Documento regulatorio

Resolución N.° 9548-2026-TCP-S5

Recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO QUILLO, integrado por las empresas NEBICH IMPORT EXPORT E.I.R.L. y EMCONT PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C. - EMCONT S.A.C., en el marco de la Licitación...

Tipo
No clasificado
Fecha
02/11/2026
Fuente
gob.pe/oece/normas-legales

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Sumilla: “(…) al omitir poner en conocimiento de los postores los cuestionamientos que sustentaban su decisión de declarar la nulidad del procedimiento de selección, les impidió formular oportunamente sus argumentos respecto de los presuntos vicios identificados, privándolos de una oportunidad efectiva de ejercer su derecho de defensa antes de la emisión del acto administrativo que afectó directamente su participación en el procedimiento.” Lima, 1 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 1 de noviembre de 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7219/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO QUILLO, integrado por las empresas NEBICH IMPORT- EXPORT E.I.R.L. y EMCONT PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C. - EMCONT S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 08-2026-MDQ-C-1 - Primera Convocatoria, convocado por la Municipalidad Distrital de Quillo; y, atendiendo a lo siguiente: ANTECEDENTES Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el 21 de agosto de 2026, la Municipalidad D…
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Sumilla: “(…) al omitir poner en conocimiento de los postores los cuestionamientos que sustentaban su decisión de declarar la nulidad del procedimiento de selección, les impidió formular oportunamente sus argumentos respecto de los presuntos vicios identificados, privándolos de una oportunidad efectiva de ejercer su derecho de defensa antes de la emisión del acto administrativo que afectó directamente su participación en el procedimiento.” Lima, 1 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 1 de noviembre de 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7219/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO QUILLO, integrado por las empresas NEBICH IMPORT- EXPORT E.I.R.L. y EMCONT PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C. - EMCONT S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 08-2026-MDQ-C-1 - Primera Convocatoria, convocado por la Municipalidad Distrital de Quillo; y, atendiendo a lo siguiente:

  • ANTECEDENTES
  • Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el 21

de agosto de 2026, la Municipalidad Distrital de Quillo, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 08-2026-MDQ-C-1 - Primera Convocatoria, para la “Contratación para la ejecución de la obra: "Ampliación del servicio de provisión de agua para riego en el canal Acush Alto Desde Cruz Cotac Hasta Atunera del Caserio de Zacsha del Distrito de Quillo de la Provincia de Yungay del Departamento de Ancash”, con CUI N° 2689586”, con una cuantía de contratación ascendente a S/ 1´076,883.26 (un millón setenta y seis mil ochocientos ochenta y tres con 26/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. El referido procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por la Ley N° 32069, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025- EF, en adelante el Reglamento.

  • De acuerdo con el cronograma establecido, el 4 de septiembre de 2026 se llevó a

cabo la presentación electrónica de ofertas. Posteriormente, el 21 de septiembre de 2026, se publicó la Resolución de Gerencia Municipal N° 0158-2026-MDQ/GM de fecha 18 de septiembre de 2026, mediante la cual se declaró de oficio la nulidad del procedimiento de selección y se dispuso retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación del requerimiento, al haberse identificado los siguientes vicios de nulidad: 1) falta de claridad en la definición de la modalidad de pago; 2) incongruencia técnica respecto del equipamiento estratégico; y 3) incongruencia en la redacción del factor de evaluación, al señalarse la expresión “al menos un año adicional, años adicionales”.

  • Mediante el escrito N° 1, presentado los días 28 y 30 de octubre de 2026 a través

de la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el postor CONSORCIO QUILLO, integrado por las empresas NEBICH IMPORT-EXPORT E.I.R.L. y EMCONT PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C. - EMCONT S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la nulidad del procedimiento de selección, dispuesta por la Entidad mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 0158-2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026, sustentando su impugnación en los siguientes argumentos:

  • Señala que su representada participa como postor en el procedimiento de

selección y que, en tal condición, el 4 de septiembre de 2026 presentó su oferta, de conformidad con las condiciones establecidas en las bases.

  • Refiere que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 0158-2026-

MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026, la Entidad declaró la nulidad del procedimiento de selección, decisión que afectó su legítimo interés en que se continúe con la evaluación de su oferta y, de corresponder, se le otorgue la buena pro.

  • Asimismo, resalta que la Entidad no le corrió traslado de los presuntos

vicios advertidos.

  • A través del Decreto del 1 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto ante este Tribunal por el Consorcio Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles absuelvan el mismo. En ese sentido, se remitió el expediente a la Sexta Sala para que evalúe la información y se programó audiencia pública para el 9 de octubre de 2026.

  • A través del escrito N° 3, presentado el 9 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal, el Consorcio Impugnante acreditó a sus representantes para participar en la audiencia pública programada.

  • Con Decreto del 9 de octubre de 2026, considerando que, mediante artículo 1 de

la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE-PRE de fecha 5 de octubre de 2026, publicada en el Diario Oficial El Peruano en la misma fecha, se formalizó el Acuerdo Nº 001-0142026/OECE-CD del Consejo Directivo que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal, se dispuso remitir el expediente a la Quinta Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 16 de octubre de 2026.

  • El 16 de octubre de 2026, ante la inasistencia de las partes, se declaró la audiencia

pública frustrada.

  • A través del decreto del 16 de octubre de 2026, al haberse advertido un presunto

vicio de nulidad, consistente en que la Entidad no habría corrido traslado a las partes de los presuntos vicios advertidos, se dispuso poner dicha situación en su conocimiento, a fin de que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, emitan su pronunciamiento al respecto y precisen si, a su criterio, dicha circunstancia configuraría un vicio que justifique la declaración de nulidad del procedimiento de selección, de conformidad con lo establecido en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento.

  • Con Decreto del 26 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor CONSORCIO QUILLO, integrado por las empresas NEBICH IMPORT-EXPORT E.I.R.L. y EMCONT PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C. - EMCONT S.A.C. contra la nulidad del procedimiento de selección, dispuesta por la Entidad mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0158-2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso.

  • VERIFICACIÓN DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.
  • El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, así como aquellas que se generen en los procedimientos orientados a implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento, siempre que hayan sido emitidos antes del perfeccionamiento del contrato. En ese sentido, no procede la interposición del recurso respecto de las contrataciones no sujetas a procedimiento competitivo ni contra aquellas actuaciones que establece el Reglamento.

  • En relación con ello, debe tenerse presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa están sujetos a dos niveles de control: uno formal, referido a los requisitos de admisibilidad; y otro sustancial, vinculado a la verificación de su procedencia. En este último caso, el análisis está orientado a determinar si concurren los requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada mediante el recurso, habilitando así un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, corresponde remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto resulta jurídicamente procedente.

  • La entidad contratante o el TCP carezca de competencia para resolver, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley. No aplica en estos casos lo establecido en el artículo 130 de la LPAG, o disposición que la sustituya, referido a la presentación de escritos ante entidades que no resultan competentes. El literal a) del artículo 308 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley1. Este señala que el recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones Públicas cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) unidades impositivas tributarias, así como en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Asimismo, precisa que los actos que declaren la nulidad de oficio u otros emitidos por la autoridad de la gestión administrativa o el titular de la entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. En el presente caso, el recurso ha sido interpuesto contra la nulidad del procedimiento de selección, dispuesta por la Entidad mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 0158-2026-MDQ/GM, del 18 de septiembre de 2026. En consecuencia, el Tribunal es el órgano competente para conocer y resolver el recurso interpuesto, no configurándose en este caso la causal de improcedencia referida a la competencia.

  • Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

1 “Artículo 74. Órgano competente para resolver el recurso de apelación 74.1. El recurso de apelación es conocido y resuelto por las siguientes autoridades:

  • El Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a

cincuenta UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio u otros emitidos por la autoridad de la gestión administrativa o el titular de la entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

  • La autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante, en los demás casos. Esta autoridad verifica que, en

las actuaciones del recurso, al interior de la entidad contratante, no participen quienes hayan intervenido en el mismo proceso de contratación. 74.2. En el caso de las compras corporativas, compras por encargo y compras centralizadas, las atribuciones de la entidad contratante son ejercidas por la entidad que conduce el procedimiento de selección correspondiente”.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación; ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores; iii) las bases y/o su integración; iv) las actuaciones referidas al registro de participantes; v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo; vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos; y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Consorcio Impugnante cuestiona la nulidad del procedimiento de selección, dispuesta por la Entidad mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0158-2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026. De ese modo, se advierte que dicho cuestionamiento no configura como acto no impugnable.

  • Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado la buena pro a través de la Pladicop. En los casos de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, la apelación se presenta dentro de los cinco días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En el presente caso, considerando que se trata de un Licitación Pública Abreviada de Obras, cuya cuantía de contratación, corresponde al de una licitación pública, corresponde aplicar el plazo de ocho (8) días hábiles.

En ese sentido, de la revisión del SEACE de la Pladicop se aprecia que el 21 de septiembre de 2026 se publicó la Resolución de Gerencia Municipal N°0158-2026- MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026, mediante la cual la Entidad declaró la nulidad del procedimiento de selección. Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 304 del Reglamento, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, esto es, hasta el 1 de octubre de 2026. Al respecto, del expediente se verifica que el recurso de apelación fue interpuesto mediante escrito N° 1 el 28 de septiembre de 2026 y subsanado el 30 del mismo mes y año; por lo tanto, fue presentado dentro del plazo establecido por la normativa vigente.

  • El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que este aparece suscrito por el señor Carlos Manuel Cobilich Castañeda, representante común del Consorcio Impugnante.

  • El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento para participar en el presente procedimiento de selección o para contratar con el Estado.

  • El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento que permita concluir que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren legalmente incapacitados para ejercer actos civiles

  • El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

En el presente caso, el Consorcio Impugnante presentó su oferta; sin embargo, se declaró la nulidad del procedimiento de selección. De ese modo, se aprecia que el Consorcio Impugnante cuestiona la declaración de nulidad del procedimiento de selección, dispuesta por la Entidad mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0158-2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026. Por lo tanto, el Consorcio Impugnante no incumple la presente causal de procedencia.

  • Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante presentó su oferta; sin embargo, se declaró la nulidad del procedimiento de selección.

  • No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y su petitorio.

Como se aprecia de lo reseñado, el Consorcio Impugnante cuestiona la nulidad del procedimiento de selección, dispuesta por la Entidad mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0158-2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se advierte que estos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

  • El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, reconoce la facultad de contradicción administrativa, en virtud de la cual, frente a un acto administrativo que supone la violación, el desconocimiento o la lesión de un derecho o interés legítimo, su destinatario o quien resulte afectado por sus efectos se encuentra facultado para cuestionarlo en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente. En el ámbito de la contratación pública, dicho mecanismo de tutela administrativa se materializa, en lo que respecta a las controversias derivadas de los procedimientos de selección, a través del recurso de apelación. Bajo dicho marco normativo, corresponde determinar si el Consorcio Impugnante ostenta un interés legítimo susceptible de tutela administrativa respecto de la decisión de la Entidad de declarar la nulidad del procedimiento de selección. Para tal efecto, resulta pertinente establecer, en primer término, la condición jurídica que aquel ostentaba al momento en que se adoptó dicha decisión. Al respecto, se advierte que el 4 de septiembre de 2026 el Consorcio Impugnante presentó su oferta electrónica en el marco del procedimiento de selección, conforme se aprecia de la documentación obrante en el expediente: Sobre el particular, cabe señalar que, de conformidad con el numeral 63 del Anexo N° I – Definiciones del Reglamento, se entiende por postor a la persona natural o jurídica que participa en un procedimiento de selección desde el momento en que presenta su oferta. En consecuencia, al haber presentado su oferta el 4 de septiembre de 2026, el Consorcio Impugnante adquirió, desde dicha fecha, la condición de postor, incorporándose formalmente al procedimiento de selección y quedando comprendido en el ámbito de protección de las disposiciones que regulan su desarrollo. En ese sentido, la condición de postor no constituye una circunstancia meramente formal, sino que determina la existencia de una posición jurídica concreta dentro del procedimiento de selección, en tanto habilita a su titular a participar en la competencia por la obtención de la buena pro, con la expectativa legítima de que su oferta sea sometida a las actuaciones de evaluación y calificación que correspondan, conforme a las reglas establecidas en las bases y a la normativa de contratación pública. Bajo esa premisa, la decisión de la Entidad de declarar la nulidad del procedimiento de selección incide directamente en la esfera jurídica del Consorcio Impugnante, toda vez que dicha determinación interrumpe la continuidad del procedimiento en el que venía participando y afecta su legítimo interés en que su oferta sea evaluada y, de corresponder, se le otorgue la buena pro. Por tanto, no se trata de un interés eventual, abstracto o ajeno al procedimiento, sino de un interés legítimo, concreto y directamente vinculado con la posición que adquirió al presentar su oferta. En efecto, si se determinara que la nulidad del procedimiento de selección, dispuesta por la Entidad mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 0158- 2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026 fue declarada en contravención de la Ley, el Reglamento o las disposiciones que rigen el procedimiento de selección, tal actuación podría haber ocasionado una afectación ilegítima a la esfera jurídica del Consorcio Impugnante, al privarlo de continuar participando en un procedimiento cuyo resultado podía favorecerlo con la adjudicación de la buena pro. Precisamente, la posibilidad de cuestionar dicha decisión constituye una manifestación de la facultad de contradicción administrativa reconocida en el numeral 206.1 del artículo 206 del TUO de la LPAG. Por consiguiente, atendiendo a que el Consorcio Impugnante adquirió la condición de postor desde la presentación de su oferta y que la decisión de declarar la nulidad del procedimiento de selección incide directamente en su interés legítimo de continuar participando en este y competir por la adjudicación de la buena pro, se concluye que cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para cuestionar, mediante el recurso de apelación, la nulidad del procedimiento de selección dispuesta por la Entidad a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 0158-2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026.

  • En consecuencia, atendiendo a las consideraciones desarrolladas, no se advierte

la concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento. Por tanto, corresponde continuar con la fijación de los puntos controvertidos planteados.

  • PRETENSIONES:
  • De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Consorcio Impugnante

solicitó al Tribunal, lo siguiente:

  • Se revoque la nulidad del procedimiento de selección, dispuesta por la

Entidad mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0158-2026- MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026.

  • DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
  • Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, resulta pertinente tener en cuenta lo dispuesto en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que: “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. En ese sentido, serán materia de análisis los puntos controvertidos que se originen a partir de los argumentos contenidos en el recurso de apelación y en la absolución del traslado correspondiente, conforme a lo previsto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, el cual establece: “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Por otro lado, conforme a lo previsto en el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento según el cual: “Al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso”. Asimismo, cabe indicar que de acuerdo con el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “todos los actos que emite el Tribunal en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

  • En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

contratante y a los demás postores el 1 de octubre de 2026 a través de la Pladicop, razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían un plazo de tres (3) días para absolverlo, es decir, hasta el 6 de octubre de 2026.

  • Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que, al 6 de

octubre de 2026, ningún postor se apersonó.

  • Por lo tanto, el único punto controvertido a esclarecer es el siguiente:
  • Determinar si corresponde revocar la decisión de la Entidad de declarar la

nulidad del procedimiento de selección, dispuesta mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0158-2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026.

  • ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
  • Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades Contratantes adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. UNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión de la Entidad de declarar la nulidad del procedimiento de selección, dispuesta mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0158-2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026.

  • Conforme se ha señalado en los antecedentes de la presente resolución, el

Consorcio Impugnante ha cuestionado la decisión de la Entidad de declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, materializada mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 0158-2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026.

  • En ese sentido, a efectos de analizar los cuestionamientos formulados por el

Consorcio Impugnante, corresponde examinar los fundamentos que sustentaron la decisión de la Entidad de declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección. Para tal efecto, resulta pertinente remitirnos al contenido de la Resolución de Gerencia Municipal N° 0158-2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026, cuyos extractos relevantes se reproducen a continuación:

  • Ahora bien, de la revisión integral de la Resolución de Gerencia Municipal N° 0158-

2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026, así como del informe que la sustenta (Informe N° 002-2026-MPS/PRESIDENTEDECOMITEDESELECCION- LPA08/2025), este Colegiado no advierte que, con anterioridad a la emisión del referido acto administrativo, la Entidad hubiera puesto en conocimiento de los postores los presuntos vicios de nulidad identificados, a efectos de que pudieran formular sus respectivos argumentos y ejercer su derecho de defensa. Cabe agregar que, pese a haber sido debidamente notificada con el recurso de apelación, la Entidad tampoco cumplió con absolver el traslado correspondiente, por lo que no ha proporcionado elementos que permitan desvirtuar la omisión advertida ni acreditar que hubiera observado las garantías procedimentales exigibles para declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección.

  • Sobre el particular, corresponde traer a colación lo dispuesto en el numeral 313.2

del artículo 313 del Reglamento, que establece expresamente lo siguiente: “313.2. Cuando el TCP o la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante advierta de oficio posibles vicios de nulidad de la fase de selección, corre traslado a las partes, según corresponda, para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de apelaciones ante el TCP, se extiende el plazo previsto en el literal e) del numeral 311.1 del artículo 311. Tratándose de apelaciones ante la entidad contratante, se extiende el plazo previsto para resolver”.

  • Asimismo, resulta pertinente considerar lo establecido en el numeral 202.2 del

artículo 202 del TUO de la LPAG, que regula la competencia y las garantías

aplicables al ejercicio de la potestad de nulidad de oficio, en los siguientes términos: “Artículo 202.- Nulidad de oficio 202.1 En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. 202.2 La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario.

Además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo puede ser objeto de reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo. En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa. 202.3. La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos, o contado a partir de la notificación a la autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria firme, en lo referido a la nulidad de los actos previstos en el numeral 4 del artículo 10. 202.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres (3) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa. 202.5. Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especiales, competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, sólo pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio en sede administrativa por el propio consejo o tribunal con el acuerdo unánime de sus miembros. Esta atribución sólo puede ejercerse dentro del plazo de dos (2) años contados desde la fecha en que el acto haya quedado consentido. También procede que el titular de la Entidad demande su nulidad en la vía de proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres años siguientes de notificada la resolución emitida por el consejo o tribunal. (Texto según el artículo 202 de la Ley Nº 27444, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1452)

  • De las disposiciones normativas antes citadas se desprende que el ejercicio de la

potestad de declarar la nulidad de oficio de los actos emitidos durante la fase de selección no constituye una facultad irrestricta de la autoridad administrativa, sino que se encuentra sujeto al cumplimiento de determinadas garantías procedimentales, entre ellas, la obligación de poner en conocimiento de las partes los posibles vicios de nulidad identificados, a fin de que puedan formular sus respectivos argumentos dentro del plazo legalmente establecido. En efecto, el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento establece expresamente que, cuando la autoridad de la gestión administrativa de la Entidad contratante advierta de oficio posibles vicios de nulidad durante la fase de selección, debe correr traslado a las partes para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. Dicha disposición tiene por finalidad garantizar que quienes participan en el procedimiento de selección puedan conocer oportunamente los cuestionamientos que podrían determinar su invalidez y ejercer su derecho de defensa antes de que se adopte una decisión que afecte su situación jurídica. En concordancia con ello, el numeral 202.2 del artículo 202 del TUO de la LPAG contempla, como garantía del debido procedimiento, que, en los supuestos de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad debe correrle traslado previamente a la emisión de su pronunciamiento, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa. Por consiguiente, ambas disposiciones evidencian que el ordenamiento jurídico no solo reconoce a la Administración la potestad de declarar la nulidad de oficio cuando concurran los presupuestos legalmente establecidos, sino que también exige que su ejercicio se encuentre precedido de las garantías necesarias para que los administrados potencialmente afectados puedan participar y formular sus argumentos antes de la adopción de la decisión correspondiente.

  • En atención a lo expuesto, y considerando que de la revisión de los actuados no se

advertía que la Entidad hubiera cumplido con poner en conocimiento de los postores los presuntos vicios de nulidad que sustentaron la emisión de la Resolución de Gerencia Municipal N° 0158-2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026, este Colegiado identificó la posible existencia de un vicio que podría comprometer la validez del referido acto administrativo. Por tal motivo, mediante Decreto del 16 de octubre de 2026, en observancia del principio del debido procedimiento y a efectos de garantizar el derecho de defensa de las partes, se dispuso correrles traslado de dicho presunto vicio, tanto a la Entidad como al Consorcio Impugnante, para que, en el plazo correspondiente, emitieran su pronunciamiento y precisaran si, a su criterio, la omisión advertida configuraría un vicio que justificara la declaración de nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 0158-2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026.

  • No obstante, de la revisión del expediente administrativo se advierte que ni la

Entidad ni el Consorcio Impugnante cumplieron con absolver el traslado del presunto vicio de nulidad efectuado mediante decreto del 16 de octubre de 2026. En consecuencia, corresponde emitir pronunciamiento sobre la base de los elementos que obran en el expediente, sin que la falta de absolución del traslado por parte de los sujetos procesales exima a este Colegiado de analizar la legalidad de la actuación cuestionada.

  • Ahora bien, en el presente caso, debe tenerse en cuenta que el Consorcio

Impugnante se registró como participante y presentó su oferta el 4 de septiembre de 2026, adquiriendo con ello la condición de postor y una posición jurídica concreta dentro del procedimiento de selección. En tal condición, tenía un interés legítimo en que el procedimiento continuara su curso conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, a efectos de que su oferta pudiera ser objeto de las actuaciones correspondientes y, de ser el caso, obtener la buena pro. En ese contexto, la decisión de la Entidad de declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección incidió directamente en la situación jurídica del Consorcio Impugnante y de los demás postores que hubieran presentado sus ofertas, en tanto puso fin a la continuidad del procedimiento en el que venían participando y afectó sus expectativas legítimas de competir por la adjudicación de la buena pro. Por consiguiente, antes de adoptar dicha decisión, correspondía que la Entidad pusiera en conocimiento de los postores los presuntos vicios de nulidad identificados, otorgándoles el plazo legalmente previsto para que formularan sus argumentos y ejercieran su derecho de defensa. Sin embargo, de la documentación obrante en el expediente no se advierte que la Entidad hubiera cumplido con dicha actuación, omisión que evidencia el incumplimiento de una garantía procedimental expresamente contemplada en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento y, en lo que resulte aplicable, en el numeral 202.2 del

artículo 202 del TUO de la LPAG.

  • En este punto, resulta pertinente señalar que el numeral 70.1 y el literal a) del

numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley establecen que el Tribunal, en los casos sometidos a su conocimiento mediante la interposición de un recurso de apelación, como ocurre en el presente caso, se encuentra facultado para declarar la nulidad de los actos expedidos dentro del procedimiento de selección cuando estos hayan sido dictados por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable. Asimismo, la citada disposición establece que, al declarar la nulidad, el Tribunal debe precisar en la resolución correspondiente la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección. En consecuencia, la competencia de este Colegiado para declarar la nulidad de los actos emitidos durante el procedimiento de selección no se circunscribe únicamente a verificar la concurrencia de vicios sustantivos, sino que comprende también aquellos defectos de naturaleza procedimental que, por su entidad, impliquen el desconocimiento de garantías esenciales previstas en el ordenamiento jurídico.

  • En virtud de las consideraciones expuestas, este Colegiado advierte que la

Resolución de Gerencia Municipal N° 0158-2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026, publicada en el SEACE el 21 del mismo mes y año, se encuentra incursa en un vicio que compromete su validez, toda vez que fue emitida sin que previamente se hubiera cumplido con correr traslado a los postores de los presuntos vicios de nulidad que sustentaron la decisión de la Entidad. Dicha omisión supone el incumplimiento de una actuación procedimental expresamente exigida por el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento y, en lo que resulte aplicable al supuesto analizado, de la garantía de defensa previa contemplada en el numeral 202.2 del artículo 202 del TUO de la LPAG. En efecto, la Entidad, al omitir poner en conocimiento de los postores los cuestionamientos que sustentaban su decisión de declarar la nulidad del procedimiento de selección, les impidió formular oportunamente sus argumentos respecto de los presuntos vicios identificados, privándolos de una oportunidad efectiva de ejercer su derecho de defensa antes de la emisión del acto administrativo que afectó directamente su participación en el procedimiento. Por tanto, la irregularidad advertida no constituye una mera deficiencia formal carente de trascendencia, sino la inobservancia de una garantía procedimental prevista expresamente por el ordenamiento jurídico, cuya finalidad es asegurar que las decisiones de la Administración que incidan en la situación jurídica de los administrados sean adoptadas respetando el debido procedimiento.

  • Sobre el particular, es pertinente recordar que la nulidad constituye una

institución jurídica que permite a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, corregir y sanear los procedimientos de selección cuando se adviertan irregularidades que comprometan su validez, con la finalidad de garantizar que las actuaciones administrativas se desarrollen en observancia de los principios, disposiciones y garantías previstos en la normativa de contratación pública. Sin embargo, dicha potestad no puede ser entendida como una atribución que permita a la Administración prescindir de las exigencias legales que regulan su ejercicio. Por el contrario, la declaración de nulidad constituye una medida excepcional, cuya procedencia exige la concurrencia de alguna de las causales expresamente previstas en el ordenamiento jurídico, así como el respeto de las garantías procedimentales aplicables. En esa línea, el legislador ha reservado la sanción de nulidad para aquellos supuestos de especial gravedad en los que el vicio identificado compromete la legalidad del acto administrativo y no puede ser amparado por el interés público, configurándose así una medida de carácter excepcional frente a la presunción de validez que ampara, en principio, a los actos administrativos. Precisamente, dicha excepcionalidad justifica que la declaración de nulidad se encuentre sujeta no solo a la identificación y debida motivación de una causal legal, sino también al cumplimiento de las garantías que protegen a los administrados potencialmente afectados por sus efectos. En ese sentido, la potestad de autotutela invalidatoria de la Administración debe ejercerse en armonía con el principio de legalidad y el debido procedimiento, sin que la finalidad de corregir una irregularidad pueda justificar la generación de otra contravención al ordenamiento jurídico.

  • En consecuencia, considerando que, de conformidad con lo establecido en el

artículo 10 del TUO de la LPAG, constituye causal de nulidad de los actos

administrativos la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, este Colegiado considera que la Resolución de Gerencia Municipal N° 0158-2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026, se encuentra incursa en una causal de nulidad, al haber sido emitida con inobservancia de las disposiciones que regulan el traslado de los presuntos vicios de nulidad a las partes antes de adoptar la decisión correspondiente.

Asimismo, atendiendo a la naturaleza de la garantía procedimental omitida y a su incidencia en el ejercicio del derecho de defensa de los postores, no corresponde conservar el acto administrativo cuestionado, toda vez que la irregularidad advertida compromete una exigencia esencial del procedimiento que debía observarse con anterioridad a la emisión de la decisión de la Entidad. Por tanto, al haberse acreditado la contravención de las disposiciones normativas antes señaladas, corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 0158-2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026.

  • En consecuencia, corresponde declarar fundado el recurso de apelación

interpuesto por el Consorcio Impugnante y, por su efecto, declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 0158-2026-MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026, debiéndose retrotraer el procedimiento al momento anterior a la emisión de la citada resolución, a efectos que la Entidad contratante realice el correspondiente traslado, en caso considere que corresponde declarar la nulidad de oficio según sus competencias, otorgándole al Impugnante, y a los demás postores que presentaron sus ofertas, un plazo no menor de cinco (5) días hábiles para que ejerzan su derecho de defensa.

  • Cabe precisar que lo resuelto por este Colegiado no supone, en modo alguno, una

restricción o limitación a la potestad de la Entidad de declarar de oficio la nulidad de los actos emitidos durante los procedimientos de selección, siempre que concurran los presupuestos y causales establecidos en la normativa vigente. No obstante, el ejercicio de dicha potestad debe sujetarse estrictamente al principio de legalidad y a las garantías que integran el debido procedimiento. En tal sentido, la Entidad debe identificar de manera clara y precisa la causal de nulidad que sustenta su decisión, desarrollar la correspondiente justificación jurídica y fáctica, y observar las actuaciones procedimentales exigidas por el ordenamiento jurídico, entre ellas, el traslado de los posibles vicios de nulidad a las partes, cuando corresponda, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de su derecho de defensa.

  • Finalmente, atendiendo a las circunstancias advertidas en el presente caso, este

Colegiado considera pertinente poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomen conocimiento de la irregularidad identificada y adopten las acciones que estimen pertinentes. En particular, corresponde que el Titular de la Entidad disponga las medidas necesarias para garantizar que las actuaciones que se realicen con posterioridad a la emisión de la presente resolución se ajusten estrictamente a la normativa vigente y observen las garantías del debido procedimiento.

  • Por último, en virtud de lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.2 del artículo

315 del Reglamento, y considerando que el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante ha sido declarado fundado, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada para la interposición del referido recurso. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Juan Carlos Cortez Tataje y la intervención de los Vocales Danny William Ramos Cabezudo y Sonia Tatiana Angulo Reátegui, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

  • Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor CONSORCIO

QUILLO, integrado por las empresas NEBICH IMPORT-EXPORT E.I.R.L. y EMCONT PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C. - EMCONT S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras Nº 08-2026-MDQ-C-1 - Primera Convocatoria, para la “Contratación para la ejecución de la obra: "Ampliación del servicio de provisión de agua para riego en el canal Acush Alto Desde Cruz Cotac Hasta Atunera del Caserio de Zacsha del Distrito de Quillo de la Provincia de Yungay del Departamento de Ancash”, Con CUI N°2689586”, convocada por la Municipalidad Distrital de Quillo. En consecuencia, corresponde:

1.1 Declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N°0158-2026- MDQ/GM del 18 de septiembre de 2026, debiéndose retrotraerse las actuaciones al momento anterior a la emisión de la citada resolución, conforme a lo señalado en los fundamentos 22 y 23.

  • Devolver la garantía presentada por el postor CONSORCIO QUILLO, integrado por

las empresas NEBICH IMPORT-EXPORT E.I.R.L. y EMCONT PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C. - EMCONT S.A.C., por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

  • Poner en conocimiento del Titular de la Entidad Municipalidad Distrital de Quillo

lo señalado en el fundamento 25 de la presente resolución.

  • Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui.

Resolución N.° 9548-2026-TCP-S5 | Documentos Regulatorios · LinkContrata