Resolución N.° 9566-2026-TCP-S4

Sumilla: “(...) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación (…)”. Lima, 3 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 3 de noviembre de 2026, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7039/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L., en el marco de la Licitación Pública para Bienes N° 13-2026-ESSALUD-RPR-1 para la “Adquisición de bolsa cuádruple de extracción de sangre para sistema buffy coat para el Servicio de Medicina Transfusional”; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• El 13 de mayo de 2026, el Seguro Social de Salud – Red Prestacional Rebagliati, en

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública para Bienes N° 13-2026- ESSALUD-RPR-1 para la “Adquisición de bolsa cuádruple de extracción de sangre para sistema buffy coat para el Servicio de Medicina Transfusional”, con una cuantía de S/ 2,313,360.00 (dos millones trescientos trece mil trescientos sesenta con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. El referido procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley General de Contrataciones Públicas, aprobada por la Ley N° 32069, y sus modificaciones, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF y sus modificaciones, en adelante el Reglamento.

• De acuerdo con el respectivo cronograma, el 28 de agosto de 2026 se realizó la

presentación de ofertas, de manera electrónica; y, el 11 de setiembre de 2026, culminaron las etapas de admisión, evaluación y calificación de ofertas, así como el otorgamiento de la buena pro a favor de DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., en adelante el Adjudicatario, de acuerdo con el siguiente detalle:

POSTOR

ETAPAS

BUENA PRO

ADMISIÓN CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

TÉCNICA ECONÓMICA PUNTAJE

TOTAL

ORDEN DE

PRELACIÓN

DIAGNOSTICA

PERUANA S.A.C. ADMITIDA CALIFICADA 55 1,954,008.00 95 1 SÍ

SISTEMAS

ANALITICOS

S.R.L.

ADMITIDA CALIFICADA 55 2,016,000.00 93.8 2 NO

• Mediante Escrito N° 1 presentado el 23 de setiembre de 2026, subsanado a través

del Escrito N° 2 presentado el 25 del mismo mes y año, en la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, SISTEMAS ANALITICOS S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, solicitando que se declare no admitida su oferta, se revoque la buena pro otorgada a su favor y, como consecuencia de ello, se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección, con base en los siguientes argumentos: Sobre la oferta del Adjudicatario

• Señala que el literal j) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas exigió, como

documento para la admisión de la oferta, la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) o documento equivalente para acreditar tanto el bien objeto de la convocatoria como el equipo en cesión de uso destinado al fraccionamiento sanguíneo; precisándose que, para productos o dispositivos importados y equipos en cesión de uso, podía presentarse, entre otros, el Certificado ISO 13485 vigente. ii) Sostiene que el Adjudicatario presentó, para el equipo fraccionador, un Certificado ISO 13485 emitido a favor de DELCON S.R.L.; sin embargo, la “Carta aclaratoria del fabricante” y la Carta N° 695-2023-DIGEMID-DDMP- EDM/MINSA identifican a MACO PHARMA como “dueño de la marca” de los equipos MACOPRESS SMART y MACOSEAL SE 160, sin que en la oferta exista documentación que permita establecer objetivamente la relación jurídica, comercial o de fabricación entre DELCON S.R.L. y MACO PHARMA ni la correspondencia del certificado con el equipo ofertado. iii) Agrega que la propia denominación “Carta aclaratoria del fabricante” no esclarece si MACO PHARMA interviene como fabricante o únicamente como titular de la marca. Por ello, considera que el Comité de Selección no podía suplir dicha ausencia mediante inferencias ni acudir a fuentes externas a la oferta; asimismo, sostiene que la eventual presentación posterior de documentación que acredite el vínculo entre DELCON S.R.L., MACO PHARMA y el modelo ofertado incorporaría información sustancial y no constituiría una subsanación de carácter formal. iv) Como segundo cuestionamiento, refiere que el alcance del Certificado ISO 13485 presentado comprende el diseño, fabricación, colocación en el mercado y asistencia técnica de dispositivos médicos en el campo de la transfusión, así como la comercialización y asistencia técnica de equipos de diagnóstico para hematología y microbiología; sin embargo, no identificaría de manera específica la fabricación de equipos automatizados para fraccionamiento sanguíneo. A su criterio, no existe identidad entre los equipos de diagnóstico y el equipo fraccionador MACOPRESS SMART, por lo que el certificado no acreditaría objetivamente el requisito de calidad exigido en las bases integradas. Sobre el otorgamiento de la buena pro

• En consecuencia, solicita que se declare no admitida la oferta del

Adjudicatario, se revoque la buena pro otorgada a su favor y, al haber ocupado su representada el segundo lugar en el orden de prelación, se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

• Con Decreto del 28 de setiembre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante y se suspendió el procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico-legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso; y se notificó al Adjudicatario para que, dentro del mismo plazo, absuelva el traslado del recurso. De igual modo, se programó audiencia pública para el 5 de octubre de 2026.

• A través del Escrito N° 1 presentado el 29 de setiembre de 2026, el Adjudicatario

se apersonó al procedimiento y acreditó a sus representantes para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante escrito presentado el 1 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes Digital

del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, solicitando que se declare infundado el recurso interpuesto por el Impugnante, se confirme la buena pro otorgada a su favor y, adicionalmente, se declare no admitida la oferta del Impugnante, conforme a los siguientes argumentos: Sobre los cuestionamientos formulados contra su oferta

• Sostiene que los cuestionamientos del Impugnante se sustentan en

interpretaciones que no desvirtúan la presunción de veracidad de la documentación presentada. Refiere que, de una evaluación integral de su oferta, se identifica a DELCON S.R.L. como fabricante del equipo fraccionador MACOPRESS SMART, mientras que MACO PHARMA figura como titular de la marca, sin que ello implique contradicción respecto de la fabricación del equipo. ii) Señala que el Certificado ISO 13485 correspondiente al equipo fraccionador obra en los folios 28 al 30 de su oferta y fue emitido a nombre de DELCON S.R.L.; añade que la placa de identificación del equipo y demás documentación presentada permitirían corroborar que el fabricante es dicha empresa. Asimismo, invoca el principio de presunción de veracidad y sostiene que, de existir dudas, estas corresponderían a una verificación posterior y no a la no admisión de su oferta. iii) Respecto del alcance del Certificado ISO 13485, manifiesta que este comprende expresamente el diseño, fabricación, colocación en el mercado y asistencia técnica de dispositivos médicos en transfusión. Alega que un equipo de fraccionamiento sanguíneo constituye un dispositivo médico conforme a la definición recogida en la Ley N° 29459 y que las bases integradas no exigieron que el certificado consigne literalmente el modelo MACOPRESS SMART, el código comercial o una denominación específica del equipo, sino que comprenda la fabricación de dispositivos médicos; por ello, considera que el Impugnante pretende incorporar una exigencia no prevista en las bases. Sobre la oferta del Impugnante iv) De manera adicional, cuestiona la oferta del Impugnante al advertir, a su criterio, una contradicción entre la Carta Aclaratoria obrante en el folio 58 y la folletería del folio 66. Señala que el primer documento refiere seis (6) selladores automáticos de componentes sanguíneos, mientras que la folletería indica que cuatro (4) abrazaderas son de sellado manual o automático, una (1) abrazadera es de no sellado y una (1) corresponde a una válvula de flujo proporcional sin sellado. En tal sentido, sostiene que la oferta no permitiría conocer con certeza la configuración del equipo ofertado y solicita que sea declarada no admitida.

• El 2 de octubre de 2026, la Entidad remitió el Informe Técnico N° 001-2026-

SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL, mediante el cual expuso su posición respecto de los cuestionamientos formulados por el Impugnante, manifestando lo siguiente:

• Respecto de la correspondencia entre el Certificado ISO 13485 y el equipo

ofertado, señala que el Adjudicatario presentó el certificado emitido a favor de DELCON S.R.L.; mientras que la “Carta Aclaratoria del Fabricante” y la Carta N° 695-2023-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA identifican a MACO PHARMA únicamente como “dueño de la marca” de los equipos MACOPRESS SMART y MACOSEAL SE 160. Añade que en la oferta no obra documento que establezca la vinculación jurídica, comercial o de manufactura por encargo entre ambas empresas, por lo que el Comité de Selección no podría presumir dicha relación ni la trazabilidad de la calidad del bien ofertado. ii) En cuanto al alcance del Certificado ISO 13485, refiere que este contempla, de manera genérica, la fabricación de dispositivos médicos en el campo de la transfusión y, por separado, la comercialización y asistencia técnica de equipos de diagnóstico para hematología y microbiología. Considera que dicha descripción no garantiza la verificación de procesos de manufactura de equipos automatizados electromédicos de fraccionamiento, como el

MACOPRESS SMART.

iii) En consecuencia, concluye que la oferta del Adjudicatario presenta incongruencias documentarias y no acredita de manera objetiva las exigencias de calidad requeridas en las bases integradas.

• Con Decreto del 5 de octubre de 2026, a fin que la Cuarta Sala del Tribunal cuente

con mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento; se requirió lo siguiente:

“AL SEGURO SOCIAL DE SALUD - RED PRESTACIONAL REBAGLIATI

DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C., en calidad de Adjudicatario, cuestionó la oferta de SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., señalando que existiría una incongruencia en la documentación técnica presentada para acreditar las características del equipo de fraccionamiento sanguíneo. En concreto, indicó que, en el folio 58 de la oferta del Impugnante, una Carta Aclaratoria señala que el equipo cuenta con “sistema de 06 abrazaderas (Cabezales, Clamps) para el sellado automático incorporado de las tubuladuras”; mientras que, en el folio 66, la folletería del equipo precisa que las seis (6) abrazaderas se encuentran conformadas por cuatro (4) abrazaderas con sellado automático, una (1) abrazadera sin sellado y una (1) abrazadera correspondiente a una válvula de flujo proporcional sin sellado. Asimismo, mediante el Informe Técnico N° 001-2026-SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL del 2 de octubre de 2026, la Entidad emitió opinión respecto de los cuestionamientos formulados por el Impugnante contra la oferta del Adjudicatario; sin embargo, no se advierte pronunciamiento respecto del cuestionamiento antes descrito, formulado por el Adjudicatario contra la oferta del Impugnante. Para tal efecto, SE LE REQUIERE informe y remita lo siguiente:

Emita pronunciamiento técnico respecto del cuestionamiento formulado por DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C. contra la oferta de SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., precisando si la información consignada en los folios 58 y 66 de dicha oferta resulta contradictoria o incongruente y, de ser el caso, si tal circunstancia impide verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas exigidas para el equipo de fraccionamiento sanguíneo.

de cierre y apertura automático para las tubuladuras de las unidades de sangre” y “sellado automático incorporado de tubuladuras y sellador eléctrico accesorio por calor o radiofrecuencia”, precise si, técnicamente, la configuración descrita en el folio 66 permite cumplir con dichas exigencias. Precise si las Bases exigían que las seis (6) abrazaderas efectúen la función de sellado automático o si la cantidad y distribución funcional de las abrazaderas no constituye, por sí misma, una exigencia de las Especificaciones Técnicas; asimismo, indique si la circunstancia advertida determina algún incumplimiento técnico que afecte la admisión de la oferta de

SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L.

De ser el caso, remita la documentación y/o sustento técnico que obre en sus archivos que respalde lo informado”.

• Mediante Escrito N° 4, presentado el 9 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

del Tribunal, el Adjudicatario señaló, en atención al Decreto del 5 de octubre de 2026, que su cuestionamiento respecto de la oferta del Impugnante no se encuentra referido a determinar si el equipo ofertado cumplirá finalmente con las características técnicas exigidas para el equipo de fraccionamiento sanguíneo, sino a la incongruencia existente entre la documentación que integra dicha oferta.

• A través del Escrito N° 3, presentado el 9 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

del Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos expuestos en su escrito anterior respecto de la idoneidad y alcance del Certificado ISO 13485:2021 emitido a favor de DELCON S.R.L.; adicionalmente, señaló lo siguiente:

• Que, el propio Impugnante habría presentado en su oferta, a folio 36, un

Certificado ISO 13485 emitido a favor de DELCON S.R.L. para acreditar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura respecto de su equipo, por lo que, a su criterio, resultaría contradictorio que cuestione la idoneidad técnica de un documento de la misma naturaleza y estándar presentado por el Adjudicatario. ii) Que la Directiva Administrativa N° 165-MINSA/DIGEMID V.01, invocada por el Impugnante, regula las certificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura emitidas directamente por DIGEMID, por lo que no correspondería aplicar sus reglas, por analogía, a los certificados ISO 13485:2021 emitidos por organismos extranjeros acreditados.

• Con Escrito presentado el 12 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes del

Tribunal, la Entidad, en atención al Decreto del 5 de octubre de 2026, remitió el Informe Técnico N° 002-2026-SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL, mediante el cual se pronunció respecto del cuestionamiento formulado por el Adjudicatario contra la oferta del Impugnante, señalando lo siguiente:

• Respecto de la presunta incongruencia entre los folios 58 y 66, indicó que no

existe contradicción, pues la referencia a un “sistema de seis (6) abrazaderas para el sellado automático incorporado de las tubuladuras” debe entenderse como una descripción general del conjunto, sin que ello implique que cada una de las seis abrazaderas deba efectuar individualmente la función de sellado automático; por ello, consideró que la información de ambos folios resulta complementaria y permite verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. ii) Señaló que la configuración descrita en el folio 66 —cuatro (4) abrazaderas de sellado manual o automático, una (1) abrazadera sin función de sellado y una (1) válvula de flujo proporcional sin sellado— resulta compatible con las Especificaciones Técnicas, toda vez que estas no establecen que las seis abrazaderas deban efectuar la función de sellado automático ni fijan un número mínimo de abrazaderas selladoras; asimismo, precisó que el sellador eléctrico accesorio se encuentra acreditado en los folios 71 y 72 de la oferta. iii) Finalmente, sostuvo que las Bases únicamente exigen un sistema de cierre y apertura automático de tubuladuras, sellado automático incorporado y sellador eléctrico accesorio, sin establecer una distribución específica entre abrazaderas selladoras y no selladoras; por tanto, concluyó que la circunstancia advertida no determina incumplimiento técnico alguno que afecte la admisión de la oferta del Impugnante.

• Mediante Decreto del 14 de octubre de 2026 se declaró el expediente listo para

resolver, de acuerdo a lo establecido en el literal e) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, al haberse alcanzado el plazo máximo para la evaluación del recurso de apelación.

• A través del Escrito N° 5 presentado el 15 de octubre de 2026 ante la Mesa de

Partes del Tribunal, el Adjudicatario reiteró sus argumentos respecto de la incongruencia que, a su criterio, existiría en la oferta del Impugnante;

adicionalmente, señaló lo siguiente: i) cuestionó la interpretación efectuada por la Entidad en el Informe Técnico N° 002-2026-SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL, sosteniendo que no correspondería interpretar la referencia a un sistema de seis (6) abrazaderas como una descripción general susceptible de ser complementada con la información del folio 66, pues la documentación que integra una oferta debe ser clara, coherente y permitir determinar con certeza el alcance de la prestación, sin que la Entidad pueda completar, enmendar o suplir información contenida en ella; y, ii) cuestionó la objetividad del referido informe técnico, alegando que la Entidad mantendría una relación comercial de varios años con el Impugnante, circunstancia que, a su criterio, habría incidido en la posición asumida respecto de la controversia.

• Con Decreto del 19 de octubre de 2026, considerando que se advirtió la existencia

de posibles vicios de nulidad, se dejó sin efecto el Decreto del 14 de octubre de 2026 y se corrió traslado a las partes interesadas.

• Mediante Escrito N° 5 presentado el 20 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

del Tribunal, el Adjudicatario solicitó que se aclare el traslado efectuado mediante Decreto del 19 de octubre de 2026, señalando que no se habría precisado concretamente cuál sería el posible vicio advertido ni en qué consistiría la contravención entre el literal k) de las bases integradas definitivas y la disposición contenida en las bases estándar; por lo que consideró necesaria dicha precisión a efectos de poder evaluar el hecho y emitir el pronunciamiento correspondiente.

• A través del Decreto del 21 de octubre de 2026, la Cuarta Sala precisó que las bases

estándar establecen que los evaluadores no pueden exigir documentos distintos de aquellos previstos para la admisión, calificación y evaluación; asimismo, que cuando se requieran autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares, deben detallarse las características y/o requisitos funcionales específicos que serán acreditados. Asimismo, precisó que, en el presente caso, se habría advertido la exigencia de documentación obligatoria respecto de la cual no resultaría claro qué características y/o requisitos funcionales debían acreditarse, así como la incorporación de certificaciones y documentos adicionales que las bases estándar no comprenderían; razón por la cual se solicitó a las partes pronunciarse sobre los posibles vicios advertidos.

• Con Escrito N° 6 presentado el 26 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes del

Tribunal, el Adjudicatario, al pronunciarse respecto del posible vicio advertido, señaló lo siguiente: i) que, si bien podría existir un vicio procedimental respecto de determinadas exigencias documentales incorporadas como requisitos de admisión sin haberse precisado las características y/o requisitos funcionales específicos que debían acreditarse con aquellas, dicha situación sería distinta respecto del literal k), en el cual sí se identificaron las características que debían acreditarse mediante folletos, instructivos, catálogos, brochures, insertos o cartas; ii) que el eventual vicio sería susceptible de conservación, pues no habría afectado el resultado del procedimiento, restringido la libre concurrencia o competencia, ni alterado la finalidad pública de la contratación; y, iii) que la declaración de nulidad constituye una medida de última ratio, por lo que, al no advertirse una afectación real a derechos fundamentales, principios rectores o al ordenamiento jurídico material, resultaría desproporcionado retrotraer el procedimiento.

• El 26 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el

Informe Legal emitido por su Gerencia Central de Asesoría Jurídica y el Informe Técnico N° 05-2026-ESSALUD elaborado por el área usuaria, mediante los cuales absolvió el traslado del posible vicio de nulidad, señalando lo siguiente:

• Que, atendiendo a que las bolsas cuádruples de extracción de sangre

constituyen dispositivos médicos críticos destinados a la recolección, fraccionamiento y conservación de componentes sanguíneos para pacientes de alta complejidad, resultaría indispensable verificar durante la admisión, mediante documentación del fabricante, determinadas características técnicas, a fin de reducir riesgos operativos, infecciosos y vinculados con la seguridad transfusional. ii) Refiere que las bases integradas definitivas sí identificaron las características de la bolsa de extracción de sangre y del equipo de fraccionamiento que debían acreditarse mediante la referida documentación técnica, por lo que no se habría vulnerado el principio de transparencia y facilidad de uso. iii) Expresa que el numeral 3.11 del Pronunciamiento N° 507-2026/OECE-DSAT revisó de oficio dicho requisito de admisión y dispuso su adecuación, siendo sus disposiciones de obligatorio cumplimiento para la Entidad, los participantes y postores; por lo que, en consecuencia, consideró que no se configuraría el vicio de nulidad advertido. iv) Asimismo, señaló que en la Estrategia de Contratación, en el apartado referido a la documentación adicional a ser presentada para la admisión de ofertas, contempló expresamente la presentación de catálogos, folletería, manual de instrucciones de uso, instructivos, brochures, insertos o cartas, sustentándose dicha exigencia en la necesidad de contar con proveedores con capacidad técnica y legal comprobada, mitigar riesgos sanitarios y asegurar el cumplimiento de las exigencias de la Autoridad Nacional de Salud.

• Mediante Decreto del 27 de octubre de 2026 se declaró el expediente listo para

resolver, de acuerdo a lo establecido en el literal g) del numeral 311.1 del artículo 311 y numeral 313.2. del artículo 313 del Reglamento, al haberse vencido el plazo para remitir la información solicitada en el Decreto del 19 de octubre de 2026.

• A través del Escrito N° 7 presentado el 2 de noviembre de 2026 ante la Mesa de

Partes del Tribunal, el Adjudicatario solicitó que, en aplicación del principio de predictibilidad, se considere el criterio adoptado por la Sexta Sala del Tribunal en la Resolución N° 09511-2026-TCP-S6 del 30 de octubre de 2026, señalando lo siguiente:

• Que dicha resolución habría analizado un cuestionamiento de naturaleza

similar formulado por el Impugnante respecto de la correspondencia entre el titular de la marca del equipo y el titular del Certificado ISO 13485:2021. ii) Que, en el fundamento 59 de la citada resolución, se consideró que la identificación de MACOPHARMA como titular de la marca del equipo y la certificación ISO 13485:2021 otorgada a DELCON S.R.L., en su condición de fabricante, corresponden a condiciones de distinta naturaleza y no resultan incompatibles entre sí; por lo que solicitó que dicho criterio sea considerado al resolver el presente recurso.

II. FUNDAMENTACIÓN

• Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, solicitando que se declare no admitida la oferta de este último, se revoque la buena pro y esta sea otorgada a su representada. Asimismo, corresponde considerar el cuestionamiento formulado oportunamente por el Adjudicatario contra la oferta del Impugnante, en el marco del procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso.

• VERIFICACIÓN DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, así como aquellas que se generen en los procedimientos orientados a implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento, siempre que hayan sido emitidos antes del perfeccionamiento del contrato. En ese sentido, no procede la interposición del recurso respecto de las contrataciones no sujetas a procedimiento competitivo ni contra aquellas actuaciones que establece el Reglamento.

• En relación con ello, debe tenerse presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa están sujetos a dos niveles de control: uno formal, referido a los requisitos de admisibilidad; y otro sustancial, vinculado a la verificación de su procedencia. En este último caso, el análisis está orientado a determinar si concurren los requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada mediante el recurso, habilitando así un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, corresponde remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto resulta jurídicamente procedente.

• La entidad contratante o el TCP carezca de competencia para resolver, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley. No aplica en estos casos lo establecido en el artículo 130 de la LPAG, o disposición que la sustituya, referido a la presentación de escritos ante entidades que no resultan competentes. El literal a) del artículo 308 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley. Este señala que el recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones Públicas cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) unidades impositivas tributarias, entre otros supuestos. En el presente caso, la cuantía del procedimiento de selección asciende a S/ 2,313,360.00, monto superior a cincuenta (50) UIT; por tanto, corresponde al Tribunal conocer y resolver el recurso de apelación.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables. En el caso concreto, el Impugnante cuestiona la admisión de la oferta del Adjudicatario y, como consecuencia, el otorgamiento de la buena pro a su favor. Tales actos no se encuentran comprendidos dentro de los supuestos de actos no impugnables previstos en el citado artículo; por tanto, no se configura la presente causal de improcedencia.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado la buena pro. En el presente caso, el otorgamiento de la buena pro fue publicado el 11 de setiembre de 2026, por lo que el plazo para interponer el recurso vencía el 23 de setiembre de 2026. El recurso fue presentado el 23 de setiembre de 2026 y subsanado el 25 del mismo mes; por tanto, fue interpuesto dentro del plazo establecido por la normativa vigente.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación se aprecia que este se encuentra suscrito por la señora Lizeth Rocío Niño Saldaña, en calidad de apoderada legal de SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.; por tanto, no se configura la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos

de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento para participar en el presente procedimiento de selección o para contratar con el Estado.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos

civiles. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento que permita concluir que el Impugnante se encuentre legalmente incapacitado para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. En el presente caso, la oferta del Impugnante fue admitida, calificada y ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, con un puntaje total de 93.8. En consecuencia, no se encuentra en condición de no admitido o descalificado, por lo que no se configura la presente causal de improcedencia.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

En el presente caso, la buena pro fue otorgada a DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., mientras que el recurso de apelación fue interpuesto por SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.; por tanto, no se configura la presente causal de improcedencia.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y su

petitorio. Como se aprecia de lo reseñado, el Impugnante ha formulado cuestionamientos contra la oferta del Adjudicatario, específicamente respecto del Certificado ISO 13485 presentado para acreditar el requisito previsto en el literal j) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas, sosteniendo que no se encontraría acreditada su correspondencia con el equipo ofertado ni que su alcance comprenda la fabricación del equipo para fraccionamiento sanguíneo. Como consecuencia de ello, solicita que se declare no admitida dicha oferta, se deje sin efecto la buena pro y esta se otorgue a su representada. En ese sentido, existe conexión lógica entre los hechos expuestos y las pretensiones formuladas.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal.

El numeral 109.1 del artículo 109 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, reconoce la facultad de contradicción administrativa. En el presente caso, el Impugnante participó en el procedimiento de selección, su oferta fue admitida y calificada y ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. Asimismo, cuestiona la admisión de la oferta del postor que obtuvo la buena pro, solicitando que esta sea declarada no admitida y que, como consecuencia, la buena pro sea otorgada a su representada. Por ello, cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal.

• En consecuencia, atendiendo a las consideraciones desarrolladas, no se advierte

la concurrencia de ninguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento. Por tanto, corresponde continuar con la fijación de los puntos controvertidos planteados.

• PRETENSIONES:
• De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se advierte que el Impugnante

solicitó al Tribunal lo siguiente:

• Que se declare no admitida la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, se

revoque la buena pro otorgada a su favor. ii) Que se otorgue la buena pro del procedimiento de selección a favor de su representada.

• DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, resulta pertinente tener en cuenta lo dispuesto en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, conforme al cual las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, y la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto en dichos escritos. En ese sentido, serán materia de análisis los puntos controvertidos que se originen a partir de los argumentos contenidos en el recurso de apelación y en la absolución del traslado correspondiente, conforme a lo previsto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento. Por otro lado, conforme a lo previsto en el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el TCP notifica el recurso y sus anexos a la Entidad contratante y a los demás postores que pudieran verse afectados, a efectos de que formulen su pronunciamiento dentro del plazo correspondiente.

• Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente

procedimiento de selección fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 28 de setiembre de 2026, razón por la cual los postores con interés legítimo que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado, esto es, hasta el 1 de octubre de 2026.

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que, mediante escrito presentado el 1 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el recurso de apelación dentro del plazo establecido; por lo que, para la determinación de los puntos controvertidos, corresponde considerar los argumentos expuestos por el Impugnante y por el Adjudicatario en su absolución.

• Por lo tanto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a dilucidar

son los siguientes:

• Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Adjudicatario y,

como consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii) Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Impugnante, en atención al cuestionamiento formulado por el Adjudicatario respecto de la documentación técnica del equipo de fraccionamiento sanguíneo. iii) Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso e igualdad de trato, recogidos en el

artículo 5 de la Ley.

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación.

CUESTIÓN PREVIA: SOBRE EL VICIO DE NULIDAD ADVERTIDO

• Durante el trámite del recurso de apelación, el Impugnante formuló

cuestionamientos contra la admisión de la oferta del Adjudicatario, vinculados con la documentación presentada para acreditar el cumplimiento de las exigencias de calidad del equipo en cesión de uso. A su vez, el Adjudicatario cuestionó la oferta del Impugnante por la información contenida en la documentación técnica presentada para acreditar las características del equipo de fraccionamiento sanguíneo. En atención a tales cuestionamientos, se procedió a revisar las bases del procedimiento de selección, advirtiéndose que, en el literal k) del numeral 2.2.1.1

• Documentos para la admisión de la oferta, del Capítulo II - Del procedimiento de

selección, de las bases integradas definitivas, la Entidad requirió la presentación de catálogos, folletería, manuales de instrucciones de uso, instructivos, brochures, insertos o cartas para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la bolsa de extracción de sangre y del equipo de fraccionamiento.

• De la revisión de la documentación e información obrante en el expediente

administrativo, este Tribunal advierte la existencia de un posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección, vinculado con las reglas establecidas en las bases integradas definitivas para la admisión de las ofertas.

En efecto, si bien el literal k) antes citado señala, de manera general, que para la bolsa de extracción de sangre debía acreditarse todo lo descrito en los títulos PRESENTACIÓN y CARACTERÍSTICAS y, respecto del equipo de fraccionamiento, todo lo previsto en el numeral 4 CARACTERÍSTICAS de las especificaciones técnicas, no se precisó qué característica y/o requisito funcional específico debía ser acreditado mediante cada uno de los documentos técnicos indistintamente habilitados catálogo, folletería, manual de instrucciones de uso, instructivo, brochure, inserto o carta. De ese modo, las bases trasladaron a los postores y a los evaluadores la tarea de determinar, a partir de una remisión global a bloques completos de especificaciones técnicas, cuál era el alcance acreditativo de cada documento presentado; pese a que las bases estándar exigen delimitar de manera clara el aspecto concreto que será objeto de acreditación documental. La relevancia de dicha deficiencia se evidencia en el presente caso, pues los cuestionamientos formulados por las partes se encuentran precisamente vinculados con el contenido y alcance de la documentación técnica presentada en sus respectivas ofertas. Por tanto, corresponde determinar si la configuración de las reglas de admisión se ajustó a las bases estándar de uso obligatorio y si el defecto advertido reviste la trascendencia necesaria para afectar la validez del procedimiento de selección.

• En atención a lo expuesto y en ejercicio de la facultad prevista en el numeral 313.2

del artículo 313 del Reglamento, este Tribunal, mediante Decreto N° 770074 del 19 de octubre de 2026, corrió traslado del posible vicio de nulidad advertido en las bases integradas definitivas a la Entidad, al Impugnante y al Adjudicatario, a fin de que formularan los argumentos que estimaran pertinentes en ejercicio de su derecho de defensa. Posteriormente, mediante Decreto del 21 de octubre de 2026, se aclaró que el posible vicio se encontraba referido, entre otros aspectos, a la falta de claridad respecto de las características y/o requisitos funcionales específicos que debían acreditarse mediante la documentación exigida para la admisión de las ofertas, así como a la incorporación de exigencias no previstas en las bases estándar.

• Al absolver el traslado, el Adjudicatario sostuvo que no se configura un vicio que

justifique la declaración de nulidad del procedimiento de selección. Al respecto, señaló que, en el literal k) de las bases integradas definitivas, sí se habrían identificado las características que debían acreditarse mediante folletos, instructivos, catálogos, brochures, insertos o cartas, tanto para la bolsa de extracción de sangre como para el equipo en cesión de uso. Asimismo, alegó que, aun cuando pudiera advertirse una deficiencia procedimental, esta sería susceptible de conservación, toda vez que no habría afectado el resultado del procedimiento, restringido la libre concurrencia o competencia, ni alterado la finalidad pública de la contratación. En esa línea, sostuvo que la nulidad constituye una medida de última ratio y que retrotraer el procedimiento resultaría desproporcionado.

• Por su parte, la Entidad manifestó que la Estrategia de Contratación contempló

expresamente, dentro de la documentación adicional a ser presentada para la admisión de ofertas, los certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento y de Distribución y Transporte, el Registro Sanitario, el Certificado de Buena Práctica de Manufactura, así como catálogos, folletería, manuales de instrucciones de uso, instructivos, brochures, insertos o cartas. Añadió que dicha exigencia fue sustentada en la necesidad de contar con proveedores con capacidad técnica y legal comprobada, mitigar riesgos sanitarios y asegurar el cumplimiento de las exigencias de la Autoridad Nacional de Salud. Asimismo, el área usuaria sostuvo, durante la absolución del traslado de nulidad, que la verificación de las características técnicas mediante documentación del fabricante resultaba indispensable por tratarse de dispositivos médicos críticos vinculados con la seguridad transfusional. Finalmente, la Entidad sostuvo que las bases integradas definitivas sí identificaron las características que debían acreditarse y que el numeral 3.11 del Pronunciamiento N° 507-2026/OECE-DSAT revisó de oficio dicho requisito de admisión y dispuso su adecuación; por lo que consideró que no se configuraría el vicio de nulidad advertido.

• Sobre el particular, corresponde señalar que el numeral 55.3 del artículo 55 del

Reglamento establece que las bases estándar aprobadas por la DGA son de uso obligatorio por los evaluadores. En consecuencia, las disposiciones contenidas en dichas bases estándar constituyen parámetros de observancia obligatoria para la Entidad al elaborar las bases del procedimiento de selección, por lo que las reglas que incorpore deben ajustarse a su contenido y a las condiciones previstas para su aplicación.

• En concordancia con lo anterior, de la revisión de las bases estándar aplicables al

presente procedimiento de selección se advierte que la Entidad puede requerir, de manera excepcional, documentación destinada a acreditar determinadas especificaciones técnicas del bien durante la etapa de admisión. No obstante, dicha posibilidad se encuentra sujeta a dos condiciones: i) que en la Estrategia de Contratación se sustente que resulta indispensable verificar determinadas características del bien durante la admisión de ofertas; y ii) que se detalle qué características y/o requisitos funcionales específicos previstos en las especificaciones técnicas deben ser acreditados por el postor mediante la documentación requerida. Para mayor detalle, se reproduce el extremo pertinente de las bases estándar:

• De lo expuesto se desprende que las bases estándar no habilitan a la Entidad a

incorporar, de manera genérica o irrestricta, documentación técnica como requisito de admisión de las ofertas. Por el contrario, cuando excepcionalmente se requieran autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o documentos similares, corresponde establecer con claridad la relación entre la documentación exigida y la característica y/o requisito funcional específico cuya acreditación se pretende verificar. Esta exigencia no constituye una formalidad prescindible. Su finalidad es delimitar objetivamente el alcance de cada documento requerido, permitir que los postores conozcan de antemano qué información deben incorporar en sus ofertas y evitar que, durante la evaluación, se determine ex post qué característica debía encontrarse acreditada en cada documento.

• Sin embargo, en el presente caso, el literal k) del numeral 2.2.1.1 de las bases

integradas definitivas habilitó indistintamente la presentación de catálogos, folletería, manuales de instrucciones de uso, instructivos, brochures, insertos o cartas, señalando únicamente que, mediante dicha documentación, debía acreditarse todo lo descrito en los títulos PRESENTACIÓN y CARACTERÍSTICAS de la bolsa de extracción de sangre y todo el numeral 4 CARACTERÍSTICAS del equipo de fraccionamiento. Tal formulación no individualiza el alcance acreditativo de cada documento ni permite conocer qué característica concreta debía verificarse, por ejemplo, mediante un catálogo, una carta, un manual, un brochure o un inserto. En consecuencia, la remisión global a bloques completos de las especificaciones técnicas no satisface la exigencia de precisión contenida en las bases estándar, en tanto deja a criterio de los postores y de los evaluadores determinar qué documento resulta idóneo para acreditar cada aspecto del requerimiento.

• Asimismo, corresponde examinar lo alegado por la Entidad respecto de la

Estrategia de Contratación. De su revisión se advierte que, en el apartado referido a la documentación adicional para la admisión de ofertas, se incluyó expresamente una relación de documentos obligatorios, entre ellos, catálogos, folletería, manuales de instrucciones de uso, instructivos, brochures, insertos o cartas; consignándose como sustento general la necesidad de contar con proveedores con capacidad técnica y legal comprobada, mitigar riesgos sanitarios y asegurar el cumplimiento de las exigencias de la Autoridad Nacional de Salud. Para mayor detalle, se reproduce el extremo pertinente de la Estrategia de Contratación: No obstante, si bien dicho documento demuestra que la Entidad previó la exigencia de documentación técnica durante las actuaciones preparatorias, no se advierte que haya identificado qué características y/o requisitos funcionales específicos resultaba indispensable verificar mediante cada uno de los documentos exigidos, ni que haya explicado por qué resultaba necesario acreditar, durante la etapa de admisión, la totalidad de los bloques de PRESENTACIÓN y CARACTERÍSTICAS posteriormente incorporados en las bases.

En ese sentido, la sola enumeración de documentos y la exposición de una justificación general vinculada con la capacidad técnica, la legalidad y los riesgos sanitarios no sustituye la exigencia de determinar las características concretas que justifican recurrir excepcionalmente a documentación técnica como requisito de admisión.

• Tampoco corresponde considerar que el sustento técnico desarrollado por el área

usuaria mediante el Informe Técnico N° 05-2026-ESSALUD, emitido durante la tramitación del presente recurso, subsane la deficiencia advertida. En efecto, la condición prevista en las bases estándar exige que la indispensabilidad de verificar determinadas características durante la admisión se encuentre sustentada en la Estrategia de Contratación, esto es, con anterioridad a la convocatoria y a la presentación de las ofertas. Por tanto, una explicación técnica formulada con posterioridad, al absolver el traslado del posible vicio de nulidad, puede constituir un elemento para conocer la posición de la Entidad, pero no puede completar retroactivamente una justificación que debía obrar previamente en las reglas y actuaciones preparatorias del procedimiento.

• Ahora bien, respecto del argumento de la Entidad referido al Pronunciamiento N°

507-2026/OECE-DSAT, se advierte que su numeral 3.11 examinó precisamente la forma de acreditación de las especificaciones técnicas. En dicho pronunciamiento se recordó que la documentación técnica para la admisión debe detallar las características y/o requisitos funcionales específicos que serán acreditados y se citó el criterio según el cual no resulta posible acreditar la totalidad de las especificaciones técnicas de un bien mediante hojas técnicas, catálogos, brochures y manuales de fabricante. Asimismo, el propio Pronunciamiento señaló que la forma en que se había configurado el requerimiento podía generar confusión respecto del medio de acreditación aplicable, al contemplarse indistintamente catálogos, manuales, folletos, cartas y declaraciones juradas. Si bien dispuso determinadas adecuaciones vinculadas con el uso de declaraciones juradas adicionales, ello no implicó una convalidación integral de las bases ni exime al Tribunal de verificar, con ocasión del recurso de apelación, la legalidad de las reglas finalmente integradas. Al respecto, resulta especialmente relevante que el numeral 4.4 del propio Pronunciamiento recuerde expresamente al Titular de la Entidad y a la Autoridad de la Gestión Administrativa que dicho pronunciamiento no convalida extremo alguno del procedimiento de selección. Por consiguiente, su carácter obligatorio no puede ser entendido como una validación de cualquier deficiencia que subsista en las bases integradas definitivas.

• Respecto de lo alegado por el Adjudicatario, en el sentido de que el literal k) sí

identificó las características técnicas a acreditar, corresponde precisar que la referencia global a todos los extremos de PRESENTACIÓN y CARACTERÍSTICAS de la bolsa, así como a todo el numeral 4 CARACTERÍSTICAS del equipo, no equivale a la individualización exigida por las bases estándar. La regla estándar exige detallar qué características y/o requisitos funcionales específicos deben ser acreditados mediante la documentación requerida. En consecuencia, no basta con señalar un conjunto amplio de características y permitir, de manera indistinta, que estas sean acreditadas con cualquiera de varios documentos de naturaleza y contenido diferentes. Admitir lo contrario vaciaría de contenido la exigencia de precisión prevista en las bases estándar y trasladaría a los postores la responsabilidad de inferir el alcance de cada medio de acreditación.

• En el mismo sentido, no resulta atendible sostener que la irregularidad advertida

puede ser conservada únicamente porque los postores lograron presentar ofertas o porque no se haya demostrado una alteración concreta del orden de prelación. El vicio identificado se encuentra en las propias reglas que determinan qué documentación técnica debe presentarse para superar la etapa de admisión y cuál es su finalidad acreditativa. Por tanto, compromete condiciones esenciales para la preparación y evaluación de las ofertas, así como la transparencia y previsibilidad del procedimiento. Su incidencia no se limita a los postores que efectivamente participaron, pues también pudo influir en la forma en que otros potenciales proveedores evaluaron las exigencias documentales y decidieron participar o no en el procedimiento.

• Aunado a lo expuesto, la trascendencia del defecto se evidencia de manera

concreta en la controversia sometida al conocimiento de este Tribunal. En efecto, el Impugnante cuestiona la admisión de la oferta del Adjudicatario a partir de la correspondencia y alcance de documentos presentados para acreditar las exigencias de calidad del equipo, mientras que el Adjudicatario cuestiona la oferta del Impugnante por una supuesta incongruencia entre una carta aclaratoria y la folletería presentada para acreditar características del equipo de fraccionamiento. Así, la controversia exige determinar el alcance y la interacción de documentos técnicos de distinta naturaleza justamente en un escenario en el que las bases no establecieron previamente, con el grado de precisión exigido, qué característica debía acreditarse mediante cada uno de ellos. Esta circunstancia confirma que la deficiencia advertida no es meramente formal, sino que incide directamente en las reglas utilizadas para verificar la admisión de las ofertas.

• En atención a las consideraciones expuestas, este Tribunal concluye que el vicio

advertido en las bases integradas definitivas reviste carácter trascendente y no resulta susceptible de conservación. En efecto, la Entidad estableció reglas relativas a la documentación exigida para la admisión de las ofertas sin observar plenamente las condiciones previstas en las bases estándar de uso obligatorio, al no individualizar con claridad la correspondencia entre los documentos técnicos exigidos y las características y/o requisitos funcionales específicos que debían ser acreditados. Por tanto, no se trata de una deficiencia meramente formal o carente de incidencia, sino de una irregularidad que comprometió la claridad y objetividad de las reglas aplicables a la admisión de ofertas, así como la previsibilidad de las condiciones bajo las cuales serían evaluadas. En ese sentido, el vicio contraviene el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, las bases estándar aplicables y el principio de transparencia y facilidad de uso previsto en el literal i) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley.

• En este contexto, corresponde señalar que el numeral 70.1 y el literal a) del

numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley facultan al Tribunal, en los procedimientos sometidos a su conocimiento con motivo de la interposición de un recurso de apelación, a declarar la nulidad de los actos expedidos dentro del procedimiento de selección cuando contravengan las normas legales, prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable. Asimismo, dichas disposiciones establecen que la resolución debe precisar la etapa a la cual se retrotraerá el procedimiento.

• Sobre el particular, la declaración de nulidad constituye un mecanismo jurídico

destinado a restablecer la legalidad del procedimiento de selección cuando se advierten irregularidades que comprometen su validez y que no pueden ser conservadas. Su finalidad es garantizar que las actuaciones de la Entidad se desarrollen con observancia de las disposiciones que regulan la contratación pública y de los principios que orientan el procedimiento, preservando la transparencia, la objetividad y la igualdad de condiciones entre los participantes. En consecuencia, cuando el vicio identificado se encuentra en las propias reglas que rigen la participación y evaluación de los postores y su incidencia trasciende el ámbito de una actuación individual, corresponde adoptar las medidas necesarias para que el procedimiento se desarrolle sobre la base de disposiciones conformes con la normativa aplicable.

• En el presente caso, se ha verificado que las disposiciones de las bases integradas

definitivas relativas a la documentación técnica exigida para la admisión de las ofertas contravienen las bases estándar aplicables, al no precisar de forma individualizada qué características y/o requisitos funcionales específicos debían acreditarse mediante cada uno de los documentos requeridos. Asimismo, si bien la Estrategia de Contratación previó dicha documentación y consignó una justificación general, no determinó las características concretas cuya verificación durante la admisión resultaba indispensable, en los términos exigidos por las bases estándar. Dado que el vicio se encuentra en las reglas que estructuran el procedimiento de selección y que estas sirvieron de marco para la formulación y evaluación de las ofertas, corresponde declarar la nulidad del procedimiento y disponer su retroacción hasta la etapa de convocatoria, previa adecuación de la Estrategia de Contratación y reformulación de las bases, a fin de que la Entidad establezca reglas de acreditación claras y conformes con el marco normativo aplicable.

• Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el numeral 70.1 y el literal
• del numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley, concordantes con el literal d) del

numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de la Licitación Pública para Bienes N° 13-2026-ESSALUD-RPR-1 y retrotraer el procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria, previa adecuación de la Estrategia de Contratación y reformulación de las bases, para lo cual la Entidad deberá observar las siguientes disposiciones:

• Cuando, de manera excepcional, considere indispensable exigir durante la

admisión documentación técnica para acreditar determinadas especificaciones del bien, deberá sustentar previamente en la Estrategia de Contratación qué características y/o requisitos funcionales específicos requieren ser verificados en dicha etapa y las razones que justifican tal exigencia. ii) Al elaborar las bases, deberá identificar de manera expresa y clara qué característica y/o requisito funcional específico será acreditado mediante cada documento técnico exigido, evitando remisiones genéricas a bloques completos de especificaciones o fórmulas que obliguen a los postores y evaluadores a inferir el alcance acreditativo de catálogos, folletería, manuales, instructivos, brochures, insertos o cartas.

• En atención a que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección

por la existencia de un vicio que afecta las reglas de las bases integradas definitivas, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los puntos controvertidos fijados en el presente procedimiento recursivo, toda vez que su análisis presupone la validez de las actuaciones realizadas bajo dichas reglas.

• Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11.3 del artículo 11

del TUO de la LPAG, corresponde poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a fin de que tome conocimiento del vicio advertido y adopte las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias. Asimismo, corresponde exhortarlo a que disponga las medidas necesarias para que los evaluadores y las áreas que intervienen en la elaboración de la Estrategia de Contratación y de las bases observen estrictamente la normativa de contratación pública y las disposiciones contenidas en las bases estándar aplicables, con el propósito de prevenir la reiteración de deficiencias de similar naturaleza y evitar futuras declaraciones de nulidad.

• Asimismo, considerando que este Tribunal ha dispuesto declarar de oficio la

nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Juan Carlos Cortez Tataje, y la intervención de los vocales Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000006-2025-OECE-PRE del 23 de abril de 2025 publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090- 2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la nulidad de la Licitación Pública para Bienes N° 13-2026-

ESSALUD-RPR-1, convocada por el Seguro Social de Salud - Red Prestacional Rebagliati, para la “Adquisición de bolsa cuádruple de extracción de sangre para sistema Buffy Coat para el Servicio de Medicina Transfusional”, debiendo retrotraerse hasta la etapa de convocatoria, previa adecuación de la Estrategia de Contratación y reformulación de las bases; conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

• Devolver la garantía presentada por la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., para

la interposición de su recurso de apelación.

• Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad, a fin que proceda

conforme a sus atribuciones.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

ANNIE ELIZABETH PÉREZ GUTIÉRREZ

VOCAL

ss. Cortez Tataje. Pérez Gutiérrez. Mendoza Merino.