Resolución N.° 9562-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) es importante señalar que, para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable.” Lima, 3 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 3 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 1354-2026-TCP, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor YVAN EDWARD MOSCAIZA GALVEZ, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, y haber presentado, como parte de su cotización, información inexacta, en el marco de la Orden de Servicio N° 2881 del 9 de setiembre de 2025 por el concepto de “Solicitud de modificación N° 1696/ACRG/GMS/ Apoyo administrativo para la oficina de apoyo a la docencia e investigación. Según TDR adjunto/ plazo 30 días/ Moscaiza Galvez Yvan/ Agosto” emitida por el HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA; infracciones tipificadas en los literales i) y l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• Con Decreto del 27 de abril de 2026, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra el señor YVAN EDWARD MOSCAIZA GALVEZ (con RUC N° 10752127684), en adelante el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando inmerso en el supuesto de impedimento previsto en el Tipo 2.D, en concordancia con el Tipo 1.F, de los numerales 1 y 2 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante, la Ley General; y, por haber presentado información inexacta como parte de su cotización, en el marco de la Orden de Servicio N° 2881 del 9 de septiembre de 2025 por el monto ascendente a S/ 1,800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles) por el concepto de “Solicitud de modificación N° 1696/ACRG/GMS/ Apoyo administrativo para la oficina de apoyo a la docencia e investigación. Según TDR adjunto/ plazo 30 días/ Moscaiza Galvez Yvan/ Agosto”, emitida por el HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, en adelante la Entidad;

infracciones tipificadas en los literales i) y l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la mencionada ley. El documento con supuesta información inexacta consiste en:

• Declaración Jurada del 1 de setiembre de 2025, suscrita por el Contratista,

en la cual declaró bajo juramento no tener, entre otros, impedimento para contratar con el Estado, ni contar con parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad o unión de hecho, con funcionarios públicos y/o personal con cargos de confianza de la Entidad. Dicho Decreto dispuso notificar al Contratista para que, en el plazo de diez (10) días hábiles a fin de que cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente. Como sustento para disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador, la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, valoró la denuncia realizada por la Entidad, mediante el Oficio N° 176-2026-OEA-HNAL1, presentado el 5 de marzo de 2026, al cual adjuntó el Informe de Orientación de Oficio N° 0002-2026-OCI/3763-SOO 2 en el que señaló que el Contratista habría contratado con la Entidad, pese a que la señora Marisol Karen Gálvez Flores figuraba como su madre y ejercía funciones como Jefa de la Unidad de Ingreso y Escalafón de la Oficina de Personal de la Entidad. Asimismo, a través del Oficio N° 262-2026-OEA-HNAL3, presentado el 15 de abril de 2026, que adjunta el Informe N° 65-2025-OL-J-HNAL4, la Entidad señaló, entre otros aspectos, que el Contratista presentó una declaración jurada como parte de su cotización, en la cual manifestó no tener impedimento para contratar con el Estado cuando, contrariamente a lo declarado, sí lo tenía. Agregó que la presentación de dicho documento le habría generado un beneficio, pues era obligatoria para lograr la contratación.

• Con decreto del 25 de mayo de 2026, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver

el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, al verificarse 1 Obra a folio 3 del expediente administrativo. 2 Obra a folio 33 al 43 del expediente administrativo. 3 Obrante a folio 133 del expediente administrativo. 4 Obrante a folio 145 al 158 del expediente administrativo.

que el Contratista no presentó sus descargos pese a haber sido válidamente notificado vía casilla electrónica el 8 de mayo de 20265.

• Por decreto del 11 de junio de 2026, se requirió a la Entidad, en el plazo de tres

(3) días hábiles, que: i) informe si la Orden de Servicio proviene de un contrato o de un procedimiento de selección; ii) remita copia completa y legible de la Orden de Servicio con su constancia de recepción; iii) remita copia completa y legible del expediente de contratación, donde conste la cotización presentada por el Contratista con su constancia de recepción o, en su defecto, el correo electrónico a través del cual hubiese sido remitida; y iv) remita copia completa y legible de la Declaración Jurada del 1 de setiembre de 2025, suscrita por el Contratista, con su constancia de recepción o el correo electrónico a través del cual hubiese sido remitida6.

• En atención a ello, mediante el Oficio N° 375-2026-OEA-HNAL, presentado el 18

de junio de 2026, la Entidad señaló que la Orden de Servicio corresponde a un contrato menor y adjuntó copia del expediente de contratación7.

• Con decreto del 30 de julio de 2026, a fin de contar con mayores elementos de

juicio, se requirió a la Entidad que informe la fecha de inicio y término durante la cual la señora Marisol Karen Gálvez Flores ejerció el cargo de Jefa de la Unidad de Ingreso y Escalafón de la Oficina de Personal, en virtud de la Resolución Administrativa N° 833-2024-HNAL/OP; y se reiteró lo solicitado respecto del expediente de contratación, en particular, la cotización y la Declaración Jurada del 1 de setiembre de 2025 con su constancia de recepción o el correo electrónico mediante el cual fueron remitidas8.

• Con Decreto del 7 de agosto de 2026, se dispuso el registro y notificación a las

partes del procedimiento, del Informe de Instrucción N° 139-2026/HSVC/ST2 del 7 de agosto de 2026, conforme a lo prescrito en el artículo 361 del Reglamento de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante, el Reglamento, mediante el cual la Secretaría Técnica N° 2 recomendó lo siguiente: i) Sancionar al Contratista al haber 5 Obrante a folio 214 del expediente administrativo. 6 Obrante a folios 215 al 216 del expediente administrativo. Notificado a la Entidad el 15 de junio de 2026 (cédula de notificación N° 100700/2026.TCP). 7 Obrante a folio 219 del expediente administrativo. 8 Obrante a folios 278 al 279 del expediente administrativo. Notificado a la Entidad el 30 de julio de 2026 (cédula de notificación N° 120088/2026.TCP).

contratado con el Estado estando impedido para ello; y, ii) declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el Contratista por la presunta comisión de la infracción referida a haber presentado, como parte de su cotización, documentación con información inexacta, infracciones tipificadas en los literales i) y l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley General, respectivamente.

• Con Decreto del 10 de agosto de 2026, se tuvo por notificado el Informe de

Instrucción N° 139-2026/HSVC/ST2, registrado en el Sistema Informático del Tribunal, al Contratista vía casilla electrónica el 7 de agosto de 2026, conforme acredita con la constancia de lectura publicada en el Toma Razón Electrónico. En consecuencia, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, el cual fue recibido por el vocal ponente en la misma fecha.

• Mediante el Oficio N° 461-2026-OEA-HNAL del 10 de agosto de 2026, presentado

ante la Mesa de Partes del Tribunal en la misma fecha, en respuesta al decreto del 30 de julio de 2026, la Entidad remitió la Nota Informativa N° 1892-2026-OL-J- HNAL, de la Oficina de Logística y la Nota Informativa N° 244-2026-OAJ-HNAL, de la Oficina de Asesoría Jurídica9. Con dicha documentación adjuntó, entre otros, la Resolución Administrativa N° 833-2024-HNAL/OP del 18 de julio de 2024, copia de la Orden de Servicio, de la cotización y de la Declaración Jurada del 1 de setiembre de 2025, y el correo electrónico del 1 de setiembre de 2025 mediante el cual la Entidad requirió al Contratista la presentación de ambos documentos.

II. FUNDAMENTACIÓN

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la

supuesta responsabilidad del Contratista, por haber contratado con el Estado estando impedido para ello y haber presentado, como parte de su cotización, información inexacta ante la Entidad; infracciones tipificadas en los literales i) y l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley General, norma vigente al momento de producirse los hechos. Respecto de la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley. Naturaleza de la infracción. 9 Ingresado con Registro N° 30835-2026 del expediente administrativo.

• Sobre el particular, se imputa al Contratista la comisión de la infracción tipificada

en el literal i) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley General, que determina responsabilidad administrativa para los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residente o supervisor de obra, cuando contraten con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 30 de la Ley. En el presente caso, se atribuye al Contratista haber contratado estando inmerso en el supuesto de impedimento previsto en el Tipo 2.D, en concordancia con el Tipo 1.F, de los numerales 1 y 2 del citado artículo 30.

• Como complemento de ello, se trata de un contrato menor, esto es, de aquellos

celebrados por las entidades contratantes cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes al momento de la contratación y que no requieren procedimiento de selección, de acuerdo con el numeral 34.1 del artículo 34 de la Ley. Al respecto, el numeral 87.2 del artículo 87 de la Ley establece que, para los contratos menores, son aplicables las infracciones previstas en los literales d), e), i), j), l) y m) de dicho artículo, entre las que se encuentran las imputadas en el presente caso.

• A partir de lo señalado, se tiene que la referida infracción contempla dos requisitos

de necesaria verificación para su configuración: i) que se haya celebrado un contrato con una entidad del Estado; y, ii) que al momento de celebrarse y/o perfeccionarse dicho contrato, el proveedor se encuentre en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 30 de la Ley.

• En relación con ello, es pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en

materia de contrataciones públicas ha consagrado como regla general la posibilidad de que toda persona natural o jurídica participe, en condiciones de igualdad, en los procesos de contratación que llevan a cabo las entidades del Estado10. 10 Ello en concordancia con los principios de Libertad de concurrencia, Competencia e Igualdad de trato, regulados en el artículo 5 de la Ley, según los cuales: h) Libertad de concurrencia. – Las entidades contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades innecesarias. j) Competencia. – Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación, de modo que garantice el equilibrio entre la calidad y el precio. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. k) Igualdad de trato. – Las entidades contratantes deben garantizar a los proveedores las mismas oportunidades en todas las etapas de la contratación pública. Por tanto, está prohibido el otorgamiento de privilegios o el trato discriminatorio manifiesto o encubierto.

• No obstante, la libertad de participación de postores en condiciones de igualdad

constituye, a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer restricciones a la libre concurrencia, en la medida que existen determinadas personas o funcionarios cuya participación en un proceso de contratación podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia, debido a la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que ostentan. Es así que el artículo 30 de la Ley dispuso una serie de impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista, a efectos de salvaguardar los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y competencia que deben prevalecer en las contrataciones que llevan a cabo las entidades.

• Ahora bien, cabe indicar que los impedimentos para ser participante, postor o

contratista, por la restricción de derechos que implica su aplicación a las personas, solo pueden establecerse mediante ley o norma con rango de ley y deben ser interpretados en forma estricta, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no estén expresamente contemplados en la Ley. Por ello, debe verificarse, en cada caso, si existen elementos suficientes para determinar que alguno de los impedimentos taxativamente establecidos en el artículo 30 de la Ley General le sea de alcance al proveedor, o de haberse materializado el perfeccionamiento contractual, si en dicha fecha aquel se encontraba con impedimento vigente. En este contexto, corresponde verificar si, a la fecha en que se perfeccionó la relación contractual, el Contratista se encontraba inmerso en el impedimento que se le imputa. Configuración de la infracción.

• Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la infracción imputada

al Contratista es necesario que se verifiquen dos requisitos:

• Que se haya perfeccionado un contrato con la Entidad; y,

ii) Que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el Proveedor se encuentre impedido conforme a Ley.

• Considerando tal contexto, respecto del primer requisito, de la revisión del

expediente administrativo se aprecia la Orden de Servicio emitida por la Entidad a favor del Contratista el 9 de setiembre de 2025, por el concepto de “Solicitud de modificación N° 1696/ACRG/GMS/ Apoyo administrativo para la oficina de apoyo a la docencia e investigación. Según TDR adjunto/ plazo 30 días/ Moscaiza Galvez Yvan/ Agosto”, por el importe de S/ 1,800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles), conforme se reproduce a continuación:

Nótese que, de la revisión de dicha Orden de Servicio, se advierte que la descripción de su concepto indica “Solicitud de modificación N° 1696/ACRG/GMS/ Apoyo administrativo para la oficina de apoyo a la docencia e investigación. Según TDR adjunto/ plazo 30 días/ Moscaiza Galvez Yvan/ Agosto”. Por otro lado, obra en el expediente administrativo la Nota Informativa N° 419- OADeI-HNAL-2025 del 20 de agosto de 2025, documento en el cual se advierte que la solicitud de contratación del servicio fue solicitada por el periodo correspondiente al mes de agosto de 2025, el cual se observa a continuación:

En esa misma línea obra en el expediente la Nota Informativa N° 475-OADEI- HNAL/2025 del 10 de septiembre de 2025, por el cual se remitió la Conformidad de la Orden de Servicio, es decir al día siguiente de la emisión de la misma (9 de septiembre de 2025), comunicación que se observa a continuación:

• De esta manera, se advierte que la Orden de Servicio fue emitida con el fin de

regularizar el pago a favor del Contratista, verificándose que el servicio se realizó en un periodo previo a la emisión de la Orden de Servicio del 9 de septiembre de 2025.

• Entonces, queda claro que la Orden de Servicio que fundamenta la presente

imputación, se emitió para regularizar el pago de servicios que se habían ejecutado previamente, por ende, dicha Orden de Servicio no constituye el contrato, sino que éste se materializó con anterioridad, en una oportunidad que no se conoce, aspecto que no fue advertido por la Secretaría Técnica al emitir el informe final de instrucción.

En ese sentido, de la información proporcionada por la Entidad se desprende que la Orden de Servicio que fundamenta la presente imputación no tuvo por objeto perfeccionar el contrato, sino regularizar el pago de prestaciones que ya se habían ejecutado. Por consiguiente, dicha Orden de Servicio no constituye el contrato en sí mismo, sino que éste se habría configurado con anterioridad, en una fecha que no ha sido precisada y que corresponde a este Colegiado determinar. Tal indeterminación no permite identificar cuál es el contrato del cual deriva la Orden de Servicio imputada en el presente procedimiento administrativo sancionador; ni la oportunidad en que se perfeccionó, lo cual inclusive podría tener impacto en la prescripción de la infracción imputada. Ante ello, considerando que la prestación a la que hace referencia la Orden de Servicio se habría ejecutado sin haberse formalizado previamente la relación contractual entre la Entidad y el Contratista, corresponde remitir copia de la presente resolución al Órgano de Control Institucional de la Entidad, a fin de que, en el ejercicio de sus facultades, adopten las acciones que consideren pertinentes.

• En atención a ello, debe tener presente que, para establecer la responsabilidad de

un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege. Ello significa que en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa de la Contratista , deberá prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al derecho administrativo sancionador, por el cual según OSSA ARBELÁEZ11 “Cuando la prueba, válidamente ingresada al expediente administrativo, se torna insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la

la autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el indubio pro reo”. Asimismo, en el numeral 9 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006- 2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, se reconoce la presunción de licitud, en 11 OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legis. Segunda Edición 2009. p 253.

virtud de la cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

• Por tanto, apartándose de la propuesta formulada por la Secretaría Técnica,

corresponde declarar que no ha lugar a la imposición de sanción contra el Contratista, por la presunta comisión de la infracción prevista en el literal i) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley General. Respecto de la infracción consistente en presentar documentación con información inexacta ante la Entidad. Naturaleza de la infracción.

• El literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley General establece que

incurren en infracción administrativa los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residente o supervisor de obra, que presenten información inexacta a las entidades contratantes, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) o a la Central de Compras Públicas – Perú Compras. En el caso de las entidades contratantes, la infracción se configura siempre que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito, y que incida necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

• Es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad

sancionadora del Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 230 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Ello exige verificar que, en el caso concreto, se haya configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor imputado.

• Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar, en principio, que el

documento cuestionado (con información inexacta) fue efectivamente presentado ante una entidad contratante (en el marco de un proceso de contratación pública), al Tribunal, al RNP, al OECE o a Perú Compras.

• Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan acontecido; ello, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. Ello se sustenta así toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de información inexacta, este será aprovechable directamente por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un representante o tercero; consecuentemente, resulta razonable que sea también este el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte la inexactitud.

• En ese orden de ideas, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal, la

información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo infractor deberá acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito y que incida necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

• En cualquier caso, la presentación de documentación con información inexacta

supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 42.1 del artículo 42 del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 56 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

• Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. Configuración de la infracción.

• Sobre el particular, se imputa al Contratista haber presentado, como parte de su

cotización, supuesta información inexacta, contenida en el siguiente documento:

• Declaración Jurada del 1 de setiembre de 2025, suscrita por el Contratista,

en la cual declaró bajo juramento no tener, entre otros, impedimento para contratar con el Estado, ni contar con parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad o unión de hecho, con funcionarios públicos y/o personal con cargos de confianza de la Entidad.12

• Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad; y, ii) la inexactitud del documento presentado, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, requisito o factor de evaluación y que incida necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

• Con relación a la primera de dichas circunstancias, debe tenerse presente que de

los actuados del expediente administrativo, no se verifica la presentación del documento cuestionado, ya que el ejemplar del documento cuestionado remitido por la Entidad no cuenta con un sello de recepción por parte de esta última, tal como se advierte a continuación: 12 Obrante en el expediente de contratación remitido por la Entidad, y en el expediente administrativo en formato PDF (folio 233).

• Ahora bien, del análisis de la documentación remitida por la Entidad (Oficio N°

461-2026-OEA-HNAL del 10 de agosto de 2026) se aprecia que si bien remitió el documento denominado “Cotización del 1 de septiembre de 2025”13, lo cierto es que este no cuenta con sello de recepción, ni mucho menos hace referencia alguna a la declaración jurada cuestionada, por lo que no se evidencia elemento de convicción alguno que permita establecer de manera fehaciente que el documento cuestionado como inexacto formó parte de la documentación presentada por el Contratista, tal como se muestra a continuación:

• En consecuencia, no obra en el expediente documentación que genere certeza

respecto de la efectiva presentación del documento cuestionado ante la Entidad como parte de la cotización presentada en el marco de la referida Orden de Servicio. 13 Ingresado con Registro N° 30835-2026 del expediente administrativo.

• En esa medida, corresponde enfatizar que el verbo rector o elemento principal

que describe la infracción bajo análisis es “presentar”, el cual, según el Diccionario de la Real Academia Española, se define como “Hacer manifestación de algo, ponerlo en la presencia de alguien”14.

• Por ende, para la configuración de la infracción tipificada en el literal l) del numeral

87.1 del artículo 87 de la Ley General se requiere que el administrado haya presentado la documentación, es decir, que “ponga en presencia o entregue ante la Entidad”, los documentos aludidos. Ello, precisamente, porque la conducta tipificada como infracción administrativa, está estructurada en función a la “presentación de los documentos” siendo por tanto indispensable para la determinación de la responsabilidad administrativa, la constatación de dicho hecho; es decir, verificar que el administrado a quien se imputa responsabilidad haya presentado a la Entidad, la documentación que se cuestiona.

• En tal sentido, no es posible acreditar el primer elemento constitutivo del tipo

infractor; por lo tanto, conforme al principio de tipicidad y legalidad, no corresponde continuar con el análisis orientado a determinar si el documento cuestionado contiene información inexacta.

• Estando a lo expuesto, esta Sala concluye que no se cuenta con elementos para

concluir en la configuración de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley General, por lo que corresponde eximir al Contratista de responsabilidad administrativa y, por ende, declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra en el presente extremo. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente César Arturo Sánchez Caminiti y la intervención de los vocales Christian Cesar Chocano Davis y Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez; atendiendo a la reconformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en edición extraordinaria del Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, 14 Diccionario de la Real Academia Española.

aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 11 de abril de 2025; analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor YVAN EDWARD

MOSCAIZA GALVEZ (con R.U.C. N° 10752127684), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, y haber presentado, como parte de su cotización, información inexacta, en el marco de la Orden de Servicio N° 2881 del 9 de setiembre de 2025 por el concepto de “Solicitud de modificación N° 1696/ACRG/GMS/ Apoyo administrativo para la oficina de apoyo a la docencia e investigación. Según TDR adjunto/ plazo 30 días/ Moscaiza Galvez Yvan/ Agosto” emitida por el HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA; infracciones tipificadas en los literales i) y l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, por los fundamentos expuestos.

• Poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad la

presente resolución, a efectos de la adopción de las medidas pertinentes, conforme a lo señalado en la fundamentación.

• Archivar de manera definitiva el presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ANNIE ELIZABETH PEREZ GUTIERREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Chocano Davis. Pérez Gutiérrez. Sánchez Caminiti.