Resolución N.° 9567-2026-TCP-S3

Sumilla: “(…) corresponde declarar, en aplicación del principio de retroactividad benigna, NO HA LUGAR a la imposición de sanción en contra del Contratista por su supuesta responsabilidad de contratar con el Estado estando impedido conforme a ley, infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225 [actualmente tipificada en el literal i) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N.º 32069] ”. Lima, 3 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 3 de noviembre de 2026, de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N.º 8363-2023.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor Carlos Calle Lobatón por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, de acuerdo a lo previsto en el literal h) en concordancia con el literal a) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley N.º 30225, y por presentar información inexacta en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Compra N.º 68-2023 del 22 de junio de 2023, emitido por la Municipalidad Distrital de Unión - Progreso; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• El 22 de junio de 2023, la Municipalidad Distrital de Unión - Progreso, en adelante

la Entidad, emitió la Orden de Compra N.º 68-2023, a favor del señor Carlos Calle Lobatón, en adelante el Contratista, para la “Adquisición de vitrina para el proyecto ´‘Mejoramiento de Capacidades de la Municipalidad’”, por el monto de S/ 800.00 (ochocientos con 00/100 soles), en adelante la Orden de Compra. Dicha contratación, si bien configuraba un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado por ser el monto menor a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se realizó durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N.º 30225; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

• Con Memorando N.º D000492-2023-OSCE-DGR, del 25 de julio de 2023,

presentado el 31 del mismo mes y año, ante la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora Tribunal de Contrataciones Públicas1), en adelante el Tribunal, la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE (ahora Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes - OECE) remitió los resultados de la acción de supervisión de oficio efectuada a partir de la información enviada por la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios del OSCE y de lo registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). A fin de sustentar su denuncia, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, adjuntó el Dictamen N.º 945-2023/DGR-SIRE del 24 de julio de 2023, a través del cual señaló lo siguiente:

• El 11 de abril de 2021, se llevaron a cabo las Elecciones Generales para la

elección de presidente y vicepresidentes de la República, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento Andino, para el periodo 2021- 2026; en las cuales la señora Digna Calle Lobatón fue elegida Congresista de la República, para el periodo parlamentario 2021-2026.

• Es así que, la señora Digna Calle Lobatón se encontraba impedida de contratar

con el Estado a nivel nacional, desde el 26 de julio de 2021 al 27 de julio de 2026, y hasta doce (12) meses después del cese de su cargo como Congresista de la República.

• De la Declaración Jurada de Intereses suscrita por la señora Digna Calle

Lobatón, se aprecia que consignó como hermano al señor Carlos Calle Lobatón [el Contratista]; siendo así que aquel también se encontraba impedido de participar en todo proceso a nivel nacional mientras la señora Digna Calle Lobatón [su hermana] ejercía el cargo de Congresista de la República, y hasta doce (12) meses después de que haya cesado del mismo.

• En ese sentido, precisa que el Contratista contrató con el Estado, cuando se

encontraba impedido para ello, pues contrató durante el periodo en el cual la señora Digna Calle Lobatón [su hermana] se desempeñaba como Congresista 1Conforme al literal c) del numeral 12.1 del artículo 12 de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

de la República; por lo que, concluye que ha incurrido en la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225.

• Mediante Decreto del 31 de octubre de 2025, previamente al inicio del

procedimiento administrativo sancionador, la Secretaría del Tribunal corrió traslado a la Entidad con la denuncia formulada por la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, requiriéndole que, cumpla con remitir un informe técnico legal de su asesoría, sobre la procedencia y supuesta responsabilidad del Contratista, donde señale de forma clara y precisa en cuál (es) de lo (s) supuestos previstos en el numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley N.º 30225, norma vigente a la fecha de la emisión de la Orden de Compra, se encontraría inmersa; asimismo, remita copia legible y completa de la Orden de Compra y la cotización presentada por el Contratista; declaración o anexo por el cual se haya manifestado no estar impedido de contratar con el Estado, y la acreditación de su presentación, además, copia del expediente de contratación. Asimismo, se le requirió incluir los documentos de cumplimiento de la prestación, comprobantes de pago, constancias de prestación, documentos de carácter financiero emitidos por las dependencias que intervienen en el ciclo del gasto público de la Entidad, entre otros, que acrediten la ejecución del contrato. Para ello, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. Además, se comunicó a su Órgano de Control Institucional a fin de que, en el marco de sus competencias, coadyuve con la remisión de lo solicitado.

• Mediante Oficio N.º 075-2026-MDUP-LM/A del 10 de febrero de 2026, y

presentado al día siguiente ante la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, la Entidad atendió el requerimiento formulado por la Secretaría del Tribunal.

• Por Decreto del 7 de abril de 2026, la Secretaría del Tribunal dispuso iniciar el

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, de acuerdo a lo previsto en el literal h) en concordancia con el literal a) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley N.º 30225, y por presentar información inexacta en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Compra; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del mencionado cuerpo normativo. Presunta información inexacta contenida en:

• Declaración Jurada del 21 de junio de 2023 suscrita por el señor Carlos Calle

Lobatón [Contratista], en la que señala no tener impedimento de contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225. En ese sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles a fin de que cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente. Asimismo, se requirió a la Entidad para que dentro del plazo de cinco (5) días hábiles cumpla con remitir la siguiente documentación: (i) copia de la Orden de Compra debidamente recepcionada; (ii) constancia o documento que acredite la recepción de la citada orden de compra; (iii) cotización completa presentada por el Contratista ante dicha institución, para la emisión de la mencionada orden de compra, bajo apercibimiento de continuar con el trámite con la documentación obrante en el expediente.

• Con Decreto del 9 de julio de 2026, al verificarse que el Contratista no se apersonó

ni presentó sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado con el Decreto de inicio el 16 de abril del mismo año, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en el expediente.

• A través del Decreto del 9 de julio de 2026, se dispuso el registro del Informe Final

de Instrucción N.º 073-2026-ST3-CSCH de la misma fecha, en el Sistema Informático del Tribunal; por medio del cual la Secretaría Técnica 3 del Tribunal recomendó lo siguiente: “(...)

• Recomendar al órgano sancionador declarar NO HA LUGAR a la imposición

de sanción contra el proveedor CARLOS CALLE LOBATON (con R.U.C. N.º 10287133010), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello y haber presentado información inexacta ante la Entidad, en el marco de la Orden de Compra N° 68-2023 de fecha 22 de junio de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Unión - Progreso, infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del

artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos. (...)”

• Con Decreto del 21 de julio de 2026, se dejó constancia de que el Informe Final de

Instrucción N.º 073-2026-ST3-CSCH del 9 del mismo mes y año se registró en el Sistema Informático del Tribunal y se notificó al Contratista a través de la Casilla Electrónica, el día 20 de julio del mismo año. Asimismo, se dispuso remitir el presente expediente administrativo a la Tercera Sala para que emita pronunciamiento..

• Cabe indicar que mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º D000293-

2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026 [publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el mismo día] se formalizó el Acuerdo N.º 001-014-2026/OECE-CD del Consejo Directivo que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal, siendo que la Tercera Sala del Tribunal se conforma por los vocales Steven Anibal Flores Olivera (Presidente), César Alejandro Llanos Torres y Héctor Ricardo Morales González. Cabe precisar que, a la fecha del presente pronunciamiento, no se obtuvo respuesta por parte de la Entidad sobre el requerimiento formulado con Decreto del 7 de abril de 2026.

II. FUNDAMENTACIÓN

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad administrativa del Contratista, por haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley y por haber presentado información inexacta en el marco de la Orden de Compra; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225, norma vigente al momento de producirse los hechos denunciados.

Cuestión previa: Sobre la aplicación retroactiva de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

• Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral

5 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N.º 006-2026-JUS, en adelante, el TUO de la LPAG en virtud del cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Así, el fundamento para aplicar este principio se encuentra referido a que si luego de la comisión de la infracción, el legislador considera que por el mismo hecho resulta ser suficiente una menor sanción o una intervención menos gravosa sobre los bienes jurídicos afectados, carecería de sentido que la autoridad administrativa continúe aplicando la norma más perjudicial para el administrado.

• En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable.

• En atención a lo expuesto, en el presente caso, si bien el procedimiento se inició

por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225, norma vigente al momento de ocurridos los hechos cuestionados; cabe mencionar que el 22 de abril de 2025 entró en vigor la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley N.º 32069 y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 009-2025-EF, en adelante el Reglamento de la Ley N.º 32069; siendo así, corresponde verificar si la aplicación de la referida normativa resulta más beneficiosa al administrado, atendiendo al principio de retroactividad benigna.

Si bien el Contratista no ha solicitado la aplicación del principio de retroactividad benigna, este Colegiado considera necesario verificar si la aplicación de la normativa vigente al presente caso resulta más beneficiosa al Contratista. Así, en relación acon la infracción correspondiente a contratar con el estadoEstado estando impedido para ello, tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225, esta ahora ha sido tipificada en el literal i) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N.º 32069, de la siguiente manera: “(…)

• Contratar con el Estado estando impedido conforme a ley, con independencia del

régimen legal de contratación aplicable, conforme al artículo 30 de la presente ley. (…)” [El resaltado es agregado] Cabe anotar que, respecto al tipo infractor relativo a contratar con el Estado estando impedido para ello, la Ley N.º 32069 ha previsto en su artículo 30 los impedimentos que se deberán tener en cuenta para ser participante, postor, contratista o subcontratista; siendo que, respecto al caso en concreto, se deberá tener en cuenta lo siguiente: Respecto al impedimento en el que se enmarcaría el Contratista: Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225

(VIGENTE DESDE EL 13/03/2019)

Ley N.º 32069 y su Reglamento

(VIGENTE DESDE EL 22/04/2025)

“(...)

Artículo 11.- Impedimentos

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del

artículo 5, las siguientes personas:

(...)

• El Presidente y los Vicepresidentes de la República,

los Congresistas de la República, los Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos, en todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo y hasta doce (12) meses después de haber dejado el mismo. “(...)

Artículo 30. Impedimentos para contratar

30.1. Con independencia del régimen legal de contratación aplicable, los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista con la entidad contratante son los siguientes:

• Impedimentos de carácter personal: aplicables a

autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala esta ley. Se subdivide en siete tipos: (…) Tipo 1.A: (…) Congresistas, diputado o senador de la República Durante el ejercicio del cargo y dentro de los seis meses siguientes a la culminación de este, en todo proceso de contratación a nivel nacional.

(...)

• El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el

segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios: (...) (i) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales a) y b), el impedimento se configura respecto del mismo ámbito y por igual tiempo que los establecidos para cada una de estas. (...)” (El resaltado es agregado) En el caso del vicepresidente de la República, el impedimento aplica solo cuando asuma el cargo de presidente de la República, salvo que ejerza otro cargo distinto, en cuyo caso se aplica el del impedido correspondiente.

• Impedimentos en razón del parentesco: aplicables a los

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente y al progenitor del hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30 de la presente ley. (…) De otro modo, estos impedimentos se aplican conforme a las siguientes precisiones: Tipo 2.A: Parientes de los impedidos de los tipos 1.A, 1.B y 1.C del numeral 1 del párrafo 30.1 del

artículo 30.

Durante el ejercicio del cargo de los impedidos de los tipos 1.A, 1.B y 1.C, y dentro de los seis meses siguientes a la culminación del ejercicio del cargo respectivo. En el caso de los parientes del presidente de la República y vicepresidentes de la República, el impedimento aplica para todo proceso de contratación a nivel nacional. En los demás casos de los impedidos del tipo 1.A, 1.B y 1.C, según corresponda, en todo proceso de contratación en el ámbito de competencia institucional (Congreso de la República y organismos constitucionalmente autónomos), sectorial (ministros y viceministros), territorial (autoridades de los gobiernos regionales y locales en el ámbito de sus funciones) o jurisdiccional (jueces y fiscales). (...)” [El resaltado es agregado] Conforme a lo anterior, se aprecia que tanto la normativa vigente a la fecha de comisión de la infracción (TUO de la Ley N.º 30225) como la Ley N.º 32069 prevén que los Congresistas, están impedidos para contratar con el Estado, en todo proceso de contratación a nivel nacional, durante el ejercicio del cargo. Dicho impedimento se extiende, de acuerdo con el TUO de la Ley N.º 30225, hasta doce (12) meses después de dejado el cargo; mientras que, en la normativa vigente, la Ley N.º 32069, se extiende hasta los seis (6) meses siguientes al cese en el cargo de Congresista.

• En ese sentido, nos encontramos ante un supuesto en el que resulta aplicable el

principio de retroactividad benigna a favor del administrado; por lo que la normativa aplicable es la Ley N.º 32069, la cual entró en vigencia el 22 de abril del presente año. Naturaleza de la infracción

• En virtud de lo establecido en el literal i) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley

N.º 32069, constituye infracción administrativa que los participantes, postores, proveedores y subcontratistas contraten con el Estado, estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 30 de la Ley N.º 32069

• A partir de lo anterior, se tiene que la Ley N.º 32069 contempla como supuesto de

hecho necesario e indispensable para la configuración de la infracción: i) el perfeccionamiento del contrato, es decir que el proveedor haya suscrito un documento contractual con la Entidad o, que haya recibido la orden de compra o de servicio, según sea el caso; y, ii) que al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista se encuentre incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 30 de la mencionada normativa.

• Ahora bien, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia de

contrataciones del Estado ha consagrado como regla general, la posibilidad que toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de igualdad en los procedimientos de selección que llevan a cabo las entidades del Estado. Sin embargo, dicho propósito constituye, a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer restricciones a la libre concurrencia en los procedimientos de selección, en la medida que existen determinadas personas cuya participación en un procedimiento de contratación podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia que se debe resguardar en ellos, debido a la posición que tienen en el propio Estado, la naturaleza de sus atribuciones, o por la sola condición que ostentan (su vinculación con las personas antes mencionadas, por ejemplo). Dichas restricciones o incompatibilidades están previstas en el artículo 30 de la Ley, evitándose con su aplicación situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés en los procedimientos de contratación. Debido a su naturaleza restrictiva, los impedimentos para contratar con el Estado solo pueden establecerse mediante ley o norma con rango de ley, sin que sea admisible su aplicación por analogía a supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley N.º 32069. En este contexto, en el presente caso corresponde verificar si, al perfeccionarse el contrato, la Contratista tenía el impedimento que se le imputa. Configuración de la infracción

• Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la comisión de la

infracción imputada al Contratista, es necesario que se verifiquen dos requisitos:

• Que se haya perfeccionado un contrato con una entidad del Estado; y,

ii) Que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista esté incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 30 de la Ley N.º 32069. En relación con el perfeccionamiento de la relación contractual entre la Entidad y el Contratista

• Teniendo en consideración lo anterior, en el presente caso, respecto del primer

requisito, obra en el expediente administramvo copia de la Orden de Compra, emimda por la Enmdad a favor del Contramsta, para la “Adquisición de vitrina para el proyecto ´‘Mejoramiento de Capacidades de la Municipalidad’”, por el monto de S/ 800.00 (ochocientos con 00/100 soles). Para mayor ilustración se muestra la imagen de la citada Orden de Compra:

De la imagen antes reproducida se aprecia la firma y sello del Contratista. Asimismo, junto a dicha firma se aprecia la anotación manuscrita "20-06-23"; sin embargo, dicha fecha es anterior a la emisión de la propia Orden de Compra (22 de junio de 2023), por lo que constituye una inconsistencia material que, por sí sola, no resulta suficiente para desvirtuar la existencia del vínculo contractual.

• Sin embargo, la Entidad ––por medio del Oficio N.º 075-2026-MDUP-LM/A del 10

de febrero de 2026–– remitió la (i) factura electrónica E001-3 del 5 de julio de 2023, emitida por el Contratista a favor de la Entidad por concepto de la adquisición de una “vitrina de vidrio con acabado melamine”; (ii) la guía de remisión electrónica del 5 de julio de 2023; (iii) el Informe N.º 567-2023/MDUP- GIDT/RAC-G del 11 de julio de 2023, mediante el cual la Entidad otorgó la conformidad correspondiente, dejó constancia de la recepción del bien adquirido y dispuso la tramitación del pago a favor del Contratista; (iv) el comprobante de pago N.º 556 del 13 de julio de 2023; (v) la constancia de pago mediante transferencia electrónica a favor del Contratista; y, (vi) constancia de pago mediante transferencia electrónica – ejercicio 2023, a través de los cuales la Entidad dejó constancia del pago efectuado al Contratista en el marco de la Orden de Compra. A mayor detalle, se reproducen a continuación los documentos antes mencionados: Imagen N.º 1: Factura Electrónica E001-3 del 5 de julio de 2023.

Imagen N.º 2: Guía de remisión electrónica del 5 de julio de 2023. Imagen N.º 3: Informe N.º 567-2023/MDUP-GIDT/RAC-G del 11 de julio de 2023.

Imagen N.º 4: Comprobante de pago N.º 556 del 13 de julio de 2023.

Imagen N.º 5: Constancia de pago mediante transferencia electrónica – ejercicio 2023.

• Sobre el particular, cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena N.º 008-

2021./TCE, mediante el cual se establecieron criterios para acreditar la existencia de un contrato en contrataciones por montos menores a ocho (8) UIT, estableciéndose que ello podía corroborarse “(…) mediante la recepción de la orden de compra o de servicio, o con otros documentos que evidencien la realización de otras actuaciones, siempre que estos medios probatorios permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor.” Nótese que, mediante el referido Acuerdo de Sala Plena, el Tribunal ha establecido que es posible acreditar la existencia de un contrato en contrataciones por montos menores a ocho (8) UIT, en mérito de: (1) la constancia de recepción de la orden de compra [constancia de notificación debidamente recibida por el Contratista] y, (2) otros medios de prueba que permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor. Es por ello, que este Colegiado considera que es posible advertir elementos que permiten verificar trazabilidad entre la Orden de Compra, y los documentos de carácter financiero antes reproducidos, en tanto se aprecia del contenido de estos últimos, el nombre del Contratista, la entidad contratante, el número de la Orden de Compra, y el concepto de la misma; por lo cual, en aplicación del referido Acuerdo de Sala Plena, se tiene que el perfeccionamiento de la relación contractual se llevó a cabo el 22 de junio de 2023. Sobre la causal de impedimento para contratar con el Estado

• Sobre el segundo requisito, debe tenerse presente que la imputación a la

Contratista, en el caso concreto, radica en haber perfeccionado el contrato, pese a encontrarse inmersa en el supuesto de impedimento establecido en los literales

• en concordancia con el literal c), del numeral 11.1, del artículo 11 del TUO de la

Ley N.º 30225; impedimentos que, de acuerdo al análisis de la retroactividad benigna, actualmente están establecidos en el numeral 2 [Tipo 2A], en concordancia con el numeral 1 [Tipo 1C] del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N.º 32069.

Conforme a las disposiciones citadas, respecto al caso que nos avoca, se encuentran impedidos para contratar con el Estado los consejeros y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. Asimismo, Ley N.º 32069 establece que los consejeros y sus parientes, no pueden contratar con el Estado en el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio del cargo y hasta seis (6) meses después de haber concluido el mismo. Sobre el impedimento previsto en el literal Tipo 1C, del artículo 30 de la Ley N.º

• De la revisión del portal institucional del Observatorio para la Gobernabilidad

INFOGOB2, se advierte que la señora Digna Calle Lobatón fue elegida como Congresista de la República durante el Proceso de Elecciones Congresales 2021, conforme se ilustra a continuación: Además, de la revisión de la plataforma INFOGOB no se aprecia que, la señora Digna Calle Lobatón haya sido suspendida, vacada, reemplazada o revocada de su cargo como Congresista de la República, tal como se muestra a continuación: 2 El Observatorio para la Gobernabilidad (INFOGOB) es un espacio virtual gratuito administrado por el Jurado Nacional de Elecciones, que brinda una base de datos con información electoral tal como: hojas de vida de candidatos, padrón electoral, elecciones generales, regionales, municipales, complementarias, revocatorias, y referéndum, entre otros.

• Asimismo, del portal web institucional3 del Congreso de la República, se advierte

que la señora Digna Calle Lobatón se desempeñó como Congresista de la República desde el 26 de julio de 2021 al 27 de julio de 2026, tal como se aprecia de la siguiente imagen: 3https://www3.congreso.gob.pe/congresistas2021/DignaCalle/

• Conforme a lo expuesto, se puede determinar que la señora Digna Calle Lobatón

ejerció el cargo de Congresista de la República, del 26 de julio de 2021 al 27 de julio de 2026, período en el cual se encontraba impedida para ser participante, postor y/o contratista para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber dejado el mismo, esto es, hasta el 27 de julio de 2027.

• En tal sentido, en el presente caso, el perfeccionamiento de la relación contractual

[a través de la Orden de Compra], se efectuó con la Municipalidad Distrital de Unión – Progreso [la Entidad], esto es, con una entidad pública distinta al Congreso de la República, por lo que, en aplicación del principio de retroactividad benigna, no se habría configurado el impedimento atribuido al Contratista, toda vez que la contratación se llevó a cabo con una entidad fuera del ámbito de competencia institucional de su hermana, señora Digna Calle Lobatón, quien fue elegida como Congresista de la República durante el periodo del 26 de julio de 2021 al 27 de julio de 2026. De otro lado, cabe mencionar que, si bien el perfeccionamiento de la relación contractual entre la Entidad y el Contratista ocurrió el 22 de junio de 2023, esto es, durante el ejercicio del cargo de Congresista de la República de su hermana, señora Digna Calle Lobatón, dicha contratación se realizó con una entidad ajena al ámbito de competencia institucional del Congreso de la República, ámbito en el que, conforme a la Ley N.º 32069, se configura el impedimento de los parientes de los congresistas. Por lo tanto, en virtud de la aplicación del principio de retroactividad benigna, el impedimento atribuido al Contratista no se configura en el presente caso.

• En ese sentido, en el presente caso, corresponde declarar, en aplicación del

principio de retroactividad benigna, NO HA LUGAR a la imposición de sanción en contra del Contratista por su supuesta responsabilidad de contratar con el Estado estando impedido conforme a ley, infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225 [actualmente tipificada en el literal

• del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N.º 32069].

Respecto de la infracción referida a la presentación de información inexacta. Naturaleza de la infracción.

• El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225 establecía

que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas Perú Compras, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

• En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento

administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la utilización de la técnica de integración jurídica. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rigen la potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 230 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

• Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que

los documentos cuestionados (con información inexacta) fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal.

• Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen de que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes está comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante.

• Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a la inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.

• En ese orden de ideas, cabe recordar que la información inexacta supone un

contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta. Además, para la configuración del tipo infractor, deberá acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

• En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 42.1 del artículo 42 del TUO de la LPAG.

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 56 del mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. Configuración de la infracción:

• Al respecto, se imputa al Contratista haber presentado presunta información

inexacta, contenida en el siguiente documento:

• Declaración Jurada del 21 de junio de 2023 suscrita por el señor Carlos Calle

Lobatón [Contratista], en la que señala no tener impedimento de contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225. Para mayor detalle, se reproduce dicho documento:

• Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, a efectos de determinar la

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad; y, ii) la inexactitud del documento presentado, en este último caso, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito, requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

• Sobre el primer aspecto, cabe indicar que, si bien obra en el expediente copia de

la citada Declaración Jurada firmada por el Contratista, no se aprecia sello de recepción de la misma que permita generar certeza sobre la oportunidad de su presentación ante la Entidad, conforme se advierte de la imagen anterior. Asimismo, tampoco existe sello de recibido de la Entidad, fecha de recepción, número de registro, o firma alguna del personal responsable de la Entidad que supuestamente habría recibido dicho documento; por lo que, el mismo no permite evidenciar que fue recibido por la Entidad.

• Ante ello, se debe tener en cuenta que, de manera previa al inicio del

procedimiento administrativo sancionador, mediante Decreto del 31 de octubre de 2025, se requirió a la Entidad copia de la cotización presentada por el Contratista, así como del anexo o declaración jurada, mediante el cual haya manifestado no tener impedimento para contratar con el Estado, precisándose que dichos documentos debían contar con el sello de recepción de la Entidad. En respuesta a dicho requerimiento, la Entidad remitió el Oficio N.º 075-2026- MDUP-LM/A del 10 de febrero de 2026, mediante el cual remitió, entre otros, el documento reproducido en el fundamento 28, por lo cual, a través del Decreto del 7 de abril de 2026, se reiteró el pedido; sin embargo, no se obtuvo respuesta. En tal sentido, de la información obrante en el presente expediente, este Tribunal no puede determinar, con certeza, que el documento objeto de análisis haya sido presentado por el Contratista ante la Entidad, ni tampoco se cuenta con información fehaciente sobre la oportunidad en que se habría presentado; por lo que, no es posible acreditar la primera de las circunstancias necesarias para la configuración de la infracción imputada.

• Al respecto, debido a que la Entidad no ha cumplido con atender el requerimiento

formulado por el Tribunal [lo cual impide a este Tribunal continuar con el análisis respectivo en este extremo], a pesar de encontrarse dentro de su esfera de dominio y responsabilidad, tal situación debe ser puesta en conocimiento de su Titular y de su Órgano de Control Institucional, a fin de que adopten las medidas que estimen pertinentes.

En consecuencia, este Colegiado concluye que, en el presente caso, no existen elementos suficientes que ameriten imputar al Contratista responsabilidad por presentar información inexacta, por lo que corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción administrativa en su contra, por la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225 [actualmente tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N.º 32069].

• Por las consideraciones expuestas, no corresponde imponer sanción

administrativa al Contratista por la comisión de la infracción prevista en el literal

• del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225, [actualmente

tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N.º 32069]. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente César Alejandro Llanos Torres y la intervención de los Vocales Héctor Ricardo Morales González, y Juan Carlos Cortéz Tataje en reemplazo del Vocal Steven Aníbal Flores Olivera según Rol de Turnos de Vocales vigente y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º D000293-2026-OECE-PRE publicada el 5 de octubre de 2026 en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º D000002-2025-OECE-PRE; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar, en aplicación del principio de retroactividad benigna, NO HA LUGAR a la

imposición de sanción contra el señor CARLOS CALLE LOBATÓN (con R.U.C. N.º 10287133010), por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a ley, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Compra N.º 68-2023 del 22 de junio de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Unión – Progreso para la “Adquisición de vitrina para el proyecto ‘Mejoramiento de Capacidades de la Municipalidad’”; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 082-2019-EF [actualmente tipificada en el literal i) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N.º 32069]; por los fundamentos expuestos.

• Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de

sanción en contra del señor CARLOS CALLE LOBATÓN (con R.U.C. N.º 10287133010), por su supuesta responsabilidad al presentar información inexacta, como parte de su cotización, en el marco de la Orden de Compra N.º 68- 2023 del 22 de junio de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Unión – Progreso para la “Adquisición de vitrina para el proyecto ´‘Mejoramiento de Capacidades de la Municipalidad’”; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 082-2019-EF [actualmente tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N.º 32069]; por los fundamentos expuestos.

• Remitir copia de la presente resolución a la Entidad y a su Órgano de Control

Institucional, a fin de que adopten las medidas que estimen pertinentes, conforme a lo señalado en el fundamento 29.

• Archivar de manera definitiva el presente expediente administrativo.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

JUAN CARLOS CORTÉZ TATAJE

PRESIDENTE

CESAR ALEJANDRO LLANOS TORRES

VOCAL

HÉCTOR RICARDO MORALES GONZÁLEZ

VOCAL

ss. Cortéz Tataje. Llanos Torres Morales González.