Resolución N.° 9563-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) el comité excluyó estas experiencias al contrastar los 300 y 76 días declarados en dichos certificados con los plazos contractuales iniciales de 180 días de la consultoría de obra y de 60 días de la ejecución de obra, respectivamente. No obstante, la comparación efectuada por el comité no demuestra, por sí misma, que los periodos certificados sean incorrectos, teniéndose presente que durante la ejecución contractual el plazo de ejecución real puede extenderse y, de manera compatible, la intervención de la supervisión de obra”. Lima, 3 de noviembre de 2026 VISTO en sesión de fecha 3 de noviembre de 2026 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N.° 7440/2026.TCP - 7452/2026.TCP (acumulado), sobre los recursos de apelación interpuestos por el Consorcio La Zaranda, conformado por las empresas Técnicas de Ingeniería y Contratos S.A.C. - Teingecon S.A.C. y Harper Ingenieros S.A.C, y por el Consorcio O.E.A2, conformado por las empresas Acuario Construcciones S.A.C. y Grupo Empresarial Orfa Negocios Construcciones & Servicios S.A.C., en el marco de la Licitación Pública de Obras N° 001- 2026-MDP/C - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: “Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del Centro Poblado La Zaranda del distrito de Pítipo - provincia de Ferreñafe - departamento de Lambayeque, CUI N° 2456711”; atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• El 11 de agosto de 2026, la Municipalidad Distrital de Pítipo, en lo sucesivo la

Entidad, convocó la Licitación Pública de Obras N° 001-2026-MDP/C - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: “Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del Centro Poblado La Zaranda del distrito de Pítipo - provincia de Ferreñafe - departamento de Lambayeque, CUI N° 2456711”, con una cuantía de S/ 5 915 162.80 (cinco millones novecientos quince mil ciento sesenta y dos con 80/100 soles); en lo sucesivo el procedimiento de selección.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF y modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento.

• El 15 de setiembre de 2026 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y

el 24 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a favor del postor Constructora Santalia S.A.C. (con R.U.C. N° 20570505786), en lo sucesivo el Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 5 619 404.66 (cinco millones seiscientos diecinueve mil cuatrocientos cuatro con 66/100 soles), a partir de los siguientes resultados: Postor Etapas Resultado Admisión Calificación Evaluación Buena Pro Puntaje E. técnica Oferta Económica S/ Puntaje E. Económica Puntaje Total Orden de Prelación Constructora Santalia S.A.C. Admitida Calificada 100 5,619,404.66 100 105 1 Sí Consorcio La Zaranda Admitida Descalificada — — — — — No Consorcio O.E.A2 Admitida Descalificada — — — — — No Constructora & Contratistas Generales

JD & HN E.I.R.L.

Constructora & Contratistas Generales Susan E.I.R.L. Consorcio Prizmic No admitida Consorcio Norte No admitida Consorcio Condor No admitida Expediente N° 7440/2026.TCP.

• Mediante escritos s/n, presentados el 6 y 9 de octubre de 2026, respectivamente,

en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor Consorcio La Zaranda, conformado por las empresas Técnicas de Ingeniería y Contratos S.A.C. - Teingecon S.A.C. (con R.U.C. N° 20481243361) y Harper Ingenieros S.A.C. (con R.U.C. N° 20603045616), en lo sucesivo el Consorcio Impugnante 1, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta, contra la calificación de la oferta ganadora y contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que: i) se revoque la descalificación de su oferta, declarándose calificada, ii) se declare descalificada la oferta del Adjudicatario y iii) se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, disponiéndose la continuación del procedimiento de selección; sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta

• El Consorcio Impugnante 1 señala que el comité descalifico su oferta al

considerar que el ingeniero Hugo Enrique Santisteban Alejandro, propuesto como residente de obra, no acreditaba la experiencia mínima exigida por las bases.

• Respecto de la experiencia N° 3, acreditada en el folio 474, señala que el

periodo declarado corresponde al intervalo comprendido entre el 3 de mayo y el 25 de octubre de 2016. Señala que la observación no cuestiona la identidad del profesional, cargo, obra ni existencia del periodo, sino solo la forma de expresar el año, por lo que considera desproporcionada la exclusión del documento.

• Sobre el certificado del folio 476, señala que el comité lo excluyó al considerar

que el plazo inicial de consultoría era de 180 días; sin embargo, el recurrente afirma que el acta de recepción de la obra registra ampliaciones de plazo de 33, 26, 42 y 20 días, que suman 121 días adicionales, por lo que el plazo resultante guarda correspondencia con los 300 días certificado. Considera que la verificación no podía limitarse al plazo inicial y prescindir de las ampliaciones aprobadas.

• En cuanto al certificado del folio 479, señala que el acta de recepción consigna

una ampliación de 17 días y como fecha real de término el 22 de setiembre de 2019; los 60 días iniciales más 17 días de ampliación suman 77 días, lo que también guarda correspondencia con el periodo certificado.

• Respecto del certificado del folio 480, sostiene que el acta de recepción

identifica al profesional como residente de obra, consigna el inicio de la obra el 9 de noviembre de 2020 y el término el 19 de mayo de 2021, y está suscrita por aquel en dicha calidad. Afirma además que la partida “Carpeta asfáltica en caliente de 2” forma parte de las metas ejecutadas y que su mención en el certificado no limita el cargo del profesional a aquella partida. Sobre la diferencia en el RUC del mismo certificado, considera que se trata de un error material en un dígito que no impide individualizar al profesional, cargo, obra, periodo, consorcio ni documentación contractual vinculada.

• Concluye que, al reincorporar las referidas experiencias, corresponde revertir

su descalificación. Cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario

• En cuanto a la oferta del Adjudicatario, señala que el requisito B.1 – Calificación

del Personal Clave exigió para el especialista de calidad el título profesional de ingeniero civil; sin embargo, la señora Diana Celina Doralis Prado Saavedra, propuesta como especialista de calidad, tiene el título de ingeniero civil ambiental y la documentación del Colegio de Ingenieros del Perú mantiene dicha denominación. Considera por ello que la profesional no cumple con la formación académica exigida por las bases, y afirma que la resolución universitaria adjuntada a la oferta no modificar las profesiones de las bases integradas ni convertir el título otorgado en otro. Solicita por ello descalificar la oferta del Adjudicatario y dejar sin efecto la buena pro. Expediente N° 7452/2026.TCP.

• Mediante Escritos N° 01-2026-CO.E.A2 y 02-2026-CO.E.A2, presentados el 6 y 9 de

octubre de 2026, respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, el postor Consorcio O.E.A2, conformado por las empresas Acuario Construcciones S.A.C. (con R.U.C. N° 20493560302) y Grupo Empresarial Orfa Negocios Construcciones & Servicios S.A.C. (con R.U.C. N° 20607488003), en lo sucesivo el Consorcio Impugnante 2, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que: i) se revoque la descalificación de su oferta, declarándose calificada y disponiéndose su evaluación, ii) se declare descalificada la oferta del Adjudicatario, iii) se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario y iv) se le otorgue la buena pro; sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta

• El Consorcio Impugnante 2 señala que el comité declaró descalificada su oferta

porque el señor César Augusto Tiparra de los Santos, propuesto como residente de obra, no habría acreditado los cuarenta y ocho (48) meses exigidos. De los trece certificados presentados se excluyeron las experiencias N° 2, 3 y 13 y se reconocieron tres años, seis meses y veinte días.

• Respecto de la experiencia N° 2 obrante en el folio 360 de su oferta, el

recurrente indica que el comité lo excluyó al contrastarlo con el plazo contractual de 240 días del contrato original. Sin embargo, el recurrente considera insuficiente esta comparación sin verificar modificaciones contractuales, ampliaciones, actas de recepción, liquidación y fechas reales de la prestación, así como la participación efectiva del profesional en la obra.

• Sobre la experiencia N° 3 del folio 361, sostiene que la obra "Creación de

pavimentación, veredas y áreas verdes de calles y avenida de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque" tuvo ampliaciones de 20 y 13 días y culminó el 10 de agosto de 2015, conforme al certificado y al acta de recepción, por lo que no corresponde desconocer su experiencia por contrastarla únicamente con el plazo inicial del contrato que la enmarca.

• En cuanto a la experiencia N° 13, obrante en folio 371, indica que la constancia

del Consorcio Nueva España es auténtica y acredita una prestación realizada. La diferencia entre "Valeria Estafany Meoño Perez", con DNI N° 72447794, consignada en el cuerpo, y "Valeria Stefany Meoño Perez", con DNI N° 72447797, que aparece en la firma, constituye un error material de identificación que no demuestra, por sí solo, falsedad ni inexistencia de la experiencia.

• Asimismo, cuestiona la conclusión sobre la autenticidad de sus certificados de

sostenibilidad ambiental y gestión de calidad, sustentada en que los códigos QR muestran información distinta. Considera que debe identificarse qué información es la que difiere, comprobar que el registro corresponde al mismo certificado y contrastar su emisión, contenido y vigencia con la empresa certificadora. Sobre la oferta del Adjudicatario

• Respecto del Adjudicatario, señala que los certificados de los folios 581, 582,

584 y 590, presentados para acreditar la experiencia del señor Román Arturo Gil Reaño como residente de obra, contienen incongruencias con los actuados obtenidos de INFOBRAS. También cuestiona la constancia del especialista ambiental del folio 623 por comprender un periodo de emergencia sanitaria por

COVID-19.

• Sobre la constancia del folio 581, indica que la obra “Mejoramiento del servicio

de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles del P.J. San Martín distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque”, registra en INFOBRAS una suspensión desde el 10 de marzo, con reinicio el 20 de marzo por el ciclón Yaku; paralización que ha sido omitida en la constancia.

• Respecto del certificado del folio 582 de la oferta, que acredita labores del

profesional con inicio el. 6 de octubre de 2022, afirma que el contrato de consultoría de supervisión fue suscrito el 11 de octubre de 2022, y considera imposible que iniciara labores cinco días antes de la firma del contrato.

• Respecto del folio 584, indica que el Consorcio Vial Cajamarca certificó que el

profesional fue residente de obra del 18 de octubre de 2021 al 3 de marzo de 2022. Sin embargo, sostiene que el acta de recepción registra la entrega de terreno e inicio de obra el 19 de octubre de 2021, por lo que considera imposible ejercer funciones de residente el día anterior.

• En torno al certificado del folio 590, señala que la información de INFOBRAS

registra la entrega de terreno el 2 de octubre y el inicio oficial de obra el 11 de octubre de 2017, por lo que considera que computar las labores de supervisión desde el 3 de octubre adelanta la fecha de inicio de labores, incrementando indebidamente la experiencia del profesional.

• Sobre el certificado del folio 623, indica que este acredita al profesional Willan

Vásquez Tenorio, con registro CIP N° 218928, como ingeniero ambiental especialista en la supervisión de obra del 13 de junio al 17 de octubre de 2020. Sobre ello, considera necesario verificar si la obra y la supervisión habían reiniciado actividades el 13 de junio de 2020, considerando el periodo de emergencia sanitaria.

• Finalmente, el Consorcio Impugnante 2 solicita descalificar la oferta del

Adjudicatario y dejar sin efecto la buena pro por incumplimiento de la experiencia del residente de obra y del especialista ambiental.

• Con decreto del 12 de octubre de 2026, se dispuso acumular los actuados del

Expediente N° 07452/2026.TCP al Expediente N° 07440/2026.TCP, se admitieron a trámite los recursos de apelación y se convocó a audiencia pública para el 19 de octubre de 2026. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal indicando expresamente su posición respecto de los fundamentos de los recursos interpuestos, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar los recursos de apelación a los postores distintos a los impugnantes, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, en el plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlos. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Quinta Sala del Tribunal, siendo recibido el 12 de octubre de 2026 por el vocal ponente.

• Mediante escrito N° 1 presentado el 14 de octubre de 2026, el Adjudicatario se

apersonó al procedimiento y absolvió el traslado de los recursos en los términos siguientes: Sobre los cuestionamientos del Consorcio Impugnante 1 contra su oferta

• Respecto del cuestionamiento del Consorcio La Zaranda a la formación

profesional de la profesional Diana Celina Doralis Prado Saavedra, propuesta como especialista de calidad, sostiene que el recurrente se limita a comparar literalmente la denominación "Ingeniero Civil Ambiental" con el título de ingeniero civil exigido, omitiendo la documentación académica presentada en la oferta.

• Indica que en el folio 563 incorporó el título de ingeniero civil ambiental

expedido por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; en el folio 564, la documentación de colegiatura, correspondiente al CIP N° 215053; y en los folios 565 y 566, la Resolución N° 050-2025-USAT-RTDO, emitida por la misma universidad. Por ello, sostiene que la equivalencia académica no fue construida durante la apelación, sino que estaba sustentada en la oferta y fue examinada por el comité.

• Sobre la experiencia del profesional Roman Arturo Gil Reaño, propuesto como

residente, señala que los folios 577 y 578 contienen un total declarado de 3431 días. Sostiene que los documentos invocados por el Consorcio O.E.A.2 para cuestionar cuatro experiencias no contienen declaraciones de los emisores ni acreditan concluyentemente que el profesional no desempeñara los cargos certificados en dichos documentos.

• Respecto del certificado del folio 581, emitido por la Municipalidad Provincial

de Lambayeque, indica que este acredita funciones de inspector del 1 de febrero al 1 de abril de 2023. Sostiene que el profesional actuó como representante de la entidad contratante en el control técnico y administrativo de la ejecución contractual, por lo que la suspensión de la ejecución de la obra no determina automáticamente el cese de su designación, la suspensión de su vínculo con la entidad ni la interrupción de todas sus funciones.

• Añade que durante una suspensión el inspector puede verificar el estado de la

obra, las condiciones de seguridad y conservación, elaborar informes, registrar incidencias y comprobar las condiciones del reinicio de la obra. Señala que las actas únicamente acreditan la suspensión del plazo del 10 al 19 de marzo de 2023, sin indicar que el inspector dejara de prestar servicios. Considera que correspondía al recurrente presentar un acto de cese o suspensión de la designación, registros, informes o un pronunciamiento municipal que negara la prestación, sin que resulte válido deducir su inactividad de la sola suspensión de la obra.

• Sobre los certificados de los folios 582 y 584, indica que contrastó las fechas

con la documentación de las obras y consultó telefónicamente a los emisores, quienes ratificaron su emisión, autenticidad y la participación efectiva del profesional cuestionado. Sin perjuicio de ello, descontados ambos periodos de los 3431 días declarados en su oferta, subsisten 3234 días, equivalentes a 107.80 meses, superiores a los 48 meses requeridos por las bases del procedimiento. Por ello, sostiene que los certificados no fueron determinantes para calificar y que corresponde evaluar las restantes experiencias originalmente incorporadas.

• Respecto de la conformidad del folio 590, señala que la Municipalidad

Provincial de Chiclayo acreditó servicios como supervisor del 3 de octubre al 31 de diciembre de 2017, identificando el contrato y su culminación sin penalidad. Indica que el terreno fue entregado el 2 de octubre y la ejecución física comenzó el 11 de octubre, por lo que el inicio de la supervisión el 3 de octubre es compatible con actuaciones previas, como verificar el terreno y las condiciones para comenzar.

• Subsidiariamente, sostiene que los cuatro periodos cuestionados suman 347

días y que, aun excluyéndolos íntegramente, el residente conservaría 3084 días, equivalentes a 102.80 meses, frente a los 48 exigidos.

• Sobre el profesional Willian Vasquez Tenorio, indica que el certificado del folio

623 acredita servicios como ingeniero ambiental especialista del 13 de junio al 17 de octubre de 2020. Añade que las suspensiones comenzaron el 3 de noviembre y el 8 de diciembre de 2020, después de culminada la participación de este profesional; de modo que el profesional trabajó dentro del plazo activo de la obra. Sobre la oferta del Consorcio Impugnante 1

• Respecto del Consorcio La Zaranda, el Adjudicatario cuestiona la experiencia

N° 5 del folio 509, por 469 días, y la experiencia N° 6 del folio 510, por 497 días, al sostener que los certificados identifican caminos vecinal esy no contiene información técnica que permita considerarlo carretera vecinal u otra tipología de vías urbanas según el requerimiento de las bases.

• Respecto de la experiencia N° 7 del folio 511, sostiene que la sola expresión

"puente peatonal" no demuestra que la obra pertenezca a vías urbanas. Añade que el certificado ubica la infraestructura en vías vecinales, sin acreditar su condición urbana, clasificación vial u otros elementos objetivos.

• Sobre la experiencia N° 3 del folio 507, sostiene que el certificado limita la

intervención a obras complementarias sin identificar sus componentes o partidas. En ese sentido, considera que la denominación del proyecto principal no puede trasladarse automáticamente a las prestaciones complementarias.

• Sostiene que, excluidas las experiencias 3, 5, 6 y 7, por un total 1144 días,

solo subsistirían 487 días, de experiencia del profesional, inferiores a los 24 meses que son requeridos en las bases. Por ello, considera que el Consorcio La Zaranda no puede obtener la condición de calificado, aunque desvirtuara el motivo inicial de su descalificación.

• Adicionalmente, cuestiona los certificados del profesional Hugo Enrique

Santisteban Alejandro, residente propuesto por el Consorcio La Zaranda, para el que las bases exigían 48 meses de experiencia y documentos que identificaran fehacientemente el cargo y las fechas de inicio y culminación de las labores desarrolladas. Sostiene que, descontados los 35.30 meses de los folios 474, 475, 476, 479, 481 y 482 del total de 64.47 meses, el residente conserva 29.17 meses de experiencia, lo que resultan inferiores al mínimo de 48 requerido por las bases. Sobre el Consorcio Impugnante 2

• Respecto del Consorcio O.E.A.2, señala que este postor fue descalificado

porque el profesional César Augusto Tiparra de los Santos no acreditó 48 meses como residente. Al respecto, el recurrente ratifica los motivos expresados por el comité para excluir las experiencias acreditadas mediante folios 360 y 361, sosteniendo que la posibilidad de ampliaciones y suspensiones no demuestra que el profesional permaneciera personalmente durante todo el periodo de las obras. Solicita por ello mantener su exclusión.

• Sobre la experiencia N° 13, del folio 371, señala que la constancia identifica

inicialmente a “Valeria Estafany Meoño Perez”, con DNI N° 72447794, mientras que en la firma figura “Valeria Stefany Meoño Pérez”, con DNI N° 72447797. Añade que se consigna el inicio de obra el 23 de septiembre de 2025, una suspensión el 13 de enero de 2025 y el reinicio de obra el 20 de enero de 2026, lo que considera una contradicción cronológica objetiva.

• Respecto de la experiencia N° 12, del folio 370, el Adjudicatario indica que el

Consorcio Esparta certificó servicios continuos del profesional César Augusto Tiparra De Los Santos como residente del 14 de enero al 9 de septiembre de 2025, pese a registrar una primera paralización del 3 de febrero al 10 de abril y una segunda del 2 al 19 de agosto de 2025. Señala que el cuadro elaborado por el postor pretende fraccionar unilateralmente el periodo y computar veinte (20), ciento catorce (114) y veintidós (22) días, obteniendo un total de ciento cincuenta y seis (156) días. No obstante, dicho cuadro no es un documento emitido por el empleador y no puede modificar el tenor del certificado, que atribuye al profesional un periodo personal continuo.

• Sostiene que, descontadas las experiencias N° 2, 3, 12 y 13 del total declarado

de 2151 días, el profesional solo cuenta con un periodo acumulado de 38.10 meses, que no cumplen con el mínimo de 48 meses exigidos por las bases.

• Con Informe Legal N° 138-2026-MDP/MIFS, registrado en el SEACE el 15 de octubre

de 2026, la Entidad absolvió el traslado de los recursos en los siguientes términos:

• El comité no computó el certificado del folio 474 del Consorcio La Zaranda

porque no consigna el año de inicio de la participación del profesional, ni el del folio 480 porque contiene un RUC inexistente y no permite determinar si el profesional fue residente de toda la obra o únicamente de la partida de carpeta asfáltica.

• Añade que el comité tampoco computó los certificados de las obras de

Nuevo Reque y de la urbanización Cruz de la Esperanza, entre otros, porque los periodos certificados excedían los plazos de los contratos invocados, verificados en el SEACE, sin que la oferta contuviera documentos que explicaran estas diferencias.

• Respecto del Consorcio O.E.A.2, señala que el comité no computó el

certificado del folio 360 de su oferta, que acredita 467 días como jefe de supervisión frente a un contrato con un plazo de 240 días, ni el del folio 361, que certifica 333 días como residente frente a un plazo contractual de 300 días. Indica que en ninguno de los casos la oferta contenía documentación que explicara tal diferencia.

• Asimismo, sostiene que el certificado del folio 371 identifica a una

suscriptora con nombre y documento de identidad distintos de los consignados en la firma, por lo que no constituye un simple error material. Ratifica que el residente alcanzó 3 años, 6 meses y 20 días, por debajo de los 48 meses requeridos por las bases.

• Sobre los certificados ISO del Consorcio O.E.A.2, indica que, al consultar el

código QR del certificado ISO 14001, el mismo número aparecía registrado a nombre de otra empresa y con fechas diferentes. Sostiene que el comité advirtió una inconsistencia objetiva sin declarar la falsedad del documento. No obstante, considera que este extremo no incide en el resultado, pues los certificados únicamente otorgan puntaje en la evaluación técnica, a la cual acceden las ofertas calificadas, condición que el consorcio no obtuvo.

• Por otro lado, señala que el escrito del Consorcio O.E.A.2 del 6 de octubre

de 2026, último día para apelar, no contenía fundamentos de hecho ni de derecho, medios probatorios ni garantía, Considera que la subsanación de omisiones prevista en el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento no comprende incorporar la totalidad de los fundamentos fuera del plazo de interposición. Por ello, solicita al Tribunal evaluar si los cuestionamientos formulados por primera vez el 9 de octubre, incluidos los dirigidos contra el Adjudicatario, pueden ser objeto de pronunciamiento.

• Respecto de la profesional Diana Celina Doralis Prado Saavedra, propuesta

como especialista de calidad del Adjudicatario, señala que las bases exigieron el título de ingeniero civil y que la profesional cuenta con el título de ingeniero civil ambiental, otorgado por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Indica que el comité evaluó su correspondencia con el requisito a partir de lo resuelto por la propia universidad.

• Sobre los certificados del residente Román Arturo Gil Reaño, de los folios

581, 582, 584 y 590 de la oferta, y del especialista ambiental, del folio 623, señala que el comité no encontró inconsistencias en la oferta que impidieran computarlos y los validó bajo el principio de presunción de veracidad. Indica que contienen la información exigida por las bases y que el certificado del folio 581 fue emitido por la Municipalidad Provincial de Lambayeque, quien administró el contrato.

• Respecto del especialista ambiental, señala que emergencia sanitaria no

demuestra una ausencia de prestación del profesional, pues la reanudación de actividades aprobada por el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM comprendió proyectos de infraestructura desde mayo de 2020.

• Finalmente, la Entidad considera que corresponde declarar infundados los

recursos, ratificar la descalificación de las ofertas del Consorcio La Zaranda y del Consorcio O.E.A.2 y mantener la calificación y buena pro de Constructora Santalia S.A.C.

• El 19 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación

de los representantes del Consorcio Impugnante 1, del Consorcio Impugnante 2 y del tercero administrado.

• Con decreto del 19 de octubre de 2026, la Cuarta Sala del Tribunal solicitó

información adicional en los siguientes términos:

A LA EMPRESA RAVADI S.A.C.:

En el marco del procedimiento de selección se ha cuestionado la idoneidad del certificado de trabajo de fecha 31 de enero de 2020, obrante en el folio 479 de la oferta del Consorcio Impugnante 1 y adjuntado al presente decreto, por el que la empresa RAVADI S.A.C. deja constancia de que el ingeniero Hugo Enrique Santisteban Alejandro, con CIP N° 39038, laboró como supervisor en la supervisión de la obra: “Construcción de pavimento y veredas en los pasajes Inmaculada, Santa Rosa y Santa Elena de la UPIS Cruz de la Esperanza, distrito de Chiclayo-provincia de Chiclayo-Lambayeque, con código SNIP 2325611”, durante el periodo comprendido desde el 8 de julio de 2019 hasta el 22 de setiembre de 2019. ➢ Al respecto, sírvase informar si el certificado de trabajo de fecha 31 de enero de 2020 es un documento emitido por su representada y si la información que consigna es veraz y exacta.

➢ Sírvase indicar si el ingeniero Hugo Enrique Santisteban Alejandro, con CIP N° 39038, laboró como supervisor en la supervisión de la obra: “Construcción de pavimento y veredas en los pasajes Inmaculada, Santa Rosa y Santa Elena de la UPIS Cruz de la Esperanza, distrito de Chiclayo-provincia de Chiclayo-Lambayeque, con código SNIP 2325611”, durante el periodo comprendido desde el 8 de julio de 2019 hasta el 22 de setiembre de 2019. (…)

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO:

En el marco del procedimiento de selección se ha cuestionado la idoneidad del certificado de trabajo de fecha 31 de enero de 2020, obrante en el folio 479 de la oferta del Consorcio Impugnante 1 y adjuntado al presente decreto, por el que la empresa RAVADI S.A.C. deja constancia de que el ingeniero Hugo Enrique Santisteban Alejandro, con CIP N° 39038, laboró como supervisor en la supervisión de la obra: “Construcción de pavimento y veredas en los pasajes Inmaculada, Santa Rosa y Santa Elena de la UPIS Cruz de la Esperanza, distrito de Chiclayo-provincia de Chiclayo-Lambayeque, con código SNIP 2325611”, durante el periodo comprendido desde el 8 de julio de 2019 hasta el 22 de setiembre de 2019. ➢ Al respecto, sírvase informar si el ingeniero Hugo Enrique Santisteban Alejandro, con CIP N° 39038, intervino como supervisor en la supervisión de la obra: “Construcción de pavimento y veredas en los pasajes Inmaculada, Santa Rosa y Santa Elena de la UPIS Cruz de la Esperanza, distrito de Chiclayo-provincia de Chiclayo-Lambayeque, con código SNIP 2325611”, durante el periodo comprendido desde el 8 de julio de 2019 hasta el 22 de setiembre de 2019. (…)

AL CONSORCIO REQUE:

En el marco del procedimiento de selección se ha cuestionado la idoneidad de la constancia de fecha 22 de diciembre de 2017, obrante en el folio 476 de la oferta del Consorcio Impugnante 1 y adjuntada al presente decreto, por la que el Consorcio Reque deja constancia de que el ingeniero Hugo Enrique Santisteban Alejandro, con CIP N° 39038, laboró como jefe de supervisión en la supervisión de la obra: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del C.P. Nuevo Reque, distrito de Reque- Chiclayo-Lambayeque, a nivel de carpeta asfáltica en caliente”, durante el periodo comprendido desde el 21 de enero de 2017 hasta el 17 de noviembre de 2017. ➢ Al respecto, sírvase informar si la constancia de fecha 22 de diciembre de 2017 es un documento emitido por su representado y si la información que consigna es veraz y exacta. ➢ Sírvase indicar si el ingeniero Hugo Enrique Santisteban Alejandro, con CIP N° 39038, laboró como jefe de supervisión en la supervisión de la obra: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del C.P. Nuevo Reque, distrito de Reque-Chiclayo-Lambayeque, a nivel de carpeta asfáltica en caliente”, durante el periodo comprendido desde el 21 de enero de 2017 hasta el 17 de noviembre de 2017.

(…)

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE:

En el marco del procedimiento de selección se ha cuestionado la idoneidad de la constancia de fecha 22 de diciembre de 2017, obrante en el folio 476 de la oferta del Consorcio Impugnante 1 y adjuntada al presente decreto, por la que el Consorcio Reque deja constancia de que el ingeniero Hugo Enrique Santisteban Alejandro, con CIP N° 39038, laboró como jefe de supervisión en la supervisión de la obra: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del C.P. Nuevo Reque, distrito de Reque- Chiclayo-Lambayeque, a nivel de carpeta asfáltica en caliente”, durante el periodo comprendido desde el 21 de enero de 2017 hasta el 17 de noviembre de 2017. ➢ Al respecto, sírvase informar si el ingeniero Hugo Enrique Santisteban Alejandro, con CIP N° 39038, intervino como jefe de supervisión en la supervisión de la obra: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del C.P. Nuevo Reque, distrito de Reque-Chiclayo- Lambayeque, a nivel de carpeta asfáltica en caliente”, durante el periodo comprendido desde el 21 de enero de 2017 hasta el 17 de noviembre de 2017. (…)

AL CONSORCIO SANTA CECILIA:

En el marco del procedimiento de selección se ha cuestionado la idoneidad del certificado de fecha 31 de agosto de 2015, obrante en el folio 361 de la oferta del Consorcio Impugnante 2 y adjuntado al presente decreto, por el que el Consorcio Santa Cecilia deja constancia de que el ingeniero César Augusto Tiparra de los Santos, con CIP N° 45582, laboró como residente de obra en la obra: “Creación de la pavimentación, veredas y áreas verdes de calles y avenidas de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape”, durante el periodo comprendido desde el 12 de setiembre de 2014 hasta el 10 de agosto de 2015. ➢ Al respecto, sírvase informar si el certificado de fecha 31 de agosto de 2015 es un documento emitido por su representado y si la información que consigna es veraz y exacta. ➢ Sírvase indicar si el ingeniero César Augusto Tiparra de los Santos, con CIP N° 45582, laboró como residente de obra en la obra: “Creación de la pavimentación, veredas y áreas verdes de calles y avenidas de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape”, durante el periodo comprendido desde el 12 de setiembre de 2014 hasta el 10 de agosto de 2015. (…)

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE:

En el marco del procedimiento de selección se ha cuestionado la idoneidad del certificado de fecha 31 de agosto de 2015, obrante en el folio 361 de la oferta del Consorcio Impugnante 2 y adjuntado al presente decreto, por el que el Consorcio Santa Cecilia deja constancia de que el ingeniero César Augusto Tiparra de los Santos, con CIP N° 45582, laboró como residente de obra en la obra: “Creación de la pavimentación, veredas y áreas verdes de calles y avenidas de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape”, durante el periodo comprendido desde el 12 de setiembre de 2014 hasta el 10 de agosto de 2015. ➢ Al respecto, sírvase informar si el ingeniero César Augusto Tiparra de los Santos, con CIP N° 45582, intervino como residente de obra en la obra: “Creación de la pavimentación, veredas y áreas verdes de calles y avenidas de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape”, durante el periodo comprendido desde el 12 de setiembre de 2014 hasta el 10 de agosto de 2015. (…)

AL CONSORCIO VIAL LAMBAYEQUE:

En el marco del procedimiento de selección se ha cuestionado la idoneidad de certificado de fecha 31 de octubre de 2013, obrante en el folio 360 de la oferta del Consorcio Impugnante 2 y adjuntado al presente decreto, por el que el Consorcio Vial Lambayeque deja constancia de que el ingeniero César Augusto Tiparra de los Santos, con CIP N° 45582, laboró como jefe de supervisión de obra en la obra: “Construcción de pavimento, veredas, áreas verdes con mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en Av. Prolongación Francisco Bolognesi, tramo entre la Av. J. L. Ortiz y la Garita de Pimentel-Prov. Chiclayo-Región Lambayeque”, durante el periodo comprendido desde el 16 de julio de 2012 hasta el 25 de octubre de 2013. ➢ Al respecto, sírvase informar si el certificado de fecha 31 de octubre de 2013 es un documento emitido por su representado y si la información que consigna es veraz y exacta. ➢ Sírvase indicar si el ingeniero César Augusto Tiparra de los Santos, con CIP N° 45582, laboró como jefe de supervisión de obra en la obra: “Construcción de pavimento, veredas, áreas verdes con mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en Av. Prolongación Francisco Bolognesi, tramo entre la Av. J. L. Ortiz y la Garita de Pimentel-Prov. Chiclayo-Región Lambayeque”, durante el periodo comprendido desde el 16 de julio de 2012 hasta el 25 de octubre de 2013. (…)

AL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE:

En el marco del procedimiento de selección se ha cuestionado la idoneidad del certificado de fecha 31 de octubre de 2013, obrante en el folio 360 de la oferta del Consorcio Impugnante 2 y adjuntado al presente decreto, por el que el Consorcio Vial Lambayeque deja constancia de que el ingeniero César Augusto Tiparra de los Santos, con CIP N° 45582, laboró como jefe de supervisión de obra en la obra: “Construcción de pavimento, veredas, áreas verdes con mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en Av. Prolongación Francisco Bolognesi, tramo entre la Av. J. L. Ortiz y la Garita de Pimentel-Prov. Chiclayo-Región Lambayeque”, durante el periodo comprendido desde el 16 de julio de 2012 hasta el 25 de octubre de 2013. ➢ Al respecto, sírvase informar si el ingeniero César Augusto Tiparra de los Santos, con CIP N° 45582, intervino como jefe de supervisión de obra en la obra: “Construcción de pavimento, veredas, áreas verdes con mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en Av. Prolongación Francisco Bolognesi, tramo entre la Av. J. L. Ortiz y la Garita de Pimentel-Prov. Chiclayo-Región Lambayeque”, durante el periodo comprendido desde el 16 de julio de 2012 hasta el 25 de octubre de 2013.

• Mediante carta s/n presentada el 21 de octubre de 2026, la empresa Ravadi S.A.C.

dio respuesta al requerimiento de información efectuado mediante decreto del 19 de octubre de 2026, señalando lo siguiente: “(…) Confirmamos que el ingeniero HUGO ENRIQUE SANTISTEBAN ALEJANDRO, con CIP N° 39038, se desempeñó como SUPERVISOR en la supervisión de la obra denominada:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LOS PASAJES INMACULADA,

SANTA ROSA Y SANTA ELENA DE LA UPIS CRUZ DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE

CHICLAYO-PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE", con código SNIP N° 2325611, correspondiente al Contrato de Supervisión de Obra N° 249-2017-

MPCH-GM.

El referido profesional desempeñó dicho cargo durante el periodo comprendido desde el 8 de julio de 2019 hasta el 22 de septiembre de 2019, conforme a la información certificada por nuestra empresa. (…)”

• Mediante carta s/n presentada el 22 de octubre de 2026, el Consorcio Reque dio

respuesta al requerimiento de información efectuado mediante decreto del 19 de octubre de 2026, señalando lo siguiente:

“PRIMERO. SOBRE LA EMISION Y VERACIDAD DE LA CONSTANCIA

Confirmo que la constancia de fecha 22 de diciembre de 2017 fue emitida por el CONSORCIO REQUE y suscrita por mi persona, a favor del ingeniero HUGO ENRIQUE SANTISTEBAN ALEJANDRO, identificado con CIP N° 39038. Asimismo, ratifico que la información consignada en dicha constancia acerca de la identidad del profesional, el cargo desempeñado, la obra y el periodo de servicios es veraz y exacta.

SEGUNDO. SOBRE EL CARGO Y EL PERIODO DE SERVICIOS

Dejo constancia de que el ingeniero HUGO ENRIQUE SANTISTEBAN ALEJANDRO, CIP N° 39038, se desempeñó como JEFE DE SUPERVISIÓN en la supervisión de la obra denominada

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL C.P. NUEVO REQUE,

DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE".

El referido profesional ejerció dicho cargo durante el periodo comprendido del 21 de enero de 2017 al 17 de noviembre de 2017, conforme se hizo constar en el documento emitido por el Consorcio Reque”. En consecuencia, confirmo la emisión de la constancia consultada y ratifico su contenido en los extremos referidos por la Cuarta Sala (…)”.

• Mediante Escrito N° 3 presentado el 22 de octubre de 2026, el Consorcio

Impugnante 2 adjuntó documentación adicional y solicitó al Tribunal que sea valorada conjuntamente para la verificación de la autenticidad de los períodos de prestación de servicios consignados en los certificados de los folios 360 y 361 de su oferta, correspondientes a las experiencias N° 2 y 3 del residente de obra.

• Con decreto del 27 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Son materia del presente análisis los recursos de apelación interpuestos por el

Consorcio Impugnante 1 y el Consorcio Impugnante 2 en el marco del procedimiento convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento; por tanto, tales normas son aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación.

• Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se

pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor.

• En este sentido, a efectos de verificar la procedencia de los recursos de apelación,

es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si los recursos son procedentes o si, por el contrario, se encuentran inmersos en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple

(SÍ/NO)

Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente por la cuantía del procedimiento de selección1. Licitación Pública de Obras con una cuantía de S/ 5 915 162.80. Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) Los recursos se dirigen contra actos impugnables2. El Consorcio Impugnante 1 impugna la descalificación de su oferta, la calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro. El Consorcio Impugnante 2 impugna la descalificación de Sí 1 Este requisito se aplica en observancia de lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento.

N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple

(SÍ/NO)

su oferta y el otorgamiento de la buena pro, cuestionando también la calificación de la oferta del Adjudicatario. Plazo de interposición (Art. 308. c) Los recursos han sido interpuestos dentro del plazo legal de 8 días hábiles3. La notificación del acto impugnado fue el 24 de setiembre de 2026, venciendo el plazo de 8 días hábiles el 6 de octubre de 2026. Ambos recurrentes presentaron sus respectivos recursos el 6 de octubre de octubre de 20264. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante común del respectivo consorcio, con facultades suficientes. Consorcio Impugnante 1: el recurso es suscrito por el señor Ángel Antonio Serin Pimentel, en calidad de representante común del Consorcio Impugnante 1, conforme a la promesa de consorcio anexa al recurso. Consorcio Impugnante 2: el recurso es suscrito por el señor Wilmar Raúl Romero Ampuero, en calidad de representante común del Consorcio Impugnante 2, conforme a la promesa de consorcio anexa al recurso. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) Los consorcios impugnantes no están impedidos ni inhabilitados, y sus integrantes no están incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. El Consorcio Impugnante 1 y el Consorcio Impugnante 2 no se encuentran incursos en ninguno de los supuestos. Sí 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

4 El 8 de octubre de 2026 fue feriado nacional por “Día del Combate de Angamos”.

N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple

(SÍ/NO)

Condición procesal en la controversia (Art. 308. g ) Cada impugnante cuestiona su propia descalificación, además de impugnar la buena pro. Ambos recurrentes han cuestionado la descalificación de sus respectivas ofertas. Sí Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) Los recursos no son interpuestos por el ganador de la buena pro. El Consorcio Impugnante 1 y Consorcio Impugnante 2 no fueron ganadores de la buena pro, pues sus ofertas fueron descalificadas. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio de cada recurso. Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y las pretensiones formuladas por el Consorcio Impugnante 1 y el Consorcio Impugnante 2. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) Cada impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal. El Consorcio Impugnante 1 tiene interés y legitimidad para cuestionar la descalificación de su oferta. Sin embargo, su legitimidad para cuestionar la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro queda supeditada a que logre revertir su condición de descalificado. El Consorcio Impugnante 2 tiene interés y legitimidad para cuestionar la descalificación de su oferta. Sin embargo, su legitimidad para cuestionar la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro queda supeditada a que logre revertir su condición de descalificado. Sí Asimismo, en el marco de su informe legal, la Entidad señaló que el escrito de recurso del Consorcio Impugnante 2 fue presentado el 6 de octubre de 2026, último día para apelar, pero no contenía fundamentos de hecho ni de derecho, medios probatorios ni garantía. Considera que la subsanación de omisiones prevista en el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento no comprende incorporar la totalidad de los fundamentos fuera del plazo de interposición. Por ello, solicita al Tribunal evaluar si los cuestionamientos formulados por primera vez el 9 de octubre, incluidos los dirigidos contra el Adjudicatario, pueden ser objeto de pronunciamiento. Sin embargo, conforme al literal b) del artículo 307 del Reglamento, únicamente la nomenclatura del procedimiento de selección y la firma del impugnante o de su representante, previstas en los literales b) y g) del artículo 306, deben consignarse obligatorio en el primer escrito, bajo consecuencia de rechazo del recuso. Por su parte, el literal c) del artículo 307 permite subsanar las omisiones de los requisitos contemplados en los literales a), c), d), e) y f) del artículo 306, entre los cuales se encuentran el petitorio y sus fundamentos, las pruebas instrumentales y la garantía. En el presente caso, el escrito presentado el 6 de octubre de 2026 identificó el procedimiento de selección y contó con la firma del representante común del Consorcio Impugnante 2. A su vez, mediante el escrito del 9 de octubre de 2026, el recurrente desarrolló el petitorio y sus fundamentos de hecho y de derecho, presentó los medios probatorios y la garantía correspondiente. Dicha subsanación se efectuó dentro de los 2 días hábiles siguientes a la presentación del recurso,

Angamos. Por tanto, corresponde ratificar que el recurso del Consorcio Impugnante 2 fue presentado dentro del plazo legal y conforme a los requisitos de admisibilidad establecidos en las bases.

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin advertirse la concurrencia de ninguno de estos en los recursos bajo análisis, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:
• El Consorcio Impugnante 1 ha solicitado a este Tribunal que:

• Se revoque la descalificación de su oferta, declarándose calificada.
• Se descalifique la oferta del Adjudicatario.
• Se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro y se disponga la

continuación del procedimiento de selección.

• El Consorcio Impugnante 2 ha solicitado a este Tribunal que:
• Se revoque la descalificación de su oferta, declarándose calificada.
• Se descalifique la oferta del Adjudicatario.
• Se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.
• Se le otorgue la buena pro.
• El Adjudicatario ha solicitado a este Tribunal que:
• Se declaren infundados los recursos impugnativos y se confirme el

otorgamiento de la buena pro a su favor.

• Se declare descalificada la oferta del Consorcio Impugnante 1.
• Se declare descalificada la oferta del Consorcio Impugnante 2.
• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia de los recursos presentados y considerando

los petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos de los recursos acumulados.

• Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del

numeral 311.1 del artículo 311 y en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, que indica que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento.

• Asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del

Reglamento, los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados deben absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificados con el respectivo recurso a través del SEACE5.

• Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa.

• Por otra parte, el literal g) del artículo del numeral 311.1 del artículo 311 del

Reglamento establece que al día siguiente de recibida la información adicional, de realizada la audiencia pública o de vencido el plazo otorgado para remitir la información solicitada, se declara el expediente listo para resolver. Al respecto, se dispone que los escritos recibidos con posterioridad a la declaración del expedito no se consideran para fundamentar la resolución que expida el TCP, salvo decisión debidamente motivada de la sala.

• En el presente caso, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del

procedimiento de selección fueron notificados con los recursos de apelación acumulados el 12 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, contando con 3 días hábiles para absolver el traslado de los citados recursos, esto es, hasta el 15 de octubre de 2026.

• Al respecto, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado

de los recursos el 15 de octubre de 2026, esto es, dentro del plazo legal. En consecuencia, los puntos controvertidos se fijarán en virtud de lo desarrollado por el Consorcio Impugnante 1 y el Consorcio Impugnante 2 en sus respectivos recursos de apelación y por el Adjudicatario en su absolución.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer consisten en:

5 De acuerdo con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento.

• Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del

Consorcio Impugnante 1; y, en consecuencia, determinar si corresponde dejar sin efecto la buena pro. ii) Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante 2. iii) Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario a partir de los cuestionamientos formulados por el Consorcio Impugnante 2. iv) Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario a partir de los cuestionamientos formulados por el Consorcio Impugnante 1.

• Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Impugnante 1

a partir de los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario. vi) Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Impugnante 2 a partir de los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario. vii) Determinar si corresponde disponer que el comité continúe con la evaluación de las ofertas de los consorcios impugnantes, establezca el nuevo orden de prelación y, de corresponder, otorgue la buena pro al postor que corresponda.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento; por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso e igualdad de trato, recogidos en el

artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante 1, declarándose calificada; y, en consecuencia, determinar si corresponde dejar sin efecto la buena pro.

• De conformidad con el “Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento

de la buena pro” del 22 de setiembre de 2026, publicada en la misma fecha en el SEACE, en adelante el Acta, se aprecia que el comité descalificó la oferta del Consorcio Impugnante 1, exponiendo la siguiente motivación:

• Según lo anterior, el comité descalificó la oferta del recurrente al considerar que

las experiencias N° 3, 5, 8 y 9 del residente de obra no fueron idóneamente acreditadas, según el siguiente detalle:

• Respecto de la experiencia N° 3, acreditada mediante el certificado del folio

474: señaló que el documento no consignaba el año de inicio de la participación del profesional, por lo que incumplía la exigencia de indicar el día, mes y año de inicio y culminación de la prestación.

• Respecto de la experiencia N° 5, acreditada mediante la constancia del folio

476: señaló que el documento certificaba la participación del profesional como jefe de supervisión del 21 de enero al 17 de noviembre de 2017, por 300 días calendario. Sin embargo, al verificar en el SEACE el Contrato de Consultoría N° 010-2016-MDR-A, advirtió que el plazo inicial de la prestación era de 180 días calendario, por lo que consideró que la constancia no permitía determinar de manera exacta el tiempo efectivo de participación del profesional.

• Respecto de la experiencia N° 8, acreditada mediante el certificado del folio

479: señaló que el documento consignaba la participación del profesional como supervisor del 8 de julio al 22 de setiembre de 2019, por un periodo declarado de 76 días o 2,53 meses. No obstante, al verificar en el SEACE el contrato de ejecución de la obra, advirtió que su plazo era de 60 días calendario, por lo que consideró que el certificado no acreditaba de manera exacta el tiempo efectivo de participación del profesional.

• Respecto de la experiencia N° 9, acreditada mediante el certificado del folio

480: señaló que el documento consignaba un RUC inexistente y describía de manera ambigua la obra y la intervención del profesional, al incluir la referencia a la partida “Carpeta asfáltica en caliente”. Por ello, consideró que no permitía determinar fehacientemente si aquel había ejercido como residente de toda la obra o únicamente de dicha partida. En ese sentido, excluidas dichas experiencias del cómputo de la experiencia acumulada del residente de obra, el comité válido un periodo de 3.28 años, inferior al mínimo de 48 meses exigido por las bases integradas para este profesional, lo que determinó la descalificación de la oferta del recurrente.

• Frente a esta decisión, el Consorcio Impugnante interpuso recurso de apelación

exponiendo los argumentos que se desarrollan en los antecedentes de la presente resolución. Por su parte, la Entidad se pronunció sobre este cuestionamiento mediante el Informe Legal N° 138-2026-MDP/MIFS, registrado en el SEACE el 15 de octubre de 2026, y el Adjudicatario mediante el Escrito N° 1, presentado el 14 de octubre de 2026, cuyos contenidos se resumen en los numerales 6 y 7 de los

• Pues bien, para la resolución de la presente controversia corresponde traer a

colación las condiciones exigidas en las bases integradas en el requisito de calificación de experiencia del personal clave. En concreto, el acápite B.2 contiene el siguiente requerimiento de experiencia profesional del residente de obra:

• Según ello, el residente de obra debía acreditar un periodo acumulado de

cuarenta y ocho (48) meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha de la colegiatura) como residente y/o supervisor y/o jefe de supervisión y/o ingeniero residente de obra y/o inspector de obra y/o supervisor de obra y/o ingeniero supervisor de obra y/o ingeniero supervisor y/o la combinación de estos en la ejecución y/o supervisión de obras en la especialidad y subespecialidades considerados en el requisito de calificación A.

• Por otro lado, el postor debía señalar la denominación del puesto, cargo y/o

posición, y tiempo de experiencia del personal clave propuesto (años, meses y días) en el Anexo N° 19. Sólo en caso que en las bases se considere el requisito de Experiencia del Personal Clave y adicionalmente el factor de evaluación Experiencia Específica Adicional del Personal Clave, el postor acredita toda la experiencia del personal clave propuesto en la oferta para la evaluación técnica, adjuntando en su oferta, copia simple de cualquiera de los siguientes documentos: (i) contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. Estos documentos deben señalar los nombres y apellidos del personal clave; el cargo desempeñado, indicando el día, mes y año de inicio y culminación; el nombre de la entidad u organización que emite el documento; la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

• Conviene destacar que las bases integradas incorporaron el factor de evaluación

de experiencia adicional del personal clave; por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en las bases, el requisito de calificación de experiencia del personal clave debía ser acreditado con la presentación de las ofertas. Según dicho factor, si el 50% o más del número de personas consideradas en el listado del personal clave supera el requisito de experiencia específica, el postor obtiene cuarenta y cinco (45) puntos. Además, para superar la evaluación técnica se requería obtener un puntaje técnico mínimo de setenta (70).

• Por su parte, el Consorcio Impugnante 1 propuso como residente de obra al

profesional Hugo Enrique Santisteban Alejandro, presentando once (11) experiencias por un total de 5.37 años o 1923 días, según el cuadro resumen adjuntado en el folio 469 de su oferta, reproducido a continuación:

• Señalado lo anterior, se analizan a continuación los motivos alegados por el comité

respecto de las experiencias 3, 5, 8 y 9.

• Sobre la experiencia N° 3
• La experiencia N° 3 del residente de obra fue acreditada mediante la constancia

de prestación de servicios emitida por el Consorcio Santa Anita el 28 de noviembre de 2016, obrante en el folio 474 de la oferta del Consorcio Impugnante 1, reproducida a continuación:

• Al respecto, el comité observó que la constancia no consignaba el año de inicio de

la participación del profesional. Sin embargo, de su lectura se advierte que el representante común del Consorcio Santa Anita certificó que el ingeniero Hugo Enrique Santisteban Alejandro se desempeñó como jefe de supervisión de la obra “Mejoramiento y rehabilitación de pavimento en la avenida 22 de Julio tramo avenida Los Virreyes carretera Central, distrito Santa Anita - Lima - Lima”, desde el “3 de mayo al 25 de octubre del 2016”

• Sobre el particular, este Tribunal advierte que dicha expresión contiene un único

intervalo temporal, cuyo año se encuentra indicado al cierre. Así, su lectura conjunta permite identificar el 3 de mayo de 2016 como fecha de inicio y el 25 de octubre de 2016 como fecha de culminación; observándose que no se han consignado años distintos ni otra referencia que permita sostener que el inicio correspondió a un año diferente. Por tanto, la información requerida se desprende del propio documento presentado en la oferta, sin necesidad de incorporar un dato nuevo, interpretar modificar su contenido.

• En consecuencia, la constancia del folio 474 de la oferta del Consorcio Impugnante

1 cumple con identificar el cargo y las fechas de inicio y culminación de la experiencia del profesional, que forma parte del contenido mínimo requerido por las bases dentro de la documentación que sustenta la experiencia del personal clave. Corresponde, por tanto, desestimar la observación efectuada por el comité y validar la experiencia N° 3 por 175 días, conforme al periodo declarado y acreditado por el recurrente, amparando este extremo de su recurso. ii. Sobre la experiencia N° 5 y 8

• Las experiencias N° 5 y 8 del residente de obra fueron acreditadas mediante la

constancia emitida por el Consorcio Reque el 22 de diciembre de 2017 y el certificado de trabajo emitido por Ravadi S.A.C., obrantes en los folios 476 y 479 de la oferta del Consorcio Impugnante 1, respectivamente, reproducidos a continuación:

• En el primer documento se certifica que el ingeniero Hugo Enrique Santisteban

Alejandro se desempeñó como jefe de supervisión de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del C.P. Nuevo Reque, distrito de Reque - Chiclayo - Lambayeque”, del 21 de enero al 17 de noviembre de 2017. En el segundo certificado se acredita su desempeño como supervisor de la obra “Construcción de pavimento y veredas en los pasajes Inmaculada, Santa Rosa y Santa Elena de las UPIS Cruz de la Esperanza, distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - Lambayeque”, del 8 de julio al 22 de setiembre de 2019, en el marco del Contrato de Supervisión de Obra N° 249-2017-MPCH-GM.

• Sin embargo, el comité excluyó estas experiencias al contrastar los 300 y 76 días

declarados en dichos certificados con los plazos contractuales iniciales de 180 días de la consultoría de obra y de 60 días de la ejecución de obra, respectivamente. No obstante, la comparación efectuada por el comité no demuestra, por sí misma, que los periodos certificados sean incorrectos, teniéndose presente que durante la ejecución contractual el plazo de ejecución real puede extenderse y, de manera compatible, la intervención de la supervisión de obra.

• En el presente caso, de la información registrada en INFOBRAS, se aprecia que las

obras correspondientes a las experiencias N° 5 y 8, denominadas “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del C.P. Nuevo Reque, distrito de Reque

• Chiclayo - Lambayeque” y “Construcción de pavimento y veredas en los pasajes

Inmaculada, Santa Rosa y Santa Elena de las UPIS Cruz de la Esperanza, distrito de Chiclayo”, tuvieron como fechas reales de término el 17 de noviembre de 2017 y el 22 de setiembre de 2019, respectivamente, como se reproduce a continuación:

• Así, las fechas reales de culminación registradas en INFOBRAS coinciden con las

fechas finales consignadas en la constancia y en el certificado presentados en la oferta, lo que resulta compatible con una participación del profesional en los periodos certificados en dichos documentos, más allá de los plazos originales de las obras que enmarcan estas experiencias.

• Con referencia a la posición del Adjudicatario, sobre la falta de sustento

documental de las ampliaciones de plazo recaídas sobre los periodos contractuales iniciales, corresponde señalar que la participación del profesional está expresamente certificada en los documentos de los folios 476 y 479 de la oferta del Consorcio Impugnante 1, documentos que cumplen por sí mismos las condiciones de acreditación de las bases; teniéndose además presente que los documentos contractuales de las obras, que indican plazos iniciales menores, fueron introducidos por el comité en la motivación del Acta sobre la descalificación del recurrente, y no por este en su oferta.

• Corresponde recordar, además, que los documentos presentados por el

administrado en el marco de un procedimiento administrativo están amparados por la presunción de veracidad a que refiere el numeral 1.7 del artículo 1 del

artículo IV del TUO de la LPAG, lo que implica que, salvo prueba en contrario,

deben considerarse veraces. Esta presunción opera sin perjuicio de la potestad de verificación posterior que la Entidad mantiene sobre la documentación presentada.

• Adicionalmente, mediante decreto del 19 de octubre de 2026, este Tribunal

requirió información a la empresa Ravadi S.A.C., al Consorcio Reque y a las municipalidades Provincial de Chiclayo y Distrital de Reque, a fin de verificar la emisión y veracidad de los documentos de los folios 479 y 476 de la oferta del Consorcio Impugnante 1, así como los cargos y periodos de participación del profesional. En respuesta, mediante cartas s/n presentadas el 21 y 22 de octubre de 2026, respectivamente, la empresa Ravadi S.A.C. y el Consorcio Reque ratificaron la información certificada, confirmando que el ingeniero Hugo Enrique Santisteban Alejandro se desempeñó como supervisor del 8 de julio al 22 de setiembre de 2019 y como jefe de supervisión del 21 de enero al 17 de noviembre de 2017, respectivamente. Por su parte, las municipalidades consultadas no han atendido el requerimiento efectuado por la Sala.

• En esa medida, al estado del procedimiento no se cuenta con elementos que

desvirtúen la veracidad de los periodos de experiencia consignados en dichos documentos, los cuales, habiendo sido ratificados por sus emisores, mantienen la presunción de veracidad que los ampara.

• Por tanto, corresponde validar las experiencias N° 5 y 8 por 300 y 76 días,

respectivamente, conforme a los periodos declarados y acreditados en la oferta. En consecuencia, se desestiman las observaciones efectuadas por el comité respecto de los documentos de los folios 476 y 479 de la oferta del Consorcio Impugnante 1, amparándose este extremo de su recurso. iii. Sobre la experiencia N° 9

• La experiencia N° 9 del residente de obra fue acreditada mediante el certificado

de trabajo emitido por el Consorcio San Martín el 27 de mayo de 2021, obrante en el folio 480 de la oferta del Consorcio Impugnante 1, reproducido a continuación:

• En dicho documento se certifica que el ingeniero Hugo Enrique Santisteban

Alejandro se desempeñó como residente de obra del 9 de noviembre de 2020 al 19 de mayo de 2021, en la ejecución del “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 35, 36, 37, San Martín, Alfredo Díaz Rubio y pasaje S/N del sector 5 - C.P. 20 de Enero, distrito de Pomalca - Chiclayo - Lambayeque”;

e inmediatamente después de la denominación de la obra se incluye la referencia “Carpeta asfáltica en caliente”. El comité excluyó esta experiencia al advertir que no era posible determinar si la intervención del profesional comprendió toda la obra o únicamente dicha partida, además de observar el RUC consignado para una de las empresas integrantes del consorcio emisor.

• Al respecto, este Tribunal estima que la observación efectuada por el comité,

referida al alcance de la prestación, resulta infundada. Si bien el certificado señala que el profesional participó en la ejecución de la obra y, a continuación, menciona la partida “Carpeta asfáltica en caliente”, posteriormente indica que prestó el servicio como residente de obra desde el 9 de noviembre de 2020 hasta el 19 de mayo de 2021. En tal sentido, de la lectura integral del certificado se desprende que el profesional se desempeñó en dicho cargo durante el periodo consignado, en la obra y partida mencionadas.

• Asimismo, no compete al comité ni a este Tribunal completar el alcance de una

certificación mediante inferencias que no se desprenden de la documentación ofertada. En consecuencia, corresponde acoger los argumentos del recurrente y reincorporar la experiencia N° 9, que acredita satisfactoriamente la participación del profesional Hugo Enrique Santisteban Alejandro como residente en la totalidad de la obra.

• Como resultado de dicho análisis, corresponde reincorporar las experiencias N° 3,

5, 8 y 9 del residente de obra. Por tanto, la experiencia acumulada válida del residente de obra se mantiene en 5.37 años o 1923 días, cumpliéndose con el requisito mínimo de 48 meses exigidos por las bases para este profesional.

• Por las consideraciones expuestas, en aplicación del literal b) del numeral 313.1

del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación del Consorcio Impugnante 1 y, en consecuencia, revocar la descalificación de su oferta por los motivos desarrollados, tener por acreditado el requisito de experiencia del residente de obra y, como consecuencia de la reincorporación del postor al procedimiento, dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.

Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante 2, declarándose calificada.

• De conformidad con el Acta, se aprecia que el comité descalificó la oferta del

Consorcio Impugnante 2 bajo la siguiente motivación:

• Según lo anterior, el comité no contabilizó las experiencias N° 2, 3 y 13 del

profesional propuesto como residente de obra. Respecto de las 2 primeras experiencias, sustentadas en los certificados de los folios 360 y 361 de la oferta del Consorcio Impugnante 2, el comité observó que los periodos certificados excedían los plazos contractuales iniciales de 240 y 300 días, respectivamente, según los contratos que referencia en el Acta. En cuanto a la experiencia N° 13, acreditada mediante la constancia del folio 371 de su oferta, advirtió diferencias entre la identificación de la emisora consignada en el cuerpo del documento y la que aparece en la firma inferior. Como resultado, reconoció únicamente 3 años, 6 meses y 20 días de experiencia, insuficientes para satisfacer el mínimo requerido por las bases para la experiencia del residente de obra, establecido en 48 meses.

• Frente a esta decisión, el Consorcio Impugnante 2 interpuso su recurso

exponiendo los argumentos que se desarrollan en los antecedentes de la presente resolución. Por su parte, la Entidad se pronunció sobre este cuestionamiento mediante el Informe Legal N° 138-2026-MDP/MIFS, registrado en el SEACE el 15 de octubre de 2026, y el Adjudicatario mediante el Escrito N° 1, presentado el 14 de octubre de 2026, cuyos contenidos se resumen en los numerales 6 y 7 de los

• Pues bien, para la resolución de la presente controversia corresponde recordar

que las bases establecieron que el residente de obra debía acreditar un periodo acumulado de cuarenta y ocho (48) meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha de la colegiatura) como residente y/o supervisor y/o jefe de supervisión y/o ingeniero residente de obra y/o inspector de obra y/o supervisor de obra y/o ingeniero supervisor de obra y/o ingeniero supervisor y/o la combinación de estos en la ejecución y/o supervisión de obras en la especialidad y subespecialidades considerados en el requisito de calificación A.

• Por otro lado, el postor debía acreditar dicha experiencia mediante copia simple

de (i) contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. Estos documentos deben señalar los nombres y apellidos del personal clave; el cargo desempeñado, indicando el día, mes y año de inicio y culminación; el nombre de la entidad u organización que emite el documento; la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

• Por su parte, el Consorcio Impugnante 2 propuso como residente de obra al

profesional Cesar Augusto Tiparra De Los Santos, presentando trece (13) experiencias por un total de 5 años, 10 meses y 22 días, según el cuadro resumen adjuntado en el folio 357 a 358 de su oferta, reproducido a continuación:

• La experiencia N° 2 fue acreditada mediante el certificado emitido por el Consorcio

Vial Lambayeque el 31 de octubre de 2013, obrante en el folio 360 de la oferta del Consorcio Impugnante 2, reproducido a continuación:

En dicho documento se certifica que el ingeniero César Augusto Tiparra de los Santos se desempeñó como jefe de supervisión de la obra “Construcción de pavimento, veredas, áreas verdes con mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en Av. Prolongación Francisco Bolognesi, tramo entre la Av. J. L. Ortiz y la Garita de Pimentel - Prov. Chiclayo - Región Lambayeque”, del 16 de julio de 2012 al 25 de octubre de 2013, en el marco del Contrato de Supervisión N° 012-2012-GR-LAMB/ORAD, por 467 días.

• Por otro lado, la experiencia N° 3 fue sustentada mediante el certificado del 31 de

agosto de 2015, emitido por el Consorcio Santa Cecilia y obrante en el folio 361 de la oferta del Consorcio Impugnante 2, reproducido a continuación: En este se certifica que el mismo profesional se desempeñó como residente de la obra “Creación de la pavimentación, veredas y áreas verdes de calles y avenidas de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape”, del 12 de setiembre de 2014 al 10 de agosto de 2015, por 333 días, en el marco del Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2014-MDCH.

• El comité rechazó ambas experiencias porque sus periodos superaban los plazos

establecidos en los contratos respectivos, correspondientes a 467 días frente a 240 días para la experiencia N° 2, y 333 días frente a 300 días para la experiencia N° 3. La Entidad sostuvo, además, que la oferta no contenía documentación que explicara tales diferencias. Por su parte, el recurrente alegó que dicha comparación no ha tomado en cuenta las modificaciones producidas durante la ejecución contractual y, respecto de la experiencia N° 3, invocó ampliaciones de 20 y 13 días y el acta de recepción que señala el 10 de agosto de 2015 como fecha de culminación de la obra.

• Sobre el particular, corresponde reiterar el criterio desarrollado en el primer

punto controvertido, precisándose que el plazo inicialmente pactado para la ejecución de una obra no determina necesariamente la duración definitiva de la ejecución contractual, ni permite por sí solo establecer el periodo efectivo de intervención del personal clave a cargo de la supervisión y/o residencia de la obra. En ese sentido, la sola diferencia entre el plazo inicial de los contratos invocados por el comité y el periodo certificado en los documentos de la oferta no demuestra que este último sea incorrecto, cuando el comité no ha hecho referencia a documentación adicional que evidencie discordancias directas entre la experiencia del profesional y la duración real de la obra, como sería el caso si se verificara la obra no sufrió ninguna modificación en el plazo efectivo de ejecución contractual.

• Adicionalmente, de la información registrada en INFOBRAS, accedida por este

Tribunal, se aprecia que las obras correspondientes a las experiencias N° 2 y 3, denominadas “Construcción de pavimento, veredas, áreas verdes con mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en Av. Prolongación Francisco Bolognesi, tramo entre la Av. J. L. Ortiz y la Garita de Pimentel - Prov. Chiclayo - Región Lambayeque” y “Creación de la pavimentación, veredas y áreas verdes de calles y avenidas de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape”, tuvieron como fechas de término contractual junio de 2015 y 10 de agosto de 2015, respectivamente, como se reproduce a continuación:

• Así, las fechas reales de culminación registradas en INFOBRAS resultan

compatibles con una participación del profesional en los periodos certificados en los certificados bajos cuestionamientos, más allá de los plazos originales de las obras que enmarcan estas experiencias.

• De otro lado, mediante decreto del 19 de octubre de 2026, este Tribunal solicitó

información al Consorcio Vial Lambayeque y al Gobierno Regional de Lambayeque respecto del certificado del folio 360 de la oferta del Consorcio Impugnante 2, así como al Consorcio Santa Cecilia y a la Municipalidad Distrital de Chongoyape respecto del certificado del folio 361 de su oferta, a fin de verificar su emisión, contenido y los periodos de participación del profesional. A la fecha, los emisores y las entidades contratantes consultados no han atendido dichos requerimientos. Así, al estado del procedimiento no se cuenta con elementos que desvirtúen la veracidad de los periodos consignados en tales documentos; por ello, mantienen la presunción de veracidad prevista en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, sin perjuicio de las actuaciones de verificación que correspondan.

• En ese sentido, la motivación expuesta en el Acta no resulta suficiente para excluir

las experiencias N° 2 y 3, debiendo destacarse que la aplicación del mismo criterio a otros postores, argumento alegado por la Entidad, no es un argumento que valide una decisión no ajustada a derecho sobre la oferta del consorcio recurrente. En consecuencia, corresponde desestimar las observaciones del comité y reincorporar las experiencias 2 y 3 por los periodos de 467 y 333 días, respectivamente, amparándose este extremo del recurso. ii. Sobre la experiencia N° 13

• La experiencia N° 13 fue acreditada mediante la constancia emitida por el

Consorcio Nueva España, obrante en el folio 371 de la oferta del Consorcio Impugnante 2:

• El comité observó que la identificación de quien declara emitir el documento en

su cuerpo difiere de la consignada junto a la firma. Frente a ello, el recurrente sostuvo que se trataba de un error material y solicitó contrastar la constancia con el acta de recepción o verificar su contenido con el emisor del documento.

• Al respecto, corresponde señalar que la identificación de quien suscribe el

documento constituye uno de los datos exigidos por las bases para acreditar la experiencia del personal clave. En este caso, la discrepancia advertida en el certificado del folio 371 no se limita a una variante de escritura del nombre de la persona suscriptora, pues también comprende el documento de identidad atribuido a la suscriptora, lo que impide establecer de manera inequívoca su identificación a partir de la propia constancia. En efecto, mientras que en el RENIEC el DNI 72447797 corresponde a la señora Valeria Stefany Meoño Pérez, el DNI que figura en la constancia, 72447794, corresponde a un tercero distinto del suscriptor, como se advierte a continuación: En ese sentido, en el presente caso, nos encontramos frente a un documento que contiene información incongruente en su contenido, puesto que, además de advertirse una discrepancia en el número de DNI que aparece en el tenor con el que aparece en el sello de suscripción, existe incluso discrepancia también en uno de los nombres del suscriptor, en tanto por un lado se alude a “Estefany” y por otro lado a “Stefany”, particularidades que, en su conjunto, impiden conocer con certeza y de manera inequívoca la identificación de quien suscribe el documento.

• Esta discrepancia incide sobre el cumplimiento de una parte del contenido mínimo

exigido por las bases para la documentación que acredita la experiencia del personal clave, correspondiente a la identificación de la persona que suscribe la certificación; motivo por el cual, incidiendo sobre el contenido esencial de la oferta, dicho defecto no es susceptible de subsanación bajo el numeral 78.1 del

artículo 78 del Reglamento. Por ende, la incongruencia en la identificación del

suscriptor del certificado del folio 371 determina a su turno la falta de idoneidad de la experiencia N° 3 del residente, debiendo ratificarse la exclusión de este del cómputo de experiencia válida del profesional.

• Como resultado del análisis anterior, corresponde reincorporar las experiencias N°

2 y 3 a la experiencia válida del residente de obra. Así, dichos periodos reincorporados, sumados a la experiencia de 3 años, 6 meses y 20 días que el propio comité reconoció a la oferta del recurrente, tiene por resultado el periodo acumulado de 5.75 años que superan el requisito mínimo de 48 meses exigidos por las bases.

• Por las consideraciones expuestas, en aplicación del literal b) del numeral 313.1

del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación y, en consecuencia, dejar sin efecto la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante 2 basada en el supuesto incumplimiento de la experiencia mínima del residente de obra. Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario por los cuestionamientos efectuados por el Consorcio Impugnante 2.

• Por otro lado, el Consorcio Impugnante 2 solicita que se descalifique la oferta del

Adjudicatario a partir de las siguientes observaciones a la experiencia del personal clave:

• Respecto de la experiencia del residente de obra: cuestiona los certificados

de los folios 581, 582, 584 y 590 de la oferta del Adjudicatario, por las discrepancias que atribuye a sus fechas y a los periodos de suspensión de las obras. ii) Respecto de la experiencia del especialista ambiental: cuestiona la constancia del folio 623 de la oferta del Adjudicatario, por comprender un periodo de emergencia sanitaria cuya prestación efectiva debe ser verificada.

• En tal medida, corresponde abocarnos al análisis de los cuestionamientos del

consorcio impugnante en forma separada.

• Sobre la experiencia del residente de obra
• El Adjudicatario propuso como residente de obra al ingeniero Román Arturo Gil

Reaño, presentando 25 experiencias por un total declarado de 3431 días, equivalentes a 114.37 meses, según el cuadro resumen adjuntado en los folios 577 y 578 de su oferta, reproducido a continuación:

• En primer lugar, la experiencia N° 3 del residente de obra fue acreditada mediante

la constancia emitida por la Subgerencia de Obras y Formulación y Asistencia Técnica de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Lambayeque el 3 de julio de 2023, obrante en el folio 581 de la oferta del Adjudicatario, reproducida a continuación:

En dicho documento se certifica que el ingeniero Román Arturo Gil Reaño, con registro CIP N° 35595, se desempeñó como ingeniero inspector de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la calle del P.J. San Martín distrito de Lambayeque, prov. Lambayeque”, con CUI N° 2427168, ejecutada por el Consorcio Cumbay en el marco del Contrato de Obra N° 139- 2022/MPL-GM, por un plazo de ejecución de 60 días calendario, con fecha de inicio el 1 de febrero de 2023 y fecha de término el 1 de abril de 2023.

• En este punto, el Consorcio Impugnante 2 alega que la constancia omite la

suspensión de la obra registrada desde el 10 de marzo de 2023, con reinicio el 20 del mismo mes y año, por lo que no resultaría válido computar íntegramente el periodo certificado. Por su parte, el Adjudicatario sostiene que la suspensión de la ejecución de la obra no determinó el cese de la designación del inspector ni la interrupción de todas sus funciones, pues durante dicho periodo realizó actividades consistentes en verificar las condiciones de seguridad y conservación, elaborar informes, registrar incidencias y comprobar las condiciones para el reinicio de la obra.

• Sobre el particular, se advierte que la constancia del folio 581 de la oferta del

Adjudicatario identifica el Contrato de Obra N° 139-2022/MPL-GM y señala que el profesional participó como inspector en la obra por un monto contratado, indicando datos sobre el monto y la fecha de inicio a fin de la obra, mas no identifica un periodo de la labor concretamente referido al inspector. Es decir, de la literalidad de la constancia, no se advierte que se haya indicado el plazo en el que el inspector prestó servicios. En esa medida, el documento no genera fehaciencia sobre la participación de profesional como inspector debido a que no indica expresamente el periodo de experiencia del profesional en los servicios de inspección que pretende validar como experiencia del personal clave.

• Por lo expuesto, esta Sala concluye que la documentación presentada para

acreditar experiencia del ingeniero Román Arturo Gil Reaño como inspector de la obra identificada con CUI N° 2427168, no es idónea para el cumplimiento del requisito de calificación bajo las condiciones de las bases, al no haberse sustentado la prestación efectiva del profesional durante dicho periodo. Por ende, corresponde descontar el plazo de 60 días de dicha experiencia del cómputo general de experiencia del profesional.

• En segundo lugar, la experiencia N° 4 del residente de obra fue acreditada

mediante la constancia emitida Constructora y Consultora & Servicios Generales JFK Abad SAC, por la que se certifica que el ingeniero civil Román Arturo Gil Reaño, identificado con registro CIP N° 35595 y DNI N° 03684727, se desempeñó como supervisor de la obra: “Ampliación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la calle Sucre CDR 01. P.J. San Martín del distrito de Lambayeque, prov. de Lambayeque - dpto. Lambayeque”, CUI N° 2475021, en el marco del Contrato de Consultoría para Supervisión N° 117-2022/MPL-GM, por un monto contratado de S/ 25,000.00 y un plazo de ejecución de 60 días calendario con fecha de inicio: 6 de octubre de 2022 y fecha de término el 4 de diciembre de 2022, como se aprecia a continuación:

• Sobre este extremo, el Consorcio Impugnante 2 sostiene que la fecha de inicio de

la labor del profesional es discordante con la realidad, pues el Contrato de Consultoría para Supervisión N° 117-2022/MPL-GM fue suscrito el 11 de octubre de 2022, como fluye de la sección del contrato que reproduce en su recurso:

• En torno a ello, el Adjudicatario sostiene que la empresa emisora ha ratificado que

el documento fue efectivamente emitido por dicha empresa y que el ingeniero Román Arturo Gil Reaño participó como supervisor de la obra. Sin embargo, precisa adicionalmente que “la discordancia advertida en la fecha de inicio corresponde a un error material producido al momento de elaborar el certificado”.

• En ese contexto, la constancia de trabajo presentada para acreditar la experiencia

del residente contiene una discordancia entre la fecha de inicio efectivo de labores (según la fecha de celebración del contrato de consultoría) y la fecha declarada en el documento acreditativo de la experiencia. Si bien el Adjudicatario sostiene que el emisor de la constancia ratifica la experiencia del profesional en la consultoría de obra, también acepta que existe un error en la fecha de inicio, lo que confirma la discordancia entre la información declarada y la realidad del momento de inicio de la intervención del supervisor.

• Por lo expuesto, esta Sala concluye que la información presentada para acreditar

la experiencia N° 4 contiene un extremo discordante con la realidad acreditada en el expediente, al haberse declarado una fecha de inicio de las labores del profesional que, según la prueba aportada al procedimiento, no desvirtuada por el Adjudicatario, no se corresponde con la fecha real de inicio de funciones según la fecha de suscripción del contrato.

• En torno a ello, corresponde tener presente que el principio de integridad,

previsto en el literal e) del artículo 5 de la Ley, determina un deber de conducta para todo aquel que participe en el proceso de contratación, quien, guiado por la honestidad, veracidad y la apertura a la rendición de cuentas, evita y denuncia cualquier práctica indebida o corrupta ante las autoridades competentes.

• En esa línea, conforme al literal b) del numeral 69.1 del artículo 69, los postores

presentan en la oferta un Pacto de Integridad, que incorpora, entre otros, el compromiso de mantener una conducta proba e íntegra en todas las actividades del proceso de contratación, lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente, así como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia efectiva en el proceso de contratación y abstenerme de realizar prácticas que la restrinja o afecten (…)” .

• En ese contexto, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 004-2026/TCP,

aprobado por mayoría, publicado el 26 de octubre de 2026 en el Diario Oficial “El Peruano”, que constituye precedente vinculante, la presentación de información discordante con la realidad en un procedimiento de selección configura la transgresión del principio de integridad y desvirtúa la presunción de veracidad que amparaba a la oferta, sin que corresponda hacer un análisis de la ventaja que la información representa al postor. En ese sentido, habiéndose determinado en el presente caso que la oferta del Adjudicatario contiene información discordante con la realidad sobre la fecha de inicio de la consultoría bajo revisión, corresponde revocar el acto de calificación de su oferta —acto que fue inicialmente emitido presumiéndose la veracidad de dicha información— y declarar la descalificación de la oferta del procedimiento de selección.

• Adicionalmente, de conformidad con el citado Acuerdo de Sala Plena, corresponde

al Tribunal abrir expediente administrativo sancionador al Adjudicatario por la presunta comisión de la infracción referida a la presentación de información inexacta ante las entidades contratantes. Para tal efecto, la Secretaría Técnica del Tribunal deberá tomar en cuenta los demás cuestionamientos a la veracidad formulados por el Consorcio Impugnante en su recurso contra la oferta del Adjudicatario.

• Por las consideraciones expuestas, corresponde, en aplicación del literal b) del

numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, declarar fundado este extremo del recurso de apelación y, por este efecto, revocar la calificación de la oferta del Adjudicatario, declarándose descalificada.

• En consecuencia, carece de objeto pronunciarse sobre los demás

cuestionamientos planteados por el Consorcio Impugnante 2 contra la oferta del Adjudicatario en el presente punto controvertido o contra los cuestionamientos presentados por Consorcio Impugnante 1 contra dicha oferta —que forman parte del cuarto punto controvertido—, puesto que el Adjudicatario no variará su condición de descalificación que lo excluye del procedimiento. Quinto punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Impugnante 1 sobre la base de los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario.

• En la absolución del recurso, el Adjudicatario formuló —dentro del plazo legal—

cuestionamientos dirigidos a la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante 1 en el requisito de calificación de experiencia de personal clave, señalando lo siguiente:

• Respecto del especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo:

cuestiona las experiencias N° 5 y 6, acreditadas mediante los certificados de los folios 509 y 510 de la oferta del Consorcio Impugnante 1, por corresponder a caminos vecinales sin acreditar su pertenencia a la especialidad de vías urbanas. Asimismo, observa las experiencias N° 3 y 7, de los folios 507 y 511 de su oferta, por referirse a obras complementarias y a un puente peatonal en vías vecinales, respectivamente. ii. Respecto de la experiencia del residente de obra: cuestiona los documentos de los folios 474, 475, 476, 479, 481 y 482 de la oferta del Consorcio Impugnante 1, por supuestas discrepancias que atribuye a la identificación de fechas, ampliaciones y suspensiones de plazo, así como al cómputo de los periodos certificados.

• En tal medida, corresponde abocarnos al análisis de los cuestionamientos contra

la oferta del consorcio impugnante.

• Sobre la experiencia del especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo

• De conformidad con las bases integradas, se establecieron las siguientes

condiciones como requisito de experiencia del especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo:

• Según ello, el especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo debía

acreditar 24 meses de experiencia en el cargo desempeñado, computados desde la fecha de colegiatura, como especialista y/o ingeniero en/de prevencionista de seguridad, seguridad, seguridad y salud ocupacional, seguridad e higiene, seguridad y medio ambiente, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional de obra, SSOMA, seguridad y salud en el trabajo, seguridad e higiene ocupacional, o la combinación de estos, en la ejecución y/o supervisión de obras en la especialidad y subespecialidades consideradas en el requisito de calificación A.

• Asimismo, las formas de acreditación aceptadas para este profesional son las

mismas que las contempladas para el residente de obra y los demás miembros del personal clave, conforme se desarrolló en el primer punto controvertido.

• Asimismo, corresponde destacar que el requisito de calificación A delimitó la

especialidad “Viales, puertos y afines” y la subespecialidad “Vías urbanas”, conforme se reproduce a continuación:

• Pues bien, el Consorcio Impugnante 1 propuso como especialista de seguridad en

obra y salud en el trabajo al ingeniero Vidal Gebol Gómez, presentando 7 experiencias por un total declarado de 1631 días, equivalentes a 54.37 meses, según el cuadro resumen adjuntado en el folio 504 de su oferta, reproducido a continuación:

• Respecto de este profesional, el Adjudicatario cuestiona las experiencias N° 3, 5,

6 y 7. En cuanto a las experiencias N° 5 y 6, señala que los certificados identifican intervenciones en caminos vecinales, sin elementos técnicos que permitan reconocerlas como carreteras vecinales u otra tipología de vías urbanas conforme a lo requerido por las bases. Respecto de la experiencia N° 7, considera que la referencia a un puente peatonal ubicado en vías vecinales no corresponde a la especialidad y subespecialidad requerida. Y, sobre la experiencia N° 3, sostiene que la mención de obras complementarias no permite identificar las prestaciones ejecutadas en el proyecto principal.

• De la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante 1, se advierte que las

experiencias N° 5 y 6 fueron acreditadas mediante los certificados de trabajo emitidos por el Consorcio Vial Yamón Asociados el 20 de abril de 2024 y por el Consorcio Vial El Palto Asociados el 12 de mayo de 2025, obrantes en los folios 509 y 510 de su oferta, respectivamente, reproducidos a continuación:

• Según lo anterior, las experiencias cuestionadas corresponden a las siguientes

intervenciones:

• Experiencia N° 5: “Mejoramiento del camino vecinal La Viña - Vista Alegre

y accesos: Santa Rosa - Nuevo Oriente; Tierra Prometida - Buenos Aires - Yamón del distrito de Yamón - provincia de Utcubamba - departamento de Amazonas”, como ingeniero especialista de seguridad de obra y salud ocupacional, del 28 de diciembre de 2022 al 10 de abril de 2024, por 469 días declarados en la oferta.

• Experiencia N° 6: “Mejoramiento y ampliación del camino vecinal

Churuhuayco, sector 3 de Mayo - El Palto, del distrito de Yamón, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas”, como especialista en seguridad y salud, del 1 de enero de 2024 al 12 de mayo de 2025, por 497 días declarados en la oferta.

• Por otro lado, corresponde traer a colación la Resolución Directoral N° 0016-2025-

EF/54.01, que aprueba el Listado de Subespecialidades y Tipologías de Obras y Consultoría de Obras en el marco de la Ley N° 32069, resolución publicada por la Dirección General de Abastecimiento el 10 de mayo de 2025, que establece las tipologías dentro de la especialidad viales, puertos y afines y la subespecialidad obras viales:

• Según dicho listado, la subespecialidad obras viales comprende las tipologías de

carreteras nacionales, departamentales y provinciales; puentes; viaductos; intercambios viales a desnivel; túneles; y afines. Sin embargo, los documentos de las experiencias N° 5 y 6 describen el mejoramiento de un camino vecinal, descripción que no corresponde a las tipologías establecidas en el listado de la DGA para la subespecialidad de obras viales. Por ende, no pueden considerarse contenidas en la especialidad y subespecialidad expresamente requerida por las bases para la acreditación de la experiencia del personal clave (especialidad viales, puertos y afines, y la subespecialidad obras viales). 100. Adicionalmente, se advierte que los caminos vecinales se encuentran explícitamente comprendidos en la subespecialidad de obras rurales según el referido Listado, como se aprecia a continuación. 101. Por lo tanto, resulta atendible el cuestionamiento del Adjudicatario y corresponde excluir las experiencias N° 5 y 6 del cómputo de experiencia del especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo, dado que las intervenciones acreditadas no pertenecen a alguna de las tipologías de la subespecialidad de obras viales según la clasificación aprobada por la Dirección General de Abastecimiento para los procedimientos de contratación pública, de aplicación obligatoria a la experiencia del personal clave en los procedimientos con objeto contractual de obras y consultorías de obra, conforme al literal b) del numeral 72.3 del artículo 726 y numeral 157.3. el artículo 157 del Reglamento7. 102. Por tanto, resulta fundado el cuestionamiento del recurrente en torno al incumplimiento de la especialidad y subespecialidad en las experiencias N° 5 y 6 del ingeniero propuesto como especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo, correspondiendo su exclusión del cómputo de experiencia general del profesional. 103. Así, del total de 1631 días declarados por el Consorcio Impugnante 1 deben descontarse los 469 y 497 días correspondientes a las experiencias N° 5 y 6, respectivamente, esto es, 966 días. Como resultado, la experiencia del profesional debe ser reducida a 665 días, equivalentes a 22 meses y 5 días, inferiores a los 24 6 72.3. Los requisitos de calificación son de cinco tipos: (…)

• Capacidad técnica y profesional: comprende la experiencia y calificaciones del personal clave, así como el

equipamiento estratégico y/o infraestructura estratégica del proveedor necesario para la ejecución del contrato. En el caso de obras y consultoría de obras, la experiencia del personal clave corresponde a la especialidad y subespecialidad acorde al artículo 157. 7 El numeral 157.3 del artículo 157 señala que “[l]a subespecialidad y la tipología se establece en un listado aprobado por la DGA mediante resolución (…)” meses exigidos por las bases como el mínimo de experiencia del especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo. 104. En consecuencia, corresponde acoger este extremo de los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario contra la oferta del Consorcio Impugnante 1, declarándose descalificada la oferta del Consorcio Impugnante 1, por lo que carece de objeto analizar los cuestionamientos restantes contra la experiencia del especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo y los que se han formulado contra el especialista ambiental, pues de dicho análisis no variará la condición de descalificación decidida en esta instancia. Sexto punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Impugnante 2 sobre la base de los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario. 105. Asimismo, el Adjudicatario formuló un cuestionamiento adicional dirigido a la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante 2 en el requisito de calificación de experiencia de personal clave, señalando que la experiencia N° 12 del residente de obra no se encuentra acreditada de forma congruente. Sostiene que el certificado del Consorcio Esparta, obrante en el folio 370 de dicha oferta, atribuye al profesional un periodo de residencia del 14 de enero al 9 de setiembre de 2025, pese a consignar 2 paralizaciones dentro de dicho intervalo. Añade que el cuadro elaborado por el postor no modifica el contenido del certificado emitido por el empleador ni elimina la discordancia que advierte en la documentación ofertada 106. Al respecto, corresponde recordar que, en el segundo punto controvertido, este Tribunal reincorporó al cómputo de experiencia del ingeniero César Augusto Tiparra de los Santos, residente de obra propuesto por el Consorcio Impugnante 2, las experiencias N° 2 y 3, por 467 y 333 días, respectivamente, y mantuvo excluida la experiencia N° 13, por 52 días. Conforme a la conclusión alcanzada en dicho apartado, la experiencia acumulada estimada de 5.75 años superaba el mínimo de 48 meses exigido por las bases. Sin embargo, dicho análisis se circunscribió a los motivos iniciales de descalificación y no resolvió el cuestionamiento adicional a la experiencia N° 12, que corresponde examinar a continuación.

107. Pues bien, la experiencia N° 12 corresponde al desempeño del citado profesional como residente de la obra “Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la H.U. Ernesto Vílchez Alcántara del distrito de Ferreñafe - provincia de Ferreñafe - departamento de Lambayeque”, con CUI N° 2486808, ejecutada por el Consorcio Esparta en el marco del Contrato N° 07-2024-MPF/GM. Su acreditación se sustentó en el certificado emitido por dicho consorcio el 30 de setiembre de 2025, obrante en el folio 370 de la oferta del Consorcio Impugnante 2, reproducido a continuación: 108. Como se observa, el certificado consigna como fecha de inicio de la obra el 14 de enero de 2025; una primera paralización desde el 3 de febrero de 2025, con reinicio el 10 de abril de 2025; una segunda paralización desde el 2 de agosto de 2025, con reinicio el 19 de agosto de 2025; y como fecha de culminación, el 9 de setiembre de 2025. Estos datos complementan lo señalado en el párrafo final del mismo documento, según el cual el profesional se desempeñó como residente de obra desde el 14 de enero hasta el 9 de setiembre de 2025, y permiten identificar las paralizaciones comprendidas en dicho intervalo. Adicionalmente, en el anexo resumen de experiencias del profesional, el postor detalló las referidas paralizaciones y contabilizó únicamente los periodos efectivos de ejecución de la obra, conforme se muestra a continuación: 109. En esa medida, el certificado no contiene información incongruente, sino complementaria, y tampoco se advierte una discordancia entre lo declarado en la oferta y la realidad objetiva de la ejecución de la obra en la que participó el profesional. En consecuencia, no corresponde considerar que el postor presentó información discordante por este extremo. 110. En consecuencia, no corresponde acoger este extremo de los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario, debiendo ratificarse la experiencia acumulada del residente de obra, así como la calificación de la oferta del Consorcio Impugnante 2 en este requisito de calificación. Sétimo punto controvertido: Determinar si corresponde disponer que el comité continúe con la evaluación de las ofertas de los consorcios impugnantes, establezca el nuevo orden de prelación y, otorgue la buena pro a quien corresponde. 111. Finalmente, corresponde tener presente que, en virtud del análisis precedente, el Tribunal declaró fundadas las pretensiones de ambas recurrentes dirigidas a revertir la descalificación de su oferta dispuesta por el comité; asimismo, se dejó sin efecto la buena pro y se declaró descalificada la oferta del Adjudicatario. Sin embargo, en virtud de los cuestionamientos formulados por este último contra ambas ofertas en la absolución del recurso, este Tribunal dispuso la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante 1 y su exclusión del procedimiento.

112. Por tanto, considerando las etapas de revisión previstas en el numeral 70.2 del

artículo 70 del Reglamento, corresponde disponer que el comité evalúe la oferta

del Consorcio Impugnante 2 —quien mantiene una oferta calificada—, prosiga con las demás actuaciones del procedimiento de selección y, de corresponder, otorgue a dicho postor la buena pro. En ese sentido, en aplicación del literal a) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar infundado el extremo del recurso de apelación dirigido al pedido de adjudicación de la buena pro, anotándose que no corresponde a este Tribunal subrogarse en las competencias del órgano evaluador sobre actuaciones del procedimiento de revisión de ofertas aún no completadas por dicho órgano en este estado. 113. Por tanto, corresponde declarar infundadas las pretensiones dirigidas a disponer la evaluación de las ofertas de los recurrentes y al otorgamiento de la buena pro a alguno de estos. 114. En ese sentido, el recurso impugnativo será declarado fundado en parte para el Consorcio Impugnante 1 y para el Consorcio Impugnante 2; declarándose fundadas las pretensiones dirigidas a que se deje sin efecto la descalificación de sus respectivas ofertas, se descalifique la oferta del Adjudicatario y se deje sin efecto la buena pro; e infundado en los pedidos dirigidos a que se continúe con la evaluación de sus ofertas y se les otorgue la buena pro en esta instancia. 115. Asimismo, debe tenerse presente que el Consorcio Impugnante 2 cuestionó la valoración efectuada por el comité a los certificados de sostenibilidad ambiental y gestión de calidad presentados en su oferta. Sin embargo, el acto que determinó su exclusión por el comité fue la descalificación de su oferta, por lo que, teniendo la condición de postor descalificado, no llegó a acceder a una evaluación técnica válida en la cual correspondiera asignarle puntaje por dichos factores. Por tanto, no corresponde emitir pronunciamiento sobre los factores de evaluación de sostenibilidad ambiental y gestión de calidad en este estado del procedimiento, ya que su oferta aún no ha sido evaluada por el comité. 116. Por último, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento, y dado que este Tribunal procederá a declarar fundado en parte ambos recursos impugnativos, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Consorcio Impugnante 1 y 2 para la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez y la intervención de los vocales Christian Cesar Chocano Davis y César Arturo Sánchez Caminiti; atendiendo a la reconformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en Edición Extraordinaria del Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 11 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente; por mayoría, La Sala resuelve:

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor

Consorcio La Zaranda, conformado por las empresas Técnicas de Ingeniería y Contratos S.A.C. - Teingecon S.A.C. (con R.U.C. N° 20481243361) y Harper Ingenieros S.A.C. (con R.U.C. N° 20603045616), en el marco de la Licitación Pública de Obras N° 001-2026-MDP/C - Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Pítipo para la ejecución de la obra "Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del Centro Poblado La Zaranda del distrito de Pítipo - provincia de Ferreñafe - departamento de Lambayeque, CUI N° 2456711"; declarándose fundadas las pretensiones dirigidas a que se deje sin efecto la descalificación de su oferta, se descalifique la oferta del Adjudicatario y se deje sin efecto la buena pro; e infundado en el pedido dirigido a que se continúe con la evaluación de su oferta y se le otorgue la buena pro, por los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 1.1 Dejar sin efecto la descalificación de la oferta del Consorcio La Zaranda dispuesta por el comité en el “Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro” del 22 de setiembre de 2026. 1.2 Dejar sin efecto la buena pro otorgada al Constructora Santalia S.A.C., cuya oferta es declarada descalificada.

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio

O.E.A2, conformado por las empresas Acuario Construcciones S.A.C. (con R.U.C. N° 20493560302) y Grupo Empresarial Orfa Negocios Construcciones & Servicios S.A.C. (con R.U.C. N° 20607488003), en el marco de la Licitación Pública de Obras N° 001-2026-MDP/C - Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Pítipo para la ejecución de la obra "Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del Centro Poblado La Zaranda del distrito de Pítipo - provincia de Ferreñafe - departamento de Lambayeque, CUI N° 2456711"; declarándose fundadas las pretensiones dirigidas a que se deje sin efecto la descalificación de su oferta, se descalifique la oferta del Adjudicatario y se deje sin efecto la buena pro; e infundado en el pedido dirigido a que se continúe con la evaluación de su oferta y se le otorgue la buena pro, por los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde. En consecuencia, corresponde: 2.1 Dejar sin efecto la descalificación de la oferta del Consorcio O.E.A2 dispuesta por el comité en el “Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro” del 22 de setiembre de 2026. 2.2 Dejar sin efecto la buena pro otorgada al Constructora Santalia S.A.C., cuya oferta es declarada descalificada.

• Descalificar la oferta del Consorcio La Zaranda, en atención a los argumentos

expuestos por el Adjudicatario.

• Disponer que el comité evalúe la oferta del Consorcio O.E.A2, prosiga con las demás

actuaciones del procedimiento de selección y, de corresponder, otorgue a dicho postor la buena pro.

• Disponer la apertura de expediente administrativo sancionador contra el postor

Constructora Santalia S.A.C., por su presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta, conforme a lo señalado en el fundamento 85 de la presente resolución.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ

CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Chocano Davis. Sánchez Caminiti.

VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL ANNIE ELIZABETH PÉREZ GUTIÉRREZ

La vocal que suscribe el presente voto discrepa muy respetuosamente respecto del análisis y conclusiones del tercer y sexto punto controvertido de la resolución en mayoría, así como respecto de su sección resolutiva, por lo siguiente: Sobre el tercer punto controvertido

• El Adjudicatario propuso como residente de obra al ingeniero Román Arturo Gil

Reaño, presentando 25 experiencias por un total declarado de 3431 días, equivalentes a 114.37 meses, según el cuadro resumen adjuntado en los folios 577 y 578 de su oferta.

• En primer lugar, la experiencia N° 3 del residente de obra fue acreditada mediante

la constancia emitida por la Subgerencia de Obras y Formulación y Asistencia Técnica de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Lambayeque el 3 de julio de 2023, obrante en el folio 581 de la oferta del Adjudicatario, reproducida a continuación:

En dicho documento se certifica que el ingeniero Román Arturo Gil Reaño, con registro CIP N° 35595, se desempeñó como ingeniero inspector de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la calle del P.J. San Martín distrito de Lambayeque, prov. Lambayeque”, con CUI N° 2427168, ejecutada por el Consorcio Cumbay en el marco del Contrato de Obra N° 139- 2022/MPL-GM, por un plazo de ejecución de 60 días calendario, con fecha de inicio el 1 de febrero de 2023 y fecha de término el 1 de abril de 2023.

• En este punto, el recurrente alega que el Consorcio Impugnante 2 alega que la

constancia omite la suspensión de la obra registrada desde el 10 de marzo de 2023, con reinicio el 20 del mismo mes y año, por lo que no resultaría válido computar íntegramente el periodo certificado. Por su parte, el Adjudicatario sostiene que la suspensión de la ejecución de la obra no determinó el cese de la designación del inspector ni la interrupción de todas sus funciones, pues durante dicho periodo realizó actividades consistentes en verificar las condiciones de seguridad y conservación, elaborar informes, registrar incidencias y comprobar las condiciones para el reinicio de la obra.

• Sobre el particular, se advierte que la constancia del folio 581 de la oferta del

Adjudicatario identifica el Contrato de Obra N° 139-2022/MPL-GM y vincula a su ejecución la participación del profesional como ingeniero inspector, consignando el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 1 de abril de 2023. Asimismo, el cuadro resumen de los folios 577 y 578 de su oferta incorpora dicha experiencia por 60 días, sin descontar suspensiones ni formular salvedad alguna respecto de la continuidad del periodo computado.

• En este punto, el Consorcio Impugnante 2 ha aportado documentación contractual

de la obra en comento, de cuya revisión se advierte que esta sufrió una suspensión dentro del periodo certificado. En efecto, de la verificación efectuada directamente por este Tribunal sobre la información de la obra disponible en INFOBRAS, se advirtió que el acta de recepción de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del Pueblo Joven San Martín, distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque - segunda etapa”, con CUI N° 2427168, identifica el mismo Contrato N° 139-2022/MPL-GM y al ingeniero Román Arturo Gil Reaño como inspector; sin embargo, registra una primera suspensión desde el 10 de marzo de 2023, como se reproduce a continuación:

• En ese contexto, la constancia de trabajo presentada para acreditar la experiencia

del residente contiene una discordancia entre el periodo incorporado como experiencia efectiva en la oferta y la documentación oficial de la ejecución contractual, pues, mientras que la constancia y el cuadro resumen de la oferta atribuyen 60 días a la participación del profesional como inspector, sin salvedad alguna, el acta de recepción acredita que la ejecución de la obra estuvo suspendida del 10 al 19 de marzo de 2023, esto es, durante 10 días calendario comprendidos en aquel periodo. Si bien el Adjudicatario sostiene que durante los periodos de suspensión se desarrollaron determinadas actividades técnicas vinculadas a la labor de inspección de la obra, dicho argumento constituye una afirmación meramente genérica que carece de respaldo probatorio específico en la oferta respecto del profesional cuestionado.

• Cabe recordar que las declaraciones contenidas en los certificados o constancias

presentados deben resultar coherentes con la realidad objetiva acreditada en el expediente. En esa línea, cuando un certificado afirma que un profesional prestó servicios durante un determinado periodo, sin efectuar salvedad alguna respecto de suspensiones o paralizaciones de la obra bajo inspección, corresponde que dicha declaración sea razonablemente sustentada con documentación fehaciente dentro de la oferta o que pueda ser respalda documentalmente frente a un cuestionamiento en la instancia impugnativa; debiendo precisarse que la continuidad de la designación del inspector en el periodo de suspensión no acredita por sí sola la prestación efectiva durante todo el periodo declarado por el certificado.

• Por lo expuesto, quien suscribe el presente voto concluye que la información

presentada para acreditar íntegramente 60 días de experiencia del ingeniero Román Arturo Gil Reaño como inspector de la obra identificada con CUI N° 2427168 contiene un extremo discordante con la realidad acreditada en el expediente, al comprender 10 días de suspensión sin que se haya sustentado la prestación efectiva del profesional durante dicho periodo.

• En ese contexto, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 004-2026/TCP,

publicado el 26 de octubre de 2026 en el Diario Oficial “El Peruano”, que constituye precedente vinculante, la presentación de información discordante con la realidad en un procedimiento de selección configura la transgresión del principio de integridad y desvirtúa la presunción de veracidad que amparaba a la oferta. En ese sentido, habiéndose determinado en el presente caso que la oferta del Adjudicatario contiene información discordante con la realidad sobre la participación de la profesional en la obra bajo revisión, corresponde revocar el acto de calificación de su oferta —acto que fue inicialmente emitido presumiéndose la veracidad de dicha información— y declarar la descalificación de la oferta del procedimiento de selección.

• Adicionalmente, de conformidad con el citado Acuerdo de Sala Plena, corresponde

al Tribunal abrir expediente administrativo sancionador al Adjudicatario por la presunta comisión de la infracción referida a la presentación de información inexacta ante las entidades contratantes. Para tal efecto, la Secretaría Técnica del Tribunal deberá tomar en cuenta los demás cuestionamientos a la veracidad formulados por el Consorcio Impugnante en su recurso contra la oferta del Adjudicatario.

• Por las consideraciones expuestas, corresponde, en aplicación del literal b) del

numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, declarar fundado este extremo del recurso de apelación y, por este efecto, revocar la calificación de la oferta del Adjudicatario, declarándose descalificada. Sobre el sexto punto controvertido

• Este punto controvertido analizó el cuestionamiento formulado por el

Adjudicatario dirigido a la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante 1 en el requisito de calificación de experiencia de personal clave, señalando que la experiencia N° 12 del residente de obra no se encuentra acreditada de forma congruente. Sostiene que el certificado del Consorcio Esparta, obrante en el folio 370 de dicha oferta, atribuye al profesional un periodo de residencia del 14 de enero al 9 de setiembre de 2025, pese a consignar 2 paralizaciones dentro de dicho intervalo. Añade que el cuadro elaborado por el postor no modifica el contenido del certificado emitido por el empleador ni elimina la discordancia que advierte en la documentación ofertada

• Pues bien, la experiencia N° 12 corresponde al desempeño del citado profesional

como residente de la obra “Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la H.U. Ernesto Vílchez Alcántara del distrito de Ferreñafe - provincia de Ferreñafe - departamento de Lambayeque”, con CUI N° 2486808, ejecutada por el Consorcio Esparta en el marco del Contrato N° 07-2024-MPF/GM. Su acreditación se sustentó en el certificado emitido por dicho consorcio el 30 de setiembre de 2025, obrante en el folio 370 de la oferta del Consorcio Impugnante 2, reproducido a continuación:

• Como se observa el certificado consigna el inicio de la obra el 14 de enero de 2025,

una primera paralización desde el 3 de febrero de 2025 y el reinicio el 10 de abril de 2025; asimismo, registra una segunda paralización desde el 2 de agosto de 2025 y el reinicio el 19 de agosto de 2025; y como fecha de culminación señala el 9 de setiembre de 2025. No obstante, en su párrafo final certifica que el profesional realizó la función de residente de obra desde el 14 de enero hasta el 9 de setiembre de 2025, sin considerar los periodos de paralización mencionados.

• En el presente caso, al igual que en el análisis efectuado respecto de la oferta del

Adjudicatario, se aprecia que existe una discordancia entre el periodo declarado y la realidad objetiva de la obra, sin que el postor haya documentado en su oferta labores efectivas del profesional durante los periodos de paralización. Aun cuando en este caso particular la discordancia se advierte a partir del contraste de información dentro del propio certificado, ello no enerva la constatación de que la declaración de este sobre el periodo del 14 de enero hasta el 9 de setiembre de 2025 no guarda correspondencia con los periodos efectivos de ejecución documentados en la propia certificación.

• En consecuencia, conforme al Acuerdo de Sala Plena N° 004-2026/TCP,

corroborada la presentación de información no concordante con la realidad corresponde disponer la exclusión de la oferta en la etapa pertinente y la apertura del expediente administrativo sancionador respectivo.

• En consecuencia, la vocal que suscribe el presente voto considera que

corresponde acoger este extremo de los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario y declarar descalificada la oferta del Consorcio Impugnante 2 por la información discordante con la realidad contenida en el certificado del folio 370 de su oferta. Asimismo, corresponde disponer la apertura de expediente administrativo sancionador contra dicho postor por su presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta contenida en el certificado en cuestión.

CONCLUSIONES:

Por los fundamentos expuestos, la vocal que suscribe el presente voto considera que corresponde:

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor

Consorcio La Zaranda, conformado por las empresas Técnicas de Ingeniería y Contratos S.A.C. - Teingecon S.A.C. (con R.U.C. N° 20481243361) y Harper Ingenieros S.A.C. (con R.U.C. N° 20603045616), en el marco de la Licitación Pública de Obras N° 001-2026-MDP/C - Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Pítipo para la ejecución de la obra "Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del Centro Poblado La Zaranda del distrito de Pítipo - provincia de Ferreñafe - departamento de Lambayeque, CUI N° 2456711"; declarándose fundadas las pretensiones dirigidas a que se deje sin efecto la descalificación de su oferta, se descalifique la oferta del Adjudicatario y se deje sin efecto la buena pro; e infundado en el pedido dirigido a que se continúe con la evaluación de su oferta y se le otorgue la buena pro, por los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 1.1 Dejar sin efecto la descalificación de la oferta del Consorcio La Zaranda dispuesta por el comité en el “Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro” del 22 de setiembre de 2026. 1.2 Dejar sin efecto la buena pro otorgada al Constructora Santalia S.A.C., cuya oferta es declarada descalificada.

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio

O.E.A2, conformado por las empresas Acuario Construcciones S.A.C. (con R.U.C. N° 20493560302) y Grupo Empresarial Orfa Negocios Construcciones & Servicios S.A.C. (con R.U.C. N° 20607488003), en el marco de la Licitación Pública de Obras N° 001-2026-MDP/C - Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Pítipo para la ejecución de la obra "Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del Centro Poblado La Zaranda del distrito de Pítipo - provincia de Ferreñafe - departamento de Lambayeque, CUI N° 2456711"; declarándose fundadas las pretensiones dirigidas a que se deje sin efecto la descalificación de su oferta, se descalifique la oferta del Adjudicatario y se deje sin efecto la buena pro; e infundado en el pedido dirigido a que se continúe con la evaluación de su oferta y se le otorgue la buena pro, por los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde. En consecuencia, corresponde: 2.1 Dejar sin efecto la descalificación de la oferta del Consorcio O.E.A2 dispuesta por el comité en el “Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro” del 22 de setiembre de 2026. 2.2 Dejar sin efecto la buena pro otorgada al Constructora Santalia S.A.C., cuya oferta es declarada descalificada.

• Descalificar la oferta del Consorcio La Zaranda.

• Descalificar la oferta del Consorcio O.E.A2.
• Declarar desierta la Licitación Pública de Obras N° 001-2026-MDP/C - Primera

Convocatoria.

• Disponer la apertura de expediente administrativo sancionador contra el Consorcio

O.E.A2 y el postor Constructora Santalia S.A.C., por su presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta, conforme a lo señalado en la fundamentación.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

ANNIE ELIZABETH PEREZ GUTIERREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Pérez Gutiérrez