/oece/normas-legales

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Sumilla: “En ese sentido, de la verificación efectuada por este Colegiado del portal web de SAAS, así como de la respuesta emitida por dicho organismo, presentada por el Consorcio Adjudicatario, se advierte que ni la empresa Objetivos y Resultados Clave S.A de C.V. es un organismo certificador de la norma SA 8000 y que ni la empresa Q & Q Consultores y Ejecutores S.A.C. es una empresa certificada con dicha norma.” Lima, 2 de noviembre del 2026. VISTO en sesión de fecha 2 de noviembre del 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7311/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el proveedor Q & Q Consultores Y Ejecutores S.A.C. en el marco del Concurso Público para Consultoría de Obra N° 4-2026-GSRCHOTA-1, para la “Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación de sistemas familiares de unidades básicas de saneamiento en la localidad rural de Lingan Grande del distrito de Chota, provincia de Chota, región Cajamarca”, y, atend…
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Sumilla: “En ese sentido, de la verificación efectuada por este Colegiado del portal web de SAAS, así como de la respuesta emitida por dicho organismo, presentada por el Consorcio Adjudicatario, se advierte que ni la empresa Objetivos y Resultados Clave S.A de C.V. es un organismo certificador de la norma SA 8000 y que ni la empresa Q & Q Consultores y Ejecutores S.A.C. es una empresa certificada con dicha norma.” Lima, 2 de noviembre del 2026. VISTO en sesión de fecha 2 de noviembre del 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7311/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el proveedor Q & Q Consultores Y Ejecutores S.A.C. en el marco del Concurso Público para Consultoría de Obra N° 4-2026-GSRCHOTA-1, para la “Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación de sistemas familiares de unidades básicas de saneamiento en la localidad rural de Lingan Grande del distrito de Chota, provincia de Chota, región Cajamarca”, y, atendiendo a los siguientes:

  • ANTECEDENTES:
  • El 19 de junio del 2026, el Gobierno Regional de Cajamarca – Gerencia Sub

Regional Chota, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público para Consultoría de Obra N° 4-2026-GSRCHOTA-1, para la “Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación de sistemas familiares de unidades básicas de saneamiento en la localidad rural de Lingan Grande del distrito de Chota, provincia de Chota, región Cajamarca”, con una cuantía de contratación ascendente a S/ 2’010,468.05 (dos millones diez mil cuatrocientos sesenta y ocho con 05/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento. El 24 de julio de 2026 se llevó a cabo la presentación de propuestas (electrónica), mientras que el 5 de agosto del mismo año se publicó en el SEACE la buena pro otorgada al Consorcio Grupo RIC, integrado por la empresa Rafael Ingeniería y Construcción E.I.R.L y el señor Montalvan Bernal Walter Javier, descalificando −entre otros postores− al Consorcio Supervisor A & F Ingenieros, debido a que no logró superar el puntaje técnico mínimo de 70 puntos. Sin embargo, los postores Consorcio San Cristóbal −integrado por la empresa Roca Construction E.I.R.L. y el señor Julio Anaximandro Velásquez Dávila−, la empresa Q & Q Consultores y Ejecutores S.A.C. y el Consorcio Supervisor A & F Ingenieros −integrado por los señores Neyser Álvarez Sánchez y Milex William Peralta Culquipoma−, interpusieron recursos de apelación en el marco del procedimiento de selección. Respecto al Consorcio Supervisor A & F Ingenieros, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando se revoque la descalificación de su oferta y se tenga por calificada, se declare la descalificación de la oferta del Consorcio Grupo RIC (postor que obtuvo la buena pro) y se otorgue la buena pro a su favor. Posteriormente, mediante la Resolución N° 8580-2026-TCP-S1 del 9 de setiembre de 2026, la Primera Sala del Tribunal declaró fundado en parte dicho recurso de apelación, disponiendo revocar la descalificación de la oferta del Consorcio Supervisor A & F Ingenieros y, por tanto, revocar el otorgamiento de la buena pro, y dispuso que el comité realice la evaluación económica de su oferta y otorgue la buena pro a quien corresponda, conforme se aprecia a continuación:

En atención a lo resuelto por el Tribunal, el 21 de setiembre de 2026 se publicó en el SEACE el Acta de Admisión, Calificación, Evaluación y Otorgamiento de la Buena Pro, en la que consta el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Supervisor A & F Ingenieros, integrado por los señores Álvarez Sánchez Neyser y Peralta Culquipoma Milex William, en adelante el Consorcio Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle: Postor Evaluación RESULTADOS Admisión Calificación Ev. Técnica Precio ofertado Ev. Econ. Puntaje total Orden Resultado

CONSORCIO

SUPERVISOR A&F

INGENIEROS

Admitido Calificado 80 S/ 2’008,182.2 100 82.02 1 Adjudicatario Q&Q

CONSULTORES Y

EJECUTORES S.A.C

Admitido Calificado 70 S/ 1’809,421.7 90.10 76 2 2° lugar

CONSORCIO SAN

CRISTOBAL Admitido Calificado 65 - - - - Descalificado

CONSORCIO

LINGAN Admitido Calificado 50 - - - - Descalificado

CONSORCIO

GRUPO RIC Admitido Descalificado - - - - - Descalificado CONSORCIO 2BM No Fuente: Acta de Admisión, Calificación, Evaluación y Otorgamiento de la Buena Pro del 21 de setiembre de 2026 registrada en SEACE

  • Mediante escrito N° 1, subsanado mediante escrito N° 2, presentados el 1 y 5 de

octubre de 2026, respectivamente, ante la mesa de partes digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el postor Q & Q Consultores y Ejecutores S.A.C., en adelante el Impugnante, solicitó se revoque la admisión, calificación y evaluación de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor de este y se otorgue la buena pro a su representada por ser el único postor, debiendo ocupar el primer orden de prelación; para lo cual expuso, principalmente, lo siguiente: Sobre la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario

  • De la experiencia del postor en la especialidad
  • Indica que, el Adjudicatario presenta cuatro contratos.
  • Señala que, respecto al Contrato N° 4, correspondiente a la supervisión de

la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y creación del servicio de saneamiento básicas en las localidades de Loma Ñata, Miami, Bellavista, Nueva York, Corazón de la Naranja, Santa Cruz, La Pampa, El Mirador, El Gramalote, Cerro Bravo, San Juan de Miraflores, Los Lirios, Vicente La Vega, Manchara San Pedro y Negritos, distrito de Namballe, provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca”, derivado del Concurso Público SM-1-2022-MDN/CS-1, convocado por la Municipalidad Distrital de Namballe, el Adjudicatario presenta el contrato de consorcio a folios 137 al 144 de su oferta, en donde se observa a folios 142 y 143 las obligaciones de los consorciados.

  • Agrega que, al consorciado Peralta Culquipoma Milez William le consignan

19 obligaciones, pero de la revisión de la oferta del Consorcio Supervisor Frontero del Norte, presentada en el marco del Concurso Público SM-1- 2022-MDN/CS.1, al cual adjunta el Anexo N° 5 – Promeso de Consorcio, se aprecian una menor cantidad de obligaciones.

  • Explica que, en el contrato de consorcio, el señor Peralta Culquipoma Milex

William aparece con el 90% de obligaciones y el señor Montalván Bernal Walter Javier con el 10%; sin embargo, el contrato de consorcio tiene una cantidad sustancialmente mayor de obligaciones atribuidas al primer integrante que aquellas que aparecen en la promesa formal de consorcio.

  • Señala que el contrato de consorcio no puede alterar el contenido esencial

de la promesa.

  • Expresa que, para el Consorcio Supervisor Frontera del Norte, le resulta

aplicable la Directiva N° 5-2019-OSCE/CD.

  • Indica que, dicha regulación establecía expresamente que la información

relativa a las obligaciones y porcentajes no podía ser modificada con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio.

  • Manifiesta que, la documentación presentada por el Consorcio

Adjudicatario evidencia que el contrato de consorcio no mantiene el contenido de la promesa formal del Consorcio Supervisor Frontera del Norte, convirtiéndolo en un documento inexacto y/o adulterado.

  • Expresa que el Contrato N° 4 no es una observación accesoria, ya que su

exclusión determina que el Adjudicatario no acredite la experiencia mínima del postor en la especialidad.

  • Sostiene que, respecto al Contrato N° 2, referido a la supervisión de la obra

“Instalación, mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe de las localidades de Montango, Primavera, Las Chontas, Puyaya, La Hacienda, Barrio Nuevo, La Unión, y Buenos Aires. Distrito de San Rosa, Jaén, Cajamarca”, derivado de la Adjudicación Simplificada – DU114 2020-SM-3- 2020-MDSR/CS-1, convocado por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa – Jaén, el Adjudicatario presentó a folios 238 al 242 de su oferta el contrato de consorcio del Consorcio Álvarez Sánchez en donde se observa a folios 241 las obligaciones de los consorciados.

  • Señala que, al consorciado Álvarez Sánchez Neyser le consigan 5

obligaciones, pero de la revisión de su oferta presentada en la Adjudicación Simplificada-DDU114-2020-SM-3-2020-MDSR/CS-1, en el cual se adjuntó el Anexo N° 5 – Promeso de Consorcio, se aprecia una obligación menos.

  • Explica que, hay una incongruencia y/o inconsistencia entre el Anexo N° 5 –

Promesa de Consorcio presentado en la Adjudicación Simplificada-DDU114- 2020-SM-3-2020-MDSR/CS-1 y el contrato de consorcio presentado en este procedimiento de selección, ya que en el contrato de consorció se consignó una obligación más que no fue considerada en la promesa de consorcio.

  • Agrega que, al no existir correspondiente plena entre la promesa y el

contrato de consorcio respecto de las obligaciones asumidas, el Contrato N° 2 no debe ser computado para acreditar experiencia del postor.

  • Señala que, a mayor abundamiento, el Contrato N° 2 también presenta una

deficiencia en la acreditación del monto declarado.

  • Explica que, el Adjudicatario declaró por el Contrato N° un monto de S/.

492,113.00; sin embargo, a folios 223 de la oferta del Consorcio Álvarez Sánchez (presentada en el marco de la Adjudicación Simplificada-DDU114- 2020-SM-3-2020-MDSR/CS-1) presentó la resolución de contrato de supervisión de obra del 16 de diciembre de 2021, y en el folio 23, adjuntó la Carta N° 002-2022-CASA, donde presentó liquidación de contrato de supervisión de obra, y en el folio 227 al folio 228 adjuntó la liquidación financiera del contrato de supervisión de obra; documentos respecto de los cuales se desprende que el monto pagado asciende a S/ 240,914.60, que existe un monto de valorizaciones no pagas del S/ 241,077.72 y que dicho monto fue posteriormente materia de pronunciamiento arbitral.

  • Añade que, existe una diferencia objetiva entre el monto que aparece como

efectivamente pagado y el monto que fue reconocido como saldo derivado de la controversia.

  • Señala que el Adjudicatario, en su oferta a folios 234 al 237, adjunta la

Opinión N° D00032-2026-OECE-DTN, tratando de acreditar el monto de valorizaciones no pagadas de S/ 241,077.72.

  • Agrega que, el documento arbitral no puede ser utilizado para afirmar, sin

prueba adicional, que el monto de S/ 241,077.72 fue efectivamente cancelado.

  • Indica que, el expediente de liquidación del contrato de supervisión de obra

presentada por el Adjudicatario hace diferente entre monto pagado (S/ 241,914.50) y valorizaciones no pagadas (S/ 241,077.72).

  • Manifiesta que, en consecuencia, si el Adjudicatario pretende que ese

segundo monto forme parte de la experiencia efectivamente acreditar, debe existir documentación que permita establecer objetivamente que dicho monto fue posteriormente pagado y, por tanto, incorporado como experiencia computable conforme a las reglas de las bases.

  • Respecto al porcentaje mínimo de participación del integrante que acredita

mayor experiencia, señala que la oferta del Adjudicatario la incumple.

  • Explica que, los montos cambiarían significativamente con la nueva

evaluación del Contrato N° 2: S/ 216,823.05.

  • Señala que, bajo ese escenario, el aporte de experiencia atribuida a cada

integrante determina que el señor Peralta Culquipoma Milex William será quien acredite el mayor monto de experiencia, siendo el monto atribuido la suma de S/ 1’179,073.67, mientras que al señor Álvarez Sánchez Neyser le corresponde el monto de S/ 904,100.55.

  • Manifiesta que, por tanto, el consorciado Ing. Peralta Culquipoma Milex

William es quien acredita la mayor experiencia.

  • Agrega que, la regla es que el integrante que acredita mayor experiencia

debe tener como mínimo 60% de participación en la ejecución; sin embargo, en los folios 362 y 363 de la oferta del Adjudicatario, se estableció que el consorciado Álvarez Sánchez Neyser tiene el 60% de participación, mientras que el consorciado Peralta Culquipoma Milex Wiliam tiene el 40%.

  • Indica que, el porcentaje mayor fue asignado al integrante que, conforme al

análisis de la experiencia presentada por el Adjudicatario, no es quien acredita la mayor experiencia.

  • De la experiencia del personal clave
  • Con relación al certificado del especialista en seguridad en obra y salud en

el trabajo, señala que, a folios 53 de la oferta del Adjudicatario, se presentó el Certificado de 17 de mayo de 2018, emitida por la gerente de recurso humanos de SEDAPAL favor del Ing. Daniel Armando Trucillos La Rosa.

  • Agrega que, el cuestionamiento es que el Certificado del 17 de mayo de 2018

no individualiza las obras en las cuales el profesional habría adquirido la experiencia que el Adjudicatario pretende hacer valer como experiencia específica.

  • Señala que, el documento no permite acreditar los 24 meses de experiencia

específica exigidos por las bases.

  • Expresa que, el certificado puede demostrar el tiempo de vínculo laboral,

pero no demuestra objetivamente el tiempo de experiencia específica en la especialidad y subespecialidad exigidos en las bases integradas, y si no es posible determinar qué periodo corresponde a la experiencia específica, tampoco es posible afirmar que el profesional cumple los 24 meses mínimos requeridos.

  • Agrega que, el Consorcio Adjudicatario incorporó a folios 52 de su oferta una

nota mediante la cual pretende sostener la suficiencia de su certificado; sin embargo, dicha manifestación no puede sustituir la información objetiva que debe contener el documento destinado a acreditar la experiencia.

  • Indica que la deficiencia advertida no constituye una observación

meramente formal; ya que la consecuencia incide directamente sobre la condición de postor calificado, porque el profesional propuesto como Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo debía acreditar una experiencia mínima específica de 24 meses en la especialidad y subespecialidad establecidas.

  • Agrega que, si el documento presentado no permite verificar objetivamente

dicho periodo, el requisito de calificación no se encuentra acreditado.

  • Respecto al especialista ambiental, señala que el Consorcio Adjudicatario, a

folios 45 de su oferta, presentó el Certificado de Trabajo del 10 de noviembre de 2024, emitido por la empresa CSC Inmobiliaria y Constructora S.A.C a favor del Ing. Oymer Zárate Rafael por haber laborado desde el 4 de setiembre de 2023 hasta el 8 de noviembre de 2024 como ingeniero ambiental en el proyecto “Construcción de sistema de agua potable y alcantarillado de la habilitación urbana Valle Verde – Condominio Campestre en el sector Paredones Valle Chancay”, distrito de Mórrope, provincia y departamento de Lambayeque”.

  • Indica que, sobre dicho certificado, su representada solicitó información

oficial a la Municipalidad Distrital de Mórrope, mediante Carta N° 11-

2026/Q&Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C/JHQA/GG.

  • Agrega que, la Municipalidad respondió mediante Carta N° 054-2026-SGDT-

GDTVMDM del 1 de octubre de 2026, sustentando entre otros documentos, en el Informe Técnico N° 187-2026-JPCY/SDT/MDM, emitido por la Subgerencia de Desarrollo Territorial de dicha Entidad.

  • Manifiesta que, la Municipalidad Distrital de Mórrope concluyó que después

de realizar la inspección técnica y verificado en el acervo documentario de la Subgerencia se puede afirmar que la Habilitación Urbana Valle Verde – Condominio Campestre ubicado en el Sector Paredones, Valle Chancay, distrito de Mórrope, no existe y no ha sido ejecutado.

  • Sostiene que, por consiguiente, de la respuesta del Subgerencia de

Desarrollo Territorial, se entiende que, en el Sector Paredones del Valle Chancay, distrito de Mórrope no existe ninguna habilitación urbana y/o condominios campestres ejecutados a la fecha.

  • Alega que, estamos ante una contradicción objetiva entre el certificado

presentado por el Consorcio Adjudicatario y la información oficial de la entidad competente del lugar donde supuestamente se ejecutó el proyecto.

  • Señala que, en consecuencia, el certificado presentado para acreditar la

experiencia de Ing. Oymer Zárate Rafael contiene información falsa respecto de la experiencia y ejecución del proyecto que constituye el supuesto sustento de la experiencia acreditada.

  • Indica que, adicionalmente, la información registral obtenida respecto de los

predios ubicados en el Sector Paradones permite establecer que los terrones correspondientes a las Partidas Registrales N° 00260325 y N° 02264247 se encontraban registradas a favor de Carlos Miguel Silva Calderón y María Cruz Cumpa Puicán.

  • Agrega que, el certificado cuestionado aparece suscrito por Carlos Miguel

Silva Calderón, quien además figura como gerente general de CSC Inmobiliaria y Constructora S.A.C.

  • Manifiesta que, dicha coincidencia resulta relevante como elemento

corroborativo de la necesidad de una fiscalización estricta del certificado.

  • Expresa que, una vez excluido el certificado falso, el Ing. Oymer Zárate Rafael

queda únicamente con la experiencia restante efectivamente acreditada; por lo que conforme al cuadro de experiencia presentado en la oferta del Consorcio Adjudicatario, su exclusión determina que el profesional conserve 2.17 años, que en el escenario más favorable le permite alcanzar el mínimo de 2 años exigido como requisito de calificación, pero no le permite alcanzar el año adicional de experiencia exigida como factor de evaluación.

  • Respecto al especialista en calidad, señala que, el Consorcio Adjudicatario

presentó siete experiencias para acreditar a dicho personal clave.

  • Señala que, a folios 23 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se encuentra

el Certificado de Trabajo del 12 de mayo de 2023 emitido por la empresa CSC Inmobiliaria y Constructora S.A.C a favor del Ing. Misael Matos López por haber laborado desde el 2 de marzo de 2022 hasta el 15 de abril de 2023 en el cargo de ingeniero responsable de calidad en el proyecto “Construcción de sistema de agua potable y alcantarillado de la Habilitación Urbana Valle Verde – Condominio Campestre en el Sector Paredones Valle Chancay, distrito de Mórrope, provincia y departamento de Lambayeque”.

  • Manifiesta que, respecto a dicho certificado, el problema jurídico y

probatorio es exactamente el mismo, ya que del mismo supuesto proyecto Habilitación Urbana Valle Verde – Condominio Campestre respecto del cual la Municipalidad Distrital de Mórrope realizó la verificación oficial y concluyó que no existe licencia de habilitación urbana, que no existe la documentación municipal correspondiente, que no existe la habilitación urbana aprobada y que, principalmente, el proyecto no ha sido ejecutado.

  • Expresa que, por consiguiente, el Certificado de Trabajo del 12 de mayo de

2023 no puede recibir valor probatorio para acreditar experiencia del Ing. Misael Matos López.

  • Agrega que, en consecuencia, el Certificado de Trabajo del 12 de mayo de

2023 contiene información falsa y no puede ser considerado válido para acreditar la experiencia.

  • Señala que, al excluir el Certificado de Trabajo del 12 de mayo de 2023,

correspondiente al proyecto Habilitación Urbana Valle Verde – Condominio Campestre, el Ing. Misael Matos López conserva únicamente las experiencias que efectivamente resultan acreditadas.

  • Sostiene que, conforme a la documentación analizada, ello le permite

alcanzar el mínimo de 2 año requeridos como requisitos de calificación, pero no permite alcanzar el año adicional requerido para el facto de evaluación.

  • Agrega que, en consecuencia, si la reducción del puntaje determina que la

oferta técnica del Consorcio Adjudicatario no alcanza el mínimo establecido para pasar a la evaluación económica, corresponde declarar su descalificación.

  • Concluye que mientras dicha contradicción no sea desvirtuada mediante

documentación objetiva, idónea y verificable, los certificados cuestionados no pueden producir efectos favorables en la calificación ni en la evaluación de la oferta adjudicada.

  • Con Decreto del 6 de octubre de 2026, notificado a través del Toma Razón

Electrónico del SEACE en la misma fecha, la Secretaría del Tribunal admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso interpuesto, a los postores distintos del Consorcio Impugnante que tengan interés legítimo en la resolución que emita el Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Quinta Sala del Tribunal, siendo recibido por el vocal ponente en la misma fecha. Finalmente, se programó audiencia pública para el 14 de octubre de 2026, precisándose que la misma se realizará a través de la plataforma Google Meet.

  • Posteriormente, en atención a la reconformación de las Salas del Tribunal,

dispuesto mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE- PRE del 5 de octubre de 2026, con Decreto del 9 de octubre de 2026, se remitió el presente expediente a la nueva Quinta Sala del Tribunal. Además, se dispuso computar el plazo previsto en el numeral 311.1 del Reglamento desde que el expediente es recibido en Sala. Asimismo, se dispuso programar audiencia pública para el 16 de octubre de 2026, precisándose que la misma se realizará a través de la plataforma Google Meet.

  • Mediante Informe N° 004-2026-GR-CAJ-GSRCH/CS, presentado el 12 de octubre

de 2026 ante la mesa de partes digital del Tribunal, la Entidad absolvió el traslado del recurso de apelación, señalando lo siguiente: Sobre la oferta del Consorcio Adjudicatario

  • Señala que, el comité revisó la documentación presentada por el Consorcio

Adjudicatario durante el procedimiento de selección, bajo las reglas previstas en las bases integradas y considerando la presunción de veracidad reconocida en la Ley N° 32069.

  • Indica que, la revisión inicial de los documentos no significa que la Entidad

haya certificado de manera definitiva su autenticidad material ni que haya efectuado una comprobación externa de cada hecho declarado en ellos.

  • Agrega que, se ha puesto en conocimiento de la Entidad documentos

municipales y registrales que cuestionan objetivamente la existencia y ejecución de la Habilitación Urbana Valle Verde – Condominio Campestres.

  • Sostiene que, corresponde constatar la información aportada por el

Impugnante y efectuar las verificaciones necesarias para determinar si los documentos reflejan los hechos reales.

  • Con relación a los Certificados de Trabajo del 10 de mayo de 2023 y 10 de

noviembre de 2024, relacionados con la Habilitación Urbana Valle Verde – Condominio Campestre, presentados por el Consorcio Adjudicatario para acreditar la experiencia del especialista en calidad y del especialista ambiental, respectivamente, señala que, la Carta N° 054-2026-SGDT.GDTV- MDM del 1 de octubre de 2026 juntos con los informes técnicos adjuntos a la misma emitidos por la Municipalidad Distrital de Mórrope y presentado por el Impugnante en el marco del recurso de apelación, constituye prueba objetiva en contrario frente a la presunción de veracidad de los certificados cuestionados.

  • Agrega que, la fiscalización posterior permitirá corroborar formalmente los

hechos, obtener la conformación directa de la municipalidad y determinar las responsabilidades y medidas administrativas que correspondan.

  • Manifiesta que, de la revisión de las partidas registrales N° 02260325 y

0226247, adjuntadas como sustento de los cuestionamientos formulados, se advierte que el Sr. Carlos Miguel Silva Calderón suscribe los certificados de trabajo y, a su vez, figura como titular de los predios inscritos en dichas partidas.

  • Añade que, esta circunstancia valorada conjuntamente con la información

emitida por la Municipalidad Distrital de Mórrope, constituye un elemento objetivo relevante que genera dudas sobre la efectiva ejecución del proyecto consignado en los certificados y sustenta que dichas experiencias no sean validadas mientras no exista documentación fehaciente que acredite su veracidad.

  • Respecto al cuestionamiento al Contrato N° 2 (Contrato de Supervisión de la

obra “Instalación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe de las Localidades de Montango, Primavera, Las Chontas, Puyaya, La Hacienda, Barrio Nuevo, La Unión y Buenos Aires, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca), señala que, de la documentación materia de revisión, se identificada que el monto de S/ 240,914.50 corresponde a valorizaciones pendientes de pago o sujetas a controversia;

por lo que no corresponde considerar automáticamente ambos importes como experiencia acreditada, puesto que la existencia de valorizaciones emitidas, reclamadas o reconocidas en una controversia no demuestra, por sí misma, que el importe controvertido haya sido efectivamente percibido.

  • Agrega que, la presentación de un laudo arbitral no resulta suficiente por sí

sola para acreditar que las valorizaciones controvertidas fueron efectivamente pagadas.

  • Añade que, en consecuencia, corresponde no validar el monto de S/

241,077.72 correspondiente a las valorizaciones cuyo pago no ha sido acreditado.

  • Respecto al cuestionamiento al Contrato N° 4 (contrato de supervisión de la

obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y creación del servicio de saneamiento básico en diversas localidades del distrito de Namballe, provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca”) y al Consorcio Supervisor La Frontera, señala que la promesa de consorcio y el contrato definitivo deben guardar correspondencia en los aspectos relevantes para establecer quien ejecutó las prestaciones y qué porcentaje de experiencia puede atribuirse a cada integrante.

  • Indica que, si la comparación documental confirma que existe diferencias

sustanciales en las obligaciones y estas impiden determinar con certeza la experiencia que corresponde al integrante que la invoca, no resulta válido reconocer automáticamente la totalidad del monto declarado.

  • Respecto al porcentaje de participación del integrante que acredita mayor

experiencia, señala que, de acuerdo a los datos expuestos en el recurso, el Ing. Milex William Paralta Culquipoma acreditaría una experiencia mayor que la del Ing. Neyser Álvarez Sánchez, mientras que la participación declarada asignaría al primero el 40% y al segundo el 60%.

  • Añade que, si las bases integradas exigen que el integrante que acredita la

mayor experiencia participe con un mínimo del 60%, la distribución señalada no satisface dicha condición.

  • Con relación al cuestionamiento al certificado del especialista en seguridad

de obra y salud ocupacional, señala que, en tanto la documentación revisada no permita concluir que existe una contradicción objetiva que desvirtué el contenido del certificado o un incumplimiento concreto de las exigencias de las bases, no corresponde modificar el criterio de evaluación adoptado por este extremo.

  • Concluye señalando que, la Entidad deberá iniciar las actuaciones de

fiscalización posterior respecto de los certificados vinculados con la Habilitación Urbana Valle Verde – Condominio Campestre.

  • Con escrito N° 006-2026-CS.A&F.I, presentado el 12 de octubre de 2026 ante la

mesa de partes digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, solicitando i) se confirme la buena pro otorgada a su favor; ii) se descalifique la oferta del Impugnante y iii) se declare improcedente el recurso de apelación; bajo los siguientes fundamentos: Sobre el otorgamiento de la buena a favor del Consorcio Adjudicatario

  • Señala que, con fecha 9 de setiembre de 2026, la Primera Sala del Tribunal

publicó en el SEACE la Resolución N° 8580-2026-TCP-S1.

  • Indica que, mediante dicha resolución, se declaró calificada la oferta del

Adjudicatario.

  • Agrega que, como resultado de la evaluación técnica, el Tribunal dispuso que

se obtenga el total de 80 puntos en la evaluación técnica.

  • Añade que, finalmente, en la resolución se ordenó que se realice la

evaluación económica de la oferta del Adjudicatario.

  • Expresa que, por tanto, correspondía que únicamente el comité materialice

dichos actos en la nueva acta de buena pro.

  • Manifiesta que, en consecuencia, de ser el caso, únicamente se podría

presentar un nuevo recurso de apelación en contra del puntaje que se le haya otorgado al evaluar su oferta económica, mas no contra la evaluación de su oferta técnica.

  • Indica que, de la revisión del nuevo recurso de apelación interpuesto por el

Impugnante, se aprecia que este ha realizado sustentos en contra de los requisitos de calificación y evaluación técnica de su oferta, etapas que ya fueron validadas y fue el propio Tribunal quien resolvió a través de la Resolución N° 8580-2026-TCP-S1.

  • Señala que el Impugnante está interponiendo un nuevo recurso de apelación

respecto a etapas que ya fueron materia del recurso de apelación anterior y cuyo veredicto ha sido claro: otorgar 80 puntos en la evaluación técnica de su oferta. Sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”

  • Respecto al Contrato N° 4 (Contrato de Servicio de Consultoría para

Supervisión de la Ejecución de la Obra N° 1-2022/MDN/GM/LOG), cuyo objeto fue la “Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de obra: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y creación del servicio de saneamiento básico en las localidades de Loma Ñata, Miami, Bellavista, Nueva York, Corazón de la Naranja, Santa Cruz, La Pampa, El Mirador, el Gramalote, Cerro Bravo, San Juan de Miraflores, Los Lirios, Vicente de la Vega, Manchara, San Pedro y Negritos, distrito de Namballe, provincia de San Ignacio, departamento Cajamarca”, señala que, se ha acreditado fehacientemente los porcentajes de obligaciones de ambos consorciados, dentro de los cuales Peralta Culquipoma Milex William tiene un 90% de participación, teniendo como primera obligación en ambos consorciados el “Servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra”.

  • Indica que, con la documentación presentada para acreditar la experiencia

proveniente del Contrato N° 4, hemos acreditado correctamente la documentación, conforme a lo establecido en las bases integradas, por lo cual, corresponde confirmar la validez de la experiencia proveniente de dicho contrato.

  • Con relación al Contrato N° 2, indica que se trata del Contrato N° 002-2020-

MDSR/A, cuyo objeto fue la “Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de obra: Instalación, mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe de las localidades de Montango, Primavera, Las Chontas, Puyaya, La Hacienda, Barrio Nuevo, La Unión y Buenos Aires, distrito de Santa Rosa, Jaén, Cajamarca, señala que de la revisión del contrato de consorcio, se ha acreditado fehacientemente los porcentajes de obligaciones de ambos consorciados, dentro de los cuales Álvarez Sánchez Neyser tiene 90% de participación, teniendo como primera obligación, en ambos consorciados “Supervisión de la Obra”.

  • Indica que, el Impugnante se confunde en cuanto a las formas de

acreditación de la experiencia, ya que indica que adicionalmente a la documentación presentada, se debió presentar documentación para acreditar el pago de un monto establecido en el laudo arbitral; sin embargo, de la revisión de las bases integradas, las formas de acreditación son: i) contratos u ordenes de servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestación o liquidación; o ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero.

  • Añade que, los documentos presentados en su oferta para acreditar el

Contrato N° 2, se ha presentado la forma: contrato y su respectiva liquidación.

  • Sostiene que, la forma de acreditación del Contrato N° 2 ha sido mediante

“contrato y su liquidación”, no siendo necesario adicional las dos formas de acreditación, como pretende el Impugnante al observar que no hemos adjuntado comprobantes de pago. Sobre la experiencia del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo

  • Señala que, para acreditar la experiencia del personal especialista en

seguridad en obra y salud en el trabajo, presentó el Certificado del 17 de mayo de 2028, emitido por SEDAPAL, en el cual se acredita que el señor Daniel Armando Trucillos La Rosa laboró por 58 meses en la ejecución de obras de saneamiento; por lo que deja claro que fue diligente y el certificado se acreditó conforme a las bases integradas.

  • Indica que, de lo señalado en las bases integradas, para la acreditación de la

experiencia del personal, contrariamente a lo que señala el Impugnante, no se ha requerido que se señale un nombre específico de las obras o número de procedimiento de selección, código de inversión, entre otros aspectos referidos a individualizar, a su criterio, “cada obra”.

  • Añade que, bajo el criterio del Tribunal (Resolución N° 6425-2026-TCP-S6), y

en cumplimiento, además, de lo establecido en las bases integradas, no se puede argumentar que la experiencia proveniente de un certificado deba invalidarse, debido a que no se consigna el nombre especifico de un proyecto, pues tal como se mostró en el certificado de nuestra oferta, se acreditó que el profesional participó como ingeniero de seguridad en la ejecución de obras similares a las subespecialidades requeridas, por lo que la experiencia del profesional es válida, por cuanto cumple lo requerido en las bases. Sobre la experiencia del especialista ambiental

  • Respecto del certificado 2 del especialista ambiental, que obra a folios 45 de

su oferta, otorgado por la empresa CSC Inmobiliaria y Constructora S.A.C el 10 de noviembre de 2024, en el cual se certifica que el profesional participó como ingeniero ambiental en el proyecto “Construcción de sistema de agua potable y alcantarillado de la Habilitación Urbana Valle Verde – Condominio Campestre en el Sector Paredones Valle Chancay, distrito de Mórrope, provincia y departamento de Lambayeque” – Tercera Etapa”, señala que, De la revisión del escrito del recurso de apelación, no se encuentra documentación alguna que demuestre pronunciamiento del emisor que indique que el certificado es falso, sino que se dedica a realizar aseveraciones e hipótesis en base a trámites administrativos que a su criterio debió realizarse a nivel del propietario del predio, lo cual no corresponde ni interfiere en las labores que realice un determinado profesional.

  • Agrega que, cursado carta al emisor del certificado, solicitando que se

pronuncie sobre la veracidad del certificado otorgado, ante lo cual, el emisor indicó mediante Carta N° 02-2026-CSC INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA, que sí ha emitido dicho certificado, que este no ha sido modificado por lo cual confirma la veracidad del documento. Sobre la experiencia del ingeniero especialista en calidad

  • Con relación al certificado presentado a folios 23 de su oferta, otorgado por

la empresa CSC Inmobiliaria y Constructora S.A.C del 12 de mayo de 2023, el cual certifica que el profesional participó como ingeniero ambiental en el proyecto “Construcción de sistema de agua potable y alcantarillado de la Habilitación Urbana Valle Verde – Condominio Campestre en el Sector Paredones Valle Chancay, distrito de Mórrope, provincia y departamento de Lambayeque, primera y segunda etapa”, señala que de la revisión del escrito del recurso de apelación, no se encuentra documentación alguna que demuestre pronunciamiento del emisor que indique que el certificado es falso, sino que se dedica a realizar aseveraciones e hipótesis en base a trámites administrativos que a su criterio debió realizarse a nivel del propietario del predio, lo cual no corresponde ni interfiere en las labores que realice un determinado profesional.

  • Agrega que, cursó carta al emisor del certificado, solicitando que se

pronuncie sobre la veracidad del certificado otorgado, ante lo cual, el emisor indicó que sí ha emitido dicho certificado, que este no ha sido modificado por lo cual confirma la veracidad del documento. Sobre la evaluación técnica del Impugnante

  • Con relación al factor de evaluación “Sostenibilidad social”, señala que el

comité no debió asignarle el puntaje 20 puntos al Impugnante, ya que no cumplió con las condiciones establecidas en las bases integradas para obtener dicho puntaje.

  • Indica que el factor de evaluación “Sostenibilidad social” define en el

acápite “Acreditación” una regla de cumplimiento “El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS)”

  • Expresa que, en ese sentido, el Impugnante para intentar acreditar dicho

factor, adjuntó el Certificado de Registro emitido por el organismo de calificación “Objetivos y Resultados S.A. de C.V.”.

  • Manifiesta que, a diferencia de las normas de la familia ISO (las cuales se

rigen por el esquema general del IAF e incluso pueden ser emitidas por empresas acreditadas ante INACAL), la norma sobre Responsabilidad Social SA8000 es de propiedad exclusiva de la organización privada “Social Accountability International (SAI)”, por lo que SAI ejerce la gobernanza de esta norma a nivel global únicamente a través de su brazo acreditador: el “Social Accountability Accreditation Services (SAAS)”.

  • Señala que, solo los certificados emitidos por una casa certificadora

formalmente acreditada ante el SAAS tienen validez legal y reconocimiento oficial para poder acreditar el factor de evaluación “sostenibilidad social” comprendido en las bases, y obtener el puntaje correspondiente en dicho factor de evaluación.

  • Agrega que, “Objetivos y Resultados Clave, S.A. de C.V.” no se encuentra

registrado ni como organismo acreditado vigente ni como organismo que haya estado acreditado anteriormente ante el SAAS.

  • Indica que, su representada ha avanzado en las consultas realizadas,

habiendo enviado un correo solicitando la verificación al propio SAAS, al correo info@sa-intl.org el día 06/10/2026.

  • Alega que, con fecha 08/10/2026, se recibió la respuesta de Lisa

Bernstein, Executive Director de Social Accountability Accreditation Services - Division of Social Accountability International, desde el correo LBernstein@saasaccreditation.org, en donde señaló que la empresa Objetivos y Resultados Clave, S.A. de C.V. no está acreditada por SAAS.

  • Indica que, se ha verificado que Objetivos y Resultados Clave S.A. de C.V.

no es un organismo certificados acreditado ante el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS), por lo que corresponde que le se quite los 20 puntos otorgado al impugnante en el factor de evaluación “Sostenibilidad social”.

  • Respecto al factor de evaluación “Experiencia específica adicional del

personal clave”, señala que, para acreditar la experiencia del supervisor de obra, el Impugnante presenta un total de 4 certificados, mediante los cuales acreditó una experiencia de 65.2 meses.

  • Expresa que existe incertidumbre en los dos primeros certificados

detallados en el cuadro consignado en la oferta del Impugnante.

  • Señala que, respecto del primer certificado, de la búsqueda de Infobras,

se aprecia que el señor Julio Miguel Vargas Flores participó como supervisor de la obra “Construcción carretera vecinal Nuevo Gualulo – Las Palmas – Pampa Hermosa, distrito de La Flrorida y Jumbilla, provincia de Bongará”, desde el 22 de febrero hasta el 12 de octubre de 2014.

  • Agrega que, el señor Julios Miguel Vargas Flores se emitió un certificado

de trabajo por las labores realizadas en dicha obra, para acreditar su experiencia como supervisor de obra en la supervisión de la obra “Mejoramiento de Caminio Vecinal Puente Techin – Cruce Chirimoyo – distrito de Querecotillo – Cutervo – Cajamarca”.

  • Menciona que, con relación al plazo laborado en la obra “Construcción

carretera vecinal Nuevo Gualulo – Las Palmas – Pampa Hermosa, distrito de La Flrorida y Jumbilla, provincia de Bongará” hasta el 12 de octubre de 2014, dicho periodo traslapa con parte de su experiencia 1 para el presente procedimiento de selección.

  • Señala que, respecto del primer certificado, de la búsqueda de Infobras,

se aprecia que el señor Julio Miguel Vargas Flores participó como residente de la obra “Construcción del camino vecinal tramos: cruce carretera San Antonio – Frutillopampa, cruce carretera San Atonio – Frutillopampa, cruce carretera Samangay y El Timbo; Frutillopampa- cruce carretera Machaypungo Bajo, Frutillopampa – cruce Machaypungo Alto – La Unión, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc – Cajamarca”, desde el 11 de diciembre de 2014 al 31 de julio de 2015.

  • Agrega que, el referido señor trabajó en la obra descrita, cuyo periodo de

trabajo se traslapa en su totalidad con la experiencia 1.

  • Expresa que, con relación al segundo certificado, de la búsqueda de

Infobras, se aprecia que el referido ingeniero participó como supervisor de la obra “Mejoramiento del camino vecinal Puente Techín – cruce Chirimoyo – distrito de Querocotillo – Cutervo – Cajamarca”, firmando las valorizaciones desde el inicio de la obra en febrero de 2018 hasta la culminación del periodo de supervisor el 15 de noviembre de 2018.

  • Agrega que, el mencionado señor trabajó en la obra descrita, cuyo

periodo de trabajo se traslapa en su totalidad con la experiencia 2 presentada en la oferta del Impugnante.

  • Manifiesta que, bajo el mismo criterio subjetivo del Impugnante, no

debería tomarse en cuentas las experiencias 1 y 2 de su profesional propuesto como supervisor de obra.

Sobre la solicitud de improcedencia del recurso de apelación

  • Finalmente, señala que, en atención a que corresponde que se le reste el

puntaje de 20 puntos asignados al Impugnante en el facto de evaluación “Sostenibilidad social”, se debe tener por descalificada su oferta y, en consecuencia, carece de interés para obrar, por lo que su recurso debe ser declarado improcedente.

  • Mediante escrito N° 7-2026-CS.A&F.I presentado el 13 de octubre de 2026 ante la

mesa de partes digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario acreditó a su representante para que ejerza el uso de la obra en la audiencia pública.

  • Mediante decreto del 14 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Consorcio

Adjudicatario y se tuvo por designado a su representante para el ejercicio de la audiencia pública.

  • Mediante escrito N° 3, el Impugnante acreditó a su representante para que

exponga en la audiencia pública.

  • Con fecha 16 de octubre, se llevó a cabo la audiencia programada, con la

participación de los representantes del Impugnante, del Consorcio Adjudicatario y de la Entidad.

  • A través del decreto del 16 de octubre de 2026, a fin de contar con mayores

elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento, la Sala requirió lo siguiente:

A LA SOCIAL ACCOUNTABILITY ACCREDITATION SERVICES – SOCIAL

ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL:

  • Sírvase informar si la empresa OBJETIVOS Y RESULTADOS CLAVE, S.A. DE

C.V. es un organismo de certificación acreditado ante su representada, en el marco del estándar SA 8000:2014.

  • Sírvase informar si la empresa Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.

cuenta con certificación acorde al estándar SA 8000:2014, emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).

Se adjunta el certificado que es objeto de consulta. De ser así, indique cuál es el referido certificado y adjunte dicho documento a su respuesta

  • Con escrito N° 3, presentado el 19 de octubre de 2026 ante la mesa de partes

digital del Tribunal, el Impugnante presentó alegatos adicionales indicando lo siguiente: Sobre la solicitud de improcedencia del recurso de apelación formulada por el Adjudicatario

  • Señala que, si corresponde que el Tribunal descalifique la oferta del

Adjudicatario, dado que la Resolución N°8580-2026-TCP.S1 no resolvió una controversia respecto a la vulneración del principio de veracidad de los certificados emitidos por la empresa CSC Inmobiliaria y Constructora S.A.C, por lo que no se trata de una cosa decidida los cuestionamientos contra la experiencia de su ingeniero ambiental y de su especialista en calidad.

  • Agrega que, el Tribunal debe tener en cuenta que no hay cosa decidida

sobre documentos no evaluados.

  • Menciona que, no se está reabriendo la controversia técnica resuelta en

la Resolución N° 8580-2026-TCP-S1 (la cual se circunscribió estrictamente al folio 351 y al cómputo de días allí acumulados), por el contrato, se está aportando prueba que destruye la presunción de veracidad de piezas documentales totalmente distintas y nunca antes evaluadas: los certificados de trabajo otorgados por la empresa CSC Inmobiliaria y Constructora S.A.C, respecto al ingeniero ambiental y al especialista de calidad. Sobre las pruebas Carta N° 012-2026-SGD-GDTMDM e Informe Técnico N° 0187-2026-JPCY/SFT/MDM emitidos por la Municipalidad Distrital de Mórrope

  • Señala que, la mentira de los certificados de los folios 23 y 45 de la oferta

del Adjudicatario está en que esa actividad no se llevó a cabo porque en realidad de los hechos dicho proyecto no ha sido ejecutado porque no cuenta con plan integral aprobado por la Municipalidad Provincial de Lambayeque, porque se encuentra en zona rural, dicho proyecto de los certificados no cuenta con factibilidad de servicios básicos de agua y alcantarillados y dicha habilitación urbana no se encuentra inscrita en registros públicos.

  • Indica que, de la respuesta del subgerente y asistente de la subgerencia

de desarrollo territorial, a través de la Carta N° 012-2026-SGD-GDTMDM e Informe Técnico N° 0187-2026-JPCY/SFT/MDM, el sector Paredones del Valle Chancay, distrito de Mórrope no existe ninguna habilitación urbana y/o condominios campestres ejecutados a la fecha.

  • Manifiesta que, el Tribunal puede aplicar la verdad material y verificar en

los documentos registrales adjuntos a la apelación que la habilitación urbana llamada Valle Verde – Condominio Campestres, ubicado en el sector Paredones, Valle Chancay, distrito de Mórrope, no existe jurídicamente, por lo que esa obra de los 2 certificados no ha sido ejecutada.

  • Solicita al Tribunal la aplicación del principio de verdad materia y que le

pregunte a la SUNAR si en la dirección indicada en los certificados existe una habilitación urbana llamada “Valle Verde” Condominio Campestre. Sobre el cuestionamiento del Adjudicatario respecto al incumplimiento del facto de evaluación sostenibilidad social

  • Señala que el certificado presentado acredita de manera fehaciente que

su representante cumple con los requisitos, métricas y lineamientos internacionales del estándar de responsabilidad social SA 8000:2014.

  • Menciona que, una simple comunicación por correo electrónico privado

supuestamente emitido por un funcionario del SAAS y un supuesto enlace a un sitio web no constituyen documentos oficiales, actos administrativos formalizados ni pruebas fehacientes dentro del marco legal de contrataciones.

  • Agrega que su oferta no puede ser descalificada o restársele puntaje

basándose en elementos informales o capturas de interés que carecen de las formalidades de ley.

Sobre la pregunta de los vocales de la Sala de la experiencia del personal clave “Supervisor de obra” sobre supuesto traslape de experiencia con otras obras

  • Señala que, el Adjudicatario señala que existe traslape en las experiencias

1 y 2 del supervisor de obra respecto de otras obras que ha encontrado en la web; sin embargo, tanto en la audiencia como en su escrito, el adjudicatario señaló que no somete ese hecho a controversia.

  • Indica que, en ese sentido, respecto al supuesto traslado, corresponde

precisar que dicho extremo no constituye materia de controversia.

  • Solicita que, al momento de fijar los puntos controvertidos, se excluya de

forma definitiva el extremo relativo el puesto traslape de la experiencia del supervisor.

  • Agrega que, sin perjuicio de lo expuesto, bajo la norma aplicable al

periodo en controversia (18/02/2014 al 16/11/2015), regulado por el Decreto Legislativo N° 1017, no existía prohibición alguna para el ejercicio simultáneo de la supervisión en obras distintas.

  • Mediante decreto del 26 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. SITUACIÓN REGISTRAL:

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores – RNP, se aprecia, a la fecha, la siguiente información: El Impugnante:

  • El proveedor Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. (con R.U.C. N°

20487876578), cuenta con inscripción vigente como consultor de obras; asimismo, no tiene sanción vigente que le impida participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado. El Consorcio Adjudicatario: CONSORCIO SUPERVISOR A & F INGENIEROS

  • El proveedor ALVAREZ SÁNHEZ NEYSER (con R.U.C. N° 10457352170), cuenta

con inscripción vigente como ejecutor de obras; asimismo, no tiene sanción vigente que le impida participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado.

  • El proveedor PERALTA CULQUIPOMA MILEX WILLIAM (con R.U.C. N°

10464225965), cuenta con inscripción vigente como ejecutor de obras; asimismo, no tiene sanción vigente que le impida participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado.

III. FUNDAMENTACIÓN:

  • Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el

Impugnante, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

  • PROCEDENCIA DEL RECURSO
  • El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el Reglamento.

  • Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro:

N° Análisis de procedencia (artículo 308 del Reglamento) Para verificar En el caso concreto Cumple

(SÍ/NO)

Competencia por cuantía (Literal a) El Tribunal es competente (Valor superior a 50 UIT).1 Concurso Público para Consultoría de Obra N° 4-2026- GSRCHOTA-1, con una cuantía ascendente a S/ 2’010,468.05. Sí 2 Acto impugnable (Literal b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable.2 El Impugnante cuestiona la calificación de la oferta Consorcio Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro. Sí Plazo de interposición (Literal c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles.3 La notificación del acto impugnado fue el 21 de setiembre del 2026, venciendo el plazo de 8 días, el 1 de octubre del 2026. El Impugnante interpuso su recurso el 1 de octubre del 2026, y lo subsanó el 5 de octubre del año en curso, dentro del plazo legal. Sí Identificación y representación (Literal d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente. El recurso es suscrito por el señor Quiroz Ayasta José Humberto como gerente general del Impugnante. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Literales e y f) El Impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. Del expediente no se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Literal g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Impugnante cuestiona la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro. Sí Legitimidad procesal (no ganador) (Literal h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro. La oferta del Impugnante quedó en el segundo orden de prelación. Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente, asimismo, el valor de la UIT en el año 2026 asciende a S/ 5, 500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles). 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del artículo 304 del Reglamento.

N° Análisis de procedencia (artículo 308 del Reglamento) Para verificar En el caso concreto Cumple

(SÍ/NO)

Conexión lógica y petitorio (Literal i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Literal j) El Impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Sí tiene interés y legitimidad para impugnar. Sí

  • Cabe mencionar que, si bien el Consorcio Adjudicatario indicó que el recurso de

apelación debía ser declarado improcedente dado que no alcanzaría los 70 puntos en la evaluación técnica, correspondiendo su descalificación, careciendo de interés para obras; lo cierto es que, en principio, corresponde atender las controversias formuladas por el Impugnante, para luego recién verificar la controversia formulada por el Consorcio Adjudicatario y si corresponde o no disminuir el puntaje que le asignó el comité. Asimismo, en cuanto a la resolución previa que emitió el Tribunal y que los cuestionamientos del Impugnante estarían relacionados a dicha resolución, corresponderá analizar tal situación en el punto controvertido correspondiente y no esta instancia de procedencia.

  • En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, por lo que corresponde realizar el análisis sobre los puntos controvertidos planteados.

  • PRETENSIONES:

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente:

  • Se revoque la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario.

ii. Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. iii. Se otorgue la buena pro a su favor. De la revisión de la absolución del traslado de la apelación, se advierte que el Consorcio Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente:

  • Se confirme la buena pro a su favor.

ii. Se descalifique la oferta del Impugnante. iii. Se declare improcedente el recurso de apelación del Impugnante.

  • FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
  • Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo previsto en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En consecuencia, solo pueden ser materia de análisis los puntos controvertidos que se originen en los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la absolución de aquel. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, según el cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso.” (el subrayado es agregado) Dichas disposiciones resultan concordantes con lo dispuesto en el literal c) del

artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el

Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, conforme al numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “todos los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

  • En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 6 de octubre del 2026 a través del SEACE, y, posteriormente, en atención a la reconformación de las Salas del Tribunal, nuevamente, se corrió traslado del mencionado recurso a dichas partes el 9 de octubre de 2026, razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían un plazo de tres (3) días para absolverlo, es decir, hasta el 14 de octubre de 2026. Cabe mencionar que el decreto del 9 de octubre de 2026 remitió el presente expediente a la Sala y dispuso “Computar el plazo previsto en el numeral 311.1 del Reglamento de la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, desde que el expediente es recibido en Sala”.

  • De la revisión del expediente administrativo, se advierte que, con fecha 12 de

octubre de 2026, se apersonó a esta instancia el Consorcio Adjudicatario formulando cuestionamientos contra la evaluación técnica de la oferta del Impugnante; por lo que, a fin de determinar los puntos controvertidos, es preciso indicar que serán considerados los cuestionamientos que el Impugnante haya formulado en su recurso de apelación, así como los cuestionamientos que el Consorcio Adjudicatario haya formulado en su absolución del traslado de la apelación.

  • En este punto, cabe señalar que el Consorcio Adjudicatario indicó que los

cuestionamientos formulados en los fundamentos 36 al 40 de su escrito de absolución, son de naturaleza informativa, dado que dichos extremos no pueden ser materia de cuestionamiento, por lo que únicamente informa sobre ello.

  • Por otro lado, dado que el 26 de octubre del 2026 se declaró el expediente como

listo para resolver, en el presente caso, los escritos recibidos con posterioridad a la declaración del expedito no se consideran para fundamentar la resolución que expida este Tribunal, conforme a lo establecido en el literal g) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento.

  • Por lo tanto, en el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer

son:

  • Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Consorcio

Adjudicatario y, si como consecuencia de ello, debe tenerse por descalificada la misma y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. ii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante. iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.

  • ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
  • Con el propósito de esclarecer la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

  • En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley.

  • En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados,

corresponde que este Colegiado se avoque al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento recursivo. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, si como consecuencia de ello, debe tenerse por descalificada la misma y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario

  • Conforme fluye de los antecedentes, mediante el recurso de apelación, el

Impugnante cuestionó la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario, indicando para tal efecto principalmente lo siguiente: De la experiencia del postor en la especialidad Indica que el Consorcio Adjudicatario presentó cuatro contratos para acreditar su experiencia. Señala que, en el Contrato N° 4, se incrementaron indebidamente las obligaciones de Milex William Peralta Culquipoma respecto a la promesa de consorcio, contraviniendo la Directiva N° 5-2019-OSCE/CD. Explica que, esta falta de correspondencia convierte al documento en inexacto, impidiendo acreditar la experiencia mínima requerida. Sostiene que el Contrato N° 2 también incluyó una obligación no prevista en la promesa y presentó inconsistencias económicas, pues solo se acreditaron S/ 240,914.60 pagados frente a S/ 241,077.72 en controversia arbitral sin prueba de cobro efectivo. Manifiesta que, al no demostrarse el pago, dicho saldo no puede computarse como experiencia ejecutada. Y señala que, al recalcular la experiencia del Contrato N° 2, Peralta Culquipoma pasa a ser el consorciado con mayor experiencia aportada (S/ 1’179,073.67). Agrega que la oferta incumple las bases, pues solo se le asignó un 40% de participación en lugar del 60% mínimo exigido para quien acredita el mayor monto. De la experiencia del personal clave Señala que, el certificado emitido por SEDAPAL a favor del Ing. Daniel Armando Trucillos La Rosa (Especialista en Seguridad y Salud) no precisa las obras específicas ejecutadas, lo que impide acreditar los 24 meses mínimos exigidos. Explica que las notas aclaratorias agregadas en la oferta no pueden reemplazar la información objetiva que debe contener el certificado para ser calificado. Indica que, el certificado del Especialista Ambiental (Ing. Oymer Zárate Rafael), otorgado por CSC Inmobiliaria y Constructora S.A.C., contiene información falsa, dado que la Municipalidad Distrital de Mórrope confirmó que el proyecto "Habilitación Urbana Valle Verde" no existe. Manifiesta que la coincidencia entre el emisor y el propietario registrado de los predios refuerza la necesidad de fiscalización. Explica que, al restar dicho periodo, el profesional conserva 2.17 años, alcanzando la calificación mínima (2 años), pero perdiendo el puntaje del factor de evaluación (1 año adicional). Y sostiene que, el Especialista en Calidad (Ing. Misael Matos López) presentó un certificado de la misma constructora sobre la obra inexistente, resultando en un documento falso sin valor probatorio. Sostiene que la exclusión de este certificado le permite cumplir con el mínimo de calificación (2 años), pero pierde el puntaje adicional de evaluación, afectando el puntaje técnico mínimo y conduciendo a la descalificación de la oferta.

  • Respecto a dichos cuestionamientos, el Consorcio Adjudicatario, al absolver el

traslado de la apelación, manifestó principalmente lo siguiente: Señala que, la Resolución N° 8580-2026-TCP-S1 de la Primera Sala del Tribunal declaró calificada su oferta, le asignó 80 puntos en la evaluación técnica y ordenó pasar a la evaluación económica. Manifiesta que, el comité solo debía ejecutar lo resuelto por el Tribunal, por lo que un nuevo recurso de apelación únicamente cabría respecto al puntaje de la oferta económica. Agrega que, el Impugnante intenta indebidamente cuestionar los requisitos de calificación y evaluación técnica, etapas que se encuentran validadas y precluidas por resolución firme del Tribunal.

  • Por su parte, al absolver el recurso de apelación, la Entidad señaló principalmente

lo siguiente:

De la fiscalización posterior y presunción de veracidad Señala que, la evaluación inicial de la oferta se realizó bajo la presunción de veracidad (Ley N° 32069), lo cual no implica una certificación definitiva de autenticidad material ni una comprobación externa previa de lo declarado. Indica que los documentos municipales y registrales aportados por el Impugnante constituyen prueba objetiva en contrario frente a dichos certificados de trabajo de la "Habilitación Urbana Valle Verde – Condominio Campestre". Agrega que corresponde efectuar verificaciones e iniciar actuaciones de fiscalización posterior para confirmar fehacientemente con la Municipalidad Distrital de Mórrope si dichos documentos reflejan hechos reales y determinar responsabilidades. Manifiesta que resulta relevante que el Sr. Carlos Miguel Silva Calderón sea quien suscribe los certificados cuestionados y a su vez figure como titular de los predios registrales, lo que genera dudas objetivas sobre la ejecución real del proyecto e impide validar tales experiencias mientras no exista prueba en contrario. De los Contratos N° 2 y N° 4 y el porcentaje de participación del consorcio Respecto al Contrato N° 2, señala que, no corresponde validar automáticamente el monto controvertido de S/ 241,077.72 ni considerar computable dicho importe sin prueba de pago efectivo, dado que las valorizaciones reclamadas o un laudo arbitral no acreditan por sí solos que el pago se haya percibido. Respecto al Contrato N° 4, indica que, si existen diferencias sustanciales en las obligaciones entre la promesa formal y el contrato de consorcio definitivo que impidan determinar la experiencia de cada integrante, no resulta válido reconocer el monto declarado. Sostiene que, la oferta incumple la regla del porcentaje mínimo de participación, pues de confirmarse la recalificación, el Ing. Milex William Peralta Culquipoma acreditaría la mayor experiencia contando con solo el 40% de participación, en lugar del mínimo del 60% exigido por las bases integradas.

De la experiencia del especialista en seguridad de obra y salud ocupacional Manifiesta que, sobre el certificado del especialista en seguridad de obra y salud ocupacional, no corresponde modificar el criterio de evaluación adoptado mientras no exista una contradicción objetiva o incumplimiento concreto demostrado respecto de las bases.

  • Como se aprecia, en el presente caso, el Impugnante ha cuestionado la calificación

de la oferta del Consorcio Adjudicatario respecto a los requisitos de “Experiencia del postor en la especialidad” y “Experiencia del Personal clave”. Al respecto, a fin de esclarecer la controversia planteada por el Impugnante, es preciso traer a colación el “Acta de Admisión, Calificación, Evaluación y Otorgamiento de la Buena Pro” del 21 de setiembre de 2026, en adelante el Acta de Evaluación, registrada en el SEACE, en el cual se determinó lo siguiente: Conforme puede apreciarse, el comité realizó la evaluación técnica y económica de la oferta del Consorcio Adjudicatario, obteniendo 80 puntos en la evaluación técnica y 82.02 en el puntaje total, adjudicándose la buena pro. En este punto, corresponde recordar que dicho puntaje técnico del Consorcio Adjudicatario fue determinado por la Primera Sala del Tribunal en su Resolución N° 8580-2026-TCP-S1 del 9 de septiembre de 2026, tal como se aprecia a continuación:

En correlato con lo expuesto, la Primera Sala del Tribunal resolvió lo siguiente:

  • Conforme se advierte de lo citado, la Primera Sala del Tribunal declaró fundado en

parte el recurso de apelación interpuesto por el postor Consorcio Supervisor A & F Ingenieros (ahora el Consorcio Adjudicatario), revocando expresamente la decisión del órgano evaluador referida a descalificar dicha oferta y disponiendo que el comité realice la evaluación económica de su oferta y otorgue la buena pro al postor que corresponda. Debe anotarse también que, de acuerdo al fundamento 102 de la citada resolución, la Primera Sala concluyó que el Consorcio Supervisor A & F Ingenieros obtuvo 80 puntos en la evaluación técnica. En otras palabras, la resolución del Primera Sala resolvió las controversias formuladas por las partes, determinando que se prosiga con la evaluación económica del Consorcio Supervisor A & F Ingenieros.

  • En ese contexto, el pronunciamiento de la Primera Sala dispuso expresamente que

el comité debía proseguir con la evaluación económica de la oferta del Consorcio Supervisor A & F Ingenieros.

  • Por tanto, esta Sala aprecia que el presente recurso de apelación pretende

cuestionar requisitos de calificación ("Experiencia del postor en la especialidad" y "Experiencia del personal clave"), los cuales quedaron firmes y subsumidos tras la emisión de la Resolución N° 8580-2026-TCE-S1, pronunciamiento que agotó la vía administrativa y resulta de obligatorio cumplimiento para la Entidad y las partes.

  • Cabe mencionar que, el numeral 313.3 del artículo 3134 del Reglamento establece

que la resolución dictada por la autoridad competente es cumplida por las partes sin calificarla y bajo sus propios términos. Cuando la entidad contratante no cumpla con lo dispuesto en la resolución del Tribunal, éste comunica el hecho a la Contraloría General de la República.

  • En virtud de lo expuesto, esta Sala advierte que, en el presente recurso de

apelación, el Impugnante pretende cuestionar la calificación de la oferta del Consorcio Supervisor A & F Ingenieros, a fin de que se le descalifique, pese a que la Resolución N° 8580-2026-TCP-S1 del 9 de setiembre del 2026 determinó, de manera expresa, otorgar 80 puntos en la evaluación técnica y proseguir con la evaluación económica de su oferta, aspecto de la evaluación que no ha sido cuestionado en el recurso presentado.

  • En otras palabras, conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 8580-2026-TCP-S1

del 9 de setiembre del 2026, la oferta del Consorcio Supervisor A & F Ingenieros tenía la condición de admitida y calificada, inclusive le asignó 80 puntos en su evaluación técnica, restando solo analizar su oferta económica por parte del comité; por lo que, en el marco del presente recurso de apelación, esta Sala no puede dejar de cumplir lo previsto en la citada resolución, en el marco del principio de legalidad.

  • En relación con ello, cabe desestimar lo expuesto por el Impugnante, respecto a

que esta Sala sí puede pronunciarse debido a que los cuestionamientos 4 Artículo 313. Alcances de la resolución (…) 313.3. La resolución dictada por la autoridad competente es cumplida por las partes sin calificarla y bajo sus propios términos. Cuando la entidad contratante no cumpla con lo dispuesto en la resolución del TCP éste comunica el hecho a la CGR.

formulados corresponden a materias diferentes a las analizadas en la calificación técnica de la Resolución N° 8580-2026-TCP-S1, dado que ello constituye una interpretación ilegal del Impugnante, al desconocer lo establecido en el numeral 313.3 del artículo 313 del Reglamento.

  • En consecuencia, conforme a los alcances del numeral 313.3 del artículo 313 del

Reglamento, esta Sala no puede alterar o modificar lo resuelto expresamente en la Resolución N° 8580-2026-TCP-S1 del 9 de setiembre del 2026, la cual concluyó que correspondía que el comité proceda con la evaluación económica de la oferta del Consorcio Supervisor A & F Ingenieros; dado que la citada disposición normativa establece el carácter obligatorio y vinculante de las resoluciones emitidas por este Tribunal para todas las partes, sin calificarla y bajo sus propios términos.

  • En consecuencia, corresponde declarar infundado el recurso de apelación,

respecto a la solicitud de revocar la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario, toda vez que no es posible reabrir la etapa de calificación de ofertas al haber sido objeto de análisis por la Primera Sala de este Tribunal en la Resolución N° 8580-20226-TCP-S5 del 9 de setiembre de 2026.

  • Sin perjuicio de lo antes expuesto, considerando que en el marco del recurso de

apelación se han formulado cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario, alegando que habría presentado documentación falsa y/o inexacta que vulneraría la presunción de veracidad; corresponde disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior de dicha oferta, debiendo poner en conocimiento del Tribunal los resultados en el plazo máximo de veinte (20) días hábiles.

  • Asimismo, cabe mencionar que los argumentos del Impugnante expuestos en el

recurso de apelación se ciñen a que el contrato de consorcio presentado para una experiencia del postor no mantiene el contenido de la promesa de consorcio, aspecto que, por sí mismo, no es concluyente para determinar la falsedad o inexactitud de un documento. De igual manera, respecto a la experiencia del especialista ambiental y el especialista en calidad, los cuestionamientos a la veracidad se sustentan en que la Municipalidad Distrital de Morrope ha indicado que no existe ni ha sido ejecutada una habilitación urbana en Valle Verde condominio campestre, ubicado en el sector Paredes, Valle de Chancay, distrito de Morrope, lugar aludido en los certificados cuestionados emitidos por una empresa privada.

Ahora bien, de la documentación referida, se aprecia que el informe técnico de la dicha municipalidad indica haber verificado unos predios que serían los que se citan en los certificados cuestionados y que, del acervo documentario, no se cuenta con licencia de habilitación urbana aprobada por la municipalidad “por lo consiguiente dicha habilitación urbana no se encuentra inscrita en los registros públicos para que se demuestre la ejecución del proyecto”; sin embargo, esta Sala aprecia que lo expuesto solo permite corroborar que, en acervo documentario de la citada municipalidad, no existiría información sobre la autorización de habilitación urbana que evidencie la ejecución del proyecto, lo que no resulta concluyente para señalar que no se ejecutó las prestaciones indicadas en los referidos certificados. Además, debe tenerse en cuenta que, en el apersonamiento del Consorcio Adjudicatario, éste adjuntó extractos de las supuestas comunicaciones del emisor de los certificados, en los que habría ratificado la veracidad de los mismos; debiendo precisarse que, si bien no es materia de discusión la emisión de los documentos, no puede soslayarse que existirían comunicaciones que ratificarían la veracidad de su contenido. En este contexto es que corresponde que la Entidad realice la fiscalización posterior e informe al Tribunal sobre los resultados de la misma. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante

  • Tal como fue reseñado en los antecedentes, en la absolución del traslado de

apelación, el Consorcio Adjudicatario formuló cuestionamientos contra la oferta del Impugnante, referido al cumplimiento del factor de evaluación “Sostenibilidad social”.

  • Sobre ello, el Consorcio Adjudicatario alegó, principalmente, lo siguiente:

Señala que, el comité no debió asignar 20 puntos al Impugnante en este factor por incumplir las condiciones de las bases integradas e indica que las bases exigían explícitamente que el certificado sea emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el Social Accountability Accreditation Services (SAAS). Expresa que, el Impugnante adjuntó un certificado emitido por la entidad "Objetivos y Resultados Clave S.A. de C.V." para intentar acreditar el factor.

Manifiesta que, la norma SA8000 es propiedad exclusiva de Social Accountability International (SAI), entidad que otorga validez legal y reconocimiento oficial únicamente a través de organismos acreditados ante el SAAS. Agrega que, "Objetivos y Resultados Clave S.A. de C.V." no figura registrada ni como organismo acreditado vigente ni como histórico ante el SAAS. Sostiene que, se envió una consulta directa de verificación al SAAS el 06/10/2026 y que, el 08/10/2026, la Directora Ejecutiva de dicho organismo (Lisa Bernstein) confirmó por correo oficial que dicha empresa no está acreditada por el SAAS. Y concluye que, corresponde retirar los 20 puntos otorgados al Impugnante en el factor de evaluación “Sostenibilidad social”.

  • Por su parte, con relación al presente cuestionamiento formulado, el Impugnante

absolvió indicando, principalmente, lo siguiente: Señala que, el certificado presentado acredita de manera fehaciente que su representante cumple con los requisitos, métricas y lineamientos internacionales del estándar de responsabilidad social SA 8000:2014. Menciona que, una simple comunicación por correo electrónico privado supuestamente emitido por un funcionario del SAAS y un supuesto enlace a un sitio web no constituyen documentos oficiales, actos administrativos formalizados ni pruebas fehacientes dentro del marco legal de contrataciones. Y agrega que, su oferta no puede ser descalificada o restársele puntaje basándose en elementos informales o capturas de internet que carecen de las formalidades de ley.

  • Al respecto, a fin de esclarecer la controversia planteada por el Consorcio

Adjudicatario, es preciso traer a colación el Acta de Evaluación, en la cual se aprecia que, en la etapa de evaluación técnica, se le asignó al Impugnante el puntaje de 20 puntos en el factor de evaluación “Sostenibilidad social”, conforme se aprecia a continuación:

  • Ahora bien, resulta pertinente remitirnos a las bases integradas, las cuales, en el

literal c) del numeral 4.2 “Factores de evaluación facultativos” del Capítulo IV “Evaluación de ofertas”, estableció lo siguiente

  • De las bases integradas, se desprende que el factor “Sostenibilidad social” se

evalúa en atención a las prácticas de sostenibilidad social que acrediten los postores. Asimismo, el puntaje por su acreditación es de 20 puntos y, para dicha acreditación, los postores deben presentar certificación en el sistema de gestión de responsabilidad social acorde al estándar SA 8000:2014, cuyo certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado ante el “Social Accountability Acreditation Services” (en adelante, SAAS).

  • En ese sentido, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia a folios 625

el Certificado de Registro del 10 de julio de 2026 emitido a favor del Impugnante por la empresa certificadora Objetivos y Resultados Clave S.A de C.V., en el cual certifica que aquel cumple con los requisitos de la norma SA 8000:2014, tal como se aprecia a continuación:

  • En este punto, cabe recordar que, según las bases integradas, para la acreditación

del factor “Sostenibilidad social”, los postores debían presentar certificación en el sistema de gestión de responsabilidad social acorde al estándar SA 8000:2014, cuyo certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado ante SAAS.

  • En principio, esta Sala, de la sola revisión del citado certificado, puede concluir que

no indica en extremo alguno que haya sido emitido en el marco de la SAAS, elemento suficiente para corroborar que no se sujeta a lo previsto en las bases del procedimiento.

  • En adición a lo expuesto, cabe señalar que SAAS, según su portal web oficial5, es

una división de Social Accountability International (SAI), que ofrece servicios de aseguramiento para el sistema de certificación SA 8000, la cual evalúa y acredita a las organizaciones auditoras para garantizar que estén cualificadas para exigir a sus clientes el cumplimiento de las normas sociales.

  • En ese sentido, de la revisión de dicho portal web, se aprecia una “Lista de

organismos de certificación acreditados según la norma SA 8000”. Dicha lista contiene a los organismos de evaluación acreditados por SAAS para realizar auditorías SA 8000 y emitir certificaciones.

  • A lo expuesto, de la revisión de la referida lista, no se advierte que la empresa

Objetivos y Resultados Clave S.A. de C.V. se encuentre registrada como empresa certificadora de la norma SA 8000, tal como se muestra a continuación: 5 https://sa-intl.org/services/assurance/

  • Por otra parte, el portal web de SAAS contiene una “Lista de certificación SA 8000”,

la cual es una lista pública oficial de organizaciones con certificación SA 8000. Así, de la revisión de la referida lista, al consignar los datos de la empresa Q & Q Consultores y Ejecutores S.A.C., así como el número del certificado cuestionado (QYR/05/QQ/2028), tampoco se advierte que dicha empresa se encuentre certificada con la norma SA 8000, tal como se muestra a continuación:

  • Así también, de búsqueda en la lista por país, tampoco se advierte que la empresa

Q & Q Consultores y Ejecutores S.A.C. sea una de las empresas peruanas certificadas con la norma SA 8000, tal como se muestra a continuación:

  • En consecuencia, esta Sala ha podido corroborar, de la revisión del documento, así

como del portal web de la SAAS, que el certificado cuestionado no ha sido emitido por un organismo acreditado ante la SAAS.

  • Aunado a lo anterior, cabe señalar que, en la absolución del recurso del Consorcio

Adjudicatario, obra el correo electrónico de la señora Lisa Bernstein (LBernstein@saasaccreditation.org), Executive Director Social Accountability Accreditation Services – Division of Social Accountability International, siendo que obra también la traducción de la respuesta emitida por SAAS a la solicitud de verificación del organismo emisor Objetivos y Resultados Clave S.A de C.V., formulada por el Consorcio Adjudicatario, de cuya revisión se aprecia que SAAS confirmó que la empresa Objetivos y Resultados Clave S.A. de C.V. no está acreditada por dicha entidad, tal como se muestra a continuación:

  • De la revisión de dicha respuesta, se aprecia que SAAS explica que, a fin de

garantizar la validez de un certificado SA 8000, el certificado acreditado debe llevar impreso el sello de acreditación de SAAS; sin embargo, de la revisión del certificado cuestionado, no se aprecia dicho sello impreso, lo que ratifica lo advertido en fundamentos previos, de que la empresa Objetivos y Resultados Clave S.A de C.V. no está acreditada ante dicho organismo.

  • En ese sentido, de la verificación efectuada por este Colegiado del portal web de

SAAS, así como de la respuesta emitida por dicho organismo, presentada por el Consorcio Adjudicatario, se advierte que ni la empresa Objetivos y Resultados Clave S.A de C.V. es un organismo certificador de la norma SA 8000 y que ni la empresa Q & Q Consultores y Ejecutores S.A.C. es una empresa certificada con dicha norma.

  • A lo expuesto, cabe señalar que, de la valoración conjunta de los medios

probatorios, se advierte que el Impugnante no ha presentado ninguna prueba que esté destinada a acreditar la certificación, limitándose sus descargos a cuestionar los medios probatorios del Consorcio Adjudicatario y señalar que la empresa certificadora corrobora la emisión; sin embargo, tales argumentos no acreditan que dicha empresa certificadora esté acreditada por el SAAS, aspecto que es materia de análisis; sobre todo cuando de la revisión del mismo certificado no se aprecia ello.

  • En ese punto, cabe recordar que el factor de evaluación “Sostenibilidad social”

exige que el certificado presentado por el postor sea emitido por un organismo acreditado por SAAS. Por tanto, en el presente caso, el certificado presentado por el Impugnante para la acreditación de dicho factor de evaluación no cumple con la referida condición.

  • Por lo expuesto, este Tribunal concluye que, en el caso concreto, no corresponde

la asignación del puntaje de 20 puntos en el factor de evaluación “Sostenibilidad social”, en la medida que el Impugnante no ha cumplido con el requisito de acreditación referido a que el certificado sea emitido por un organismo de certificación acreditado ante SAAS. Ante lo expuesto, corresponde modificar el puntaje obtenido por el Impugnante en la evaluación técnica, quedando de la siguiente manera:

POSTOR

EVALUACIÓN TÉCNICA

PUNTAJE

TOTAL

EXPERIENCIA

ESPECÍFICA

ADICIONAL

DEL PERSONAL

CLAVE

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

SOSTENIBILIDAD

SOCIAL

INTEGRIDAD EN

LA

CONTRATACIÓN

PUBLICA

GESTIÓN DE

CALIDAD

Q & Q

CONSULTORES Y

EJECUTORES

S.A..C 30.00 5.00 0.00 5.00 10.00 50.00 En este punto, cabe recordar que el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de 70 puntos, por lo que al haber obtenido el Impugnante 50 puntos en la evaluación técnica, queda descalificado.

  • Por tanto, corresponde amparar los argumentos del Consorcio Adjudicatario y, en

consecuencia, descalificar la oferta del Impugnante. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del del procedimiento de selección a favor del Impugnante

  • Con relación al tercer punto controvertido, es pertinente señalar que, conforme al

análisis efectuado en el primer y segundo punto controvertido, se ha determinado confirmar el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Adjudicatario y descalificar la oferta Impugnante. En tal sentido, no resulta amparable su pretensión de adjudicación de la buena pro en el procedimiento de selección.

  • Por lo tanto, el presente extremo del recurso de apelación resulta infundado.
  • Finalmente, considerando que el recurso de apelación será declarado infundado,

en atención de lo dispuesto en el numeral 315.1 del artículo 315 del Reglamento, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante como requisito de admisibilidad de su medio impugnativo. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Danny William Ramos Cabezudo y la intervención de los vocales Sonia Tatiana Angulo Reátegui y Juan Carlos Cortez Tataje y, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE publicada el 5 de octubre de 2026 en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE; analizados los

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

  • Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa Q & Q

CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C, en el marco de la Concurso Público para Consultoría de Obra N° 4-2026-GSRCHOTA-1, para la “Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación de sistemas familiares de unidades básicas de saneamiento en la localidad rural de Lingan Grande del distrito de Chota, provincia de Chota, región Cajamarca”, conforme a los fundamentos expuestos.

  • Revocar la calificación de la oferta la empresa Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES

S.A.C, en el marco de la Concurso Público para Consultoría de Obra N° 4-2026- GSRCHOTA-1, y, en consecuencia, tenerla por descalificada.

  • Ejecutar la garantía otorgada por la empresa Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES

S.A.C, en el marco de la Concurso Público para Consultoría de Obra N° 4-2026- GSRCHOTA-1, para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 315.1 del artículo 315 del Reglamento.

  • Requerir a la Entidad efectúe la fiscalización posterior de la documentación

contenida en la oferta del CONSORCIO SUPERVISOR A & F INGENIEROS, integrado por los señores Neyser Álvarez Sánchez y Milex William Peralta Culquipoma, conforme a lo señalado en el fundamento 28.

  • Disponer que la Entidad, al día siguiente de publicada la resolución, registre en el

SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE6.

  • Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa.

6 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

Ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui.

Resolución N.° 9549-2026-TCP-S5 | Documentos Regulatorios · LinkContrata