Resolución N.° 9564-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) es importante señalar que, para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable.” Lima, 3 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 3 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 10588-2024.TCP, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra HÉCTOR JESÚS DEL CASTILLO RUIZ, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023 ESSALUD/RAHZ-1, convocada por el Seguro Social de Salud, para la “contratación del servicio de alquiler de 01 camioneta con carrocería pick up para el servicio de movilidad local para transporte de personal asistencial y administrativo para actividades extramuros del Hospital II Huaraz y traslado de activida”; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• Con Decreto del 7 de mayo de 2026, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra el señor Héctor Jesús del Castillo Ruiz (con R.U.C. N° 10441972909), en adelante el Postor, por su supuesta responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023 ESSALUD/RAHZ-1, en adelante el procedimiento de selección, para la “Contratación del servicio de alquiler de 01 camioneta con carrocería pick up para el servicio de movilidad local para transporte de personal asistencial y administrativo para actividades extramuros del Hospital II Huaraz y traslado de actividades administrativas para el Hospital II Huaraz por el periodo de doce (12) meses”, por un valor estimado de S/ 116,820.00 (ciento dieciséis mil ochocientos veinte con 00/100 soles), convocado por el Seguro Social de Salud, en lo sucesivo la Entidad; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del

artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones

del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, respectivamente, en lo sucesivo el TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. La presunta información inexacta y documento falso o adulterado es el siguiente:

• Certificado Médico N° 0259361 de fecha 29 de agosto de 20231,

presuntamente emitido a favor de don José Alberto Jara Molina, mediante el cual se certifica lo siguiente: “Certificado de buena salud, que don José Alberto Jara Molina (...) ha sido examinado en el Centro de Salud Nicrupampa con los siguientes exámenes: sífilis, HIV, glucosa, con resultado negativo. Y grupo sanguíneo O+”. Dicho Decreto dispuso notificar al Postor para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente administrativo. Como sustento para disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, valoró la denuncia realizada por la Entidad, mediante Oficio N° 000059- DIRE-RAHZ-ESSALUD-2024 del 18 de septiembre de 20242, presentada el 24 de septiembre de 2024 ante la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, adjuntando el Informe Técnico N° 01-UAYSG-OADM-D-RAHZ-ESSALUD-2024 del 24 de enero de 20243, en los cuales se indicó que el Postor habría presentado, como parte de su oferta, información inexacta y/o documentación falsa o adulterada.

• Mediante el Escrito N° 001-2026 del 1 de junio de 2026, el Postor se apersonó al

procedimiento administrativo y formuló sus descargos, señalando principalmente lo siguiente:

• Con relación a la falsedad, señala que la Microred de Salud de Nicrupampa, en

base a la revisión de la ficha de atención y exámenes médicos del año 2022 del 1 Obrante de folios 163 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 2 Obrante de folios 2 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 3Obrante a folios 5 al 16 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

señor José Alberto Jara Molina, sostiene que el Certificado médico N° 0259361 de fecha 29 de agosto de 2023 (documento cuestionado) es falso; sin embargo, ello afecta al principio de verdad material, por cuando su persona y el señor Jara fueron los que han tramitado el referido documento; por ende, solicita que se requiera información a la mencionada Microred y al médico que suscribió el documento sobre la autenticidad del mismo.

• Respecto a la información inexacta, indica que su oferta fue descalificada y el

procedimiento de selección declarado desierto; de modo que, al no haber obtenido ventaja o beneficio alguno, en el marco del principio de retroactividad benigna, solicita la aplicación de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

• Con el Decreto del 14 de julio de 2026, la Secretaría Técnica del Tribunal solicitó a

la Entidad y a otros remitir diversa documentación.

• A través del Decreto del 5 de agosto de 2026, se dispuso tener por apersonado al

Postor y por presentados sus descargos.

• El 5 de agosto de 2026, a través del Toma Razón Electrónico, se publicó el Informe

de Instrucción N° 162-2026/HVCH-ST1 del 5 de agosto de 2026, conforme a lo prescrito en el artículo 361 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, mediante el cual la Secretaría Técnica determinó no ha lugar la imposición de sanción en contra del Postor, por su presunta responsabilidad de haber presentado, como parte de su oferta, información inexacta y/o documentación falsa o adulterada.

• Con el Decreto del 10 de agosto de 2026, se tuvo por notificado al Postor el

Informe de Instrucción N° 162-2026/HVCH-ST1 del 5 de agosto de 2026, registrado en el Sistema Informático del Tribunal, conforme se acredita con la constancia de lectura publicada en el Toma Razón Electrónico. En consecuencia, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, el cual fue recibido por el vocal ponente en la misma fecha.

• Por medio del Decreto del 26 de agosto de 2026, este Tribunal solicitó a la Entidad

y a otros que remitan diversa documentación.

• A través del Oficio N° 069-2026-MS-GRA/DIRESA/RSHS/CSN/JEF del 8 de

septiembre de 2026, presentado en la misma fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Red de Salud Huaylas Sur - Microred Nicrupampa remitió la información solicitada mediante el Decreto del 26 de agosto de 2026.

• Mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE-PRE de

fecha 5 de octubre de 2026, publicada en el Diario Oficial El Peruano en la misma fecha, se formalizó el Acuerdo Nº 001-0142026/OECE-CD del Consejo Directivo que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal de Contrataciones Públicas del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes.

II. FUNDAMENTACIÓN

• El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Postor, al

haber presentado, como parte de su oferta, presunta información inexacta y/o documentos falsos o adulterados, en el marco del procedimiento de selección, convocado por la Entidad; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley.

• Asimismo, no obstante que la comisión de la infracción habría ocurrido durante la

vigencia del TUO de la Ley, debe tenerse en cuenta que, el 22 de abril de 2025, entró en vigencia de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la nueva Ley; así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por lo tanto, si en el presente análisis se advirtiera la aplicación de una disposición más favorable a los administrados, se aplicará en atención al principio de retroactividad benigna. Naturaleza de las infracciones

• El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley establecía que los

proveedores, participantes, postores o contratistas, incurren en infracción susceptible de sanción cuando presentan documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE)4 o a la Central de Compras Públicas – Perú Compras. 4 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, establece que incurren en infracción administrativa los proveedores, participantes, postores o contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al OECE y a la Central de Compras Públicas – Perú Compras.

• En el caso de las Entidades, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de

un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al OECE, el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.

• Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

• Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar que los documentos

cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el Tribunal, ante el RNP, ante el OECE o ante la Central de Compras Públicas – Perú Compras. Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante.

• Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad, adulteración o inexactitud de la documentación presentada, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de un documento falso o adulterado o de información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un representante; consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de falsedad o adulteración de la documentación cuestionada, conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por quien aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la presentación de información inexacta, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre, lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 2 de junio de 2018.

• En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e

información inexacta supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del

• Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber,

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 56 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. De manera concordante con lo manifestado, el numeral 42.1 del artículo 42 del mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos.

• Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. Configuración de las infracciones

• En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Postor se

encuentra referida a la presentación, como parte de su oferta, de la siguiente documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información inexacta: Presunto documento falso o adulterado y/o con información inexacta:

• Certificado Médico N° 0259361 de fecha 29 de agosto de 20235,

presuntamente emitido a favor de don José Alberto Jara Molina, mediante el cual se certifica lo siguiente: “Certificado de buena salud, que don José Alberto Jara Molina (...) ha sido examinado en el Centro de Salud Nicrupampa con los siguientes exámenes: sífilis, HIV, glucosa, con resultado negativo. Y grupo sanguíneo O+”.

• Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad; ii) la falsedad o adulteración y/o inexactitud de los documentos presentados, en este último caso, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

• Con relación al primer elemento, de la revisión de la ficha SEACE del

procedimiento de selección, se advierte que a las 23:13:58 horas del 29 de septiembre de 2023, el Postor presentó su oferta de forma electrónica, conforme se aprecia a continuación: 5 Obrante de folios 163 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

Asimismo, cabe mencionar que de la oferta se aprecia el documento cuestionado consistente en el Certificado Médico N° 0259361 de fecha 29 de agosto de 2023, obrante a folio 44; el mismo también forma parte del expediente administrativo sancionador a folio 163. Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado a la Entidad, como parte de la oferta del Postor, corresponde abocarse al análisis para determinar si el contenido es falso, adulterado o si contiene información inexacta. Respecto a la presunta falsedad o adulteración y/o información inexacta del documento consignado en el fundamento 11: Respecto a la supuesta falsedad o adulteración del documento cuestionado

• Se cuestiona la veracidad del Certificado Médico N° 0259361 de fecha 29 de

agosto de 20236, presentado por el Postor, como parte de su oferta, el cual se reproduce a continuación: 6 Obrante de folios 163 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

De la reproducción de la imagen anterior, se aprecia que el Certificado médico habría sido emitido el 29 de agosto de 2023, suscrito por el señor Cristian Edmundo Saavedra Alvites en calidad de médico cirujano de la Micro Red Nicrupampa - Red de Salud Huaylas Sur.

• Sobre el particular, mediante el Oficio N° 562-D-RAHZ-ESSALUD-2023 del 25 de

octubre de 20237, la Dirección de la Red Asistencial de Huaraz solicitó a la Microred de Nicrupampa - Red de Salud Huaylas Sur que confirme la veracidad, inexactitud o falsedad del Certificado médico N° 0259361 de fecha 29 de agosto de 20238 (documento cuestionado), emitido a favor del señor José Alberto Jara Molina.

• En respuesta a lo solicitado, mediante el Oficio N° 0234-2023-

DIRESA/RSHS/MR.NICRUPAMPA/CSN/JEF del 2 de noviembre de 20239, la Microred de Nicrupampa - Red de Salud Huaylas señaló que, de la revisión de la historia clínica del señor José Alberto Jara Molina, se advierte atenciones en el año 2022, lo que habría generado la emisión del Certificado médico N° 0259361 con fecha 29 de agosto de 2022; de modo que, concluye que el documento cuestionado es adulterado en el año del certificado, conforme se muestra a continuación: 7 Obrante a folios 21 al 22 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 8Obrante a folio 163 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 9Obrante a folio 18 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

Cabe precisar que si bien la Microred de Nicrupampa - Red de Salud Huaylas menciona que, de acuerdo a la historia clínica del señor Jara del año 2022, se habría emitido el Certificado médico N° 0259361 de fecha 29 de agosto de 2022, lo cierto es que no remitió copia del referido certificado.

• Asimismo, mediante el Oficio N° 069-2026-MS-GRA/DIRESA/RSHS/CSN/JEF del 8

de septiembre de 2026, la Microred de Nicrupampa - Red de Salud Huaylas indicó que el documento cuestionado “posiblemente” esté adulterado en la fecha.

Además, debido a que el certificado solo se expide en original, recomendó que se solicite el original al señor José Jara Molina, conforme se muestra a continuación:

• En este punto, este Colegiado considera importante recordar que, para establecer

la responsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas que resulten suficientes para determinar, de forma indubitable, la comisión de la infracción administrativa que se imputa; es decir, produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y, con ello, se logre desvirtuar la presunción de veracidad.

Por consiguiente, en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa del administrado, deberá prevalecer la presunción de licitud, aplicable también al derecho administrativo sancionador, conforme a lo previsto en el numeral 9 del

artículo 230 del TUO de la LPAG.

• Sobre la base de las consideraciones expuestas, en el presente caso, se cuestiona

el Certificado Médico N° 0259361 de fecha 29 de agosto de 2023, supuestamente suscrito por el señor Cristian Edmundo Saavedra Alvites en calidad de médico cirujano de la Micro Red Nicrupampa - Red de Salud Huaylas Sur a favor del señor José Alberto Jara Molina. Al respecto, en un principio, la referida Microred señaló que, de la revisión de la historia clínica del señor Jara, se advirtieron atenciones en el año 2022, por lo que el documento cuestionado sería adulterado en el año de emisión; luego, mediante el Oficio N° 069-2026-MS-GRA/DIRESA/RSHS/CSN/JEF del 8 de septiembre de 2026, la referida Microred agrega que el documento cuestionado “posiblemente” esté adulterado, asimismo, recomendó solicitar el documento original al señor Jara. Como se puede advertir, la respuesta de la Micro Red Nicrupampa - Red de Salud Huaylas no es categórica en precisar si emitió o no el documento cuestionado; así como, si bien indica que, en el año 2022, emitió el Certificado médico N° 0259361 del 29 de agosto de 2022, no ha remitido copia del mismo para efectuar la comparación con el documento cuestionado; por el contrario, sobre el mismo ante un requerimiento de información de la Secretaría Técnica del Tribunal ha señalado que “posiblemente” esté adulterado, respuesta que no es categórica, ni concluyente sobre la adulteración del documento cuestionado. Asimismo, en sus descargos, el Contratista ha adjuntado declaración jurada del señor José Alberto Jara Molina, quien señala que, en el año 2023 también pasó consulta médica y le emitieron el certificado cuestionado, para lo cual, el médico tratante le habría señalado que no era necesario realizar nuevos exámenes, debido a que en la historia clínica obraban evaluaciones realizadas en un lapso menor a un año, tal como se advierte a continuación:

Del mismo modo, el Contratista precisó que, en el año 2023, también se realizaron evaluaciones médicas al señor Jara, incluyendo una pericia psicológica, la cual se reproduce a continuación:

Al respecto, debe recordarse que para determinar la responsabilidad administrativa de un administrado es indispensable contar con pruebas suficientes que permitan acreditar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad del presunto infractor, de conformidad con el principio de verdad material. En presencia de dudas razonables, corresponde la aplicación del principio in dubio pro reo, igualmente válido en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador. Este principio opera cuando la prueba resulta insuficiente para concluir con certeza la existencia de una conducta infractora. En concordancia con ello, el numeral 9 del artículo 230 del TUO de la LPAG establece el principio de presunción de licitud, según el cual se presume que los administrados han actuado conforme a sus deberes, en tanto no se cuente con evidencia en contrario. Por tanto, en el presente expediente, no existen pruebas concluyentes para sostener que el documento cuestionado sea falso o adulterado. En consecuencia, permanece incólume el principio de presunción de veracidad del que se encuentra premunido dicho instrumento, por lo que no se ha configurado la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. Respecto a la supuesta inexactitud del documento cuestionado

• Debe tenerse en cuenta que, además de imputarse la falsedad o adulteración del

Certificado Médico N° 0259361 de fecha 29 de agosto de 2023, también se ha señalado que contendría información inexacta.

• En ese orden de ideas, resulta indispensable precisar que, para la configuración

del tipo infractor de presentación de información inexacta, no basta con la constatación de la discrepancia con la realidad, sino que además debe acreditarse que dicha inexactitud guarda relación con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito, y que le represente la obtención de una ventaja o beneficio dentro del procedimiento de selección o durante la ejecución contractual, independientemente de que ello se logre.

• En dicho contexto, es oportuno recordar que, para la configuración del tipo

infractor, deberá acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, independientemente de que ello se logre.

Al respecto, corresponde indicar que para la configuración del segundo requisito, materia de análisis, el literal I) del artículo 87 de la nueva Ley, establece que para constituir la infracción referida a proporcionar información inexacta es necesario que dicha información se encuentre relacionada con un requerimiento, factor de evaluación o requisito del procedimiento, y que incida necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto, ya sea en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Esta exigencia representa una diferencia sustancial respecto del TUO de la Ley y su Reglamento (normativa anterior), la cual no requería que el beneficio obtenido fuera concreto. Según el régimen anterior, bastaba con que la inexactitud estuviera relacionada con el cumplimiento de los requisitos, factores de evaluación o requerimientos mencionados, y que dicha relación potencialmente representara una ventaja o beneficio para el administrado, independientemente de si éste se materializaba o no. Es decir, el tipo infractor se configuraba incluso si no existía un resultado efectivo favorable para el postor o contratista. Este criterio fue respaldado por el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE, que estableció que no era necesario demostrar el beneficio concreto, sino únicamente la posibilidad de obtener una ventaja indebida mediante la presentación de la información inexacta. En virtud de lo anterior, la exigencia actual de que el beneficio sea concreto y directo implica un mayor estándar probatorio, lo cual constituye una garantía adicional para el administrado, al reducir los márgenes de discrecionalidad o arbitrariedad en la determinación de la infracción. Por lo tanto, esta modificación normativa resulta más favorable y, conforme al principio de retroactividad benigna —reconocido en el artículo 103 de la Constitución y en los principios del derecho administrativo sancionador— corresponde su aplicación retroactiva en beneficio del presunto infractor.

• En el caso concreto, se advierte que el documento cuestionado fue presentado

por el Postor para acreditar lo solicitado en el numeral B.4, Experiencia del personal clave del numeral 3.2, Requisitos de calificación, del Capítulo III de la

conforme se muestra a continuación:

• No obstante, del Acta de apertura de sobres, evaluación de las ofertas y

calificación del 19 de septiembre de 2023, se advierte que la oferta presentada por el Postor fue descalificada, precisamente, por no cumplir con el requisito del personal clave. Adicionalmente, se advierte que el procedimiento de selección fue declarado desierto, conforme se muestra a continuación:

En consecuencia, este Colegiado considera que no se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa del Postor por la presunta presentación de información inexacta en el documento cuestionado. Por tanto, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez y la intervención de los vocales Christian Cesar Chocano Davis y César Arturo Sánchez Caminiti; atendiendo a la reconformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en edición extraordinaria del Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 11 de abril de 2025; analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el proveedor HÉCTOR JESÚS

DEL CASTILLO RUIZ (con R.U.C. N° 10441972909) por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023 ESSALUD/RAHZ-1, convocada por el Seguro Social de Salud, para la “contratación del servicio de alquiler de 01 camioneta con carrocería pick up para el servicio de movilidad local para transporte de personal asistencial y administrativo para actividades extramuros del Hospital II Huaraz y traslado de activida”; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos.

• Archivar de manera definitiva el presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Chocano Davis. Sánchez Caminiti.

VOTO EN SINGULAR DE LA VOCAL ANNIE ELIZABETH PÉREZ GUTIERREZ

La vocal que suscribe coincide con el voto en mayoría en que corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el Postor en ambos extremos imputados en su contra; sin embargo, discrepa respetuosamente de la fundamentación del extremo referido a la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley (presentación de información inexacta), en tanto el voto en mayoría no analiza si el documento cuestionado contiene o no información inexacta y sustenta su

A criterio de la suscrita, antes de verificar si hay o no beneficio, se debe analizar si existe o no inexactitud; razón por la cual emite el presente voto en singular, sobre la base de los siguientes fundamentos: Sobre la presunta información inexacta del Certificado Médico N° 0259361

• Conforme se señala en el voto en mayoría, en el presente caso el Postor presentó

el Certificado Médico N° 0259361 de fecha 29 de agosto de 2023 (documento cuestionado) como parte de su oferta ante la Entidad (véase fundamento 13), por lo que se encuentra acreditada entonces su presentación. Atendiendo a ello, corresponde determinar si dicho documento contiene o no información inexacta, como primer elemento para determinar la configuración del tipo infractor bajo análisis.

• A propósito, resulta pertinente traer a colación que el tipo infractor previsto en el

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley exige la concurrencia de dos requisitos, conforme se reconoce en el propio voto en mayoría (véase fundamentos 7 y 21) y que también son recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 del 11 de mayo de 2018, los cuales se detallan a continuación:

• Que se haya presentado información inexacta, esto es, un contenido que no

es concordante con la realidad; y ii) Que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. En similar sentido, el literal l) del artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la nueva Ley, exige que la información inexacta se relacione con un requerimiento, factor de evaluación o requisito del procedimiento y que incida necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto.

• Como se aprecia, bajo ambos regímenes normativos, el segundo requisito califica

al primero, es decir, lo relaciona con un requerimiento, factor de evaluación o requisito, y la ventaja o beneficio, y, por tanto, presuponen su existencia. De allí que el análisis deba efectuarse en un orden lógico, primero, determinar si existe inexactitud; y solo si esta se acredita, evaluar si guarda relación con un requerimiento, factor de evaluación o requisito, y si incide en una ventaja o beneficio.

• Prescindir del primer análisis y pronunciarse únicamente sobre el segundo

requisito supone dar por indeterminada la existencia de inexactitud, lo cual no resulta compatible con el principio de tipicidad, que exige verificar que se haya configurado el supuesto de hecho completo previsto en el tipo infractor, ni con el deber de motivación y el principio del debido procedimiento, pues el Postor no conocería si, a criterio de este Colegiado, el documento que presentó es o no inexacto pese a que fue materia de imputación.

• En efecto, una conclusión basada solo en la ausencia de ventaja o beneficio dejaría

subsistente y sin sustento probatorio alguno la sospecha de que el documento contendría información inexacta.

• Además, debe tenerse presente que, conforme al numeral 1.7 del artículo IV del

administrados se presume veraz, y dicha presunción admite prueba en contrario, cuya actuación corresponde a la Administración. Así, la inexactitud debe acreditarse con prueba suficiente que permita contrastar el contenido del documento con la realidad y que genere convicción más allá de la duda razonable, contrario sensu, operaría la presunción de licitud prevista en el numeral 9 del

artículo 230 del TUO de la LPAG respecto de dicho documento.

• En el presente caso, el documento cuestionado certifica que el señor José Alberto

Jara Molina fue examinado en el Centro de Salud Nicrupampa, con resultado negativo en los exámenes de sífilis, HIV y glucosa, y con grupo sanguíneo O+; y aparece suscrito por el señor Cristian Edmundo Saavedra Alvites, en calidad de médico cirujano de la Micro Red Nicrupampa - Red de Salud Huaylas Sur (véase fundamento 14 del voto en mayoría).

• Para el caso de autos el único elemento de contraste con la realidad que obra en

el expediente son las comunicaciones de la Microred de Nicrupampa - Red de Salud Huaylas Sur, presunta emisora del documento, la cual, mediante el Oficio N° 0234-2023-DIRESA/RSHS/MR.NICRUPAMPA/CSN/JEF del 2 de noviembre de 2023, indicó que, de la historia clínica del señor Jara, se advierten atenciones en el año 2022, lo que habría generado la emisión del Certificado Médico N° 0259361 con fecha 29 de agosto de 2022, por lo que concluyó que el documento cuestionado sería adulterado en el año, sin remitir copia de dicho certificado. Sin embargo, posteriormente, mediante el Oficio N° 069-2026-MS-GRA/DIRESA/RSHS/CSN/JEF del 8 de septiembre de 2026, señaló que el documento “posiblemente” estaría adulterado en la fecha y, debido a que el certificado solo se expide en original, recomendó solicitar el original al señor Jara (fundamentos 16 y 17 del voto en mayoría).

• Es así que, para la suscrita, la discrepancia entre lo consignado en el documento

cuestionado y lo informado por su presunto emisor, así como la variación entre las propias respuestas de este, no permite identificar al documento cuestionado como inexacto, por las razones que se exponen a continuación.

• En primer lugar, el pronunciamiento del presunto emisor no es uniforme ni

categórico, toda vez que en su primera respuesta afirmó, como conclusión, que el documento era adulterado en el año de emisión; y, en la segunda, en cambio, se limitó a señalar que “posiblemente” lo estaría y condicionó su verificación a la revisión del original. Una respuesta que pasa de una afirmación a una mera posibilidad, y que remite a una verificación posterior sobre el original, lo cual constituye un pronunciamiento provisional que no genera certeza sobre hecho alguno y que, por tal motivo, no puede servir de base para determinar que el contenido del documento sea discordante con la realidad.

• En segundo lugar, aun si se tuviera por cierta la atención del señor Jara en el año

2022, ello tampoco permite concluir que el certificado del 29 de agosto de 2023 consigne datos contrarios a la realidad. Esto considerando que Microred (presunto emisor) solo cuestionó la fecha de emisión y la correspondencia del documento con una atención anterior, lo cual atañe a su autenticidad, pero no señala qué dato del certificado sería inexacto. En efecto, no afirma que el señor Jara no haya sido examinado en el Centro de Salud Nicrupampa, que no se hayan practicado los exámenes certificados, ni que los resultados consignados (sífilis, HIV y glucosa negativos, y grupo sanguíneo O+) difieran de los que constan en su historia clínica. En tales condiciones, no es posible establecer cuál es la realidad frente a la cual debe contrastarse la información del documento ni, en consecuencia, identificar discordancia alguna.

• En ese contexto, la discrepancia advertida por el presunto emisor constituye, a lo

mucho, un indicio de una eventual irregularidad en la fecha del documento, pero no prueba de manera fehaciente que su contenido sea discordante con la realidad. En consecuencia, no se ha acreditado el primer requisito del tipo infractor, esto es, la inexactitud del Certificado Médico N° 0259361 de fecha 29 de agosto de 2023, por lo que debe permanecer incólume la presunción de veracidad que ampara dicho documento cuestionado.

• Siendo así, al no haberse acreditado la existencia de información inexacta, la Vocal

suscrita considera carece de objeto proseguir con el análisis del segundo requisito, esto es, si la presentación del documento cuestionado ante la Entidad se encuentra relacionada con un requerimiento, factor de evaluación o requisito del procedimiento o si incide necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto. Pues dicho análisis solo cobra sentido respecto de una inexactitud previamente acreditada.

• En este punto, cabe traer a colación que la inexactitud es un elemento común a la

infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley y a la prevista ahora en el literal l) del artículo 87 de la nueva Ley, por lo que su falta de acreditación impide la configuración de la infracción bajo ambos regímenes normativos y en tal sentido, no resulta necesario determinar cuál de ellos es más favorable al Postor en aplicación del principio de retroactividad benigna.

• Por lo tanto, la vocal suscrita considera que no se encuentra acreditada la

responsabilidad administrativa del Postor por la presentación de información inexacta, al no haberse acreditado la inexactitud del documento cuestionado, por lo que corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción por la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley.

CONCLUSIONES:

Por los fundamentos expuestos, la Vocal que suscribe considera que corresponde:

• Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el proveedor HÉCTOR JESÚS

DEL CASTILLO RUIZ (con R.U.C. N° 10441972909) por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023 ESSALUD/RAHZ-1, convocada por el SEGURO SOCIAL DE SALUD; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley; en el primer extremo, por no haberse acreditado la inexactitud del documento cuestionado, conforme a los fundamentos del presente voto; y, en el segundo, por los fundamentos expresados en el voto en mayoría.

• Archivar de manera definitiva el presente expediente.

ANNIE ELIZABETH PEREZ GUTIERREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Pérez Gutiérrez.