Resolución N.° 9565-2026-TCP-S5

Sumilla: “En relación con lo expuesto, debe tenerse en cuenta que las exigencias que son objeto de análisis no están relacionadas a los bienes objeto de contratación, sino al personal respecto a su capacitación en temas de higiene y su carnet sanitario, razón que evidencia que dichas exigencias no correspondían ser requeridas como un requisito de admisión de las ofertas.” Lima, 3 de noviembre del 2026. VISTO en sesión de fecha 3 de noviembre del 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7454/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el proveedor Negocios Yuliño E.I.R.L. en el marco de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 15-2026-HRDC.-1, para la “Adquisición de carne de res (fresco), para la atención con raciones alimenticias a los pacientes hospitalizados del Hospital Regional docente de Cajamarca”, y, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el 9

de setiembre de 2026, el Gobierno Regional de Cajamarca - Hospital Cajamarca, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 15- 2026-HRDC.-1, para la “Adquisición de carne de res (fresco), para la atención con raciones alimenticias a los pacientes hospitalizados del Hospital Regional docente de Cajamarca”, con una cuantía de contratación ascendente a S/ 484,000.00 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento. El 24 de setiembre de 2026 se llevó a cabo la presentación de propuestas (electrónica), mientras que el 29 del mismo mes y año, se publicó en el SEACE la buena pro otorgada al postor CABANILLAS SALAZAR MARCO ANTONIO, en adelante el Adjudicatario, conforme a los siguientes resultados:

Postor Etapas Resultado Admisión Calificación Puntaje Técnico Oferta Econ. Puntaje econ. Bonif. 5% Puntaje total Orden

CABANILLAS

SALAZAR MARCO

ANTONIO

Admitida Califica 60.00 429,000.00 40.00 5.00 105.00 1 Adjudicado

NEGOCIOS

YULIÑO E.I.R.L. Admitida Califica 60.00 473,400.00 36.20 4.81 101.60 2 Califica

EMANUEL

VILLACREZ

URRELO

Admitida Califica 60.00 588,000.00 29.20 4.46 93.64 3 Califica

CORPORACION

GEOVERDE S.A.C. Admitida Califica 45.00 436,500.00 39.30 4.22 88.53 4 Califica Fuente: Acta de Apertura de Ofertas, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro del 29 de setiembre del 2026 registrada en el SEACE.

• Mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentados el 6 y 9 de octubre

de 2026, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el proveedor NEGOCIOS YULIÑO E.I.R.L., en adelante el Impugnante, solicitó que se declare como no admitida la oferta del Adjudicatario, no se le otorgue el puntaje máximo al no acreditar el factor de evaluación “Integridad en la contratación pública” y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada; en los siguientes términos: Sobre los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario. Respecto al Carnet Sanitario del Personal que realiza las actividades.

• Señala que el Adjudicatario presentó copias de dos (2) carnés sanitarios

correspondientes a su personal y que, a efectos de acreditar el vínculo laboral de estos con su empresa, adjuntó copias de dos (2) contratos de trabajo. Al respecto, precisa que el área usuaria de la Entidad ha establecido que la entrega de las carnes objeto de contratación debe realizarse de lunes a domingo, en el horario comprendido entre las 06:30 a. m. y las 08:00 a. m.

• Refiere que, de la revisión de los contratos de trabajo del personal

presentados por el Adjudicatario, se advierte que este no podría efectuar las entregas conforme a lo requerido en los Términos de Referencia (TDR) de las bases integradas, toda vez que no se verifica que dicho personal labore los días domingos.

• Alega que la documentación presentada no contiene elementos que permitan

establecer la trazabilidad necesaria para acreditar que las entregas de carne se realizarán correctamente los días domingos; por lo tanto, considera que corresponde declarar como no admitida la oferta del Adjudicatario. Respecto al Certificado o Constancia de Desratización, Desinfectación y Desinfección.

• Indica que el Certificado N° 20-DESA-USB 2020, mediante el cual el

Adjudicatario acreditó que el establecimiento donde presta servicios está desinfectado, desratizado y desinsectado, se encuentra suscrito por la gerente general de la empresa emisora y por la ingeniera industrial Lucía Minchan Huaccha, con registro en el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) N° 214445.

• Advierte que, la referida ingeniera no se encuentra habilitada para el ejercicio

de su profesión desde hace varios meses, por lo que estaría imposibilitada de ejercerla y de suscribir documentos de carácter legal.

• Señala que el documento presentado carecería de validez debido a la

condición de inhabilitada de una de las profesionales que lo suscribe; por tanto, considera que corresponde no otorgarle validez al documento presentado y declarar como no admitida la oferta del Adjudicatario. Respecto al Certificado de capacitaciones al personal.

• Manifiesta que se requirió que los certificados de capacitación comprendieran

temas relacionados con higiene, salubridad de los alimentos o materias afines a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o al Programa de Higiene y Saneamiento (PHS). Sin embargo, señala que las Constancias de Capacitación emitidas a favor de Royar Cabanillas Salazar y Samin Becerra Guevara, presentadas por el Adjudicatario, consignan como tema de capacitación “Buenas prácticas en manipulación de alimentos” y, adicionalmente, detallan el desarrollo de otros temas, tales como: i) Introducción a la inocuidad alimentaria; ii) Estudio de los principios generales de higiene – Buenas prácticas de manipulación de alimentos; iii) Operaciones, mantenimiento y saneamiento de espacios alimenticios; y iv) Dosificación y preparación de soluciones de limpieza a base de lejía para desinfección.

• Advierte que no es posible determinar cuál fue el tema específico de la

capacitación, esto es, si estuvo referido a “Buenas prácticas en manipulación de alimentos” o si comprendió los cuatro (4) temas detallados en las constancias presentadas, lo que impide establecer si la capacitación guarda correspondencia con lo requerido en las bases integradas. Respecto al Factor de Evaluación “Integridad en la Contratación Pública”.

• Señala que el Adjudicatario, contrariamente a lo establecido en las bases

integradas, presentó la certificación ISO 37001:2016, en lugar de la certificación correspondiente a la norma ISO 37001:2025, que era la exigida en dichas bases. Por tal motivo, sostiene que el comité debió abstenerse de otorgarle los cinco (5) puntos correspondientes a este ítem.

• Solicita la aplicación del principio de predictibilidad, para lo cual hace

referencia a las Resoluciones N° 6359-2026-TCE-S2 y N° 1727-2026-TCE-S2. En ese sentido, solicita que se reevalúe la oferta del Adjudicatario, se le asigne un puntaje menor al otorgado y, como consecuencia de ello, se declare a su representada como ganadora de la buena pro.

• Con Decreto del 12 de octubre de 2026, notificado a través del Toma Razón

Electrónico del SEACE en la misma fecha, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante, y se corrió traslado a la Entidad contratante, a fin que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación interpuesto, al postor o postores distintos del Impugnante que tengan interés legítimo en la resolución que emita el Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Quinta Sala del Tribunal, siendo recibido por el vocal ponente en la misma fecha.

Finalmente, se convocó a audiencia pública para el 19 de octubre de 2026, precisándose que la misma se realizará a través de la plataforma Google Meet.

• Mediante Escrito N° 1 presentado el 13 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

[Digital] del Tribunal, el Adjudicatario acreditó a sus representantes para que realicen el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante Escrito presentado el 15 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

[Digital] del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo como tercero administrado y absolvió el traslado del recurso de apelación. Los fundamentos que presenta son los siguientes: Sobre los cuestionamientos contra su oferta. Respecto al Carnet Sanitario del Personal que realiza las actividades.

• Indica que el literal h) del numeral 2.2.1.1 exige la presentación del carné de

sanidad de, al menos, una persona, así como del contrato que acredite su vínculo laboral con el postor. Al respecto, precisa que de la descripción de dicho requisito no se desprende que el contrato de la persona presentada deba consignar necesariamente un horario idéntico al establecido para la entrega de los bienes, ni que dicha persona deba ser la única que participe en las labores de distribución durante toda la ejecución contractual.

• Agrega que el horario de entrega constituye una condición de ejecución de la

prestación, mientras que el contrato laboral tiene por finalidad acreditar el vínculo entre la persona y el postor; por tanto, la diferencia entre ambos horarios no demuestra, por sí sola, la inexistencia de dicho vínculo. En consecuencia, solicita que este argumento sea desestimado, toda vez que se verifica que el carné sanitario y el contrato exigidos fueron efectivamente presentados y cumplen con el contenido previsto en las bases. Respecto al Certificado o Constancia de Desratización, Desinfectación y Desinfección.

• Refiere que el literal i) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas exige la

presentación de un certificado o constancia de desratización, desinsectación y desinfección del establecimiento comercial, emitido por una empresa autorizada por la DIRESA o GERESA.

• Señala que la presunta falta de habilitación de la profesional que suscribe el

documento no equivale a la falta de autorización de la empresa prestadora del servicio, toda vez que se trata de aspectos distintos. Asimismo, sostiene que el certificado fue emitido por una empresa calificada ante la autoridad de la DIRESA o GERESA, por lo que considera que el Impugnante pretende introducir exigencias que no fueron contempladas en las bases integradas. Respecto al Certificado de capacitaciones al personal.

• Manifiesta que, el literal j) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas

requiere una capacitación de al menos una persona en higiene, salubridad de alimentos o materias afines a BPM o PHS, y que dicha redacción no indica que el certificado deba contener un solo módulo ni que el programa deba limitarse a un único tema.

• Sostiene que, la existencia de un título general y de varios módulos no

configura necesariamente una contradicción, pues los módulos sobre inocuidad alimentaria, higiene, buenas prácticas de manipulación y saneamiento pueden guardar relación material con las materias previstas en las bases, y que la sola pluralidad de módulos no acredita incumplimiento. Respecto al Factor de Evaluación “Integridad en la Contratación Pública”.

• Señala que, el certificado N° ICO-SSGAS-112025-454.7E presentado fue

emitido o actualizado el 21 de noviembre de 2025 y vence el 21 de noviembre de 2028, por lo que se encontraba vigente a la fecha de presentación de la oferta (24 de setiembre de 2026).

• Precisa que, según la información publicada por el INACAL el 26 de marzo de

2026, el periodo de transición de la ISO 37001:2016 a la ISO 37001:2025 culmina el 28 de febrero de 2027, de modo que a la fecha de presentación de la oferta aún estaba vigente dicho periodo.

• Agrega que, la evaluación del certificado no puede sustentarse

exclusivamente en la versión normativa consignada, sino que exige examinar su vigencia, el régimen de transición aplicable y las disposiciones de las bases integradas, de conformidad con los principios de legalidad, transparencia, igualdad de trato e integridad en la contratación pública. Por lo cual, alega que, debe declararse infundado el cuestionamiento y mantenerse los cinco (5) puntos asignados, y que este extremo incide en el orden de prelación, dado que obtuvo 105.00 puntos frente a los 101.06 del Impugnante.

• Con Decreto del 15 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Adjudicatario,

en calidad de tercero administrado y se tuvo por designados a sus representantes que ejercerán el uso de la palabra en la audiencia pública.

• Mediante Oficio N° D1663-2026-GR.CAJ/HRDC/DG presentado el 15 de octubre

del 2026 ante la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° D2127-2026-GR.CAJ/HRDC/AJ y el Informe Técnico N° D17-2026-GR.CAJ/HRDC- OEA/LOG, mediante los cuales manifestó, principalmente, lo siguiente: Informe N° D2127-2026-GR.CAJ/HRDC/AJ del 15 de octubre de 2026 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad.

• Refiere que, en el Informe Técnico N° D17-2026-GR-CAJ/HRDC-OEA/LOG del

14 de octubre de 2026, la Oficina de Logística concluyó que los cuestionamientos formulados no aportan elementos suficientes para desvirtuar la evaluación de la oferta del Adjudicatario, por lo cual, solicitó que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto.

• Al respecto, señala que, de la revisión del Requerimiento del área usuaria

insertado en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas se observa que el bien está incluido en el Listado de Bienes y Servicios comunes; observa que, de la revisión del Listado, mediante Resolución Jefatural – N° D000067-2025-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, se aprobó la modificación de ciento sesenta y dos (162) Fichas Técnicas del rubro Alimentos y bebidas para consumo humano del Listado de Fichas Técnicas, las cuales se encuentran contenidas en el Anexo N° 1; asimismo, se aprobó la modificación del Documento de Información Complementaria del rubro Alimentos y bebidas para consumo humano del Listado de Fichas Técnicas y se excluyeron algunas fichas técnicas.

• Precisa que, el uso de las fichas técnicas permite que la Entidad se provea de

insumos adecuados para satisfacer la necesidad del área usuaria de manera eficiente puesto que la carne de res debe ser entregada en las condiciones especificadas en la ficha técnica y deben ser cortes del animal que son previamente establecidos por la Entidad; lo que no ocurre cuando únicamente se adquiere carne de res, ni se establece la temperatura a la que debe ser despachada; lo que no permite una adecuada conservación de la misma antes del despacho.

• Refiere que, el literal d) del numeral 14.2. del artículo 14 del Reglamento

establece que la DEC, a través de los compradores públicos, es responsable entre otras de las siguientes acciones: “Verificar si la necesidad requerida por el área usuaria se encuentra definida en una ficha técnica o ficha de homologación, o en el catálogo electrónico de acuerdos marco.”; por lo cual, era responsabilidad del personal de la Oficina de Logística verificar si el bien requerido por el área usuaria contaba con ficha técnica aprobada antes de la convocatoria; por ello, el procedimiento de selección debió convocarse mediante una Subasta Inversa Electrónica.

• Indica que, la norma anotada hace una excepción a la utilización de la subasta

inversa como se señala en el numeral 264.5 del Reglamento: “La autoridad de la gestión administrativa puede aprobar que no se utilice la subasta inversa para la contratación de un bien o servicio que cuente con ficha técnica, cuando de la estrategia de contratación se determina que existe el riesgo objetivamente sustentado de que no se presenten suficientes proveedores para realizar la puja correspondiente, debiendo remitir a Perú Compras la documentación que sustenta dicha aprobación en un plazo no mayor de cinco días hábiles de su aprobación. En este caso, la entidad contratante utiliza el procedimiento de selección que corresponda, para lo cual utiliza obligatoriamente la ficha técnica respectiva.”; sin embargo, no es posible exceptuarse de utilizar la ficha técnica respectiva.

• Concluye que, es de la opinión que, el procedimiento de selección convocado

por la Entidad adolece de vicios de nulidad insubsanables.

• El 16 de octubre del 2026, la Entidad publicó en el SEACE y presentó ante la Mesa

de Partes [Digital] del Tribunal, entre otros documentos, el Informe N° D223-2026- GR.CAJ-HRDC-APT-SN, como documentación complementaria al Informe Técnico N° D17-2026-GR.CAJ/HRDC-OEA/LOG y al Informe N° D2127-2026- GR.CAJ/HRDC/AJ, mediante el cual manifestó, principalmente, lo siguiente:

• Señala que, el objeto definido por este Servicio es CARNE DE RES FRESCA PARA

ABASTECIMIENTO DIARIO Y PREPARACIÓN EN LA MISMA JORNADA y que las fichas invocadas por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad identifican bienes expresamente denominados REFRIGERADOS. Asimismo, añade que, el informe legal cita la ficha de «bola de lomo refrigerado», mientras que el requerimiento identifica el corte lomo como «lomo fino o solomillo» (músculo psoas mayor).

• Refiere que, la Resolución Jefatural N° 000067-2025-PERÚ COMPRAS-

JEFATURA-D acredita la modificación de fichas del rubro alimentos, pero su sola referencia general no explica cómo se habría configurado identidad total entre el producto y condiciones efectivamente requeridos y las características del producto refrigerado invocado.

• Manifiesta que, los 9,000 kg requeridos constituyen el suministro total

previsto para doce meses y no una cantidad destinada a ser recibida o almacenada simultáneamente. En esa línea, sostiene que, implantar una modalidad de acopio de carne refrigerada sin instalaciones y equipos suficientes supondría nuevos costos de adquisición, por ello la decisión técnica es evitar el almacenamiento prolongado mediante entrega y preparación diaria.

• Añade que, exige expresamente Autorización Sanitaria vigente emitida por

SENASA para el establecimiento de procesamiento primario, recipientes adecuados y transporte dedicado a alimentos; además, prevé controles y penalidades ante productos con signos de alteración o incumplimiento de inocuidad. Por ello, considera que, no es correcto presentar la necesidad de carne fresca y entregas diarias como si el área usuaria hubiera prescindido de controles sanitarios.

• En cuanto a la responsabilidad de verificar la existencia de instrumentos de

estandarización, señala que, el literal d) del numeral 14.2 del artículo 14 del Reglamento exige contrastar el objeto requerido con las características efectivamente descritas en la ficha técnica aplicable, incluidas las condiciones esenciales de presentación y conservación, y no únicamente verificar que ambos productos pertenezcan al género de carne de res. Asimismo, precisa que, corresponde al Servicio de Nutrición y Dietética definir las características del alimento y el sistema de abastecimiento; de manera que, la observación jurídica no demuestra, por sí misma, un defecto del requerimiento ni la procedencia de anular el procedimiento.

• Respecto de la aplicación del numeral 264.5 del artículo 264 del Reglamento,

sostiene que, dicha disposición regula la autorización excepcional para prescindir de la Subasta Inversa Electrónica cuando se trate de bienes que cuenten con una ficha técnica aplicable y exista un riesgo objetivamente sustentado de insuficiencia de proveedores, así como la comunicación de dicha decisión a Perú Compras. Al respecto, manifiesta que, el área formuló una necesidad asistencial con características y formas de suministro específicas; por lo que, considera que, no resultaba aplicable el trámite previsto en dicha disposición.

• Refiere que, el artículo 70 de la ley exige que toda conclusión de nulidad esté

vinculada a una causal legal identificada y debidamente motivada. Al respecto, indica que, el Informe Legal no demuestra, mediante cotejo técnico completo, que la contratación definida por el Servicio sea idéntica al producto refrigerado señalado ni que la supuesta falta de comunicación del artículo 264.5 configure, por sí misma, un vicio de nulidad insubsanable.

• Concluye que, discrepa de la conclusión de nulidad formulada y solicita que

se valore el objeto efectivamente requerido, su tratamiento de abastecimiento diario, la infraestructura disponible, las condiciones de inocuidad exigidas y la finalidad asistencial de la contratación.

• Mediante Escrito N° 3 presentado el 19 de octubre del 2026 ante la Mesa de Partes

[Digital] del Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para que realice el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Con fecha 19 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública solo con la

participación de los representantes del Impugnante y del Adjudicatario, dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad.

• Por Decreto del 19 de octubre de 2026, se corrió traslado a la Entidad, al

Impugnante y al Adjudicatario, considerando que se ha advertido la existencia de un posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección, respecto a que la regulación contenida en las Bases Integradas respecto a los documentos para la admisión de la oferta se habría apartado de los parámetros establecidos en las Bases Estándar, al incluir documentos no contemplados en las mismas.

• Mediante Oficio N° D1711-2026-GR.CAJ/HRDC/DG presentado el 23 de octubre

del 2026 ante la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° D2243-2026-GR.CAJ/HRDC-OEA/LOG, mediante el cual se pronunció respecto a la existencia de un posible vicio de nulidad en el procedimiento y manifestó, principalmente, lo siguiente:

• Sostiene que, el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento establece el uso

obligatorio de las Bases Estándar y que el numeral 2.2.1.1 de estas prohíbe incorporar documentos adicionales para la admisión de ofertas; sin embargo, precisa que las propias Bases Estándar contemplan una excepción que permite solicitar documentación destinada a acreditar determinadas características técnicas o requisitos funcionales del bien, siempre que resulte indispensable verificarlo en dicha etapa.

• Refiere que, la incorporación del Carnet de sanidad del personal fue

considerado como medida preventiva orientada a verificar aspectos relacionados con la condición sanitaria de quienes intervienen en la manipulación y comercialización de alimentos, procurando minimizar posibles riesgos de contaminación. Asimismo, la exigencia del Certificado o constancia de desratización, desinsectación y desinfección estuvo orientada a evidenciar medidas de saneamiento y control de plagas en el establecimiento comercial. Y, el Certificado de capacitación del personal se incorporó con la finalidad de promover el conocimiento y aplicación de buenas prácticas de manipulación e higiene alimentaria, considerando lo establecido en el artículo 85 del D.S. N° 007-98 SA, respecto de la capacitación en higiene de alimentos.

• Manifiesta que, los documentos cuestionados fueron consignados desde las

Bases del procedimiento de selección y se mantuvieron en las Bases Integradas, por lo que estas no fueron incorporadas de manera sobrevenida ni discrecional durante la admisión de ofertas. De manera que, su publicación permitió que los participantes conocieran anticipadamente las condiciones documentales exigidas, favoreciendo la transparencia, previsibilidad e igualdad de trato, al encontrarse todos sujetos a las mismas reglas de participación.

• Sostiene que, existen fundamentos técnicos y documentales que justifican la

conservación del procedimiento de selección, considerando que las exigencias cuestionadas respondieron a una finalidad pública legítima y fueron establecidas con anterioridad a la presentación de ofertas, sin perjuicio de verificar su correspondencia con la excepción prevista en las Bases Estándar. Por consiguiente, solicita que, previa valoración integral de la estrategia de contratación, la normativa sanitaria aplicable y las circunstancias del procedimiento, determine que no corresponde declarar su nulidad.

• Con Decreto del 27 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver, de acuerdo a lo establecido en el literal g) del numeral 311.1 del artículo 311 y numeral 313.2. del artículo 313 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.

II. SITUACIÓN REGISTRAL:

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores – RNP, se aprecia, a la fecha, la siguiente información: El Impugnante:

• El proveedor Negocios Yuliño E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20612438642) cuenta

con inscripción vigente como proveedor de bienes; asimismo, no tiene sanción vigente que le impida participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado. El Adjudicatario:

• El proveedor Cabanillas Salazar Marco Antonio (con R.U.C. N° 10452170961)

cuenta con inscripción vigente como proveedor de bienes; asimismo, no tiene sanción vigente que le impida participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado.

III. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el

Impugnante, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el Reglamento. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia

para resolverlo.

• El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT1 y cuando se trate de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública abreviada, cuya cuantía de contratación asciende al monto de S/ 484,000.00 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil con 00/100 soles); resulta que dicho monto es superior a 50 UIT2 (S/ 275,000.00), por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.
• El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son

impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia 1 Unidad Impositiva Tributaria. 2 Conforme al valor de la UIT (S/ 5,500.00) para el año 2026 en que fue convocado el procedimiento de selección objeto de impugnación.

de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y dialogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando i) se declare no admitida la oferta del Adjudicatario, ii) no se asigne el puntaje máximo en el factor de evaluación “Integridad en la contratación publicación” al Adjudicatario, iii) se otorgue la buena pro al Impugnante. En consecuencia, se advierte que los actos materia de impugnación no se encuentran comprendidos dentro de la relación de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.
• El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento

de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de la subasta inversa electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles.

En aplicación a lo dispuesto en los precitados artículos, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue notificado el 29 de setiembre de 2026; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 6 de octubre del año en curso. Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentados el 6 y 93 de octubre de 2026, respectivamente, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que este ha sido interpuesto dentro de los plazos −referidos a la presentación y subsanación, respectivamente− descritos en los artículos 304 y 307 del Reglamento.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.
• De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que este aparece

suscrito por la titular gerente, Sra. José Yober Herrera Bustamante.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se

advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre impedido de participar en el procedimiento de selección y de contratar con el Estado.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se

advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. 3 Cabe precisar que, para el cómputo del plazo de subsanación del recurso de apelación, no se consideró el 8 de octubre por ser feriado nacional.

• De los resultados del procedimiento de selección, se advierte que el Impugnante

quedó en el segundo orden de prelación. Por otra parte, de la revisión del recurso de apelación, se aprecia que este ha impugnado la adjudicación de la buena pro, solicitado la no admisión de la oferta del Adjudicatario y la no asignación del puntaje máximo en el factor de evaluación “Integridad en la contratación pública” a favor de este.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
• En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del

procedimiento de selección, por cuanto su oferta quedó en el segundo orden de prelación.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo.

• El Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando que: i) se declare

no admitida la oferta del Adjudicatario, ii) no se asigne el puntaje máximo en el factor de evaluación “Integridad en la contratación pública” al Adjudicatario iii) se otorgue la buena pro al Impugnante. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.
• El numeral 109.1 del artículo 109 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. Sobre el particular, la decisión de la Entidad contratante de otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario le causa agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar para impugnar dicho acto. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; en ese sentido, corresponde emitir un pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente:

• Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario.

ii. No se asigne el puntaje máximo del factor de evaluación “Integridad de la contratación pública” al Adjudicatario. iii. Se otorgue la buena pro al Impugnante.

• FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo previsto en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En consecuencia, solo pueden ser materia de análisis los puntos controvertidos que se originen en los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la absolución de aquel. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, según el cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso.” (el subrayado es agregado) Dichas disposiciones resultan concordantes con lo dispuesto en el literal c) del

artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el

Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, conforme al numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “todos los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado inicialmente

a la Entidad y a los demás postores el 12 de octubre del 2026 a través del SEACE, razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían un plazo de tres (3) días para absolverlo, es decir, hasta el 15 de octubre de 2026.

• De la revisión del expediente administrativo, se advierte que el Adjudicatario se

apersonó a esta instancia el 13 de octubre de 2026; por lo que, a fin de determinar los puntos controvertidos, es preciso indicar que serán considerados los cuestionamientos que el Impugnante y el Adjudicatario hayan formulado en su recurso de apelación y escrito de absolución, respectivamente.

• Dado que el 27 de octubre del 2026 se declaró el expediente como listo para

resolver, en el presente caso, los escritos recibidos con posterioridad a la declaración del expedito no se consideran para fundamentar la resolución que expida este Tribunal, conforme a lo establecido en el literal g) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento.

• Por lo tanto, en el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer

son:

• Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Adjudicatario

y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro. ii. Determinar si corresponde no asignar el puntaje máximo en el factor de evaluación “Integridad en la contratación pública” al Adjudicatario. iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades Contratantes adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. CUESTIÓN PREVIA: Sobre el presunto vicio de nulidad en el procedimiento de selección.

• De manera previa a efectuar el análisis de fondo de los puntos controvertidos, es

necesario dilucidar primero si se ha producido el posible vicio de nulidad en las bases integradas que se trasladó mediante Decreto del 19 de octubre de 2026; por cuanto, está vinculado con el análisis del primer punto controvertido.

• Al respecto, este Colegiado corrió traslado a las partes, para que se pronuncien

expresamente sobre lo siguiente: “(…) Con motivo de la interposición del recurso de apelación, el Impugnante cuestionó la inclusión, dentro de las Bases Integradas, de documentos para la admisión de la oferta no previstos en las Bases Estándar aplicables al procedimiento, lo cual configuraría un vicio insubsanable que afectaría su validez. Sobre el particular, corresponde revisar en primer lugar las Bases Integradas del procedimiento de selección. De su contenido se aprecia que en los literales h), i) y j) del numeral 2.2.1.1 (“Documentos para la admisión de la oferta”) se solicitó lo siguiente: Conforme puede apreciarse, la Entidad requirió para la admisión de la oferta, entre otros documentos:

• Carnet de sanidad del personal.
• Certificado o constancia de desratización, desinsectación y desinfección del

establecimiento comercial.

• Certificado de capacitaciones al personal.

A lo expuesto, en segundo lugar, corresponde examinar lo dispuesto en las Bases Estándar, en tanto estas contienen los parámetros que deben observar las Entidades al establecer los requisitos para la admisión de la oferta.

En ese sentido, el numeral 2.2.1.1 (“Documentos para la admisión de la oferta”) de las Bases Estándar para la Licitación Pública Abreviada de Bienes exige la presentación de determinados documentos entre los cuales no figuran los exigidos en los literales h), i) y j) de las Bases Integradas, tal como se muestra a continuación:

Asimismo, cabe precisar que las Bases Estándar establecen una regla imperativa que prohíbe taxativamente a los evaluadores incorporar documentos de admisión adicionales a los previstos en ellas. En ese contexto, se tiene que la regulación contenida en las Bases Integradas respecto a los documentos para la admisión de la oferta se habría apartado de los parámetros establecidos en las Bases Estándar, al incluir documentos no contemplados en las mismas. En consecuencia, se advierte la posible configuración de un vicio en las reglas del procedimiento de selección, al haberse solicitado documentos que no se requieren en las Bases Estándar. Sobre este punto, corresponde precisar que, de acuerdo con el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento de la Ley N° 32069, las Bases Estándar aprobadas por la Dirección General de Abastecimiento son de uso obligatorio por los evaluadores. Bajo dicha premisa, una vez que la autoridad competente ha establecido, mediante estas, la presentación de los documentos para la admisión de la oferta; las Entidades no podrían apartarse de dichas disposiciones ni establecer documentos distintos a los contemplados. En esa línea, la estructura y el contenido de las Bases Estándar estipulan taxativamente los documentos requeridos para la admisión de ofertas, prohibiendo explícitamente a las Entidades exigir requerimientos o documentos adicionales no contemplados en dichas bases. Pretender incorporar exigencias no previstas vulneraría el precepto según el cual las Bases Estándar delimitan de forma cerrada y exhaustiva el marco de actuación de los evaluadores y las obligaciones de los postores en la presentación de documentos. (…)”.

• En ese contexto, del traslado de nulidad se advierte que la Entidad habría

incorporado documentos adicionales como requisitos para la admisión de las ofertas, pese a que estos no se encuentran contemplados en las Bases Estándar aplicables al procedimiento de selección. Al respecto, de la revisión de las Bases Integradas se advirtió que, en los literales h), i) y j) del numeral 2.2.1.1, referido a los documentos para la admisión de la oferta, la Entidad exigió la presentación del carné de sanidad del personal, del certificado o constancia de desratización, desinsectación y desinfección del establecimiento comercial, así como del certificado de capacitaciones del personal. Sobre el particular, se advirtió que dichos documentos no se encuentran comprendidos entre aquellos previstos en el numeral 2.2.1.1 de las Bases Estándar para la Licitación Pública Abreviada de Bienes, las cuales, además, establecen expresamente la prohibición de incorporar documentos adicionales como requisitos para la admisión de las ofertas. En ese sentido, se señaló que la Entidad habría contravenido las disposiciones de las Bases Estándar al establecer exigencias documentales distintas de las allí previstas, pese a que, conforme al numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento de la Ley N° 32069, estas son de uso obligatorio para los evaluadores. Así, se advirtió que las Bases Estándar delimitan taxativamente los documentos que pueden exigirse para la admisión de las ofertas, por lo que las Entidades no se encuentran facultadas para incorporar requerimientos adicionales. Por consiguiente, se advirtió la posible existencia de un vicio en las reglas del procedimiento de selección, al haberse establecido exigencias documentales no contempladas en las Bases Estándar, situación que podría comprometer la validez del procedimiento y que fue puesta en conocimiento de las partes y de la Entidad, a fin de que formularan los argumentos que estimaran pertinentes.

• Por su parte, al absolver el traslado de nulidad, la Entidad señaló que, si bien el

numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento de la Ley N° 32069 establece el uso obligatorio de las Bases Estándar y el numeral 2.2.1.1 de estas prohíbe incorporar documentos adicionales como requisitos para la admisión de las ofertas, también contemplan una excepción que permite solicitar documentación destinada a acreditar determinadas características técnicas o requisitos funcionales del bien, siempre que resulte indispensable verificar tales aspectos en dicha etapa. Al respecto, sostuvo que la exigencia del carné de sanidad del personal tuvo como finalidad prevenir riesgos de contaminación relacionados con la manipulación y comercialización de alimentos; que el certificado o constancia de desratización, desinsectación y desinfección del establecimiento comercial estuvo orientado a acreditar la aplicación de medidas de saneamiento y control de plagas; y que el certificado de capacitación del personal tuvo por objeto garantizar el conocimiento y la aplicación de buenas prácticas de manipulación e higiene alimentaria, considerando lo dispuesto en el artículo 85 del Decreto Supremo N° 007-98-SA.

• Asimismo, manifestó que los documentos cuestionados fueron incluidos desde las

Bases del procedimiento de selección y se mantuvieron en las Bases Integradas, por lo que no fueron incorporados de manera sobrevenida ni discrecional durante la etapa de admisión de ofertas. En ese sentido, indicó que su publicación permitió que los participantes conocieran anticipadamente las exigencias documentales, garantizando la transparencia, previsibilidad e igualdad de trato, en tanto todos se encontraban sujetos a las mismas reglas.

• Finalmente, la Entidad sostuvo que existían fundamentos técnicos y documentales

que justificarían la conservación del procedimiento de selección, toda vez que las exigencias cuestionadas habrían respondido a una finalidad pública legítima y fueron establecidas con anterioridad a la presentación de ofertas. Por ello, solicitó que, previa valoración integral de la estrategia de contratación, de la normativa sanitaria aplicable y de las circunstancias del procedimiento, se determine que no corresponde declarar su nulidad, sin perjuicio de verificar si los documentos exigidos se encuentran comprendidos en la excepción prevista en las Bases Estándar.

• Al respecto, si bien la Entidad sostiene que las Bases Estándar contemplan una

excepción que permite incorporar documentación adicional como requisito para la admisión de las ofertas, dicha disposición no puede interpretarse como una habilitación irrestricta para establecer cualquier exigencia documental que considere necesaria, pues las propias Bases Estándar establecen condiciones específicas que deben cumplirse para hacer uso de dicha facultad excepcional.

• En ese sentido, resulta pertinente revisar lo establecido en las Bases Estándar

sobre el particular, conforme se muestra a continuación:

En efecto, de la revisión de las Bases Estándar se advierte que estas contemplan, de manera excepcional, la posibilidad de que la Entidad solicite documentación adicional como requisito para la admisión de la oferta, siempre que dicha exigencia se encuentre sustentada en la estrategia de contratación, en la cual se justifique la necesidad indispensable de verificar, durante dicha etapa, determinadas características del bien objeto de la convocatoria. Asimismo, establecen que la Entidad debe precisar expresamente qué documentación debe presentar el postor y cuáles son las características técnicas y/o los requisitos funcionales específicos del bien que se pretenden acreditar mediante aquella. Del mismo modo, las Bases Estándar disponen que la Entidad debe identificar con claridad los aspectos de las características y/o los requisitos funcionales que serán acreditados mediante la documentación requerida. Asimismo, precisan que no corresponde exigir, bajo este supuesto, documentos vinculados con los requisitos de calificación del postor, tales como la capacidad legal, la capacidad técnica y profesional o la experiencia del postor; tampoco documentación referida al equipamiento, infraestructura, calificaciones o experiencia del personal en general.

• Sin embargo, en el caso concreto, de la revisión de las Bases Integradas no se

advierte que la Entidad haya identificado qué características técnicas o requisitos funcionales específicos de los bienes objeto de la convocatoria pretendía acreditar mediante la presentación del carné de sanidad del personal, del certificado o constancia de desratización, desinsectación y desinfección del establecimiento comercial y del certificado de capacitaciones del personal. Tampoco se aprecia que dichas exigencias hayan sido incorporadas conforme a los términos previstos en las Bases Estándar, esto es, precisando la documentación requerida y detallando concretamente las características técnicas o los requisitos funcionales de los bienes que se buscaba acreditar con cada uno de esos documentos.

• En relación con lo expuesto, debe tenerse en cuenta que las exigencias que son

objeto de análisis no están relacionadas a los bienes objeto de contratación, sino al personal respecto a su capacitación en temas de higiene y su carnet sanitario, razón que evidencia que dichas exigencias no correspondían ser requeridas como un requisito de admisión de las ofertas.

• Aunado a ello, debe considerarse que la aplicación de dicha excepción exige que

la necesidad de verificar tales características durante la etapa de admisión de las ofertas se encuentre previamente sustentada en la estrategia de contratación. No obstante, de los argumentos expuestos por la Entidad en atención al traslado de nulidad no se advierte que haya acreditado el cumplimiento de dicho presupuesto, pues se ha limitado a explicar las finalidades que motivaron la incorporación de los documentos cuestionados, sin demostrar que la necesidad de exigirlos en la etapa de admisión hubiera sido identificada y justificada en la estrategia de contratación, conforme lo exigen las Bases Estándar.

• Por otro lado, respecto de los argumentos de la Entidad relacionados con la

finalidad sanitaria de los documentos exigidos, cabe señalar que el hecho de que el carné de sanidad del personal, el certificado de desratización, desinsectación y desinfección, así como el certificado de capacitaciones, puedan contribuir a prevenir riesgos sanitarios o promover buenas prácticas de manipulación de alimentos, no determina que puedan exigirse automáticamente como documentos para la admisión de las ofertas. En efecto, la pertinencia o utilidad de tales documentos para la contratación no exime a la Entidad de observar las condiciones y restricciones establecidas en las Bases Estándar para incorporarlos en dicha etapa.

• En esa misma línea, la invocación del artículo 85 del Decreto Supremo N° 007-98-

SA, referido a la capacitación en higiene de alimentos, tampoco resulta suficiente para justificar su exigencia como documento de admisión, toda vez que la existencia de una obligación de carácter sanitario no implica, por sí misma, que su acreditación deba efectuarse necesariamente durante la presentación de ofertas, menos aun cuando las Bases Estándar aplicables establecen reglas específicas para determinar qué documentación puede exigirse en dicha oportunidad.

• Finalmente, respecto de la solicitud de conservación del procedimiento de

selección, corresponde señalar que, si bien el interés público debe ser considerado al determinar las consecuencias de una eventual declaración de nulidad, este no puede invocarse para justificar la conservación de actuaciones que contravengan disposiciones de obligatorio cumplimiento. En ese sentido, la finalidad sanitaria alegada por la Entidad para justificar la exigencia del carné de sanidad del personal, del certificado de desratización, desinsectación y desinfección del establecimiento comercial, así como del certificado de capacitaciones del personal, no la exime de observar las condiciones establecidas en las Bases Estándar para incorporar excepcionalmente documentación adicional como requisito para la admisión de las ofertas. Por tanto, pretender justificar la conservación del procedimiento sobre la base de la utilidad o pertinencia de tales documentos implicaría convalidar exigencias que no habrían cumplido los presupuestos previstos para su incorporación, particularmente, su necesario sustento en la estrategia de contratación y la identificación expresa de las características técnicas y/o los requisitos funcionales específicos de los bienes que se pretendía acreditar. Dicha situación comprometería la legalidad de las reglas del procedimiento de selección.

• Por consiguiente, los argumentos expuestos por la Entidad no desvirtúan el vicio

advertido en el traslado de nulidad, toda vez que no se ha acreditado el cumplimiento de las condiciones excepcionales que permiten incorporar documentación adicional como requisito para la admisión de las ofertas.

• Por tanto, considerando que el vicio advertido radica en la incorporación, en las

Bases Integradas, de documentos adicionales como requisitos para la admisión de las ofertas, pese a no encontrarse contemplados en las Bases Estándar aplicables, se aprecia que dicha situación reviste relevancia para la validez del procedimiento de selección, en tanto supondría el establecimiento de exigencias contrarias a las reglas que rigen su desarrollo, las cuales pudieron incidir en las condiciones bajo las que los proveedores debían preparar y presentar sus ofertas.

• En consecuencia, se aprecia que la Entidad incorporó exigencias documentales

para la admisión de las ofertas sin observar las condiciones excepcionales previstas en las Bases Estándar, lo que constituye un vicio trascendente que no resulta susceptible de conservación. Por tanto, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, de conformidad con el marco normativo aplicable. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la controversia planteada por el Impugnante se encuentra relacionada con el vicio advertido, circunstancia que refuerza su carácter trascendente y, por tanto, su imposibilidad de conservación.

• Ahora bien, por las consideraciones expuestas, en atención a la potestad otorgada

a este Tribunal en el artículo 70 de la Ley y en concordancia con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las Bases, a fin de que la Entidad proceda a eliminar los literales h), i) y j) del numeral 2.2.1.1 (Documentos para la admisión de la oferta), teniendo en consideración lo expuesto en la presente resolución. Lo expuesto determina que la Entidad deberá verificar el cumplimiento de todas las disposiciones aplicables al caso concreto, sin que la presente resolución implique la convalidación de otros extremos que no hayan sido objeto de análisis.

• Por otro lado, en atención a lo dispuesto en el numeral 70.3 del artículo 70 de la

Ley, este Colegiado considera que la presente resolución debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad, de la Autoridad de la Gestión Administrativa y de su Órgano de Control Institucional, a fin de que tomen conocimiento del vicio advertido y adopten las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones. Asimismo, corresponde exhortar a las áreas que intervienen en el procedimiento de selección a que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública, a fin de evitar futuras nulidades que, de producirse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• En atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del

Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto declarar la nulidad del procedimiento de selección, corresponde ordenar la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante con motivo de la interposición de su recurso de apelación.

• Cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad deberá

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007- 2025-OECE-CD, «Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE». Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Juan Carlos Cortez Tataje y la intervención de los vocales Sonia Tatiana Angulo Reátegui y Danny William Ramos Cabezudo y, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE publicada el 5 de octubre de 2026 en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE; analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la nulidad de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 15-

2026-HRDC.-1, convocada por el Gobierno Regional de Cajamarca - Hospital Cajamarca, para la “Adquisición de carne de res (fresco), para la atención con raciones alimenticias a los pacientes hospitalizados del Hospital Regional docente de Cajamarca”, debiéndose retrotraer a la etapa de su convocatoria, previa reformulación de las bases, conforme a los alcances señalados en la fundamentación.

• Devolver la garantía presentada por el proveedor NEGOCIOS YULIÑO E.I.R.L., para

la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad, a la Autoridad de la

Gestión Administrativa y a su Órgano de Control Institucional, para que en mérito a sus atribuciones adopten las acciones que correspondan, conforme al fundamento 37.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en Directiva N° 007-2025- OECE/CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

Ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui.